Martes, 18 Abril 2017 07:00

Marca país

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El pasado miércoles 29 de marzo el parlamento de El Salvador aprobó una ley sin precedentes en el mundo: prohibió totalmente la minería metálica y el uso de cianuro y otros químicos tóxicos en esa actividad.

 

Las noticias sobre El Salvador generalmente vienen manchadas de sangre. En 2016, según datos oficiales, se registraron 5.278 asesinatos en este país que desde hace varios años es uno de los más violentos del mundo, y que vive un crudo conflicto interno cuyos principales actores son las maras (pandillas) trasnacionales M-13 Salvatrucha y Barrio 18, y el Estado salvadoreño. Pero el miércoles 29 de marzo El Salvador se destacó por una razón muy diferente: aprobó una ley que prohíbe la minería de metales en todo el país. Una amplia mayoría de legisladores –70 de 84 diputados, tanto oficialistas como de la oposición– votaron a favor del proyecto de ley. El texto definitivo aún no ha sido publicado en el Diario Oficial, pero Brecha accedió al documento aprobado. La nueva ley, única en el mundo, prohíbe las actividades de “exploración, extracción, explotación y procesamiento de minerales metálicos”, así como el uso de “químicos tóxicos como cianuro, mercurio y otros”, y se aplica a la minería “terrestre, marítima y subterránea”. Todas las solicitudes de licencias o concesiones para estas actividades quedan sin efecto.


“Es increíble ver que en este país tan polarizado y conflictivo, acostumbrado a resolver los problemas de forma violenta, de repente el tema de la minería haya logrado consenso y permitido que partidos con diferentes ideologías y orientaciones se unan ante una demanda que venía desde la sociedad”, comentó a Brecha Andrés McKinley, especialista en aguas y minería de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca), uno de los redactores de la ley.


TRASNACIONALES.


El Salvador no es un país con fuerte tradición minera, y mucho menos a gran escala. La minería comenzó a preocupar a la sociedad en 2002, cuando empezaron a conocerse las solicitudes de explotación minera que se estaban presentando. Uno de los principales proyectos en cuestión era el de la empresa Pacific Rim –subsidiaria de la canadiense-australiana Oceana Gold– en el departamento de Cabañas, y otro de la empresa canadiense Martinique, en Chalatenango, ambos en el centro-norte del país.


Según Alejandro Labrador, miembro de la Mesa Nacional contra la Minería Metálica –un frente de movilización que reúne a varias organizaciones sociales en El Salvador–, el proyecto de Pacific Rim, llamado El Dorado, fue la expresión más concreta de que las empresas trasnacionales estaban apostando por la minería a gran escala en el país. El proyecto “se convirtió en una amenaza real, porque (Pacific Rim)avanzó fuerte a través del lobby, y presionó para obtener los permisos”, aseguró Labrador a Brecha.


Cabañas es uno de los departamentos más pobres del país centroamericano y con menos disponibilidad de agua, según McKinley. Además fue muy afectado por los años de guerra civil (1981-1992). “Ahí hay familias de ex patrulleros –que hacían el trabajo sucio de las fuerzas armadas–, viviendo a la par de familias de ex guerrilleros. Entonces, este ya era un terreno de polarización. Antes de llegar esa empresa el pueblo estaba luchando para sanar las heridas de doce años de guerra civil, trabajando para aprender a vivir y construir un futuro juntos. Pero cuando entró Pacific Rim se volvieron a generar divisiones. Ahora entre los que creían que podían obtener beneficios de la minería y quienes pensaban en preservar el agua y los recursos naturales. El tema de la minería volvió a hacer de Cabañas un departamento conflictivo y violento”, relató el especialista.


Paralelamente, en Chalatenango, explicó Labrador, las comunidades contaban con una mayor experiencia organizativa: “La persecución militar (durante los años de guerra civil) las había obligado a gestionar sus propios recursos y diseñar sus propios mecanismos para hacer andar la vida comunitaria”. Esto permitió, según Labrador, que la presencia de las empresas mineras fuera “detectada, desnudada y señalada como una amenaza, a tal grado que les cerraron el paso”.


LUCHA SANGRIENTA.


No obstante, en un principio las comunidades carecían de información suficiente sobre la minería para determinar si representaba una oportunidad o una amenaza. “Tuvieron que entender qué podía significar una mina en su territorio, para organizarse, y para eso miraron hacia el resto de los países de Centroamérica que ya estaban sufriendo las consecuencias de la explotación minera. Visitaron minas como la San Martín, en Valle de Siria, Honduras, y conocieron de primera mano la experiencia de los pobladores, que les mostraron cómo conviven con explosiones periódicas de dinamita, cómo sus aguas están contaminadas, y cómo se han quedado enfermos y sin sus tierras”, relató McKinley.


De este trabajo nació la Mesa Nacional contra la Minería Metálica y también la resistencia de las comunidades salvadoreñas a la industria minera. Una larga lucha que le costó la vida a Dora Sorto, Marcelo Rivera, Ramiro Rivera y Francisco Durán, líderes comunitarios de Cabañas que se oponían al proyecto minero y fueron asesinados por pandilleros contratados como sicarios, según la Fiscalía General.


De a poco se fue construyendo, desde la sociedad civil y la academia, una opinión pública que cuestionaba la minería como un sector viable, explicó a Brecha Ricardo Navarro, que integra el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (Cesta-Amigos de la Tierra) y que recibió el premio Goldman (conocido como el “Nobel del ambiente”) por su trabajo en la reconstrucción ambiental de El Salvador después de la guerra civil. Según Navarro, llegó un momento en que la lucha antiminera se estaba dando en todos los niveles de la sociedad salvadoreña, y generó consenso también en los círculos políticos, lo cual hizo posible la aprobación de la ley.


TIRO POR LA CULATA.


Un hecho que contribuyó a consolidar ese consenso fue la demanda presentada en 2009 por la empresa Pacific Rim contra el Estado salvadoreño. La minera denunció ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) –órgano del Banco Mundial– supuestas “pérdidas de beneficios” por la no concesión de permisos de explotación de El Dorado. En caso de perder el arbitraje, El Salvador debía pagar unos 250 millones de dólares a la empresa, algo que generó mucho rechazo entre los salvadoreños y provocó varias movilizaciones.


En octubre del año pasado el Ciadi determinó que no le daría la razón a la empresa y le ordenó a Pacific Rim pagar 8 millones de dólares al Estado por gastos de representación, algo que todavía no ha hecho; pero la decisión de la institución significó un triunfo para la causa antiminera. En opinión de Silvia Quiroa, de Cesta, el diferendo y su desenlace“alertaron y dieron valor al gobierno y a las instituciones del Estado”, al tiempo que terminaron demostrándole a El Salvador que no era conveniente apostar por la minería.


Cabe señalar que en este país la minería no genera simpatía desde hace tiempo. Un estudio de opinión realizado por la Uca en 2007 mostró que 62 por ciento de la población “potencialmente amenazada por la minería metálica” pensaba que el país no es apropiado para esta industria. En 2015 ese estudio fue replicado y mostró que el rechazo había aumentado a un 75 por ciento. Otro dato que generó ese estudio, no menos importante, es que en estas comunidades 85 por ciento de las personas encuestadas dijo que no querría trabajar en un proyecto minero.


IGLESIA ANTIMINERA.


La Iglesia Católica jugó un papel determinante en la aprobación de la ley antiminera, a través de un trabajo importante de campaña y de presión en diferentes niveles de la sociedad. En marzo organizó una gran marcha encabezada por el arzobispo de San Salvador para exigir una ley que prohibiera la minería, y logró convocar a unas 2 mil personas que marcharon rumbo al parlamento. También organizó campañas de oración y recogió 30 mil firmas en apoyo de dicha ley. “La Iglesia es un enorme poder en el país, y siempre se ha venido oponiendo a la minería”, apuntó McKinley. “Con el proyecto de ley en la mano (que había redactado la Uca) se puso más beligerante en sus demandas frente al Estado, y cuando además de denunciar pasó a acompañar a las comunidades (en sus movilizaciones) eso cambió la correlación de fuerzas en el país” y generó presión en los sectores políticos.


