EE UU registra la tasa de paro más baja en casi medio siglo

La desocupación se coloca en el 3,6% en abril tras crear ese mes 263.000 nuevos empleos

La economía de Estados Unidos avanza con solidez cuando la expansión que siguió a la Gran Recesión va a cumplir una década. Se refleja en el empleo. La tasa de paro bajó dos décimas y se colocó en abril en el 3,6%. Es la lectura más baja desde diciembre de 1969. Lo hizo tras registrar 263.000 ocupados, más de lo esperado. Se acelera respecto a los 189.000 de marzo. La Reserva Federal, por tanto, puede seguir avanzando con el proceso de normalización sin prisa.


El mercado laboral no está mostrando señales de que vaya a moderar el ritmo de creación de empleo, pese al bache de febrero, que en la lectura final queda en 56.000 ocupados. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, ya aseguró el pasado miércoles que la creación de empleo estaba siendo robusta y anticipó que la economía seguirá avanzando a un ritmo saludable el resto del año.


La tasa de crecimiento anualizada fue del 3,2% en el primer trimestre. Lo previsible, según los analistas, es que en estas condiciones la creación de empleo progrese a un ritmo ligeramente por debajo a los 200.000 contratos de media mensual. La Fed, entre tanto, se escuda en la baja inflación para dejar los tipos de interés intactos. Están desde diciembre en una banda entre el 2,25 y el 2,5%.


En el primer trimestre, se creó empleo a un ritmo próximo a los 180.000 ocupados mensuales de media. La productividad en ese periodo se aceleró un 3,6% mientras el paro se mantuvo en el 3,8%. Los sueldos crecen, a un 3,2% anual, pero no como para que cree riesgos o temores del lado de la inflación para la Fed. Powell asegura que no ve evidencias que indiquen que la economía se esté recalentando.


La Fed tampoco ve signos en la dirección opuesta que anticipen una contracción y le fuercen a rebajar los tipos, como reclama el presidente Donald Trump con insistencia. El indicador de empleo sí muestra un punto de vulnerabilidad en la industria de la manufactura. Se crearon en el mes solo 4.000 empleos, frente a generar 22.000 ocupados de media en 2018. Es un hervidero de votos para el republicano.


Debilidad en la manufactura


El índice de actividad manufacturera publicado esta semana mostró una desaceleración significativa. Powell explicó durante la rueda de prensa posterior a la última reunión que es una tendencia que se observa a escala global. “Los servicios crecen más rápido”, señaló, aunque al mismo tiempo indicó que espera una “contribución positiva del sector industrial en la expansión económica” porque sigue creciendo.


Aunque junio marcará el décimo aniversario de la salida de la recesión, el mercado laboral necesitó un año más para empezar salir de la crisis. La tanda actual, la más prolongada en los registros, comenzó en octubre de 2010. Entonces el paro rondaba el 10%. Pero buena parte de este descenso se explica porque la tasa de participación está en el 62,8%. En abril medio millón de personas abandonaron el mercado laboral.


Si se tienen en cuenta son las personas que no buscan empleo de forma activa o que se ven forzadas a trabajar a tiempo parcial, la tasa de desocupación sería del 7,3% en abril. En ese caso se habría mantenido estable y estaría a uno nivel ligeramente superior al periodo de expansión que concluyó con el estallido de la burbuja tecnológica. Eso sugiere que aún hay margen para crear más empleo.


EE UU encadena, en cualquier caso, 103 meses seguidos de creación de empleo, marcando así un nuevo récord. El ritmo robusto de contratación no es solo una evidencia más de que el miedo a una recesión se exageró, también cuestiona la retórica de Trump y sus críticas hacia la estrategia de Powell. Le acuso de frenar la economía. El propio presidente de la Fed anticipa, en cualquier caso, que el crecimiento se moderará.


La atención, por tanto, se centra en entender cuándo la Reserva Federal moverá ficha. Jerome Powell dice sentirse cómo donde está. La última encuesta interna publicada en marzo indicaba que la mayoría de los miembros eran partidarios de dejar las cosas como están y no subir tipos. Veían un nuevo incremento para comienzo de 2020. Lo que queda descartado de momento es un recorte preventivo.

Por Sandro Pozzi
Nueva York 3 MAY 2019 - 08:42 COT

Publicado enEconomía
Lunes, 17 Septiembre 2018 05:57

No tan deprisa

No tan deprisa

La forma usual en que se tratan las crisis económicas, tanto sus orígenes como sus consecuencias, debe ser revisada seriamente.

Los políticos, académicos, analistas y medios suelen tratarlas como situaciones puntuales, sobre las que centran su atención cuando ocurren y, muy pronto, las arrinconan como si el paso del tiempo las superara y los indicadores de una recuperación, aunque sea leve, fuesen suficientes para pasar a otras cosas más cómodas o rentables.

En México tenemos varios ejemplos de esto desde las crisis de los años 1980 hasta la de gran dimensión, como fue la de 2008 y de la cual se recuerda ahora el décimo aniversario. El caso es que cada una deja una marca.

Tras la caída de la actividad económica (medida como el producto interno bruto) que provoca una crisis, ésta tiende a recuperarse, incluso por efecto de rebote estadístico y se le trata como una superación. Lo mismo ocurre con los precios de los artículos de consumo, acciones y bonos, bienes raíces, tasas de interés y tipo de cambio. Se expresa también en la ocupación de la fuerza de trabajo.

Las crisis son recurrentes y manifiestan el movimiento cíclico de las variables económicas. Este hecho no debe ocultar, sin embargo, el asunto primordial de las repercusiones sociales que permanecen subsumidas en la discusión y sólo reaparecen de modo puntual cuando los indicadores oficiales se publican periódicamente.

Los individuos y las familias resienten el impacto de una crisis, tanto en el flujo de sus ingresos como en su patrimonio y la manera en la que se "recuperan" no es evidente, ni pareja y no se expresa fehacientemente en los indicadores económicos y financieros que comúnmente se utilizan.

En todo esto tiene un papel relevante la forma en la que se compone cíclicamente la deuda que contraen las familias, el acervo que se acumula y los flujos de pago que exige.

En el caso del empleo, o la ocupación como se mide en las encuestas, es necesario atender al salario, por supuesto, pero también a las condiciones de formalidad, duración y la precariedad de los trabajos disponibles. El conjunto de las oportunidades para distintos grupos de la población se recompone con las crisis y no de manera equitativa. Abarca cuestiones patrimoniales y el amplio espectro de los servicios sociales.

Una de las cuestiones que ha recibido atención, sobre todo luego de la crisis de 2008 es la expansión de la desigualdad económica. Los beneficios de la recuperación, conforme los criterios con los que se mide, indican que ésta tiende a concentrarse especialmente en los estratos de mayor ingreso, en los precios de las acciones y de las propiedades inmobiliarias y con un aumento de la deuda privada y pública.

No es casual que 10 años después se sigan debatiendo y analizando las causas y las consecuencias de la crisis de 2008; entre ambas, por cierto, no hay una relación unívoca, pero sí tendencias observables.

Fue, en efecto, un fenómeno de gran envergadura. Lo que se discute hoy sucede a la sombra de los excesos que la generaron y que han sido sometidos en muchos casos de modo más bien cosmético. La especulación extrema es predominante con todo lo que entraña.

Tal debate se da igualmente a la sombra de una nueva crisis que se vislumbra en las condiciones de los mercados: en la producción y el financiamiento, en la estructura monopólica que los caracteriza y en las políticas económicas que se imponen a escala global, como el nuevo proteccionismo.

De modo paralelo, las tendencias que se observan como derivación de la crisis apuntan a un entorno político y social muy inestable. En Europa se da con un retorno nacionalista y xenófobo. Ahí están los casos ostensibles de Hungría, Polonia e Italia y el resurgimiento de los partidos y movimientos de ultraderecha en Alemania, Austria y Suecia. Todos ellos de corte racista, antigitanos, antimusulmanes, antisemitas y antinmigrantes o cualquier otra minoría.

Esto ocurre, sí, en plena Europa, que enfrenta presiones de desintegración política, social y económica. Estas tensiones parecían haberse contenido luego de 1945 y 1989. Ocurre en Estados Unidos donde, como advirtió recientemente el ex presidente Barack Obama, la elección de Donald Trump es el síntoma, que no la causa, de la división social en aquel país. Los efectos pueden reconocerse en México con las recientes elecciones.

Las crisis son, finalmente, de naturaleza social, no pueden restringirse al ámbito de la economía, de los indicadores de los mercados y del sempiterno trato que se hace de la confianza de los inversionistas como una exigencia y a la vez una muestra de las condiciones políticas.

