Augusto Pacheco, https://www.a-pache.co/ (Cortesía del autor)

La gota que rebasó el vaso y contribuyó a desatar un alzamiento social/popular y juvenil que conmovió en días recientes al país, la reforma tributaria, vuelve al tablado y debería asegurar un recaudo anual de entre $ 20 y 23 billones. El gobierno dice que ahora no afectará a quienes no tiene porque impactar en sus escasos ingresos y posibles ahorros, ¿a quiénes, de qué manera y en qué cantidades debe afectar?

 

Lo confirman distintas instituciones internacionales: Colombia es uno de los países del mundo con el mayor índice Gini de concentración del ingreso (de 0.5438 según el Dane actualizada o de hasta 0.6159 en el caso de personas naturales según las declaraciones de renta ante la Dian en 2018).


Además, su índice de presión fiscal antes de la pandemia del covid-19 era de 19.4 por ciento del PIB, 3.7 puntos porcentuales del PIB por debajo del promedio de América Latina y 14.9 puntos porcentuales menos respecto a la media de los países de la Ocde.

Reconociéndose que el aumento de la presión fiscal total en Colombia (total de ingresos tributarios a nivel nacional y territorial y de contribuciones o aportes a la seguridad social con relación al PIB) de 10.2 puntos porcentuales del PIB entre 1990 y 2018, al pasar de 9.2 por ciento del PIB a 19.4, crecimiento alcanzado por la vía de los impuestos indirectos. Esfuerzo que no fue acompasado con una reducción de la evasión y elusión tributarias.

De manera adicional, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Dane de 2019, la población ocupada ascendió a 21 millones 500 mil personas, con un ingreso total de 26.7 billones de pesos mensuales. De las personas ocupadas, el 43 por ciento tuvo un ingreso inferior a un salario mínimo legal vigente (Smlv), el 39 por ciento un ingreso total entre uno y dos Smlv, y un 8 por ciento con un ingreso entre 2 y 3 Smlv. En 2020, la situación social empeoró sustancialmente en la medida en que la población ocupada fue de apenas 19 millones 844 mil personas, con un ingreso mensual de 23.0 billones de pesos, de los cuales el 50 por ciento tuvo un ingreso inferior a un Smlv, un 35 por ciento entre 1 y 2 Smlv, y un 7 por ciento entre 2 y 3 Smlv.

Así, además de mostrarse tanto el deterioro de los ingresos de los hogares (14%) como la reducción de la población ocupada (8%), se precisa que hay una restringida base gravable de contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, al constatarse la existencia de una masa importante de ciudadanos que reciben una remuneración muy baja por su actividad laboral.


Breve caracterización del sistema tributario en Colombia

Ante estas condiciones, una breve caracterización del sistema tributario puede sintetizarse así:

1. El sistema tributario no satisface los principios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia tal y como lo muestran las tarifas efectivas de tributación de las personas naturales (Gráfico 1 –Recaudo/Ingresos Brutos) como jurídicas (Gráfico 2 – (Impuesto a cargo) / (Ingresos Brutos menos Costos menos Gastos de administración menos Gastos de Distribución más Ganancias Ocasionales gravadas y no gravadas).

 

 


El sistema tributario se distingue, por lo tanto, por no ser redistributivo. De ahí la necesidad imperiosa de reformar estructuralmente el Estatuto Tributario para cumplir con los principios constitucionales, como condición necesaria para que, en conjunción con una decisiva política de gasto público redistributiva, se pueda avanzar en la construcción de un verdadero Estado Social de Derecho según lo establecido por la Constitución de 1991. Para acercar las tarifas efectivas a la nominal, deben reducirse los beneficios fiscales que erosionan la base gravable.

2. El sistema tributario se distingue por su excesiva complejidad, su exagerada opacidad y falta de transparencia ante la proliferación de exenciones, deducciones y tratos preferenciales –la mayoría de ellos sin una debida justificación económica o social, y sin estar sujetos a una rigurosa evaluación beneficio/costo–, gozando de tales beneficios, las empresas y personas naturales con mayor poder económico y político, como lo han mostrado Garay y Espitia (2019 y 2020) y lo ha ratificado la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios (marzo 2021).

Una de las implicaciones de este tipo de sistema es el elevado Gasto Tributario (GT) que implica para las finanzas gubernamentales en términos del recaudo dejado de percibir a causa de los beneficios tributarios, en tanto que se estima que el GT alcanzaría actualmente a cerca de un 3.5 por ciento del PIB al año: 2.5 por ciento en el caso de personas jurídicas y 1.0 por ciento en el de personas naturales (concentrado en las personas más ricas del país) –incluyendo el impacto de la última reforma tributaria de 2019 (Ley 2021 de 2019).


El Gasto Tributario se concentra en los ingresos no constitutivos de renta, en las rentas exentas y en los descuentos tributarios.

(i) En el caso de las personas jurídicas (PJ), los ingresos no constitutivos de renta declarados en 2019 fueron de $39.9 billones (3.8% del PIB), que liquidados a la tarifa media del 33 por ciento corresponde a una renuncia fiscal por parte del Estado de $13.2 billones. Es de señalar que los “Dividendos y/o participaciones no constitutivas de renta ni ganancia ocasional” corresponden al 61 por ciento de ese valor y que cerca de unas 100 mil PJ declarantes de ese tipo de dividendos corresponden a “empresas” que declararon ante la Dian valores iguales a cero ($0) por concepto de “Total costos y gastos de nómina”, “Aportes al sistema de seguridad social” y “Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación”.

Las rentas exentas declaradas en 2019 fueron de $12.7 billones, que liquidadas a la tarifa nominal habría equivalido a una renuncia fiscal de $4.2 billones.

En el caso de los descuentos tributarios, las PJ en 2019 declararon $4.5 billones, $3.5 billones más que en 2018, gracias a los beneficios otorgados mediante la Ley 1943 de 2018 que les permitió deducir la totalidad de impuestos, tasas y contribuciones pagados que guarden relación con la actividad económica, incluyendo cuotas de afiliación a los gremios, el 50 por ciento del gravamen a los movimientos financieros o el 4 por mil, así como el 50 por ciento del impuesto de industria y comercio. Entre 2015 y 2019 los descuentos tributarios como proporción del PIB han aumentado en un 465 por ciento, al haber subido de $805 mil millones en 2015 a $4.539 mil millones en 2019.

Además de los anteriores renglones del Estatuto Tributario que contribuyen a erosionar la base gravable del impuesto, se encuentran los denominados “Gastos de administración” y “Gastos de distribución y ventas”, para los que además de persistir grandes deficiencias en su control y seguimiento por parte de la administración tributaria debido a la opacidad existente y a las limitaciones desde el punto de vista contable (para 2015, estos rubros representaban el 29% y 8% de los ingresos operacionales, alcanzando en 2019 el 18% y 6%, respectivamente). Si estos “Gastos” se redujeran en un uno por ciento y se gravaran a la tarifa del 33 por ciento, el nuevo recaudo ascendería en cerca de $2 billones al año.

Así pues, el gasto tributario calculado y una reducción del uno por ciento de los gastos mencionados que erosionan la base gravable equivaldrían a un recaudo tributario adicional del orden de los $23.6 billones al año (2.2% del PIB).

(ii) En el caso de las personas naturales (PN), el impuesto sobre la renta y complementarios se liquida con base en tarifas nominales diferenciadas. Tarifas nominales que aplican diferenciadamente para cada una de las rentas de cédulas de Trabajo, de Pensiones y de Capital y No Laboral, así como otras del 10 por ciento para Dividendos y 10 por ciento para Ganancias Ocasionales. Para la liquidación del impuesto a pagar se realiza una depuración independiente de los ingresos no constitutivos de renta, costos, gastos, deducciones, rentas exentas, beneficios tributarios y demás conceptos que permitan ser sustraídos de los ingresos brutos a efecto de obtener la respectiva renta líquida cedular.

Obtenida la renta líquida cedular, se suman para obtener la renta líquida total, pero antes de aplicar la tarifa media respectiva, el Estatuto Tributario le permite al contribuyente reducirla en un 40 por ciento, y luego sí aplicar la tarifa nominal media y obtener el impuesto sobre la renta a pagar. Claramente los más beneficiados con esta norma son las PN con mayores ingresos.

Si bien la conclusión general de la Comisión de Expertos es que las tarifas efectivas de tributación de las personas naturales son bajas y tienden a disminuir en los rangos altos de ingresos, sin embargo, su diferenciación entre cédulas de rentas exige mayor análisis. En 2018, se presentaron 3 millones 289 mil 969 declaraciones de renta y complementarios por las denominadas personas naturales, de las cuales el 43 por ciento correspondieron a asalariados, el 6 por ciento a rentistas de capital y el restante 51 por ciento a otras personas naturales diferente a asalariados y rentistas de capital.
Así pues, al calcular las tarifas efectivas tributarias según cédulas de rentas se presentan los siguientes hallazgos:

(a) La tarifa nominal de tributación de los asalariados es creciente a lo largo de la distribución de ingresos, mientras que la efectiva es creciente, pero con menor intensidad a partir de ingresos medios. En los primeros percentiles la tarifa efectiva es inferior al uno por ciento y luego asciende progresivamente hasta alcanzar un valor cercano al 10 por ciento.
(b) La composición de ingresos de los asalariados se concentra en lo fundamental en las rentas laborales.
(c) La tarifa efectiva de los rentistas de capital es inferior a la de los asalariados. La tarifa efectiva de los primeros decrece para los percentiles altos de ingreso, los cuales cancelan pagan una tarifa máxima del 4 por ciento.
Los niveles de concentración del ingreso bruto son superiores en los rentistas de capital (el decil más rico concentra el 65% del total de rentas declaradas) respecto a los asalariados (37%), además de doblar el ingreso declarado per cápita.
(d) La tarifa efectiva para el resto de PN, diferentes a asalariados y rentistas de capital, desciende del 2.5% al 1.2% para los percentiles altos de ingreso (el percentil 96). La tarifa máxima es del 2.5% para el percentil 90.

 

 

En suma, de todo el grupo de PN, los asalariados son el conglomerado que tiene la mayor tarifa efectiva de tributación, triplicando la del resto de personas naturales contribuyentes.

Atendiendo a esta realidad, es necesario cerrar las brechas en tarifas efectivas de tributación tanto entre declarantes (asalariados, rentistas de capital y resto) como entre rentas laborales, de pensiones, de capital y no laborales, de tal forma que garantice un tratamiento justo y equitativo.

Una de las medidas de política tributaria alternativas para ese propósito de política pública sería la de imponer una restricción a la relación entre el valor total de los ingresos líquidos gravables de las PN que tengan ingreso brutos agregados superiores a los $70 millones mensuales, equivalente a un 30 por ciento, por ejemplo, que implicaría no solamente un recaudo adicional de $7.0 billones al año, sino además una sustancial reducción tanto de la brecha entre tarifa nominal y tarifa efectiva medias para las PN pertenecientes al 1 por ciento y el 1 por mil con mayores ingresos en el país, como del gasto tributario de las PN.

3. En síntesis, el sistema tributario consolidado en Colombia está regido por una estricta economía política de exclusión social, favorecedora de intereses poderosos a costa de intereses colectivos esenciales y reproductora de exageradas inequidades sistémicas en la sociedad, por ello la necesidad de una reforma estructural de la tributación en Colombia.

Necesidad de un proceso de reforma estructural de la tributación

Con el agravamiento del déficit estructural de las finanzas públicas del país en 2020 a raíz tanto de la pérdida de ingresos fiscales con la recesión económica por la pandemia del covid-19 y la estrategia de confinamiento para reducir la velocidad de contagio del virus y evitar el colapso del sistema sanitario, como de la exigencia de aumento del gasto público para atender prioridades de índole social, sanitaria y económica (del aparato productivo, entre otros), surge la necesidad de buscar recursos frescos.

Ante estas circunstancias, deben emprenderse reformas a la tributación de carácter estructural, entre las que deben considerarse:

1. Desmontar gradualmente aquellos beneficios tributarios que sin debida justificación económica y social introducen graves distorsiones a la competencia y privilegian primordialmente a, o son utilizados mayormente a su favor por, personas naturales y jurídicas de altos ingresos y patrimonio. Es decir, avanzar en la reducción de la brecha entre la Tarifa Nominal de Tributación (TNT) y la Tarifa Efectiva de Tributación (TET), la cual tiene un marcado sesgo pro rico.


Además, no sobra mencionar que en este contexto sería conveniente eliminar las exenciones fiscales creadas con la reforma tributaria de 2019 mediante la Ley 2010 de 2019 (equivalentes a cerca de 0.8% del PIB al año).


2. Mantener, al menos, las tarifas nominales de impuesto a la renta y complementarios de las personas jurídicas de mayores ingresos operacionales, y elevación de las tarifas marginales del impuesto a la renta de las personas naturales en los tramos más altos de ingresos, de manera mucho más progresiva, dado que la actual es de una progresividad débil.

Además, en el caso de las personas naturales ha de propugnarse por la reducción del excesivo trato tributario preferencial a las rentas no laborales y de capital en relación con las rentas de trabajo mediante el aumento de la tasa efectiva de tributación.

Con unas tarifas medias como las aquí propuestas, se lograría un recaudo adicional de dos billones de pesos al año.

Implantar una sobretasa temporal a las ganancias extraordinarias de las personas jurídicas durante la pandemia.

443 las 1000 empresas más grandes reportadas por la Superintendencia de Sociedades en 2020, aumentaron sus ganancias en 2020 con relación a 2019. Si al conjunto de estas empresas con ganancias en 2020 superiores en un 10 por ciento respecto a las del año anterior se les impusiera una sobretasa temporal del 10 por ciento sobre esas extra-ganancias, podría obtenerse un recaudo adicional cercano a $1 billón al año, sin afectar la solidez financiera de las empresas sujetas a la sobretasa dado que esta tributación les representaría, en promedio, menos del 0.6 por ciento de sus ingresos operacionales.

De igual manera, si se impusiera una sobretasa del 10 por ciento a las ganancias obtenidas por el sector financiero, se recaudaría adicionalmente otro billón de pesos al año, sin que les significara más del 0.7 por ciento de sus ingresos de operaciones, en promedio.

Estas sobretasas impactarían a 396 empresas y a 23 bancos, con un recaudo adicional de $2 billones al año.

4. Reiterar la relevancia del impuesto a los altos patrimonios de las personas naturales y jurídicas con tarifas marginales progresivas. Igualmente, valorar el papel para la equidad inter-generacional de la imposición de un mayor gravamen a las herencias más cuantiosas.

Dados los niveles de concentración de la riqueza existentes tanto en las personas jurídicas como en las naturales, así como la actual situación de crisis social, resulta indispensable plantear una imposición progresiva sobre el patrimonio con tarifas como las implantadas en 2011. Las tarifas podrían ser diferenciadas según la composición patrimonial.

Thomas Piketty y su equipo de investigación han llamado la atención sobre la necesidad de incluir los diferentes tipos de activos como base gravable, y para ello muestran la necesidad de cruzar las diferentes fuentes de información reportadas por terceros (información exógena) y gestores patrimoniales (bancos, fondos de inversión, bolsas, corredores, notarios, entre otros) no sólo de las PN y PJ inscritas en el registro tributario, sino sobre todos los ciudadanos y empresas para permitir que la declaración se realice con base mayormente en datos reales y no sobre las “buenas voluntades” de los declarantes, lo cual permitiría reducir la evasión.

El secreto bancario es un obstáculo para ello, pero ya hay acuerdos marco a nivel internacional que contribuyen a relajar esa restricción. Ahora bien, en la medida en que los bienes inmobiliarios pagan el impuesto predial, existiría la posibilidad de integrar estos dos impuestos sin quitar la titularidad y propiedad del predial a los municipios, con lo cual sería posible reducir los costos de administración del impuesto municipal, así como el excesivo poder de influencia de los poderes y los intereses políticas locales que han impedido una verdadera actualización del impuesto sobre la tierra.

(i) En el caso de personas jurídicas es de resaltar que el 0.25 por ciento de las 10 mil empresas más grandes en el país, según la Superintendencia de Sociedades, concentran el 37 por ciento del patrimonio total de las personas jurídicas, en tanto que el 1 por ciento de las empresas con menores patrimonios necesitarían cerca de 309 años para sumar ese patrimonio de las 25 mayores empresas del país. Similarmente, con base en las declaraciones de renta de la Dian, 15 personas jurídicas concentran un 29 por ciento del patrimonio total, en marcado contraste con el 25 por ciento de las personas jurídicas con menores patrimonios que requerirían unos 485 años para alcanzar ese patrimonio.

Ante esa elevada concentración del patrimonio de las empresas, es recomendable un impuesto progresivo a la riqueza de las personas jurídicas en el país. Otra justificación adicional reside en que de acuerdo con una microsimulación realizada para personas jurídicas con base en datos de la Dian, se constata que el peso específico del impuesto sobre el ingreso neto declarado resulta ser inferior al 2.0 por ciento, en promedio.

Si se toma como referencia que cerca del 70 por ciento del patrimonio líquido de las empresas hace parte de la base gravable del impuesto a la riqueza, y se consideran las tarifas definidas en el Decreto 4826 de 2010 para liquidar el impuesto al patrimonio, se obtendría un recaudo de $20 billones ($22 billones incluido los bancos) en un cuatrienio ($5 - $5.5 billones/año) *.

