La OCDE urge a impulsar la participación laboral de la mujer en América Latina

El organismo que reúne a las economías más industrializadas hace un nuevo llamamiento a reducir la informalidad en los mercados de trabajo de la región y advierte de sus efectos negativos

 

 

La informalidad y la baja participación de la mujer en los mercados de trabajo son dos losas para los principales países latinoamericanos. La primera se traduce en la ausencia total de coberturas para el trabajador y en una menor recaudación para el sostenimiento de los servicios públicos; la segunda, en un rasgo de desigualdad que lastra un crecimiento de por sí más bajo que en otros países emergentes. En este caldo de cultivo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha urgido este viernes a los Gobiernos de la región a poner en marcha medidas que cierren la brecha de género y a atajar de una vez por todas los elevados ratios de trabajo informal, una disfunción común —con distintos grados— de Tijuana a Ushuaia.

Las cifras hablan por sí solas. La tasa de participación laboral de la mujer en América Latina es en promedio 20 puntos porcentuales inferior a la de sus pares hombres, según los últimos datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): solo una de cada dos mujeres participan en los mercados de trabajo regionales, frente a una ratio de tres de cada cuatro en el caso de los hombres. Las cifras mejoran, como reconocía la propia OIT en su último informe anual, pero aún queda un largo trecho por recorrer hasta que se nivele la participación de ambos sexos. Y esa menor participación se traduce, a su vez, en menor ocupación femenina: del 45% frente al 69% de los hombres.

La informalidad es igualmente preocupante: más de la mitad de los trabajadores latinoamericanos acude cada día a su puesto sin ningún tipo de cobertura ni garantías, de las que sí gozan los trabajadores registrados, como el acceso a la sanidad o la cotización para una futura pensión de retiro. Y ejerce de freno sobre la productividad en una región que no está ni mucho menos para tirar cohetes.

De ahí el interés de la OCDE en su última edición del informe anual Going for Growth, un libreto de recomendaciones a todos los países miembros de la organización —que reúne en su seno a las economías más industrializadas del mundo, entre ellas México, Colombia y Chile— y a un ramillete de naciones que, pese a no formar parte, son analizadas —con Brasil, Argentina y Costa Rica como grandes exponentes latinoamericanos—. Los consejos de política pública son individuales y distan mucho entre unos y otros, pero la preocupación por la equidad del mercado laboral regional y la informalidad son una constante.

México, la segunda economía de la región y la cuarta más grande del continente americano —a pesar de que las condiciones de su mercado laboral (formalidad, salarios y derechos laborales, como vacaciones), distan mucho de lo que cabría esperar para su nivel de renta— centra buena parte de la zozobra regional. Tanto en lo tocante a la incorporación femenina al trabajo —"la media de horas trabajadas está entre las más altas de la OCDE, pero la baja participación de la mujer reducen la contribución del empleo sobre el crecimiento"— como en lo referente a la informalidad —"que persiste y arrastra consigo a la productividad y el crecimiento económico, y constituye una fuente de desigualdades en el ingreso y en el acceso a los servicios públicos"—.

Para poner coto a la galopante tasa de empleo informal en México (que roza el 60%, según los últimos datos disponibles), los técnicos de la organización llaman al Gobierno a reducir las contribuciones a la seguridad social de los trabajadores de menor cualificación, y a mejorar los servicios públicos de cuidado de los más pequeños. También a la simplificación de las regulaciones fiscales y regulatorias, y a aumentar el número de inspectores que velan por su cumplimiento.

Una conclusión similar se desprende del análisis de Costa Rica, donde la informalidad sigue siendo "elevada" para los estándares de la OCDE y donde —aunque sus autoridades acaban de tomar cartas en el asunto— a diferencia de otros países de la región, no ha disminuido. En el caso del país centroamericano, la receta pasa, según el organismo dirigido por el mexicano Ángel Gurría, por "fortalecer la aplicación de las regulaciones laborales" y, sobre todo, por "garantizar a los inspectores la facultad de imponer sanciones".

Para Colombia el mensaje es claro: debe reducir las barreras a la formalidad. Y subraya que "no se ha tomado ninguna acción" en ese sentido. "Los altos costes no laborales, en combinación con complejos y costosos sistemas para declarar trabajadores formales promueven la informalidad, contribuyendo a altos niveles de desigualdad y baja productividad". Un duro aviso que debería encender las alarmas en Bogotá.

Una llamada a la igualdad en el cono sur

En el caso de Argentina, donde la tasa de participación laboral de la mujer es de solo el 51%, 27 puntos menos que la masculina, el think tank de los países ricos llama a "facilitarla", lo que tendría un "impacto significativo sobre el crecimiento y reduciría la desigualdad". Entre las recomendaciones sugeridas por sus especialistas al Gobierno de Mauricio Macri —que en octubre se enfrentará a las urnas en unas elecciones en las que esta cuestión sigue fuera de la agenda— destaca la promoción de un esquema que luche contra las diferencias salariales por sexos, la mejora en el acceso a las guarderías para niños menores de tres años, la reducción de los "desincentivos fiscales" que frenan la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, la inversión en políticas activas de empleo especialmente dirigidas al colectivo femenino y la igualación de los permisos de paternidad y maternidad —hoy, de solo dos días para el padre y de tres meses para la madre—. Buenos Aires, subraya la OCDE, también debe "promover la diversidad de género en las posiciones de liderazgo, tanto en el sector público como en las empresas, mediante la promoción de la transparencia y el establecimiento de objetivos [cuotas]".

La participación laboral de las mujeres chilenas es aún más baja que en Argentina, con el 48,5%, y la OCDE pide a Chile que incentive su inserción en el mercado como una forma de reducir el desempleo, informa Federico Rivas. El informe destaca que hasta 2017 el Gobierno había sumado 38.000 niños de hasta cinco años al sistema educativo como una forma de reducir la carga horaria de las madres que deseen trabajar. Pero pide también que promueva una educación de calidad y que las instituciones extiendan su horario de apertura en los barrios más pobres y en las poblaciones rurales. El ente con sede en París alerta, asimismo, sobre la necesidad de eliminar los problemas que encuentran las mujeres para ingresar a un mundo universitario dominado por hombres, base de un “estereotipo de género” que pone en duda sus capacidades académicas. En cualquier caso, tanto para Argentina como para Chile, el desafío es igualar las posibilidades de inserción de las mujeres al mercado de trabajo, hoy lastradas por miradas relacionadas con el cuidado del hogar y problemas para acceder a una formación de calidad, sobre todo en los segmentos más vulnerables. Una tarea que, de no acelerar pronto, tardará aún varios años en ser completada.

Por Ignacio Fariza

México 12 JUL 2019 - 17:55 COT

 

Publicado enEconomía
Sábado, 02 Marzo 2019 08:28

Un abismo para salir de la angustia

Un abismo para salir de la angustia

La crisis económica que ahoga la vida de miles de personas en Colombia tiene finales funestos, como el de Paola Moreno y su hijo Nicolás Ceballos Moreno, de reciente ocurrencia en el puente “La Variante”, ubicado entre Ibagué y Cajamarca. 

 

Un abismo para salir de la intranquilidad. El pasado 6 de febrero el puente “La Variante” que conecta a los municipios de Ibagué y Cajamarca sirvió de trampolín para que Jessica Paola Moreno Cruz de 30 años, y su hijo May Nicolás Ceballos Moreno de 10 años de edad, terminaran con sus vidas; dos semanas atrás –27 de enero–Cristian Ciro, joven de 23 años, decidió saltar al vacío en el mismo lugar –según medios de la región, por problemas sentimentales–. Las razones para tomar la funesta decisión son diferentes, sin embargo, hacen parte de un mismo síntoma: una sociedad en crisis.