El caso es que el impacto complejo de una crisis, como la de 2008, tiene que ser asumido precisamente en términos políticos. Ahí está una muestra clave del déficit de una sociedad que aún pretende ser global.

 

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Las falsedades de la supuesta recuperación económica promovida por el pensamiento neoliberal dominante

Se está creando la percepción en los países del capitalismo desarrollado de que la Gran Recesión -que ha causado un deterioro muy acentuado del bienestar y calidad de vida de la mayoría de sus poblaciones- es un hecho del pasado, consecuencia del supuesto éxito de las políticas neoliberales que los gobiernos de estos países han ido aplicando durante este período. Estas políticas han consistido en reformas laborales (supuestamente encaminadas a favorecer la flexibilidad de los mercados laborales) y recortes del gasto público, incluyendo del gasto público social (en servicios públicos como la sanidad, la educación, la vivienda social, los servicios sociales, las escuelas de infancia, los servicios domiciliarios, y otros; y en transferencias públicas, como las pensiones) que se aplicaron para reducir el supuestamente excesivo déficit público que estaba “ahogando” a la economía, como consecuencia de una “excesiva generosidad de los derechos sociales” que tenía que corregirse y revertirse mediante la imposición de políticas de austeridad.

El “supuesto éxito” de las políticas públicas neoliberales


Según los establishments político-mediáticos que promueven la sabiduría convencional en cada país, estas medidas han tenido un gran éxito habiendo recuperado el rigor y la eficiencia de sus economías. Como prueba de ello, presentan indicadores que -según afirman- reflejan tal recuperación como, por ejemplo, el aumento del crecimiento económico y la disminución del paro. Esta promoción de las políticas neoliberales va acompañada, por lo general, de referencias al “supuesto gran éxito” de la economía estadounidense -máximo referente del pensamiento neoliberal-, que se atribuye a la gran flexibilidad de su mercado de trabajo y a su escaso gasto público (el más bajo, una vez descontado su gasto militar), muy acentuado en el caso del gasto público social (responsable de que EE.UU. sea el país capitalista desarrollado con menor protección social). Según explica la sabiduría convencional -de clara sensibilidad neoliberal- este país, después del colapso de su economía (de 2007 a 2009 su PIB bajó un 4%), recuperó, a partir del 2009, su tasa de crecimiento (un promedio de 2,1% anual), lo que provocó un gran descenso del paro, que de ser del 10% pasó a ser el más bajo del mundo capitalista desarrollado, con un 3,8%.


Lo que esconden los indicadores del “supuesto éxito”: el deterioro muy notable del bienestar y calidad de vida de las clases populares


Lo que tales argumentos ocultan o desconocen es que, en gran parte de los países capitalistas desarrollados, las cifras del paro tienen un valor muy relativo para medir el grado de eficiencia del mercado laboral, pues excluyen a grandes sectores de la población que sufren las consecuencias del gran deterioro del mercado laboral (causado por tales políticas neoliberales), y que no quedan reflejados en la tasa de paro. Este indicador de paro no incluye, por ejemplo, la población que trabaja en situación parcial y temporal que querrían hacerlo a tiempo completo (la población empleada subocupada), un problema grave creado por las reformas laborales. Este sector ha sufrido un notable aumento, alcanzando su máxima expresión en el trabajo precario, muy generalizado hoy en la gran mayoría de países capitalistas desarrollados. En España se habla mucho (con razón) del elevadísimo paro, pero no se habla tanto del elevadísimo nivel de precariedad entre la población empleada. Los contratos más frecuentes en España son los que duran 15 días y una cuarta parte del total tiene una duración de 7 días, siendo este el tipo de contrato que ha aumentado más desde el inicio de la crisis en 2007. Desde que se inició la crisis, casi el 60% del empleo creado ha sido -precisamente- de carácter temporal y parcial.


Otro sector de la población que no se incluye en la tasa final del paro es la gente que ha abandonado la búsqueda de puestos de trabajo por no encontrarlo. En EE. UU., en caso de incluirse este sector de la población, la tasa de paro ascendería a un 7,6%. En realidad, si se sumaran los desempleados, los empleados subocupados y los que se han desanimado en su búsqueda de puestos de trabajo, la cifra de paro ascendería a un 10,9% (17,6 millones de personas). Esta trágica (y no hay otra manera realista de definirla) situación, muestra las limitaciones de utilizar la tasa de paro como el indicador principal de eficiencia del mercado de trabajo. El “éxito” en la reducción de la tasa de paro, se ha conseguido a costa de un enorme crecimiento del paro oculto, de la precariedad y del desánimo en el que se encuentran grandes sectores de las clases trabajadores en estos países, que representan la mayoría de las clases populares.


En el país modelo neoliberal, EE.UU., a estos datos debe sumarse otro factor raramente mencionado cuando se analiza el tema del paro: el elevadísimo porcentaje de la población que está encarcelada. Los presos de aquel país son 2,2 millones de personas, tres veces superior al promedio de los países de semejante nivel de desarrollo económico. Sin lugar a dudas, si el porcentaje de la población encarcelada fuera semejante a la existente en la mayoría de países de la UE, el número de personas sin trabajo y que lo están buscando (así como las tasas del paro oficial) sería incluso mucho mayor que el enunciado en las cifras oficiales de paro. En realidad, la elevada encarcelación es una de las causas de que el paro aparente ser tan bajo en EE.UU.


Los elevados costes de las reformas laborales y otras medidas neoliberales


En España, la aplicación de las políticas neoliberales creó un enorme deterioro del mercado laboral español. Todavía hoy, cuando se asume que la economía se ha recuperado, solo la mitad de los puestos de trabajo perdidos (3,8 millones) durante el inicio de la crisis (2008-2013) se han recuperado. Pero como en el caso de EE.UU., si sumamos a las personas que están en paro (17%) las personas que están subocupadas (personas que trabajan a tiempo parcial involuntario) y las que han abandonado la búsqueda de trabajo, desanimados en encontrarlo, la cifra de paro real aumentaría a un 28%, es decir, casi el doble.


Repito pues, una observación que, a pesar de su gran importancia, apenas es visible en los fórums mediáticos y políticos del país: el descenso del paro oculta el gran crecimiento del paro oculto, de la precariedad y del desánimo. Esta es la realidad que se desconoce e ignora, y que ha causado grandes protestas populares en todos los países, canalizadas por los movimientos antiestablishment.


¿Por qué los salarios no suben -e incluso continúan bajando- cuando el desempleo supuestamente se está reduciendo?


Estas cifras reales de personas desocupadas -que no quedan reflejadas en los indicadores de paro- explican que haya una enorme reserva de personas en necesidad de trabajo. Es más, a las personas que constituyen esta gran reserva de gente buscando trabajo hay que añadir los millones de trabajadores que existen en reserva en países menos desarrollados, cuyos trabajadores aceptan salarios mucho más bajos y las condiciones de trabajo mucho peores que en los países capitalistas desarrollados. De ahí que la desregulación del mercado de trabajo (una de las mayores medidas neoliberales) haya ido acompañada de otra gran medida neoliberal: la desregulación de la movilidad de capitales (con la globalización de las llamadas multinacionales) que está empoderando al mundo empresarial frente al mundo del trabajo. La amenaza del desplazamiento de empresas a países con salarios bajos es una de las medidas disciplinarias más comunes hoy en los países capitalistas desarrollados, en contra de los trabajadores.


Como parte de esta desregulación del movimiento de capitales se ha promovido la otra cara de la moneda, es decir, la promoción de la movilidad de los trabajadores, favoreciendo la inmigración como medida para garantizar la disponibilidad de trabajadores que, por la vulnerabilidad asociada a la condición de inmigrantes aceptan salarios más bajos y peores condiciones de trabajo.


Estos datos explican que, a pesar del descenso del nivel de paro oficial, los salarios no suban. Si tal cifra de paro fuera real, la clase trabajadora estaría más empoderada en su negociación con el mundo empresarial, a fin de obtener salarios más altos. El hecho de que ello no ocurra se debe al enorme debilitamiento de la case trabajadora y del mundo del trabajo, incluyendo sus sindicatos, que se traduce en la enorme disponibilidad de trabajadores potenciales, estén estos dentro o fuera del país.


La gran debilidad del mundo del trabajo: el objetivo de las políticas neoliberales


Hemos visto así que uno de los principios del pensamiento económico dominante -el subrayar que el descenso del paro crea un aumento de los salarios– no se ha realizado: los salarios no han estado subiendo durante la recuperación. Antes al contrario, han estado descendiendo. De nuevo, mirando el modelo estadounidense vemos que el trabajador (no supervisor) de EE.UU. recibe hoy un salario que es un 4% más bajo que en el año 1972 -hace 46 años- y ello a pesar de que la productividad de este tipo de trabajador se ha más que doblado durante este período. La riqueza creada por este aumento de la productividad no ha beneficiado, sin embargo, al trabajador, sino a todos los demás que están por encima de él, desde sus supervisores, empresarios y equipos de dirección, así como a los financieros que manipulan el crédito y especulan con los beneficios empresariales conseguidos por el descenso de los salarios.


