Crisis financiera ¿Qué fue de los protagonistas de la estafa de las 'subprime' que trajo la mayor crisis económica?


Hace diez años estalló la crisis de las hipotecas basura en EEUU, que arrastró al sistema financiero internacional y llevó a la recesión a los países industrializados, y cuyas consecuencias todavía no han terminado de cicatrizar

 


Hace diez años estalló la crisis de las hipotecas subprime, el prólogo de lo que, trece meses después, fue la mayor crisis financiera que provocó una fuerte recesión en todo el mundo industrializado.


Los bancos de Estados Unidos venía comercializando hipotecas con un nivel de riesgo de impago superior a la media del resto de créditos (las subprime). Esas hipotecas se empaquetaban como títulos de deuda y se vendía, como productos de financieros de alta calidad. Y la burbuja fue engordando, al ritmo en que se calentaba el sector inmobiliario estadounidense; hasta que estalló.


Entre julio y agosto de 2007, empiezan los problemas para fondos, bancos y agencias hipotecarias en EEUU a medida que las hipotecas subprime resultan fallidas. El 9 de agosto el contagio alcanza Europa: el banco BNP Paribas suspende tres fondos por la falta de liquidez. Comienza la histeria en los mercados, y el BCE y la Reserva Federal de EEUU tienen que realizar inyecciones masivas de liquidez, para calmar las tensiones. Pero la inestabilidad seguirá, hasta el golpe definitivo con la caída de Lehman Brothers, el 15 de septiembre de 2008.


Los analistas y expertos apuntan que la burbuja financiera fue posible, en gran medida, por la desregulación y levantamiento de controles que siguió al mandato de Ronald Reagan, que otros presidentes no quisieron o pudieron frenar. La bola de nieve fue creciendo hasta que arrastró a todo el sistema financiero mundial.


Las heridas de aquella crisis todavía no han cicatrizado. Pero entre los ciudadanos queda la impresión de que los responsables o culpables de aquella crisis no han tenido su castigo. Un informe de Washington remitido al Congreso estadounidense señala que apenas 35 banqueros fueron sentenciados en los tribunales por la crisis. Y según un informe reciente del diario británico Financial Times apunta que los grandes bancos norteamericanos han pagado más de 150.000 millones de dólares en multas por la crisis.
Estos son los protagonistas de aquella crisis que todavía seguimos pagando.


Alan Greenspan:


Presidente de la Reserva Federal entre 1987 y 2006, fue el padre de la doctrina de la "exuberancia irracional", que dirigió las políticas financieras anti regulación que llevó a cabo EEUU en la época y fue señalada por muchos como uno de los pilares de la crisis hipotecaria. El famoso economista admitió en octubre de 2008 que en su fe ciega en la economía de mercado cometió un “error” al suponer que los intereses de las entidades financieras siempre estarían alineados con los de sus accionistas y que estas nunca asumirían más riesgos de los que podían afrontar.


Greenspan abandonó su cargo en la Reserva Federal en 2006, meses antes del estallido de la crisis, dejándolo en manos de su número dos, Ben Bernanke. Poco después, fundó su propia consultoría económica, Greenspan Associates, que asesora a bancos y fondos de inversión. También ha servido como asesor de inversiones en Deutsche Bank y en el fondo de inversiones de alto riesgo Paulson & Co. Greenspan fichó como asesor económico en Advisors Capital Management en septiembre de 2016.
Bear Stearns y Washington Mutual Inc.:


El banco de inversiones Bear Stearns y la caja de ahorros Washington Mutual se aprovecharon sin mesura del negocio de las hipotecas basura, llegando a acumular respectivamente 87.000 y 45.600 millones de dólares en subprime en los comienzos de la crisis. Investigaciones judiciales determinaron más tarde que ambas entidades incurrieron en prácticas fraudulentas en la gestión de los bonos hipotecarios.


Bear Stearns engañó a sus inversores, mintiéndoles sobre la calidad de los títulos que les vendía, en gran parte conjuntos de créditos hipotecarios sin valor y con muy alto riesgo. Por su parte, Washington Mutual estafó a prestatarios e inversores, convenciendo a los primeros para contratar préstamos que no iban poder pagar y posteriormente empaquetándolos y ofreciéndoselos a los segundos, enmascarando durante todo el proceso su riesgo real con documentos falsos y otras trampas.


La codicia acabó con ellos: Bear Stearns cae en mayo de 2008 y Washington Mutual en septiembre


La codicia acabó pasándoles factura. Bear Stearns caería en mayo de 2008, mientras que Washington Mutual aguantó sólo hasta septiembre de ese año. El hundimiento de WaMu es considerado -por las dimensiones de la entidad, la principal caja de ahorros del país hasta entonces- la mayor catástrofe bancaria de la historia de Estados Unidos. Ambos organismos fueron adquiridos por el gigante bancario JP Morgan Chase, que tuvo que hacer frente a cuantiosas multas por las acciones delictivas de las entidades.
La mayoría de los ejecutivos de Bear Stearns han seguido trabajando en el mundo de las finanzas, en posiciones similares en otros bancos. Thomas Marano, el director de la división de financiación hipotecaria, ha dirigido desde entonces varias compañías de gestión e inversión hipotecaria. Jeffrey Verschleiser, director de títulos respaldados por activos, ha ocupado varios altos cargos en Goldman Sachs. Michael Nierenberg and Baron Silverstein, ambos de la división de bonos hipotecarios de Bear Stearns, ostentan puestos similares en Bank of America. Jeff Mayer, co-director de renta fija de Bear Stearns, ha trabajado en lo mismo en UBS y Deutsche Bank.


Sólo Ralph Cijoffi y Matthew Tanin, que gestionaban fondos de inversión libre que alcanzaron la bancarrota en 2007, fueron sancionados por su papel en la crisis.
Tuvieron que pagar entre los dos un millón de dólares para liquidar los cargos. El director ejecutivo de Bear Stearns en la antesala de la crisis, Jimmy Cayne, se dedica a jugar al bridge de manera profesional. El de Washington Mutual, Kerry Killinger, es fundador y director de la empresa de inversiones Crescent Capital Associates.


Lewis Ranieri:


Conocido como el padrino de los bonos hipotecarios, se le atribuye la creación de la titulización, proceso mediante el cual activos no líquidos (como las hipotecas) se agrupan mediante ingeniería financiera para convertirse en títulos que se comercializan más fácilmente. Ranieri, entonces vicepresidente de la banca de inversión Salomon Brothers, es el fundador y actual presidente de Ranieri Partners, una asesoría de inversiones inmobiliarias.


Fannie Mae y Freddy Mac:


La Asociación Nacional Federal Hipotecaria (conocida popularmente como Fannie Mae) y la Corporación Federal de Préstamos Hipotecarios para la Vivienda (Freddy Mac) son las principales agencias hipotecarias de Estados Unidos, espolvorizadas por el gobierno hasta que tuvieron que ser rescatadas por él en los inicios de la crisis.
La primera fue creada en 1938 y la segunda surgió en 1970. Su misión era dinamizar el mercado hipotecario, comprando estos créditos a los bancos para que ellos pudiesen mantener su liquidez y conceder aun más.


Lo que falló durante el auge de la burbuja inmobiliaria fue precisamente que los emisores de préstamos hipotecarios encontraron un mercado alternativo a Fannie y Freddy mucho más provechoso, en el que podían vender activos que no cumplían los estrictos criterios de las agencias. Para evitar quedarse atrás, alrededor de 2006 Fannie y Freddy comenzaron a adquirir ciertos bonos subprime, avalados por las agencias de rating.


Cuando la burbuja explotó, Fannie y Freddy, que operaban exclusivamente en el mercado hipotecario, se precipitaron al colapso, y tuvieron que ser rescatadas por el gobierno. Su destino permanece a día de hoy sin determinar.


Las agencias de 'rating'

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Las agencias de rating, encargadas de calificar la calidad de los activos financieros, han sido acusadas de inflar las puntuaciones de paquetes de hipotecas basura, alentando así a los inversores a asumir inconscientemente riesgos elevados. Las agencias recibían la remuneración por emitir calificaciones directamente de los emisores de los bonos, lo que pudo crear conflictos de intereses. La competición entre ellas también ha sido señalada como una posible causa de este comportamiento.


Moody’s y Standards & Poor tuvieron que abonar 864 y 1.375 millones de dólares respectivamente a las autoridades estadounidenses para resolver alegaciones de manipulación de calificaciones, además de comprometerse a implementar estándares éticos rigurosos. Esta segunda parte parece estar resultando dificultosa para las agencias. Según un informe de la Comisión de Bolsa y Valores, recogido por el New York Times, a finales de 2015 se seguían detectando irregularidades en la conducta de las firmas.


Kathleen Corbet, directora de la mayor agencia de ratings, Standards & Poor, antes y durante la crisis de 2007, fundó en 2008 Cross Ridge Capital LLC, firma especializada en capital riesgo, que también dirige. Raymond McDaniel, director de Moody’s en esas fechas, continúa al frente de la agencia.


Goldman Sachs:


El banco de inversiones Goldman Sachs salió airoso, con ganancias de más de 4.000 millones de dólares, de la crisis hipotecaria que dejó temblando a las principales entidades bancarias del mundo. Un informe de la Comisión Levin, con representantes del Subcomité Permanente del Senado para Investigaciones, señaló en 2011 que esta posición ventajosa se pudo deber a que Goldman Sachs engañó a sus inversores para venderles activos ligados a hipotecas basura, para después adoptar posiciones bajistas contra estos activos, lo que produjo un doble beneficio para el banco. Sin embargo, la Justicia estadounidense resolvió que no había en el informe evidencias suficientes para investigar penalmente al banco o a sus ejecutivos.