 

Para nadie es un secreto que la vida en el país cada vez es más angustiante y precaria. La decisión de quienes han estado en el poder durante la historia nacional, siempre ha sido la de gobernar para los ricos e imponer sus políticas y modelos económicos de inequidad sobre las mayorías. Los últimos gobiernos –Samper, Pastrana, Uribe, Santos, Duque– han decidido implementar con ferocidad el modelo neoliberal que privatiza lo público para entregárselo a los poderes económicos privados, lo que hace que perdamos como sociedad derechos fundamentales como el de la salud gratuita, estabilidad y garantías laborales, por mencionar algunos.

 

Una angustia que agobia la existencia

 

La noticia del suicidio de Paola Moreno y su hijo, deja en evidencia el problema estructural que tiene el país, pues si analizamos con detalle, esta mujer padece las consecuencias de una vida de injusticias e inequidades. Era una madre de familia, que tenía a su cargo la responsabilidad de criar sola a su único hijo; según medios habría estudiado administración de empresas, sin embargo no tenía estabilidad laboral y por momentos era vendedora informal de cremas y cosméticos –como miles de mujeres en Colombia–, recurso último o complementario para poder reunir algunos pesos que ayuden a sobrellevar el día a día.

 

Estaba endeudada, como millones en el país. La llamaban a diario, le quitaban lo poco que tenía, la intimidaban. No eran los bancos (que te cierran toda opción comercial para nuevos créditos, te aniquilan en lo económico con el cobro de intereses sobre el interés, hasta quitarte lo poco que tengas a través de embargos y similares), eran los “gota a gota”, que prestan con intereses del 20 por ciento y más diario, y que al no recibir su pago no reparan en utilizar métodos ’no santos’ para recuperar lo prestado, para ello y de manera inicial, las agresiones verbales, para luego pasar a la intimidación física, a las golpizas, hasta llegar al asesinato.

 

Las apariencias engañan

 

Pese a sus dificultades, Paola se mostraba ante los demás como si tuviera una vida estable y exitosa, se tomaba fotos para ganar “me gusta” en las redes sociales, sin embargo, su realidad era delirante, a tal punto que decidió quitarse la vida y de paso arrebatar la de su hijo.

 

Una decisión que refleja el estado de angustia a que estaba sometida, y el nivel depresivo a que había llegado producto de no encontrarle salida a los afanes a que estaba sometida. Ante sí, tal vez producto del alocado individualismo en que hemos caído, las alternativas colectivas y solidarias no eran una opción. El paisaje era de bruma: empleo cero, ingresos cero o insuficientes, y cero apoyo social para salir de la crisis.

 

La suya era una realidad prolongación/consecuencia de un sistema social donde todo está fabricado para beneficio de unos pocos, y donde la gran mayoría está expuesta al aislamiento y a malvivir, hasta desear la muerte, hasta buscar la muerte.

 

 

Es una realidad que no solo está presente en el caso de Paola y Cristian Ciro, según el informe Forensis 2017, de Medicina Legal, entre los años 2008 y 2017 en Colombia se presentaron aproximadamente 19.977 suicidios, con una media de 1.998 casos por año. Las personas entre los 20 y los 39 años presentan la mayor frecuencia de suicidios con 44,73 por ciento (Ver tabla de suicidios).

 

En efecto, las angustias que aquejaron tanto a Paola como a Cristian Ciro, evidencian otro problema de nuestro país: no existe una política pública para construir sociedad, es decir, para que seamos común-unidad. Nada, lo que prima es aquello que conocemos como “sálvese quien pueda”, y ante tal opción cientos, miles quedan en el camino, tirados, triturados por un sistema que desprecia la vida y adora la acumulación en los bolsillos de los más “pilos”. Es así como las ciudades están llenas de personas jóvenes que deambulan pegadas a un tarro con bóxer, aspirando gases tóxicos para alejarse de la realidad. Jóvenes que tras escasos dos o tres años, cubiertos de mugre y odio, con mirada perdida, parecen viejos al final de sus vidas.

 

Es una inexistente política pública reflejada en, por ejemplo, la ausencia de un sistema de salud preventivo, que entienda los ritmos de vida de la gente, que trabaje la salud mental y ayude a tener una vida tranquila –la cual necesita, es evidente, del cumplimiento de un conjunto de derechos, como trabajo estable, tiempo para la recreación, vivienda, alimentación, etcétera–. El alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, se refirió a esto diciendo que el gota a gota está agobiando a la ciudad y al país, pero el tema del suicidio también tiene que ver con un problema de salud al que “El sistema en sí no está aportando la atención necesaria y a la salud mental no se le presta atención y mire donde terminamos”.

 

Otro mundo es posible

 

Uno de los problemas esenciales de esta trágica noticia es que demuestra como las personas están buscando las soluciones de sus problemas de una forma individual, sin entender o hilar la realidad política y económica del país; sin entender que lo que lo aqueja en su día a día también lo padece y vive el del lado, el vecino, miles de familias. Sin embargo, los medios masivos (ver recuadro “El periodista”) y el poder, muestran estos casos como aislados, como si la gente que toma estas decisiones estuviera loca, ocultando que lo que realmente está mal es este modelo de sociedad, este sistema económico, donde la democracia existe únicamente para poner un voto y no para vivir en justicia y escoger los rumbos para la vida cotidiana.

 

Un reto por encarar. En un mundo donde la tendencia 1-99 (1 por ciento de la población acumula la riqueza del 99 por ciento restante) cada vez tiene más fuerza –según el informe de Oxfam de 2017 sobre la acumulación de riqueza, sólo 8 personas poseen una riqueza igual a los ingresos de 3 mil 600 millones de personas del planeta–, los movimientos sociales y la sociedad en su conjunto necesita replantearse el modelo de vida, lo que implica construir una nueva forma de gobierno y poder.

 

Para emprender estos retos necesitamos de soluciones colectivas, soluciones que permitan el encuentro y abran la palabra entre miles, quienes deben comenzar a decidir los rumbos de su vida, colocando para ello y como base fundamental el bienestar común. Esto será posible si se organizan espacios verdaderamente democráticos que vayan más allá de la institucionalidad, que sean obra cotidiana de todas las personas, de los de a pie, para que compartan sus angustias y vislumbren las soluciones para las mismas.

 

Ante la crisis nos queda, por demás, una alternativa: llenar el vacío reinventando la vida en solidaridad colectiva.

 

 


Recuadro 

 

“El periodista”

 

Son varios los “periodistas” que graban el momento en que Jessica Paola y su hijo May Nicolás están al borde de lanzarse desde el puente, todos buscan el mejor ángulo para captar la tragedia, todos quieren tener la imagen en exclusiva. Algún “periodista” agradecen a las 274 personas conectadas que veían en vivo a través de su página de Facebook –que quizás nunca había tenido tantos seguidores en una publicación–.

 

El video en vivo es narrado una y otra vez por los “periodistas”; allí, en vivo, trasmiten las suplicas de quienes intentan que la mujer no se lance al precipicio. Sin abandonar su Smartphone, el “periodista” agradece una y otra vez a quienes le siguen en vivo –ora para que pueda grabar cuando salten–.

 

“Ahí está la noticia”, de eso está convencido; seguramente nunca ha pensado en la débil frontera que separa al suceso del morbo y como al franquearla ya no hay periodismo. Transmite el suceso y para potenciar el espectáculo, para hacerlo más trágico, dice que el niño es un bebe. Para quienes no entienden lo que pasa en el video y se acaban de conectar a la transmisión, el “periodista” detalla la escena diciendo: “pueden ver algo morado que esta al fondo, esa es la gorra de la mujer que está a punto de lanzarse”.