Esta situación se ha dado también en las economías europeas, incluida la española. En la gran mayoría de países europeos, el crecimiento de la productividad ha sido mayor que el crecimiento de los salarios, realidad que ha estado ocurriendo desde el inicio de período neoliberal, a finales de la década de los años setenta del pasado siglo, hasta ahora. En otras palabras, esta situación ha contribuido a que el PIB de tales países haya subido más rápidamente que los salarios (que en muchos países, como EE.UU., han incluso bajado) (ver: P. Dolack, Flat Wages ZCommunications, 2018).


Lo mismo o peor está ocurriendo en España


En España los salarios han bajado también. Ha sido un descenso del 10% durante el período de aplicación máximo de las políticas neoliberales (2008-2014) (afectando primordialmente a las mujeres y a los jóvenes), permaneciendo estables (o bajando en el sector privado), perdiendo así capacidad adquisitiva al crecer en menor grado que la inflación. En realidad, los salarios para los mismos puestos de trabajo, desde 2008 a 2015 descendieron un 12%. Ello ha estado ocurriendo a la vez que la productividad del trabajador (productividad real por hora trabajada) ha ido aumentando mucho más rápidamente que los salarios. El excedente se ha destinado a incrementar los beneficios empresariales, a las rentas superiores, aumentando con ello las desigualdades, siendo estas últimas de las más acentuadas en la Unión Europea.


Como resultado de ello, las rentas del trabajo han ido descendiendo en todos los países a la vez que las rentas del capital han ido subiendo. En España, este cambio en la distribución de las rentas ha sido uno de los más marcados. Como bien dijo en su día el magnate empresarial Warren Buffet, hay “una lucha de clases y la hemos estado ganando”. Y esta victoria se extiende a todos los niveles, de tal manera que la ideología del gran mundo empresarial -el neoliberalismo- continúa siendo hegemónica en las instituciones políticas y mediáticas, a pesar del enorme fracaso de lo que han significado en el quehacer económico del país. Ahora bien, la expresión “desastre” es relativa, pues para el mundo del capital y de sus gestores, la economía ha ido muy bien. Y lo que deseaban, es decir, la disminución de los salarios, de las expectativas de los trabajadores y el descenso (y, en ocasiones, el desmantelamiento) de la protección social, ha sido su gran “éxito”.


¿Cómo se ha conseguido la victoria neoliberal?


Lo que hemos visto es cómo la aplicación de las políticas públicas neoliberales ha debilitado los instrumentos creados por el mundo del trabajo para defender sus intereses, como los sindicatos. Las reformas laborales, por ejemplo, estaban encaminadas a “flexibilizar” el mundo del trabajo. El término flexibilizar quiere decir eliminar los derechos laborales y sociales conseguidos por los trabajadores durante la época dorada del capitalismo (1945-1980), donde un pacto social se había conseguido entre el mundo del capital y el mundo del trabajo. De ahí que la solución exigiría un cambio político, observación especialmente importante, pues las causas políticas del deterioro del mercado de trabajo se ignoran constantemente, atribuyendo tal deterioro a la automatización, a la robotización o a cualquier otro elemento, sin tener en cuenta que, a su vez, tales variantes técnicas son determinadas por el contexto político.


Parte de este debilitamiento del mundo del trabajo han sido los cambios en los partidos políticos que habían sido creados por este y que se han ido distanciando de su base electoral, haciendo suyas muchas de las medidas neoliberales que han contribuido a tal distanciamiento. El creciente control de estos partidos políticos (la mayoría de tradición socialdemócrata) por la clase media ilustrada (profesionales de formación universitaria que desarrollan intereses de clase propios, distintos a los que había sido su base electoral) explica su renuncia a políticas redistributivas y su conversión al neoliberalismo, tal y como ha ocurrido con los gobiernos Clinton, Obama, Blair, Schröder, Hollande, Zapatero, entre otros. El colapso de la socialdemocracia y otras izquierdas es un indicador de ello.


Es lógico y predecible que los movimientos antiestablishment de base obrera hayan ido apareciendo como respuesta


Esta situación explica el surgimiento de los movimientos antiestablishment, que protestan por la pérdida de la calidad de vida de las clases populares, causada por las reformas laborales, por las políticas de austeridad y por la globalización. El abandono por parte de las fuerzas gobernantes de izquierdas de las políticas redistributivas que las caracterizaron en el pasado (aduciendo que eran “anticuadas” o “imposibles de realizar”), y su compromiso con el neoliberalismo, fue el responsable del surgimiento de tales movimientos. El establishment político-mediático neoliberal atribuye tales movimientos a un crecimiento del nacionalismo, racismo, chovinismo, o cualquier ismo que esté de moda en estos centros.


Y cada una de las características de estos movimientos es respuesta directa al ataque neoliberal. El nacionalismo, por ejemplo, es una protesta frente a la globalización. Su antiinmigración es un indicador de rechazo a la globalización del mundo del trabajo, en respuesta a su ansiedad y temor a la pérdida su empleo o a la dificultad en encontrarlo. Y su antiestablishment es consecuencia de verlo como responsable de las políticas que les perjudicaron. EnEE.UU., por ejemplo, no hay evidencia de que el racismo se haya incrementado. En realidad, los votantes que hicieron posible la elección de Trump en el Colegio Electoral de EE.UU. procedían de barrios obreros en áreas desindustrializadas que habían votado a un negro, el candidato Obama, para la presidencia en las elecciones anteriores. Y en 2016, Trump ganó por que Clinton representaba al establishment, al ser Ministra de Asuntos Exteriores y máxima promotora de la globalización, responsable de las políticas públicas que habían estado dañando a la clase trabajadora.


La demonización de las protestas populares antiestablishment


Es característico del establishment político-mediático definir como “retrógrados” y “basura social” -como hizo la Sra. Clinton- estas protestas de los que se han opuesto a las medidas neoliberales que han dañado enormemente la calidad de vida de las clases populares. En realidad, era fácilmente predecible que Trump ganaría las elecciones (y así lo anunciamos algunos pocos cuando se iniciaron las primarias del Partido Republicano y más tarde cuando se eligió el Presidente). Las clases trabajadoras, dañadas por tales políticas, están mostrando su rechazo a los establishments político-mediáticos. La única alternativa que hubiera podido ganar a Trump era el candidato socialista Bernie Sanders, que pedía una revolución democrática, y así lo mostraban las encuestas. La destrucción de la candidatura Sanders por parte del partido demócrata, controlado por la candidata Clinton, fue un elemento clave en la victoria de Trump. Ni que decir tiene que las clases trabajadoras no son el único sector que presenta tal rechazo, aunque si que son las más movilizadas por ser también las más perjudicadas. Y lo mismo ha ocurrido en casi cada país europeo. Des del Brexit en el Reino Unido, al surgimiento de la ultraderecha a lo largo del territorio europeo son síntomas de ello. El abandono del proyecto auténticamente transformador por parte de los partidos de izquierda explica la canalización del enfado popular por parte de partidos radicales de ultraderecha.


En España, la aplicación de las políticas neoliberales de los gobiernos Zapatero primero y Rajoy después, afectaron muy negativamente al bienestar de las clases populares, que generó el movimiento de protesta y rechazo llamado 15-M, un soplo de aire fresco en el clima neoliberal promovido por los establishments político-mediáticos del país, y que cristalizó más tarde en Podemos. Este partido en poco tiempo se convirtió en una de las mayores fuerzas políticas del país, con un enorme impacto canalizando el enorme enfado y rechazo hacia las políticas neoliberales. Ello previno la movilización de la ultraderecha como instrumento de protesta, debido en gran parte a que esta estaba ya en el partido gobernante -el Partido Popular-, mayor impulsor del neoliberalismo (junto con Ciudadanos). De ahí que, el compromiso de tal partido con el neoliberalismo sea uno de los mayores obstáculos para que capitalice el enfado de las clases populares, por muy nacionalista y antiinmigración que se presente, como intenta su nuevo dirigente, Pablo Casado. Un tanto parecido ocurrirá con Ciudadanos, que está hoy utilizando su nacionalismo para ocultar su neoliberalismo.


