Más de 15 millones de estadounidenses carecen de empleo, la cantidad de los que no tienen vivienda ha aumentado en un 50% en algunas ciudades, y 38 millones reciben cupones alimentarios, más que ningún momento en los casi 50 años de historia del programa.

Hay amplia evidencia de las crecientes tribulaciones económicas. Hay un estándar utilizado comúnmente para medirlas: la tasa de pobreza de la Oficina del Censo de EE.UU. Se utiliza para guiar gran parte de los gastos federales y estatales destinados a ayudar a los que no logran ganarse la vida decentemente.

Pero una serie de Estados están convencidos de que las cifras federales restan importancia a la pobreza y han comenzado a utilizar diferentes criterios para operar sus programas sociales. Al mismo tiempo, economistas conservadores advierten que un cambio en la fórmula a un límite que cuenta más gente como pobre podría llevar a un aumento inaceptable en el coste de los programas federales y estatales de servicio social.

Cuando la Oficina del Censo publique nuevas cifras de 2009 en septiembre, los expertos predicen que mostrarán un fuerte aumento en la tasa de pobreza. Un investigador independiente calcula que los datos mostrarán el mayor aumento de año en año en la historia escrita.

Según Richard Bavier, un ex analista en la Oficina Federal de Administración y Presupuesto, los datos que ya están disponibles sobre tasas de empleo, salarios, y registro para cupones alimentarios sugieren que otros 5,7 millones de personas fueron oficialmente pobres en 2009. Eso llevaría la cantidad total de personas con ingresos bajo el límite federal de pobreza a más de 45 millones. La tasa de pobreza, espera Bavier, llegará a un 15% –un aumento respecto a los 13,2% en 2008, cuando la Gran Recesión comenzó a surtir efecto.

No obstante, las nuevas cifras de la Oficina del Censo de EE.UU. ofrecerán sólo un cuadro parcial de cómo la estropeada economía de la nación afecta a los estadounidenses más pobres – un problema que debe ser encarado por los funcionarios estatales y el gobierno de Obama.

Sobreestimación de los costes de alimentos

La actual fórmula para fijar la línea de pobreza federal –que no ha cambiado desde 1963– toma el coste de los alimentos para un individuo o familia y multiplica la cifra por tres, suponiendo que la gente gasta un tercio de sus ingresos para poner comida sobre la mesa. Aunque la fórmula puede haber sido una buena manera de estimar el coste de vida de subsistencia a principios de los años sesenta, los expertos dicen que ahora el alimento representa sólo un octavo de un presupuesto familiar típico, ya que gastos como la vivienda y la atención de los niños causan una presión creciente sobre familias necesitadas.

Además, la medición oficial no toma en cuenta diferencias regionales en el coste de la vivienda, no incluye gastos médicos o de transporte, y a 22.000 dólares para una familia de cuatro, la línea de pobreza es considerada por muchos como simplemente demasiado baja.

Igualmente preocupante para los responsables políticos es que la Oficina del Censo no considere la ayuda en especie federal y estatal en el cálculo del ingreso. La fórmula existente toma en cuenta sólo ingresos en efectivo antes de impuestos, dejando fuera beneficios tales como cupones alimentarios, subsidios para la vivienda y para la atención infantil, así como deducciones fiscales de los Estados para los trabajadores pobres.

Como resultado, la medición oficial de la pobreza de la nación no es afectada por los miles de millones gastados en programas de la red de seguridad social. Sin embargo sigue siendo de lejos la medida utilizada con mayor frecuencia para evaluar cómo los gobiernos cuidan a sus ciudadanos más vulnerables.

Los conservadores han argumentado consistentemente que si se consideraran los programas de seguridad social, la tasa de pobreza sería muy inferior. Al mismo tiempo, defensores de los pobres han argumentado que las mediciones de la pobreza serían mucho más elevadas si fueran incluidos el coste de la vivienda, la atención infantil y otros gastos.

Hace casi dos décadas, el Congreso solicitó a la Academia Nacional de Ciencias (NAS por sus siglas en inglés) que reconsiderara la medición oficial de la pobreza e hiciera recomendaciones para una nueva medición que satisfaga a críticos a ambos extremos del espectro.

En marzo pasado, el gobierno de Obama dijo que utilizaría las líneas directivas de la NAS en 1995 para actualizar el cálculo de la pobreza del gobierno federal y prometió presentar la primera “medición suplementaria de la pobreza” en septiembre de 2011.

“La nueva medición suplementaria de la pobreza suministrará una visión alternativa para comprender la pobreza y medir los efectos de las políticas contra la pobreza”, dijo la subsecretaria de comercio Rebecca Blank. “Además, será dinámica y se beneficiará de mejoras con el pasar del tiempo sobre la base de nuevos datos y nuevas metodologías”.

Según las recomendaciones de la NAS, los datos de gastos del Departamento de Comercio para alimentos, vestimenta, vivienda y otros gastos domésticos serían utilizados para establecer un límite de la pobreza para una familia de referencia de cuatro –dos adultos y dos niños-. Entonces los recursos de una familia o de un individuo se compararían comparados con esa línea, incluyendo prestaciones de ingreso y en especie, excluyendo impuestos y otros gastos no-discrecionales- como gastos médicos y de atención infantil.

Porque muchos esperan que el nuevo cálculo resulte en una medición más elevada de la pobreza, el anuncio en marzo enfrentó fuertes críticas de algunos conservadores de que el gobierno federal no puede permitirse un aumento de sus gastos para la red de seguridad social.

Experimentos de los Estados

Sin embargo, responsables estatales y políticos aplaudieron la iniciativa porque dijeron que les darían los instrumentos que necesitan para evaluar la efectividad de los programas contra la pobreza.

En la Ciudad de Nueva York, por ejemplo, donde se adoptó hace tres años una medición de la pobreza del tipo de la propuesta por la NAS, el alcalde Michael Bloomberg dijo que los nuevos datos permitirán a la ciudad la identificación de quién necesita más ayuda y qué servicios sociales de la ciudad han sido los más efectivos en la mejora del nivel de vida de sus residentes.

Utilizando una medición actualizada, la Ciudad de Nueva York estableció que los niños –receptores de una amplia gama de programas de asistencia social– eran menos pobres de lo que se pensó originalmente, mientras que los mayores, que tenían problemas con gastos médicos previamente no considerados, eran más pobres.

