Viernes, 07 Noviembre 2014 09:00

Dilma pidió regulación para los medios

Dilma pidió regulación para los medios

Además de dirigir una propuesta de diálogo a Aécio Neves –autoproclamado jefe del "ejército" opositor–, Dilma anticipó una eventual ley restrictiva de los "oligopolios" periodísticos y anunció medidas simpáticas para el mercado.


Desde Brasilia


Comenzó el segundo gobierno con dos meses de antelación. Dilma Rousseff inició de hecho su nuevo mandato, teniendo a Lula como ladero, con una propuesta de diálogo dirigida a Aécio Neves –autoproclamado jefe del "ejército" opositor–, además de anticipar una eventual ley restrictiva de los "oligopolios" periodísticos y anunciar medidas simpáticas para el mercado.


Sin citarlo por su nombre, Dilma recomendó a Neves moderar su prosa y allanarse a las reglas de la "democracia... ya que yo fui reelegida ante (una oposición que obtuvo) menos votos, así es la vida... hay que saber perder... esto no significa que vamos a construir un muro" frente a los adversarios.


Fue en respuesta a dos discursos de Neves, el último pronunciado el miércoles, en los que consideró remota la posibilidad de sentarse a la mesa con un gobierno al que prometió combatir de forma "vigorosa" por estar implicado en denuncias de "corrupción" y encarnar el "proyecto hegemónico del Partido de los Trabajadores" .
"Somos un gran ejército a favor de Brasil y estamos listos a ser la oposición que nos fue pedida por la opinión pública... y 51 millones de electores", dijo Neves, rodeado de señoras que fueron hasta el Congreso a saludarlo con consignas como "Aécio Presidente" e "Impeachment ya" contra Dilma.


Otras señoras, junto a sus esposos e hijos, habían marchado el sábado en San Pablo en respaldo a Neves y pidiendo un SOS a las fuerzas armadas para derrocar a la "dictadura del PT".


En esta atmósfera política enrarecida, con las principales cadenas informativas y dirigentes opositores convocando a una marcha contra el gobierno para el 15 de noviembre, Dilma se reunía ayer por la noche en Brasilia con miembros del PT mientras Lula había mantenido otro encuentro con miembros de esa agrupación, horas antes, en San Pablo.


El ex mandatario se ha sumado a esta transición hacia el 1º de enero, cuando formalmente comienza el segundo mandato dilmista, en lo que representa su regreso al primer plano de la política nacional, luego de cuatro años en los que evitó interferir en los asuntos de Estado, y cada vez que fue consultado por su heredera procuró moverse con discreción.


Ahora Lula y Dilma se muestran públicamente con más frecuencia, lo que, por otra parte, indica la vocación del líder petista de postularse para un nuevo mandato presidencial, que sería el quinto del PT, en 2018.


El caso es que ahora Dilma y Lula conforman una masa crítica de poder apreciable, con autoridad y liderazgo, requisitos necesarios para enfrentar los zarpazos mediáticos, financieros y partidarios y, al mismo tiempo, montar el próximo gabinete.


Maniobras desinformativas del grupo Globo, primer multimedios sudamericano, y especialmente de la revista Veja durante la campaña electoral, fueron definidas como "criminales" por altos funcionarios del gobierno y el PT, impulsor de una normativa para ese sector.


En su primer período de gobierno, la mandataria eludió tratar el tema sobre el que ayer se pronunció con bastante profundidad cuando se refirió a los "oligopolios y monopolios" desde los que se tutelan la producción y distribución de bienes informativos.


Durante una entrevista a diarios locales que será publicada por completo hoy, la jefa de Estado preguntó "por qué cualquier sector tiene regulación y los medios no pueden tenerla" y luego citó la "dura" legislación de medios británica y los delitos cometidos por el diario News of The World, del magnate Rupert Murdoch. Expresó su compromiso con la "libertad de expresión" y estimó que en 2015 se abrirá un debate acerca de la necesidad de avanzar sobre la democratización comunicacional.
Además reiteró que continuará luchando contra la inflación, para lo cual realizará "los deberes", como el "corte de gastos" públicos, y determinó el aumento del combustible, palabras seguramente gratas a los oídos del mercado, que presiona por un ajuste y el nombramiento de un ministro de Hacienda vinculado con la banca.