La única salida a esta situación es que exista una amplia alianza de movimientos sociales y fuerzas políticas que rechacen el neoliberalismo, la globalización y la desregulación de los mercados laborales, así como de la movilidad de capitales y trabajadores a nivel internacional, que ha estado creando un enorme dolor a las clases populares. A no ser que exista este rechazo a las políticas neoliberales actuales, no veo posibilidades de cambio. Así de claro.

AGOSTO 16, 2018
Vicenç Navarro
Catedrático Emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat Pomepu Fabra

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Hiperinflación en Venezuela: "Somos millonarios pero somos pobres"

La crisis que empezó hace cinco años no cesa y la población ya no puede comprar comida ni medicamentos por sus precios prohibitivos

Hace dos años, los clientes en Venezuela pagaban a vendedores de fruta como José Pacheco con cajas de billetes de 100 bolívares, que era entonces el billete de mayor valor. Ahora, a causa de la hiperinflación desenfrenada, esos billetes no valen nada.


“Es una locura tener que aceptar billetes de 100, 500 o 1.000 bolívares”, dice Pacheco, un hombre enjuto de 61 años cuyo humilde puesto se ubica al final de uno de los mayores mercados de Ciudad Guayana, una ciudad en el Estado de Bolívar, en Venezuela.


Pacheco ahora sólo acepta los nuevos billetes de 100.000 bolívares, que son difíciles de encontrar debido a la elevada demanda. “Si no, me dan una caja llena de billetes que luego tengo que llevar a cambiar al banco”, explica.


La inflación en este asediado país sudamericano podría llegar al 1.000.000% en diciembre, tal y como advirtió esta semana el FMI, dando cuenta de una crisis económica comparable a la que sufrió Alemania tras la Primera Guerra Mundial o Zimbabue al principio de la década pasada.


Venezuela, que tiene las mayores reservas comprobadas de petróleo del planeta, está en medio de una crisis que ya lleva cinco años y que ha hecho que parte de la población ya no pueda pagar comida ni medicamentos y que los supermercados estén vacíos. Los índices de criminalidad baten récords, al punto de que la gente teme salir de sus casas por la noche.


Alejandro Werner, director del departamento del hemisferio occidental del FMI, dio un pronóstico desolador. “Pensamos que el Gobierno seguirá profundizando el déficit fiscal expandiendo su base monetaria”, escribió el lunes en un blog, “lo cual seguirá alimentando la inflación mientras que la demanda de dinero continúa hundiéndose".


Para los venezolanos, la vida diaria se ha transformado en una lucha por la supervivencia. “Somos millonarios, pero somos pobres”, cuenta Maigualida Oronoz, una enfermera de 43 años, que gana el salario mínimo de 5 millones de bolívares al mes (poco más de 4 euros), que le alcanza para comprar sólo un kilo de carne para alimentar a sus hijos. “Apenas si podemos comer, y si llegamos a tener alguna emergencia médica, nos moriremos porque los precios de los medicamentos se han disparado y aumentan cada día”.


Muchos culpan de la crisis al presidente Nicolás Maduro, quien a su vez alega que Venezuela es víctima de una “guerra económica” llevada adelante por Estados Unidos y Europa.


A pesar de la hiperinflación descontrolada, Maduro sigue aferrándose al poder que heredó de Hugo Chavez, el fallecido líder venezolano cuyo carisma le ayudó a afrontar tiempos aún más difíciles.
Maduro fue elegido en mayo para un segundo mandato de seis años, aunque los políticos de la oposición y muchos países afirman que los resultados de las elecciones no son legítimos.


Maduro ha asegurado que los dueños de los bancos privados se están llevando el dinero en efectivo de contrabando hacia Colombia, como parte de una elaborada conspiración para sabotear la economía y ha rechazado las peticiones para que levante los controles monetarios. Uno de los planes de Maduro para aliviar la inflación es imprimir billetes a los que les falten los últimos tres ceros, aunque los economistas dicen que eso ayudará poco.


“Esa medida es puro maquillaje y no solucionará nada”, remarca Asdrubal Oliveros, director de Ecoanalítica, una consultora económica con sede en Caracas. “Con la inflación desbocada que tenemos, en unos meses volveremos a la misma situación”.


A diferencia de lo que sucedió en Alemania en 1920, la gente no lleva el dinero en carretilla para comprar comida. En cambio, las compran se realizan por transacciones electrónicas. Sin embargo, el 40% de los venezolanos no tiene cuenta en el banco, mientras que otros se niegan a utilizar tarjetas de crédito o bitcoins para pagar por productos pequeños, así que se ha generalizado el trueque.


“La paradoja es que, por un lado, el país está sufriendo una profunda crisis de inflación y, por otro, nadie tiene dinero en efectivo”, afirma Geoff Ramsey, subdirector del departamento para Venezuela en la Oficina de Washington para América Latina, un centro de estudios con sede en la capital estadounidense. “Se ve a gente rica pagando el aparcamiento con barritas de cereal”.


Los más golpeados son los jubilados que reciben su pensión en dinero en efectivo. Saúl Aponte, un jubilado de 73 años, ahora compra media docena de huevos con veinte billetes de 100.000 bolívares. “Si a fin de año nos pagan la pensión en efectivo, tendremos que ir con una carretilla de billetes a comprar la misma cantidad de huevos,” relata fuera de un centro comercial en el centro de la ciudad.


Hartos de la desesperación económica, los venezolanos están huyendo del país en masa. Más de un millón de personas ha cruzado la frontera hacia Colombia, donde –en la ciudad fronteriza de Cúcuta– algunos emprendedores venezolanos han comenzado a tejer bolsos con billetes venezolanos que ya no valen nada y los venden por 20.000 pesos colombianos (unos 6 euros).


Mientras tanto, en Ciudad Guayana, Elisa González, una ama de casa, sobrevive con lo poco que le envía su hermana desde Perú. “No sé cuánto tiempo podremos sobrevivir así”, se lamenta González, que añade que no puede seguir pagando los estudios a sus hijas. “Con o sin trabajo, lo que se gana no alcanza para pagar los estudios de los hijos… y comer ya es casi misión imposible”.


Algunos analistas esperan que la inflación desenfrenada precipite el fin del régimen de Maduro. “La historia nos ha enseñado que generalmente los gobiernos que traen inflación no son los que luego te sacan de ella", afirma Oliveros, de Ecoanalítica.


“Lamentablemente, Venezuela tienen una gran inestabilidad económica y política que puede llevarla incluso a la ingobernabilidad, pero en ese punto podría haber una transición política”, dice Oliveros. “Por supuesto que sucedería de forma muy desorganizada, pero sería al fin y al cabo una transición”, añade.

• theguardian
26/07/2018 - 19:37h
Traducido por Lucía Balducci

Publicado enInternacional
Grecia sin derecho a huelga, ajustada, acosada

El gobierno de Tsipras tuvo que limitar derechos y crear un sistema de desalojos que incluye una subasta online de la propiedad desalojada. La protesta y la tendencia a la autogestión en una sociedad golpeada.

 ¿La “salida limpia” que el Primer ministro griego Alexis Tsipras dice estar llevando con respecto a la crisis que tuvo al país al borde de la quiebra, no es vista con tanto optimismo por la ciudadanía, todavía asfixiada y herida. Después de haber firmado en 2015 un memorándum que la población rechazó en referéndum, el líder de Syriza procuró cumplir una y cada una de las exigencias de los acreedores extranjeros, llevando el programa de austeridad de la Troika hasta sus últimas consecuencias. El pasado enero el Banco Central Europeo, el FMI y la Comisión Europea condicionaron la entrega del último tramo del rescate –18,400 millones de euros– a la aplicación de un paquete de medidas que fue la gota que colmó el vaso para sindicatos y oposición.


El documento contiene alrededor de cien reformas dirigidas a la “limpieza” de las cuentas estatales, el aumento de la recaudación fiscal y el recorte del gasto público, con el acento puesto en nuevos cortes en pensiones, la drástica eliminación de hipotecas impagas y el inicio de trámites para la privatización de compañías energéticas.
También el recorte del derecho a huelga figura entre las demandas que el gobierno de Tsipras está dispuesto a complacer, un derecho que si ya en todo el mundo es considerado intocable, en Grecia alcanza el rango de sagrado. Desde el comienzo de la crisis económica en 2009 hubo más de cincuenta paros generales y es rara la semana en la que algún servicio público o privado no pare para reclamar mejoras en las condiciones laborales. Sin embargo –o precisamente por eso– la cúpula del capitalismo mundial puso la limitación de tan intenso activismo sindical como una de sus condiciones básicas para seguir depositando fondos de emergencia en las arcas helenas.