Enfrentados ya a una propuesta concreta para reformar la ley sobre minería, las empresas intentaron convencer al gobierno y a los legisladores de que aprobar dicha reforma significaría rechazar un botín fiscal y económico. Sin embargo, un informe del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) mostraba que el impacto de esta regulación sería “poco significativo en cuanto a pérdida de ingresos públicos”, ya que en 2016 la minería había aportado a las arcas públicas cerca de 600 mil dólares, lo que equivale al 0,001 por ciento del presupuesto público de ese año. En otras palabras, el funcionamiento del Estado salvadoreño no estaba en juego. Además, señaló el Icefi, en el mediano plazo la aprobación de la ley “elimina los riesgos fiscales asociados con la recuperación futura del ambiente, atención y compensación a las comunidades afectadas por los daños ocasionados por actividades mineras en el país, que pudieran haber sido ejecutadas al amparo de un débil marco legal e institucional”.


VISITA FILIPINA.


En un acto simbólico, en la semana en que se aprobó la ley, Carlos Padilla, gobernador de la provincia de Nueva Vizcaya, en Filipinas, donde se suspendió el permiso de operar de la empresa Oceana Gold, visitó El Salvador y fue recibido en el parlamento salvadoreño y por el propio presidente, Salvador Sánchez Cerén. Padilla hizo varias intervenciones públicas y le dedicó una carta al pueblo salvadoreño, donde relató cómo el proyecto minero de Oceana Gold profundizó las divisiones sociales y “ha violado los derechos humanos”. Una comisión filipina que investigó denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidos por Oceana Gold contra la comunidad concluyó que la empresa violó “el derecho a la residencia, a una vivienda digna, a la libre circulación y libertad, a la seguridad e integridad personal, y el derecho de la comunidad indígena a manifestar su cultura e identidad”. También señaló un incremento en la “incidencia de robos y hurtos” y“enfermedades pulmonares entre los residentes”.


Ante la presión social y la proximidad de las elecciones legislativas y municipales, programadas para marzo de 2018, la mayoría de los sectores políticos respaldaron la propuesta. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln), actual fuerza de gobierno, ya había apoyado una iniciativa similar –cuando era oposición– promovida por los movimientos sociales en 2006, pero no consiguió los votos necesarios para aprobarla por el parlamento. Esta vez la prohibición de la minería logró reunir el apoyo tanto del oficialismo como de la derecha. “El agua le ha ganado al oro”, declaró el diputado Johnny Wright, del partido ultraconservador Alianza Republicana Nacionalista (Arena), cuyo himno partidario incluye la frase “El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán”.


DESAFÍOS.


“Quizás los diputados no se han dado cuenta de lo que han firmado”, comentó Navarro. “Creo que de pronto surgió una histeria colectiva positiva, todos nos inspiramos, y hasta monseñor (Oscar Arnulfo)Romero puso algo de su parte”, dice en referencia al sacerdote y defensor de los derechos humanos y de los pobres asesinado mientras celebraba misa, el 24 de marzo de 1980, en los orígenes de la guerra civil.


La ley todavía deberá ser firmada por el presidente, Sánchez Cerén, y reglamentada. Pero más allá de eso el gran desafío es asegurar su cumplimiento. En este sentido, McKinley señaló la importancia de que la empresa Oceana Gold abandone el país, “porque no es cierto que hay cien por ciento de acuerdo en este país sobre la prohibición, hay sectores a los que no les gusta, y no queremos darle oportunidad de consolidar esfuerzos y acciones junto a esta empresa que ha demostrado ser una entidad tan sucia y deshonesta”, opinó. Otro gran reto para El Salvador es acabar con la minería artesanal en pequeña escala, que también contamina el agua con su drenaje ácido. La nueva ley votada establece un plazo de dos años para que los trabajadores dedicados a esta actividad se reconviertan a otra, para lo que contarán “con el apoyo, asesoramiento, asistencia técnica y financiera del Estado salvadoreño”.


UNA OPORTUNIDAD.


Pero el primer paso ya está dado. “Esta victoria representa una oportunidad de repensar nuestra existencia como territorio, abre una brecha que nos obliga a pensar una nueva relación con los bienes naturales y con el mundo globalizado, un país más sustentable, equitativo y justo. Si se hubiera permitido la minería, la escasez de agua hubiera generado espirales de violencia mucho más complejas de las que tenemos actualmente”, evaluó Labrador.


McKinley está de acuerdo: “Si superponemos un mapa mundial de los conflictos sobre el agua y el ambiente y un mapa de conflictos mineros a nivel mundial, hay una coincidencia exacta; donde hay minería hay conflicto, y donde hay conflicto siempre está el peligro de la violencia, algo que El Salvador no se puede permitir seguir alimentando”.


El próximo objetivo del movimiento social que generó la resistencia a la minería es elevar a nivel constitucional la noción del agua como un derecho humano. Según el experto de la Uca, “hay intenciones de privatizarla para llevarla a las leyes del mercado, ya que en un país donde escasea, el agua se convierte en un bien con un gran valor”. Navarro y Quiroa, de Cesta, coinciden en que es vital que en su país no se sigan deteriorando los territorios más empobrecidos, y que es necesario repensar la gestión de los residuos y el avance del cambio climático, así como también buscar la soberanía alimentaria. “Tenemos muchos desafíos para mejorar las condiciones y la calidad de vida de nuestro país. El proceso es lento, pero avanza. Esta ley es un ejemplo que nos da más esperanzas y ganas de seguir luchando”, concluyó Quiroa.

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Jueves, 09 Febrero 2017 06:45

2017 + Trump = 1984

2017 + Trump = 1984

Ahora que el double speak, la "realidad alternativa", las "falsas verdades", las "noticias falsificadas" y los "hechos debatibles" se han adueñado de la interlocución política en Estados Unidos, en las tres inverosímiles semanas que Donald Trump ha ejercido el poder, 1984, de George Orwell, puede leerse como una crónica de actualidad. En una reseña fuera de temporada de un libro aparecido casi 70 años atrás, se explica su actual relevancia por la similitud entre su personaje central, Winston Smith, quien debe aceptar que "dos y dos son cinco", porque así lo dice el Partido, y el estadunidense de hoy, que debe creer que el cociente intelectual del gabinete presidencial es "el más alto en la historia" –como si hubiese registros comparables– o que la multitud que presenció la toma de posesión fue "la más numerosa jamás reunida" –como si no hubiese fotografías–, porque así lo afirma el presidente.

El mundo de Orwell asume también otras manifestaciones, en las que lo improbable se torna verdadero. El 3 de febrero Trump señaló: “Esperamos eliminar gran parte de la [ley] Dodd-Frank, debido a que, francamente, conozco a muchas personas, amigos míos, que poseen buenos negocios y no pueden recibir crédito, simplemente no pueden obtener dinero alguno porque los bancos no les prestan, debido a las reglas y reglamentaciones de la Dodd-Frank. Reconoce sin ambages que el "capitalismo del compadrazgo" –el crony capitalism que ha alcanzado carta de naturalización en Wall Street– es lo que origina una acción ejecutiva que borra un conjunto de regulaciones establecidas tras la crisis financiera de 2008-2009 para evitar las acciones especulativas de bancos y otras instituciones financieras que provocaron esa misma crisis. “Lo último que necesitamos –declaró Mario Draghi ante el Parlamento Europeo– es debilitar la regulación [financiera]. Preocupa que se intente restablecer las condiciones prevalecientes antes de la crisis.”

Motivación similar explica la ofensiva republicana en el Congreso contra reglas en materia ambiental de las industrias petrolera y del carbón. Esta nota alude a estos dos retrocesos que, en la óptica orwelliana dominante, se presentan como avances para empresarios y trabajadores, que Trump y los republicanos dicen defender.