(ii) En el caso de personas naturales, el número de declarantes que tienen un patrimonio bruto superior a los mil cien millones de pesos ($1.100 millones) es de 138 mil, de los cuales el 10 por ciento declaró no tener deudas. Entre los que declararon tener deudas (cerca de 124 mil personas naturales), 40 de ellos tienen un endeudamiento equivalente al doble del valor de su patrimonio, y varios de ellos con deudas superiores a los dos mil millones de pesos. El 10 por ciento del endeudamiento declarado por este conglomerado de personas está en cabeza del 0.13 por ciento del total de personas naturales declarantes.

El endeudamiento declarado ante la Dian por las PN aumentó sustancialmente en el periodo 2014-2018, al pasar de un 13 a un 26 por ciento del PIB.

Con lo anterior se corrobora lo señalado por Propública, en el sentido de que los superricos utilizan el endeudamiento como una de las formas para reducir la base gravable del impuesto sobre la renta, al declarar un elevado gasto financiero. Una de las deficiencias de la política tributaria consistente en un insuficiente análisis detallado de la procedencia de los diversos tipos de ingresos líquidos y gastos declarados, favorece la erosión sin debida justificación de la base gravable como una de las prácticas usadas por las personas más ricas no solo en Colombia sino también en el mundo. Los agentes poderosos tienen la capacidad y saben cómo aprovechar cada una de las lagunas de las normas fiscales instituidas en el estatuto tributario. Muchos de ellos “se sirven de estrategias de evasión de impuestos más allá del alcance de la gente del común” (Propública).

Si se aplicaran las mismas tarifas estipuladas para las PJ en el apartado anterior, el recaudo sería de $8 billones en 4 años, es decir $2 billones anuales.

5. Aplicar una sobretasa temporal del 1 por ciento a los ingresos brutos no laborales de las PN superiores a 50 millones de pesos mensuales durante la pandemia.

Con esta medida se recaudarían cerca de $2 billones al año.

6. Implantar un gravamen que debería ir incrementándose en el tiempo hacia una tarifa del 33 por ciento, como en el caso de otras fuentes de ingresos, sobre los dividendos repartidos a personas jurídicas, dado que en la actualidad se gravan los dividendos recibidos con una tarifa del 10 por ciento, la que habría de irse elevando hacia la tarifa del 33 por ciento, lo que se constituye en un cuestionable incentivo para la creación de sociedades por parte de adineradas personas naturales para así evadir o eludir el pago de este tributo. La importancia de este tema reside en el recaudo potencial adicional que alcanzaría hasta cerca de $10 billones al año.

Un tipo de anomalía corporativa recurrente


En el caso de las personas jurídicas, los registros de la Dian reportan que hay número más de 100 mil declarantes ante la Dian que no registran gastos de personal, ni pago de parafiscales (Icbf, Sena, entre otros), ni pagos a la seguridad social. Estas personas jurídicas le reportaron a la Dian unos dividendos declarados como no constitutivos de renta superior a los $4 billones y unos ingresos no constitutivos de renta por cerca de otros $6 billones, con el agravante de que se observa una elevada concentración de los mismos en un número relativamente reducido de sociedades.


De seguro, gravar debidamente a este tipo de “empresas” no sólo no va a afectar la productividad de la economía, sino que el reconocimiento de este tipo de comportamiento anómalo tan generalizado que responde a una falta de regulación, control, vigilancia y penalización por parte de las autoridades responsables, le permitiría a la Dian y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público corregir y evitar este tipo de anomalía corporativa mediante un marco normativo transparente y eficaz.


Este tipo de fenómeno ha de ser transparentado y reconocido para que el sistema tributario le cierre el paso a fenómenos de evasión y elusión tributarias a favor de personas naturales de muy elevados ingresos por el hecho de utilizar mecanismos de esta naturaleza o vacíos normativos, que generan tanto inequidad con el resto de empresas que participan en el sistema como ineficiencia en la tributación y en la regulación competitiva entre empresas, entre otras.


La tributación de dividendos a personas jurídicas

Las personas jurídicas declararon dividendos por 29.6 billones de pesos en 2019 de acuerdo con información recién divulgada por la Dian. El impuesto declarado por tal concepto fue de apenas $24.8 mil millones. Esto significa que la tarifa media efectiva de dividendos recibidos por las personas jurídicas fue de 0.084 por ciento. Si a esos ingresos por dividendos se les hubiera aplicado la tarifa general del impuesto a la renta y complementarios del 33 por ciento, el recaudo hubiera sido de hasta cerca de 9.8 billones de pesos en dicho año. Así pues, por la vía de los dividendos recibidos por las personas jurídicas el gobierno nacional habría renunciado a cerca de 10 billones de pesos en 2019.


En este punto es necesario mencionar que existen diversos mecanismos mediante los cuales se busca que a través de múltiples sociedades pueda encubrirse el pago de dividendos a personas naturales o jurídicas, tomando provecho de la normatividad vigente. Es así como a través de las aquí denominadas “sociedades refugio” o “sociedades de papel” en el país y sus socias en el exterior, especialmente en paraísos fiscales, sus dueños, personas tanto naturales como jurídicas, puedan evitar el pago del impuesto a dividendos, creándose serias inequidades y pérdidas de recaudo en el país.

En este contexto, sería recomendable implantar el impuesto sobre los dividendos distribuidos a sociedades jurídicas por una sola vez –es decir, que de ser parcialmente repartidos de nuevo a otras sociedades jurídicas no serían sujetos otra vez al gravamen al aplicarse la figura del crédito fiscal–, sin gravar a los dividendos reinvertidos para promover la inversión de las empresas, lo que podría generar un recaudo adicional superior a 0.6 por ciento del PIB al año.

A su vez, complementariamente incrementar de manera progresiva la tarifa del impuesto a dividendos repartidos a personas naturales hacia el nivel de la tarifa del impuesto a la renta de personas de los ingresos más elevados en el país.

7. Aplicar el mismo tratamiento tributario a las ganancias ocasionales que el dado a las otras rentas en el caso de personas jurídicas.

Las ganancias ocasionales declaradas por las empresas en 2019 ascendieron a $8.6 billones y el impuesto liquidado por ellas fue de $815 mil millones. La tarifa nominal de tributación del impuesto fue del 10 por ciento, mientras que la tarifa efectiva de tributación, medida con base en los ingresos ocasionales, fue de tan sólo el 4 por ciento.

Si todas las ganancias de las empresas tuviesen el mismo tratamiento fiscal, es decir si la tarifa impositiva a las ganancias ocasionales fuese igual a la tarifa media a la cual se liquida el impuesto sobre la renta, se recaudaría aproximadamente $2.6 billones al año, y si adicionalmente se eliminara la exención, el monto sería de aproximadamente $3.0 billones al año.

Ahora bien, y con el objeto de evitar posibles vacíos que sean aprovechados por los contribuyentes, se debe dar igual tratamiento a las ganancias ocasionales declaradas por las personas naturales, y con ello el recaudo adicional ascendería a $1.7 billones al año.
En suma, el recaudo adicional al gravar las ganancias ocasionales al 33 por ciento tanto para las PJ como para las PN ascendería a cerca de $3.7 billones al año.

8. Implantar modalidades y mecanismos novedosos alternativos al de la devolución del IVA para evitar elevados costos de transacción y graves asimetrías e inequidades verticales y horizontales a y entre hogares que deban ser debida y oportunamente compensados como respuesta a problemas asociados con la focalización ante deficiencias todavía existentes en los registros inter-administrativos y dados sus perversos impactos sobre los ingresos de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, e incluso de gran parte de la clase media, consecuentes con un marcado deterioro de la desigualdad de ingresos en el país, si se llegara a tomar la decisión de ampliar la base gravable del IVA, con la inclusión de bienes y servicios de la canasta familiar.

Con base en la estructura de ingresos y gastos según la Encuesta nacional de presupuestos de los hogares (Enph) 2018, el gobierno nacional imputa el valor del IVA por hogar pobre y define así el valor por devolerles por este concepto mediante el denominado programa de devolución del IVA. Es de recordar que la desigualdad en el nivel de gasto entre hogares es reflejo de la existente en ingresos, en la medida en que el índice de Palma es de 21 en ingresos y 8 en gastos.

La pregunta que hay necesidad de hacerse, es: si es posible imputarle el IVA al gasto de los hogares pobres y con base en ello realizar la respectiva devolución, entonces ¿por qué no es dable imputarle el IVA del 19 por ciento al gasto de la canasta familiar de los hogares de mayores ingresos y cobrarlo directamente en su correspondiente declaración de renta?

Suponiendo que se tomara este marco como política pública y se decidiera gravar a los hogares del decil 10 de ingresos con un ingreso promedio de $8.900.000 mensuales y un gasto promedio de $5.900.000 millones al mes, el cual incluye el IVA pagado. Ahora bien, si a cada bien o servicio que consumen se le dedujera el IVA pagado, y se le aplicara la tarifa general del 19 por ciento y se descontara la tasa de evasión en el IVA, la cual fue estimada entre el 23 y el 40 por ciento por la “Comisión de expertos para la equidad y la Competitividad tributaria” de 2015 (pp. 21-22), se tendría un recaudo de unos $12 billones al año.

Como complemento, debe imponerse un impuesto al consumo sobre bienes considerados de lujo con tarifas superiores al 19 por ciento, el que impactará directa y exclusivamente a las personas de alto ingreso en el país.

Además, ha de instituirse un gravamen por concepto de IVA (con una tarifa del 19%) sobre la venta de bienes raíces con un valor superior a $2.000 millones, por su claro efecto redistributivo.

9. Aumentar significativamente la presión tributaria en el caso del sector rural a cargo de los grandes poseedores de tierra o de las empresas explotadoras del suelo o del subsuelo, mediante una complementación de medidas de política como la actualización del catastro, la elevación sustancial de las tarifas del impuesto predial, la implantación de un impuesto de tipo presuntivo que penalice tanto la especulación y la acumulación de tierra con fines de ostentación de poder de diversa naturaleza, como el uso de la tierra en contravención con su aptitud.

10. Avanzar decididamente en la implantación de una novedosa “tributación verde” en el país, dada la necesidad de desarrollar y proteger su reconocida variedad ecosistémica, su biodiversidad, sus fuentes de agua y acuíferos, en fin de su Naturaleza, como la fuente de riqueza nacional en perspectiva perdurable inter-generacional. Esa tributación ha de contribuir a la promoción de la transición socio-ecológica con miras a una progresiva descarbonización del sistema socio-ambiental y una transformación de la matriz energética, con la sustitución de los combustibles fósiles y la incorporación de nuevas fuentes de energía amigables y reproductores de la Naturaleza, la reforestación y la agroecología, entre otros.


11. Interponer los mayores esfuerzos a nivel institucional y administrativo para el combate a la evasión y elusión tributarias, tan elevadas y onerosas económica y socialmente para el país. Sobresale la necesidad impostergable de imponer todos los correctivos que sean idóneos y eficaces para combatir la evasión y la elusión tributarias, concentrándose especial, aunque no exclusivamente en aquellas personas naturales y jurídicas ricas que utilizan diversas figuras y mecanismos para aprovechar vacíos e intersticios legales en el estatuto tributario y así evadir o eludir obligaciones tributarias. El caso de las sociedades refugio o de bolsillo es uno de los más ilustrativos.

Como concreción de este propósito, propósito, es prioritario brindar la atención que no ha recibido hasta el momento para asegurar una efectiva ampliación de la base tributaria en el universo de aquellas personas naturales y jurídicas con alto ingreso y patrimonio que todavía se encuentran “excluidos” artificiosamente, y no hacerlo de manera exclusiva como tradicionalmente se ha buscado proceder con las personas de ingreso medio-bajo para fines estrictamente recaudatorios.

En este marco de referencia programático de un proceso de reforma estructural para el próximo cuatrienio es de destacar que la primera etapa del proceso sería la reforma tributaria por debatir y precisar en sus características fundamentales durante la legislatura en el segundo semestre de 2021, la cual debería asegurar un recaudo de entre $20 y 23 billones al año, con una elevada proporción de los ingresos tributarios generados de carácter permanente y otra porción de ingresos temporales para poder enfrentar la crisis económica y social profundizada con la pandemia del covid-19.


Bogotá, junio 28 de 2021

* Recuérdese que el impuesto se estipuló para ser pagado en 8 cuotas durante 4 años y que las tarifas oscilaban entre el 1.0% para patrimonios entre $1.000 y $2.000 millones y el 4.8% para los mayores a $5.000 millones.

 

 

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Augusto Pacheco, https://www.a-pache.co/ (Cortesía del autor)

La gota que rebasó el vaso y contribuyó a desatar un alzamiento social/popular y juvenil que conmovió en días recientes al país, la reforma tributaria, vuelve al tablado y debería asegurar un recaudo anual de entre $ 20 y 23 billones. El gobierno dice que ahora no afectará a quienes no tiene porque impactar en sus escasos ingresos y posibles ahorros, ¿a quiénes, de qué manera y en qué cantidades debe afectar?

 

Lo confirman distintas instituciones internacionales: Colombia es uno de los países del mundo con el mayor índice Gini de concentración del ingreso (de 0.5438 según el Dane actualizada o de hasta 0.6159 en el caso de personas naturales según las declaraciones de renta ante la Dian en 2018).


Además, su índice de presión fiscal antes de la pandemia del covid-19 era de 19.4 por ciento del PIB, 3.7 puntos porcentuales del PIB por debajo del promedio de América Latina y 14.9 puntos porcentuales menos respecto a la media de los países de la Ocde.

Reconociéndose que el aumento de la presión fiscal total en Colombia (total de ingresos tributarios a nivel nacional y territorial y de contribuciones o aportes a la seguridad social con relación al PIB) de 10.2 puntos porcentuales del PIB entre 1990 y 2018, al pasar de 9.2 por ciento del PIB a 19.4, crecimiento alcanzado por la vía de los impuestos indirectos. Esfuerzo que no fue acompasado con una reducción de la evasión y elusión tributarias.

De manera adicional, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Dane de 2019, la población ocupada ascendió a 21 millones 500 mil personas, con un ingreso total de 26.7 billones de pesos mensuales. De las personas ocupadas, el 43 por ciento tuvo un ingreso inferior a un salario mínimo legal vigente (Smlv), el 39 por ciento un ingreso total entre uno y dos Smlv, y un 8 por ciento con un ingreso entre 2 y 3 Smlv. En 2020, la situación social empeoró sustancialmente en la medida en que la población ocupada fue de apenas 19 millones 844 mil personas, con un ingreso mensual de 23.0 billones de pesos, de los cuales el 50 por ciento tuvo un ingreso inferior a un Smlv, un 35 por ciento entre 1 y 2 Smlv, y un 7 por ciento entre 2 y 3 Smlv.

Así, además de mostrarse tanto el deterioro de los ingresos de los hogares (14%) como la reducción de la población ocupada (8%), se precisa que hay una restringida base gravable de contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, al constatarse la existencia de una masa importante de ciudadanos que reciben una remuneración muy baja por su actividad laboral.


Breve caracterización del sistema tributario en Colombia

Ante estas condiciones, una breve caracterización del sistema tributario puede sintetizarse así:

1. El sistema tributario no satisface los principios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia tal y como lo muestran las tarifas efectivas de tributación de las personas naturales (Gráfico 1 –Recaudo/Ingresos Brutos) como jurídicas (Gráfico 2 – (Impuesto a cargo) / (Ingresos Brutos menos Costos menos Gastos de administración menos Gastos de Distribución más Ganancias Ocasionales gravadas y no gravadas).

 

 


El sistema tributario se distingue, por lo tanto, por no ser redistributivo. De ahí la necesidad imperiosa de reformar estructuralmente el Estatuto Tributario para cumplir con los principios constitucionales, como condición necesaria para que, en conjunción con una decisiva política de gasto público redistributiva, se pueda avanzar en la construcción de un verdadero Estado Social de Derecho según lo establecido por la Constitución de 1991. Para acercar las tarifas efectivas a la nominal, deben reducirse los beneficios fiscales que erosionan la base gravable.

2. El sistema tributario se distingue por su excesiva complejidad, su exagerada opacidad y falta de transparencia ante la proliferación de exenciones, deducciones y tratos preferenciales –la mayoría de ellos sin una debida justificación económica o social, y sin estar sujetos a una rigurosa evaluación beneficio/costo–, gozando de tales beneficios, las empresas y personas naturales con mayor poder económico y político, como lo han mostrado Garay y Espitia (2019 y 2020) y lo ha ratificado la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios (marzo 2021).

Una de las implicaciones de este tipo de sistema es el elevado Gasto Tributario (GT) que implica para las finanzas gubernamentales en términos del recaudo dejado de percibir a causa de los beneficios tributarios, en tanto que se estima que el GT alcanzaría actualmente a cerca de un 3.5 por ciento del PIB al año: 2.5 por ciento en el caso de personas jurídicas y 1.0 por ciento en el de personas naturales (concentrado en las personas más ricas del país) –incluyendo el impacto de la última reforma tributaria de 2019 (Ley 2021 de 2019).


El Gasto Tributario se concentra en los ingresos no constitutivos de renta, en las rentas exentas y en los descuentos tributarios.