El 14 de enero los diputados de Syriza aprobaron en solitario una nueva legislación que endurece las posibilidades de convocatoria de huelga, ya que las asambleas de las delegaciones sindicales locales deben contar ahora con una participación mínima del cincuenta por ciento de los afiliados- aquellos que tengan su cuota al día únicamente- mientras que antes bastaba con el veinte por ciento.


La Confederación General de Trabajadores Griegos (GSEE) y el sindicato de estatales ADEDY estallaron desde el anuncio de estas medidas en una ola de protestas contra “los dramáticos recortes de los derechos sociales y el programado aumento de impuestos”, y por la reivindicación de una “acción sindical libre, sin ninguna intervención estatal ni patronal en el ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores”, tal como anunciaron sus portavoces durante las primeras manifestaciones. Mientras, el Primer Ministro defiende su decisión amparándose en el nulo margen de maniobra que le dejan desde el FMI, el BCE y la Comisión Europea. “Nos enfrentamos a las exigencias de los acreedores respecto a la liberalización de los despidos, el restablecimiento del cierre patronal y el cambio del quórum para las asambleas sindicales de primer grado. Solo cedimos en lo último”, destacó Tsipras a la agencia EFE.


Según la Autoridad Helénica de Estadística (ELSTAT), la tasa de desempleo se sitúa en el punto más bajo desde 2011 con un 20,7 por ciento y el alarmante 44,4 que en 2017 todavía afectaba a los más jóvenes, bajó a un 40,8. Los números siguen siendo los más altos dentro de la Unión Europea. La recuperación económica en la que el partido de gobierno se escuda de las críticas constantes de sus antiguos compañeros de izquierda tranquiliza a los mercados e inyecta en la población cierto alivio, aunque el “progreso” radique en más trabajo precario y contratación temporal. Así lo reconoce Iorgos Petrópoulos, miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación de trabajadores públicos de Grecia (ADEDY), quien afirma que, “si bien la mejora es innegable, la situación sigue siendo muy grave, sobre todo, en los sectores de educación y salud, donde se necesita con urgencia el aumento de puestos de trabajo y de salarios”.


Otro terreno que tiembla ante las reformas requeridas por el Eurogrupo para el desembolso del último tramo de préstamos iniciados con el rescate del 2010 es el de la vivienda. Desalojar a miles de deudores de hipotecas a través de un nuevo sistema electrónico es la condición que le falta cumplir al gobierno griego si quiere ser supuestamente libre en agosto de las presiones de la Troika. Por eso los diputados de Syriza pusieron en marcha el sistema de subastas electrónicas en 2016, pero la resistencia de la ciudadanía que, organizada en torno al colectivo “Den plirono” (No pagamos), se plantó en los juzgados cada miércoles e impidió el proceso, consiguiendo que escribanos e incluso policías se negaran a hacerlo efectivo.


La justificación del gobierno para este inédito plan de desahucios se basa en los 110 mil millones de préstamos “malos” que se derivaron del descontrol durante los años de burbuja económica y que ahora perforan la confianza de los acreedores internacionales. El economista, empresario naval y ex asesor de Tsipras, Evangelos Kritikós, explica que los bancos griegos “escondieron el problema bajo la alfombra” porque intentaron, especialmente entre 1997 y 2010, aplazar las deudas el mayor tiempo posible para obtener la recapitalización extranjera que necesitaban. “Podías pagar 20 euros por mes cuando la hipoteca era de 300, no había ningún límite”, dice Kritikós. Y esta “mala praxis”, que también incluye la nula verificación de la viabilidad económica de los solicitantes antes la concesión de un crédito, es lo que ahora la Federación Nacional para la Protección de Prestatarios que el especialista preside desde 1999 quiere probar ante las cortes. A través de lo que la veintena de abogados y economistas que forman la plataforma denominan “activismo científico”, la campaña para paralizar los desahucios se basa en una rigurosa investigación de los orígenes del dinero prestado y de la gestión de la hipoteca a lo largo del tiempo por parte del banco, con el objetivo de forzar a los demandantes a replantearse el echar al demandado.


El mes pasado, por ejemplo, los activistas “científicos” evitaron un desalojo al mandar una carta documento al presidente de Alpha Bank –una de las entidades financieras recapitalizadas por el Estado y después vendida al extranjero por casi nada– donde le informaban que probarían ante las Cortes que aquel desahucio causaría grandes pérdidas a los ingresos del banco. “Si usted hace el desalojo, recibirá menos dinero que del pago del préstamo. Lo invitamos a ir al juzgado para probar que este proceso es bueno para su entidad, así como que toda la gestión de la deuda quede acuerdo a la ley”, increpa el texto que los abogados redactaron minuciosamente acompañado de documentos y que, además, enviaron a todas las autoridades, Primer ministro y presidente del Tribunal Supremo incluidos.


“Los propietarios de los grandes bancos nacionales metieron en sus bolsillos ocho mil millones de euros en un lapso de ocho años y, cuando todo colapsó, abandonaron las entidades financieras y pidieron su rescate”, advierte Kritikós. “¿Cómo no se exigieron responsabilidades al gobierno? El problema privado se transformó en público y nosotros tuvimos que pagar desde entonces, directa o indirectamente, más de 200 mil millones de euros”, denuncia el economista. “Es el mayor saqueo de la historia europea. Papandreu [ex presidente griego] tendría que haber dejado caer en bancarrota a la banca”.

 

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Sábado, 16 Septiembre 2017 06:00

Recesión a la vista

Recesión a la vista

Según Bloomberg News, analistas de las instituciones financieras más importantes ven “cada vez más evidencia” de que se avecina una recesión.

En cierto modo, tal afirmación no sorprende demasiado. La expansión actual, que empezó en junio de 2009, ya dura 99 meses, y se sitúa como la tercera recesión más larga de la historia de los EEUU. La superan únicamente las expansiones que fueron de marzo de 1991 a marzo de 2001 (120 meses) y de febrero de 1961 a diciembre de 1969 (106 meses).

 

Signos de alerta

 

Los analistas financieros citados por Bloomberg News no basan sus advertencias tan solo en la duración. Lo que les inquieta, más bien, es el comportamiento de los beneficios, específicamente su tendencia a la baja. Históricamente, las expansiones llegan a su fin porque la caída de beneficios provoca que las empresas recorten el gasto en inversión y esto, a su vez, lleva a una disminución del empleo, más tarde del consumo y, finalmente, a la recesión.

Tal y como explica el artículo de Bloomberg, “el valor añadido bruto de las empresas no-financieras descontando la inflación – como medida del valor de los bienes después de ajustar por los costes de producción – se sitúa ahora en números negativos, en términos interanuales”. Concluye así un analista de la Oxford Economics Ltd.: “La evolución del ciclo de los beneficios reales de las empresas muestra un cambio suficiente como para que pase a ser potencial fuente de preocupación en los próximos cuatro trimestres”.

El valor añadido bruto de las empresas es un indicador de los beneficios. Su caída reciente, como muestra el gráfico de arriba, significa que la rentabilidad de las empresas ha ido disminuyendo progresivamente. Cuando la curva permanecía en los números positivos (la línea roja por encima del cero), los beneficios de las empresas continuaban creciendo, aunque no tan rápido como en el año anterior. Sin embargo, ahora ha pasado a ser negativa, lo cual implica que los beneficios totales están cayendo. Y, tal y como podemos observar, cada vez que esto ha ocurrido en el pasado, se ha visto sucedido pronto por una recesión.

La razón principal por la que las recesiones ocurren después de la caída en los beneficios es que las decisiones de inversión son muy sensibles a los cambios en el beneficio. Una caída en los beneficios tiende a producir una caída mucho mayor en la inversión, lo cual conduce a la recisión. La conexión entre la inversión y la recesión queda patente en el siguiente gráfico, publicado en un post del blog del economista Michael Roberts. En él se muestra el cambio en el consumo personal y la inversión durante el año anterior a la recesión. Como podemos observar, es la disminución en la inversión lo que lidera caída y ocurre cuando el consumo todavía está creciendo.

 

El artículo de Bloomberg destaca otros estudios que llegan a la misma conclusión sobre la dirección de los beneficios y la creciente probabilidad de entrar en recesión. Por ejemplo, como se muestra debajo, “EEUU se encuentra en la fase madura del ciclo – ha recorrido ya un 80% de la trayectoria desde su comienzo – basado en el patrón que siguieron los beneficios desde los años cincuenta, de acuerdo a Societe Generale SA”.

 

Como podemos ver, la caída en los márgenes de beneficios de la expansión actual reproduce la caída durante otras expansiones cuando se acercaban a su final. Parece que se le acaban los días a la expansión actual.