Dilma también se hizo un hueco en la agenda para hablar con el vicepresidente norteamericano Joe Biden, quien le habría propuesto realizar la visita a Washington suspendida en 2013 por el escándalo de espionaje de la agencia NSA.


Finalmente, la oficina de Prensa del Palacio, del Planalto anunció que hoy recibe a su colega uruguayo José Mujica, del Frente Amplio, un encuentro cuyo significado político parece obvio: transmitir un implícito apoyo del gobierno petista a la candidatura del frenteamplista Tabaré Vázquez, en el ballottage del 30 de noviembre ante Luiz Alberto Lacalle Pou, algo así como el Neves oriental.

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El francés Jean Tirole gana el Nobel de Economía

El francés Jean Tirole, de 61 años, ganó el Premio Nobel de Ciencias Económicas este año, por su explicación sobre cómo se comprenden y regulan los sectores en los que hay unas pocas empresas poderosas, anunció la Real Academia de Ciencias de Suecia.


Al utilizar una aproximación matemática denominada teoría de juegos, Tirole evaluó algunas cuestiones relacionadas con los monopolios, evitando el abuso del poder de mercado e incentivando la competencia entre los oligopolios más profundamente que ningún economista antes que él, afirmó la academia al dar a conocer su decisión.


La mayoría de sus investigaciones están enfocadas a cómo deberían los gobiernos lidiar con las fusiones o carteles y cómo regular los monopolios. Muchos sectores industriales están dominados por un pequeño número de grandes empresas o por un monopolio. Si no se regulan, esos mercados producen a menudo resultados indeseables, como precios más elevados que los generados por los costos, o empresas improductivas que sobreviven bloqueando el acceso de otras nuevas o más productivas, explicó el organismo.


Desde mediados de los años 80 y en adelante, Jean Tirole infundió nueva vida a las investigaciones sobre los fracasos de esos mercados. Su análisis de empresas con poder en el mercado proporciona una teoría unificada muy orientada a importantes cuestiones políticas: ¿cómo se deberían regular los monopolios?, agrega.

EU lidera premios


Estados Unidos, primera economía del mundo, lidera también en lo que a premios Nobel de Economía se refiere: del total de 74 premiados, más de 50 tenían nacionalidad estadunidense. De ahí que haya sorprendido que este año el galardón sea en solitario para un francés, el profesor Jean Tirole. Sin ir más lejos, en 2013 los elegidos fueron los estadunidenses Eugene F. Fama y Lars Peter Hansen, de la Universidad de Chicago, y Robert J. Schiller, de la Universidad Yale.

Desde la creación del Nobel de Ciencias Económicas, en 1969, sólo tres veces ha ido a parar a Francia, contando con Tirole, y una única vez a Alemania, para el teórico de juegos Reinhard Selten (1994). Pero todos tuvieron que compartirlo con investigadores estadunidenses.


Al contrario que el resto de los premios Nobel, el de Ciencias Económicas no figuraba en el testamento del fundador de los mismos, Alfred Nobel. Fue entregado por primera vez en 1969.


El Nobel de Economía está dotado con ocho millones de coronas suecas (1.1 millones de dólares/878 mil euros) y se entregará el próximo 10 de diciembre en Estocolmo. Es el último de los premios Nobel cuyo ganador se dio a conocer, después de los de medicina, física, química, literatura y el Nobel de la paz.


Tirole ha dirigido sus investigaciones al estudio de fenómenos como los crashes financieros y el estallido de las burbujas económicas. Es autor de más de 150 artículos y de varios libros de referencia internacional, tanto en el ámbito académico como en el de la administración. Tirole nació en 1953 en la localidad francesa de Troyes y es doctor por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés). Actualmente es director científico del Instituto de Economía Industrial (Idei) de la Facultad de Económicas de la Universidad Toulouse 1 Capitole.


El economista Philippe Aghion, profesor de la Universidad Harvard, dijo el lunes a la televisora francesa BFM TV que el trabajo de Tirole es especialmente útil para los gobiernos cuando buscan determinar la mejor manera de regular ciertos sectores, en particular los bancos después de la crisis financiera mundial de 2008 Tirole está a la vanguardia en este terreno, menciono Aghion.

Durante una entrevista en 2012, Tirole dijo a la revista financiera Les Echos que la crisis financiera de 2008 se debió principalmente a la insuficiencia de regulación.