A medida que los Estados tienen cada vez más inconvenientes debidos a la disminución de los ingresos y la creciente cantidad de gente necesitada, más de una docena han establecido comisiones para ayudar a familias de bajos ingresos y muchos han fijado objetivos de reducción de la pobreza.

Entre ellos, Minnesota y Connecticut han utilizado fórmulas similares a la de la NAS para evaluar la efectividad de medidas existentes y propuestas contra la pobreza.

Con ayuda técnica del grupo de investigación de política pública The Urban Institute, ambos Estados utilizaron los resultados para basar agresivas campañas contra la pobreza.

Minnesota tiene una Comisión Legislativa para Terminar con la Pobreza en Minnesota hasta 2020, y Connecticut creó un Consejo de Pobreza Infantil y Prevención con el objetivo de reducir la pobreza infantil a la mitad antes del año 2014.

Connectitut descubrió sólo un ligero aumento en la cantidad de gente que vive en la pobreza cuando utilizó el cálculo actualizado –21.000 personas en 2006-, en comparación con 20.000 utilizando la medición existente del Censo.

Pero obtuvo resultados muy diferentes al determinar qué programas de asistencia social pública contribuyeron más a la reducción de la pobreza. Utilizando los supuestos anteriores, los subsidios para la atención infantil y la educación y formación profesional de adultos eran considerados como los más efectivos para sacar a la gente de la pobreza con el pasar del tiempo. Pero la nueva fórmula mostró que el aumento de la participación en programas como cupones alimentarios, ayuda para la energía y subvenciones para la vivienda constituían un camino más efectivo para reducir la pobreza infantil a corto plazo. Como resultado, el Estado redobló sus esfuerzos por lograr más alcance para incluir la mayor cantidad posible de familias de bajos recursos en esos programas financiados por el gobierno federal.

En Minnesota, donde los resultados fueron similares, un comité legislativo bipartidista recomendó que el Estado refine su definición de pobreza, conciencie a la gente, y monitoree cuidadosamente el impacto de toda legislación importante sobre los programas existentes contra la pobreza.

Ambos Estados se unieron a otros 12 durante este año al llamar al gobierno federal a que adopte una fórmula del tipo de la de NAS que “considere la creciente carga financiera para la familia estadounidense moderna resultante de la vivienda, el cuidado infantil y la atención sanitaria y reconozca el beneficio de apoyos críticos como deducciones impositivas, cupones alimentarios, y otros subsidios que no sean en dinero efectivo”.

La medición suplementaria de la pobreza del gobierno sigue siendo controvertida, y algunos dirigentes en ambos extremos del espectro político instan al Congreso y al gobierno a no adoptar la nueva fórmula a fin de asignar financiamiento federal o determinar la elegibilidad individual en un futuro cercano.

Si se utilizara para desglosar los subsidios federales a los Estados, podría cambiar radicalmente la cantidad de dinero recibida por cada Estado. Es razonable, por ejemplo, que a una familia de cuatro que trate de vivir con 22.000 dólares le sería más fácil hacerlo en Alabama rural que en Massachusetts suburbano. Y si la nueva medición se utilizara para establecer la elegibilidad individual para programas de la red de seguridad social, algunos temen que los actuales receptores serían descalificados si se contaran todas sus prestaciones federales y estatales.

Para el gobierno de Obama, la actual medición de la Oficina del Censo es problemática porque no mostrará los beneficios de por lo menos 100.000 millones de dólares en dinero de estímulo gastados en 2009 para familias de pocos recursos. Aún así, a medida que se vayan eliminando esos subsidios directos y otros fondos federales para la creación de empleos, sus propugnadores esperan que la tasa de pobreza vuelva a aumentar el próximo año, cuando hayan aparecido los datos del año 2010.

Por Christine Vestal
Global Research

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

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No fue hace tanto tiempo cuando podíamos decir: “Ahora somos todos keynesianos”. El sector financiero y su ideología de libre mercado habían llevado al mundo al borde de la ruina. Los mercados claramente no se estaban corrigiendo. La desregulación había demostrado ser un fracaso abismal.

Las “innovaciones” desarrolladas por las finanzas modernas no conducían a una mayor eficiencia a largo plazo, a un crecimiento más rápido o a una mayor prosperidad para todos. Más bien, estaban destinadas a eludir las normas contables y a evadir y evitar los impuestos necesarios para financiar las inversiones públicas en infraestructura y tecnología –como Internet- que son la base del crecimiento real, no del crecimiento fantasma promovido por el sector financiero.

El sector financiero pontificó no sólo sobre cómo crear una economía dinámica, sino también sobre qué hacer en caso de una recesión (que, de acuerdo con su ideología, podía ser causada por una falla del gobierno, no de los mercados). Cuando una economía entra en recesión, las ganancias caen y los gastos –digamos, para los beneficios de desempleo- aumentan. Así crecen los déficits.

Los halcones del déficit en el sector financiero dijeron que los gobiernos deberían concentrarse en eliminar los déficits, preferentemente reduciendo los gastos. Los déficits cercenados restablecerían la confianza, lo que a su vez restauraría la inversión –y, por ende, el crecimiento-. Pero, por más factible que pueda sonar esta línea de razonamiento, la evidencia histórica repetidamente la refuta.  

Cuando el presidente estadounidense Herbert Hoover intentó esa receta, sólo sirvió para transformar el crac del mercado accionario de 1929 en la Gran Depresión. Cuando el Fondo Monetario Internacional intentó la misma fórmula en el este de Asia en 1997, las crisis se convirtieron en recesiones y las recesiones devinieron depresiones.

El razonamiento que hay detrás de estos episodios se basa en una analogía errónea. Un hogar que debe más dinero del que puede devolver fácilmente tiene que recortar el gasto. Pero cuando un gobierno lo hace, la producción y los ingresos declinan, el desempleo aumenta y la capacidad de devolver el dinero, en realidad, puede disminuir. Lo que es válido para una familia no es válido para un país.

Los defensores más sofisticados advierten que el gasto gubernamental hará subir las tasas de interés, “desplazando” así a la inversión privada. Cuando la economía está en un nivel de empleo pleno, esta es una preocupación legítima. Pero no ahora: en vista de las tasas de interés a largo plazo extraordinariamente bajas, ningún economista serio plantea la cuestión del “desplazamiento” hoy en día.