Otra variable que apunta en la misma dirección es la caída en las recompras de acciones de las empresas. Lo explica William Lazonick:

“La recompra de acciones han pasado a caracterizar las estrategias de 'inversión' de muchos de los negocios más grandes de EEUU. El gráfico 1 (debajo) muestra la emisión neta de acciones de las empresas norteamericanas desde 1946 hasta 2014. La emisión neta de acciones es una variable definida por la nueva emisión de acciones menos las acciones retiradas del mercado mediante actividades de recompra y de fusiones y adquisiciones. Desde mediados de los ochenta, las empresas, en conjunto, han financiado el mercado de valores y no lo contrario (como se asume convencionalmente). Durante la última década 2005-2014 la emisión neta de acciones de las empresas no financieras se ha situado, de media, en menos 399.000 millones de dólares por año.

 

 

En otras palabras, las empresas han sido actores principales del mercado de valores, comprando y retirando acciones con tal de hacer subir los precios. Por la naturaleza del proceso, los que se sitúan en el extremo superior de la distribución de ingresos han salido enriquecidos. También ha servido para estimular el gasto en consumo y, por extensión, a la expansión. Sin embargo, la promoción corporativa de los precios de las acciones parece haber llegado a su fin. Como informa un artículo de Forbes Magazine:

El gran boom de recompra de acciones puede estar en declive, socavado por la caída de los ingresos empresariales.

La recompra de acciones de empresas norteamericanas ha caído un 21% en los primeros siete meses de 2016 en comparación con el mismo periodo del año anterior, según TrimTabs Investment Research y que se produce, en parte, por cinco trimestres consecutivos de disminución de los ingresos interanuales de las acciones del índice S&P 500.

Las recompras, que retiran acciones del mercado y, por lo tanto, hacen aumentar los ingresos por acción, han jugado un papel crucial en sostener el mercado de valores desde que se produjo la crisis financiera, pues favorecen los ingresos incluso para las empresas con ingresos estáticos o en disminución.

Junto a los dividendos, las recompras generan efectivo para los accionistas; un proceso que a menudo es facilitado por el endeudamiento.

Se puede esperar, pues, una caída en los valores bursátiles, lo cual añadiría presión a la baja en la actividad económica.

 

Consecuencias Sociales

 

El ciclo de negocios es una característica inherente de las economías capitalistas y la economía de los EEUU ha experimentado muchas subidas y bajadas. Pero las expansiones y las recesiones no se compensan para dejar la economía en una trayectoria estable en el largo plazo. Desafortunadamente, los últimos ciclos han resultado en un enriquecimiento de los de arriba mientras que los trabajadores han generalmente experimentado un deterioro de las condiciones de vida y de trabajo. La tendencia en la creación de empleo es un ejemplo de ello.

La proporción de empleados respecto a la población es una de las medidas utilizadas para medir el empleo. Se calcula dividiendo el número de personas con empleo por el total de la población en edad de trabajar. El siguiente gráfico, de un informe del Chicago Political Economy Group, muestra el empleo relativo o la fortaleza de la creación relativo de cada periodo expansivo en periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial.

 

 

Como se puede ver, la expansión de noviembre de 2001 finalizó sin restaurar el empleo anterior a la recesión. La tasa de empleo estaba un 2,48% por debajo del nivel anterior al comienzo de la recesión. Esto significa que la expansión no fue suficientemente fuerte o no estuvo adecuadamente estructurada como para asegurar una creación de empleo conveniente. Y, a pesar de su duración, el nivel de la tasa de empleo respecto a la población de la actual expansión permanece un 5% por debajo del nivel anterior a su inicio. Además, esta medida del empleo no toma en cuenta que una creciente parte de los trabajos creados durante la actual expansión han sido precarios y con remuneraciones bajas.

En resumen, hay razones de peso para esperar una recesión a lo largo del próximo año. Muy probablemente, además, va a golpear duramente a una clase trabajadora cada vez más vulnerable. Dada la tendencia en la que los tiempos de bonanza pasan inadvertidos para la mayoría de la población mientras que los malos tiempos castigan más aquellos que ganan menos, se hace evidente la necesidad de una transformación radical de nuestra economía.

*Martin Hart-Landsberg es Catedrático emérito de Teoría Económica en el Lewis and Clark College, Portland, Oregon

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Grecia esquiva el impago de su deuda prometiendo aún más austeridad

El Gobierno pondrá en marcha más recortes en las pensiones y una subida de impuestos para contentar a Europa
Los sindicatos anuncian una primavera plagada de huelgas, mientras el Gobierno confía en que el camino que marca el FMI les permitirá volver a los mercados

 

El largo camino griego para superar su peor crisis financiera de la era moderna vivió otro hito histórico este martes cuando el país concluyó una revisión crucial y complicada que permitirá evitar el impago en julio.


A costa de una austeridad todavía más dolorosa –con más recortes en las pensiones y subidas de impuestos– los acreedores internacionales acordaron desembolsar 7.500 millones de euros en forma de préstamos de emergencia para permitir que Atenas cumpla el vencimiento de los pagos de la deuda. Y algo más importante todavía, los acreedores aceptaron iniciar conversaciones para conseguir que el total de la deuda griega sea más manejable. Se trata de algo vital para que el país consiga tener acceso a los mercados de capitales de los que ha estado casi completamente excluido desde 2009.


El logro, después de un maratón de 12 horas de conversaciones, fue anunciado por el ministro griego de Finanzas, Euclid Tsakalotos, ya de madrugada. "Hay fumata blanca... la negociación ha terminado con un acuerdo en todos los asuntos. Ahora toca que el gobierno griego cumpla lo acordado a través de leyes y decisiones".


El acuerdo pone fin a más de seis meses de intensas disputas sobre las reformas fiscales y estructurales que Atenas debe implementar a cambio de los préstamos de su tercer programa de rescate de 86.000 millones de euros.


Aunque el borrador del programa se realizó en 2015, en un momento en el que Grecia estuvo cerca de quedar fuera de la Eurozona y volver al dracma, las condiciones del rescate permanecieron abiertas a negociación. Los puntos de discordia en los que se centraba el debate más reciente han sido las reformas laborales y las pensiones –dos asuntos en los que Tsakalotos, un profesor de economía marxista formado en Reino Unido, se había mostrado especialmente firme.


Con este acuerdo, el Gobierno liderado por la izquierda se compromete a seguir recortando las pensiones un 18% a partir de 2019. Las pensiones se han recortado ya 12 veces desde el comienzo de la crisis: un 40% en los últimos seis años.
Con familias sin trabajo y cada vez más empobrecidas, dependiendo directamente de las pensiones, la noticia de más recortes cayó como un jarro de agua fría sobre los líderes sindicales, que inmediatamente anunciaron huelgas.


La coalición de dos partidos liderada por el primer ministro, Alexis Tsipras, también acordó ampliar los umbrales libres de impuestos a través de exenciones fiscales a partir de 2020. Se espera que ambas medias produzcan ahorros por valor de 3.600 millones de euros o un 2% del PIB del país.


"Va ser una primavera calurosa", aseguró Odysseus Trivalas, presidente en funciones del sindicato de trabajadores del sector público. "Todavía tenemos que ver los detalles de este acuerdo pero lo que sí sabemos es que significará más recortes. Habrá muchas huelgas y un parón total de 24 horas cuando la medida se lleve al Parlamento para ser votada".
El principal líder de la oposición, Kyriakos Mitsotakis, dijo que con una mejor negociación se podrían haber evitado recortes tan dolorosos en lo que equivale a un "cuarto memorándum" o acuerdo de rescate financiero.


El acuerdo, que también incluye la liberalización del mercado energético a los competidores y la liberalización del comercio los domingos, probablemente se cerrará en el próximo encuentro de los ministros de finanzas de la eurozona el 22 de mayo. Se espera que lo acordado se transforme en leyes y medidas concretas antes del 17 de mayo, de modo que Syriza pedirá por anticipado el apoyo completo de todos los parlamentarios.


El Gobierno sigue con paso firme


"El Gobierno cree que su camino, a pesar de las dificultades, les llevará a que el país consiga librarse de los rescates", comentó el ministro de Interior Panos Skourletis en el canal estatal ERT TV. "Lo importante después de cerrar la revisión del rescate es tener una hoja de ruta para aliviar la carga de la deuda".


El FMI, que ha asegurado abiertamente que la carga de la deuda griega es insostenible y que no quiso sumarse al último programa de rescate, ha insinuado que podría suscribirlo en breve. La participación del FMI se ve como algo vital para Berlín, el mayor proveedor de fondos de rescate para Grecia. Angela Merkel se enfrenta a unas elecciones en el mes de septiembre y a un electorado cansado del drama griego.