La visión según la cual los economistas tienen una confianza ilimitada en la eficiencia de los mercados está 30 años detrás de los tiempos, concluyó.

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La UE y EEUU se oponen al proyecto de la ONU para obligar a las multinacionales a respetar los derechos humanos

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha aprobado esta semana un resolución histórica, que abre el camino para poder vigilar de cerca el cumplimiento de los derechos humanos por parte de las multinacionales a lo largo y ancho del planeta; un terreno hasta ahora inexplorado a estos niveles, y una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que ha supuesto una inyección de optimismo en las organizaciones y colectivos que luchan por estas causas.


"Ha sido una gran victoria", reconoce a Público Diana Aguiar, investigadora del Transnational Institute, una de las organizaciones que han presionado para lograr la aprobación de esta resolución. Con 20 votos a favor, 14 en contra (entre ellos los de la UE y EEUU) y 13 abstenciones, la ONU se ha comprometido este jueves en Ginebra a formar un grupo de trabajo con los gobiernos de distintas naciones para crear un marco legal, un tratado que comprometa de forma efectiva a los estados a supervisar el cumplimiento de los derechos humanos.


"La idea es crear un tratado vinculante para todas las multinacionales, para que no puedan incumplir derechos humanos en los países que lo ratifiquen. Lo que empieza ahora es la negociación del trabajo, pero esto no tiene antecedentes. Antes solo había normas para la protección de los intereses de los inversionistas, como los tratados de libre comercio, pero no había hasta hoy ningún tipo de norma vinculante en el derecho internacional que señalara a las multinacionales como culpables. Hay muchos casos en los que se ha intentado acceder a justicias nacionales [para enfrentarse a las empresas], pero por limitaciones diversas no se ha logrado, y este mecanismo cambia la distribución de fuerzas", asegura0.


"A partir de 2015 tendrán dos años para ponerlo en práctica", explica a este medio Tom Kucharz, portavoz de Ecologistas en Acción, otra de las organizaciones que han celebrado la resolución de Naciones Unidas, que previsiblemente logrará la aprobación de un tratado que ratificarán "los países que lo deseen, aunque la voluntad sea que lo ratifiquen todos", como asegura el activista.


"Ha quedado claro que los crímenes de lesa humanidad cometidos por empresas transnacionales, y los que se siguen cometiendo en la actualidad, no pueden continuar y no pueden quedar impunes. Es una demanda de las víctimas de estas violaciones de los derechos humanos, y de gran parte de las organizaciones y movimientos sociales del mundo", explica.


Preguntada por un ejemplo de los derechos por cuyo cumplimiento velará este mecanismo, Aguiar confirma que permitirá garantizar condiciones de trabajo dignas, contribuyendo a igualar las que afrontan los trabajadores de la India o de Bangladesh con las de los asalariados en estados de occidente -mientras estos países firmen-, pero también servirá para luchar contra la contaminación de suelos y ríos, o la persecución de defensores de derechos humanos. "Las empresas persiguen a quienes trabajan por los derechos humanos, muchas veces con la connivencia de los Estados", asegura.


Entre los países que han votado a favor están China, Rusia, Cuba, India, o Venezuela, mientras que entre los que han cargado contra la resolución figuran Alemania, Francia, Italia o Reino Unido; algunas de las grandes potencias de la UE, acompañadas por EEUU. Algo que, en palabras de Kucharz, "evidencia qué países defienden al gran capital, a la banca y a las grandes compañías multinacionales, como la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, y quienes defienden a las víctimas de los abusos de las grandes empresas, como los veinte países que han votado a favor de la resolución".


Aguiar coincide con la lectura de Kucharz: "Los países que acogen a las mayores empresas internacionales no lo han firmado; defienden los derechos de las empresas y no de los ciudadanos, es absurdo. Es el resultado de cuarenta años de políticas neoliberales", defiende, poniendo como ejemplo las palabras de una de las mandatarias presentes en la votación. "La representante de Reino Unido ha criticado que esta resolución puede restar valor a los inversionistas para ir a países del sur; está diciendo abiertamente que es más importante la inversión que los derechos humanos ", afirma.