Para acallar esta y otras denuncias, Goldman ha pagado más de 5.000 millones de dólares en multas a la Administración de EEUU. Su director ejecutivo en la época, Lloyd Blankfein, continúa en el cargo.


John Paulson:


El multimillonario fue el gran beneficiario de la crisis hipotecaria. Apostó por el estallido de la burbuja inmobiliaria y ganó 3.700 millones de dólares cuando su predicción resultó acertada, recibiendo duras críticas por enriquecerse de las pérdidas generalizadas.


Desde 2011, el fondo de inversiones que dirige, Paulson & Co., ha menguado en dos tercios de su valor, pasando de los 36.000 millones de dólares en 2011 a 10.000 millones en la actualidad. Sin embargo, una nueva apuesta inmobiliaria y política podría cambiar su suerte.


Paulson es uno de los principales accionistas de Fannie Mae y Freddie Mac, las grandes agencias hipotecarias que pasaron a manos del gobierno estadounidense al ser rescatadas en 2007 y siguen bajo control de los poderes públicos. Con un valor mínimo actualmente, sus inversores permanecen a la espera de que este se dispare cuando sean privatizadas.


Parece que este momento podría llegar inminentemente. El nuevo secretario del tesoro estadounidense, Steve Mnuchin, es un gran partidario de que el gobierno se desvincule de estas agencias. También lo es el presidente Donald Trump, que Paulson apoyó desde los inicios de su campaña electoral, sirviendo como consultor económico de su campaña y dotando al comité de inauguración de la presidencia de 250.000 dólares.


AIG:


La compañía aseguradora American International Group concedió seguros contra el impago de los bonos hipotecarios, entendiendo que estos activos, calificados como muy seguros, rara vez serían objeto de incumplimientos de pago.


Nada más lejos de la realidad. El desplome de las hipotecas puso la empresa al borde de la quiebra, forzando al gobierno de Estados Unidos a rescatarla, con un préstamo de emergencia de 85.000 millones de dólares. El rescate se produjo al día siguiente de la quiebra de Lehman Brothers y la negativa del gobierno a intervenir en más rescates bancarios. En el caso de AIG, el gobierno señaló que el impacto de su caída en la economía habría sido tan grande que hacía ineludible su intervención.


AIG continúa operando hoy en día. Su director general en la época, Maurice R. Greenberg, dirige la aseguradora Starr Co. & Inc. Joseph Cassano, director del equipo de AIG que vendía seguros contra el impago en Londres, considerado el “paciente cero” del colapso global, ha desaparecido de la esfera pública.


Lehman Brothers:


EL gigante financiero Lehman Brothers, cuarto banco de inversión más importante de Estados Unidos, se declaró oficialmente en bancarrota el 15 de septiembre de 2007. El gobierno de Estados Unidos rechazó rescatar la entidad, aduciendo a un "riesgo moral" de que todos los bancos exigiesen el mismo trato en caso de fallar.


Un informe judicial durante la evaluación de su proceso de liquidación halló que los ejecutivos de la empresa habían incurrido en "riesgos excesivos", cometiendo "errores de juicio" al invertir descontroladamente en hipotecas basura y otros activos tóxicos y no prever el desenlace final. Además, apuntaba que los altos cargos habían manipulado las cuentas de la entidad para maquillar su insolvencia hasta que se hizo evidente.


Tras el hundimiento de la entidad, Dick Fuld, su director ejecutivo, lanzó en 2009 Matrix Advisors, una empresa de asesoramiento a pequeñas empresas para desarrollo de negocio y acceso a capital. El director de inversiones de Lehman Brothers, Hugh McGe III, asumió varios puestos en la directiva de Barclays a partir de 2008 y dirige ahora Intrepid Financial Partners, LLC, que él mismo contribuyó a fundar.


Merril Lynch:


Al banco de inversión Merril Lynch le estaba yendo de maravilla con el negocio de las hipotecas y derivados. Registró un crecimiento de un 40% de su valor en 2006 y decidió adquirir First Franklin, compañía especializada en préstamos de riesgo elevado, para continuar su expansión.


La oleada de impagos hipotecarios de 2007 alcanzó de lleno al banco. El 15 de septiembre fue adquirido por Bank of America, con ayudas públicas para garantizar su sustento. Bank of America se ha tenido que hacer cargo de multas por acciones leales contra la actuación previa a la crisis de Merril Lynch y sobre la información provista sobre el estado de la entidad durante la compra.


El director ejecutivo de Merril Lynch llegó al consejo de administración de Alcoa, multinacional de aluminio, al poco de constatarse la crisis. Sus principales directivos, Osman Semerci y Ahmass L. Fakahany, han continuado sus carreras profesionales en sectores dispares. Semerci reflotó Duet Groupuna, gestora de patrimonio con sede en Londres, de la que ahora es director ejecutivo. Por su parte, Fakahany, permanece establicido en Wall Street, donde dirige restaurantes de lujo.


Phil Gramm y Chris Todd:


Ávido defensor de la desregulación finaciera, el senador republicano Phil Gramm trató de presentar las hipotecas subprime como un ingrediente esencial del sueño americano y contribuyó al auge de la titulización. Una ley con su nombre, la Ley Gramm-Leach-Bliley de 1999, eliminó las estrictas reglas impuestas al sector financiero tras la Depresión, permitiendo a Wall Street embarcarse en la especulación de alto riesgo.


El senador de Texas fue el que más contribuciones recibió de bancos comerciales en sus campañas electorales entre 1989 y 2002 y de los cinco que obtuvieron más donaciones de Wall Street. Gramm nunca perdió la confianza en el mercado, llegando a afirmar que la crisis financiera era una “recesión mental” en julio de 2008, tres meses después de la caída de Bear Stearns y cinco antes de la de Lehman Brothers.


Desde su retirada del Senado en 2002, Gramm trabajó como vicepresidente del departamento de inversiones de UBS, empresa suiza de servicios financieros, pasando a ser asesor de la entidad en 2012. En marzo de 2016, fue nombrado consejero económico del candidato republicano a la presidencia Ted Cruz.


El senador demócrata Chris Dodd, presidente del Comité de Banca del Senado entre 2007 y 2010, se resistió a endurecer las regulaciones de Fannie Mae y Freddie Mac, abogando en su lugar por que estas agencias concediesen hipotecas menos fiables, esperando facilitar así a los segmentos más pobres de la población adquirir viviendas en propiedad. Dodd recibió entre 1989 y 2008 donaciones por valor de 165.000 dólares de Fannie y Freddie, más que cualquier otro miembro del Congreso, según explica The Guardian


El senador de Connecticut tendría tiempo de retractarse de este impulso desregulador. Junto con el entonces presidente de la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Barney Frank, fue responsable de redactar la ley Dodd-Frank, firmada por Barack Obama durante su primera legislatura, que establecía una rigurosa reglamentación para poner límites a la temeridad de Wall Street.


Dodd dejaría el Senado en 2010, convirtiéndose en marzo de 2011 en director de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos, el grupo de presión de los principales estudios de Hollywood. Chris Dodd abandonará su posición al frente del lobby en septiembre de este año.

 

09/08/2017 08:54 Actualizado: 09/08/2017 11:20
paula peñacoba

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Lunes, 07 Agosto 2017 08:14

Nada simple

Nada simple


El detective romano Francesco Ingravallo sabe que en la investigación de un crimen no hay una relación unívoca entre causa y efecto. En cambio, sigue la concepción de su creador Carlo Emilio Gadda, que lo pone a trabajar en el caso de El zafarrancho aquel de la Vía Marulana.

Para Gadda-Ingravallo, el mundo aparece como un "sistema de sistemas". Dicho de otra manera: que cada elemento de un sistema contiene otro sistema y cada uno de ellos, a su vez esta ligado a una genealogía de sistemas.

Esto parece, es cierto, demasiado complicado. Pero esta noción difiere de aquella que denota a la complejidad. En palabras de Edgar Morin, se trata de superar la ambición del pensamiento simple para interpretar e incluso controlar lo real y, en cambio, ejercitarse en pensamiento que sea capaz de dialogar, o como él sugiere, negociar con lo real.

En el ámbito científico se ha desarrollado el campo denominado Complejidad. Un bosque tropical es un ejemplo usual de un sistema complejo y tiene que ver con aspectos de la teoría de la evolución.

En esta concepción hay una característica clave que tiene que ver con la emergencia, o sea, el hecho de que el todo es más que la suma de las partes.

La economía con las redes intricadas de mercados y múltiples tipos de transacciones y agentes es un caso paradigmático de un sistema complejo o, dicho a la manera de Gadda, de una genealogía de sistemas.

En el campo de la economía la concepción del mercado se desarrolló agregando elementos individuales, por ejemplo, el consumidor y sus preferencias para definir la demanda de un determinado producto, el que fuera, o hasta de la economía en su conjunto. Del otro lado se agregan las empresas representativas que en el marco de una "competencia" perfecta generan la oferta de los distintos productos.

Entre ambas se define el precio de equilibrio que se restituye ante cualquier cambio de las condiciones iniciales. El asunto se plantea de modo simple. Combinando ambas condiciones se define el precio de equilibrio y las premisas del sistema garantiza que esa condición siempre se consiga.

Una de las consecuencias, decisiva por cierto, de ese pensamiento mecánico es que, aun a su pesar, ocurren las crisis, se genera desempleo, hay episodios de inflación y devaluación, la riqueza y el ingreso se concentran y la información se controla. Todo esto solía pensarse como una cuestión de imperfecciones del sistema simple planteado en los manuales con los que se enseña a los economistas.

Pero las imperfecciones no son tales. Esos fenómenos son parte de la complejidad del sistema y puede aplicarse a una economía de mercado "libre" y, también, a una de tipo planificado.