El asalto contra la regulación ambiental de la industria de combustibles fósiles no ha sido sorpresivo. Fue anunciado desde etapas tempranas del proceso electoral, cuando el precandidato republicano pugnaba por distinguirse dentro de una docena de aspirantes en aguda pugna por ser visto como el más reaccionario, intolerante y claridoso. Fue actualizado, tras el triunfo de Trump, por "Freedom Partners" –una ONG patrocinada por los notorios hermanos Koch– mediante una "hoja de ruta" que enumera las regulaciones, establecidas en su mayoría durante el gobierno de Obama, cuya pronta eliminación se busca por parte del Ejecutivo y del Congreso. Para que el Legislativo actúe, se ha invocado una ley (denominada congressional review act) que faculta al Congreso para derogar, por mayoría simple, reglamentaciones aprobadas en los 60 días anteriores al inicio de la Legislatura. A principios de febrero, el Legislativo eliminó una disposición que prohíbe el venteo de gas a la atmósfera desde pozos situados en tierras federales e inició los trámites para derogar otras, entre ellas la que evita la contaminación de corrientes de agua por explotaciones carboníferas.

El documento mencionado enlista otras 12 disposiciones. Siete de ellas, que tienen su origen en decisiones ejecutivas del anterior presidente, pueden ser borradas de un plumazo por Trump, como la moratoria a nuevas licencias para producción de carbón en tierras federales, el Acuerdo de París sobre cambio climático y diversas disposiciones del Plan de Energía Limpia. Las acciones orientadas a reducir y eventualmente eliminar las emisiones de metano a la atmósfera y las restricciones más estrictas a las emisiones de GEI por los motores y vehículos pesados, adoptadas antes de mediados de junio de 2016, se eliminarían con recurso a la ley arriba mencionada.

Un reportaje sobre este tema señala: “Otro reglamento que se desea derogar de inmediato fue aprobado por la Comisión de Valores y Bolsas (SEC) y establece que las empresas petroleras, de gas y mineras deben dar a conocer los pagos que efectúan a gobiernos extranjeros para obtener derechos de explotación, con la finalidad de evitar la corrupción en países de África y Latinoamérica (...) Exxon Mobil, cuyo anterior ejecutivo jefe, Rex Tillerson, es ahora secretario de Estado, fue uno de los primeros oponentes de esta norma, argumentado que fuerza a las empresas a divulgar ‘información comercialmente delicada’, colocándolas en desventaja de competencia”. (Eric Lipton, "GOP hurries to slash oil and gas rules", NYT, 4/2/2017.)

En el área financiera, el afán desregulador ha provenido de la Casa Blanca. El 3 de febrero se anunciaron, con gran fanfarria, nuevos criterios para acotar el alcance de la reglamentación financiera, mediante de una serie de nuevos "principios básicos". Según el resumen semanal de la Casa Blanca: A) la acción ejecutiva adoptada permite "reglamentar el sistema financiero en una forma que protege a los consumidores, al tiempo que fomenta el crecimiento de la economía y la creación de empleos" y B) el memorando complementario "previene consecuencias indeseables de las reglas para los fideicomisos financieros que podrían limitar las oportunidades económicas y las inversiones estadunidenses".

La lectura de la prensa financiera mundial fue un tanto diferente. Por ejemplo, el Financial Times (3/2/2017) hizo notar que las acciones para desmontar el aparato regulador en torno de la ley Dodd-Frank, "que incluye prohibiciones para que las instituciones financieras persigan en el mercado su propio beneficio [más que el de sus clientes], puede resultar en la mayor acción desregulatoria en seis años y provocó un salto inmediato en la cotización de las acciones de los bancos". Recuerda también que, como presidente del Consejo Económico Nacional, el antiguo funcionario de Goldman Sachs Gary Cohn, muy probablemente "propondrá cambios que propicien mayores utilidades para los bancos". Quizá actúe de concierto con el nuevo presidente de la SEC, Jay Clayton –quien también proviene de Wall Street– que podría proceder a "una hoguera de regulaciones". Recuerdo, para terminar, La hoguera de vanidades, el despiadado retrato que Tom Wolfe ofreció de Nueva York en los años 80, del que Donald Trump podría ser figurante destacado.

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Estados Unidos impone sanciones a Irán tras la prueba de un misil balístico

La Administración Trump recalca que las medidas de castigo "están fuera del acuerdo nuclear"

Estados Unidos impuso este viernes nuevas sanciones a Irán, en respuesta a la última prueba con un misil balístico realizada el pasado fin de semana y que ya llevó a la Casa Blanca poner a Teherán “bajo aviso” hace dos días. Las sanciones, emitidas contra 13 personas y 12 empresas, no afectan al pacto nuclear con Irán firmado por EE UU y otras potencias bajo el Gobierno de Barack Obama, según ha explicado un alto funcionario a periodistas. Estas sanciones “están fuera del acuerdo nuclear”, ha recalcado el funcionario, y ha añadido que “EE UU sigue cumpliendo sus compromisos”. Pero sí suponen una llamada de atención más de la nueva Administración de Donald Trump, quien ha dejado claro que no va a ser tan “amable” con Teherán como su predecesor


“Irán está jugando con fuego”, advirtió este viernes, poco antes que se anunciaran las sanciones, el presidente republicano en un nuevo mensaje en la red social Twitter, su medio de expresión preferido. Las autoridades en Teherán “no saben apreciar lo ‘amable’ que fue el presidente Obama con ellos. ¡Yo no lo seré!”, agregó un día después de decir que, respecto de Irán, “ninguna opción está fuera de la mesa”.


Fue la última advertencia de una semana de constantes llamados de atención a Teherán. El miércoles, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Michael Flynn, hizo una inesperada aparición ante la prensa para anunciar que Irán estaba desde ese momento “bajo aviso” por su conducta “desestabilizadora” en la región, en referencia a la prueba del misil balístico del pasado fin de semana y al apoyo de los iraníes a los rebeldes huthi en Yemen, algo que también criticó la anterior Administración.


Tras la publicación de las sanciones, que afectan a empresas radicadas, además de en Irán, en Emiratos Árabes Unidos, Líbano y China, Flynn criticó al resto de la comunidad internacional que, según afirmó en un comunicado, “ha sido demasiado tolerante con el mal comportamiento de Irán”.


“La Administración de Trump no va a seguir tolerando las provocaciones de Irán que amenazan nuestros intereses”, aseveró el exgeneral y mano derecha del republicano en temas de seguridad nacional. “Los días de hacer la vista gorda ante las acciones hostiles y beligerantes de Irán contra EE UU y el mundo han acabado”.


Las sanciones implican la congelación de cualquier activo que los individuos o entidades afectadas puedan tener en EE UU, así como la prohibición a personas y empresas estadounidenses de realizar transacciones con ellos.


El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, afirmó que las sanciones, que llevaban preparadas un tiempo, fueron adoptadas tras una “cuidadosa consideración” y dio a entender que no serán las últimas acciones contra Teherán. “No descartaría nada”, dijo. En todo caso, las medidas representan “una postura muy, muy fuerte ante las acciones de Teherán y dejan claro que el acuerdo alcanzado previamente [en referencia al pacto nuclear] no va en el mejor interés de este país y que el presidente Trump va a hacer todo lo posible para asegurarse de que Irán está controlado”, sostuvo.
El pacto nuclear sigue en pie


En una teleconferencia con periodistas, fuentes del Gobierno que hablaron bajo condición de anonimato afirmaron que la medida “no debería sorprender” a Teherán. Para Washington, el programa balístico iraní es una “clara amenaza para la seguridad regional”, según la fuente, que dijo que está en manos de Irán “decidir su respuesta” a estas “acciones”. “[Teherán] tiene que tomar una decisión. Vamos a seguir respondiendo ante su comportamiento de forma adecuada para seguir presionándolos y que cambien su actitud”, agregó.