 

Prosigue en su hito y graba la angustia de la familia de la suicida y su hijo, trasmite, no tiene remordimiento de nada, el carroñero sabe que esto le hará ganar followers. Siempre busca el mejor ángulo, por eso dice: “vamos a tratar de acercarnos un poco más para alcanzar a escuchar lo que las personas le dicen”. Se desespera por la posición donde ahora está, pues ese no resulta el mejor lugar para grabar el evento. “Pss, pss”, hace llamando a alguien para que le haga el favor de llevar el celular hasta el lugar donde se pueda ver a la mujer y al niño. No tiene éxito.

 

Llega el momento esperado, la mujer salta al vacío. El “periodista” empieza a aclamar a Dios: “¡Dios mío!, ¡Dios santo!, que triste, esta mujer se lanzó con el niño”, entrecorta sus palabras con un chillido fingido y vuelve a decir: “que triste, la policía llora”. Se detiene. Unos pocos segundos después vuelve a recordar su página web. Empieza a llorar de nuevo. Da una pausa y juzga a la mujer: “Dios la sabrá perdonar”.


Aún no está satisfecho, quiere más. Trata de ingresar al lugar para ver si logra por lo menos tener una imagen de los cuerpos en el vacío. No lo logra. Decide terminar el video. Agradece y se sorprende por las 4.400 personas que lo siguen en la transmisión, y termina diciendo “gracias a las casi cinco mil personas que nos siguieron y a Paola, que dios la perdone”.

 

Hoy su publicación tiene 3.010.961 reproducciones.

 

Publicado enColombia
Jueves, 28 Febrero 2019 16:35

Un abismo para salir de la angustia

Un abismo para salir de la angustia

La crisis económica que ahoga la vida de miles de personas en Colombia tiene finales funestos, como el de Paola Moreno y su hijo Nicolás Ceballos Moreno, de reciente ocurrencia en el puente “La Variante”, ubicado entre Ibagué y Cajamarca. 

 

Un abismo para salir de la intranquilidad. El pasado 6 de febrero el puente “La Variante” que conecta a los municipios de Ibagué y Cajamarca sirvió de trampolín para que Jessica Paola Moreno Cruz de 30 años, y su hijo May Nicolás Ceballos Moreno de 10 años de edad, terminaran con sus vidas; dos semanas atrás –27 de enero–Cristian Ciro, joven de 23 años, decidió saltar al vacío en el mismo lugar –según medios de la región, por problemas sentimentales–. Las razones para tomar la funesta decisión son diferentes, sin embargo, hacen parte de un mismo síntoma: una sociedad en crisis.

 

Para nadie es un secreto que la vida en el país cada vez es más angustiante y precaria. La decisión de quienes han estado en el poder durante la historia nacional, siempre ha sido la de gobernar para los ricos e imponer sus políticas y modelos económicos de inequidad sobre las mayorías. Los últimos gobiernos –Samper, Pastrana, Uribe, Santos, Duque– han decidido implementar con ferocidad el modelo neoliberal que privatiza lo público para entregárselo a los poderes económicos privados, lo que hace que perdamos como sociedad derechos fundamentales como el de la salud gratuita, estabilidad y garantías laborales, por mencionar algunos.

 

Una angustia que agobia la existencia

 

La noticia del suicidio de Paola Moreno y su hijo, deja en evidencia el problema estructural que tiene el país, pues si analizamos con detalle, esta mujer padece las consecuencias de una vida de injusticias e inequidades. Era una madre de familia, que tenía a su cargo la responsabilidad de criar sola a su único hijo; según medios habría estudiado administración de empresas, sin embargo no tenía estabilidad laboral y por momentos era vendedora informal de cremas y cosméticos –como miles de mujeres en Colombia–, recurso último o complementario para poder reunir algunos pesos que ayuden a sobrellevar el día a día.

 

Estaba endeudada, como millones en el país. La llamaban a diario, le quitaban lo poco que tenía, la intimidaban. No eran los bancos (que te cierran toda opción comercial para nuevos créditos, te aniquilan en lo económico con el cobro de intereses sobre el interés, hasta quitarte lo poco que tengas a través de embargos y similares), eran los “gota a gota”, que prestan con intereses del 20 por ciento y más diario, y que al no recibir su pago no reparan en utilizar métodos ’no santos’ para recuperar lo prestado, para ello y de manera inicial, las agresiones verbales, para luego pasar a la intimidación física, a las golpizas, hasta llegar al asesinato.

 

Las apariencias engañan

 

Pese a sus dificultades, Paola se mostraba ante los demás como si tuviera una vida estable y exitosa, se tomaba fotos para ganar “me gusta” en las redes sociales, sin embargo, su realidad era delirante, a tal punto que decidió quitarse la vida y de paso arrebatar la de su hijo.

 

Una decisión que refleja el estado de angustia a que estaba sometida, y el nivel depresivo a que había llegado producto de no encontrarle salida a los afanes a que estaba sometida. Ante sí, tal vez producto del alocado individualismo en que hemos caído, las alternativas colectivas y solidarias no eran una opción. El paisaje era de bruma: empleo cero, ingresos cero o insuficientes, y cero apoyo social para salir de la crisis.

 

La suya era una realidad prolongación/consecuencia de un sistema social donde todo está fabricado para beneficio de unos pocos, y donde la gran mayoría está expuesta al aislamiento y a malvivir, hasta desear la muerte, hasta buscar la muerte.

 

 

Es una realidad que no solo está presente en el caso de Paola y Cristian Ciro, según el informe Forensis 2017, de Medicina Legal, entre los años 2008 y 2017 en Colombia se presentaron aproximadamente 19.977 suicidios, con una media de 1.998 casos por año. Las personas entre los 20 y los 39 años presentan la mayor frecuencia de suicidios con 44,73 por ciento (Ver tabla de suicidios).

 

En efecto, las angustias que aquejaron tanto a Paola como a Cristian Ciro, evidencian otro problema de nuestro país: no existe una política pública para construir sociedad, es decir, para que seamos común-unidad. Nada, lo que prima es aquello que conocemos como “sálvese quien pueda”, y ante tal opción cientos, miles quedan en el camino, tirados, triturados por un sistema que desprecia la vida y adora la acumulación en los bolsillos de los más “pilos”. Es así como las ciudades están llenas de personas jóvenes que deambulan pegadas a un tarro con bóxer, aspirando gases tóxicos para alejarse de la realidad. Jóvenes que tras escasos dos o tres años, cubiertos de mugre y odio, con mirada perdida, parecen viejos al final de sus vidas.

 

Es una inexistente política pública reflejada en, por ejemplo, la ausencia de un sistema de salud preventivo, que entienda los ritmos de vida de la gente, que trabaje la salud mental y ayude a tener una vida tranquila –la cual necesita, es evidente, del cumplimiento de un conjunto de derechos, como trabajo estable, tiempo para la recreación, vivienda, alimentación, etcétera–. El alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, se refirió a esto diciendo que el gota a gota está agobiando a la ciudad y al país, pero el tema del suicidio también tiene que ver con un problema de salud al que “El sistema en sí no está aportando la atención necesaria y a la salud mental no se le presta atención y mire donde terminamos”.

 

Otro mundo es posible

 

Uno de los problemas esenciales de esta trágica noticia es que demuestra como las personas están buscando las soluciones de sus problemas de una forma individual, sin entender o hilar la realidad política y económica del país; sin entender que lo que lo aqueja en su día a día también lo padece y vive el del lado, el vecino, miles de familias. Sin embargo, los medios masivos (ver recuadro “El periodista”) y el poder, muestran estos casos como aislados, como si la gente que toma estas decisiones estuviera loca, ocultando que lo que realmente está mal es este modelo de sociedad, este sistema económico, donde la democracia existe únicamente para poner un voto y no para vivir en justicia y escoger los rumbos para la vida cotidiana.