George Soros, el muy exitoso especulador financiero, expuso su método en un libro titulado con una clara intención, La alquimia financiera. Ahí define el concepto de la reflexividad como las situaciones que enfrentan a participantes pensantes entre los que se genera una interacción de sus pensamientos o decisiones y la situación en la que participan. Por un lado pretenden comprender la realidad y, por la otra, conseguir el resultado deseado. Ambas funciones operan de direcciones opuestas, interfieren una con la otra y provocan que lo que se suponía como dado se vuelva contingente.

Es pues un acto de simpleza concebir que el hecho de que el índice de la bolsa de valores de Nueva York supere por vez primera los 22 mil puntos signifique que necesariamente se abre el camino a una recuperación notable de la actividad productiva y que, además, sea sostenible.

También es un acto de simpleza decir que ese alto nivel de precios de las acciones y la creación de más empleos se deba a las acciones del gobierno de Donald Trump. En el primer semestre de su presidencia no ha habido ninguna acción concreta que apunte a la recuperación. Lo que hay es una expectativa de que eso ocurra y de ahí surge la reflexividad. Hoy por hoy, la economía muestra una tendencia que se inició en el gobierno de Barack Obama y que sigue su curso.

Lo que sorprende es que los expertos en cuestiones políticas afirmen que en estos pocos meses Trump haya podido cambiar esa tendencia. Esa es una simpleza. En cuanto a los operadores de la bolsa, están haciendo su trabajo: especular tomando posiciones en aquellas empresas que se espera puedan beneficiarse más de una reforma fiscal que aún no ocurre, o de cambios regulatorios que aún no se definen.

Podría darse el caso de que algunos especuladores operen en corto, es decir, especulando con el hecho de que más adelante los precios de las acciones caigan. Eso ocurrió de forma grotesca con el llamado big short que definió buena parte de la crisis de 2008.

Simple es, asimismo, pensar que las recientes revisiones al alza del producto esperado para este año en México representen cambios estructurales suficientes en el funcionamiento de la economía. En ese terreno, hoy las tasas de interés son más altas, la inflación es mayor, los salarios siguen siendo muy bajos y la concentración del ingreso prosigue.

Además, ya estamos de plano en la temporada electoral y la experiencia es que ocurren en este proceso fuertes distorsiones que corresponden al ciclo político de la economía. En éste, la polarización da las campañas, las pugnas entre los grupos de interés, facciones y partidos no son ajenas a las decisiones que ocurren en un sistema complejo y con el efecto clave de la emergencia: la suma de las partes es menos que el resultado, cualquiera que este sea.

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El ciclo económico después de la reforma tributaria

La coyuntura económica evidencia la creciente desaceleración de la economía colombiana...

 

El crecimiento económico tiene cuatro fases: auge, desaceleración, crisis y recuperación. Esta dinámica de los ciclos de negocios de un país tiene a veces momentos de auge prolongados que van acompañados de crisis de corta o de larga duración. Lo cierto es que cuando se agota una etapa favorable sigue siempre una contracción.

 

Todo lo que sube tiene que bajar

 

Hay economistas que afirman que la preocupación de quienes deciden sobre la política económica debe estar orientada a crecer lo máximo posible porque este hecho por sí solo desencadena beneficios para todos. Concluyen que no se requiere tomar acciones directas para llevar los resultados de las bonanzas a los sectores más excluidos. Menos aún protegerlos cuando llegan las vacas flacas.

 

Sin embargo existe más evidencia para contradecir esa hipótesis que para sustentarla. Angus Deaton estudió la crisis de 2008 en Estados Unidos y encontró que se incrementaron los casos de alcoholismo, drogadicción, y suicidios entre la población blanca no hispana de mediana edad que fue excluida del auge inmobiliario. En Colombia apenas entramos en la fase de desaceleración y ya se resienten las condiciones de vida de los más pobres. La incidencia de la pobreza extrema que había mostrado una tendencia decreciente, se incrementó en 60 puntos base de 2015 a 2016.

 

Cuando una economía se acerca a su mayor capacidad productiva tiende a emplear la totalidad de sus factores productivos, en el caso del trabajo podría hablarse de niveles cercanos al pleno empleo. Entonces los salarios reales aumentan y desestimulan la tasa de ganancia. Los inversionistas revisan sus decisiones de producción, iniciándose un proceso de desaceleración en el que disminuye el nivel de empleo y los salarios. “El consumo y la inversión de los capitalistas –advirtió Kalecki– además de los criterios de distribución del ingreso, determinan el consumo de los trabajadores y por tanto, los niveles de producción y empleo de un país”.

 

Con el fin de estimular la producción y mitigar las crisis, la financiación del gasto público debe hacerse vía crédito y no con impuestos que siempre recaen sobre los salarios impactando negativamente la demanda y minando la capacidad de crecimiento o ampliando la profundidad de una crisis. Tal es la constante en Colombia. Desde mediados de 2014 la caída sostenida del precio del petróleo tuvo un efecto negativo sobre los ingresos fiscales del país. En 2016 se necesitaba 34 billones de pesos para cubrir los gastos de la nación. La solución fue imponer más impuestos sin considerar las consecuencias sobre el ciclo económico y sin tomar en cuenta los resultados sociales de esta decisión.

 

Como mínimo dos años más de desaceleración

 

De acuerdo con la tendencia del último ciclo económico se esperaría que la contracción llegara a sus niveles mínimos a finales del próximo año, volviéramos a llegar a un punto de máximo potencial hacia finales de 2020. No obstante, la reforma depositó su capacidad de recaudo en los impuestos indirectos que afectan mayormente a la demanda de los hogares, que ya venía desacelerándose. En el gráfico se observa que también el crédito de consumo crece a tasas menores, entonces es de esperar que tres puntos porcentuales más de IVA afecten nuestra recuperación.

 

Después del deterioro introducido por la reforma tributaria, las autoridades económicas centran ahora su esperanza en la política monetaria que en palabras del economista Galbraith no es socialmente neutral pues “favorece firmemente a la clase rentista” mediante los movimientos en las tasas de interés. Mientras el gasto público altera las decisiones de los sectores a los que la inversión privada debe dirigirse y por ende la tasa de ganancia, la política monetaria no precisa mayor inconveniente para la actividad privada y tampoco incide en la distribución de la riqueza, como si lo haría una política fiscal que protegiera el bienestar de los asalariados. Por estas razones los grupos de presión económica inciden mayoritariamente para que se privilegie las acciones de los bancos centrales para regular las economías.

 

Sobre tal particular, el Banco de la República reconoce el momento de menor demanda, el aumento de precios por cuenta del IVA, y el deterioro del mercado laboral: “La tasa de desempleo muestra una tendencia ascendente para el total nacional y las trece áreas [...] se observó una desaceleración importante en el empleo asalariado, el número de no asalariados aumentó frente a enero”.

 

Ante la magnitud del problema la decisión de la autoridad monetaria fue disminuir la tasa de intervención en 25 puntos base teniendo siempre presente el cumplimiento de la meta de inflación, y anunciando que vendrán más bajas: “Se han elevado simultáneamente los riesgos de desaceleración excesiva y de persistencia en la inflación, aumentando la incertidumbre sobre el paso al que se deben realizar reducciones adicionales de las tasas de interés”.

 

Para el pensamiento ortodoxo que domina a los banqueros centrales pensar en tolerar un poco más de inflación a cambio de un nivel más alto de empleo es sencillamente impensable. No hace falta decir que el descenso de tasas tenga algún efecto sobre el ingreso y menos sobre el empleo de las personas y que alivie las fallas de un modelo de producción en declive y con profunda desigualdad social. Esta medida por un lado abarata los costos de fondeo de la banca comercial, que sin duda no se transmitirán al público en general porque los bancos mejoran sus ingresos si dejan inmodificado sus márgenes de intermediación. De otro lado, los tenedores de TES aumentarán su riqueza porque el descenso de la tasa se traduce en aumento de precios de los bonos. Es sorprendente ver como Galbraith tiene razón.

 

Crecimiento sin equidad

 

El crecimiento económico de Colombia no es favorable a la clase asalariada. El empleo que genera es de baja calidad y los salarios solo se ajustan con base en las metas de inflación del Banco de la República, que rara vez se cumplen. En la siguiente gráfica se observa que indistintamente de la etapa de crecimiento, en los últimos diez años el país tiene entre el 42 y el 48 por ciento de su población económicamente activa por fuera del sistema de protección social en salud. Además, el 80 por ciento de los pensionados está en niveles de ingreso entre uno y dos salarios mínimos y es muy baja la tasa de quienes logran una pensión. Estos resultados son la consecuencia de una profunda informalidad y un bajo ingreso y capacidad de ahorro de los asalariados.

 

A pesar de estas condiciones las entidades privadas que manejan el ahorro para pensión, con el fin de capturar mayores recursos para administrar, están presionando para que el Gobierno elimine tarde o temprano el régimen de prima media. Este régimen se basa en la solidaridad generacional y no en el rendimiento financiero de los aportes por lo que hace una cobertura de todo el periodo de vejez. En el régimen de ahorro individual se deja a su propia suerte a quienes no cumplan los montos mínimos para pensionarse o simplemente se racionaliza el ahorro para cubrir hasta donde sea suficiente, sin considerar mayores expectativas de vida.

 

Las decisiones privadas solo buscan su propio beneficio y su incidencia no es la mejor en términos de equidad y bienestar para las mayorías. Al Gobierno le corresponde usar todas sus herramientas para proteger a la población de las consecuencias de los intereses privados y es través del gasto que puede incidirse directamente en la actividad económica y en las condiciones laborales. Por el momento el Gobierno acude a la austeridad como medida, aunque de ella solo pueda esperarse que extienda más la fase recesiva.