El alto funcionario puso énfasis en que las nuevas sanciones “están fuera” del acuerdo nuclear firmado en 2015 por Obama y las demás grandes potencias. “EE UU sigue cumpliendo sus compromisos” bajo ese pacto, que no impide que Washington imponga penalizaciones a Teherán por otras cuestiones, como los misiles balísticos, subrayó. La fuente no quiso comentar qué nivel de comunicación mantiene el Gobierno de Trump con Teherán. El actual presidente llegó a decir durante la campaña que retiraría a Washington del pacto nuclear.


El domingo pasado, Irán realizó una prueba de un misil de medio alcance que explotó tras recorrer unos 1.000 kilómetros, y despertó las alertas por parte de EE UU. Irán es uno de los siete países incluidos en el veto migratorio decretado el viernes de la semana pasada por Trump. 

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Jueves, 26 Mayo 2016 06:45

Avance del cannabis medicinal

Avance del cannabis medicinal
Es una de las principales naciones productoras de marihuana. Ahora, será legal su cultivo, comercialización y posesión con fines curativos. La ley aclara que no es una legalización sino la regulación para uso de pacientes con enfermedades graves o terminales.
 

 

La Cámara de Representantes de Colombia aprobó un proyecto de ley que reglamenta el uso de la marihuana con fines medicinales y científicos y aclara que no se trata de una legalización sino de su uso para pacientes con enfermedades graves o terminales.

 

A través del proyecto, que por tener diferencias con Senadores ira a conciliación antes de ser promulgado por el presidente Juan Manuel Santos, se aprobó el cultivo, la producción, fabricación, adquisición, importación, exportación, almacenamiento, transporte, comercialización, distribución, uso y posesión del cannabis para fines terapéuticos.

 

Además, regula lo relacionado con los derivados de la marihuana y los productos que la contengan, tales como cremas, pastillas y jarabes, entre otros artículos con los que se tratan diferentes enfermedades.

 

La iniciativa tuvo 84 votos a favor y 4 en contra, y la reglamentación del uso queda a cargo de los ministerios de Salud, Justicia y Agricultura.

 

Por su parte, el autor del proyecto, el senador del Partido Liberal Juan Manuel Galán, expresó su satisfacción por la aprobación de la ley y dijo en su cuenta de Twitter que “hoy ganaron los pacientes”.

 

Colombia es una de las principales naciones productoras de marihuana, como se conoce a los cogollos o flores femeninas del cáñamo, donde se concentran sus propiedades psicoactivas y de esta manera se suma a Chile, Puerto Rico y Uruguay, países latinoamericanos que ya cuentan con una legislación sobre el uso de la marihuana con fines terapéuticos y paliativos.

 

En febrero pasado el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) de Colombia comenzó el proceso de reglamentación del uso medicinal y científico de la marihuana, que el gobierno aprobó en diciembre de 2015. Ahora, la potestad de emitir las licencias para posesión de la semilla para siembra y cultivo de cannabis es exclusiva del CNE, en tanto que los permisos para producción, fabricación y exportación serán otorgados por el Ministerio de Salud y Protección Social.

 

Hasta diciembre el Código Penal colombiano permitía a cualquier ciudadano de ese país cultivar hasta 20 plantas de marihuana en su casa, siempre que fuese para su consumo privado.

 

Según los más recientes datos actualizados de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc), la marihuana es la droga ilícita más consumida en el país, donde en los últimos cinco años su uso se ha duplicado hasta llegar al 15,2 por ciento de la población.

 

 

 

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Esmeraldas: un negocio popular y opaco en Colombia
La producción y explotación de uno de los símbolos del país sigue cubierto por el manto de la ilegalidad

 

 

La vía principal para llegar a Muzo, un pueblo de casi 10.000 habitantes en el occidente de Boyacá, está paralizada desde hace dos meses. Un derrumbe generado por la lluvia ha mantenido a este municipio, considerado la capital mundial de las esmeraldas, aislado. Para abastecerse de los productos básicos, los más osados han tenido que utilizar vías alternas. Sin pavimentar y peligrosas. Muzo, de donde hace algunos salieron una de las esmeraldas más grandes del mundo (Fura) y una de las más valiosas (Tena) a duras penas recibe lo que merece.

 

La localidad boyacense ejemplifica la cruda realidad de uno de los símbolos nacionales de Colombia. El negocio de las esmeraldas atraviesa por un buen momento, a tenor de las cifras de la Federación Nacional de Esmeraldas: 2015 cerró con un aumento del 27% en las exportaciones. Según datos del Ministerio de Minas, la producción de repuntó en un 15% pasando de 1.551.549 a 2.167.110 quilates. Las esmeraldas representaron el año pasado el 14% de la producción de los minerales no metálicos y alrededor del 2,4% del PIB minero.

 

Pero más allá de estos números, el negocio sigue estando presidido por una opacidad y evidencia una falla histórica: la fragilidad del Estado en el control que ejerce sobre este tipo de minería. En Muzo, por ejemplo, la explotación y la comercialización de esmeraldas supone el primer renglón de su economía, pero el dinero que recibe el municipio apenas llega al 3% del presupuesto municipal. Muy poco, si se tiene en cuenta que tan solo un quilate de esta piedra preciosa se vende en el mercado en precios que van desde los 25 hasta los 100.000 dólares.

 

Muzo no solo no tiene lo que debería por su riqueza minera, también ha tenido que vivir desde los años sesenta en medio de una ‘guerra verde’, desatada por quienes buscan el control del negocio de las esmeraldas. Un informe de la Contraloría General de la Nación señala que “la explotación de esmeraldas en el occidente de Boyacá es el ejemplo más paradigmático de la desidia del Estado por controlar la explotación de un recurso no renovable de su propiedad”. En la práctica, dice la entidad, “se ha cedido en el control del orden público y la explotación de las minas ha sido usufructuada, en apreciable medida, por organizaciones amparadas por el poder de la fuerza o por sus nexos con grupos armados al margen de la ley. En los municipios productores de esmeraldas confluyen violencia y degradación social con poderosos empresarios y grupos armados, vinculados algunos con bandas de narcotraficantes y paramilitares, que el Estado ha tolerado durante décadas”.

 

Ninguna autoridad colombiana es capaz de obviar lo que evidencia la Contraloría. Tres años después de la muerte de Víctor Carranza, el zar de las esmeraldas, dueño máximo de la extracción y la producción del valioso mineral, la lucha por el control del negocio ilegal, continúa. Solo en abril, hubo dos operaciones contra patrones de las esmeraldas. La Policía detuvo a principios de mes en Maripí (Boyacá) a un reconocido esmeraldero, Horacio Triana, a quien se investiga por haber querido atentar contra Carranza en el pasado. Pocos días después, se capturó a 10 funcionarios y exfuncionarios colaboradores de otro esmeraldero, Pedro Nel Rincón, también conocido como Pedro Orejas’. Entre los detenidos había un fiscal, un exjuez y varios abogados.

 

El senador del Polo Democrático Iván Cepeda, coautor de ‘Victor Carranza, alias El Patrón’, un libro que repasa el lado más oscuro de uno de los símbolos más populares de Colombia, recuerda que, a diferencia de otros negocios ilegales, en el caso de las esmeraldas, a tratarse de un mineral precioso, la conexión con las élites hace que, en muchas ocasiones, estás hayan mirado para otro lado. “Cada vez que se ha intentado regular el negocio, ha sido en vano”, sigue advirtiendo Cepeda.

 

Boyacá, un departamento cercano a Bogotá, es donde se concentra el 68% del total de títulos para la explotación de esmeraldas en Colombia, según la Agencia Nacional de Minería. El organismo asegura que el año pasado el valor de los quilates de esmeraldas exportados alcanzó algo más de 18 millones de dólares. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), “en el año 2015 el principal destino de las exportaciones de esmeraldas fue la Zona Franca Permanente Bogotá con una participación de 92,3%. El segundo destino (un 3,3%) fue Hong Kong.