 

Un reto por encarar. En un mundo donde la tendencia 1-99 (1 por ciento de la población acumula la riqueza del 99 por ciento restante) cada vez tiene más fuerza –según el informe de Oxfam de 2017 sobre la acumulación de riqueza, sólo 8 personas poseen una riqueza igual a los ingresos de 3 mil 600 millones de personas del planeta–, los movimientos sociales y la sociedad en su conjunto necesita replantearse el modelo de vida, lo que implica construir una nueva forma de gobierno y poder.

 

Para emprender estos retos necesitamos de soluciones colectivas, soluciones que permitan el encuentro y abran la palabra entre miles, quienes deben comenzar a decidir los rumbos de su vida, colocando para ello y como base fundamental el bienestar común. Esto será posible si se organizan espacios verdaderamente democráticos que vayan más allá de la institucionalidad, que sean obra cotidiana de todas las personas, de los de a pie, para que compartan sus angustias y vislumbren las soluciones para las mismas.

 

Ante la crisis nos queda, por demás, una alternativa: llenar el vacío reinventando la vida en solidaridad colectiva.

 

 


Recuadro 

 

“El periodista”

 

Son varios los “periodistas” que graban el momento en que Jessica Paola y su hijo May Nicolás están al borde de lanzarse desde el puente, todos buscan el mejor ángulo para captar la tragedia, todos quieren tener la imagen en exclusiva. Algún “periodista” agradecen a las 274 personas conectadas que veían en vivo a través de su página de Facebook –que quizás nunca había tenido tantos seguidores en una publicación–.

 

El video en vivo es narrado una y otra vez por los “periodistas”; allí, en vivo, trasmiten las suplicas de quienes intentan que la mujer no se lance al precipicio. Sin abandonar su Smartphone, el “periodista” agradece una y otra vez a quienes le siguen en vivo –ora para que pueda grabar cuando salten–.

 

“Ahí está la noticia”, de eso está convencido; seguramente nunca ha pensado en la débil frontera que separa al suceso del morbo y como al franquearla ya no hay periodismo. Transmite el suceso y para potenciar el espectáculo, para hacerlo más trágico, dice que el niño es un bebe. Para quienes no entienden lo que pasa en el video y se acaban de conectar a la transmisión, el “periodista” detalla la escena diciendo: “pueden ver algo morado que esta al fondo, esa es la gorra de la mujer que está a punto de lanzarse”.

 

Prosigue en su hito y graba la angustia de la familia de la suicida y su hijo, trasmite, no tiene remordimiento de nada, el carroñero sabe que esto le hará ganar followers. Siempre busca el mejor ángulo, por eso dice: “vamos a tratar de acercarnos un poco más para alcanzar a escuchar lo que las personas le dicen”. Se desespera por la posición donde ahora está, pues ese no resulta el mejor lugar para grabar el evento. “Pss, pss”, hace llamando a alguien para que le haga el favor de llevar el celular hasta el lugar donde se pueda ver a la mujer y al niño. No tiene éxito.

 

Llega el momento esperado, la mujer salta al vacío. El “periodista” empieza a aclamar a Dios: “¡Dios mío!, ¡Dios santo!, que triste, esta mujer se lanzó con el niño”, entrecorta sus palabras con un chillido fingido y vuelve a decir: “que triste, la policía llora”. Se detiene. Unos pocos segundos después vuelve a recordar su página web. Empieza a llorar de nuevo. Da una pausa y juzga a la mujer: “Dios la sabrá perdonar”.


Aún no está satisfecho, quiere más. Trata de ingresar al lugar para ver si logra por lo menos tener una imagen de los cuerpos en el vacío. No lo logra. Decide terminar el video. Agradece y se sorprende por las 4.400 personas que lo siguen en la transmisión, y termina diciendo “gracias a las casi cinco mil personas que nos siguieron y a Paola, que dios la perdone”.

 

Hoy su publicación tiene 3.010.961 reproducciones.

 

Publicado enEdición Nº254
La clase trabajadora necesita soluciones alternativas

Desde los trabajadores del sector estatal, un llamado y una citación para debatir el sindicalismo que tenemos y el que deberíamos constituir, un debate desde el capital hoy vigente, con sus formas de dominación y de control. ¿Es posible un sindicalismo con raíz territorial?

 

Junto a la conmemoración del Primero de Mayo, día de la clase trabajadora, el sindicalismo estatal obtuvo una pequeña victoria al conocerse el fallo negativo proferido por el juzgado 51 administrativo del circuito judicial de Bogotá, ante la acción popular interpuesta por un abogado –con presuntos vínculos con la Alcaldía– para desmontar el régimen salarial y prestacional de los empleados del Distrito Capital.

 

Triunfo pequeño, pero importante, en tanto instala un granito de esperanza sobre el mar de incertidumbre cernido sobre los referentes alternativos de la clase trabajadora, que hoy se baten entre la fuerte precarización laboral, la informalidad y el desempleo.

 

¿Cómo ahondar estos pequeños triunfos? ¿Cómo darle cuerpo a una nueva teorización del actual rol del sindicalismo? Buscando darle respuesta a estos y otros interrogantes, la Federación Únete1 convoca a un gran encuentro nacional programático del sindicalismo estatal, con el ánimo de propiciar un espacio amplio de reflexión y deliberación sobre la situación real que vive el sindicalismo y la clase trabajadora en general, de manera que puedan levantarse soluciones otras a los problemas que hoy nos acosan como sociedad.

 

El sindicalismo y las transformaciones del Estado

 

Los datos, a pesar de conocidos, conservan la fuerza de la denuncia: el nuestro está entre los países con menor tasa de sindicalización del mundo, y es el único en América Latina en donde el Gobierno tiene la facultad de disolver un sindicato por vía judicial; a la vez que es el país del mundo con el mayor número de asesinatos de sindicalistas, concentrando el 63 por ciento de los casos, con una impunidad superior al 96 por ciento.

 

Con bala, desindustrialización y fuerza judicial, el poder impone su dominio. Pese a ello, el sindicalismo ha registrado durante los últimos años un mínimo crecimiento en el número de sindicalizados: para el 2015 sumaba 1.006.150 de la población económicamente activa (4,6%) registrando un aumento del 20 por ciento con respecto al 2010, cuando solo registraban 831.4672.

 

Pocos trabajadores sindicalizados, concentrados, además, en sectores muy precisos del mundo del trabajo: educación (280.000 afiliados a Fecode), industria (90.000), agroalimentario (36.000), minero energético (42.500), suministro de servicios públicos (26.000) e intermediación financiera (28.000).

 

Tras de hinchado con viruela, dicen de alguien que está jodido, lo que parece sucederle al sindicalismo criollo, quien además de padecer el problema de su baja densidad –lo que le resta eficacia–, también padece de alta fragmentación: el número de sindicatos ronda los 5.000, distribuidos entre el sector privado y el estatal:

 

Para el caso del sector estatal hay que resaltar varios procesos de transformación acaecidos por la reconfiguración del Estado durante las primeras décadas del siglo XXI: las políticas neoliberales desplazaron los planteamientos del antiguo modelo e iniciaron la apertura económica, conllevando el achicamiento del Estado, la desregulación del mercado laboral y el desmantelamiento de los derechos sociales, todo esto con transformaciones visibles en el mundo sindical, que tienen una respuesta por su parte –en la segunda década– luego de reglamentada la negociación colectiva del sector público a través de los decretos 1092 de 2012 y el 160 del 2014.

 

En la primera etapa hubo una reducción del empleo en este sector, pasando de 1.018.000 en 2002 a 838.000 trabajadores en 2012, mientras en la segunda hubo un crecimiento llegando hoy a 1.098.031, de los cuales, claro, el 45,2 por ciento (496.272) integran el aparato represivo (fuerzas militares y de policía), y el 54,8 restante (601.759) que están distribuidos entre empleos por transferencias territoriales, salud y educación (41,4%), empleados de la rama judicial (6,6%) y de la rama ejecutiva (6,8%).