En Europa, especialmente Alemania, y en algunos lugares de Estados Unidos, mientras los déficits y la deuda gubernamentales aumentan, también lo hacen los llamados a una mayor austeridad. Si se les presta atención, como parece ser el caso en muchos países, los resultados serán desastrosos, especialmente teniendo en cuenta la fragilidad de la recuperación. El crecimiento se desacelerará, mientras que Europa y/o Estados Unidos posiblemente hasta caigan nuevamente en una recesión. 

El gasto en estímulo, el cuco preferido de los halcones del déficit, no fue la causa de gran parte del incremento de los déficits y la deuda, que son el resultado de “estabilizadores automáticos” –los recortes impositivos y los aumentos del gasto que automáticamente acompañan las fluctuaciones económicas-. De modo que, a medida que la austeridad vaya socavando el crecimiento, la reducción de la deuda será, en el mejor de los casos, marginal.

La economía keynesiana funcionó: si no hubiera sido por las medidas de estímulo y los estabilizadores automáticos, la recesión habría sido mucho más profunda y más prolongada, y el desempleo, mucho más alto. Esto no significa que deberíamos ignorar el nivel de deuda. Pero lo que importa es la deuda a largo plazo.

Existe una receta keynesiana simple. Primero, desviar el gasto de los usos improductivos –como las guerras en Afganistán e Irak, o los rescates bancarios incondicionales que no reaniman el préstamo- hacia inversiones de alto rendimiento. Segundo, fomentar el gasto y promover la equidad y la eficiencia aumentando los impuestos a las corporaciones que no reinvierten, por ejemplo, y bajándoselos a las que sí lo hacen, o subiendo los impuestos a las ganancias de capital especulativas (digamos, en bienes raíces) o a la energía contaminante con un alto consumo de carbono, al mismo tiempo que se recortan los impuestos de los contribuyentes de menores ingresos.

Existen otras medidas que podrían ayudar. Por ejemplo, los gobiernos deberían ayudar a los bancos que prestan a pequeñas y medianas empresas, que son la principal fuente de creación de empleo –o establecer nuevas instituciones financieras que lo hicieran- en lugar de respaldar a los grandes bancos que generan su dinero a partir de derivados y prácticas abusivas con tarjetas de crédito.

Los mercados financieros se han esforzado en crear un sistema que ponga en práctica sus puntos de vista: con mercados de capital libres y abiertos, un país pequeño puede verse inundado de fondos en un momento, sólo para pagar altas tasas de interés –o no recibir más fondos en absoluto- poco tiempo después. En estas circunstancias, los países pequeños aparentemente no tienen alternativa: el dictado de los mercados financieros en materia de austeridad, si no quieren ser castigados con un retiro del financiamiento.

Pero los mercados financieros son un capataz severo y caprichoso. Al día siguiente que España anunció su paquete de austeridad, se les bajó la calificación a sus bonos. El problema no fue una falta de confianza en que el gobierno español cumpliera sus promesas, sino demasiada confianza en que sí lo haría, y que esto redujera el crecimiento y aumentara el desempleo de su nivel ya intolerable de 20%. En resumen, tras haber empujado al mundo en su actual descalabro financiero, los mercados financieros ahora les dicen a países como Grecia y España: malditos sean si no recortan el gasto, pero malditos sean si lo hacen también.

Las finanzas son un medio hacia un fin, no un fin en sí mismo. Se supone que son funcionales a los intereses del resto de la sociedad, no al revés. Domesticar los mercados financieros no será fácil, pero es algo que se puede y se debe hacer, mediante una combinación de impuestos y regulación –y, si fuera necesario, de intervención del gobierno para zanjar algunas de las brechas (como ya lo hace en el caso del préstamo a las pequeñas y medianas empresas)-.

No sorprende que los mercados financieros no quieran que los domestiquen. A ellos les gustan las cosas como han venido funcionando, ¿y por qué no debería ser así? En países con democracias corruptas e imperfectas, tienen los medios para resistir el cambio. Afortunadamente, los ciudadanos en Europa y Estados Unidos han perdido la paciencia. El proceso de atemperar y domesticar a los mercados financieros ya ha comenzado. Pero todavía queda mucho por hacer.

Por Joseph E. Stiglitz
Project Syndicate
 
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Viernes, 09 Julio 2010 06:50

Grecia paralizada por la protesta

Una nueva huelga general en Grecia paralizó ayer a los transportes ferroviarios, marítimos y aeroportuarios, al tiempo que miles de griegos salieron a las calles a protestar contra la reforma del sistema de jubilaciones adoptada el miércoles por la noche por el Parlamento. La huelga convocada para ayer fue la sexta desde febrero pasado, cuando se pusieron en marcha las primeras medidas de austeridad del gobierno socialista del primer ministro, Giorgos Papandreu.

Unas 12.000 personas participaron en una manifestación en el centro de Atenas, convocada por las dos mayores centrales sindicales del país –GSEE del sector privado, y Adedy, de los funcionarios públicos–. En Tesalónica, segunda metrópolis griega situada en el norte del país, unas 5000 personas desfilaron por el centro de la ciudad. Otra concentración, también de varios miles de personas, se llevó a cabo en otro barrio de Atenas, convocada por el PAME –frente sindical del ultraortodoxo Partido Comunista, KKE– con pancartas que exigían “que la plutocracia pague la crisis”.

Una gran parte de los servicios públicos en Grecia quedó paralizada ayer por la sexta huelga general, contra el plan de ajuste y la reforma del sistema de pensiones del gobierno. Todos los servicios de transbordadores que comunican el puerto de El Pireo con las islas griegas del mar Egeo se suspendieron. En Atenas dejaron de circular los trenes del metro y los autobuses. También permanecieron cerradas todas las oficinas públicas, incluyendo los ministerios, los museos y las agencias tributarias, así como las escuelas y las universidades.

Las encuestas señalan, sin embargo, que los griegos no creen que exista otro camino para salir de la crisis que no sea un ahorro duro. Por la mañana, entre 10.000 y 15.000 personas –según los datos de los sindicatos– se manifestaron en el centro de Atenas contra las medidas de ahorro. Se esperaba, sin embargo, la presencia de muchos más. La policía estimó en 10.000 el número de manifestantes.

La marcha de protesta fue hasta el edificio que alberga el Parlamento y allí los manifestantes gritaron “no toquen nuestras pensiones” e insultaron a los diputados, llamándolos “ladrones” y “mentirosos”. Algunos manifestantes de la izquierda radical golpearon a un civil que creyeron que era un policía de incógnito. Según los médicos, la vida de la víctima no corre peligro.