 

Una de las paradas obligadas para cualquier turista, y no solo, que haya pasado por Bogotá es la compra, o al menos el intento, de una de estas piedras preciosas. La confluencia en el centro de la capital de la Jiménez y con la Séptima, dos de las calles más transitadas, es un hervidero de vendedores de esmeraldas. Los negocios florecen en cada esquina como el silencio cuando a los vendedores se les preguntar por el origen y la calidad de las piedras. “Es un negocio lindo”, se les oye repetir.

 

 

 

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Europa versus los gigantes tecnológicos

POR PRIMERA VEZ BRUSELAS BUSCA REGULAR EL ACCIONAR DOMINANTE DE GOOGLE, AMAZON, FACEBOOK Y APPLE

 

La dominación planetaria que los llamados GAFA ejercen sobre el mundo y su interminable estela de todo tipo de abusos y manipulaciones llevó a la Comisaría Europea a poner trabas en sus estrategias comerciales.

 

Un conflicto potente por la soberanía digital de un continente tiene hoy como protagonistas a Margrethe Vestager y Sundar Pichai.

Ambos son los actores de un combate titánico entre las multinacionales norteamericanas y los intentos de regulación por frenar sus atropellos. Sundar Pichai es el Presidente Director General de Google y Margrethe Vestager es la Comisaria Europea de la Concurrencia. La dominación planetaria que los llamados GAFA, Google, Apple, Facebook y Amazon, ejercen sobre el mundo y su interminable estela de todo tipo de abusos y manipulaciones llevó a la Comisaria Europea a poner trabas en las estrategias comerciales de los GAFA como pocos dirigentes políticos de la Unión Europea habían osado hacerlo hasta hoy. A los Google dependientes, a quienes han hecho de Apple una religión estética, de Facebook un centro de relaciones sociales inocente y de Amazon y excelente vendedor, esta mujer de 48 años de origen danés, miembro del Partido Social Liberal de Dinamarca y varias veces ministra (Interior, Educación, Economía) se ha empeñado –al fin alguien– en demostrar que esos mastodontes de la industria moderna le juegan malas pasados a los sumisos consumidores. Contrariamente a su predecesor en el cargo, el español Joaquim Almunia, a la señora Vestager no le agrada “negociar” pasivamente con los GAFA sino enfrentarlos allí donde infringen la ley. Ya objeto en el pasado de advertencias y multas por el perfil equívoco de su motor de búsqueda, su gestión de los datos personales o su aberrante política de evasión fiscal, Google se enfrenta a una nueva acusación, ahora mucho más severa lanzada por la Comisaria Europea: Margrethe Vestager acusa a Google de buscar “proteger y extender su posición dominante” a través su sistema de explotación gratuito, Androide. El dispositivo de Google está presente en el 80 por de los Smartphones del mundo y, según la responsable de la UE, Google impone a los fabricantes el uso excluyente de sus aplicaciones, y, muy particularmente la función “buscar”, la cual “priva a los consumidores de la capacidad de elegir y frena la innovación”. La batalla es tanto más decisiva cuanto que lo que está en juego sobrepasa la imaginación. Para Google, Android es su brazo colonial para controlar el mercado de la telefonía móvil. Mediante Android, Google controla el 35 por ciento del mercado mundial de la publicidad por medio de los Smartphone. Ese segmento publicitario representa 70 mil millones de dólares anuales. Google lleva semanas movilizando a sus abogados para evitar la multa de 7,5 mil millones de dólares que Margrethe Vestager le quiere imponer. Según el responsable de Google Europa, Matt Brittin, la ofensiva de la Comisaria europea es un “despropósito” ya que, como lo explica el jefe de los servicios jurídicos de Google, Ken Walker, “Android es un verdadero motor para la innovación” que le abre a los usuarios perspectivas únicas.

A mediados de 2015, el Wall Street Journal reveló que Facebook, Google, Apple y Amazon, “desde que están bajo los disparos cruzados de Europa”, gastan mucho dinero en operaciones concentradas en las instituciones comunitarias. En realidad, la guerrilla jurídica contra Google es apenas la parte visible de una confrontación severa con los demás miembros del grupo GAFA y otras multinacionales norteamericanas o rusas que infringen las leyes como le da la gana: Disney, McDonald’s, Starbucks, Microsoft, Gazpron. “Mi trabajo consiste en hacer que cada persona tenga las mejores oportunidades”, dice la responsable europea. Ambición casi imposible frente al poder de esas multinacionales, la mansedumbre de los consumidores y la pasividad de los Estados.

Estas empresas no pagan impuestos, manipulan a los consumidores, los usan como producto, alteran sus ofertas a espaldas del consumidor o simplemente controlan el mercado a su antojo. Incluso en los Estados Unidos, las administraciones como la Federal Communications Commission, la Federal Trade Commission o los servicios antitrust del ministerio de Justicia ven en Vestager una aliada decisiva. Las cifras de los desfalcos que esas compañías cometen con su llamada “política de optimización fiscal” equivalen muchas veces al PIB de los países más pobres. Google, Apple, Facebook o Amazon han instalado sus sedes en paraísos fiscales (Islas Vírgenes, Islas Caimán, Bermudas) y, gracias a un hábil montaje jurídico, no pagan impuesto ni en los Estados Unidos, ni en Europa, ni en la Argentina. En los Estados Unidos, el Internal Revenue Service (la administración fiscal) el Congreso y el Senado establecieron que entre 2009 y 2012 Apple evadió impuestos por 74 mil millones de dólares. Por ello, la dirigente danesa explica que “una de las ilusiones más grandes consiste en creer que la economía de mercado funciona perfectamente por si sola”. No, hay que regular, insiste Vestager. ¿Cómo regular una actividad donde una sola empresa, Google, acapara el 95 por ciento del mercado de las búsquedas en línea que se efectúan en Europa? Facebook, por su parte, cuenta con 260 millones de usuarios en Europa (más que en los Estados Unidos) y, además, controla plataformas como WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram. Apple y Microsoft tienen una aplastante posición dominante en sus respectivos sectores. Los europeos intentan salir de esa dominación a través de la creación de sus propias estructuras. Es el caso de del motor de búsqueda francés Qwant, cuyo creador, Eric Leandri, asegura que el proyecto, respaldado por la UE, consiste “en crear una alternativa verosímil y fluida, con la particularidad de no perseguir a los usuarios ni filtrar el contenido. Internet debe servir a los usuarios y no servirse de los usuarios” (Entrevista al diario Libération, 04/05/2016). La guerra por la regulación esconde de hecho otro conflicto mucho más profundo que sólo un espacio geopolítico de peso mundial como Europa o China pueden asumir: se trata de una batalla por la soberanía digital. El avance tecnológico de Washington ha convertido al mundo en una suerte de colonia digital de los Estados Unidos. Los espejitos digitales embaucaron a los consumidores y hoy pocos son capaces de reconquistar la libertad digital.

La próxima crisis económica mundial tiene fecha exacta de comienzo

Un blog de Bloomberg relaciona los futuros problemas del mundo de los negocios con la entrada en vigor de los acuerdos de Basilea III, que implican una gran reforma de la regulación bancaria.

 

A quienes intentan entrever cuándo podría producirse la próxima crisis económica mundial, un blog de la agencia Bloomberg dedicado a las finanzas les propone marcar en el calendario el 1 de enero de 2018. En su opinión, la fecha se perfiló a finales del año 2010, cuando fue firmado y publicado el conjunto de los llamados acuerdos de Basilea III, que implican una reforma de la regulación bancaria coordinada entre los países de Europa y América del Norte.


A partir del año 2017, advierte el columnista Christopher Langner, "las instituciones financieras ya no podrán usar sus modelos internos para tasar los riesgos que implican los derivados para las contrapartes. En 2018 esto se extenderá a la titularización de activos y a partir de entonces, aunque la fecha exacta aún está por determinar, los prestamistas tendrán que evaluar a todos sus clientes de préstamo basándose en los patrones establecidos por el comité de Basilea".