(i) En el caso de las personas jurídicas (PJ), los ingresos no constitutivos de renta declarados en 2019 fueron de $39.9 billones (3.8% del PIB), que liquidados a la tarifa media del 33 por ciento corresponde a una renuncia fiscal por parte del Estado de $13.2 billones. Es de señalar que los “Dividendos y/o participaciones no constitutivas de renta ni ganancia ocasional” corresponden al 61 por ciento de ese valor y que cerca de unas 100 mil PJ declarantes de ese tipo de dividendos corresponden a “empresas” que declararon ante la Dian valores iguales a cero ($0) por concepto de “Total costos y gastos de nómina”, “Aportes al sistema de seguridad social” y “Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación”.

Las rentas exentas declaradas en 2019 fueron de $12.7 billones, que liquidadas a la tarifa nominal habría equivalido a una renuncia fiscal de $4.2 billones.

En el caso de los descuentos tributarios, las PJ en 2019 declararon $4.5 billones, $3.5 billones más que en 2018, gracias a los beneficios otorgados mediante la Ley 1943 de 2018 que les permitió deducir la totalidad de impuestos, tasas y contribuciones pagados que guarden relación con la actividad económica, incluyendo cuotas de afiliación a los gremios, el 50 por ciento del gravamen a los movimientos financieros o el 4 por mil, así como el 50 por ciento del impuesto de industria y comercio. Entre 2015 y 2019 los descuentos tributarios como proporción del PIB han aumentado en un 465 por ciento, al haber subido de $805 mil millones en 2015 a $4.539 mil millones en 2019.

Además de los anteriores renglones del Estatuto Tributario que contribuyen a erosionar la base gravable del impuesto, se encuentran los denominados “Gastos de administración” y “Gastos de distribución y ventas”, para los que además de persistir grandes deficiencias en su control y seguimiento por parte de la administración tributaria debido a la opacidad existente y a las limitaciones desde el punto de vista contable (para 2015, estos rubros representaban el 29% y 8% de los ingresos operacionales, alcanzando en 2019 el 18% y 6%, respectivamente). Si estos “Gastos” se redujeran en un uno por ciento y se gravaran a la tarifa del 33 por ciento, el nuevo recaudo ascendería en cerca de $2 billones al año.

Así pues, el gasto tributario calculado y una reducción del uno por ciento de los gastos mencionados que erosionan la base gravable equivaldrían a un recaudo tributario adicional del orden de los $23.6 billones al año (2.2% del PIB).

(ii) En el caso de las personas naturales (PN), el impuesto sobre la renta y complementarios se liquida con base en tarifas nominales diferenciadas. Tarifas nominales que aplican diferenciadamente para cada una de las rentas de cédulas de Trabajo, de Pensiones y de Capital y No Laboral, así como otras del 10 por ciento para Dividendos y 10 por ciento para Ganancias Ocasionales. Para la liquidación del impuesto a pagar se realiza una depuración independiente de los ingresos no constitutivos de renta, costos, gastos, deducciones, rentas exentas, beneficios tributarios y demás conceptos que permitan ser sustraídos de los ingresos brutos a efecto de obtener la respectiva renta líquida cedular.

Obtenida la renta líquida cedular, se suman para obtener la renta líquida total, pero antes de aplicar la tarifa media respectiva, el Estatuto Tributario le permite al contribuyente reducirla en un 40 por ciento, y luego sí aplicar la tarifa nominal media y obtener el impuesto sobre la renta a pagar. Claramente los más beneficiados con esta norma son las PN con mayores ingresos.

Si bien la conclusión general de la Comisión de Expertos es que las tarifas efectivas de tributación de las personas naturales son bajas y tienden a disminuir en los rangos altos de ingresos, sin embargo, su diferenciación entre cédulas de rentas exige mayor análisis. En 2018, se presentaron 3 millones 289 mil 969 declaraciones de renta y complementarios por las denominadas personas naturales, de las cuales el 43 por ciento correspondieron a asalariados, el 6 por ciento a rentistas de capital y el restante 51 por ciento a otras personas naturales diferente a asalariados y rentistas de capital.
Así pues, al calcular las tarifas efectivas tributarias según cédulas de rentas se presentan los siguientes hallazgos:

(a) La tarifa nominal de tributación de los asalariados es creciente a lo largo de la distribución de ingresos, mientras que la efectiva es creciente, pero con menor intensidad a partir de ingresos medios. En los primeros percentiles la tarifa efectiva es inferior al uno por ciento y luego asciende progresivamente hasta alcanzar un valor cercano al 10 por ciento.
(b) La composición de ingresos de los asalariados se concentra en lo fundamental en las rentas laborales.
(c) La tarifa efectiva de los rentistas de capital es inferior a la de los asalariados. La tarifa efectiva de los primeros decrece para los percentiles altos de ingreso, los cuales cancelan pagan una tarifa máxima del 4 por ciento.
Los niveles de concentración del ingreso bruto son superiores en los rentistas de capital (el decil más rico concentra el 65% del total de rentas declaradas) respecto a los asalariados (37%), además de doblar el ingreso declarado per cápita.
(d) La tarifa efectiva para el resto de PN, diferentes a asalariados y rentistas de capital, desciende del 2.5% al 1.2% para los percentiles altos de ingreso (el percentil 96). La tarifa máxima es del 2.5% para el percentil 90.

 

 

En suma, de todo el grupo de PN, los asalariados son el conglomerado que tiene la mayor tarifa efectiva de tributación, triplicando la del resto de personas naturales contribuyentes.

Atendiendo a esta realidad, es necesario cerrar las brechas en tarifas efectivas de tributación tanto entre declarantes (asalariados, rentistas de capital y resto) como entre rentas laborales, de pensiones, de capital y no laborales, de tal forma que garantice un tratamiento justo y equitativo.

Una de las medidas de política tributaria alternativas para ese propósito de política pública sería la de imponer una restricción a la relación entre el valor total de los ingresos líquidos gravables de las PN que tengan ingreso brutos agregados superiores a los $70 millones mensuales, equivalente a un 30 por ciento, por ejemplo, que implicaría no solamente un recaudo adicional de $7.0 billones al año, sino además una sustancial reducción tanto de la brecha entre tarifa nominal y tarifa efectiva medias para las PN pertenecientes al 1 por ciento y el 1 por mil con mayores ingresos en el país, como del gasto tributario de las PN.

3. En síntesis, el sistema tributario consolidado en Colombia está regido por una estricta economía política de exclusión social, favorecedora de intereses poderosos a costa de intereses colectivos esenciales y reproductora de exageradas inequidades sistémicas en la sociedad, por ello la necesidad de una reforma estructural de la tributación en Colombia.

Necesidad de un proceso de reforma estructural de la tributación

Con el agravamiento del déficit estructural de las finanzas públicas del país en 2020 a raíz tanto de la pérdida de ingresos fiscales con la recesión económica por la pandemia del covid-19 y la estrategia de confinamiento para reducir la velocidad de contagio del virus y evitar el colapso del sistema sanitario, como de la exigencia de aumento del gasto público para atender prioridades de índole social, sanitaria y económica (del aparato productivo, entre otros), surge la necesidad de buscar recursos frescos.

Ante estas circunstancias, deben emprenderse reformas a la tributación de carácter estructural, entre las que deben considerarse:

1. Desmontar gradualmente aquellos beneficios tributarios que sin debida justificación económica y social introducen graves distorsiones a la competencia y privilegian primordialmente a, o son utilizados mayormente a su favor por, personas naturales y jurídicas de altos ingresos y patrimonio. Es decir, avanzar en la reducción de la brecha entre la Tarifa Nominal de Tributación (TNT) y la Tarifa Efectiva de Tributación (TET), la cual tiene un marcado sesgo pro rico.


Además, no sobra mencionar que en este contexto sería conveniente eliminar las exenciones fiscales creadas con la reforma tributaria de 2019 mediante la Ley 2010 de 2019 (equivalentes a cerca de 0.8% del PIB al año).


2. Mantener, al menos, las tarifas nominales de impuesto a la renta y complementarios de las personas jurídicas de mayores ingresos operacionales, y elevación de las tarifas marginales del impuesto a la renta de las personas naturales en los tramos más altos de ingresos, de manera mucho más progresiva, dado que la actual es de una progresividad débil.

Además, en el caso de las personas naturales ha de propugnarse por la reducción del excesivo trato tributario preferencial a las rentas no laborales y de capital en relación con las rentas de trabajo mediante el aumento de la tasa efectiva de tributación.

Con unas tarifas medias como las aquí propuestas, se lograría un recaudo adicional de dos billones de pesos al año.

Implantar una sobretasa temporal a las ganancias extraordinarias de las personas jurídicas durante la pandemia.

443 las 1000 empresas más grandes reportadas por la Superintendencia de Sociedades en 2020, aumentaron sus ganancias en 2020 con relación a 2019. Si al conjunto de estas empresas con ganancias en 2020 superiores en un 10 por ciento respecto a las del año anterior se les impusiera una sobretasa temporal del 10 por ciento sobre esas extra-ganancias, podría obtenerse un recaudo adicional cercano a $1 billón al año, sin afectar la solidez financiera de las empresas sujetas a la sobretasa dado que esta tributación les representaría, en promedio, menos del 0.6 por ciento de sus ingresos operacionales.

De igual manera, si se impusiera una sobretasa del 10 por ciento a las ganancias obtenidas por el sector financiero, se recaudaría adicionalmente otro billón de pesos al año, sin que les significara más del 0.7 por ciento de sus ingresos de operaciones, en promedio.

Estas sobretasas impactarían a 396 empresas y a 23 bancos, con un recaudo adicional de $2 billones al año.

4. Reiterar la relevancia del impuesto a los altos patrimonios de las personas naturales y jurídicas con tarifas marginales progresivas. Igualmente, valorar el papel para la equidad inter-generacional de la imposición de un mayor gravamen a las herencias más cuantiosas.

Dados los niveles de concentración de la riqueza existentes tanto en las personas jurídicas como en las naturales, así como la actual situación de crisis social, resulta indispensable plantear una imposición progresiva sobre el patrimonio con tarifas como las implantadas en 2011. Las tarifas podrían ser diferenciadas según la composición patrimonial.

Thomas Piketty y su equipo de investigación han llamado la atención sobre la necesidad de incluir los diferentes tipos de activos como base gravable, y para ello muestran la necesidad de cruzar las diferentes fuentes de información reportadas por terceros (información exógena) y gestores patrimoniales (bancos, fondos de inversión, bolsas, corredores, notarios, entre otros) no sólo de las PN y PJ inscritas en el registro tributario, sino sobre todos los ciudadanos y empresas para permitir que la declaración se realice con base mayormente en datos reales y no sobre las “buenas voluntades” de los declarantes, lo cual permitiría reducir la evasión.

El secreto bancario es un obstáculo para ello, pero ya hay acuerdos marco a nivel internacional que contribuyen a relajar esa restricción. Ahora bien, en la medida en que los bienes inmobiliarios pagan el impuesto predial, existiría la posibilidad de integrar estos dos impuestos sin quitar la titularidad y propiedad del predial a los municipios, con lo cual sería posible reducir los costos de administración del impuesto municipal, así como el excesivo poder de influencia de los poderes y los intereses políticas locales que han impedido una verdadera actualización del impuesto sobre la tierra.

(i) En el caso de personas jurídicas es de resaltar que el 0.25 por ciento de las 10 mil empresas más grandes en el país, según la Superintendencia de Sociedades, concentran el 37 por ciento del patrimonio total de las personas jurídicas, en tanto que el 1 por ciento de las empresas con menores patrimonios necesitarían cerca de 309 años para sumar ese patrimonio de las 25 mayores empresas del país. Similarmente, con base en las declaraciones de renta de la Dian, 15 personas jurídicas concentran un 29 por ciento del patrimonio total, en marcado contraste con el 25 por ciento de las personas jurídicas con menores patrimonios que requerirían unos 485 años para alcanzar ese patrimonio.

Ante esa elevada concentración del patrimonio de las empresas, es recomendable un impuesto progresivo a la riqueza de las personas jurídicas en el país. Otra justificación adicional reside en que de acuerdo con una microsimulación realizada para personas jurídicas con base en datos de la Dian, se constata que el peso específico del impuesto sobre el ingreso neto declarado resulta ser inferior al 2.0 por ciento, en promedio.

Si se toma como referencia que cerca del 70 por ciento del patrimonio líquido de las empresas hace parte de la base gravable del impuesto a la riqueza, y se consideran las tarifas definidas en el Decreto 4826 de 2010 para liquidar el impuesto al patrimonio, se obtendría un recaudo de $20 billones ($22 billones incluido los bancos) en un cuatrienio ($5 - $5.5 billones/año) *.

(ii) En el caso de personas naturales, el número de declarantes que tienen un patrimonio bruto superior a los mil cien millones de pesos ($1.100 millones) es de 138 mil, de los cuales el 10 por ciento declaró no tener deudas. Entre los que declararon tener deudas (cerca de 124 mil personas naturales), 40 de ellos tienen un endeudamiento equivalente al doble del valor de su patrimonio, y varios de ellos con deudas superiores a los dos mil millones de pesos. El 10 por ciento del endeudamiento declarado por este conglomerado de personas está en cabeza del 0.13 por ciento del total de personas naturales declarantes.

El endeudamiento declarado ante la Dian por las PN aumentó sustancialmente en el periodo 2014-2018, al pasar de un 13 a un 26 por ciento del PIB.

Con lo anterior se corrobora lo señalado por Propública, en el sentido de que los superricos utilizan el endeudamiento como una de las formas para reducir la base gravable del impuesto sobre la renta, al declarar un elevado gasto financiero. Una de las deficiencias de la política tributaria consistente en un insuficiente análisis detallado de la procedencia de los diversos tipos de ingresos líquidos y gastos declarados, favorece la erosión sin debida justificación de la base gravable como una de las prácticas usadas por las personas más ricas no solo en Colombia sino también en el mundo. Los agentes poderosos tienen la capacidad y saben cómo aprovechar cada una de las lagunas de las normas fiscales instituidas en el estatuto tributario. Muchos de ellos “se sirven de estrategias de evasión de impuestos más allá del alcance de la gente del común” (Propública).

Si se aplicaran las mismas tarifas estipuladas para las PJ en el apartado anterior, el recaudo sería de $8 billones en 4 años, es decir $2 billones anuales.

5. Aplicar una sobretasa temporal del 1 por ciento a los ingresos brutos no laborales de las PN superiores a 50 millones de pesos mensuales durante la pandemia.

Con esta medida se recaudarían cerca de $2 billones al año.

6. Implantar un gravamen que debería ir incrementándose en el tiempo hacia una tarifa del 33 por ciento, como en el caso de otras fuentes de ingresos, sobre los dividendos repartidos a personas jurídicas, dado que en la actualidad se gravan los dividendos recibidos con una tarifa del 10 por ciento, la que habría de irse elevando hacia la tarifa del 33 por ciento, lo que se constituye en un cuestionable incentivo para la creación de sociedades por parte de adineradas personas naturales para así evadir o eludir el pago de este tributo. La importancia de este tema reside en el recaudo potencial adicional que alcanzaría hasta cerca de $10 billones al año.

Un tipo de anomalía corporativa recurrente


En el caso de las personas jurídicas, los registros de la Dian reportan que hay número más de 100 mil declarantes ante la Dian que no registran gastos de personal, ni pago de parafiscales (Icbf, Sena, entre otros), ni pagos a la seguridad social. Estas personas jurídicas le reportaron a la Dian unos dividendos declarados como no constitutivos de renta superior a los $4 billones y unos ingresos no constitutivos de renta por cerca de otros $6 billones, con el agravante de que se observa una elevada concentración de los mismos en un número relativamente reducido de sociedades.


De seguro, gravar debidamente a este tipo de “empresas” no sólo no va a afectar la productividad de la economía, sino que el reconocimiento de este tipo de comportamiento anómalo tan generalizado que responde a una falta de regulación, control, vigilancia y penalización por parte de las autoridades responsables, le permitiría a la Dian y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público corregir y evitar este tipo de anomalía corporativa mediante un marco normativo transparente y eficaz.


Este tipo de fenómeno ha de ser transparentado y reconocido para que el sistema tributario le cierre el paso a fenómenos de evasión y elusión tributarias a favor de personas naturales de muy elevados ingresos por el hecho de utilizar mecanismos de esta naturaleza o vacíos normativos, que generan tanto inequidad con el resto de empresas que participan en el sistema como ineficiencia en la tributación y en la regulación competitiva entre empresas, entre otras.


La tributación de dividendos a personas jurídicas

Las personas jurídicas declararon dividendos por 29.6 billones de pesos en 2019 de acuerdo con información recién divulgada por la Dian. El impuesto declarado por tal concepto fue de apenas $24.8 mil millones. Esto significa que la tarifa media efectiva de dividendos recibidos por las personas jurídicas fue de 0.084 por ciento. Si a esos ingresos por dividendos se les hubiera aplicado la tarifa general del impuesto a la renta y complementarios del 33 por ciento, el recaudo hubiera sido de hasta cerca de 9.8 billones de pesos en dicho año. Así pues, por la vía de los dividendos recibidos por las personas jurídicas el gobierno nacional habría renunciado a cerca de 10 billones de pesos en 2019.


En este punto es necesario mencionar que existen diversos mecanismos mediante los cuales se busca que a través de múltiples sociedades pueda encubrirse el pago de dividendos a personas naturales o jurídicas, tomando provecho de la normatividad vigente. Es así como a través de las aquí denominadas “sociedades refugio” o “sociedades de papel” en el país y sus socias en el exterior, especialmente en paraísos fiscales, sus dueños, personas tanto naturales como jurídicas, puedan evitar el pago del impuesto a dividendos, creándose serias inequidades y pérdidas de recaudo en el país.