A primera hora de la tarde, el tráfico se movía con normalidad en el centro de Atenas. Además también hubo pequeñas concentraciones enTesalónica y en otras ciudades del país. Durante la jornada de ayer, se suspendieron decenas de vuelos por una huelga de cuatro horas de los controladores aéreos. Las emisoras de radio y televisión suspendieron sus noticieros, debido a que también los periodistas participan en la huelga. Los médicos de los hospitales públicos sólo atienden casos de emergencia.

Hasta en el Parlamento se trabajó con servicios mínimos, debido a que gran parte de los funcionarios secundaron la huelga.

Yannis Panagopoulos, presidente de la Confederación de Trabajadores de Grecia (GSEE), que representa a un millón y medio de empleados, declaró que “la respuesta en los puestos de trabajo ha sido muy alta, rozando un 80 por ciento”. Aun así, admitió que la participación en la calle “ha sido débil” y lo atribuyó a la paralización de la totalidad de los medios de transporte, “lo que hizo muy difícil el acceso de los manifestantes al centro”. En la misma línea se expresó la Unión de Funcionarios Civiles (Adedy), que atribuyó la poca participación en las manifestaciones a la huelga en el transporte público. Un portavoz de Adedy declaró que “la gente no salió a las calles, pero se ausentó de sus puestos de trabajo”.

Según una encuesta representativa que difundió ayer el diario Epikaira, casi un 70 por ciento de los consultados considera que estas manifestaciones no conducen a nada. Admiten que la única forma de evitar la bancarrota son las dolorosas medidas impuestas por la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional.

Las dos mayores confederaciones sindicales, GSEE y Adedy, habían convocado la huelga en protesta por el draconiano plan de austeridad adoptado por el gobierno para evitar la bancarrota del Estado. El plan de ajuste prevé, entre otras medidas, la congelación de las contrataciones en el sector público, recortes a los salarios de los empleados públicos y fuertes reducciones del gasto social.

Además, la edad de jubilación se eleva de 60 a 65 años como promedio. La respectiva ley fue aprobada en la noche del miércoles por el Parlamento y ayer se debatieron los detalles concernientes a la edad jubilatoria que a la noche fueron aprobados mayoritariamente por el Poder Legislativo.
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El G-20 de Toronto pasará a la historia. No por la represión contra los manifestantes, eso ya es costumbre y nada nuevo. Será recordado por el compromiso de sus integrantes para convertir la crisis en una réplica de la gran depresión. El comunicado final del G-20 explícitamente le pone cifras a este pacto retrógrado: reducir en 50 por ciento los déficit fiscales para 2013. Una medida que en la fase actual de la crisis, con una demanda deprimida y altas tasas de desempleo, equivale a un suicidio colectivo.

Es la respuesta a la histeria del déficit fiscal que en Europa y en Estados Unidos comienza a desdibujar una muy frágil recuperación. Parlamentos y congresos de legisladores parecen conejos asustados en un corral que dice a la entrada equilibrio fiscal.

En Europa la austeridad fiscal domina, porque se le ve como la herramienta para rescatar no sólo al euro, sino a un proyecto macroeconómico fundado en la estupidez neoliberal. Ese salvamento pasa ahora por la destrucción de lo último que queda del pacto social del Estado de bienestar. Poco importa que con los desajustes en la UE y los altos niveles de desempleo, los recortes fiscales profundicen esta dolorosa recesión y hundan a Europa por muchos años.

En el Congreso de Estados Unidos hay dos corrientes. Los ingenuos piensan que el estímulo fiscal ya cumplió su misión y que es tiempo de devolverle la estafeta al sector privado para mantener el crecimiento. La corriente perversa sostiene que el paquete fracasó, que ya se agotaron sus efectos y que no hay que repetir esa receta. Con estas visiones es claro que la administración Obama no conseguirá otro paquete de estímulo, y la economía estadunidense regresará a la recesión en 2011, si no es que antes.

Un análisis más cuidadoso sobre los efectos del paquete de estímulo fiscal en Estados Unidos confirma esta conclusión. En febrero de 2009 el Congreso estadunidense aprobó el paquete de estímulo fiscal promovido por Obama, que incluyó reducciones fiscales por 288 mil millones de dólares (mmdd), un gasto en programas de educación, salud y beneficios por desempleo por otros 224 mmdd y préstamos y concesiones federales por 275 mmdd. Con sus 787 mmdd es el ejemplo más importante de política contracíclica en la historia fiscal de aquel país.

Cuando se aprobó el estímulo el PIB estadunidense se desplomaba en caída libre: el primer trimestre de 2009 cayó 6.4 por ciento. No hay duda que el paquete ayudó a revertir esa tendencia y para el tercer trimestre de 2009 se tenía un crecimiento positivo. Desgraciadamente el efecto sobre el empleo no fue tan importante y la tasa de desocupación se mantiene en alrededor de 10 por ciento.

Los efectos de este estímulo no han sido lo que quería la Casa Blanca, en parte por la naturaleza misma de la crisis y su entorno deflacionario. Los consumidores han usado la ayuda para descargar deudas, y en el contexto de gran capacidad ociosa existente las empresas no han invertido. Ahora que se está agotando el efecto del estímulo (para fines de este verano ya se habrá ejercido casi todo el paquete fiscal), el horizonte se oscurece. Si no hay otro impulso, la economía de Estados Unidos se hundirá en el estancamiento durante años.

Se insiste en reducir el déficit fiscal vía la eliminación del paquete de ayuda, por la creencia de que dicho déficit genera aumentos en la tasa de interés. Esa es la razón que esgrime Robert Samuelson (el no-economista del Washington Post). Pero ¿nadie le ha dicho que en Estados Unidos la tasa de interés ya es cero y que precisamente por eso la política monetaria no tiene tracción para impulsar a la economía?

Las otras razones caen por su propio peso. Se habla de que Estados Unidos ya llegó al tope en su capacidad de endeudamiento (la relación deuda pública PIB ya llegó al 90 por ciento). Pero la crisis no deja mucho espacio de maniobra y, por otro lado, los niveles de endeudamiento de una economía capitalista son un tema controvertido (en Japón la deuda pública es de 200 por ciento del PIB y no hay síntomas de inflación). Si como decía Keynes, el dinero es un vínculo entre el presente y el futuro, este endeudamiento es un préstamo que se hace la sociedad a sí misma.