 

Como lo refleja la tabla adjunta, de estos trabajadores, excluyendo a los –que no pueden sindicalizarse–, se encuentran afiliados 483.681 personas en más de 1.923 sindicatos3, 483 de empleados públicos –trabajadores, por lo regular profesionales, que ejecutan función pública en entidades estatales–, 216 de trabajadores oficiales –técnicos o bachilleres que prestan servicios de construcción, mantenimiento o sostenimiento de las obras públicas o prestan servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado– y 316 de carácter mixto, que agrupan a estos dos tipos de trabajadores.

 

Por fuera de esta cuenta quedan los trabajadores particulares y temporales, tercerizados por contratos de prestación de servicios u otras modalidades, que cumplen las veces de nóminas paralelas en las entidades públicas –saber a ciencia cierta cuántos son ha sido una reivindicación histórica del sindicalismo–. En 2011, el Ministro del Trabajo de aquel entonces, aseguraba que de cada 100 empleados de planta había un total de 132 por nóminas paralelas, denunciando que en las entidades territoriales las cosas eran más alarmantes, pues, por cada 100 empleados de planta había 216 por órdenes de prestación de servicios4.

 

Clientelismo, corrupción, control de empleados a dedo, etcétera. Estamos ante una de las evidencias de cómo se transformó la institucionalidad en Colombia, un mecanismo, entre otros factores, para impedir el avance del sindicalismo estatal, a la vez que mecanismo para privatizar el Estado a favor de las élites políticas tradicionales, que con el control y sometimiento de los empleados tercerizados, con la amenaza de ser despedidos en cualquier momento, mantienen grandes segmentos de población cautiva –votantes–. Paramilitairsmo, corrupción y pervivencia de los partidos tradicionales, beben y se favorecen de esta realidad.

 

Por realidades como esta, es que el sindicalismo estatal debe replantear sus horizontes y reconocer la capacidad que tiene, más allá de las meras condiciones laborales dominantes, proyectándose con sentimiento y visión de país. Lo que lo obliga a reflexionar sobre la real transformación del mundo laboral propiciado por el neoliberalismo, pues si bien el sindicalismo creció en términos absolutos durante los últimos 5 años, no lo hace en términos relativos al aumento demográfico y el mercado de trabajo en Colombia: mientras el total de trabajadores ocupados aumentó en 57 por ciento entre 1994-2016, la tasa de sindicalización disminuyó en 2,3 puntos porcentuales.

 

En realidad el sindicalismo ha vivido un retroceso en muchos sentidos, producto de un modelo que cierra escenarios para la concreción de espacios para el diálogo y la construcción de un sociedad incluyente. Retroceso que se presenta no solo por efectos de la violencia, la intimidación y hechos similares, sino también por la transformación del régimen de acumulación, con el cual nuevos dispositivos han sido instalados para orientar a los trabajadores en otras direcciones, miremos:

 

El sindicalismo y el trabajador actual

 

El conocimiento es poder y, por supuesto, el capitalismo ha utilizado el saber que acumula para generar cambios en pro de incrementar su propio poder. La etapa (nueva) que vive el capitalismo, dada su capacidad de evolución, se caracteriza en gran medida por la globalización informacional y la producción de un extraordinario cúmulo de nuevos conocimientos expertos –4ta revolución industrial, potenciados para la reorganización de la producción “posfordismo”–. Conocimiento, que en términos específicos, le ha servido para ahondar sobre las características del trabajo, sobre los propios trabajadores y sobre los mecanismos de incentivación del consumo.

 

Es así como han consolidado saberes cada vez más sofisticados sobre la organización del trabajo en la producción de bienes y en la prestación de servicios, así como en los puestos que implica en cada sector, a través de procedimientos sobre los canales de comunicación en la empresa y en las entidades públicas, los procesos de evaluación y de auto-evaluación de los trabajadores, sus interrelaciones, y las que mantienen con la empresa, las técnicas de motivación y de responsabilidad, las técnicas de marketing, de publicidad y de venta, etcétera.

 

Conocimientos que tienen que ver con lo que Foucault (1988)5 llamaba la constitución de nuevas prácticas de subjetivación, es decir, con procedimientos para conformar la manera en la que uno se percibe a sí mismo, formula sus expectativas vitales, se relaciona con sus deseos y concibe sus relaciones con los demás; en definitiva, procedimientos para formar sujetos y para moldear, a la vez que para satisfacer sus aspiraciones y sus deseos, tanto en su condición de consumidor como en la de trabajador.

 

Son, en parte, esas nuevas prácticas de ver y entender el mundo las que han permitido en y con el neoliberalismo que las tecnologías del mercado colonicen zonas que no obedecían estrictamente a su lógica, tales como la sanidad, el ocio, la educación, los cuidados, la misma administración de lo público, etcétera, transformando todo lo existente en posible objeto de consumo.

 

Un cambio obligado, además, por una crisis de acumulación que lleva al capital a buscar dividendos allí donde los humanos entablan cualquier intercambio. Para ello, en este liberalismo avanzado, la forma de administrar las poblaciones, la manera de ejercer el poder político y el modo de concretar la gestión capitalista de la economía y del trabajo, cuenta con trabajadores altamente cualificados, a los que inculcan valores cada vez más individualistas, en detrimento de su organización colectiva. Además, por este conducto, pretende el modelo dominante, utilizar y rentabilizar la capacidad de iniciativa y de autorregulación que tienen los trabajadores, para gobernarlos –vaya paradoja– recurriendo a la libertad de la que disponen, la cual reivindica siempre y cuando la ejerzan “responsablemente”.

 

Para que esto sea posible las prácticas de subjetivación deben construir personalidades cuya autonomía sea moldeada y normalizada desde su educación profesional por saberes expertos. Son estos mismos saberes los que se utilizan para exigir permanentemente al trabajador que haga uso de su libertad de elección únicamente en los límites del mercado, entre los productos y las alternativas que le son ofrecidos, y para que los trabajadores pongan su capacidad de decisión al servicio de los intereses de las empresas. Esta promoción e instrumentalización de la libertad, como principio de gobierno, no es incompatible con las nuevas líneas de futuro que se están configurando hoy mismo y que se basan en el acento puesto sobre la inseguridad generalizada, sobre los múltiples riesgos que acechan producto de la desigualdad y la violencia, del principio de precaución, sobre la incertidumbre laboral, sobre la precarización de la existencia y sobre el imperio del egoísmo.

 

Si contemplamos en su conjunto el periodo que va desde principios del siglo XX hasta principios del siglo XXI vemos como los conocimientos expertos producidos durante ese periodo han hecho posible una completa inversión de la forma en que el capitalismo se representaba al trabajador «ideal». Se ha combinado, en efecto, una concepción del trabajador ideal como simple fuente de fuerza de trabajo tanto más útil cuanto más obediente, con una de sujeto dotado de libertad y cuya autonomía, sabiamente orientada, produce sustanciales beneficios.

 

Sin embargo, frente a los enormes cambios experimentados por el capitalismo, sus modos de administración de las poblaciones, y los dispositivos de dominación, podemos constatar lo poco que el sindicalismo se ha transformado, lo que nos permite afirmar que tenemos un sindicalismo formado para otra época, un sindicalismo que no comprende las transformaciones del capital y sus implicaciones para todos los espacios, entre ellos, claro está, el Estado y sus diversos trabajadores.

 

Es esta realidad, entre otras, la que le da sentido a la convocatoria al Congreso nacional programático del sindicalismo estatal (Bogotá, 20, 21 y 22 de junio), un espacio para retomar discusiones, intercambio de ideas, proyectos de investigación, para construir planes de acción que le permitan a los trabajadores del sector estatal comprender las novísimas formas que asume el capital (y su patrón, el Estado) en todos los espacios y niveles, para de esa manera poder delinear las mejores formas de acción que les facilite confrontarlo y neutralizarlo en sus pretensiones anti-trabajadores y anti-comunidad, ganando así un espacio de acompañamiento y conducción de luchas que, más allá de lo sindical, congregan al país como un todo, colocándose, como lo demanda un sindicalismo de nuevo tipo, a la cabeza de las mismas.