En este contexto, sería recomendable implantar el impuesto sobre los dividendos distribuidos a sociedades jurídicas por una sola vez –es decir, que de ser parcialmente repartidos de nuevo a otras sociedades jurídicas no serían sujetos otra vez al gravamen al aplicarse la figura del crédito fiscal–, sin gravar a los dividendos reinvertidos para promover la inversión de las empresas, lo que podría generar un recaudo adicional superior a 0.6 por ciento del PIB al año.

A su vez, complementariamente incrementar de manera progresiva la tarifa del impuesto a dividendos repartidos a personas naturales hacia el nivel de la tarifa del impuesto a la renta de personas de los ingresos más elevados en el país.

7. Aplicar el mismo tratamiento tributario a las ganancias ocasionales que el dado a las otras rentas en el caso de personas jurídicas.

Las ganancias ocasionales declaradas por las empresas en 2019 ascendieron a $8.6 billones y el impuesto liquidado por ellas fue de $815 mil millones. La tarifa nominal de tributación del impuesto fue del 10 por ciento, mientras que la tarifa efectiva de tributación, medida con base en los ingresos ocasionales, fue de tan sólo el 4 por ciento.

Si todas las ganancias de las empresas tuviesen el mismo tratamiento fiscal, es decir si la tarifa impositiva a las ganancias ocasionales fuese igual a la tarifa media a la cual se liquida el impuesto sobre la renta, se recaudaría aproximadamente $2.6 billones al año, y si adicionalmente se eliminara la exención, el monto sería de aproximadamente $3.0 billones al año.

Ahora bien, y con el objeto de evitar posibles vacíos que sean aprovechados por los contribuyentes, se debe dar igual tratamiento a las ganancias ocasionales declaradas por las personas naturales, y con ello el recaudo adicional ascendería a $1.7 billones al año.
En suma, el recaudo adicional al gravar las ganancias ocasionales al 33 por ciento tanto para las PJ como para las PN ascendería a cerca de $3.7 billones al año.

8. Implantar modalidades y mecanismos novedosos alternativos al de la devolución del IVA para evitar elevados costos de transacción y graves asimetrías e inequidades verticales y horizontales a y entre hogares que deban ser debida y oportunamente compensados como respuesta a problemas asociados con la focalización ante deficiencias todavía existentes en los registros inter-administrativos y dados sus perversos impactos sobre los ingresos de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, e incluso de gran parte de la clase media, consecuentes con un marcado deterioro de la desigualdad de ingresos en el país, si se llegara a tomar la decisión de ampliar la base gravable del IVA, con la inclusión de bienes y servicios de la canasta familiar.

Con base en la estructura de ingresos y gastos según la Encuesta nacional de presupuestos de los hogares (Enph) 2018, el gobierno nacional imputa el valor del IVA por hogar pobre y define así el valor por devolerles por este concepto mediante el denominado programa de devolución del IVA. Es de recordar que la desigualdad en el nivel de gasto entre hogares es reflejo de la existente en ingresos, en la medida en que el índice de Palma es de 21 en ingresos y 8 en gastos.

La pregunta que hay necesidad de hacerse, es: si es posible imputarle el IVA al gasto de los hogares pobres y con base en ello realizar la respectiva devolución, entonces ¿por qué no es dable imputarle el IVA del 19 por ciento al gasto de la canasta familiar de los hogares de mayores ingresos y cobrarlo directamente en su correspondiente declaración de renta?

Suponiendo que se tomara este marco como política pública y se decidiera gravar a los hogares del decil 10 de ingresos con un ingreso promedio de $8.900.000 mensuales y un gasto promedio de $5.900.000 millones al mes, el cual incluye el IVA pagado. Ahora bien, si a cada bien o servicio que consumen se le dedujera el IVA pagado, y se le aplicara la tarifa general del 19 por ciento y se descontara la tasa de evasión en el IVA, la cual fue estimada entre el 23 y el 40 por ciento por la “Comisión de expertos para la equidad y la Competitividad tributaria” de 2015 (pp. 21-22), se tendría un recaudo de unos $12 billones al año.

Como complemento, debe imponerse un impuesto al consumo sobre bienes considerados de lujo con tarifas superiores al 19 por ciento, el que impactará directa y exclusivamente a las personas de alto ingreso en el país.

Además, ha de instituirse un gravamen por concepto de IVA (con una tarifa del 19%) sobre la venta de bienes raíces con un valor superior a $2.000 millones, por su claro efecto redistributivo.

9. Aumentar significativamente la presión tributaria en el caso del sector rural a cargo de los grandes poseedores de tierra o de las empresas explotadoras del suelo o del subsuelo, mediante una complementación de medidas de política como la actualización del catastro, la elevación sustancial de las tarifas del impuesto predial, la implantación de un impuesto de tipo presuntivo que penalice tanto la especulación y la acumulación de tierra con fines de ostentación de poder de diversa naturaleza, como el uso de la tierra en contravención con su aptitud.

10. Avanzar decididamente en la implantación de una novedosa “tributación verde” en el país, dada la necesidad de desarrollar y proteger su reconocida variedad ecosistémica, su biodiversidad, sus fuentes de agua y acuíferos, en fin de su Naturaleza, como la fuente de riqueza nacional en perspectiva perdurable inter-generacional. Esa tributación ha de contribuir a la promoción de la transición socio-ecológica con miras a una progresiva descarbonización del sistema socio-ambiental y una transformación de la matriz energética, con la sustitución de los combustibles fósiles y la incorporación de nuevas fuentes de energía amigables y reproductores de la Naturaleza, la reforestación y la agroecología, entre otros.


11. Interponer los mayores esfuerzos a nivel institucional y administrativo para el combate a la evasión y elusión tributarias, tan elevadas y onerosas económica y socialmente para el país. Sobresale la necesidad impostergable de imponer todos los correctivos que sean idóneos y eficaces para combatir la evasión y la elusión tributarias, concentrándose especial, aunque no exclusivamente en aquellas personas naturales y jurídicas ricas que utilizan diversas figuras y mecanismos para aprovechar vacíos e intersticios legales en el estatuto tributario y así evadir o eludir obligaciones tributarias. El caso de las sociedades refugio o de bolsillo es uno de los más ilustrativos.

Como concreción de este propósito, propósito, es prioritario brindar la atención que no ha recibido hasta el momento para asegurar una efectiva ampliación de la base tributaria en el universo de aquellas personas naturales y jurídicas con alto ingreso y patrimonio que todavía se encuentran “excluidos” artificiosamente, y no hacerlo de manera exclusiva como tradicionalmente se ha buscado proceder con las personas de ingreso medio-bajo para fines estrictamente recaudatorios.

En este marco de referencia programático de un proceso de reforma estructural para el próximo cuatrienio es de destacar que la primera etapa del proceso sería la reforma tributaria por debatir y precisar en sus características fundamentales durante la legislatura en el segundo semestre de 2021, la cual debería asegurar un recaudo de entre $20 y 23 billones al año, con una elevada proporción de los ingresos tributarios generados de carácter permanente y otra porción de ingresos temporales para poder enfrentar la crisis económica y social profundizada con la pandemia del covid-19.


Bogotá, junio 28 de 2021

* Recuérdese que el impuesto se estipuló para ser pagado en 8 cuotas durante 4 años y que las tarifas oscilaban entre el 1.0% para patrimonios entre $1.000 y $2.000 millones y el 4.8% para los mayores a $5.000 millones.

 

 

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Publicado enColombia
Augusto Pacheco, https://www.a-pache.co/ (Cortesía del autor)

La gota que rebasó el vaso y contribuyó a desatar un alzamiento social/popular y juvenil que conmovió en días recientes al país, la reforma tributaria, vuelve al tablado y debería asegurar un recaudo anual de entre $ 20 y 23 billones. El gobierno dice que ahora no afectará a quienes no tiene porque impactar en sus escasos ingresos y posibles ahorros, ¿a quiénes, de qué manera y en qué cantidades debe afectar?

 

Lo confirman distintas instituciones internacionales: Colombia es uno de los países del mundo con el mayor índice Gini de concentración del ingreso (de 0.5438 según el Dane actualizada o de hasta 0.6159 en el caso de personas naturales según las declaraciones de renta ante la Dian en 2018).


Además, su índice de presión fiscal antes de la pandemia del covid-19 era de 19.4 por ciento del PIB, 3.7 puntos porcentuales del PIB por debajo del promedio de América Latina y 14.9 puntos porcentuales menos respecto a la media de los países de la Ocde.

Reconociéndose que el aumento de la presión fiscal total en Colombia (total de ingresos tributarios a nivel nacional y territorial y de contribuciones o aportes a la seguridad social con relación al PIB) de 10.2 puntos porcentuales del PIB entre 1990 y 2018, al pasar de 9.2 por ciento del PIB a 19.4, crecimiento alcanzado por la vía de los impuestos indirectos. Esfuerzo que no fue acompasado con una reducción de la evasión y elusión tributarias.

De manera adicional, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Dane de 2019, la población ocupada ascendió a 21 millones 500 mil personas, con un ingreso total de 26.7 billones de pesos mensuales. De las personas ocupadas, el 43 por ciento tuvo un ingreso inferior a un salario mínimo legal vigente (Smlv), el 39 por ciento un ingreso total entre uno y dos Smlv, y un 8 por ciento con un ingreso entre 2 y 3 Smlv. En 2020, la situación social empeoró sustancialmente en la medida en que la población ocupada fue de apenas 19 millones 844 mil personas, con un ingreso mensual de 23.0 billones de pesos, de los cuales el 50 por ciento tuvo un ingreso inferior a un Smlv, un 35 por ciento entre 1 y 2 Smlv, y un 7 por ciento entre 2 y 3 Smlv.

Así, además de mostrarse tanto el deterioro de los ingresos de los hogares (14%) como la reducción de la población ocupada (8%), se precisa que hay una restringida base gravable de contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, al constatarse la existencia de una masa importante de ciudadanos que reciben una remuneración muy baja por su actividad laboral.


Breve caracterización del sistema tributario en Colombia

Ante estas condiciones, una breve caracterización del sistema tributario puede sintetizarse así:

1. El sistema tributario no satisface los principios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia tal y como lo muestran las tarifas efectivas de tributación de las personas naturales (Gráfico 1 –Recaudo/Ingresos Brutos) como jurídicas (Gráfico 2 – (Impuesto a cargo) / (Ingresos Brutos menos Costos menos Gastos de administración menos Gastos de Distribución más Ganancias Ocasionales gravadas y no gravadas).

 

 


El sistema tributario se distingue, por lo tanto, por no ser redistributivo. De ahí la necesidad imperiosa de reformar estructuralmente el Estatuto Tributario para cumplir con los principios constitucionales, como condición necesaria para que, en conjunción con una decisiva política de gasto público redistributiva, se pueda avanzar en la construcción de un verdadero Estado Social de Derecho según lo establecido por la Constitución de 1991. Para acercar las tarifas efectivas a la nominal, deben reducirse los beneficios fiscales que erosionan la base gravable.

2. El sistema tributario se distingue por su excesiva complejidad, su exagerada opacidad y falta de transparencia ante la proliferación de exenciones, deducciones y tratos preferenciales –la mayoría de ellos sin una debida justificación económica o social, y sin estar sujetos a una rigurosa evaluación beneficio/costo–, gozando de tales beneficios, las empresas y personas naturales con mayor poder económico y político, como lo han mostrado Garay y Espitia (2019 y 2020) y lo ha ratificado la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios (marzo 2021).

Una de las implicaciones de este tipo de sistema es el elevado Gasto Tributario (GT) que implica para las finanzas gubernamentales en términos del recaudo dejado de percibir a causa de los beneficios tributarios, en tanto que se estima que el GT alcanzaría actualmente a cerca de un 3.5 por ciento del PIB al año: 2.5 por ciento en el caso de personas jurídicas y 1.0 por ciento en el de personas naturales (concentrado en las personas más ricas del país) –incluyendo el impacto de la última reforma tributaria de 2019 (Ley 2021 de 2019).


El Gasto Tributario se concentra en los ingresos no constitutivos de renta, en las rentas exentas y en los descuentos tributarios.

(i) En el caso de las personas jurídicas (PJ), los ingresos no constitutivos de renta declarados en 2019 fueron de $39.9 billones (3.8% del PIB), que liquidados a la tarifa media del 33 por ciento corresponde a una renuncia fiscal por parte del Estado de $13.2 billones. Es de señalar que los “Dividendos y/o participaciones no constitutivas de renta ni ganancia ocasional” corresponden al 61 por ciento de ese valor y que cerca de unas 100 mil PJ declarantes de ese tipo de dividendos corresponden a “empresas” que declararon ante la Dian valores iguales a cero ($0) por concepto de “Total costos y gastos de nómina”, “Aportes al sistema de seguridad social” y “Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación”.

Las rentas exentas declaradas en 2019 fueron de $12.7 billones, que liquidadas a la tarifa nominal habría equivalido a una renuncia fiscal de $4.2 billones.

En el caso de los descuentos tributarios, las PJ en 2019 declararon $4.5 billones, $3.5 billones más que en 2018, gracias a los beneficios otorgados mediante la Ley 1943 de 2018 que les permitió deducir la totalidad de impuestos, tasas y contribuciones pagados que guarden relación con la actividad económica, incluyendo cuotas de afiliación a los gremios, el 50 por ciento del gravamen a los movimientos financieros o el 4 por mil, así como el 50 por ciento del impuesto de industria y comercio. Entre 2015 y 2019 los descuentos tributarios como proporción del PIB han aumentado en un 465 por ciento, al haber subido de $805 mil millones en 2015 a $4.539 mil millones en 2019.

Además de los anteriores renglones del Estatuto Tributario que contribuyen a erosionar la base gravable del impuesto, se encuentran los denominados “Gastos de administración” y “Gastos de distribución y ventas”, para los que además de persistir grandes deficiencias en su control y seguimiento por parte de la administración tributaria debido a la opacidad existente y a las limitaciones desde el punto de vista contable (para 2015, estos rubros representaban el 29% y 8% de los ingresos operacionales, alcanzando en 2019 el 18% y 6%, respectivamente). Si estos “Gastos” se redujeran en un uno por ciento y se gravaran a la tarifa del 33 por ciento, el nuevo recaudo ascendería en cerca de $2 billones al año.

Así pues, el gasto tributario calculado y una reducción del uno por ciento de los gastos mencionados que erosionan la base gravable equivaldrían a un recaudo tributario adicional del orden de los $23.6 billones al año (2.2% del PIB).

(ii) En el caso de las personas naturales (PN), el impuesto sobre la renta y complementarios se liquida con base en tarifas nominales diferenciadas. Tarifas nominales que aplican diferenciadamente para cada una de las rentas de cédulas de Trabajo, de Pensiones y de Capital y No Laboral, así como otras del 10 por ciento para Dividendos y 10 por ciento para Ganancias Ocasionales. Para la liquidación del impuesto a pagar se realiza una depuración independiente de los ingresos no constitutivos de renta, costos, gastos, deducciones, rentas exentas, beneficios tributarios y demás conceptos que permitan ser sustraídos de los ingresos brutos a efecto de obtener la respectiva renta líquida cedular.

Obtenida la renta líquida cedular, se suman para obtener la renta líquida total, pero antes de aplicar la tarifa media respectiva, el Estatuto Tributario le permite al contribuyente reducirla en un 40 por ciento, y luego sí aplicar la tarifa nominal media y obtener el impuesto sobre la renta a pagar. Claramente los más beneficiados con esta norma son las PN con mayores ingresos.

Si bien la conclusión general de la Comisión de Expertos es que las tarifas efectivas de tributación de las personas naturales son bajas y tienden a disminuir en los rangos altos de ingresos, sin embargo, su diferenciación entre cédulas de rentas exige mayor análisis. En 2018, se presentaron 3 millones 289 mil 969 declaraciones de renta y complementarios por las denominadas personas naturales, de las cuales el 43 por ciento correspondieron a asalariados, el 6 por ciento a rentistas de capital y el restante 51 por ciento a otras personas naturales diferente a asalariados y rentistas de capital.
Así pues, al calcular las tarifas efectivas tributarias según cédulas de rentas se presentan los siguientes hallazgos:

(a) La tarifa nominal de tributación de los asalariados es creciente a lo largo de la distribución de ingresos, mientras que la efectiva es creciente, pero con menor intensidad a partir de ingresos medios. En los primeros percentiles la tarifa efectiva es inferior al uno por ciento y luego asciende progresivamente hasta alcanzar un valor cercano al 10 por ciento.
(b) La composición de ingresos de los asalariados se concentra en lo fundamental en las rentas laborales.
(c) La tarifa efectiva de los rentistas de capital es inferior a la de los asalariados. La tarifa efectiva de los primeros decrece para los percentiles altos de ingreso, los cuales cancelan pagan una tarifa máxima del 4 por ciento.
Los niveles de concentración del ingreso bruto son superiores en los rentistas de capital (el decil más rico concentra el 65% del total de rentas declaradas) respecto a los asalariados (37%), además de doblar el ingreso declarado per cápita.
(d) La tarifa efectiva para el resto de PN, diferentes a asalariados y rentistas de capital, desciende del 2.5% al 1.2% para los percentiles altos de ingreso (el percentil 96). La tarifa máxima es del 2.5% para el percentil 90.