En plena crisis, con desempleo galopante, lo increíble es que en Estados Unidos y Europa la batalla de la austeridad fiscal la están ganando los neoliberales. Por eso en Toronto todos en el G-20 olvidaron que la mejor manera de cerrar un déficit fiscal y enfrentar el endeudamiento es con altas tasas de crecimiento estable. Y eso es precisamente lo que no se va a lograr con la famosa austeridad.

El G-20 también será recordado por la sumisión de Obama a las ínfulas de una Alemania que ha podido imponer sus prioridades en Europa. La visión de austeridad fiscal de la señora Merkel era algo que Obama no tenía por qué comprar si hubiera tenido un poco más de claridad en sus convicciones. Pero bueno, ya estaba visto que en la Casa Blanca no hay convicciones que duren más allá de la hora del almuerzo.

Por Alejandro Nadal

http://nadal.com.mx
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La segunda movilización del año contra la reforma del sistema de jubilaciones sacó más gente a la calle de lo que el Ejecutivo de Nicolas Sarkozy había calculado. Las seis centrales sindicales de Francia lograron movilizar a casi dos millones de personas, según fuentes sindicales, y unas 800.000, según las autoridades, para protestar por la reforma de las jubilaciones presentada por el ministro de Trabajo, Eric Woerth, cuyo objetivo es ampliar la edad de la jubilación para llevarla a los 62 años, frente a los 60 actuales. Antes de ayer, el entorno del gobierno había calculado que con menos de dos millones de personas en la calle la reforma estaba ganada. Pero la movilización superó el vaticinio oficial y los sindicatos consiguieron prácticamente multiplicar por dos el número de manifestantes que a finales de mayo se opuso a esta reforma que rompe con una herencia del difunto presidente socialista François Mitterrand.

Los sindicatos y la izquierda francesa –muy dividida sobre esta cuestión– argumentan que esta reforma penaliza a los trabajadores con menos calificación y beneficia al patronato por cuanto todo el peso de la reforma cae en las espaldas de la clase trabajadora. Las frondosas manifestaciones que poblaron las calles de ciudades como París, Marsella, Burdeos, Rennes, Le Mans, Niza, Lyon, Grenoble o Saint Etienne caen en el peor momento para el artífice de la reforma, Eric Woerth. El ministro de Trabajo aparece personalmente implicado en un enredado y jugoso escándalo de favores concedidos a una de las grandes fortunas del mundo y la mujer más rica de Francia, Liliane Bettencourt, única heredera del creador y fundador del imperio de cosméticos L’Oréal. Esta auténtica telenovela tiene como protagonistas al ministro, a su mujer, a un dandy curioso, a la millonaria y a un mayordomo que grabó conversaciones personales de la millonaria. El problema radica en que la fortuna de esta riquísima mujer estaba administrada en parte por Florence Woerth, la esposa de Eric Woerth en la época en que era ministro de Presupuesto. Florence Woerth era una suerte de “asesora económica” de Liliane Bettencourt. Esta señora de 87 años tenía la costumbre de ocultar su dinero para no pagar impuestos: había abierto varias cuentas ocultas en países de bondad fiscal –Suiza– y poseía una isla en las Seychelles que nunca declaró al fisco. El “conflicto de intereses” parece evidente, pero el ministro lo refutó y ratificó que permanecería en su cargo.

El escenario de los paros y las manifestaciones de ayer era tanto más denso cuanto que otros titulares del Ejecutivo figuran con escándalos encima: uno de ellos fue intimado por el primer ministro francés, François Fillon, a pagar de su bolsillo los 15.000 dólares que consumió en cigarros de La Habana y que fueron pagados con dinero público. Esta pelota vino a mezclarse con otra, es decir, el fiasco oprobioso de la selección francesa de fútbol en el Mundial de Africa del Sur y su inevitable transferencia al orbe político. Nicolas Sarkozy se metió en el asunto y ayer recibió al jugador Thierry Henry, es decir, justo cuando el país estaba en la calle por motivos menos frívolos que una pelota de fútbol. François Chérèque, responsable del segundo sindicato francés, la CFDT, estimó que fue “la mayor manifestación del año y ello muestra que el sentimiento de injusticia frente a esta reforma brutal crece”. Los sondeos tienden a darle razón. Según una cuesta de CSA, el 68 por ciento de los franceses aprobó la convocatoria a la huelga. Los carteles que desfilaron por París tenían un sólido tono irónico de denuncia de la desigualdad en el tratamiento. Una pancarta decía “Jubilación: primer ministro, seis meses; legisladores, seis años; obrero, 42 años. ¿Dónde está el error? ¡1789 está llegando!” –Año de la Revolución Francesa que derrocó a la monarquía–.

La reforma de las jubilaciones es la iniciativa más polémica de la presidencia de Nicolas Sarkozy. Esta debería ser aprobada en septiembre en el Parlamento, con o sin consenso, según reafirmó Nicolas Sarkozy. El gobierno presentó como argumento los cambios que se han producido y la necesidad de equilibrar las cuentas del Estado si se quiere garantizar la jubilación para todos. La crisis financiera de 2008 triplicó el déficit del sistema de jubilaciones y pensiones en Francia. Este llegó en 2010 a 32.000 millones de euros. El gobierno alega que si no hay cambios en 2018 ese déficit llegará a 42.300 millones de euros. Lo cierto es que el carácter de la reforma, los escándalos que implican a los ministros sin que éstos renuncien y el tratamiento de favor que reciben los caprichosos y millonarios jugadores de la selección francesa de fútbol que hicieron un papelón mundial en Sudáfrica le dieron verosimilitud al discurso sindical de izquierda. Este apunta a decir que los que tienen mucho reciben todo y los que poco tienen lo pierden todo. El jugador Thierry Henry fue uno de los que hizo la huelga con la selección en Sudáfrica –se negaron a entrenar–. Sin embargo, Sarkozy lo recibió ayer. El líder de la CGT, Bernard Thibault, comentaba el jueves con cierta ironía: “Si 23 huelguistas (los jugadores) logran modificar la agenda del presidente, pensamos que los responsables sindicales serán recibidos”. El jefe de la CFT cerró el comentario diciendo: “Hay millones de personas en las calles, hay millones de desempleados, tenemos problemas de poder adquisitivo y el presidente pasa su tiempo escuchando a un futbolista que gana 15 millones por año”.