 

La última reforma tributaria evidencia que el Gobierno también puede usar la política fiscal en contra del bienestar general y del crecimiento económico. El aumento del IVA golpeó fuertemente a las clases populares, y no se hizo mucho por atacar la evasión o por eliminar varios beneficios que abundan en el Estatuto Tributario. En el impoconsumo la evasión se acerca a 2 billones y la deducción plena del IVA en bienes de capital representa 6.4 billones cada año. De otro lado no tiene sentido hacer devoluciones de IVA a productos exportados que no contengan valor agregado como son el carbón, los minerales y el petróleo crudo.

 

Haber llegado a una situación, como la de Colombia, en la que el 1 por ciento de la población concentra el 20 por ciento del ingreso nacional es el producto de la acumulación histórica de varias decisiones de política económica que no es que estén equivocadas sino que no están bien intencionadas, y que muestran la debilidad de un Estado que cede fácilmente ante las presiones de intereses económicos nacionales e internacionales, y no frente al evidente deterioro de las condiciones sociales.

 



Recuadro

 

Para favorecer a los de siempre

 

La reforma tributaria que entró a operar en 2017 no eleva el recaudo impactando al segmento de mayores ingresos del país sino que contribuye a la sociedad del cansancio introduciendo elementos más desfavorables para la clase trabajadora, entre ellos desde luego está involucrada la quimérica clase media. El hueco fiscal (desbalance entre los ingresos y gastos del gobierno) es de 33.6 billones. Además 2017 es un año electoral en el que se debe engrasar la maquinaria política con mermelada en cada región. De allí que la negociación en el Congreso de la reforma tributaria haya sido un trámite sencillo sin mayor oposición. Ejecutivo y Legislativo pensando la permanencia del status quo perjudicando a un gran número de colombianos.

 

La estructura tributaria en Colombia es profundamente desigual. Dos personas con niveles de ingresos parecidos deberían ser tratados de la misma manera y dos empresas con similares características en su estructura financiera deberían contribuir con impuestos de manera similar, pero esto no sucede aquí, especialmente a nivel de las empresas, debido a los múltiples beneficios tributarios (zonas francas y contratos de estabilidad jurídica) y a los altos índices de evasión fiscal. El contrabando y la evasión mediante paraísos fiscales hacen que nuestro país deje de recaudar alrededor de 8,8 billones.

 

En Colombia el 1 por ciento más rico de la población concentra el 20 por ciento del ingreso pero sólo tributa sobre la base del 11 por ciento de sus ingresos, porque el 89 por ciento restante de su riqueza está constituida solamente por dividendos. La concentración accionaria en el país es muy similar a la de la tenencia de la tierra. Un impuesto a los dividendos aumenta el ingreso de la nación removiendo esta inequidad. Esta iniciativa hubiera sido una muestra de gentil cambio de perspectiva de la clase política. La idea fue presentada por la Comisión de Expertos (con una tasa entre el 10% y 15%) pero rechazada por el gobierno debido a la alta presión de Anif y Andi. Anualmente en forma de dividendos hay 28 billones de pesos que se reparten entre empresas (gracias al discurso del estímulo a la inversión, se permite que el negocio de Carlos Slim retire anualmente 2 billones de pesos en remesas sin tributar un solo peso) y solo 4 billones entre personas naturales.

 

 

El golpe más violento a la clase trabajadora lo dio el Gobierno con el aumento de 3 puntos porcentuales en el IVA. De un lado restringe dramáticamente su ingreso disponible y por otro lado se profundiza la desaceleración reduciendo la demanda efectiva. El IVA es un impuesto indirecto de fácil recaudo que empieza a generar ingresos al Estado desde el primer mes de aplicación. Con el incremento pasamos a tener la tarifa de la Ocde sin tener los mismos niveles de ingreso ni el mismo gasto e infraestructura en bienes públicos y políticas sociales. Este impuesto se hubiera evitado si se hubieran eliminado las exenciones de IVA que privilegian ante todo a los capitalistas. Por ejemplo la eliminación la deducción plena del IVA en los bienes de capital representaría 6.4 billones cada año. En el comercio internacional se puede exigir por ejemplo no devolver el IVA a productos exportados que no contengan valor agregado como el carbón, los minerales y el petróleo crudo. Evitar realmente la evasión de impuestos como el impoconsumo que representa dos billones de pesos al año.

 

La idea de impuestos saludables fue una propuesta interesante en la medida que contiene una acción preventiva en la salud pública si el recaudo se dirige de manera especial a gasto en prevención en salud. Pero el lobby de las empresas de gaseosas hizo que se retirara del proyecto de ley con el argumento cínico de que las gaseosas son imprescindibles en el desayuno de las personas más pobres.

 

El impuesto ambiental que creó el Gobierno no es sino otro impuesto a la gasolina sin ninguna incidencia ambiental porque se cobra sobre el consumo de gasolina y no sobre la emisión. Un impuesto realmente ambiental debe desestimular la emisión de carbono y el uso del automóvil. Por otro lado su recaudo debe destinarse específicamente a proyectos de sostenibilidad, mitigación y adaptación al cambio climático, y no dejarse como un gasto a discreción del Gobierno.

 

En Colombia el 80 por ciento de los pensionados está en niveles de ingreso entre uno y dos salarios mínimos. Para el porcentaje restante puede establecerse un umbral para que las pensiones altas se graven, un umbral a sugerir son más de 7 salarios mínimos.

 

La paz se construye con justicia social. En la reforma tributaria que nos deja el último periodo de Santos se refleja que no hay una medida de justicia sino una oportunidad de hacer de la administración del Estado una máquina de negocios tan corrupta que parece imparable. Dentro de las prioridades que tiene la política pública de Santos, redundar en el bienestar general es la última. Esta reforma tributaria es en beneficio de la clase política y de los empresarios y en perjuicio de los trabajadores.

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El ciclo económico después de la reforma tributaria

La coyuntura económica evidencia la creciente desaceleración de la economía colombiana...

 

El crecimiento económico tiene cuatro fases: auge, desaceleración, crisis y recuperación. Esta dinámica de los ciclos de negocios de un país tiene a veces momentos de auge prolongados que van acompañados de crisis de corta o de larga duración. Lo cierto es que cuando se agota una etapa favorable sigue siempre una contracción.

 

Todo lo que sube tiene que bajar

 

Hay economistas que afirman que la preocupación de quienes deciden sobre la política económica debe estar orientada a crecer lo máximo posible porque este hecho por sí solo desencadena beneficios para todos. Concluyen que no se requiere tomar acciones directas para llevar los resultados de las bonanzas a los sectores más excluidos. Menos aún protegerlos cuando llegan las vacas flacas.

 

Sin embargo existe más evidencia para contradecir esa hipótesis que para sustentarla. Angus Deaton estudió la crisis de 2008 en Estados Unidos y encontró que se incrementaron los casos de alcoholismo, drogadicción, y suicidios entre la población blanca no hispana de mediana edad que fue excluida del auge inmobiliario. En Colombia apenas entramos en la fase de desaceleración y ya se resienten las condiciones de vida de los más pobres. La incidencia de la pobreza extrema que había mostrado una tendencia decreciente, se incrementó en 60 puntos base de 2015 a 2016.

 

Cuando una economía se acerca a su mayor capacidad productiva tiende a emplear la totalidad de sus factores productivos, en el caso del trabajo podría hablarse de niveles cercanos al pleno empleo. Entonces los salarios reales aumentan y desestimulan la tasa de ganancia. Los inversionistas revisan sus decisiones de producción, iniciándose un proceso de desaceleración en el que disminuye el nivel de empleo y los salarios. “El consumo y la inversión de los capitalistas –advirtió Kalecki– además de los criterios de distribución del ingreso, determinan el consumo de los trabajadores y por tanto, los niveles de producción y empleo de un país”.

 

Con el fin de estimular la producción y mitigar las crisis, la financiación del gasto público debe hacerse vía crédito y no con impuestos que siempre recaen sobre los salarios impactando negativamente la demanda y minando la capacidad de crecimiento o ampliando la profundidad de una crisis. Tal es la constante en Colombia. Desde mediados de 2014 la caída sostenida del precio del petróleo tuvo un efecto negativo sobre los ingresos fiscales del país. En 2016 se necesitaba 34 billones de pesos para cubrir los gastos de la nación. La solución fue imponer más impuestos sin considerar las consecuencias sobre el ciclo económico y sin tomar en cuenta los resultados sociales de esta decisión.

 

Como mínimo dos años más de desaceleración

 

De acuerdo con la tendencia del último ciclo económico se esperaría que la contracción llegara a sus niveles mínimos a finales del próximo año, volviéramos a llegar a un punto de máximo potencial hacia finales de 2020. No obstante, la reforma depositó su capacidad de recaudo en los impuestos indirectos que afectan mayormente a la demanda de los hogares, que ya venía desacelerándose. En el gráfico se observa que también el crédito de consumo crece a tasas menores, entonces es de esperar que tres puntos porcentuales más de IVA afecten nuestra recuperación.

 

Después del deterioro introducido por la reforma tributaria, las autoridades económicas centran ahora su esperanza en la política monetaria que en palabras del economista Galbraith no es socialmente neutral pues “favorece firmemente a la clase rentista” mediante los movimientos en las tasas de interés. Mientras el gasto público altera las decisiones de los sectores a los que la inversión privada debe dirigirse y por ende la tasa de ganancia, la política monetaria no precisa mayor inconveniente para la actividad privada y tampoco incide en la distribución de la riqueza, como si lo haría una política fiscal que protegiera el bienestar de los asalariados. Por estas razones los grupos de presión económica inciden mayoritariamente para que se privilegie las acciones de los bancos centrales para regular las economías.