"La intervención de la UE ha sido lamentable", añade Kucharz. "La Unión Europea y Estados Unidos apoyan a las grandes corporaciones por encima de su obligación de velar por el cumplimientos de los derechos humanos. Con su rechazo a la resolución, no sólo han mostrado su desprecio por las leyes internacionales de Derechos Humanos, sino que además han convertido a los gobiernos en cómplice de las graves violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales", esgrime.


El portavoz de Ecologistas en Acción y la investigadora del Transnational Institute participan en la campaña global para desmantelar el poder corporativo -Stop Corporate Impunity- que lleva meses haciendo presión política para influir en la decisión de Naciones Unidas. En total, más de 610 organizaciones de 95 países han exigido a la ONU la aprobación de la resolución presentada por Ecuador y Sudáfrica, que abre nuevos caminos para su causa.


Victoria parcial


"El resultado del grupo de trabajo intergubernamental dependerá de la continuidad de las movilizaciones de la sociedad civil; esta votación ha sido sólo la victoria de una batalla parcial, nos queda mucho camino por delante para erradicar los crímenes de las multinacionales y la impunidad", asegura Kucharz.


Preguntada por ejemplos que evidencien los efectos del nuevo mecanismo de la ONU, Aguiar responde que dependerán del contenido de tratado. "Lo que hay de mínimo es que ha habido un cambio cultural; lo que ha pasado en la ONU especialmente en los últimos 20 años cambia, ya ha habido una derrota, hay gobiernos que han presionado. Empieza el desmantelamiento de la idea de que las empresas deben ser defendidas de los gobiernos. En el caso de la Chevron [petrolera en disputa con el Estado de Ecuador], las víctimas han ganado el caso, pero antes de que ganaran Chevron sacó sus activos del país, la justicia se quedó sin poder expropiar para pagar a las víctimas. Si esto se aprueba, cualquier otro país en el que tuviese peso podría expropiar parte de sus recursos, es una de nuestras peticiones", añade.


También coincide con su compañero de Ecologistas en Acción en que habrá que presionar para que los países ratifiquen el futuro tratado. "La UE se ha negado, pero vamos a presionar. ¿Cómo puede Bruselas decir que está a favor de los derechos humanos y no apoyar algo que va a regular la actividad de las empresas? ¿Cómo decir que un país como España, que compra ropa fabricada en Bangladesh [en mención al mortal derrumbe en una industria textil el pasado año] no va a participar en un proceso que regule las operaciones de una empresa internacional?
En esta línea, añade Kucharz, durante la semana varios movimientos y organizaciones sociales, así como comunidades afectadas por crímenes sociales y ambientales, han presentado en una audiencia especial del Tribunal Permanente de los Pueblos en Ginebra 12 casos de violaciones sistemáticas de los derechos humanos por multinacionales. Entre ellos, los de las petroleras Chevron-Texaco en Ecuador y Shell en Nigeria, la israelí Mekorot en Palestina, la minera suiza-inglesa Glencore Xstrata en 7 países, Lonmine en Sudáfrica o Coca Cola en Colombia, o el de la empresa española Hidralia en Guatemala.


"Lo que tuvimos ayer [por el jueves] fue una gran victoria", esgrime Aguiar. "Ahora se abren caminos en los que los defensores de derechos humanos tenemos que presionar, lo que pase dependerá en gran medida de nuestro capacidad para ello", zanja.


Potencias de la UE contra la resolución

El Consejo de Derechos Humanos es el organismo intergubernamental de la ONU encargado de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo. Está compuesto por 47 miembros de Naciones Unidas, elegidos por la Asamblea General, y España no está entre ellos. Así han votado los distintos estados la resolución de este jueves:


A favor: Argelia, Benín, Burkina Faso, China, Congo, Cuba, Etiopía, India, Indonesia, Costa de Marfil, Kazajistán, Kenia, Marruecos, Namibia, Pakistán, Filipinas, Rusia, Sudáfrica y Venezuela.


En contra: Austria, República Checa, Estonia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Japón, Macedonia, Montenegro, Corea del Sur, Rumania, Reino Unido, Estados Unidos.


Abstenciones: Argentina, Botswana, Brasil, Chile, Costa Rica, Gabón, Kuwait, Maldivas, México, Perú, Arabia Saudí, Sierra Leona y Emiratos Árabes Unidos.