Por Eduardo Febbro
Desde París
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Italia vive hoy una jornada de huelga general contra el ajuste económico. Convocada en solitario por el sindicato mayoritario, la CGIL (Confederación General de Trabajadores Italianos), el paro será de cuatro horas en el sector privado y de 24 horas en el público. Las protestas contra el recorte presupuestario de 24.000 millones de euros en dos años anunciado por el Gobierno ha reunido a 100.000 personas en Bolonia, 50.000 en Milán, y a varias decenas de miles más en Roma, Nápoles y otras ciudades.

La CGIL rechaza el ajuste porque lo considera "inicuo y equivocado, ya que carga sobre los hombros de los mismos de siempre el peso del ahorro". La central ex comunista ha recordado hoy que no incluye medidas de apoyo al empleo, al crecimiento y al desarrollo, y que "sustraerá recursos a la parte más débil del país y gravará sobre todo a los funcionarios y los trabajadores". El Gobierno, a través del ministro de trabajo, Maurizio Sacconi, ha ironizado sobre la huelga general diciendo: "Es como protestar contra la lluvia. El ajuste es inevitable".

El sindicato asume que los recortes del gasto público son "necesarios", pero exige que sean más equitativos. Además, reclama al Gobierno que grave "a quienes más tienen", y solicita un plan extraordinario por el empleo, "una reforma fundada sobre una nueva política industrial, con inversiones públicas para ayudar a las jóvenes generaciones a entrar en los sectores estratégicos de la educación y la investigación, justo lo contrario de lo que propone el Gobierno".

Italia tiene en este momento un paro del 9,1%, la cifra más alta desde 2005, pero entre los jóvenes la desocupación se disparan hasta el 28,8%.

Durante el día, la protesta sindical se extenderá por todo el país, salvo en las regiones de Liguria, Toscana y Piamonte, que harán sus paros el 2 de julio. Los transportes se han visto afectados esta mañana desde las diez y la situación se prolongará hasta las dos de la tarde. Pilotos, azafatas y personal de tierra en los aeropuertos; autobuses, metros, barcos, peajes de autopistas y trenes pararán durante el día a distintas horas en diferentes zonas del país.

La protesta más numerosa ha sido la de Bolonia, mientras que en Milán la manifestación ha contado con la presencia del jefe de la oposición, Pierluigi Bersani. En la cabeza de la manifestación de Nápoles han salido los trabajadores de la fábrica de FIAT de Pomigliano, que cruzan los brazos durante ocho horas en protesta por la especial situación de la planta, amenazada de cierre por la empresa si los empleados no aceptan un nuevo convenio considerado inaceptable por la FIOM, la división metalúrgica de la CGIL.

Ayer, el 62,2% de los empleados de la planta votó en referéndum a favor de ese convenio, que en esencia les obliga a renunciar a sus derechos civiles y laborales, entre ellos el de huelga. A cambio, FIAT está dispuesta a que la planta reciba la producción del modelo Panda. El acuerdo parece todavía lejano, pero la FIOM ha tendido hoy una mano a la dirección de la empresa. "Si retiran las medidas que ponen en discusión los derechos civiles, estamos listos para dialogar sobre horarios, turnos y gestión", ha dicho el sindicato. Sergio Marchionne, el consejero delegado de FIAT, se ha mostrado dispuesto a seguir negociando con las centrales que han dicho sí al acuerdo. Y el Gobierno de centro derecha ha sugerido hoy que podría aprobar desgravaciones fiscales para los trabajadores de la planta campana.


Por MIGUEL MORA - Roma - 25/06/2010

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Miles de pasajeros y turistas se están viendo afectados hoy por el paro en los servicios de ferrocarril y en el puerto ateniense de El Pireo convocado para protestar contra la reforma laboral y del sistema de pensiones en Grecia. El Gobierno griego anunció ayer que comenzará a abonar los costes extras de estancia y vuelta a casa a todos aquellos turistas que visiten el país y, debido a incidentes como una huelga de pilotos o una catástrofe natural, no puedan volver en el plazo previsto a sus hogares.

Desde el estallido de la crisis, a comienzos de año, Grecia, con un sector turístico que supone el 20% de la renta del país, ha sufrido un recorte de entorno al 10% de las reservas. Estas cancelaciones pueden estar en parte motivadas por las numerosas huelgas que han sacudido el país heleno en los últimos meses, que si bien continúan en aeropuertos y autopistas ya no poseen la agresividad de las primeras protestas.

Otra huelga general para el 29 de junio

Desde primeras horas de la mañana, grupos de simpatizantes del sindicato PAME han ocupado los transbordadores que conectan el puerto de Atenas con las numerosas islas griegas para impedir que zarpen las embarcaciones. Anoche, un tribunal declaró ilegal esta huelga de los trabajadores y marineros del puerto. La capitanía del puerto tuvo que intervenir y pedir la intervención policial para mantener el orden ante la tensión generada entre los viajeros que intentaban embarcar y los manifestantes que se lo impedían. "Si no trabajamos ahora, que estamos en plena temporada de vacaciones, entonces qué haremos en el invierno", declaró el dueño de una de la compañías naviera al canal estatal NET.

PAME ha llevado a cabo esta mañana una manifestación en el centro de Atenas y en otras 50 ciudades en protesta contra los cambios en la ley laboral que estudia el Ejecutivo socialista griego. Además, los trenes, incluyendo la conexión con el aeropuerto internacional de Atenas, continúan afectados con múltiples paros de tres horas que durarán hasta el jueves.

Los sindicalistas ferroviarios han anunciado dos huelgas de 24 horas para el 29 y 30 de junio, en protesta contra los planes del Gobierno de privatizar la empresa. Los abogados se mantienen también ausentes de sus puestos hasta el 7 de julio y los médicos de los hospitales públicos de Atenas y El Pireo no atenderán hoy las operaciones programadas y llevarán a cabo sólo intervenciones de urgencia. También la Unión de Funcionarios Públicos (ADEDY) ha convocado para esta tarde una manifestación en el centro de Atenas. ADEDY ha denunciado que la reforma supone "el robo de los sueldos" y el establecimiento de una edad media laboral. Las protestas de hoy son preliminares a la nueva huelga general de 24 horas convocada por los sindicatos mayoritarios para el próximo 29 de junio, la sexta de este año, contra la nueva ley laboral.