 

Sobre tal particular, el Banco de la República reconoce el momento de menor demanda, el aumento de precios por cuenta del IVA, y el deterioro del mercado laboral: “La tasa de desempleo muestra una tendencia ascendente para el total nacional y las trece áreas [...] se observó una desaceleración importante en el empleo asalariado, el número de no asalariados aumentó frente a enero”.

 

Ante la magnitud del problema la decisión de la autoridad monetaria fue disminuir la tasa de intervención en 25 puntos base teniendo siempre presente el cumplimiento de la meta de inflación, y anunciando que vendrán más bajas: “Se han elevado simultáneamente los riesgos de desaceleración excesiva y de persistencia en la inflación, aumentando la incertidumbre sobre el paso al que se deben realizar reducciones adicionales de las tasas de interés”.

 

Para el pensamiento ortodoxo que domina a los banqueros centrales pensar en tolerar un poco más de inflación a cambio de un nivel más alto de empleo es sencillamente impensable. No hace falta decir que el descenso de tasas tenga algún efecto sobre el ingreso y menos sobre el empleo de las personas y que alivie las fallas de un modelo de producción en declive y con profunda desigualdad social. Esta medida por un lado abarata los costos de fondeo de la banca comercial, que sin duda no se transmitirán al público en general porque los bancos mejoran sus ingresos si dejan inmodificado sus márgenes de intermediación. De otro lado, los tenedores de TES aumentarán su riqueza porque el descenso de la tasa se traduce en aumento de precios de los bonos. Es sorprendente ver como Galbraith tiene razón.

 

Crecimiento sin equidad

 

El crecimiento económico de Colombia no es favorable a la clase asalariada. El empleo que genera es de baja calidad y los salarios solo se ajustan con base en las metas de inflación del Banco de la República, que rara vez se cumplen. En la siguiente gráfica se observa que indistintamente de la etapa de crecimiento, en los últimos diez años el país tiene entre el 42 y el 48 por ciento de su población económicamente activa por fuera del sistema de protección social en salud. Además, el 80 por ciento de los pensionados está en niveles de ingreso entre uno y dos salarios mínimos y es muy baja la tasa de quienes logran una pensión. Estos resultados son la consecuencia de una profunda informalidad y un bajo ingreso y capacidad de ahorro de los asalariados.

 

A pesar de estas condiciones las entidades privadas que manejan el ahorro para pensión, con el fin de capturar mayores recursos para administrar, están presionando para que el Gobierno elimine tarde o temprano el régimen de prima media. Este régimen se basa en la solidaridad generacional y no en el rendimiento financiero de los aportes por lo que hace una cobertura de todo el periodo de vejez. En el régimen de ahorro individual se deja a su propia suerte a quienes no cumplan los montos mínimos para pensionarse o simplemente se racionaliza el ahorro para cubrir hasta donde sea suficiente, sin considerar mayores expectativas de vida.

 

Las decisiones privadas solo buscan su propio beneficio y su incidencia no es la mejor en términos de equidad y bienestar para las mayorías. Al Gobierno le corresponde usar todas sus herramientas para proteger a la población de las consecuencias de los intereses privados y es través del gasto que puede incidirse directamente en la actividad económica y en las condiciones laborales. Por el momento el Gobierno acude a la austeridad como medida, aunque de ella solo pueda esperarse que extienda más la fase recesiva.

 

La última reforma tributaria evidencia que el Gobierno también puede usar la política fiscal en contra del bienestar general y del crecimiento económico. El aumento del IVA golpeó fuertemente a las clases populares, y no se hizo mucho por atacar la evasión o por eliminar varios beneficios que abundan en el Estatuto Tributario. En el impoconsumo la evasión se acerca a 2 billones y la deducción plena del IVA en bienes de capital representa 6.4 billones cada año. De otro lado no tiene sentido hacer devoluciones de IVA a productos exportados que no contengan valor agregado como son el carbón, los minerales y el petróleo crudo.

 

Haber llegado a una situación, como la de Colombia, en la que el 1 por ciento de la población concentra el 20 por ciento del ingreso nacional es el producto de la acumulación histórica de varias decisiones de política económica que no es que estén equivocadas sino que no están bien intencionadas, y que muestran la debilidad de un Estado que cede fácilmente ante las presiones de intereses económicos nacionales e internacionales, y no frente al evidente deterioro de las condiciones sociales.

 



Recuadro

 

Para favorecer a los de siempre

 

La reforma tributaria que entró a operar en 2017 no eleva el recaudo impactando al segmento de mayores ingresos del país sino que contribuye a la sociedad del cansancio introduciendo elementos más desfavorables para la clase trabajadora, entre ellos desde luego está involucrada la quimérica clase media. El hueco fiscal (desbalance entre los ingresos y gastos del gobierno) es de 33.6 billones. Además 2017 es un año electoral en el que se debe engrasar la maquinaria política con mermelada en cada región. De allí que la negociación en el Congreso de la reforma tributaria haya sido un trámite sencillo sin mayor oposición. Ejecutivo y Legislativo pensando la permanencia del status quo perjudicando a un gran número de colombianos.

 

La estructura tributaria en Colombia es profundamente desigual. Dos personas con niveles de ingresos parecidos deberían ser tratados de la misma manera y dos empresas con similares características en su estructura financiera deberían contribuir con impuestos de manera similar, pero esto no sucede aquí, especialmente a nivel de las empresas, debido a los múltiples beneficios tributarios (zonas francas y contratos de estabilidad jurídica) y a los altos índices de evasión fiscal. El contrabando y la evasión mediante paraísos fiscales hacen que nuestro país deje de recaudar alrededor de 8,8 billones.

 

En Colombia el 1 por ciento más rico de la población concentra el 20 por ciento del ingreso pero sólo tributa sobre la base del 11 por ciento de sus ingresos, porque el 89 por ciento restante de su riqueza está constituida solamente por dividendos. La concentración accionaria en el país es muy similar a la de la tenencia de la tierra. Un impuesto a los dividendos aumenta el ingreso de la nación removiendo esta inequidad. Esta iniciativa hubiera sido una muestra de gentil cambio de perspectiva de la clase política. La idea fue presentada por la Comisión de Expertos (con una tasa entre el 10% y 15%) pero rechazada por el gobierno debido a la alta presión de Anif y Andi. Anualmente en forma de dividendos hay 28 billones de pesos que se reparten entre empresas (gracias al discurso del estímulo a la inversión, se permite que el negocio de Carlos Slim retire anualmente 2 billones de pesos en remesas sin tributar un solo peso) y solo 4 billones entre personas naturales.

 

 

El golpe más violento a la clase trabajadora lo dio el Gobierno con el aumento de 3 puntos porcentuales en el IVA. De un lado restringe dramáticamente su ingreso disponible y por otro lado se profundiza la desaceleración reduciendo la demanda efectiva. El IVA es un impuesto indirecto de fácil recaudo que empieza a generar ingresos al Estado desde el primer mes de aplicación. Con el incremento pasamos a tener la tarifa de la Ocde sin tener los mismos niveles de ingreso ni el mismo gasto e infraestructura en bienes públicos y políticas sociales. Este impuesto se hubiera evitado si se hubieran eliminado las exenciones de IVA que privilegian ante todo a los capitalistas. Por ejemplo la eliminación la deducción plena del IVA en los bienes de capital representaría 6.4 billones cada año. En el comercio internacional se puede exigir por ejemplo no devolver el IVA a productos exportados que no contengan valor agregado como el carbón, los minerales y el petróleo crudo. Evitar realmente la evasión de impuestos como el impoconsumo que representa dos billones de pesos al año.

 

La idea de impuestos saludables fue una propuesta interesante en la medida que contiene una acción preventiva en la salud pública si el recaudo se dirige de manera especial a gasto en prevención en salud. Pero el lobby de las empresas de gaseosas hizo que se retirara del proyecto de ley con el argumento cínico de que las gaseosas son imprescindibles en el desayuno de las personas más pobres.

 

El impuesto ambiental que creó el Gobierno no es sino otro impuesto a la gasolina sin ninguna incidencia ambiental porque se cobra sobre el consumo de gasolina y no sobre la emisión. Un impuesto realmente ambiental debe desestimular la emisión de carbono y el uso del automóvil. Por otro lado su recaudo debe destinarse específicamente a proyectos de sostenibilidad, mitigación y adaptación al cambio climático, y no dejarse como un gasto a discreción del Gobierno.

 

En Colombia el 80 por ciento de los pensionados está en niveles de ingreso entre uno y dos salarios mínimos. Para el porcentaje restante puede establecerse un umbral para que las pensiones altas se graven, un umbral a sugerir son más de 7 salarios mínimos.

 

La paz se construye con justicia social. En la reforma tributaria que nos deja el último periodo de Santos se refleja que no hay una medida de justicia sino una oportunidad de hacer de la administración del Estado una máquina de negocios tan corrupta que parece imparable. Dentro de las prioridades que tiene la política pública de Santos, redundar en el bienestar general es la última. Esta reforma tributaria es en beneficio de la clase política y de los empresarios y en perjuicio de los trabajadores.

Publicado enEdición Nº235
Guardia Indigena

 

“Desde enero fueron asesinados 25 indígenas”, explica Rafael Coicué, en una ronda de “liberadores” de al Madre Tierra, en las afueras de Santander de Quilichao, donde el llano del valle del Cauca mira hacia las montañas pobladas de comunidades nasa y misak, en una de las regiones más ricas y conflictivas de Colombia.

“La paz –reflexiona Rafael- es para que las multinacionales vivan en paz”. Para los pueblos es más de lo mismo. O peor, ya que los territorios que está abandonando la guerrilla son inmediatamente ocupados por paramilitares que protegen los negocios de la minería y los cultivos de coca, combatiendo y asesinando indios, negros y mestizos que necesitan la tierra para reproducir sus vidas.