 

 

En suma, de todo el grupo de PN, los asalariados son el conglomerado que tiene la mayor tarifa efectiva de tributación, triplicando la del resto de personas naturales contribuyentes.

Atendiendo a esta realidad, es necesario cerrar las brechas en tarifas efectivas de tributación tanto entre declarantes (asalariados, rentistas de capital y resto) como entre rentas laborales, de pensiones, de capital y no laborales, de tal forma que garantice un tratamiento justo y equitativo.

Una de las medidas de política tributaria alternativas para ese propósito de política pública sería la de imponer una restricción a la relación entre el valor total de los ingresos líquidos gravables de las PN que tengan ingreso brutos agregados superiores a los $70 millones mensuales, equivalente a un 30 por ciento, por ejemplo, que implicaría no solamente un recaudo adicional de $7.0 billones al año, sino además una sustancial reducción tanto de la brecha entre tarifa nominal y tarifa efectiva medias para las PN pertenecientes al 1 por ciento y el 1 por mil con mayores ingresos en el país, como del gasto tributario de las PN.

3. En síntesis, el sistema tributario consolidado en Colombia está regido por una estricta economía política de exclusión social, favorecedora de intereses poderosos a costa de intereses colectivos esenciales y reproductora de exageradas inequidades sistémicas en la sociedad, por ello la necesidad de una reforma estructural de la tributación en Colombia.

Necesidad de un proceso de reforma estructural de la tributación

Con el agravamiento del déficit estructural de las finanzas públicas del país en 2020 a raíz tanto de la pérdida de ingresos fiscales con la recesión económica por la pandemia del covid-19 y la estrategia de confinamiento para reducir la velocidad de contagio del virus y evitar el colapso del sistema sanitario, como de la exigencia de aumento del gasto público para atender prioridades de índole social, sanitaria y económica (del aparato productivo, entre otros), surge la necesidad de buscar recursos frescos.

Ante estas circunstancias, deben emprenderse reformas a la tributación de carácter estructural, entre las que deben considerarse:

1. Desmontar gradualmente aquellos beneficios tributarios que sin debida justificación económica y social introducen graves distorsiones a la competencia y privilegian primordialmente a, o son utilizados mayormente a su favor por, personas naturales y jurídicas de altos ingresos y patrimonio. Es decir, avanzar en la reducción de la brecha entre la Tarifa Nominal de Tributación (TNT) y la Tarifa Efectiva de Tributación (TET), la cual tiene un marcado sesgo pro rico.


Además, no sobra mencionar que en este contexto sería conveniente eliminar las exenciones fiscales creadas con la reforma tributaria de 2019 mediante la Ley 2010 de 2019 (equivalentes a cerca de 0.8% del PIB al año).


2. Mantener, al menos, las tarifas nominales de impuesto a la renta y complementarios de las personas jurídicas de mayores ingresos operacionales, y elevación de las tarifas marginales del impuesto a la renta de las personas naturales en los tramos más altos de ingresos, de manera mucho más progresiva, dado que la actual es de una progresividad débil.

Además, en el caso de las personas naturales ha de propugnarse por la reducción del excesivo trato tributario preferencial a las rentas no laborales y de capital en relación con las rentas de trabajo mediante el aumento de la tasa efectiva de tributación.

Con unas tarifas medias como las aquí propuestas, se lograría un recaudo adicional de dos billones de pesos al año.

Implantar una sobretasa temporal a las ganancias extraordinarias de las personas jurídicas durante la pandemia.

443 las 1000 empresas más grandes reportadas por la Superintendencia de Sociedades en 2020, aumentaron sus ganancias en 2020 con relación a 2019. Si al conjunto de estas empresas con ganancias en 2020 superiores en un 10 por ciento respecto a las del año anterior se les impusiera una sobretasa temporal del 10 por ciento sobre esas extra-ganancias, podría obtenerse un recaudo adicional cercano a $1 billón al año, sin afectar la solidez financiera de las empresas sujetas a la sobretasa dado que esta tributación les representaría, en promedio, menos del 0.6 por ciento de sus ingresos operacionales.

De igual manera, si se impusiera una sobretasa del 10 por ciento a las ganancias obtenidas por el sector financiero, se recaudaría adicionalmente otro billón de pesos al año, sin que les significara más del 0.7 por ciento de sus ingresos de operaciones, en promedio.

Estas sobretasas impactarían a 396 empresas y a 23 bancos, con un recaudo adicional de $2 billones al año.

4. Reiterar la relevancia del impuesto a los altos patrimonios de las personas naturales y jurídicas con tarifas marginales progresivas. Igualmente, valorar el papel para la equidad inter-generacional de la imposición de un mayor gravamen a las herencias más cuantiosas.

Dados los niveles de concentración de la riqueza existentes tanto en las personas jurídicas como en las naturales, así como la actual situación de crisis social, resulta indispensable plantear una imposición progresiva sobre el patrimonio con tarifas como las implantadas en 2011. Las tarifas podrían ser diferenciadas según la composición patrimonial.

Thomas Piketty y su equipo de investigación han llamado la atención sobre la necesidad de incluir los diferentes tipos de activos como base gravable, y para ello muestran la necesidad de cruzar las diferentes fuentes de información reportadas por terceros (información exógena) y gestores patrimoniales (bancos, fondos de inversión, bolsas, corredores, notarios, entre otros) no sólo de las PN y PJ inscritas en el registro tributario, sino sobre todos los ciudadanos y empresas para permitir que la declaración se realice con base mayormente en datos reales y no sobre las “buenas voluntades” de los declarantes, lo cual permitiría reducir la evasión.

El secreto bancario es un obstáculo para ello, pero ya hay acuerdos marco a nivel internacional que contribuyen a relajar esa restricción. Ahora bien, en la medida en que los bienes inmobiliarios pagan el impuesto predial, existiría la posibilidad de integrar estos dos impuestos sin quitar la titularidad y propiedad del predial a los municipios, con lo cual sería posible reducir los costos de administración del impuesto municipal, así como el excesivo poder de influencia de los poderes y los intereses políticas locales que han impedido una verdadera actualización del impuesto sobre la tierra.

(i) En el caso de personas jurídicas es de resaltar que el 0.25 por ciento de las 10 mil empresas más grandes en el país, según la Superintendencia de Sociedades, concentran el 37 por ciento del patrimonio total de las personas jurídicas, en tanto que el 1 por ciento de las empresas con menores patrimonios necesitarían cerca de 309 años para sumar ese patrimonio de las 25 mayores empresas del país. Similarmente, con base en las declaraciones de renta de la Dian, 15 personas jurídicas concentran un 29 por ciento del patrimonio total, en marcado contraste con el 25 por ciento de las personas jurídicas con menores patrimonios que requerirían unos 485 años para alcanzar ese patrimonio.

Ante esa elevada concentración del patrimonio de las empresas, es recomendable un impuesto progresivo a la riqueza de las personas jurídicas en el país. Otra justificación adicional reside en que de acuerdo con una microsimulación realizada para personas jurídicas con base en datos de la Dian, se constata que el peso específico del impuesto sobre el ingreso neto declarado resulta ser inferior al 2.0 por ciento, en promedio.

Si se toma como referencia que cerca del 70 por ciento del patrimonio líquido de las empresas hace parte de la base gravable del impuesto a la riqueza, y se consideran las tarifas definidas en el Decreto 4826 de 2010 para liquidar el impuesto al patrimonio, se obtendría un recaudo de $20 billones ($22 billones incluido los bancos) en un cuatrienio ($5 - $5.5 billones/año) *.

(ii) En el caso de personas naturales, el número de declarantes que tienen un patrimonio bruto superior a los mil cien millones de pesos ($1.100 millones) es de 138 mil, de los cuales el 10 por ciento declaró no tener deudas. Entre los que declararon tener deudas (cerca de 124 mil personas naturales), 40 de ellos tienen un endeudamiento equivalente al doble del valor de su patrimonio, y varios de ellos con deudas superiores a los dos mil millones de pesos. El 10 por ciento del endeudamiento declarado por este conglomerado de personas está en cabeza del 0.13 por ciento del total de personas naturales declarantes.

El endeudamiento declarado ante la Dian por las PN aumentó sustancialmente en el periodo 2014-2018, al pasar de un 13 a un 26 por ciento del PIB.

Con lo anterior se corrobora lo señalado por Propública, en el sentido de que los superricos utilizan el endeudamiento como una de las formas para reducir la base gravable del impuesto sobre la renta, al declarar un elevado gasto financiero. Una de las deficiencias de la política tributaria consistente en un insuficiente análisis detallado de la procedencia de los diversos tipos de ingresos líquidos y gastos declarados, favorece la erosión sin debida justificación de la base gravable como una de las prácticas usadas por las personas más ricas no solo en Colombia sino también en el mundo. Los agentes poderosos tienen la capacidad y saben cómo aprovechar cada una de las lagunas de las normas fiscales instituidas en el estatuto tributario. Muchos de ellos “se sirven de estrategias de evasión de impuestos más allá del alcance de la gente del común” (Propública).

Si se aplicaran las mismas tarifas estipuladas para las PJ en el apartado anterior, el recaudo sería de $8 billones en 4 años, es decir $2 billones anuales.

5. Aplicar una sobretasa temporal del 1 por ciento a los ingresos brutos no laborales de las PN superiores a 50 millones de pesos mensuales durante la pandemia.

Con esta medida se recaudarían cerca de $2 billones al año.

6. Implantar un gravamen que debería ir incrementándose en el tiempo hacia una tarifa del 33 por ciento, como en el caso de otras fuentes de ingresos, sobre los dividendos repartidos a personas jurídicas, dado que en la actualidad se gravan los dividendos recibidos con una tarifa del 10 por ciento, la que habría de irse elevando hacia la tarifa del 33 por ciento, lo que se constituye en un cuestionable incentivo para la creación de sociedades por parte de adineradas personas naturales para así evadir o eludir el pago de este tributo. La importancia de este tema reside en el recaudo potencial adicional que alcanzaría hasta cerca de $10 billones al año.

Un tipo de anomalía corporativa recurrente


En el caso de las personas jurídicas, los registros de la Dian reportan que hay número más de 100 mil declarantes ante la Dian que no registran gastos de personal, ni pago de parafiscales (Icbf, Sena, entre otros), ni pagos a la seguridad social. Estas personas jurídicas le reportaron a la Dian unos dividendos declarados como no constitutivos de renta superior a los $4 billones y unos ingresos no constitutivos de renta por cerca de otros $6 billones, con el agravante de que se observa una elevada concentración de los mismos en un número relativamente reducido de sociedades.


De seguro, gravar debidamente a este tipo de “empresas” no sólo no va a afectar la productividad de la economía, sino que el reconocimiento de este tipo de comportamiento anómalo tan generalizado que responde a una falta de regulación, control, vigilancia y penalización por parte de las autoridades responsables, le permitiría a la Dian y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público corregir y evitar este tipo de anomalía corporativa mediante un marco normativo transparente y eficaz.


Este tipo de fenómeno ha de ser transparentado y reconocido para que el sistema tributario le cierre el paso a fenómenos de evasión y elusión tributarias a favor de personas naturales de muy elevados ingresos por el hecho de utilizar mecanismos de esta naturaleza o vacíos normativos, que generan tanto inequidad con el resto de empresas que participan en el sistema como ineficiencia en la tributación y en la regulación competitiva entre empresas, entre otras.


La tributación de dividendos a personas jurídicas

Las personas jurídicas declararon dividendos por 29.6 billones de pesos en 2019 de acuerdo con información recién divulgada por la Dian. El impuesto declarado por tal concepto fue de apenas $24.8 mil millones. Esto significa que la tarifa media efectiva de dividendos recibidos por las personas jurídicas fue de 0.084 por ciento. Si a esos ingresos por dividendos se les hubiera aplicado la tarifa general del impuesto a la renta y complementarios del 33 por ciento, el recaudo hubiera sido de hasta cerca de 9.8 billones de pesos en dicho año. Así pues, por la vía de los dividendos recibidos por las personas jurídicas el gobierno nacional habría renunciado a cerca de 10 billones de pesos en 2019.


En este punto es necesario mencionar que existen diversos mecanismos mediante los cuales se busca que a través de múltiples sociedades pueda encubrirse el pago de dividendos a personas naturales o jurídicas, tomando provecho de la normatividad vigente. Es así como a través de las aquí denominadas “sociedades refugio” o “sociedades de papel” en el país y sus socias en el exterior, especialmente en paraísos fiscales, sus dueños, personas tanto naturales como jurídicas, puedan evitar el pago del impuesto a dividendos, creándose serias inequidades y pérdidas de recaudo en el país.

En este contexto, sería recomendable implantar el impuesto sobre los dividendos distribuidos a sociedades jurídicas por una sola vez –es decir, que de ser parcialmente repartidos de nuevo a otras sociedades jurídicas no serían sujetos otra vez al gravamen al aplicarse la figura del crédito fiscal–, sin gravar a los dividendos reinvertidos para promover la inversión de las empresas, lo que podría generar un recaudo adicional superior a 0.6 por ciento del PIB al año.

A su vez, complementariamente incrementar de manera progresiva la tarifa del impuesto a dividendos repartidos a personas naturales hacia el nivel de la tarifa del impuesto a la renta de personas de los ingresos más elevados en el país.

7. Aplicar el mismo tratamiento tributario a las ganancias ocasionales que el dado a las otras rentas en el caso de personas jurídicas.

Las ganancias ocasionales declaradas por las empresas en 2019 ascendieron a $8.6 billones y el impuesto liquidado por ellas fue de $815 mil millones. La tarifa nominal de tributación del impuesto fue del 10 por ciento, mientras que la tarifa efectiva de tributación, medida con base en los ingresos ocasionales, fue de tan sólo el 4 por ciento.

Si todas las ganancias de las empresas tuviesen el mismo tratamiento fiscal, es decir si la tarifa impositiva a las ganancias ocasionales fuese igual a la tarifa media a la cual se liquida el impuesto sobre la renta, se recaudaría aproximadamente $2.6 billones al año, y si adicionalmente se eliminara la exención, el monto sería de aproximadamente $3.0 billones al año.

Ahora bien, y con el objeto de evitar posibles vacíos que sean aprovechados por los contribuyentes, se debe dar igual tratamiento a las ganancias ocasionales declaradas por las personas naturales, y con ello el recaudo adicional ascendería a $1.7 billones al año.
En suma, el recaudo adicional al gravar las ganancias ocasionales al 33 por ciento tanto para las PJ como para las PN ascendería a cerca de $3.7 billones al año.

8. Implantar modalidades y mecanismos novedosos alternativos al de la devolución del IVA para evitar elevados costos de transacción y graves asimetrías e inequidades verticales y horizontales a y entre hogares que deban ser debida y oportunamente compensados como respuesta a problemas asociados con la focalización ante deficiencias todavía existentes en los registros inter-administrativos y dados sus perversos impactos sobre los ingresos de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, e incluso de gran parte de la clase media, consecuentes con un marcado deterioro de la desigualdad de ingresos en el país, si se llegara a tomar la decisión de ampliar la base gravable del IVA, con la inclusión de bienes y servicios de la canasta familiar.

Con base en la estructura de ingresos y gastos según la Encuesta nacional de presupuestos de los hogares (Enph) 2018, el gobierno nacional imputa el valor del IVA por hogar pobre y define así el valor por devolerles por este concepto mediante el denominado programa de devolución del IVA. Es de recordar que la desigualdad en el nivel de gasto entre hogares es reflejo de la existente en ingresos, en la medida en que el índice de Palma es de 21 en ingresos y 8 en gastos.

La pregunta que hay necesidad de hacerse, es: si es posible imputarle el IVA al gasto de los hogares pobres y con base en ello realizar la respectiva devolución, entonces ¿por qué no es dable imputarle el IVA del 19 por ciento al gasto de la canasta familiar de los hogares de mayores ingresos y cobrarlo directamente en su correspondiente declaración de renta?

Suponiendo que se tomara este marco como política pública y se decidiera gravar a los hogares del decil 10 de ingresos con un ingreso promedio de $8.900.000 mensuales y un gasto promedio de $5.900.000 millones al mes, el cual incluye el IVA pagado. Ahora bien, si a cada bien o servicio que consumen se le dedujera el IVA pagado, y se le aplicara la tarifa general del 19 por ciento y se descontara la tasa de evasión en el IVA, la cual fue estimada entre el 23 y el 40 por ciento por la “Comisión de expertos para la equidad y la Competitividad tributaria” de 2015 (pp. 21-22), se tendría un recaudo de unos $12 billones al año.

Como complemento, debe imponerse un impuesto al consumo sobre bienes considerados de lujo con tarifas superiores al 19 por ciento, el que impactará directa y exclusivamente a las personas de alto ingreso en el país.

Además, ha de instituirse un gravamen por concepto de IVA (con una tarifa del 19%) sobre la venta de bienes raíces con un valor superior a $2.000 millones, por su claro efecto redistributivo.

9. Aumentar significativamente la presión tributaria en el caso del sector rural a cargo de los grandes poseedores de tierra o de las empresas explotadoras del suelo o del subsuelo, mediante una complementación de medidas de política como la actualización del catastro, la elevación sustancial de las tarifas del impuesto predial, la implantación de un impuesto de tipo presuntivo que penalice tanto la especulación y la acumulación de tierra con fines de ostentación de poder de diversa naturaleza, como el uso de la tierra en contravención con su aptitud.