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Domingo, 28 Octubre 2012 06:04

Calificadoras descalificadas

Calificadoras descalificadas

Las calificadoras de riesgo son empresas que sigue operando en el mercado pese a protagonizar fiascos estruendosos. Pueden hacerlo porque son funcionales al mantenimiento de la hegemonía de las finanzas globales. Si no fuera porque su institucionalidad es preservada por el poder económico, sus reportes y notas a bonos de deuda de empresas y de países serían el hazmerreír por falta de rigurosidad técnica y disparates analíticos. Líderes políticos de potencias reunidos en el G-20 son cómplices del fraude de las calificadoras al no animarse a borrarlas del escenario de la estructura financiera internacional. Y no lo hacen pese a que esas compañías boicotean cada rescate de economía en crisis, paquetes financieros negociados con mucha dificultad que al otro día de anunciados son recibidos por esas agencias con una rebaja en la calificación de la deuda de esos países. Quien aplicó precisión quirúrgica para observar la tarea de las calificadoras fue el Premio Nobel de Economía Paul Krugman. En una columna publicada en The New York Times, el 21 de abril de 2010, afirmó que para muchos puede ser “reconfortante pretender que la crisis financiera fue causada solamente por errores honestos. Pero no fue así. Fue, en gran parte, el resultado de un sistema corrupto. Y las calificadoras de riesgo fueron una gran parte de esa corrupción”.

 

En el proyecto de reforma del mercado de capitales presentado hace pocos días, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se animó a proponer la regulación del accionar de las calificadoras. El negocio de esas empresas opera en un oligopolio en manos de Moody’s, Fitch y Standard and Poor’s. La iniciativa jerarquiza el rol de la Comisión Nacional de Valores en el mercado de capitales, y en ese tema en particular queda facultada a autorizar nuevas entidades de calificación, además de asumir la tarea del seguimiento de su funcionamiento y de aplicar sanciones a esas firmas. El objetivo es abrir el mercado para que universidades, colegios profesionales y consultoras estén en condiciones de participar en el trabajo de evaluación de riesgos de títulos de deuda pública y privada. Notas, con sus respectivos informes, que serían de libre acceso para los inversores.

 

Investigaciones de comités especiales del Senado de Estados Unidos, de la Securities and Exchange Commision (SEC, ente de regulación del mercado de capitales estadounidense) y una reciente del Banco Central Europeo cuestionan en duros términos a las calificadoras de riesgo.

 

El documento Summary report of issues identified in the comisión staff’s examinations of select credit rating agencies de la SEC data de 2010 y estuvo motivado por el comportamiento de esas agencias en la crisis generada por los créditos hipotecarios subprime. El saldo de esa evaluación es lapidario respecto de la consistencia, rigurosidad y profesionalidad para definir las notas en el ranking de riesgo crediticio. Describe con meticulosidad la poca seriedad del trabajo de las calificadoras, desde aspectos significativos del proceso de evaluación que no están publicados hasta la identificación de conflictos de intereses entre su cuerpo gerencial con las empresas y bancos a examinar.

 

La labor de la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera (FCIC, por sus siglas en inglés), creada por el gobierno de Estados Unidos y el Senado, también expuso el fraude de las calificadoras de riesgo. En una de sus sesiones, tres ex analistas de Moody’s admitieron haber sido presionados por las máximas autoridades de la firma para mejorar la nota de ciertos productos financieros en beneficio de sus emisores, que son los que pagaban por los servicios. La evaluación de la Comisión ofreció un dato demoledor para las calificadoras: más de 9000 títulos de deuda con garantía de las hipotecas subprime que recibieron la máxima calificación AAA por parte de las tres más grandes firmas terminaron degradados a la categoría de basura.

 

Las calificadoras comenzaron como firmas investigadoras de mercado para que los inversores estudiaran la posibilidad de comprar bonos de deuda de empresas. La tarea se transformó y empezaron a ser contratadas por firmas y bancos para recibir el sello de aprobación. Esa nota pasó a ocupar un papel central en el sistema financiero global, especialmente para los grandes fondos de inversión institucionales, como los de pensiones, que comprarían los bonos de empresas si y sólo si recibieran la codiciada calificación AAA. Esta condición precipitó un enorme conflicto de interés. Bancos y empresas que colocaban deuda podían elegir entre las principales calificadoras para obtener la triple A. Entonces, las agencias aceptaban las condiciones del emisor para incrementar su propia facturación, relajando las normas de evaluación. Así concedieron riesgo casi nulo, por ejemplo, a bonos de activos hipotecarios subprime o a la deuda de Grecia, Irlanda o España.