De esta manera los bancos se verán limitados a la hora de prestar dinero a personas, tanto físicas como jurídicas, y solo se permitirá el crédito a los prestatarios más fiables. Se pondrán límites unificados también al volumen total de los créditos concedidos en proporción con el balance acumulado. Estas restricciones propiciarán un crecimiento en el número de bancarrotas en todo el mundo. Los casos de insolvencia serán cada vez más tangibles, incluso antes de la aplicación obligatoria de las nuevas normas, pronostica


Entre otras consecuencias Langner destaca la necesidad de despedir a cientos de miles de empleados de la intermediación crediticia (solo en EE.UU. cerca de 2,6 millones de personas trabajan en este sector). Los despidos afectarán a más gente que durante los años 2006 y 2009, antes y durante la reciente crisis financiera mundial.


Serán las pequeñas y medianas empresas las que sufrirán más pérdidas y correrán el riesgo de perder por completo el acceso a los recursos crediticios. Basilea III estimula que los bancos cooperen solo con las multinacionales y otras empresas grandes con los negocios más asentados. Además, las nuevas normas internacionales de información financiera, que forman parte del conjunto de medidas, ponen en práctica la compensación temprana de las posibles pérdidas crediticias: un paso que puede aumentar por lo menos un tercio las inmovilizaciones en muchos bancos.

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Miércoles, 02 Marzo 2016 07:08

G-20: ¿estancamiento o crisis?

G-20: ¿estancamiento o crisis?

La cumbre financiera del G-20 que concluyó el sábado pasado dejó un mal sabor de boca. El cónclave reunió a los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G-20. Más allá del ceremonial, la junta puso a la vista dos cosas importantes: la falta de coordinación en materia de política macroeconómica y las dificultades por las que atraviesa la economía china.


El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó al G-20 comenzar a preparar un programa coordinado de estímulo para el crecimiento. Pero el secretario del Tesoro estadunidense Jack Lew respondió que no había necesidad de instrumentar un programa anti-crisis como en 2009 cuando el G-20 puso en marcha un programa coordinado de estímulos para evitar una depresión mundial. Tenemos mucha incertidumbre, dijo Lew, pero no una crisis. Eso es casi lo mismo que decían las autoridades monetarias en Estados Unidos a finales de 2007.


El ministro alemán de finanzas Wolfgang Schaeuble fue más claro e insistió que seguir hablando de más estímulos es una forma de distraer la atención sobre lo que realmente se necesita hacer. Como siempre, el alemán insistió en que lo que realmente urge es poner las cuentas macroeconómicas en orden. Es decir, lo que se necesita es más austeridad.


Todos sabemos que lo que suceda con la economía china tendrá enormes repercusiones a nivel mundial. El premier chino Li Keqiang hizo todo lo posible por mostrar una imagen de un gobierno que tiene pleno control de la situación económica. Pero lo cierto es que la evolución de la economía en China es uno de los más grandes focos de inquietud e incertidumbre para inversionistas en todo el mundo. Las medidas del banco central de los últimos meses buscaron quitar algo de presión a la gigantesca burbuja de endeudamiento que padece la economía china. Pero al final eso sólo llevó a mayores niveles de endeudamiento y terminó por hacer más frágil a todo el sistema financiero y bancario. El discurso de Li Keqiang no pudo contrarrestar los efectos del derrumbe del mercado de valores en China o las malas noticias sobre su desempeño reciente.


La economía china ocupa el primer lugar en niveles de endeudamiento (razón deuda contra ingreso) del sector financiero para el período 2007-2014. Pero también ocupa el tercer lugar en el mundo en endeudamiento del sector corporativo y cuarto en materia de endeudamiento de las familias. Como señala Amir Sufi de la Universidad de Chicago, los problemas de la economía china van mucho más allá del sector financiero pues ese país ha seguido el mismo sendero de todas las economías capitalistas que buscan asegurar crecimiento rápido: endeudamiento masivo para la construcción y para la compra de bienes de consumo duradero. Y ese proceso siempre culmina invariablemente con episodios crónicos de burbujas inflacionarias que al estallar conducen al estancamiento, tal y como se observa en el gigante asiático hoy.


Muchos piensan que Pekín tiene suficientes reservas en el banco central para enfrentar esta crisis. Y es cierto que China mantuvo durante años un superávit en la cuenta corriente de su balanza de pagos, lo que en teoría debería permitirle bastante más flexibilidad. Sin embargo, esas reservas se están evaporando a un ritmo impresionante (alrededor de 100 mil millones de dólares cada mes) y claramente los tres billones de dólares que hoy tiene el banco central no van a durar eternamente. De hecho el mercado financiero ya ha tomado nota del ritmo al que se están usando las reservas del banco central y eso no ha dejado de tener un impacto en términos de volatilidad.


Hay que observar que la coyuntura en China tiene parecidos con la situación en Japón a finales de los años ochenta. Este último también mantuvo un superávit en la cuenta corriente durante años y contaba con grandes reservas a finales de los ochenta pero eso no impidió las burbujas en los precios de bienes inmuebles y el sobreendeudamiento que condujo a veinte años de estancamiento. Hoy algunos datos sobre el desempeño de la economía china lo dicen todo. Por ejemplo, el crecimiento del consumo de energía eléctrica pasó de 25 a 15 por ciento entre 2010 y 2012, pero en 2015 ese crecimiento fue cero. Otro indicador alarmante es que el volumen de carga que se movió en la economía china en 2015 tuvo una caída de 11 por ciento. Si se suma a todo esto la cantidad de capacidad instalada ociosa en casi todas las ramas de la industria china, la idea de que el aterrizaje no va ser suave comienza a adquirir más credibilidad. El impacto en la economía global será desastroso.


Quizás China pueda mantener tasas de crecimiento mediocres en los próximos años. Pero una cosa es segura, el capitalismo en China está mutando hacia un sistema social que no se parece al de una economía capaz de elevar el nivel de vida de la mayor parte de la población.


La respuesta del FMI no se hizo esperar: al finalizar la reunión redujo su estimación para 2016 sobre el crecimiento de la economía global de 2.7 a 2.5 por ciento. Pero parece que los mercados no comparten el optimismo del FMI.


Twitter: @anadaloficial

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50 países pactan en secreto un tratado aún más antidemocrático y neoliberal que el TTIP

Wikileaks filtra el contenido de las negociaciones clandestinas entre medio centenar de gobiernos para establecer un acuerdo mundial secreto de comercio internacional de servicios que estará por encima de todas las regulaciones y normativas estatales y parlamentarias, en beneficio de las corporaciones


El secretista tratado de libre comercio TTIP entre EEUU y la UE parecía imbatible como Caballo de Troya de las multinacionales. Pero en realidad es casi una cortina de humo para tapar la verdadera alianza neoliberal planetaria: el Trade in Services Agreement (TiSA), un acuerdo todavía más antidemocrático de intercambio de servicios entre medio centenar de países, incluida España, que no sólo se está negociando en el más absoluto de los secretos sino que se pretende que siga clasificado, oculto al conocimiento público, durante otros cinco años cuando ya haya entrado en vigor y esté condicionando el 68,2% del comercio mundial de servicios. 

El nivel de encubrimiento con el que se elaboran los artículos y anexos del TiSA –que cubren todos los campos, desde telecomunicaciones y comercio electrónico hasta servicios financieros, seguros y transportes– es incluso superior al del Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA) entre Washington y sus socios asiáticos, para el que se prevén cuatro años de vigencia en la clandestinidad. Sin embargo, Público ha accedido –gracias a su colaboración con Wikileaks–, en exclusiva para España, a los documentos originales reservados de la negociación en curso, donde queda patente que se está construyendo un complejo entramado de normas y reglas diseñadas para evadir las regulaciones estatales y burlar los controles parlamentarios sobre el mercado global.

Los asociados periodísticos de Wikileaks que participan junto a Público en esta exclusiva mundial son: The Age (Australia), Süddeutsche Zeitung (Alemania), Kathimerini (Grecia), Kjarninn (Islandia), L'Espresso (Italia), La Jornada (México), Punto24 (Turquía), OWINFS (Estados Unidos) y Brecha (Uruguay).