Una decena de comuneros y comuneras van desgranando con parsimonia, como si fuera mazorca de maíz, la historia del Proceso de Liberación de la Madre Tierra (Uma Kiwe en nasa), en la que están empeñados. Una historia que tiene sus fechas decisivas: 1971, fundación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), primera organización nasa-misak; 1991, nueva Constitución de Colombia y, simultáneamente, masacre de El Nilo, que frenó las recuperaciones; 2005, comienzo del Proceso de Liberación que sigue hasta hoy.

La tierra ha sido la demanda central de las comunidades nasa. El CRIC recuperó desde la década de 1979 unas 160.000 hectáreas que se fueron convirtiendo en territorios autogestionados por los cabildos que administran los resguardos reconocidos por el Estado colombiano. Cada hectárea recuperada costó mucha organización, movilizaciones, dolor y sangre, para que las familias puedan vivir con dignidad.

El problema es que el 85% de las tierras indígenas del norte del Cauca, unas 206.00 hectáreas en total, están pobladas por unas 24.200 familias que deben sobrevivir en las tierras cultivables, que son apenas el 15% de ese total, ya que el resto son forestales. Hay familias que tienen apenas una hectárea cuando el promedio debería ser de 13, como mínimo.

El documento “Libertad y Alegría con Uma KIwe”, explica que 250.000 has. de las mejores tierras del valle están sembradas de caña, donde 16 ingenios producen etanol para combustible utilizando 25 millones de litros por segundo, provenientes de más de 30 ríos de la región. “Sólo dejan pobreza y contaminación, porque con el glifosato se fueron los peces”, explican en la ronda.

La minería utiliza casi un millón de has., la tercera parte del departamento. La prospección de petróleo abarca otro medio millón, con lo cual las comunidades quedan arrinconadas en las montañas donde la productividad de la tierra es menor.

Por eso el único camino es la ocupación de las grandes fincas terratenientes. Hasta 1991, explica Rafael, “había mucha formación y concientización, en un trabajo que no era abierto como ahora sino clandestino”. La Constitución incluye decenas de artículos propuestos por los indígenas, pero ninguno se ha desarrollado.

Apenas cinco meses después de aprobada la Constitución que reconoció los derechos de los pueblos, se produjo la masacre de El Nilo, en Caloto, muy cerca de Santander de Quilichao. El 16 de diciembre fueron asesinados por la policía y civiles armados 21 indígenas que ocupaban la haciendo El Nilo, frenando en seco el proceso de recuperación de tierras.

El Estado se comprometió a castigar a los culpables y entregar tierras. No hizo nada de eso. El 13 de abril de 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Colombia por la masacre y denunció que “después de ocho años el Estado no ha investigado, juzgado y sancionado de manera adecuada y eficaz a sus agentes por la responsabilidad penal que les cabe en los hechos de la masacre de Caloto”.

El CRIC y el Estado firmaron 160 acuerdos que no se cumplieron. La institucionalización de los movimientos, promovida por una actitud “negociadora” del gobierno, tuvo dos consecuencias trágicas: entre 1991 y 2005 no se ocuparon tierras, pero los ganaderos y paramilitares realizaron 15 masacres en esos años, con más de 500 muertos.

La masacre de El Naya se produjo en abril de 2001 cerca de Buenos Aires (Cauca). Se calcula que los paramilitares asesinaron a unos 150 indígenas. Recién en 2015 las fuerzas armadas pidieron perdón a un puñado de familiares, porque un juzgado de Popayán encontró que el Ejército había participado en la masacre facilitándole el acceso a 400 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a la región de El Naya donde perpetraron la masacre.

En 2005 las comunidades indígenas deciden lanzar el Proceso de Liberación de la Madre Tierra con la toma de La Emperatriz, perteneciente al hacendado que pergeñó la masacre de El Nilo. Pero el proceso de recuperaciones avanza muy lentamente ya que, según los miembros de la ronda, las dos grandes organizaciones del Cauca (CRIC y ACIN) no se empeñan a fondo en la lucha.

Pero en 2014 se produce un salto significativo con la recuperación de nueve fincas que suman 9.000 hectáreas, en pleno proceso de negociación de la paz entre el Estado y las FARC. Los ocupantes realizan mingas de corte y siembra en las que van rotando a razón de cuarenta familias por turno. En los últimos días fueron asesinados tres comuneros vinculados a las recuperaciones.

Han creado una comisión política con integrantes de cada punto de recuperación, están montando una escuela de formación política, una escuela de comunicación y se proponen realizan un encuentro internacional de procesos de liberación de tierras en Abya Yala, en agosto. Se trata de una nueva generación que ha comenzado a tallar en las luchas, que ya no espera las decisiones de las organizaciones, que se junta por abajo y enfrenta la creciente militarización del mal llamado “posconflicto”.

 

 

Publicado enColombia
"Espada de proteccionismo" amenaza la recuperación económica mundial: FMI

La recuperación económica mundial está tomando impulso pero podría verse amenazada por una "espada de proteccionismo" que se cierne actualmente sobre el comercio internacional, dijo la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde.

La funcionaria, que hizo estas declaraciones antes de las reuniones de la próxima semana del FMI y del Banco Mundial en Washington, no mencionó de forma específica la estrategia comercial "Estados Unidos primero" del presidente estadunidense, Donald Trump, que pretende restringir las importaciones al país norteamericano. Sin embargo, dijo que restringir el comercio sería una "herida autoinfligida" que alteraría las cadenas de suministro y elevaría los precios de los componentes y bienes de consumo, afectando principalmente a los más desfavorecidos.

Lagarde también ve un riesgo en la negociación de las condiciones de la Unión Europea y el Reino Unido sobre el Brexit.

Por primera vez en años, Lagarde dijo que la economía global "tiene energía", mientras el FMI se prepara para presentar sus nuevas estimaciones de crecimiento el 18 de abril.

"La buena noticia es que, después de seis años de crecimiento decepcionante, la economía mundial está ganando impulso, ya que una recuperación cíclica ofrece la promesa de más empleos, mayores ingresos y mayor prosperidad en el futuro", agregó.

Mejor panorama para las naciones ricas

Las perspectivas son mejores para las economías avanzadas, donde la actividad manufacturera es más fuerte, así como para las economías emergentes y en desarrollo, que contribuirán en más de tres cuartas partes al crecimiento del producto interno bruto (PIB) mundial este año, destacó Lagarde.

"Al mismo tiempo, existen claros riesgos a la baja: la incertidumbre política, incluyendo en Europa, la espada del proteccionismo que se cierne sobre el comercio mundial y unas condiciones financieras mundiales más duras que podrían provocar perjudiciales salidas de capital de economías emergentes y en desarrollo", sostuvo la funcionaria francesa.

Publicado enEconomía
“Siempre hemos mantenido la resistencia”

En Norte de Santander, sobre el Catatumbo, con frontera viva entre Colombia y Venezuela, está asentado el pueblo Barí, ahora arrinconado por el interés empresarial y la dejadez del Estado central. Reclaman 244.284 hectáreas de territorio ancestral para poder ampliar sus resguardos. A principios del siglo XX contaban con 1.600.000 hectáreas.

 

Derechos y territorio ancestral violados. Los Barí, unos de los 102 pueblos indígenas reconocidos por el Estado colombiano, viven desde hace siglos una cadena de violencia, sistemática, que en los tiempos que corren se centra sobre su territorio ancestral en la disputa de multinacionales por de los recursos mineros allí existentes.

 

Arrinconados sobre 128 mil hectáreas, sus 3.402 sobrevivientes le exigen desde el 2014 al Estado central que les reconozca el dominio legal e histórico que tienen sobre 244.284 hectáreas; territorio necesario para poder ampliar sus resguardos. Esa es hoy su principal lucha: recuperar este territorio ancestral, donde, por demás, están situados algunos de sus lugares sagrados, y donde desarrollan actividades económicas como pesca y caza.

 

Como es conocido, para los indígenas la propiedad colectiva de un territorio no lo legitima un papel, existe un derecho consuetudinario, pese al cual han tenido que enfrentar al Estado con mecanismos jurídicos para que sean reconocidos sus derechos territoriales y culturales.

 

Conflictos mineros y petroleros en territorio Barí

 

El despojo del pueblo Barí se remonta al comienzo de la explotación petrolera en el Catatumbo, en los inicios del siglo XX. La llegada de capitales internacionales provocó la apertura de vías, pozos y campamentos para los trabajadores y desplazó a los Barí de sus territorios ancestrales, a tal punto que para el año 1980 sólo contaban con 240.000 hectáreas de las 1.600.000 reconocidas a principios de siglo (ver Tabla), las que hoy, según sus autoridades, están reducidas a 128.000. Asímismo su población fue disminuyendo al pasar de 2.000 personas a mediados del siglo pasado a 1.400 a finales de 1980*, dinámica que cambió en estas últimas décadas al sumar 3.402 habitantes en 2017, según datos de sus autoridades.

 


La lucha por sus territorios ancestrales gana en intensidad, pese a las amenazas que padecen. Anora reclaman y demandan jurídicamente, elevando sus solicitudes ante la Agencia Nacional de Tierras (anteriormente Incoder) y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac). Demanda convertida en una importante lucha, no solo por lo que representa para este pueblo el territorio en litigio, sino también porque para ellos es urgente impedir y suspender la explotación minero-energética desatada en estas tierras; el alto poder destructivo de este tipo de explotación, del cual son conscientes, así los obliga a actuar. El ejemplo de lo sucedido con los wayuu en La Guajira es una lección que no puede quedar sin ser aprendida.