 

El conflicto de intereses de empresas y bancos que contrataban a las calificadoras de sus propios títulos de deuda también fue observado en un reciente documento del Banco Central Europeo. El working papers

 

N0 1484/october 2012 Bank ratings: what determines their quality? destaca que las calificadoras otorgaron notas “más positivas a los grandes bancos con más probabilidades de proporcionar negocios adicionales”. A esa conclusión arribaron luego de estudiar una muestra de casi 40.000 casos de calificaciones a bancos de Estados Unidos y Europa en más de veinte años realizadas por Moody’s, Fitch y Standard and Poor’s. El sesgo al “error” no es explicado por deficiencias en la metodología de evaluación de riesgos, sino en el conflicto de intereses entre la calificadora y los grandes bancos, que por tamaño y poder económico definía una mejor nota. El informe avanza sobre el fraude analítico de las calificadoras y apunta sobre sus consecuencias en la competencia interbancaria. La mejor calificación fruto de ese conflicto de intereses terminó distorsionando los costos de financiamiento de los bancos grandes, a su favor, facilitando la concentración del mercado. Terminó reforzándose así la trampa regulatoria en que caen las bancas centrales al enfrentarse con el postulado “bancos demasiado grandes para dejarlos quebrar”.

 

La investigación del Banco Central Europeo sugiere que “a la luz de las deficiencias en el actual proceso de calificación, el sector público debe fomentar fuentes alternativas de información de calificación crediticia”. Señala la existencia de estudios académicos que muestran que se pueden producir informes de evaluación crediticia igual o mejores a los de las calificadoras “casi sin ningún costo, utilizando sólo la información que es pública”. La recomendación final es “crear un entorno de información completamente nueva para el análisis del crédito, con una mejor información pública, que sería la mejor estrategia para reducir el poder y la influencia exorbitante de agencias de calificación en el actual sistema financiero”.

 

Es lo que mismo que promueve la reforma del mercado de capitales argentinos, sólo que aquí se avanza en un proyecto de ley para alterar el perverso funcionamiento de las calificadoras de riesgo mientras que en Estados Unidos y Europa sólo se quedan en el diagnóstico de la queja.


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Jueves, 14 Junio 2012 18:20

Brasil: Reglamente, Dilma!

Brasil: Reglamente, Dilma!
ALAI AMLATINA, 14/06/2012.- Reglamentar es lo mismo que regular, verbo de origen latino que significa establecer reglas para; establecer orden; acertar, ajustar. Uno de los roles fundamentales del Estado es justamente “establecer reglas” –políticas públicas– relativas a los diferentes sectores de actividad existentes en una sociedad para servir al interés colectivo.

En las últimas décadas, actores sociales poderosos consiguieron hacer preponderante, en todo el planeta, la perspectiva política que postula límites estrictos al papel regulador del Estado. Es el llamado “Estado mínimo” del ideario neoliberal. Los resultados desastrosos de esa política se hicieron evidentes, a partir de 2008, con la crisis global de los mercados financieros. Y sus consecuencias siguen provocando estragos enormes alrededor del mundo.

Es interesante anotar, sin embargo, que, aún en una época en que dominó la perspectiva neoliberal, una actividad fue y continúa siendo objeto de regulación del Estado: las comunicaciones, que comprende a los antiguos sectores de telecomunicaciones y radiodifusión y el nuevo espacio de las TICs, las tecnologías de información y comunicación.

No sólo en nuestros vecinos como Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Uruguay, sino también en Inglaterra se desarrolla un intenso debate sobre regulación y autorregulación, ejemplos elocuentes por sí mismos.

Son muchas las razones que justifican el imperioso papel regulador del Estado en las comunicaciones. La más evidente (ciertamente) es la revolución digital en la cual se encuentra inmerso el sector, que disolvió las fronteras entre las telecomunicaciones (telefonía, transmisión de imágenes y datos), la comunicación social (radio, televisión) y las TICs. Ese tsunami tecnológico provoca enormes resonancias en el conjunto de la sociedad, desde la transformación radical de los modelos de negocio hasta la reinvención de la sociabilidad humana, que ahora se expande viralmente por las redes sociales.