Además, el TiSA es impulsado por los mismos gobiernos (EEUU y los de la UE) que impusieron el fallido modelo financiero desregulado de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y que provocaron la crisis financiera global de 2007-2008 (el crash del casino bursátil mundial simbolizado por el hundimiento de Lehman Brothers) que arrastró a las economías occidentales y todavía estamos pagando tras casi un decenio de austeridad empobrecedora, recortes sociales y rescates bancarios. Y lo que precisamente trata de imponer este nuevo pacto neoliberal mundial es la continuidad e intensificación de ese sistema, en beneficio desorbitado de las grandes compañías privadas transnacionales y atando las manos de gobiernos e instituciones públicas.

Esos objetivos son evidentes en la intención de mantener el tratado secreto durante años, puesto que así se impide que los gobiernos que lo ejecutan tengan que rendir cuentas ante sus parlamentos y ciudadanos. También es patente la intención fraudulenta de esa negociación clandestina por su descarada violación de la Convención de Viena sobre la Ley de Tratados, que requiere trabajos preparatorios y debates previos entre expertos y académicos, agencias no gubernamentales, partidos políticos y otros actores... algo a todo punto imposible cuando la elaboración de un acuerdo se efectúa en estricto secreto y a escondidas de la luz pública.

Por el momento, los gobiernos implicados en la negociación secreta del TiSA son: Australia, Canada, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Estados Unidos, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Suiza, Taiwán, Turquía y la Comisión Europea, en representación de los 28 países miembros de la UE, pese a ser un organismo no electo por sufragio universal. Además, entre los socios hay tres paraísos fiscales declarados, que participan activamente en la elaboración de los artículos, especialmente Suiza.


Los textos de la negociación secreta del TiSA que ahora desvela Wikileaks muestran que lo que se pretende es eliminar todos los controles y obstáculos para la liberalización global de los servicios financieros, suprimiendo todo límite a sus instituciones y cualquier restricción a sus productos innovadores, a pesar de que fueron precisamente esos inventos financieros, como los derivados o los CDS (credit default swaps) –auténticas apuestas sobre posibles quiebras–, los que generaron la burbuja bursátil mundial que al estallar en 2007-2008 destruyó los fundamentos económicos de las potencias occidentales y obligó al rescate de esas entidades con cientos de miles de millones en fondos públicos.

Hace un año, Wikileaks ya filtró una pequeña parte de la negociación del TiSA (el anexo referido a Servicios Financieros, a fecha 19 de junio de 2014), pero hasta hoy no se había tenido acceso a las actas de las negociaciones secretas sobre todos los aspectos que cubrirá el futuro acuerdo: Finanzas (lo acordado a 23 de febrero de 2015), Telecomunicaciones, Comercio Electrónico, Transporte Aéreo y Marítimo, Distribución y Envíos, Servicios Profesionales, Transparencia, Movimientos de Personas Físicas, Regulaciones Nacionales Internas, Servicios Postales Universales...

Público ha tenido incluso acceso a las notas internas sobre las negociaciones con Israel y Turquía para que se adhiriesen al tratado secreto, algo que en cambio se negó a China y Uruguay cuando lo solicitaron, probablemente temiendo que filtrarían los contenidos del pacto en cuanto comprendieran el alcance de lo que se pretende.

Es revelador el listado de las naciones latinoamericanas que participan en el TiSA, todas ellas fieles aliadas de EEUU como Colombia, México y Panamá (paraíso fiscal que es muy activo en la negociación), así como la exclusión no sólo de los países bolivarianos sino incluso de Brasil y otras potencias regionales de las que Washington no se fía. En realidad, todas las potencias emergentes del llamado BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica) han quedado apartadas del tratado secreto, precisamente porque serán las que más pierdan al aplicarse las condiciones pactadas.

No cabe duda de que se busca impedir el debate que reclamaron muchos países, sobre todo Ecuador, tras el crash financiero sobre las razones que lo provocaron y las soluciones para que no vuelva a producirse. EEUU, Canadá, Australia, Suiza y la UE se opusieron frontalmente incluso a las conclusiones de la Comisión Stiglitz de la ONU, en 2009, negándose a aceptar la evidente relación entre la desregulación bancaria/bursátil y la crisis, y en 2013 bloquearon todo intento de discutirlo en el seno de la OMC.


Entre lo más sarcástico del contenido del TiSA que ahora sale a la luz está la exigencia de transparencia total a las autoridades nacionales, que deberán anunciar de antemano y abrir a discusión previa todas las regulaciones y normativas que se dispongan a aplicar, asegurando así que las grandes corporaciones y los lobbies comerciales internacionales tengan tiempo y recursos para contrarrestar, modificar o incluso impedir esas decisiones soberanas en función de sus intereses.

Una imposición a los estamentos públicos que exigen los que no sólo pactan en secreto su propio modus operandi, sino que incluso pretenden que sus acuerdos ya en vigor permanezcan durante años como top secret, negando a los órganos de la soberanía popular hasta el conocimiento de las reglas que van a aplicar los gobiernos de cada país en sus relaciones internacionales.

En cambio, los acuerdos del TiSA –que se negocian al margen del Acuerdo General de Comercio en Servicios (GATS) y de la OMC– toman en cuenta todas y cada una de las exigencias de la industria financiera de Wall Street y la City londinense, así como los intereses de las grandes corporaciones multinacionales, para las que el tratado no sólo no es secreto sino su propio engendro. Como alertó hace meses la catedrática de Derecho de la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda), Jane Kelsey, "el mayor peligro es que el TiSA impedirá a los gobiernos fortalecer las reglas del sector financiero".

Diseñado en estrecha consulta con ese sector financiero mundial, el TiSA obligará a los gobiernos firmantes a apuntalar y ampliar la desregulación y liberalización bursátil causantes de la crisis; les quitará el derecho de mantener y controlar los datos financieros dentro de sus territorios; los forzará a aceptar derivados crediticios tóxicos; y los atará de manos si tratan de adoptar medidas para impedir o responder a otra recesión inducida por el neoliberalismo. Y todo ello será impuesto por unos acuerdos secretos, sin que la opinión pública se pueda enterar de los verdaderos motivos que arrastran su sociedad a la ruina.

A menos que los órganos de la soberanía popular impidan este golpe de Estado económico mundial.


El TiSA atará las manos de los Estados para impedirles regular el mercado de servicios


Los documentos filtrados por Wikileaks prueban que los 50 países firmantes quieren obligar a los gobiernos a dar explicaciones a las empresas, incluso cuando legislen por intereses sociales. El texto plantea imponer topes a la dureza de estas normativas, y este marco será de obligada aplicación a todos los niveles de la administración del Estado

ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL
@alopezdemiguel


MADRID.-Si América fue algún día la tierra de las oportunidades, los grandes tratados como el TiSA o el TTIP vienen a servir como escenario idílico para las multinacionales, como su propia tierra prometida. Los documentos del Trade in Services Agreement (TiSA) que hoy negocian 50 países con absoluta opacidad prueban que el acuerdo servirá para restar aún más poder normativo a los estados, en detrimento de las empresas prestadoras de servicios.

El documento reservado al que Público ha tenido acceso gracias a su colaboración con Wikileaks –en exclusiva en España- recoge los posicionamientos de los países que negocian este acuerdo y su intención de desarmar a los estados en lo que respecta a su capacidad reguladora. El texto que hoy está sobre la mesa establece que el tratado afectará a todos los niveles de regulación, de los gobiernos centrales a los ayuntamientos, pasando por las comunidades autónomas e incluso por los colegios profesionales.

De ser ratificado este texto, los gobiernos elegidos de forma democrática deberán avisar al resto de países firmantes y por ende a las multinacionales de las normativas que pretendan aprobar, siempre en aras de la "transparencia", según el documento. Esto permitirá a las empresas anticiparse a esos cambios normativos, y presionar directamente a los gobiernos pidiéndoles explicaciones que estos estarán obligados a facilitarles por escrito, influyendo así sobre su capacidad legislativa.