Grecia atraviesa la peor crisis económica del último medio siglo y ha evitado la quiebra sólo gracias a la ayuda exterior de 110.000 millones de euros que se le ha otorgado a cambio de que cumpla con un programa de severa austeridad y ahorro durante tres años. La nueva ley laboral abre la puerta a los despidos rápidos y una reducción incluso en un 50% en las indemnizaciones. Además, el Gobierno quiere elevar la edad media de retiro a los 65 años desde los 61 actuales, con un mínimo de 40 años cotizados, en lugar de los 25 de ahora, para poder acceder a la pensión máxima.

EFE - Atenas - 23/06/2010
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Domingo, 20 Junio 2010 07:09

La trampa de la deflación

Obama implantó su esquema para la recuperación económica estadunidense: un 60 por ciento del programa de rescate se aplica a la reactivación de la economía real, el aumento del empleo y a aquellos con menores ingresos. Por el contrario, en Europa, la canciller alemana permaneció anclada en la disciplina presupuestaria de la zona euro. Su plan promueve el estancamiento y la deflación –con un presupuesto competitivo– asumiendo esto como ayuda al euro atacado desde los mercados financieros. Para eso Angela Merkel alienta sanciones y exclusiones de distinta forma en la zona, pero el problema del euro no es sólo monetario, sino que va más allá. Los insuficientes acuerdos de Bruselas del 9 de mayo extienden las consecuencias de la mala gestión de la crisis griega a toda el área euro: la cautela financiera trae un panorama incierto sobre la caída de la moneda común, amén de otras cuestiones. Se supone que la reducción del nivel de actividad económica fortalezca la posición del euro, pero esta opción puede ser desastrosa y derivar en una prueba contraria a la meta deseada

Las dilaciones teatrales de la canciller, según Der Spiegel, devinieron en retrasar cuatro meses la aplicación de mecanismos europeo de acción, alimentando la especulación financiera sin precedentes en Grecia, exhibiendo, asimismo, la poca capacidad zonal para defender su moneda y –especialmente– para reactivar su economía. Este retraso infló desproporcionadamente el costo de la operación de rescate que, de todas formas, se veía enorme e inevitable desde el principio. Será un costo importante, extendido en el tiempo y que en última instancia conlleva la intervención: se impone a los países un largo proceso deflacionario como eje central para mejorar la competitividad. En el caso de Grecia, los 110 mil millones inyectados de ninguna manera apuntan a reactivar su economía –golpeada con medidas de austeridad salarial, fiscalidad excepcional, draconianos recortes presupuestarios y desregulación salvaje–, sino que son el seguro de los acreedores europeos, principalmente de la banca franco-alemana. En virtud del acuerdo del FMI-UE-Grecia, se espera sin dudas la recuperación económica, con medidas para purgar el país, que lo conducen a la recesión y la deflación, tenidas éstas como opciones terapéuticas. El indicador financiero ratio-deuda, 15 por ciento por encima del producto interno bruto (PIB) griego en la actualidad, será superior al 50 por ciento del PIB en los próximos años.

Se afirma acerca de los países “de la franja vitivinícola” (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia, España) que viven fuera de todo recate: se trata de un intento por culpar a las víctimas. Sin embargo, sus déficit públicos se triplicaron en el último trienio en consonancia con la crisis internacional. Y esto es válido aún para España, con todo y su superávit presupuestario de 2 por ciento del PIB hasta 2007. Hoy en día la zona euro sufrió un choque asimétrico, principalmente de origen externo. Hasta 2007, los “países del vino” fueron el motor de la zona, con tasas de crecimiento y productividad superiores a las de sus socios de las grandes economías. En la actualidad, la demanda de sus productos a nivel internacional se contrae. En todas partes, las monedas se depreciaron como un choque necesario para amortiguar el impacto de la crisis y estabilizar las economías, excepto en Europa, donde por el contrario se optó por la deflación, esperando que cierta debilidad temporal en la economía devenga en el fortalecimiento de la moneda y las finanzas. En Estados Unidos, Reino Unido, China o Japón, las monedas están al servicio de la economía; no es así en Europa, donde la economía está al servicio del dinero.

Sin embargo, es precisamente el momento histórico de Europa atlántica para afirmar su presencia, aumentando la cooperación entre países miembros y cohesionando el espacio económico único. Pero, en lugar de esto, la Unión Europea renuncia a la competencia positiva, apalancando a los países de la región en crisis con el mecanismo de contraer más déficit al recurrir al Fondo Monetario, concediendo préstamos según las condiciones del mercado, e imponiendo la deflación como método terapéutico. Obama trata de ganar la confianza del mercado impulsando su economía; Europa comunitaria tratando que se renueve la confianza con paquetes exclusivamente monetarios y –en particular– a través de la deflación, es decir, la garantía de la no recuperación. La deflación supone un peligro de infección mayor que el incumplimiento de pago: éste está limitado en el tiempo, pero aquéllas son por periodos indefinidos, ilimitados.

La opción adoptada se remonta a los principios fundamentalistas ultraliberales del siglo XVIII, como los de David Hume (1752), pero no tiene ninguna relación con prácticas de monedas contemporáneas. En Estados Unidos, Canadá y Alemania, las autoridades centrales están ayudando a sus gobiernos locales deficitarios, no sólo con sus deudas, sino también a mantener la actividad en las zonas afectadas. Esto sería la menos que los estados miembros de la zona euro tendrían derecho a esperar de su liderazgo. Lo anterior podría lograrse sin cargas abultadas para los contribuyentes europeos, mediante una simple garantía de deuda emitida por los países de la Unión –lo que permitiría reducir el costo de la refinanciación– o por medio de eurobonos, a disposición de las naciones en crisis. Una tercera vía sería la financiación directa por el Banco Central Europeo (BCE) a los estados en crisis. En la actualidad, esta posición se adopta ante la monetización de valores propiedad de bancos privados, pero, sin embargo, se omite hacerlo si son demandados por las entidades emisoras de los estados. Esta es una toma de partido con sesgo ideológico de los especuladores hacia países con problemas. Si, en virtud del acuerdo del 9 de mayo, el BCE –por primera vez en su historia en conflicto con su constitución–, acepta valores del gobierno, aunque sólo en los mercados secundarios, es probable que se aliviaran las presiones especulativas. Sin embargo, esto no elimina necesariamente la bomba en la que el edificio europeo se asienta: la opción alemana deflacionaria, como terapia de tratamiento.