 

En el territorio hoy reclamado para poder ampliar los resguardos Barí, se encuentran 48 títulos minero-energéticos otorgados por el gobierno a distintas empresas, de los cuales 13 están en fase de exploración y 35 en fase de explotación; son títulos para explotar carbón, petróleo y titanio. Según Diego Dora exgobernador de Ñatubaiyibari –Asociación de autoridades tradicionales del pueblo Barí: “hay una veta más grande que la del cerrejón de La Guajira que se quiere explotar a cielo abierto dentro de los territorios ancestrales del pueblo Barí, entonces esto nos conlleva a tomar medidas de control territorial para la pervivencia de la cultura y la integridad física del pueblo en general”.

 

El interés empresarial. En tanto el Estado no reconoce la propiedad ancestral Barí sobre este territorio, algunas autoridades del orden nacional, y las empresas multinacionales, se escudan en ello para no aplicar el derecho de consulta previa, algo que los indígenas reclaman pues, aunque estos territorios no están titulados sí hacen parte de la cultura: en ellos desarrollan actividades propias de su cosmogonía.

 

Ellos insisten en su derecho histórico, lo que los anima física y espiritualmente para no dar el brazo a torcer. Diego Dora lo expresa con total claridad, “para nosotros el territorio no tiene límites, es sin fronteras, entonces la legalidad y constitucionalidad nos obliga a tener algo legal para nosotros poder defender el territorio, lamentablemente”.

 

Sin embargo, existen antecedentes sobre luchas jurídicas ganadas por el pueblo Barí como la suspensión de la exploración de proyecto Álamo 1 que desde 2002 ya adelantaba Ecopetrol, pues estaba ubicado en territorio ancestral Barí. Para lograrlo, los indígenas realizaron una acción de tutela contra el Ministerio del Interior y de Justicia y otros entes nacionales por no realizar la consulta previa, favorecidos por la Sentencia T–880 de 2006 por medio de la cual la Corte Constitucional obligó a la suspensión de la fase de exploración hasta que se adelante la consulta previa.

 

Violación de derechos humanos

 

Emilse Guachina Aquerdora, gobernadora actual de Ñatubaiyibari, cuenta que “los Barí siempre han sido una gente de paz, nunca han tenido ningún problema, pero la entrada de los paramilitares nos han dado amenazas, dificultades y pobreza [...] mujeres han sido asesinadas, líderes que fueron asesinados en un tiempo pero siempre hemos mantenido la resistencia del pueblo Barí”. De resistencia en resistencia anda este pueblo, no solo ante la colonización de parte de sus tierras, la extracción petrolera y minera sino ante la arremetida paramilitar. Hay datos de más de 100 Barí asesinados en el 2003.

 

Intentan amedrantarlos. El pasado 9 de enero fue atacada la casa de Gobierno de Ñatubaiyibari, ubicada en el municipio de Tibú, una nueva sede que aún no habían inaugurado pero que en su interior reposaban muebles y enseres para el posterior funcionamiento que fueron robados.

 

Otro asunto que preocupa al pueblo, es la presencia de paramilitares en la región; según Emilse Guachina “A la salida de las Farc de Caño Tomás y Las Timba entraron los paramilitares, es una gran preocupación, una amenaza del pueblo Barí y las comunidades que están a punto de desplazamiento, pero ya sienten temor los líderes que somos”. Se refiere a la presencia de paramilitares el 9 de febrero del año en curso en el municipio de Tibú, en las zonas donde las Farc estaban preconcentradas, apenas salieron a Caño Indio, donde sería la Zona Veredal Transitoria.

 

* Salazar, 2005. La explotación y colonización petrolera: El genocidio contra los indígenas Barí.

 


 

Recuadro 1

 

Cambios territoriales y de población Barí 1900-1980

 

Territorio BaríTerritorio perdidoPoblación
Año Total área Km2 (aprox.)% área de 1900 Total pérdida década anterior Km2 % relativo pérdida área 1900Total estimadoDensidad x Km2 Km2 x persona
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
16.000

14.000
13.500
9.700
7.400
5.100
3.300
2.400

 100

87,5
84,5
60,5
46,2
31,9
20,6
5,0

 -

1.970
475
3.800
2.300
2.300
1.800
900

 -

12,3
3,0
23,7
14,4
14,4
11,2
5,6

 
 2.000
2.500
2.000
2.000
1.500
1.200
800
1.200
1.400
0.12
0.15
0.14
0.15
0.12
0.16
0.16
0.36
0.58
8.0
6.4
7.1
6.7
8.1
6.2
6.3
2.7
1.7

 

Fuente: (Beckerman 1983). Fuente: Jaramillo, 1993. Tomado de: Salazar, 2005.

 


 

Recuadro 2

 

¿Quiénes son los Barí?

 

En el bosque húmedo tropical del nororiente de Colombia, en el departamento de Norte de Santander, habita el pueblo indígena Barí, conocido también como Motilón Barí. Se ubica en la región del Catatumbo, en los municipios de Tibú, El Tarra, El Carmen, Teorama y Convención (ver mapa). Se encuentran organizados en dos resguardos; el Motilón Barí, constituido por 23 comunidades y el Catalaura–La Gabarra, constituido por 2 comunidades. Estos resguardos suman una extensión total de 128.000 hectáreas y reune una población de 3.402 personas, según las autoridades indígenas Barí.

 

Este pueblo es binacional, es decir, vive tanto en Colombia como en Venezuela, ya que a comienzos de la invasión española ocupaban extensos territorios, por el norte desde las cabeceras de los ríos Santa Ana y Santa Rosa de Aguas Negras en la Serranía de Perijá, hasta el lago Maracaibo, y por el sur llegaban hasta más abajo del Catatumbo*.

 

A pesar de que los Barí ancestralmente han vivido en la región del Catatumbo, el Estado colombiano nunca ha respetado sus derechos sociales, territoriales y culturales: entrando el siglo XX su territorio abarcaba alrededor de 1.600.000 hectáreas y el Estado entregó en concesión 200.000 al general Virgilio Barco para explotación petrolera. Luego, a principios de los años treinta, inicia la explotación petrolera por acción de la empresa Colpet (Colombian Petroleum Company) quien compró los derechos de la Concesión Barco y se instalaron así 38 pozos de producción, los cuales obligaron a formar asentamientos humanos para los trabajadores de los pozos y los colonos que llegaron a las zonas aledañas4. Entonces la lucha del pueblo Barí se volvió más compleja, ya no libraban batallas solo contra la usurpación de las petroleras sino también de los colonos y grandes hacendados que se fueron estableciendo.

 

* Fuente: Archivos Ministerio del Interior.

Publicado enEdición Nº233
La recuperación en América Latina será más débil de lo esperado

El Fondo Monetario Internacional recorta tres décimas el crecimiento para Brasil

y seis el de México este año


Nueva York 16 ENE 2017 - 12:04 COT

 

El Fondo Monetario Internacional trata de ser más optimista al afirmar que el crecimiento gana vigor tras un 2016 decepcionante. Según la última revisión de las cifras de la economía global, América Latina superará así la recesión, al expandirse un 1,2% este año. Pero será también más débil del esperado. Lo recorta cuatro décimas respecto a lo que se proyectó hace tres meses y advierte del impacto adverso de la incertidumbre política en un escenario de baja productividad, débiles inversiones y un comercio internacional sin garra. México sufrirá especialmente por la amenaza proteccionista de Estados Unidos.


Las economías latinoamericanas despidieron el año con una contracción del 0,7%, una décima peor de lo que se anticipó en otoño. Entonces, ya adelantó que se tocaría fondo y que rebotaría dos puntos porcentuales a lo largo de 2017. El de 2018 se mantiene en el 2,1%. El crecimiento para la región este año se queda así a menos de la mitad de camino del 3,4% que espera para la economía global. Las economías emergentes y en desarrollo lo harán un 4,5%.


El Banco Mundial publicó la actualización de sus proyecciones hace una semana. El organismo calcula que la expansión de la economía global se acelerará al 2,7% este año. El crecimiento en el grupo de los países emergentes y en desarrollo repuntará del 3,4% en 2016 al 4,2% en 2017. América Latina lo hará un 1,2%. Pero advierte que pese a la mejora, domina la incertidumbre.


El equipo que lidera Maurice Obstfeld, el economista jefe del FMI, hace un análisis similar. La coyuntura global afronta un panorama cambiante. “Los riesgos son significativos y difíciles de predecir”, indican. Citan expresamente el impacto de las políticas aislacionistas y proteccionistas. En América Latina, apuntan, la revisión a la baja refleja una menor expectativa de recuperación a corto plazo en Argentina y Brasil y el viendo en contra para México desde EE UU.


La salida de la recesión en la región se atribuye al salto que da la economía brasileña, la mayor del subcontinente. Las tensiones internas se moderan y ayuda que se haya recuperado el mercado de las materias primas. Eso permitirá que de contraerse un 3,5% crezca un tímido 0,2% este año y se acelere al 1,5% el que viene. Pero la expansión es tres décimas más débil de lo esperado. Y aunque no se toca para el próximo, el organismo pide incentivar la inversión para apuntalarlo.
Represalias comerciales


México, por el contrario, se frena. La expansión pasará del 2,2% en 2016 al 1,7% en este año. Es un recorte de seis décimas en la previsión, el segundo mayor tras el de Arabia Saudí. Se atribuye al pesimismo por la victoria de Donald Trump y a que las condiciones financieras son más restrictivas por el debilitamiento del tipo de cambio. La misma rebaja se hace para 2018, al 2%. A la espera de que las reformas estructurales empiecen a dar frutos, el temor es el impacto de la nueva dirección de la política comercial en EE UU.