En un comunicado conjunto con los prestamistas europeos de Grecia, el FMI asegura: "Las autoridades griegas han confirmado su intención de poner en marcha sin demora el paquete de medidas políticas. Este acuerdo preliminar se complementará ahora con más negociaciones en las próximas semanas sobre una estrategia creíble que asegure una deuda griega sostenible".


Al parecer, el alivio de la deuda consistirá en prórrogas y rebajas de intereses más que de una quita extraordinaria. La deuda griega –un 180% del PIB del país– no es solo sorprendente sino que es la mayor, y por mucho, de los 27 miembros de la UE. La economía del país se ha reducido un 27% desde el comienzo de la crisis, un porcentaje incluso peor que la contracción que experimentó EEUU durante la Gran Depresión.


En el Gobierno aseguran que, una vez que el alivio de la deuda entre en vigor, el objetivo es que Grecia vuelva a los mercados internacionales. El Banco Central Europeo ha señalado que incluirá al país dentro de su programa de compra de bonos si su deuda se hace más manejable.


Hacia esa meta señalaba el portavoz del gobierno, Dimitris Tzanakopoulos, en la rueda de prensa tras el acuerdo: "El Gobierno griego aspira a aprovechar los mercados tan pronto como sea posible y a conseguir un acuerdo global sobre las medidas a medio plazo para la deuda".

 

Helena Smith - Atenas

• theguardian
03/05/2017 - 20:20h


Traducido por Cristina Armunia Berges

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Domingo, 09 Abril 2017 06:35

El patio de Julieta Venegas

El patio de Julieta Venegas

El pasado viernes el ministro brasileño de Hacienda, Henrique Meirelles, anunció, con su habitual aire circunspecto, que se revisó el déficit fiscal proyectado para 2018: en lugar de los 79 mil millones de reales (unos 25 mil 450 millones de dólares), ahora se prevé 129 mil millones de reales (algo así como 41 mil 600 millones de dólares).


Eso significa que entre lo que el gobierno recaude y sus gastos –antes de pagar los intereses de la deuda pública– habrá un agujero sideral, de casi 42 mil millones de dólares. Con los intereses, mejor ni pensar. Como es usual que proyecciones oficiales sean dramáticamente contrariadas por la realidad, la noticia es pésima: ya se espera una nueva revisión, para peor, claro.


Números son siempre aburridos. Y los de ahora pueden ser traducidos así: la tan mencionada “retomada de la economía” está más distante de Brasil de lo que estoy yo del patio de la casa de Julieta Venegas.


Economistas explican que la razón del crecimiento del déficit fiscal está, por supuesto, en la abrupta caída de la recaudación. Y que esa caída se debe a la recesión. Y que la recesión es el resultado no solo de los errores cometidos por la entonces presidenta Dilma Rousseff, pero –principalmente– por los desastres que desembocaron en el golpe institucional que liquidó a su gobierno e impuso un presidente frágil, altamente impopular, que se hizo cercar por una especie de sindicato de bandoleros mientras decía que su misión central sería unir a los brasileños y salvar la nación.


Pasados casi doce meses desde el alejamiento de la presidenta electa, ¿qué hizo Michel Temer? Aumentó considerablemente los sueldos de sectores del funcionalismo público, anunció reformas dictadas por los dueños del capital, y nada más. Todo el resto quedó reducido al eterno canje que consiste en atender a los intereses parroquiales de sus excelencias, diputados y senadores, con substancial reparto de cargos, puestos y presupuestos, a cambio de votos para aprobar medidas que, entre otras cosas, destrozarían décadas de conquistas sociales, laborales, educacionales, y por esa senda vamos todos al despeñadero .La verdad es que, a estas alturas del desastre, la impopularidad y el rechazo a Michel Temer no se limita a la izquierda, a los movimientos sociales y a los millones de brasileños que serán duramente alcanzados por sus drásticas y perversas “reformas”. También entre los patrocinadores del golpe, especialmente entre empresarios y dueños del capital, es evidente que la frustración crece día tras día.


El pilar central de sus “reformas”, el sistema de seguridad social padece ataques de las más variadas direcciones. Los tecnócratas del equipo económico fueron de tan radicales en el corte de beneficios que la votación, en el Congreso, de una enmienda a la Constitución se convirtió en algo absolutamente inviable. Temer, desmintiendo su imagen de hábil negociador, tuvo que ceder en puntos considerados, por el empresariado, como esenciales.


La razón de semejante resistencia de diputados y senadores se debe, mucho más que a una cuestión de conciencia social, a algo bastante concreto: en 2018 habrá elecciones generales. Y defender la guillotina de derechos sería el suicidio político de quien votase de manera favorable a lo que el empresariado y el gran capital tratan de imponer al presidente inventado por ellos.


Al no corresponder a las expectativas del poder económico, Temer pasa a ser cada vez más desnecesario. El problema es la falta absoluta de alternativa política y económica. Para eliminar el impacto del supuesto déficit del sistema de jubilaciones sobre las finanzas públicas, se podría, desde luego, recurrir a otras fuentes de recursos, como el combate a evasión fiscal, la eliminación de beneficios que solo benefician a los especuladores, el fin de exenciones injustificadas. Pero eso, claro, sería atentar contra los intereses de quienes siguen siendo los principales mantenedores del gobierno.


La alternativa política sería deshacerse del presidente ilegítimo y convocar elecciones. Se trata, por supuesto, de algo inviable por la sencilla razón de que, pese a todo el bombardeo sin treguas que sufre de una justicia altamente politizada y arbitraria, y de los medios hegemónicos de comunicación, el franco favorito sigue siendo Lula da Silva.


Frente a semejante cuadro la economía sigue deteriorándose, la política es contaminada de manera incesante por el fango de la corrupción, el desempleo ya alcanza a casi 14 millones de brasileños –más que la población de Bolivia, casi la de Guatemala, más que las de Uruguay y Paraguay sumadas– sin dar muestras de retroceder, y no hay salida a la vista.
El creciente malestar ya se hace notar en multitudinarias manifestaciones callejeras. Para el viernes 28 de abril está previsto que se convoque a una huelga general. Sus dimensiones son, por ahora, una incógnita. Pero si se logra algo así como un 30 por ciento de lo que ocurrió en Argentina contra la política económica de Macri ya sería un éxito...
Y mientras, lo peor de todo es que no hay manera de lograr que Julieta Venegas me invite a su patio.

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Miércoles, 08 Marzo 2017 09:01

Un golpe a la economía de Brasil

El discurso del gobierno de Temer sobre la “herencia maldita” no se sostiene. El discurso del gobierno de Temer sobre la “herencia maldita” no se sostiene

 

El año pasado el PIB brasileño sufrió un bajón del 3,6 por ciento. El ministro de Hacienda de Temer, Henrique Meirelles, dijo que “lo de 2016 es como mirar por el retrovisor”. Pero los analistas se muestran escépticos.

 

Desde Río de Janeiro

 

Ahora, ya no se trata de un argumento utilizado tanto por los defensores del gobierno de Michel Temer, surgido gracias a un golpe institucional que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff, como de sus críticos: datos oficiales divulgados ayer confirman que entre 2015 y 2016 Brasil vivió la peor recesión de su historia.

Al confirmarse que el año pasado el PIB brasileño sufrió un bajón del 3,6%, y que por primera vez desde 1996 todos los sectores de la economía, sin excepción, retrocedieron, las frases optimistas emanadas del equipo económico en los últimos días perdieron fuerza y espacio. Es verdad que ayer el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, trató de inyectar algún ánimo en los mercados, diciendo que “lo de 2016 es como mirar por el retrovisor” y que ya a fines del primer trimestre, “con toda seguridad”, la recuperación económica será visible y palpable.

Analistas independientes y consultores del mercado financiero se mostraron bastante escépticos frente a esa posibilidad. “A menos que Meirelles disponga de información ultra-híper-secreta que no puede revelar, no existe razón alguna para esperar por ese resultado”, dijo uno de ellos a la emisora de radio CBN, de las organizaciones Globo, defensora a ultranza del golpe del año pasado.

Por más que el resultado fuese esperado, la confirmación oficial tuvo el efecto de una ducha de agua fría sobre todos los segmentos económicos. Analistas del mercado dicen que la recuperación de la economía será mucho más difícil de alcanzar de lo que preveían sus propias proyecciones, para no mencionar las del gobierno, que además vive una turbulencia de proporciones igualmente formidables.

En 2015, la retracción del PIB ya había sido muy elevada, 3,8%. Al confirmarse que por ocho trimestres consecutivos la economía encogió, la única comparación posible se da con la recesión observada en 1930 y 1931, como reflejo de la crisis norteamericana de 1929. En aquellos años considerados “negros”, sin embargo, el retroceso del PIB fue de, respectivamente, 2,1 y 3,3%, muy inferior al de ahora.