Kostas Vergopoulos*
Traducción: Rubén Montedónico

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Viernes, 18 Junio 2010 06:44

España aprueba reforma laboral

El Gobierno español aprobó ayer por decreto ley la reforma del mercado laboral que rechazan los sindicatos de trabajadores, que han convocado para el 29 de septiembre la primera huelga general contra el  régimen.

La reforma entrará en vigor hoy tras ser publicada en el Boletín Oficial del Estado y será tramitada en el Parlamento como proyecto de ley el 22 de junio.

El ejecutivo  de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó esta reforma, destinada a frenar la crisis, impulsar el empleo y flexibilizar el mercado laboral, por decreto ley después de que fracasaron las negociaciones con sindicatos y empresarios para llegar a un acuerdo al respecto. 

El texto aprobado establece que el Estado asumirá el pago de 8 días de indemnización en los casos de despidos a trabajadores con contratos indefinidos. Además, para recurrir a un despido “objetivo” las empresas sólo tendrán que argumentar que tienen pérdidas económicas.

El ministro de Trabajo, Ceslestino Corbacho, explicó que se trata de “una reforma estructural”, con la que se pretende ajustar la producción.

La vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández,  dijo que la reforma busca atajar la crisis. 

Los sindicatos rechazan la reforma porque consideran que perjudica a los trabajadores y no fomentará la creación de empleo. EFE / AFP
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Lunes, 07 Junio 2010 07:59

Y el ganador es...

Frente a la crisis económica del último par de años y sus consecuencias políticas, es decir, ante un sacudimiento de magnitud tan relevante del funcionamiento del capitalismo global contemporáneo, los gobiernos y partidos de izquierda en Europa son una de las principales víctimas.

Hay diferencias en el modo de gobernar de la izquierda y la derecha, para usar la terminología general, aunque un tanto vaga. No son necesariamente menores. Sobre todo corresponden a los aspectos de índole social, al papel del Estado, a los derechos de las personas. No son suficientes.

En las cuestiones de la economía no han mostrado ambas corrientes un carácter distintivo. Hoy las ideas y prácticas de gobierno están al descubierto y prácticamente sin alternativas convincentes para los electores. Pero lo que se identifica como la socialdemocracia ha quedado en especial en situación muy vulnerable.

Mientras había crecimiento productivo y del empleo, aun con sobresaltos como la crisis de las acciones de empresas tecnológicas en 2001 y con periodos de alta volatilidad en los mercados de capitales; en tanto que el proceso era sostenido mediante la acumulación de la deuda pública, o bien, por el financiamiento privado con alto contenido especulativo, como ocurrió en los años recientes con actividades como la construcción, los partidos de izquierda que gobernaron, lo hicieron con cierta holgura y hasta repetían sus triunfos en la urnas.

Las derechas siguieron siendo protagónicas, pero había espacio para la coexistencia. Esto se puede alterar de modo notorio como una de las repercusiones prácticas de la crisis y como evidencia del magro trabajo intelectual de las izquierdas. Hay un desgaste incluso de sus instintos más primarios.

En el escenario de la expansión económica que llegó hasta mediados de 2008 se pudieron mantener más o menos armados los esquemas de seguridad social del Estado de Bienestar y, así, una cierta cohesión social aunque con cimientos cada vez más inestables.

La Tercera Vía se hizo popular en la primera parte de la década que duró el gobierno de Tony Blair al mando de los laboristas ingleses (1997-2007), pero resultó pobre como modo de pensamiento y de acción frente a la caída del comunismo y el predominio de las relaciones de mercado.

Hoy no responde de plano como alternativa para promover alguna forma de orden social en el mundo. La inercia de Blair llevó a Brown al 10 de la calle Downing para ser zarandeado por la crisis financiera, luego de ser por muchos años el responsable de la hacienda pública.

Los teóricos políticos habrán de ponerse a trabajar de nuevo y en serio, pues por el lado de un tercer camino a la manera de Giddens parece no haber salida. Tampoco la hubo por el lado más rimbombante de la proclama neoliberal del fin de la historia al modo de Fukuyama. Prevaleció Chicago.

Los laboristas ingleses ya perdieron el mando en las recientes elecciones tras las que conservadores y liberales formaron gobierno. En España, el segundo mandato del PSOE está muy dañado y se advierte como si el gobierno hubiese sido tomado por sorpresa y haya quedado atarantado. El milagro español ha sufrido un serio embate y el costo social es muy grande.

En ambos casos, empero, con dos gobiernos de orientaciones políticas distintas, se proponen medidas que convergen: ajuste de los presupuestos públicos, con una reducción severa del gasto y afectación a las prestaciones, como es el caso de las pensiones.

En España se ha atorado la reforma laboral, en tanto que se asignan más fondos para los bancos con problemas. Hay un sometimiento explícito a las exigencias del mercado (lo entrecomillo) en una transferencia efectiva de recursos de una parte de la población a otra, y con un gran costo.

La primera de esas partes, por cierto, mucho más grande sin empleo o bien ocupada precariamente, con fuertes deudas y reducida capacidad de consumo. Un ajuste del cual es difícil desprender condiciones para una eventual recuperación real de los niveles de producción y empleo, de una estabilidad financiera y monetaria sostenibles y de una reducción de las tensiones sociales.

Las variaciones de estos temas no son hoy demasiado grandes y se reproducen en las estructuras internas de cada país y entre los que componen la zona de la Unión Europea. Aún en medio de la crisis, las fuerzas del mercado siguen apareciendo como la forma distintiva de gestión frente a una capacidad política muy disminuida y muy cuestionada.

Esto sobresale como un rasgo distintivo del quehacer político sea en Atenas, Madrid, París o Berlín y, por supuesto, en ese ente cada vez más complejo y desdibujado que es el gobierno europeo ejercido desde Bruselas. La estructura de poder está concentrada y se nota.

El curso de la crisis es por naturaleza incierto, pero se complica mucho más por la fragilidad del liderazgo político y un pensamiento acerca de la sociedad que ni intriga, ni cautiva o siquiera escandaliza. En este entorno se está abriendo el espacio para una radicalización de derechas con poca lucidez, con amplio margen de coerción que no aliente precisamente el juego de la democracia. No hay que ir demasiado lejos para darse cuenta.

Por León Bendesky
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