10. Avanzar decididamente en la implantación de una novedosa “tributación verde” en el país, dada la necesidad de desarrollar y proteger su reconocida variedad ecosistémica, su biodiversidad, sus fuentes de agua y acuíferos, en fin de su Naturaleza, como la fuente de riqueza nacional en perspectiva perdurable inter-generacional. Esa tributación ha de contribuir a la promoción de la transición socio-ecológica con miras a una progresiva descarbonización del sistema socio-ambiental y una transformación de la matriz energética, con la sustitución de los combustibles fósiles y la incorporación de nuevas fuentes de energía amigables y reproductores de la Naturaleza, la reforestación y la agroecología, entre otros.


11. Interponer los mayores esfuerzos a nivel institucional y administrativo para el combate a la evasión y elusión tributarias, tan elevadas y onerosas económica y socialmente para el país. Sobresale la necesidad impostergable de imponer todos los correctivos que sean idóneos y eficaces para combatir la evasión y la elusión tributarias, concentrándose especial, aunque no exclusivamente en aquellas personas naturales y jurídicas ricas que utilizan diversas figuras y mecanismos para aprovechar vacíos e intersticios legales en el estatuto tributario y así evadir o eludir obligaciones tributarias. El caso de las sociedades refugio o de bolsillo es uno de los más ilustrativos.

Como concreción de este propósito, propósito, es prioritario brindar la atención que no ha recibido hasta el momento para asegurar una efectiva ampliación de la base tributaria en el universo de aquellas personas naturales y jurídicas con alto ingreso y patrimonio que todavía se encuentran “excluidos” artificiosamente, y no hacerlo de manera exclusiva como tradicionalmente se ha buscado proceder con las personas de ingreso medio-bajo para fines estrictamente recaudatorios.

En este marco de referencia programático de un proceso de reforma estructural para el próximo cuatrienio es de destacar que la primera etapa del proceso sería la reforma tributaria por debatir y precisar en sus características fundamentales durante la legislatura en el segundo semestre de 2021, la cual debería asegurar un recaudo de entre $20 y 23 billones al año, con una elevada proporción de los ingresos tributarios generados de carácter permanente y otra porción de ingresos temporales para poder enfrentar la crisis económica y social profundizada con la pandemia del covid-19.


Bogotá, junio 28 de 2021

* Recuérdese que el impuesto se estipuló para ser pagado en 8 cuotas durante 4 años y que las tarifas oscilaban entre el 1.0% para patrimonios entre $1.000 y $2.000 millones y el 4.8% para los mayores a $5.000 millones.

 

 

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Chile: la historia de Elisa Loncón, la mapuche que fue elegida presidenta de la Convención Constitucional

La Nueva Constitución será liderada por una mujer de los pueblos originarios

La académica y activista fue votada por la mayoría de los 155 convencionales que redactarán la nueva carta magna que reemplazará a la de Pinochet  Una  jornada marcada por su discurso que promete cambiarle el rostro al país e incidentes que obligaron a retrasar la ceremonia. 

 

Finalmente se concretó la primera sesión de la Convención Constitucional, donde 155 ciudadanos elegidos en mayo pasado (con predominio de la izquierda e independientes) redactarán la nueva Carta Magna que sepultará, al fin la Constitución de 1980 instaurada por la dictadura de Pinochet, de carácter autoritaria y en beneficio de los grandes grupos económicos.

Y la elección de la presidenta, la lingüista mapuche Elisa Loncón Antileo, no pudo ser más simbólica. Ella encarna una de las principales aspiraciones del Estallido Social iniciado en octubre de 2019 —con más de un millón de personas marchando en las calles chilenas y obligando al gobierno de Piñera a negociar un proceso constituyente—: la horizontalidad en la distribución del poder, el reconocimiento a los pueblos originarios, la desmilitarización de la Araucanía y la regulación de las industrias extractivas como la forestal o la minera.

Y también porque esta jornada se celebró en el ex Congreso Nacional a un par de cuadras de La Moneda y la Plaza de Armas de Santiago, un lugar que fue clausurado tras el Golpe Militar y cuyas funciones se trasladaron a Valparaíso, en un edificio de arquitectura dudosa e inaugurado por el mismísimo Dictador. En rigor fue en una carpa, con todas las medidas de seguridad impuestas por la pandemia donde justo hoy se detectó un tercer caso de la variante Delta.

A pesar de los intentos de posicionar a académicos varones, figuras de la TV o rostros de centroizquierda —como el abogado Agustín Squella o la periodista Patricia Politzer, que votó por ella misma, generando risas entre los propios constituyentes— la necesidad de que este proceso lo liderara una mujer y además mapuche fue imponiéndose.

Un nuevo Chile

“Que se funda un nuevo Chile, plural, plurilingüe, con las mujeres, con los territorios. Ese es nuestro sueño”, dijo en un discurso improvisado, que comenzó en mapudungun, tras sumar 96 votos, superando por 18 los necesarios para obtener el cargo. Esto fue en una segunda vuelta donde recibió el apoyo de quienes habían votado por Isabel Godoy representante de otro pueblo originario: el colla. Investida con vestido e indumentaria tradicional mapuche y luchando con el tapaboca, logró sacar lágrimas de los asistentes a excepción de la derecha que, de todas formas, constituye la minoría en este proceso.

“Es posible establecer una nueva relación entre todos quienes conforman este país; esta es la primera muestra de que esta Convención será participativa”, afirmó Loncón, adelantando parte de los problemas que se trabajarán durante una etapa inicial de nueve meses: “por los derechos a la madre tierra, por los derechos al agua, por los derechos de las mujeres, por los derechos de los niños".

Además de agradecer el apoyo “por votar por una persona mapuche, mujer, para cambiar la historia de nuestro país", señaló su solidaridad con todos los pueblos originarios, incluyendo los de Canadá. "Esta fuerza es para todo el pueblo de Chile, para todos los sectores, para todas las regiones, para todos los pueblos y las naciones originarias que nos acompañan. Este saludo y agradecimiento es también para la diversidad sexual, este saludo es para las mujeres que caminaron en contra todo sistema de dominación (…). Por eso, esta convención que hoy día me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional"

Reconocida activista

Nacida en la comunidad de Lefweluan, en Traiguén —a unas ocho horas de Santiago— es una reconocida activista de la causa de su pueblo, formando parte del Consejo de Todas las Tierras y siendo una de las responsables de la creación de la bandera mapuche que desde 1992 ha ido ganando protagonismo en todas las marchas y manifestaciones, llegando en el Estallido a desplazar a la de los partidos políticos y la propia bandera chilena. Durante la dictadura estudió pedagogía en inglés y participó en un grupo de teatro con obras que cuestionaba al Regimen. Actualmente es académica del departamento de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, Loncón tiene un magister de lingüística en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa (México), un PhD en Humanidades en la U. de Leiden (Holanda) y un doctorado en literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Nuevamente, la represión

La jornada estuvo marcada por un ambiente enrarecido en la mañana. PáginaI12 recorrió el perímetro que rodea al ex Congreso Nacional y la presencia de carabineros, con vehículos que ocupaban cuadras enteras como Santo Domingo y rejas que impedían el desplazamiento por la Plaza de Armas. Era el plan del gobierno por garantizar la seguridad del proceso, considerando que convergerían distintas marchas, siendo la más importante la que se iniciaría a las 8:00 desde la Plaza Baquedano —renombrada como “Plaza de la Dignidad”— en homenaje a los caídos en los violentos incidentes del Estallido.

Notable resultó la performance de Johanna Grandón, célebre por disfrazarse de Pikachu de Pokémon y participar en las protestas, una de las constituyentes que se sacó el traje e ingresó con una mascarilla en alusión al personaje al Congreso. Todo en medio de una gran tensión, motivada por cierta sensación de exclusión que reclamaba parte de los manifestantes que hicieron a carabineros repetir lo de siempre: lanzar agua y reprimir, mientras algunos periodistas de la TV abierta justificaban el accionar señalando que empezaron a lanzar piedras.

Sin embargo, fueron los mismos constituyentes independientes, agrupados mayoritariamente en la “Lista del Pueblo” los que obligaron a interrumpir el inicio de la sesión hasta que la policía dejara de atacar a los participantes. Carmen Gloria Valladares, secretaria relatora del Tribunal Calificador de Elección que inició la ceremonia aceptó. “Queremos una fiesta de la democracia y no un problema”. Posteriormente sería aplaudida de pie.

Jornada extensa

Pasadas las 17:30 (una hora menos que en Argentina) aún se seguía el proceso de votación por la vicepresidencia. Todo mientras la luz iba bajando y el frío hacía que los 155 (154 en rigor, ya que Felipe Harboe no pudo asistir por cuarentena) comenzaran a abrigarse. Debido a la obligación de la mayoría absoluta tuvieron que pasar tres rondas hasta que el abogado Constitucionalista e independiente de Convergencia Social —perteneciente al Frente Amplio— Jaime Bassa fuera elegido como vicepresidente por 84 votos después de tres rondas.

En una declaración conjunta Bassa junto a Loncón se despidieron juntos a las 18:49, declarando algo muy importante: este lunes a las 15:30 se estudiará una declaración sobre el camino a seguir, la exigencia de liberar a los presos del Estallido Social (lo que generará controversia ya que no tiene atribuciones para una Ley de Amnistía), reglamento feminista y determinar el formato en que se harán las reuniones (presenciales o telemáticas). Todo entre aplausos.

Una instalación de nueve horas, tan inédita como histórica, con imprevistos y donde la logística ha sido fundamental —oficinas nuevas recién implementadas en el Congreso, transporte para quienes viajan desde regiones, alojamiento—tanto como los pasos a dar, que deberían comenzar con un reglamento que podría tardar meses en tener su versión definitiva. Todo mientras el frío comenzaba a caer en la tarde invernal en Santiago Centro. 

Por Juan Carlos Ramírez Figueroa

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¿Qué es y qué quiere la nueva izquierda chilena?

Las elecciones chilenas del 15 y 16 de mayo provocaron un derrumbe electoral de la derecha y dejaron ver la emergencia de candidaturas independientes. Pero, al mismo tiempo, los triunfos de la izquierda articulada en torno del Frente Amplio y del Partido Comunista, tanto en la Convención Constitucional como en alcaldías claves, dejaron ver el peso de la generación que se politizó en las protestas estudiantiles de 2011. Muchos de ellos asumirán ahora tareas de gobierno en el nivel local y tendrán un papel significativo en la redacción de la nueva Carta Magna.

 

En 2016, una incipiente coalición sacudió la política chilena con una inesperada victoria en el municipio de Valparaíso. Al año siguiente, pese a que los pronósticos electorales no eran auspiciosos, la nueva coalición logró consolidarse con un sorprendente resultado en las elecciones presidenciales y parlamentarias (en las que obtuvo 20 diputados y un senador). 

El Frente Amplio (FA), cuyos jóvenes liderazgos habían emergido al calor de las movilizaciones estudiantiles de 2011, incluía una diversidad de colectivos y partidos de un amplio espectro político e ideológico. Luego de su éxito inicial, abundaron las especulaciones sobre su capacidad para seguir creciendo e incluso convertirse en fuerza de gobierno. Los primeros dos años del FA estuvieron marcados por quiebres y pujas internas que fueron erosionando su imagen. En medio de estas trifulcas, hacia finales de 2019, Chile vivió un estallido social sin precedentes, que llevó a millones de personas a la calle e hizo caer abruptamente la aprobación del gobierno de Sebastián Piñera y produjo una fuerte erosión de la institucionalidad política construida en la transición posdictadura. Muchas cosas explicaban este estallido pero un elemento fundamental, sin duda, era una crítica sin cuartel a todos los partidos del sistema político y una denuncia de los puntos ciegos de la transición democrática. En un comienzo, parecía que las críticas a los partidos tradicionales podían traducirse en un apoyo a las nuevas organizaciones del FA, pero no fue así. Quienes habían sido impugnadores del orden político precedente se vieron a su vez apuntados por la ciudadanía. 

El golpe más duro a la nueva coalición se dio luego de que varios de sus principales dirigentes pusieran sus firmas y las de sus partidos para un acuerdo transversal de la política que habilitaba el comienzo de un proceso constituyente que canalizara institucionalmente las demandas sociales. Para lograr ese acuerdo se realizaron concesiones, como aceptar que los artículos de la nueva Carta Magna se aprobaran con dos tercios de la Convención Constitucional, lo que daría más poder de veto a los sectores conservadores.

Algunos en el FA vieron esta firma como una traición. Una serie de quiebres redujeron significativamente la presencia parlamentaria de la coalición. El último golpe ocurrió cuando, luego de que se confirmara una nueva alianza con el Partido Comunista (PC), cuatro diputados abandonaron la organización. Varios medios de comunicación se apresuraron a declarar la muerte del FA, asegurando que lo que quedaba de él sería absorbido por la identidad PC. Entre la propia militancia del FA empezó a instalarse la pregunta de si su destino sería ser la primera coalición del nuevo orden político que comenzaba a nacer con el estallido social, o la última de un orden en declive.

Este fue el telón de fondo de las elecciones del 15 y 16 de mayo, en las que se eligieron los integrantes de la Convención Constitucional, alcaldes y gobernadores. Varios analistas pronosticaron (basados en algunas encuestas, elecciones previas y proyecciones) una elección sin sobresaltos, marcada por el voto de los mismos electores de siempre, que les habían dado sendas victorias a los dos bloques principales de la política chilena en los últimos 30 años. Por un lado, la coalición de centroizquierda, heredera de la Concertación de Partidos por la Democracia que lideró el proceso de transición para terminar con la dictadura de Augusto Pinochet. Por otro lado, la coalición de derecha que se construyó originalmente como defensa del legado de la dictadura, pero, con el pasar de los años, intentó (con algún éxito) exorcizar esa marca de nacimiento. Los analistas no podían estar más equivocados.

El Tribunal Electoral ni siquiera ha terminado de certificar las elecciones, pero ya está claro que esta elección ha constituido un verdadero terremoto para la política nacional. En la Convención Constitucional se dio un colapso de la votación de derecha, articulada en el bloque Chile Vamos, que la llevó a cerca de 20% de los votos (en 2017 el actual presidente de derecha, Sebastián Piñera, había ganado la segunda vuelta de la elección con 54%) y un desplome en la votación de la lista de centroizquierda tradicional (la lista del Apruebo), que incluye al Partido Socialista, la Democracia Cristiana y otras fuerzas de centroizquierda. 

Quizás el ejemplo más notorio de esta crisis fue el de la Democracia Cristiana, que solo logró elegir a un militante de sus filas para la Convención Constitucional (el presidente del partido). La principal sorpresa la dieron cientos de candidatos independientes que resultaron elegidos. De los 155 miembros de la Convención, 103 no tienen militancia política. A diferencia de los dos bloques tradicionales, el recientemente estrenado bloque de izquierda del PC con el FA logró mantener e incluso crecer en presencia, superando a la lista de centroizquierda (articulada en el bloque Apruebo) en número de constituyentes. Sin embargo, la mayor sorpresa se dio en las elecciones municipales que se hicieron en paralelo. En ella el PC, pero sobre todo el FA, lograron arrebatarle populosas e icónicas municipalidades a la derecha. Desde comunas populares hasta algunas de clase media alta, la propuesta de esta coalición logró concitar un apoyo sorprendente. En comunas que incluían icónicos puestos alcaldicios de la derecha, como el de la comuna de Santiago centro, donde se encuentra el edificio de la Moneda, y Maipú, la segunda comuna con más habitantes de la Región Metropolitana, el triunfo fue innegable. En estas comunas fueron electos Irací Hassler, de 30 años y del PC, y Tomás Vodanovic, también de 30 años y del FA, al igual que Javiera Reyes en Lo Espejo. A estos resultados, se suman triunfos en Viña del MarValdivia y otras localidades.

Varias de estas victorias son sorprendentes porque se dan justamente en el espacio municipal. Estas elecciones históricamente han estado marcadas por redes clientelares y máquinas partidarias consolidadas, que han hecho difícil el arribo de terceras fuerzas. Además, una de las cosas más llamativas de las victorias del pacto de izquierda es su transversalidad en términos socioeconómicos. Desde comunas populares dominadas por clases trabajadoras, como Lo Espejo, hasta de clase media alta como Ñuñoa, donde ganó la Alcaldía Emilia Ríos (32 años, del FA), se recorre prácticamente todo el escalafón social de la ciudad capitalina, y ambas han quedado en manos de alcaldes de la nueva coalición de izquierda. Incluso en la comuna de Las Condes, icónica residencia de las clases altas del país y reducto de votos de la derecha, una candidata del FA, Isidora Alcalde, logró ser electa al concejo municipal.

Las razones de este arribo masivo a las municipales son diversas. Sin duda, una parte central recae en la crisis política desencadenada desde el estallido social de 2019, que se ha materializado en una demanda de renovación de la política, junto con una desconfianza profunda frente a la política tradicional. Pero también parece haber algo en la oferta política de la coalición de izquierda que la hizo particularmente atractiva en este escenario.