Otro dato que hace con que el optimismo del gobierno de Temer carece totalmente de base: en el tercer trimestre de 2016, la caída del PIB había sido de 0,7%. Fue cuando el hablante Henrique Meirelles aseguró que el cuarto y último trimestre ya mostraría recuperación. Bien: en lugar de recuperación, lo que hubo ha sido un retroceso aún mayor, de 0,9%.

Un aspecto que impactó a los analistas fue que en dos segmentos de la economía, industria y servicios, el resultado negativo superó las peores expectativas. Las inversiones, por su vez, retrocedieron 10,2%, dejando claro que en este punto está uno de los más serios problemas del muy conturbado cuadro económico brasileño. Un dato que preocupa al gobierno, por sus efectos negativos sobre la opinión pública, es el empobrecimiento de la población. Desde 2014, último año del primer mandato de Dilma Rousseff, el PIB per cápita se desplomó 9,1%, lo que llevó el consumo familiar a disminuir 4,2% el año pasado.

El cuadro, pese a lo esperado, corroe parte esencial del discurso político del gobierno de Michel Temer. El discurso de que la destitución de la presidenta Rousseff significaría el retorno de la confianza y, como consecuencia, el retorno de las inversiones fue claramente desmentido.

Los grandes medios de comunicación, a su vez, pilares esenciales del golpe institucional, aseguraban, a lo largo de las últimas semanas, que pese a la gravedad de la situación, había indicios claros de que la economía reaccionaba. Bueno, reaccionó desplomándose de una vez.

Tampoco el discurso de la “herencia maldita” recibida por el vice elevado a titular gracias al golpe institucional tampoco se sostuvo: crece, en la opinión pública, el convencimiento de que desde el primer día de 2015, inauguración de su segundo mandato presidencial, Dilma Rousseff, pese al montón de equívocos cometidos en su política económica, fue duramente saboteada por la Cámara de Diputados presidida por el actual prisionero Eduardo Cunha.

Hasta dos medios de comunicación se encuentran con serias dificultades para justificar cómo medidas propuestas por la entonces mandataria y duramente rechazadas por los diputados ahora son vistas como llaves de la salvación nacional. Se hace muy difícil ocultar que el golpe, armado en 2015 por los dos grandes aliados vencedores –el PMDB de Michel Temer y el PSDB del senador Aécio Neves y del ex presidente Fernando Henrique Cardoso– y concluido en 2016, no trajo de regreso ni la confianza del mercado, ni las inversiones, principalmente del sector privado. Con relación al empleo, hubo una fuerte expansión, empujando a millones de familias que, con Lula, habían ascendido a la clase media, de regreso a la pobreza.

De los 38 países que divulgaron los resultados de su economía en 2016, y que juntos significan 81% del PIB mundial, Brasil ha sido el único que retrocedió. Hasta la conturbada Grecia logró crecer: 0,3%. Resultado pifio, es verdad. Pero, al fin y al cabo, positivo.

Si a ese cuadro se suma la única cosa que verdaderamente se expandió muchísimo desde el triunfo del golpe - los escándalos de corrupción - se entenderá la potencia y el alcance de la turbulencia que sacude a Brasil.

Los próximos días prometen nuevas y fuertes emociones. En cualquier momento empezarán a gotear los nombres de los denunciados por corrupción. Entre los más sonantes están los ministros cercanos al presidente, políticos de todos los partidos aliados y, por si fuera poco, Michel Temer.

 

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La incertidumbre reina en Venezuela tras el retiro de la mitad de su dinero en efectivo

El ministerio del Interior explica que la medida representa un golpe contra un plan activado desde

Estados Unidos

Este lunes perduraba la incertidumbre en Venezuela horas después de que el presidente Nicolás Maduro, amparado en el decreto de emergencia económica de comienzos de año, ordenara la salida de circulación del billete de 100 bolívares, el de mayor valor, y que representa, según cifras del Banco Central de Venezuela (BCV), el 48% del dinero en efectivo que circula en la economía local.


En horas de la mañana el ministro del Interior Néstor Reverol ofreció una rueda de prensa televisada, a la salida de una reunión de emergencia con la banca privada y del Estado. Reverol dio detalles para explicar la inesperada medida presidencial.


De acuerdo con el ministro responsable de la seguridad interna, “mafias especuladoras” han venido extrayendo grandes lotes de papel moneda hasta por un monto total que calculó en 300 millardos de bolívares (un poco menos de 300 millones de dólares, de acuerdo a la tasa de cambio predominante en el mercado paralelo no oficial). Dijo que la operación es patrocinada por Estados Unidos y gestionada a través de una ONG que no identificó. Según el funcionario, los artífices del contrabando prometían a los operadores un pago de 120 bolívares por cada billete de 100 bolívares exportado.


Reverol reiteró la versión de Maduro, que aseguraba que las ciudades fronterizas de Cúcuta y Maicao (en los departamentos colombianos de Norte de Santander y La Guajira, respectivamente) son los epicentros geográficos de la operación. Caracas viene exigiendo al Gobierno colombiano de Juan Manuel Santos la erogación de un decreto que permite a los comerciantes de las ciudades fronterizas establecer el valor de las divisas extranjeras.


Sin embargo, con apoyo de gráficas, el funcionario reveló que en naciones europeas como Alemania, Chequia y Ucrania se encuentran almacenes repletos de billetes venezolanos extraídos subrepticiamente.


Con esta versión, el Gobierno da un significado político a lo que pareció en un principio una medida de alcance exclusivamente macroeconómico. En el último mes, la moneda local se devaluó un 59% y generó una crisis sin precedentes, al liquidar la posibilidad de pagar con dinero en efectivo en los comercios y provocar un aumento de precios que acabó con el poder de compra de la moneda local. Aunque los académicos aún no hablan de hiperinflación, lo que ocurre en Venezuela es un incremento casi a diario de los precios. El dólar se ha convertido en el bien más preciado entre los venezolanos, que están dispuestos a pagar cualquier precio con tal de protegerse de las subidas. El Fondo Monetario Internacional ha pronosticado una inflación del 720% para este año.


Luego de la publicación de la resolución en la Gaceta Oficial, los venezolanos tendrán 72 horas para depositar esos billetes en las taquillas de la banca pública. Pasado ese tiempo, tendrán diez días adicionales para acudir a la sede del Banco Central de Venezuela y cambiarlos. Mientras tanto, el billete de mayor denominación será el de 50 bolívares, toda una complicación adicional a las gestiones de la vida diaria en un país al borde del colapso. Ese billete de máxima denominación equivale a poco más de un céntimo de euro al tipo de cambio paralelo. El Ministerio del Interior y la policía política coordinarán el complejo operativo que supondrán las largas filas de personas intentando cambiar su dinero.


Se espera que el próximo jueves 15 de diciembre entre en circulación de forma progresiva el nuevo cono monetario (el conjunto de monedas y billetes de curso legal) anunciado el por el Banco Central de Venezuela. El de menor valor será el de 500 bolívares y el de mayor valor de 20.000. Este último billete equivale a unos cinco dólares de acuerdo con la cotización de la moneda local en el mercado negro.


El viernes pasado el propio presidente del BCV, Nelson Merentes, decía que el nuevo portafolio de billetes conviviría en la calle con el viejo cono, hasta la total desincorporación de este. Pero en menos de 48 horas y antes de que entren en circulación los nuevos billetes, Nicolás Maduro cambió el panorama.

Este lunes es asueto bancario en Venezuela, por lo que los verdaderos efectos de la medida presidencial se empezarán a ver el martes. Se anticipan días de caos: la plataforma de pagos electrónicos se ha visto muy afectada tras la detención, hace diez días, de cinco directivos de la principal empresa encargada de su gestión; según versiones de prensa, desde entonces muchos comerciantes no han podido cobrar las transacciones efectuadas en sus establecimientos con tarjetas de débito y de crédito.


Justamente el lunes, las busetas de transporte público en las principales ciudades del país empezarían a cobrar un precio de cien bolívares por pasaje, un alza autorizada por el Gobierno. Como, por tanto, los operarios de esas busetas se preparaban para recibir muchos billetes de 100 bolívares, ahora ilegales, el ministro de Transporte, Ricardo Molina, anunció una campaña especial para canjearlos.


El domingo se dio a conocer también un decreto gubernamental por el que se dictan medidas preventivas de prisión para todos los ciudadanos que sean sorprendidos “con grandes cantidades” de billetes de 100 bolívares, según reza el documento sin mayor precisión.


Caracas 12 DIC 2016 - 12:09 COT

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