 

Tendríamos de esta manera, por tanto, un sindicalismo cuya radicalidad quede plasmada, más allá de las proclamas enardecidas y los llamados generales a la lucha, en replanteamientos de fondo, donde la protesta y la resistencia contra todo retroceso en las condiciones de trabajo, y frente a todos los atropellos infligidos a la dignidad del trabajador y a las comunidades, sean complementados con propuestas prácticas de gobierno y de poder alternativo, de solidaridad, de cooperativismo, nuevas formas de trabajo y nuevas de consumo, que vayan más allá de las condiciones laborales hacia un re-diseño de la vida en un sentido amplio.

 

Así pues, invitados e invitadas todos a dialogar sobre estos y otros temas al Congreso nacional programático el sindicalismo estatal por realizarse en Bogotá los días 20, 21 y 22 de junio.

 

1 Unión nacional de trabajadores del estado, los servicios públicos y la Comunidad
2 Infografía uno tomada de la revista dinero, septiembre de 2016
3 Cifras tomadas del sislab, Escuela Nacional sindical
4 http://www.portafolio.co/economia/finanzas/nominas-paralelas-empresas-desbordan-planta-141988
5 El sujeto y el poder Michel Foucault Revista Mexicana de Sociología , Vol. 50, Nº 3. (Jul-Sep., 1988), pp. 3-2

Publicado enColombia
La clase trabajadora necesita soluciones alternativas

Desde los trabajadores del sector estatal, un llamado y una citación para debatir el sindicalismo que tenemos y el que deberíamos constituir, un debate desde el capital hoy vigente, con sus formas de dominación y de control. ¿Es posible un sindicalismo con raíz territorial?

 

Junto a la conmemoración del Primero de Mayo, día de la clase trabajadora, el sindicalismo estatal obtuvo una pequeña victoria al conocerse el fallo negativo proferido por el juzgado 51 administrativo del circuito judicial de Bogotá, ante la acción popular interpuesta por un abogado –con presuntos vínculos con la Alcaldía– para desmontar el régimen salarial y prestacional de los empleados del Distrito Capital.

 

Triunfo pequeño, pero importante, en tanto instala un granito de esperanza sobre el mar de incertidumbre cernido sobre los referentes alternativos de la clase trabajadora, que hoy se baten entre la fuerte precarización laboral, la informalidad y el desempleo.

 

¿Cómo ahondar estos pequeños triunfos? ¿Cómo darle cuerpo a una nueva teorización del actual rol del sindicalismo? Buscando darle respuesta a estos y otros interrogantes, la Federación Únete1 convoca a un gran encuentro nacional programático del sindicalismo estatal, con el ánimo de propiciar un espacio amplio de reflexión y deliberación sobre la situación real que vive el sindicalismo y la clase trabajadora en general, de manera que puedan levantarse soluciones otras a los problemas que hoy nos acosan como sociedad.

 

El sindicalismo y las transformaciones del Estado

 

Los datos, a pesar de conocidos, conservan la fuerza de la denuncia: el nuestro está entre los países con menor tasa de sindicalización del mundo, y es el único en América Latina en donde el Gobierno tiene la facultad de disolver un sindicato por vía judicial; a la vez que es el país del mundo con el mayor número de asesinatos de sindicalistas, concentrando el 63 por ciento de los casos, con una impunidad superior al 96 por ciento.

 

Con bala, desindustrialización y fuerza judicial, el poder impone su dominio. Pese a ello, el sindicalismo ha registrado durante los últimos años un mínimo crecimiento en el número de sindicalizados: para el 2015 sumaba 1.006.150 de la población económicamente activa (4,6%) registrando un aumento del 20 por ciento con respecto al 2010, cuando solo registraban 831.4672.

 

Pocos trabajadores sindicalizados, concentrados, además, en sectores muy precisos del mundo del trabajo: educación (280.000 afiliados a Fecode), industria (90.000), agroalimentario (36.000), minero energético (42.500), suministro de servicios públicos (26.000) e intermediación financiera (28.000).

 

Tras de hinchado con viruela, dicen de alguien que está jodido, lo que parece sucederle al sindicalismo criollo, quien además de padecer el problema de su baja densidad –lo que le resta eficacia–, también padece de alta fragmentación: el número de sindicatos ronda los 5.000, distribuidos entre el sector privado y el estatal:

 

Para el caso del sector estatal hay que resaltar varios procesos de transformación acaecidos por la reconfiguración del Estado durante las primeras décadas del siglo XXI: las políticas neoliberales desplazaron los planteamientos del antiguo modelo e iniciaron la apertura económica, conllevando el achicamiento del Estado, la desregulación del mercado laboral y el desmantelamiento de los derechos sociales, todo esto con transformaciones visibles en el mundo sindical, que tienen una respuesta por su parte –en la segunda década– luego de reglamentada la negociación colectiva del sector público a través de los decretos 1092 de 2012 y el 160 del 2014.

 

En la primera etapa hubo una reducción del empleo en este sector, pasando de 1.018.000 en 2002 a 838.000 trabajadores en 2012, mientras en la segunda hubo un crecimiento llegando hoy a 1.098.031, de los cuales, claro, el 45,2 por ciento (496.272) integran el aparato represivo (fuerzas militares y de policía), y el 54,8 restante (601.759) que están distribuidos entre empleos por transferencias territoriales, salud y educación (41,4%), empleados de la rama judicial (6,6%) y de la rama ejecutiva (6,8%).

 

Como lo refleja la tabla adjunta, de estos trabajadores, excluyendo a los –que no pueden sindicalizarse–, se encuentran afiliados 483.681 personas en más de 1.923 sindicatos3, 483 de empleados públicos –trabajadores, por lo regular profesionales, que ejecutan función pública en entidades estatales–, 216 de trabajadores oficiales –técnicos o bachilleres que prestan servicios de construcción, mantenimiento o sostenimiento de las obras públicas o prestan servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado– y 316 de carácter mixto, que agrupan a estos dos tipos de trabajadores.

 

Por fuera de esta cuenta quedan los trabajadores particulares y temporales, tercerizados por contratos de prestación de servicios u otras modalidades, que cumplen las veces de nóminas paralelas en las entidades públicas –saber a ciencia cierta cuántos son ha sido una reivindicación histórica del sindicalismo–. En 2011, el Ministro del Trabajo de aquel entonces, aseguraba que de cada 100 empleados de planta había un total de 132 por nóminas paralelas, denunciando que en las entidades territoriales las cosas eran más alarmantes, pues, por cada 100 empleados de planta había 216 por órdenes de prestación de servicios4.

 

Clientelismo, corrupción, control de empleados a dedo, etcétera. Estamos ante una de las evidencias de cómo se transformó la institucionalidad en Colombia, un mecanismo, entre otros factores, para impedir el avance del sindicalismo estatal, a la vez que mecanismo para privatizar el Estado a favor de las élites políticas tradicionales, que con el control y sometimiento de los empleados tercerizados, con la amenaza de ser despedidos en cualquier momento, mantienen grandes segmentos de población cautiva –votantes–. Paramilitairsmo, corrupción y pervivencia de los partidos tradicionales, beben y se favorecen de esta realidad.

 

Por realidades como esta, es que el sindicalismo estatal debe replantear sus horizontes y reconocer la capacidad que tiene, más allá de las meras condiciones laborales dominantes, proyectándose con sentimiento y visión de país. Lo que lo obliga a reflexionar sobre la real transformación del mundo laboral propiciado por el neoliberalismo, pues si bien el sindicalismo creció en términos absolutos durante los últimos 5 años, no lo hace en términos relativos al aumento demográfico y el mercado de trabajo en Colombia: mientras el total de trabajadores ocupados aumentó en 57 por ciento entre 1994-2016, la tasa de sindicalización disminuyó en 2,3 puntos porcentuales.