El primer elemento que tienen en común los candidatos municipales exitosos es el trabajo territorial y una trayectoria vinculada a las comunas por las que compitieron. Activistas locales, concejales, encargados territoriales de las diputaciones: esas son las experiencias que marcan los años previos de todos ellos. Mientras los medios y el debate público habían estado marcados por las trifulcas, quiebres y renuncias de las vocerías nacionales en el Parlamento, estos jóvenes estuvieron «haciendo la pega», trabajando con las juntas de vecinos, organizaciones de pobladores, medios locales y distintas expresiones sociales organizadas en estas comunas. Además, son todas candidaturas que tuvieron un especial cuidado en generar programas participativos en las comunidades que los habían visto trabajar durante los años anteriores. Esto explica en gran medida que hayan podido contrarrestar el sentido clientelista de las elecciones municipales, dominado por los grandes partidos, que solía funcionar como cortafuegos. 

Otro elemento que marca a los nuevos líderes comunales es su juventud. En general, tienen, como mencionamos, en torno de 30 años. Políticamente, es la primera vez que varios de ellos asumen un rol de dirigencia institucional, aunque muchos tuvieron experiencias en el movimiento estudiantil. En este sentido, ha sido clave la experiencia de la movilización estudiantil de 2011. Aquello es relativamente obvio en el caso del FA, pero se repite en el PC. Las dos nuevas alcaldesas del PC en la Región Metropolitana (Lo Espejo y Santiago Centro) fueron dirigentes estudiantiles de la Universidad de Chile. En este sentido, las actuales elecciones reflejan en el nivel municipal un fenómeno ya observado en el Parlamento. Se trata del arribo de una nueva generación de dirigencias, ya sea en el FA o en el PC (el caso más conocido es el de Camila Vallejo, también ex-dirigente estudiantil de la Universidad de Chile).

Junto con la juventud, es notoria la presencia de liderazgos femeninos y feministas. Varias de las recientemente electas alcaldesas tuvieron roles protagónicos en la marea feminista que surgió en Chile en 2018 y ha logrado penetrar profundamente en el debate público (la Convención Constitucional fue electa con estrictas normas de paridad, que aseguraron igual participación de varones y mujeres). De este modo, no es de extrañar que, por ejemplo, el lema de campaña de la candidata a alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, estuviera centrado en «traer el feminismo al municipio».

Finalmente, un aspecto llamativo de varias de estas candidaturas exitosas es que se trata de jóvenes profesionales, varios graduados en las mejores universidades del país. Por un lado, estas candidaturas encarnan el surgimiento de la nueva clase media chilena, marcada por el acceso masivo a la universidad. Por otro lado, también les han permitido a las candidaturas de izquierda, tradicionalmente atacadas en los espacios locales por su supuestamente escas capacidad de gestión, mostrarse como una alternativa de excelencia administrativa, ante casos de ineficiencia, inoperancia o franca corrupción de los gobiernos comunales.

¿Por qué votaron quienes votaron por la coalición del FA y el PC? Específicamente, una de las preguntas que ha surgido luego del resultado electoral es cuál es esa identidad del FA que, contra los pronósticos, estuvo lejos de ser absorbida en la reciente coalición con el PC. Al parecer, los electores sí percibieron una identidad propia del FA, que en lugar de diluirse en la identidad comunista, se vio como complementaria. Es una identidad claramente diferente de la de 2017, que era políticamente más difusa y definida en oposición a los bloques tradicionales. En este sentido, el «nuevo» FA tiene menos amplitud política, pero más profundidad social. Además, la firma del acuerdo que dio inicio al proceso constituyente ha quedado ineludiblemente asociada a su marca. Lo que algunos veían como un pasivo ha terminado consolidando una imagen de FA más maduro.

Si el PC ha tomado el rol impugnador que antiguamente tenía el FA, este ahora se consolida en su posición crítica, de renovación desde la sociedad organizada, claramente posicionada en la izquierda, pero anclada en un sentido republicano de democracia y diálogo. Tanto es así que una de las figuras protagonistas de la firma del acuerdo político que alumbró la Convención Constitucional, el diputado y ex-dirigente estudiantil Gabriel Boric, se ha alzado como su carta presidencial para las elecciones de noviembre de este año.

Algunos de quienes daban al FA por muerto y enterrado ahora le asignan un rol crucial como articulador entre «lo nuevo» y «lo viejo» en la política nacional. Por otro lado, si bien este nuevo FA se ve más consistente ideológicamente y sus principales liderazgos parecen haber madurado al calor de las crisis y derrotas de los últimos años, todavía no es claro cómo enfrentará este nuevo ciclo político, ahora que ha consolidado su posición. Aunque ha comenzado a emerger un incipiente sentido de militancia frenteamplista, antes completamente ausente, las tendencias centrifugas y la propensión a los quiebres de las frágiles instituciones partidarias que lo componen siguen allí. 

Será un gran desafío para el conglomerado superar estas tendencias, en medio de la vorágine que ha traído el nuevo escenario político chileno. Además, por mucho que los recientes resultados reflejen una mejor posición relativa en la evaluación que hace la población de esta coalición, el FA no escapa de buena parte de las críticas y denuncias dirigidas a los partidos y al sistema político. En este sentido, una pregunta urgente es cómo afianzar e integrar las nuevas fuerzas que están naciendo desde el estallido en forma de candidaturas independientes y que han sido las grandes ganadoras de las elecciones. 

El FA y la nueva izquierda chilena todavía está muy lejos de haber logrado generar mayorías nacionales consistentes que puedan gobernar el país. En cualquier caso, parece que lo que el FA sí se ha ganado es la oportunidad de ser parte del nuevo capítulo de la política chilena. Ahora tendrá que demostrar que, más allá del trabajo territorial y la movilización electoral, es capaz de gestionar exitosamente los nuevos municipios que gobierna. Los electores han decidido darle una oportunidad para mostrarlo, pero no dudarán en abandonarlos si fallan. Además, las elecciones parlamentarias y presidenciales, que se realizarán en pocos meses, serán un importante termómetro de cuán consolidada está la apreciación del FA en la opinión popular. No hay ninguna certeza al respecto. Un conglomerado que ha demostrado convicciones firmes y acertadas puede perfectamente errar. «La duda debe seguir a la convicción como una sombra», es la cita de Albert Camus que Boric suele parafrasear como mantra. Un buen resumen del desafío que se le plantea a la renovada nueva izquierda chilena.

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Histórico avance de la izquierda en Chile para cambiar la Constitución de Pinochet

Un revés para el oficialismo en las megaelecciones

Las candidaturas independientes, en su mayoría progresistas, concentran el 34% de los votos en el primer recuento de las elecciones de convencionales constituyentes. Fernando Atria, Constanza Schonhaut y Patricio Fernández, entre otros. 

 

Las candidaturas independientes, en su mayoría de izquierda, concentran el 34% de los votos, en el primer recuento de sufragios de las elecciones Convencionales Constituyentes, marcando un hito histórico en las “megaelecciones” de este sábado y domingo en Chile. En estos comicios se definíeron los 155 ciudadanos que discutirán y redactarán la Constitución que reemplazará a la 1980, instaurada por la dictadura de Pinochet. Una Carta Magna autoritaria y que fomentó el neoliberalismo, afectando negativamente a la educación, salud pública y sistema de pensiones. También es relevante el triunfo del espacio de izquierda Frente Amplio, joven conglomerado de partidos nacido al alero del movimiento estudiantil de 2011.

Destaca, por ejemplo, el triunfo de Fernando Atria (12,58%), abogado constitucionalista que lleva décadas criticando la Carta Magna de 1980; el escritor y divulgador de la historia de Chile Jorge Baradit (4,97%) y la periodista Patricia Politzer (7,62%). Todos ellos por el distrito 10 de Santiago (abarcando comunas como Ñuñoa, Providencia y Santiago Centro). También es relevante la frenteamplista Constanza Schonhaut (Convergencia Social) (5,8%) y el periodista y fundador de The Clinic, Patricio Fernández (3,07%) por el Distrito 11. Por el distrito 14, también de Santiago, fue electo el abogado y exdiputado Renato Garin (Red Liberal), el actor y dirigente Ignacio Achurra (9,53%), Camila Musanta (Revolución Democrática) y Francisco Caamaño (8,37%) de la lista del pueblo. Por el distrito 12 una de las ganadoras fue Giovanna Grandón (5,79%), famosa por vestirse de Pikachu, el personaje de Pokemon que salía a las calles a bailar en prácticamente en todas las protestas. De todas formas también hay independientes de derecha como Teresa Marinovic (9,95%) con un discurso “antipolítico” que superó a históricos dirigentes de derecha, que de todas formas también fueron elegidos como Cristián Monckeberg de Renovación Nacional (4,59%) en el distrito 10.

Evidentemente, hay mucho que analizar. Cada distrito es un universo de candidatos con un número fijo de escaños que generan este tipo de contradicciones. De todas formas, las primeras cifras marcaban una derrota de proporciones para la derecha.Algo que también se estaba traduciendo en las otras tres elecciones —Gobernador, Alcalde y Concejal— que se vivieron este fin de semana en Santiago y que hasta el cierre de esta crónica están contabilizándose los votos.

El Frente Amplio, por ejemplo, logró dos triunfos importantes en las elecciones de gobernadores. Primero en Valparaíso con Rodrigo Mundaca obteniendo el 44,33%.. Por otro lado, el experimentado Claudio Orrego (Democracia Cristiana) pasaría a segunda vuelta junto a la frenteamplista Karina Oliva (Partido Comunes), tras obtener 23,72% y 22,58% respectivamente. En las alcaldías, los candidatos presidenciales Daniel Jadue (Partido Comunista) fue reelecto en Recoleta con 64% de votos. En Providencia, sucedió lo mismo con la derechista Evelyn Mathei (Unión Demócrata Independiente) con un 57,96% de los votos.

El futuro de Chile

Una vez contabilizado los votos, los constituyentes deberán tener lista una Constitución que será votada tentativamente en el primer semestre de 2022, en lo que se conocerá como Plebiscito de Salida.

Al mismo tiempo se efectuaron las elecciones de alcaldes, consejales y gobernadores Regionales. Esto último es un hito también ya que subtituyen a los Intendentes designados por el presidente y cuya reforma fue promulgada por el segundo gobierno de Michelle Bachelet

Más allá de problemas puntuales de organización, fue relativamente exitoso, aunque un poco lento: según cálculos del Servicio Electoral de Chile (SERVEL) el proceso tomaba en promedio cuatro minutos. Lo que si fue un problema fue el trasporte público sobre todo en las comunas con menos recursos lo que explicaría —en parte— la brecha entre Vitacura (41,3%) o Lo Barnechea (36,2%) contrastando con La Pintana (13,6%) o Cerro Navia (15,3%). Una situación que también se registró en regiones donde, aunque las distancias de traslado son menores, chocó con la garantía de la ministra de Transporte Gloria Hutt de que habría mayores frecuencias de buses (colectivos).

Todo esto en medio de una pandemia que no da tregua. Con 34.583 fallecidos y 6.230 nuevos casos según el Ministerio de Salud, los colegios y establecimientos donde se emitieron los votos contaron con alcohol gel y distanciamiento social, además del uso obligatorio de la mascarilla.

La gran oportunidad histórica

Este fue el momento donde los presidenciables aprovechan la cobertura de los medios para hacer declaraciones. Esta vez el tema fueron los insultos en directo de la candidata —y actual diputada humanista— Pamela Jiles al presidente Piñera a quien encaró, sin nombrarlo, de “conchadesumadre, asesino igual a Pinochet”. Además, aprovechó de llamar a los televidentes a que voten por su pareja, Pablo Maltés como gobernador, lo que podría ser multada por el Servel al hacer propaganda fuera de plazo.

El comunista Daniel Jadue, alcalde de Recoleta se desmarcó de Jiles, en un punto de prensa. “Tengo una opinión distinta de cómo se conduce el debate político. No es que sea blando con este gobierno. Todos me conocen: le he puesto una querella por el mal manejo de la pandemia, por cuasi delito de homicidio, es una dureza bastante importante. Pero me parece que lo cortés no quita lo valiente. El debate político tiene que darse en un marco de debate político y en las palabras que vi no vi ningún debate político ni una sola idea política y eso me llama la atención”.

Además, señaló que la diputada no es de izquierda ni de derecha y que mientras ella no defina “en que lado de la historia está”, sería difícil competir con ella ante unas eventuales primarias. “No conozco su proyecto y no sé dónde está ubicada. Tiene una contradicción un poco vital, porque es la primera humanista que es partidaria de la pena de muerte. Yo soy humanista y no soy partidario de la pena de muerte, entonces habría que conocer cuáles son sus propuestas”.

Por otro lado, Paula Narváez (PS), considerada una heredera de la expresidenta Michelle Bachelet (trabajaba con ella hasta hace unos meses en la ONU), reflexionó sobre el bajo apoyo a los candidatos de la oposición y al mismo tiempo la necesidad de definir nombres de consenso para competir contra la derecha. “Me parece que la manera de definir el candidato o candidata de la oposición tiene que ser a través de una primaria legal, esa es la manera de honrar nuestra democracia, hacer ese ejercicio, es importante hacerlo. Tenemos enemos que ser consistentes o sino la ciudadanía consideraría que todo esto es improvisable, cambiable y discrecional y creo que eso atenta contra las normas de la democracia”.

Sebastián Sichel, ex ministro de Desarrollo Social del gobierno de Piñera, que también está en campaña aunque asegura ser “independiente” y que acaba de sacar un libro titulado llamativamente “Sin privilegios”, ya que insiste en haber surgido desde “abajo” señaló que “No me pone contento una democracia en que solo vote la elite y no participen todos los chilenos”, además de sumarse a las críticas por la performance de Jiles: “Ayer vimos a una candidata que no solo ofendió, dijo garabatos y llamó a votar por su pareja, sino que además no cree en la democracia".

Unas elecciones en pandemia

Si bien este proceso ha estado dominado por la situación sanitaria y el confinamiento —recién esta semana Santiago y las principales ciudades del país pasaron a “Fase 2” que permite trasladarse sin necesidad de sacar un salvoconducto— también ha habido problemas de información. Temas como los escaños para pueblos originarios o las mismas propuestas de los candidatos con menos recursos, fueron invisibilidados por candidatos que podían pagar espacios en las radios, repartir volantes o invadir las calles con las “palomas”, como se llaman en Chile a los afiches gigantes con rostros sonrientes de los candidatos. La gran batalla se ha dado en las redes sociales donde al fin podrá comprobarse si lo que se discute en Twitter o difunde en Instagram tiene los mismos “likes” en los votos reales.

Pero también —y esto es quizá lo más importante del proceso— se podrá tener un mapa de los mundos que representan los 155 elegidos para redactar la Constitución, donde han postulado desde abogados constitucionalistas hasta escritores best seller, pasando por figuras de la TV o políticos experimentados.

Por Juan Carlos Ramírez Figueroa

17 de mayo de 2021

Desde Santiago

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Cae la reforma tributaria: Colombia ¡Triunfo popular!

 

La noticia se veía llegar. En el curso de la última semana de abril desde la Casa de Gobierno se anunció, en una declaración del 27 de abril, con clara pretensión de contener el llamado a la protesta ciudadana, que se retiraban del articulado de reforma tributaria los componentes relativos al IVA del 19 por ciento para los servicios públicos, a los funerales y a las pensiones.Tres días después, una nueva concesión: no aplicar el IVA a productos y servicios, no tocar la canasta básica familiar, no aplicar el IVA a los servicios públicos.

 

Decisiones tomadas a la luz de un alzamiento social que a pesar de la violenta represión desatada en contra de una sociedad indignada y desarmada copaba calles y plazas de docenas de ciudades del país.

Sin embargo las concesiones parciales no bastaron para desestimular la protesta, la que seguía por todas las coordenadas nacionales con una consigna básica: retirar todo el texto de reforma tributaria de su trámite parlamentario.

Y aunque parecía que no cederían, seguramente tras álgidas contradicciones en la Casa de Gobierno -que implica, si tiene algún grado de vergüenza, la renuncia del jefe de la cartera de Hacienda-, la orden llegó el 30 de abril, cuando Duque declaró:

“Le he dado una instrucción muy clara al equipo del Ministerio de Hacienda para que dentro del trámite legislativo construya un nuevo texto con el Congreso, que recoja el consenso y que permita también nutrirse de propuestas valiosas que han presentado los partidos, que han presentado las organizaciones de la sociedad civil, que ha presentado el sector privado”.

Mientras esto ocurría las balas de la “fuerza pública” impactaban decenas de personas, en especial en Cali, pero también en otras ciudades, dejando un saldo de asesinados aún por precisar pero que hasta el día 1 de Mayo sumaban más de 10 personas, y decenas de heridos. Los detenidos, quienes sufrieron garroteras sobre sus cuerpos, las mujeres violentadas en su intimidad, las y los jóvenes que perdieron por lo menos uno de sus ojos, quienes padecieron el allanamiento de sus hogares, en fin, todas aquellas personas víctimas del autoritarismo vigente en Colombia, sumaban centenares. Una realidad desconocida por el establecimiento que en sus declaraciones sobre el desarrollo de la protesta nacional solo informaba de policías heridos por los manifestantes.

A pesar de esa realidad, a pesar de la ola de terror, la ira popular seguía en aumento, encabezada por un mar de juventud, una generación de relevo que desconfía profundamente de una institucionalidad creadora y soporte del paramilitarismo. Una Colombia otra es su sueño y aquí tienen su primer triunfo, que no es menor.

Para ellas y ellos, esas nuevas juventudes que se tomaron calles, avenidas y plazas, arriesgando su salud y vida ante el posible contagio por covid-19, la realidad es clara: “Si el pueblo marcha en pandemia es porque el gobierno es más peligroso que el virus”.