Una razón tal vez menos evidente al sentido común, sin embargo, es la centralidad cada vez mayor de las comunicaciones en las democracias contemporáneas. La universalización de la libertad de expresión adquiere un carácter fundante para la construcción de la ciudadanía activa y republicana.

En Brasil, incluso actores históricamente opuestos a cualquier cambio en el status quo del sector de comunicaciones dan señales públicas de finalmente reconocer que algún tipo de regulación del Estado se hace inevitable e impostergable.

Para señalar tan sólo los ejemplos más elocuentes: la principal referencia legal para la radiodifusión, el Código Brasileño de Telecomunicaciones (Ley nº 4.117/1962), cumple cincuenta años (!) el próximo mes de agosto. La Ley General de Telecomunicaciones (nº 9.472/1997), a pesar de ser relativamente reciente, entre otras cuestiones ya nació desfasada al separar telecomunicaciones y radiodifusión. Y las normas y principios de la Constitución de 1988 –que, por primera vez, introdujo un capítulo específico sobre la Comunicación Social– en su mayoría no fueron reglamentados, y por lo tanto no se cumplen. Peor aún, el artículo 224 que instituye el Consejo de Comunicaciones Social, a pesar de estar reglamentado, viene siendo incumplido por el Congreso Nacional desde diciembre de 2006.

Pero no se trata sólo de una cuestión legal. Reglamentar las comunicaciones implica para el Estado cumplir con su rol de garantizar la universalización de la libertad de expresión, asegurar mayor diversidad y pluralidad de voces en el debate público y posibilitar la construcción ciudadana de una opinión pública republicana y democrática.

La realización de la primera Conferencia Nacional de Comunicación en diciembre de 2009, a pesar de que fue boicoteada por los empresarios de la comunicación, colocó el tema de la regulación en la agenda pública. En los últimos meses, a pesar de la omisión deliberada y de la satanización liberal que la gran media aún hace del tema, es innegable que existe una creciente movilización de partidos políticos y de la sociedad civil organizada en torno a la necesidad de la regulación de las comunicaciones.

Por todo eso, por la consolidación de una democracia republicana, y en nombre de la mayoría indiscutible del apoyo popular que su mandato ha recibido: reglamente, Dilma! (Traducción: ALAI)

Por Venício A. de Lima, periodista, profesor jubilado de la Universidad de Brasília y autor de “Política de Comunicaciones: un balance de los Gobiernos Lula (2003-2010”, Editora Publisher Brasil, 2012, entre otros libros. http://www.teoriaedebate.org.br/colunas/midia/regulamenta-dilma
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Sábado, 10 Octubre 2009 08:43

“No se debe volver al neoliberalismo”

“El neoliberalismo es una visión del mundo fracasada”, sentenció Amit Bhaduri, uno de los economistas heterodoxos más reconocidos del mundo. El especialista en crecimiento nació en la India y estudió en la Universidad de Cambridge. Bhaduri es un crítico de las políticas neoliberales de reformas estructurales y las asimetrías generadas por la globalización. Su preocupación está puesta en la importancia del mercado doméstico y el rol central del Estado para alcanzar el pleno empleo: “El crecimiento debe estar guiado por la demanda doméstica con suficiente espacio para que la acción pública logre y mantenga una tasa de empleo elevada”, explica. Bhaduri, que ahora se encuentra en Buenos Aires invitado por el Cefid-ar para dar una serie de conferencias, conversó con Página/12.

–Desde el establishment financiero internacional se asegura que la crisis ya terminó y que las economías avanzadas están volviendo a crecer, pero el de-sempleo sigue en ascenso a escala global. ¿Cómo se explica?

–Eso se debe a la forma en la que se crea el crecimiento. Se tiene que pensar en una estrategia donde el crecimiento sea una consecuencia del empleo y no al revés. El foco del Estado tiene que estar puesto en la creación de puestos de trabajo para los más pobres. En los últimos años, ningún gobierno de ningún país llevó adelante este tipo de medidas. En países como China, India, Brasil y Argentina, el crecimiento tiene que estar guiado por la expansión del mercado doméstico. Se tienen que encarar políticas distributivas más profundas y hay que crear riqueza desde el fondo de la pirámide y en forma descentralizada. Es indispensable que el Estado asegure un elevado nivel de empleo.