 

En realidad el sindicalismo ha vivido un retroceso en muchos sentidos, producto de un modelo que cierra escenarios para la concreción de espacios para el diálogo y la construcción de un sociedad incluyente. Retroceso que se presenta no solo por efectos de la violencia, la intimidación y hechos similares, sino también por la transformación del régimen de acumulación, con el cual nuevos dispositivos han sido instalados para orientar a los trabajadores en otras direcciones, miremos:

 

El sindicalismo y el trabajador actual

 

El conocimiento es poder y, por supuesto, el capitalismo ha utilizado el saber que acumula para generar cambios en pro de incrementar su propio poder. La etapa (nueva) que vive el capitalismo, dada su capacidad de evolución, se caracteriza en gran medida por la globalización informacional y la producción de un extraordinario cúmulo de nuevos conocimientos expertos –4ta revolución industrial, potenciados para la reorganización de la producción “posfordismo”–. Conocimiento, que en términos específicos, le ha servido para ahondar sobre las características del trabajo, sobre los propios trabajadores y sobre los mecanismos de incentivación del consumo.

 

Es así como han consolidado saberes cada vez más sofisticados sobre la organización del trabajo en la producción de bienes y en la prestación de servicios, así como en los puestos que implica en cada sector, a través de procedimientos sobre los canales de comunicación en la empresa y en las entidades públicas, los procesos de evaluación y de auto-evaluación de los trabajadores, sus interrelaciones, y las que mantienen con la empresa, las técnicas de motivación y de responsabilidad, las técnicas de marketing, de publicidad y de venta, etcétera.

 

Conocimientos que tienen que ver con lo que Foucault (1988)5 llamaba la constitución de nuevas prácticas de subjetivación, es decir, con procedimientos para conformar la manera en la que uno se percibe a sí mismo, formula sus expectativas vitales, se relaciona con sus deseos y concibe sus relaciones con los demás; en definitiva, procedimientos para formar sujetos y para moldear, a la vez que para satisfacer sus aspiraciones y sus deseos, tanto en su condición de consumidor como en la de trabajador.

 

Son, en parte, esas nuevas prácticas de ver y entender el mundo las que han permitido en y con el neoliberalismo que las tecnologías del mercado colonicen zonas que no obedecían estrictamente a su lógica, tales como la sanidad, el ocio, la educación, los cuidados, la misma administración de lo público, etcétera, transformando todo lo existente en posible objeto de consumo.

 

Un cambio obligado, además, por una crisis de acumulación que lleva al capital a buscar dividendos allí donde los humanos entablan cualquier intercambio. Para ello, en este liberalismo avanzado, la forma de administrar las poblaciones, la manera de ejercer el poder político y el modo de concretar la gestión capitalista de la economía y del trabajo, cuenta con trabajadores altamente cualificados, a los que inculcan valores cada vez más individualistas, en detrimento de su organización colectiva. Además, por este conducto, pretende el modelo dominante, utilizar y rentabilizar la capacidad de iniciativa y de autorregulación que tienen los trabajadores, para gobernarlos –vaya paradoja– recurriendo a la libertad de la que disponen, la cual reivindica siempre y cuando la ejerzan “responsablemente”.

 

Para que esto sea posible las prácticas de subjetivación deben construir personalidades cuya autonomía sea moldeada y normalizada desde su educación profesional por saberes expertos. Son estos mismos saberes los que se utilizan para exigir permanentemente al trabajador que haga uso de su libertad de elección únicamente en los límites del mercado, entre los productos y las alternativas que le son ofrecidos, y para que los trabajadores pongan su capacidad de decisión al servicio de los intereses de las empresas. Esta promoción e instrumentalización de la libertad, como principio de gobierno, no es incompatible con las nuevas líneas de futuro que se están configurando hoy mismo y que se basan en el acento puesto sobre la inseguridad generalizada, sobre los múltiples riesgos que acechan producto de la desigualdad y la violencia, del principio de precaución, sobre la incertidumbre laboral, sobre la precarización de la existencia y sobre el imperio del egoísmo.

 

Si contemplamos en su conjunto el periodo que va desde principios del siglo XX hasta principios del siglo XXI vemos como los conocimientos expertos producidos durante ese periodo han hecho posible una completa inversión de la forma en que el capitalismo se representaba al trabajador «ideal». Se ha combinado, en efecto, una concepción del trabajador ideal como simple fuente de fuerza de trabajo tanto más útil cuanto más obediente, con una de sujeto dotado de libertad y cuya autonomía, sabiamente orientada, produce sustanciales beneficios.

 

Sin embargo, frente a los enormes cambios experimentados por el capitalismo, sus modos de administración de las poblaciones, y los dispositivos de dominación, podemos constatar lo poco que el sindicalismo se ha transformado, lo que nos permite afirmar que tenemos un sindicalismo formado para otra época, un sindicalismo que no comprende las transformaciones del capital y sus implicaciones para todos los espacios, entre ellos, claro está, el Estado y sus diversos trabajadores.

 

Es esta realidad, entre otras, la que le da sentido a la convocatoria al Congreso nacional programático del sindicalismo estatal (Bogotá, 20, 21 y 22 de junio), un espacio para retomar discusiones, intercambio de ideas, proyectos de investigación, para construir planes de acción que le permitan a los trabajadores del sector estatal comprender las novísimas formas que asume el capital (y su patrón, el Estado) en todos los espacios y niveles, para de esa manera poder delinear las mejores formas de acción que les facilite confrontarlo y neutralizarlo en sus pretensiones anti-trabajadores y anti-comunidad, ganando así un espacio de acompañamiento y conducción de luchas que, más allá de lo sindical, congregan al país como un todo, colocándose, como lo demanda un sindicalismo de nuevo tipo, a la cabeza de las mismas.

 

Tendríamos de esta manera, por tanto, un sindicalismo cuya radicalidad quede plasmada, más allá de las proclamas enardecidas y los llamados generales a la lucha, en replanteamientos de fondo, donde la protesta y la resistencia contra todo retroceso en las condiciones de trabajo, y frente a todos los atropellos infligidos a la dignidad del trabajador y a las comunidades, sean complementados con propuestas prácticas de gobierno y de poder alternativo, de solidaridad, de cooperativismo, nuevas formas de trabajo y nuevas de consumo, que vayan más allá de las condiciones laborales hacia un re-diseño de la vida en un sentido amplio.

 

Así pues, invitados e invitadas todos a dialogar sobre estos y otros temas al Congreso nacional programático el sindicalismo estatal por realizarse en Bogotá los días 20, 21 y 22 de junio.

 

1 Unión nacional de trabajadores del estado, los servicios públicos y la Comunidad
2 Infografía uno tomada de la revista dinero, septiembre de 2016
3 Cifras tomadas del sislab, Escuela Nacional sindical
4 http://www.portafolio.co/economia/finanzas/nominas-paralelas-empresas-desbordan-planta-141988
5 El sujeto y el poder Michel Foucault Revista Mexicana de Sociología , Vol. 50, Nº 3. (Jul-Sep., 1988), pp. 3-2

Publicado enEdición Nº246
Formalizar precarizando y aumentar rentabilidad de Fondos Privados

Según la Superintendencia Financiera, en Colombia hay 1'337.723 personas pensionadas, de las cuales el 91% (1'246.643) están en el Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones, o sea el régimen público; y el 9% (111.080 personas) en los fondos privados.

 

De los 6,4 millones de afiliados a Colpensiones solo cotizan 2,8 millones, mientras que en las Administradoras de Fondos Privados, de los 13,8 millones de afiliados, cotizan 6,2 millones [i].