Ahora se abren las compuertas, según el gobernante, para negociar con toda la sociedad un nuevo cuerpo de reforma tributaria, y desde este lado de la sociedad, desde los/as negados/as y oprimidos/as, un aspecto fundamental tiene que alimentar esa discusión: ¡Que la crisis la paguen los ricos!

 

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Una semana laboral de 4 días, la nueva apuesta de España

¿Fin de semana de tres días para siempre?

Varios comercios de España comenzaron a aplicar una semana laboral de 4 días, mientras todavía se debate si este año comenzará a regir esta medida a nivel nacional. En caso de implementarse el recorte de un día de trabajo, España se convertirá en el primer país europeo en tomar esta iniciativa.

Tras el rígido confinamiento aplicado el año pasado en España, los propietarios de una pequeña cadena de restaurantes en Madrid le ofrecieron recientemente a la moza Danae De Vries recortar un día a su semana laboral manteniendo el mismo sueldo.

“Es una maravilla, porque me da tiempo a trabajar, a ver familia, amigos, tener tiempo para estudiar”, señala De Vries, de 28 años, que estudia para ser instructora de teatro. “Es maravilloso tener tiempo, no ir con prisas, poder tener esa paz interior”, agrega.

Su jefa, María Álvarez, se vio obligada a realizar distintos cambios en sus dos restaurantes, lo que incluyó proponer una semana laboral rotatoria de cuatro días. Álvarez es madre de dos bebés y con su socio lucharon para mantener el negocio sin recibir ayuda alguna respecto del cuidado infantil.

“Se llegó a sentir que la sociedad había dado la espalda a las familias, que habíamos sido traicionados. Como dueños de un negocio, teníamos que hallar soluciones para nuestros negocios, nuestros empleados y también para nuestras vidas personales”, explica Álvarez.

La idea de llevar la semana laboral de cuatro días a nivel nacional todavía se está debatiendo en España. Uno de los proyectos pertenece al partido progresista Más País y consiste en un plan piloto de tres años que hará uso de 59 millones de dólares del fondo de recuperación de la Unión Europea por el coronavirus para compensar a cerca de 200 medianas empresas con el objetivo de que realicen ajustes en su fuerza laboral y reorganicen los procesos de trabajo a fin de adaptarse a una semana laboral de 32 horas.

Estos fondos serán destinados al subsidio de todos los costos extras de los empleadores durante el primer año de prueba y posteriormente reducirán la ayuda del gobierno a un 50% y 25% cada año consecutivo.

Héctor Tejero, legislador perteneciente a Más País en la asamblea regional de Madrid, precisa que la única condición es que el reajuste lleve a una reducción neta real de las horas de trabajo mientras se mantienen los salarios determinados en los contratos de tiempo completo.

“La idea no es que los fondos europeos paguen, que los españoles trabajen menos. La idea es que los fondos europeos sirvan para aprobar medidas que pueden aumentar la competitividad y la productividad de las empresas, que es lo que pretenden”, resaltó Tejero.

Los argumentos a favor de la medida plantean beneficios para la economía en general, ya que un fin de semana de tres días podría generar un mayor consumo, especialmente en entretenimiento y turismo, pilares de la economía española.

Según un estudio publicado este año por la revista Cambridge Journal of Economics, la reducción de las horas de trabajo de 40 a 35 por semana en 2017 habría tenido como resultado un crecimiento del PBI del 1,5% y 560.000 nuevos empleos. A su vez, los salarios también habrían aumentado a nivel nacional un 3,7%, lo que especialmente benefició a las mujeres, quienes más buscan trabajos de tiempo parcial.

Software Delsol, situada al sur de España, invirtió 400.000 euros el año pasado en la reducción de las horas de trabajo para sus 190 empleados y reportó que desde entonces tuvo una reducción de 28% en el absentismo, ya que la gente opta por ir al banco o a consultas médicas en sus días libres entre semana. Además, sus ventas aumentaron el año pasado un 20% y ninguno de sus empleados renunció desde que fue adoptado el nuevo plan laboral.

Sin embargo, los sectores críticos de la iniciativa manifiestan que una economía afectada por la pandemia no es el mejor escenario para este tipo de experimentos. Con una contracción de 10.8% en el PBI el año pasado, la peor desde la Guerra Civil de la década de 1930, España sufrió cierres intermitentes y la paralización casi total de viajes internacionales.

Algunos expertos plantean que la prioridad debería ser resolver el mercado laboral disfuncional del país, que arrastra una de las tasas de desempleo más altas de Europa y se vio afectado por empleos precarios y de salarios bajos.

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Al comienzo de cada año se suelen hacer balances y proponer alternativas. El gobierno tiene sus prioridades, y ha dicho que es urgente una reforma laboral y pensional. Sin ellas, dice, no se podrá recuperar el empleo, y se agudizará la crisis fiscal.

Este diagnóstico no es correcto. Los problemas centrales de la economía no se resuelvan con la reforma laboral y pensional. Allí no está la raíz de los males actuales. Las reformas sustantivas deben estar inspiradas en los siguientes tres principios: i) Estímulo a la demanda. ii) Tributación progresiva. iii) Ordenamiento territorial y economía verde.

Las reformas laboral y pensional no son urgentes. Y, aún más, si se avanza en las tres dimensiones mencionadas, no son necesarias.

Es importante replantar el foco de la discusión, buscando que se examinen los aspectos estructurales.


Estímulo a la demanda

 

La reforma laboral que impulsan los empresarios y el gobierno tiene, entre sus motivaciones, el “elevado” costo de la mano de obra. En su opinión, el salario mínimo que se paga en Colombia es muy alto.

Esta apreciación tiene tres sesgos. Primero, centra todo el énfasis en el lado de la oferta, desconociendo la relevancia de la demanda. Segundo, deja por fuera del análisis costos significativos, como los financieros. Y, tercero, olvida que en el panorama internacional el salario mínimo de Colombia es muy bajo.

El éxito de las empresas radica en la fortaleza de la demanda. Si el consumo de las familias aumenta, mejora las ganancias. La rentabilidad de la firma no depende de una depresión del salario, sino de los estímulos a la demanda. Los industriales colombianos minimizan la importancia de este factor y, de manera equivocada piensan que la recuperación de la producción depende de la depresión del salario.

En la estructura de costos de las empresas el peso de los compromisos financieros puede ser más significativo que el de la mano de obra. Para los gremios empresariales el costo salarial impide que la productividad sea mayor. Esta mirada desconoce que la alta rentabilidad de los intermediarios financieros se explica por las elevadas tasas de interés. Mientras que el Banco de la República le presta a los bancos privados al 1,75 por ciento año, éstos prestan para igual periodo de tiempo al 12-14 por ciento. Y peor aún, si el crédito es de consumo la tasa de interés sube al 22 por ciento año

En el panorama internacional, el salario mínimo de Colombia es muy bajo. Además, es insuficiente para superar el umbral de la pobreza.


En el cuadro se presenta el salario mínimo –en pesos y dólares– por mes, día y hora. En dólares, el salario mínimo mes es de 261,25, por día es 10,89 y por hora es 1,36. En Estados Unidos el salario hora oscila alrededor de 12 dólares. En Los Ángeles se acerca a 15 dólares. Por tanto, el salario mínimo día en Colombia es considerablemente inferior al salario hora en Estados Unidos. No se entienden, entonces, las afirmaciones del Ministro de Hacienda que considera que el salario mínimo en el país es excesivamente alto.

Y con respecto a la línea de pobreza el salario mínimo también es bajo. Las dos últimas columnas del cuadro presentan los umbrales de pobreza para una familia de 4 miembros. Se hace la diferencia entre la línea de pobreza (LP) y la línea de indigencia (LI), o pobreza extrema. El valor de la LI es el de la canasta de alimentos mínima. Si en la familia trabaja una sola persona, el salario mínimo (908.256 pesos) alcanza para comprar los alimentos básicos (558.245 pesos), pero no es suficiente para superar la línea de pobreza (1.331.798 pesos). Para que el hogar pueda superar la barrera de la pobreza necesitaría un ingreso mensual adicional de 423.542 pesos.

 

Tributación progresiva

 

Se requiere una reforma tributaria que cumpla dos objetivos: mejorar el recaudo y reducir la desigualdad. En lugar de insistir en una reforma laboral y pensional, el gobierno debería darle prioridad a la reforma tributaria.

Es lógico esperar que las reformas tributarias mejoren en el recaudo, pero no sucedió así con la última reforma, que aumentó las exenciones y no incrementó los ingresos. Durante estos meses de pandemia emanó con claridad la vulnerabilidad de la estructura fiscal del país. La escasez de recursos ha sido notoria. Las transferencias a las familias son modestas, y las limitaciones del aparato estatal se observan en sectores tan importantes como el de la salud. El primer objetivo de una nueva reforma tributaria tendría que ser el incremento del recaudo.

Y el segundo propósito de la misma debe ser mejorar la equidad. Cuando la distribución del ingreso y de la riqueza es tan desigual, como sucede en Colombia, el sistema tributario es el mejor instrumento para reducir la concentración. El Estado del Bienestar en Europa se construyó sobre la base de impuestos progresivos. Las tarifas del impuesto a la renta suben a medida que el ingreso es mayor. En los años 70, en los países desarrollados, la tarifa en el último rango de ingresos llegó a ser del 90 por ciento. Estos porcentajes tan altos tenían el propósito explícito de evitar la concentración de la riqueza. A partir de los años 80, inclusive en Europa, estos propósitos distributivos se fueron debilitando.

A pesar del discurso a favor de la equidad, en Colombia no se avanza. Y al contrario, en las últimas estadísticas del Dane se observa un aumento de la desigualdad.

Mientras que los impuestos continúen siendo tan bajos, no habrá recursos para financiar proyectos como el de renta básica, que buscan garantizar los ingresos necesarios para que las personas superen el umbral de pobreza.

 

Ordenamiento territorial y economía verde

 

Es urgente que Colombia adelante un adecuado ordenamiento territorial. Y el paso inmediato es la consolidación del catastro multipropósito. Esta dinámica se inscribe en una estrategia de largo plazo, que es la economía verde.

La dependencia de los hidrocarburos y de la minería, y el pésimo manejo hecho por el país de los excedentes, obliga a repensar el modelo de desarrollo. La producción sostenible exige modificar de manera radical la matriz energética.

La minería ilegal y el narcotráfico son dimensiones centrales del ordenamiento del territorio. En el caso de la coca es inútil continuar con la política prohibicionista. El país está en mora de avanzar en procesos de legalización y regularización de la producción de coca y marihuana. Mientras estos cultivos permanezcan en la ilegalidad, siempre habrá grupos armados protegiéndolos.

El asunto de la tierra es el principal problema político de la sociedad colombiana. Allí habría que buscar la raíz del asesinato de los líderes sociales. Y, además, es un obstáculo a la modernización de la agricultura. La causalidad propuesta por el Ministro de Defensa es inaceptable. Su solución al asesinato de líderes sociales sigue una lógica lineal que debería causar indignación: la fumigación lleva a la eliminación de los cultivos y al cese de los asesinatos de líderes sociales. Esta secuencia analítica, que es de un simplismo aterrador, niega las causas estructurales del conflicto social.

 Salario mínimo (pesos y dólares)
Valor en pesos de la línea de pobreza y de indigencia, para un hogar de 4 personas 2020 
Salario mínimo   
Pesos Dólares LP-Fan LI-Fam
Mes 908.256261,25558.245
Día37.85510,8918.608
Hora4.7311,36 

 

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Publicado enEdición Nº275
Imagen de una de las movilizaciones de noviembre de 2019 que obligaron al gobierno chileno a abrir el camino a una nueva Constitución.Foto Afp

Los candidatos independientes, en desesperada carrera contra el tiempo para reunir miles de firmas

 

Santiago. A unos días de que concluya en Chile el plazo (11 de enero) para inscribir candidaturas a las elecciones de delegados constituyentes, gobernadores, concejales municipales y alcaldes, a realizarse simultáneamente el 11 de abril de 2021, la oposición de centroizquierda carece de aptitud para unir fuerzas y aspirar a derrotar a la derecha –que sí irá unida al próximo ciclo electoral–, arriesgando especialmente quedar lejos de la mayoría de dos tercios necesaria para aprobar un texto constitucional que termine con el neoliberalismo en el país.

La dispersión de la centroizquierda parece concretarse en cuatro listas electorales y podrían llegar hasta seis; a eso habrá que sumarle aquellas que logren armar los independientes: la sociedad civil organizada, gestora y protagonista del alzamiento social del 18 de octubre de 2019, cuya movilización con millones en las calles durante semanas obligó a la élite política a ceder, abriendo el tránsito a terminar con la Constitución del dictador Augusto Pinochet.

Los independientes, que desprecian a los partidos políticos (marcan 2 por ciento de aprobación) y ven en éstos una expresión del abuso, privilegios y corrupción institucionalizada, están empeñados en levantar sus propias candidaturas, en una desesperante carrera contra el tiempo porque deben reunir hasta aquella fecha fatal entre centenares y miles de firmas, dependiendo si son candidaturas unipersonales o van en listas, en cada uno de los 28 distritos electorales del país, según el tamaño de cada uno.

Los partidos se tardaron todo lo que pudieron en aprobar la reducción parcial de los requisitos de entrada a los independientes y lo hicieron hace tres semanas; y si bien bajaron a la mitad las firmas a conseguir, impidieron que las listas de la sociedad civil pudieran hacer pactos electorales entre ellas, algo que las potenciaba enormemente. Han recurrido entonces a ofrecer cupos en sus listas a representantes del mundo civil, con la esperanza de arrastrar votos y así lograr un "lavado de cara".

Pero hay decenas de nombres que se han apuntado para ir por cuenta propia o en listas desconocidas, la gran mayoría personas de centroizquierda, que si logran concretar sus candidaturas van a dispersar aún más la votación progresista que, pese a ser mayoría electoral, quedaría subrepresentadas en el total de delegados a la Convención Constitucional.

"La experiencia más inmediata del efecto de dispersión de varias listas versus la competencia unitaria de un pacto minoritario, fue la elección de diputados en 2017, en que Chile Vamos (la coalición derechista del presidente Sebastián Piñera) obtuvo 38 por ciento de los votos pero se quedó con 46 por ciento de la representación parlamentaria. Si esto se replica en mayor magnitud, entonces esta minoría podría quedar aún más sobrerrepresentada en 2021, porque en los sistemas proporcionales el pacto que compite en única lista suele beneficiarse en representación y obtiene más escaños a raíz de la división que se produce al frente, en este caso la centro izquierda", dice Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca.

En las últimas horas proliferan los llamados desesperados a la unidad e incluso los presidentes de los partidos Socialista, Radical y por la Democracia suscribieron una carta llamando a la unidad, ejercicio para el ridículo cuando durante semanas ellos rechazaron de manera implícita y explícita la posibilidad de ir en alianza con el Partido Comunista (PC) –que junto a las nóveles y erráticas fuerzas del Frente Amplio (FA) conforman la lista Chile Digno–, priorizando su pacto con la Democracia Cristiana (DC), furiosamente anticomunista.

Pero "a confesión de parte relevo de pruebas": en una entrevista publicada el domingo en el diario La Tercera, el presidente de la DC, Fuad Chahin, reconoció que "había una conciencia compartida de que la unidad era un camino imposible, pero nadie se atrevía a decirlo; 18 partidos más los independientes, es imposible que entremos en una única lista", sentenció.

Mauricio Morales cierra cualquier oportunidad a la unidad de la centroizquierda. "A estas alturas casi no existe opción de una lista única de oposición. Para que eso ocurriera, tendría que contar con el concurso de Humanistas y Ecologistas Verdes, además del FA y del PC. Por tanto, el camino a esa lista única está prácticamente cerrado. Lo que están haciendo los presidentes de partido que insisten en la unidad son manotazos de ahogado. Si hubiese existido voluntad, esto se habría resuelto con mayor antelación. Es mucho más honesto reconocer que no se competirá en una sola lista, a seguir insistiendo en algo sobre lo que no existe consenso ni voluntad política".

Lucía Dammert, politóloga de la Universidad de Santiago, dice que hay razones estratégicas, ideológicas y electorales que explican la ausencia de unidad. "Existe un mundo de centroizquierda y otro que se autodenomina de izquierda y que buscan diferenciarse. Eso puede traer en algunos casos beneficios electorales pero también otros de largo plazo para remarcar diferencias y probablemente hay negociaciones que impiden una mirada más estratégica de la unidad".

Además de considerar evidente que hay "una resistencia por parte de la generación que administró los partidos de centroizquierda por muchos años, que se resiste a cambiar", también hace notar que "lo único claro en toda la oposición es que no hay, salvo el alcalde Daniel Jadue, del PC, una figura electoral que los aglutine".

En cuanto al destino de los independientes, cree que "individualmente pueden jalar una gran votación, pero es más auspicioso para aquellos que tratarán de ir en cupos de los partidos, que tienen máquinas aceitadas; hay independientes que han sido cabezas de movimientos sociales o de organizaciones de la sociedad civil que pueden tener un impacto mayor, pero no es claro hoy cómo van a jugarse".

Dammert cree probable un escenario en que la gente concurra en masa a votar independiente como castigo a los partidos y así las listas de independientes recibir un apoyo inusitado, lo cual dependería del contexto al final de la campaña

Por Aldo Anfossi

Especial para La Jornada

Publicado enInternacional
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