Los efectos del cambio de gobierno en Washington irán en dos direcciones. Por un lado, el incremento de las inversiones en infraestructuras y el recorte de impuestos pueden acelerar el crecimiento de EE UU. Eso, en principio, es bueno para los que países hacen negocio con la mayor economía del mundo. Pero el proteccionismo de Donald Trump puede comerse ese impulso y crear tensiones, a lo que se suma una aceleración del alza de tipos de interés.


El impulso del plan económico del presidente electo tardará aún dos años en notarse y dependerá, en cualquier caso, de lo que se adopte en el Congreso. La mayor potencia del planeta pasará a crecer un 2,3% este año, desde un anémico 1,6% en 2016. Es una revisión al alza de una décima respecto a lo que se anticipó hace tres meses. De ahí volverá a subir dos décimas en 2018, hasta el 2,5%, casi medio punto más.


El FMI vuelve a insistir en que las reformas estructurales son la prioridad a la vista del pobre ritmo con el que crece la productividad. En la mayor parte de los casos ve posible apoyarlas con incentivos fiscales. Al mismo tiempo, defiende una mayor integración económica por vía de la formación de los empleados para así hacer al reto de la globalización y del cambio tecnológico, que se intensificarán en el futuro.

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El planeta, “en camino de la recuperación”

Expertos del MIT registraron que, desde el tratado internacional que acordó acciones contra el CFC, el daño comenzó a revertirse. Proponen acciones contra el aumento de la temperatura global.

Científicos estadounidenses observaron señales de que el agujero de la capa de ozono comienza a reducirse y estimaron que podría cerrarse por completo a mediados de este siglo, según un estudio publicado en la revista Science. El equipo de especialistas descubrió que la reducción supera los cuatro millones de kilómetros cuadrados desde el 2000, cuando alcanzó un pico. Los científicos consideran que el Protocolo de Montreal, de 1987, fue clave para revertir la situación.


El equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) descubrió que el agujero de la capa de ozono se redujo en los últimos 16 años. Más de la mitad de esa reducción, aseguraron, se debió a la disminución del cloro atmosférico generado por clorofluorocarbonos (CFC), una familia de gases usados en la industria de la refrigeración, los aerosoles y la limpieza en seco. A partir del Protocolo de Montreal, impulsado por Naciones Unidas en 1987, los países responsables de la emisión se comprometieron a dejar de utilizar estos gases para detener la destrucción de la capa de ozono.


Los científicos observaron que, desde el 2000, la recuperación se ralentizó en algunos intervalos de tiempo debido a los efectos de las erupciones volcánicas, aunque en general la capa de ozono parece estar en recuperación. Susan Solomon, la autora principal del estudio y profesora de Química Atmosférica y Ciencia Climática en el MIT, afirmó: “podemos estar seguros de que los pasos que hemos dado han puesto al planeta en el camino de la recuperación”. La científica aseguró que, mientras los niveles de cloro continúen disipándose, el agujero de la capa de ozono continuará achicándose, y podría quedar cerrado de manera permanente.


“¿No es acaso excelente para nosotros? ¿Acaso no somos increíbles humanos que decidieron colectivamente revertir una situación deshaciéndonos de estas moléculas? Lo hicimos y ahora estamos viendo la respuesta del planeta”, agregó. Para evaluar el impacto del acuerdo y el progreso del agujero en la capa de ozono, los científicos analizaron los registros en cada mes de septiembre entre 2000 y 2015.


“Los modelos matemáticos desarrollados por diversos grupos de científicos predicen en su mayoría que la capa de ozono puede llegar a sus valores previos al comienzo de su deterioro en la década del 1980, hacia mediados del presente siglo”, expresó Rubén Piacentini, director del área de física atmosférica del Conicet, quien participó de los equipos científicos implicados en el Tratado.


Acerca del protocolo de Montreal Piacentini apuntó: “A partir de la primera firma se comenzaron a notar los efectos. En 2006, junto con especialistas de distintos países y en el Informe Mundial de la Organización Meteorológica Mundial informamos que el Tratado de Montreal estaba funcionando bien y que la destrucción de la capa de ozono se había detenido en gran parte del planeta”.


Los gases CFC duran entre 50 y 100 años en las atmósfera y con el tiempo alcanzan la estratósfera, lo que inicia el proceso de destrucción del ozono, que protege la vida en la tierra al absorber los rayos ultravioletas del sol (UV). En 2009, la NASA demostró mediante un simulador que, si se hubiesen seguido usando los gases CFC, el agujero de ozono habría cubierto la totalidad del planeta. “Esa situación extrema fue evitada gracias al esfuerzo conjunto de la sociedad, esto realmente tiene que ver con el compromiso de las personas y los empresarios, y la acción de aquellos que generan políticas”, dijo Solomon.


Piacentini señaló que el éxito del Tratado debería tomarse “como ejemplo” para apuntar a reducir el aumento de la temperatura ambiente del planeta, que “está causando serios problemas al presente y se agravarán en el futuro, si no se toman medidas al respecto”.

La OCDE insta a Latinoamérica a estrechar lazos con China

Las economías de América Latina podrán remontar a partir de 2016 y cambiar esa lánguida tendencia de desaceleración si son capaces de replantear sus vínculos comerciales con China. Esta es una de las conclusiones que la OCDE, el club de los 34 países más industrializados, planteó el viernes durante la presentación del informe Perspectivas económicas de América Latina 2016, en el marco de la I Reunión de Cancilleres de la región que se celebra en Cartagena de Indias. "Este es el resultado del fenómeno conocido como 'desplazamiento de la riqueza mundial", justifica el documento.


La expansión comercial de inicios de la década de 2000 que impulsó el crecimiento de países de América Latina a un ritmo del 4% de su PIB, propició el despegue de la clase media y redujo la disparidad socioeconómica. La segunda década del nuevo siglo marcada por el estancamiento global ha desvelado las debilidades de la región con una previsión que no llega al 3%. "Los bloques comerciales son la respuesta a la recesión mundial. El comercio crece menos que el producto interior de los países por primera vez desde el final de la segunda guerra mundial", planteó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal.


La dependencia de un desarrollo basado en la exportación de materias primas, es una de las claves en las que más incide el informe. Las ventas de productos mineros y combustibles fósiles a China crecieron al 16% anual y las de productos agrícolas al 12%, durante la primera década del siglo XXI. Estas altas tasas ahora se han esfumado hasta quedarse en un 4% para el período de 2012 a 2030, con especial incidencia en el caso de Brasil y Venezuela, países en tasas de decrecimiento. "Un crecimiento económico global debilitado, la bajada de los precios de las materias primas y la contención de los flujos de capital están haciendo hoy mella en la actividad económica", describe el informe para argumentar "la transformación estructural pendiente" que se debe acometer.


"No es una crisis generalizada", especificó Rebeca Grynspan, secretaria general iberoamericana, "esta no es una situación similar a los años ochenta, la denominada década pérdida en América Latina". La responsable de la SEGIB recordó que los niveles de endeudamiento son menores, los estados pueden recurrir a la devaluación y el acceso al crédito internacional es mayor que entonces. "No es el fin del mundo, pero con una previsión para los próximos tres años de menos del 3% de crecimiento será difícil llevar a cabo políticas de inserción de grandes estratos de la población", apostilló el representante del CAF, el banco de desarrollo de América Latina


La institución plantea, siempre reconociendo las particularidades de cada uno de los países de América Latina, que es determinante acabar con la deuda educativa en la región. En formación secundaria, la brecha entre el rendimiento de los estudiantes latinoamericanos y el de los estudiantes de los países de la OCDE es equiparable a más de dos años de escolarización, según los resultados de las pruebas PISA 2012. "Las tendencias actuales apuntan a que China puede ser el principal país proveedor de personas con educación terciaria del mundo, con una fuerza de trabajo mucho mayor y más formada que América Latina", recuerdan. A mayor formación, mayor capacidad de especialización en áreas como ciencia y tecnología. "Una prioridad para la región", señala el estudio. "Se necesitan personas en los niveles intermedios de la educación", se planteó desde la CAF, en referencia a la necesaria apuesta por la formación profesional.


La especialización trae aparejada otra de las reclamaciones de la OCDE: reorientación hacia las tecnologías de la información y las telecomunicaciones y otros servicios empresariales. América Latina tiene que ser capaz de combinar una política económica de exportaciones de materias primas adaptada a la nueva cesta de la compra china (la que demanda esa nueva clase media salida de un proceso de urbanización), con una profunda reforma estructural que incorpore logística, infraestructura y servicios.


El problema no quedará solucionado si, además, no se aprueban reformas que aumenten la presión fiscal, especialmente en Centroamérica y la región andina, acompañados de un mayor compromiso con la transparencia y el buen gobierno. "La participación excesiva del sector público en la economía podría tener efectos perjudiciales al desplazar al sector privado que ya se ha visto perjudicado por la incertidumbre política y la falta de reformas en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador y Venezuela", avisan desde la OCDE, recordando, al mismo tiempo, que, hasta el momento, las partidas presupuestarias se han demostrado insuficientes para compensar esta tendencia. Estos factores, según el documento, pueden contribuir también a reducir el elevado coste medioambiental que la dependencia en las materias primas ha provocado.


La integración es la última palabra clave remarcada en el informe. La OCDE reconoce los tratados bilaterales, pero no deja de recordar a los países latinoamericanos que China busca profundizar en la integración comercial y de inversiones mediante la adhesión a plataformas multilaterales como CELAC, Mercosur o la Alianza del Pacífico. "Son necesarios buenos marcos legales para que todos los países puedan influir de igual manera, con el mismo peso en las futuras negociaciones", planteó Grynspan. Y así consolidar esa buena relación de principios de 2000 y que la región pueda volver a ser una prioridad para el gigante asiático.

 

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