Durante la instalación del X Congreso de los Fondos de Pensiones realizado recientemente en Cartagena, el presidente del consejo directivo de Asofondos, Miguel Largacha, planteó la importancia de una reforma pensional, así como medidas laborales para formalizar el empleo, dado que dos terceras partes de la fuerza laboral está en la informalidad, es decir no cotiza al sistema contributivo de la seguridad social. Asimismo, informó que los ahorros de los casi 14 millones de afiliados a los fondos privados ascienden a $199 billones, equivalente al 82% del presupuesto de la nación para este año.


Digamos que en principio es válida la propuesta de formalizar el trabajo para ir aumentando la cobertura pensional, pues hoy solo el 34% de los ocupados cotiza al sistema. El problema de la propuesta de Asofondos es que la formalización la fundamentan en el desgastado supuesto de que el empleo formal es resultado directo de la reducción de costos laborales, empezando por el desmonte de las contribuciones parafiscales.


La experiencia con las múltiples reformas laborales regresivas, como la ley 50 de 1990 y la ley 789 del 2002, entre otras, es que no solo no aumentaron el empleo formal, sino que en los años posteriores a la aprobación de la ley 50 la tasa de desempleo se duplicó.


Aparte de la baja cobertura de las cotizantes al sistema pensional, otros dos argumentos que esgrimen para sustentar la necesidad de hacer una reforma son la desigualdad y la insostenibilidad financiera del régimen público.


En relación con la desigualdad pensional, se señala que los mayores subsidios que brinda el Estado al sistema público se orientan al 8% de los pensionados, quienes reciben una mesada superior a cuatro salarios mínimos, mientras que el 70% de los pensionados ganan menos de dos.


Sobre la sostenibilidad financiera, se dice que el tamaño del déficit que debe cubrir el presupuesto nacional asciende a $38 billones, en el marco de unas finanzas públicas disminuidas por la caída del precio del petróleo, la devaluación y la débil dinámica económica. Sobre esto opino lo siguiente


1- La mejor reforma pensional es una política económica orientada a la generación de empleo con derechos, para así vincular al régimen contributivo a los desempleados y a los trabajadores que se encuentran en la informalidad y la economía del rebusque. Y, por otro lado, un ataque a la ilegalidad de los vínculos laborales de casi 4 millones de trabajadores en el sector privado y 1,5 millones de contratistas del Estado. La precarización para formalizar es una estrategia fracasada, además de las inequidades que implica
2- La desigualdad del sistema se debe acabar eliminando los regímenes exceptuados de los altos funcionarios del Estado y del Congreso. Es inaceptable que personas que cotizan por unos pocos años se beneficien de pensiones estrambóticas.
3- El hueco del sistema público que debe ser cubierto con recursos del presupuesto nacional obedece a los pocos cotizantes que tiene en relación con los pensionados que sostiene. El régimen de prima media se basa en el principio de la solidaridad intergeneracional, es decir, los trabajadores activos cotizan para pagar las mesadas de los pensionados. Para que el sistema sea viable deberían cotizar por lo menos unos 10 trabajadores por cada pensionado, y hoy en Colpensiones cotizan 2,2 trabajadores por cada pensionado.


El déficit fiscal de las finanzas públicas para este 2017 bordea los $30 billones, por lo que se necesita una reforma pensional que libre al presupuesto de la nación de asumir el déficit pensional del régimen público, y esto se logra fortaleciendo al régimen de prima media y debilitando el régimen privado de ahorro individual. Es decir, lo contrario de lo que quiere Asofondos.


La migración que en los últimos años se ha dado desde los fondos privados hacia Colpensiones ha sido superior a 600.000 personas. Esto porque los trabajadores vienen tomando conciencia del fraude que significa el Régimen de Ahorro Individual, donde la pensión es de difícil alcance y, si se logra, en el mejor de los casos sería del 30% del ingreso como asalariado, cuando en el Régimen de Prima Media es del 65%. A todos los trabajadores que les falte 10 años o más pueden aún hacer el traslado. Lo ideal sería que una reforma acabe con el fraude de los fondos privados y se rescate el sistema público.


4- Una reforma pensional como la quiere Asofondos y sus áulicos, en el sentido de aumentar la edad de retiro y del tiempo de cotización, de reducir la tasa de remplazo y debilitar el Régimen de Prima Media, y de hacer una reforma laboral para formalizar deteriorando las condiciones laborales, aumentará la rentabilidad de los fondos privados a costa de la pobreza de los trabajadores y la miseria de los ancianos actuales y futuros.


[i]Cifras de la Superintendencia Financiera con corte a agosto del 2016.

*Director de la ENS

Publicado enColombia
La directora del FMI que predica moderación salarial gana 2,2 millones en casi seis años

El organismo, al nombrar a Christine Lagarde, le exigió una conducta ética, pero la mantiene en el cargo pese a haber sido condenada en su país por “negligencia en la desviación de fondos públicos”.


El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha hecho suyo el refrán “consejos vendo que para mí no tengo”: lleva años predicando la moderación salarial, pero sus directivos no se la aplican. El caso más evidente es el de la responsable de la institución, Christine Lagarde, que se ha embolsado más de 2,2 millones de euros limpios de polvo y paja desde que llegó al cargo en julio de 2011.


La última proclama a favor de la moderación salarial, al menos por lo que se refiere a España, la ha lanzado el FMI esta misma semana. En su evaluación anual de la economía correspondiente a 2016, se deshace en elogios hacia la reforma laboral, que en su opinión ha impedido la destrucción de 900.000 empleos, pese a que introdujo mayores facilidades para el despido.


También propone profundizar en los factores de “flexibilidad” establecidos en la reforma, y específicamente en aquellos que contribuyan a la contención de los salarios. Para el FMI, punta de lanza de las políticas neoliberales desde hace tiempo, no es suficiente el 10% de poder adquisitivo que han perdido por término medio los trabajadores españoles durante la crisis.
Lo más llamativo es que ese consejo lo dé un organismo que no se caracteriza precisamente por la sobriedad con que retribuye a sus directivos. El sueldo de Lagarde supera los 350.000 euros anuales (casi cinco veces el del presidente del Gobierno español), a los que hay que añadir otros 65.000 para gastos personales derivados de su cargo y que ni siquiera necesita justificar.


Eso significa que en los cinco años y medio transcurridos desde su nombramiento, se ha embolsado más de 2,2 millones de euros. Y, además, con la particularidad de que están libres de impuestos, porque los directores gerentes del FMI no tributan ni en Estados Unidos, donde está la sede del organismo, ni en su país de origen, que en el caso de Lagarde es Francia.


Pero no sólo en el primer nivel de decisión del Fondo la retribución no es alta. Los subdirectores gerentes cobran alrededor de 300.000 euros al año y los directores ejecutivos, unos 180.000. Antes, su diferencia con el máximo responsable era menor, pero Lagarde decidió subirse el sueldo un 11% nada más tomar posesión, ampliando así la brecha con sus subordinados.


El acuerdo por el que se la nombró exigía que cumpliera con estándares de “conducta y ética” coherentes con los valores de “integridad, imparcialidad y discreción”. Sin embargo, se da la circunstancia, de que Lagarde fue condenada en diciembre por “negliencia en la desviación de fondos públicos” cuando era ministra en su país, pero el tribunal la dispensó de cumplir la pena.


No es el único director gerente que ha tenido problemas con la justicia. Su antecesor, Dominique Strauss-Kahn, dimitió en mayo de 2011 tras ser detenido bajo la acusación de agresión sexual, aunque finalmente se dio carpetazo al asunto. Rodrigo Rato, que lo precedió entre 2004 y 2007, tiene varias causas abiertas a raíz de su paso por la Presidencia de Bankia.

Por VICENTE CLAVERO
@vicente_clavero

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