Son los estados los que estarán obligados a crear estos cauces de comunicación, y deberán responder a los requerimientos de las empresas "sin retrasos innecesarios", como reza el texto. El mismo documento que pretende obligar a los gobiernos a asegurar su "imparcialidad" a la hora de conceder licencias para prestar servicios a las empresas extranjeras, y que les conmina a seguir "criterios objetivos y transparentes", como "la capacidad" de prestar un servicio que pueda tener una empresa, dejando de lado otras razones sociales, medioambientales o culturales.

En este marco de pensamiento neoliberal, los ciudadanos son vistos como consumidores, y son las multinacionales las beneficiadas por un acuerdo que persigue incrementar sus beneficios, en detrimento también de los mercados locales.

Normativas "no más estrictas de lo necesario"

El documento, fechado en febrero de 2014 pero actualmente vigente, establece incluso límites poco claros a estas normativas. "No deben ser más estrictas de lo necesario [burdensome es el término original]". La interpretación de qué es realmente "necesario" queda de nuevo en mano de las empresas. Y el documento final podría beneficiarlas aún más.
Una de las propuestas de Estados Unidos y Australia deja la puerta abierta a que estados y empresas diriman sus diferencias a través de tribunales de arbitraje similares a los que utilizan las empresas cuando pueden agarrarse a un mecanismo de blindaje ISDS.

Esta cláusula de protección de multinacionales es precisamente la parte más polémica del tratado de libre comercio entre Washington y Bruselas, el apartado del TTIP más difícil de vender para la Comisión, la encargada de negociar en nombre de los 28 en ambos acuerdos.

La trampa del lenguaje

El documento está redactado en el lenguaje convenientemente ambiguo de otros textos del TiSA, y hace referencia a términos como "objetividad" o "transparencia", siempre desde la óptica de las empresas.

El análisis de otros documentos sobre el acuerdo demuestra que todos ellos han sido redactados desde la misma óptica neoliberal, y persiguen establecer el marco de desregulación que demandan las multinacionales. TiSA, TTIP, o TTP son sólo los nombres de algunos de estos mecanismos, pero la filosofía que los impulsa es la misma, y su objetivo es idéntico.

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Las motos también hacen parte del problema de movilidad en Colombia

En Colombia hay 4.600.000 carros y por las calles transitan 4.750.000 motocicletas, 420 de estas en Bogotá. El acceso a estos vehículo es tan fácil que ahora Colombia es el segundo país de la región, antecedido por Brasil, donde se venden más motos. Las motos son una alternativa y una oportunidad para que miles de desempleados rebusquen (mototaxismo) los pesos necesarios para vivir cada día, y como alternativa para evitar la incomodidad y altas tarifas del transporte público. Dos medidas recientes para controlarlas: prohibir su circulación por el centro de Valledupar y no poder transportarse en ellas el 5 de febrero, día sin caro y sin moto en Bogotá, tienen inconformes a los motorizados de todas las ciudades del país.

 

Desde hace 10 años se venden más motocicletas que carros en el país. Año tras año la compra de este tipo de vehículos aumenta con tal rapidez que ahora son parte del problema de movilidad de las principales capitales del país.

 

Para contrarrestar ese crecimiento, la alcaldía de Bogotá tomó recientemente la decisión de incluir a las motocicletas en el día sin carro, lo que ha provocado protestas por parte de los motorizados que por primera vez tendrán que ser regulados por esta clase de medidas en el país.

 

Por su parte, los conductores de estos vehículos afirman aceptar el día sin moto solo si se realiza en un día diferente al del carro. La medida, sin embargo, sigue vigente y este jueves cinco de febrero será por primera vez un día sin carro y sin moto en Bogotá.

 

En la capital de Colombia, son realizados a diario 411.095 viajes en motocicleta, de los cuales cerca de 50.000 se concentran en la hora pico entre las 5:30 am y las 6:30 am, por lo que la no utilización de este vehículo, por un día, reduciría una parte importante del tráfico que ahoga a esta ciudad.

 

Según el alcalde Petro los medios de trasporte alternativos, como la bicicleta, dispondrán para este jueves de 459,5 kilómetros de vías exclusivas para su circulación y se garantizará 67,5 kilómetros de ciclovía y 392 kilómetros de la red de ciclorrutas.

 

Además de esto, las motos vinculadas a empresas, las de organismos de seguridad del estado, las utilizadas para la atención de salud y todas aquellas que estén debidamente autorizadas e identificadas con logos o distintivos, no se incluirán en la medida. Lo que alivia a más del 40 por ciento de dueños de motos que la utilizan como su principal herramienta laboral.

 

"Es bueno que el propietario de moto también se suba a un bus, porque al final, la moto y el carro hacen el mismo efecto colateral dañino en la movilidad", aseguró el alcalde Gustavo Petro en Caracol Radio. Y no es para menos pues, según cifras reveladas en Rcn, hay más de una moto por cada carro en el país; "en Colombia hay 4.600.000 carros y por las calles transitan 4.750.000 motocicletas".

 

¿En qué momento las motos empezaron a hacer parte del problema ?

 

Según la revista Motor, Colombia ocupa el segundo lugar en América Latina, después de Brasil, en producción y venta de motocicletas.

 

Y la situación tiende a empeorar: se estima que en poco tiempo las motos triplicarán el número de autos particulares, y que en 2020 el número de esos aparatos de dos ruedas puede superar los 10 millones en las calles.

 

Este tipo de vehículos se ha vuelto el preferido para la clase baja y media colombiana, al ser de bajo costo y tener diversos beneficios de crédito. Sin embargo, su precio asequible está condicionado por su alto índice de accidentalidad ya que el 42 por ciento de accidentes de tránsito en Colombia son causados por una moto, según cifras del Fondo de Prevención Vial.

 

La moto como herramienta de rebusque

 

El crecimiento exponencial de las motocicletas en el país ha generado que empleos informales, como el mototaxismo, sean cada vez más comunes en diferentes ciudades colombianas.

 

Su uso es tal que algunas fuentes aseguran que en Valledupar más de la mitad de las motocicletas que circulan por sus calles están dedicadas a esta actividad. "De las 80.000 motocicletas que circulan en la ciudad, 45.000 se dedican a la actividad", aseguró el secretario de Tránsito, Óscar Tom, en el periódico 5to poder, del Cesar. Lo que evidencia, además, el alto índice de informalidad laboral que presenta esta ciudad.

 

El problema de esta actividad, según el alcalde de Valledupar, Fredys Socarrás, "es que el mototaxismo represente el 35 por ciento de muertes". Por lo que planteó el drástico decreto que prohíbe la circulación de motocicletas con parrilleros hombres mayores de 14 años y establece la restricción de motorizados en días hábiles de la semana, entre las 6 am y 7 pm, dentro de la zona delimitada por algunos corredores viales de sectores comerciales de Valledupar.

 

La medida, pretende acabar con el mototaxismo y regular la circulación de motocicletas, para incentivar el uso de transporte público en la ciudad. Lo que, evidentemente, tiene descontentos a el alto porcentaje de pobladores que viven de esta actividad.

 

Para Luis Pedraza, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT, la implementación de este decreto le parece una contradicción por la falta de alternativas laborales que tiene la población. "Es la ironía de la vida, porque mientras a los mototaxistas los consideran trabajadores permanentes y hacen parte de los análisis que hace el Dane para mostrar las cifras de empleo, por otra parte los persiguen, los consideran ilegales y les aplican medidas represivas para que no puedan ejercer un oficio que les está dando mínimas condiciones de subsistencia".

 

Estos dos casos, el de Valledupar y el de Bogotá, centran la atención en el hasta ahora ignorado crecimiento de las motocicletas en Colombia ¿Traerán estas medidas una ola de regulaciones para las motos en el resto del país? Lo cierto es que este jueves, en Bogotá se empezarán a ver los resultados de las nuevas iniciativas y podrá evidenciarse si realmente el transporte público está listo para transportar de manera adecuada, pronta y digna a este sector poblacional que andará por sus calles sin su tradicional moto.

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