–¿Cómo se logra ese crecimiento del mercado doméstico?

–Existen dos formas que desarrollamos con Stephen Marglin. La forma capitalista y regresiva de impulsar el mercado doméstico es permitiendo que el crecimiento esté guiado por una expansión en las ganancias y la inversión. En la otra forma, cooperativa y progresiva, el crecimiento está tirado por aumentos en los salarios reales de los trabajadores y mejoras en la distribución del ingreso que debe ser acompañado por incrementos en la productividad. Ambos modelos impulsan el crecimiento, pero la primera depende más del mercado externo. En cambio, en el impulsado por salarios se tiene más control sobre las decisiones de política sin necesidad de preocuparse por si la inversión extranjera entra o sale, o crear un clima de inversión propicio para atraer a las grandes corporaciones multinacionales.

–Precisamente en Argentina existe una fuerte presión para que el Gobierno vuelva al mercado de crédito internacional y normalice sus relaciones con el Fondo Monetario Internacional.


–Esa suele ser la posición de los economistas neoliberales. Ellos tienen que decir esas cosas, pero la suya es una visión del mundo fracasada. Sus teorías sobre la eficiencia de los mercados financiero son las que nos llevaron a la crisis, no hay que seguir escuchándolos. Ninguna de sus propuestas funciona a menos que haya pleno empleo. Antes de pensar en aplicar las políticas neoliberales, hay que ser keynesianos. No se debe regresar a las viejas reformas liberalizadoras del mercado de trabajo y el financiero. En India sucede algo parecido, aunque no al extremo de Argentina en 1991-1992.

–¿Cuál es el rol de los medios de comunicación en el proceso de globalización?

–Los medios se han encargado de difundir y moldear una especie de cultura popular en política económica, una “cultura adoradora del mercado”. Los medios presionan para que los gobiernos se comporten de acuerdo con las políticas económicas aceptadas y para que no se impulsen políticas de pleno empleo. En ese marco los gobiernos muchas veces prefieren no ir contra la corriente, olvidarse de la búsqueda del pleno empleo, y terminan adoptando la filosofía del mercado. Los gobiernos tienen la obligación de mostrar resultados, en cambio el mercado es como un dictador que puede continuar prometiendo sin cumplir.

Por Tomás Lukin
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Viernes, 11 Septiembre 2009 06:35

La ley y la lengua

Los actos públicos de comunicación son legislables porque deben ser democráticos. Y la democracia, para que no sea meramente proclamada... ¿dónde debe estar en materia de medios de comunicación? Debe estar en la propiedad pluralizada de los medios, en la conciencia audiovisual soberana, en las instituciones autónomas cuya lógica no sea homologable con la reproducción de las más groseras mercancías mediáticas. ¡Pero también debe estar en el habla y en la lengua! No se trata de ser democráticos como si nos persignáramos con palabras obligatorias frente a una teoría política. Pero digamos que la democracia en su extremo más significativo de expresión, es un determinado uso de las palabras. En ese sentido, ¿la lengua común, entendida también como medio de comunicación, es legislable? No lo es. Es lo no legislable por excelencia. ¿Y entonces qué? Ya Sarmiento rechazaba en sus famosos debates chilenos a los “senadores de la lengua”. Combatiendo a los legisladores palaciegos de la gramática, prefería que en el propio juego del hablante se removieran los obstáculos de la lengua. Para confirmarlo, llamaba a una reforma lingüística que fuera la base viva de la creación de nuevos estados. ¿Era posible?

La deficiencia del planteo del joven Sarmiento provenía del hecho de que desmontaba los focos rígidos del lenguaje para facilitar una expansión “americanista” de la lengua, pero siguiendo la ruta de las fuerzas económicas más ostensibles. He allí un problema y no es nada diferente al que va a atravesar a la absorta y desatenta sociedad argentina de ahora en más. Hay sin duda una “economía lingüística”, que puso y pone la lengua como insumo del proyecto económico de los grandes conglomerados mediáticos. Contra esto, el proyecto comunicacional de una sociedad emancipada no debe ser el del disciplinamiento de los grandes núcleos de población que consumirían tanto productos lingüísticos y publicitarios como amaestramiento social. Ejemplificando con la misma cuestión histórica a la que nos referimos y hablando con una crasa terminología actual, diríamos que la reforma ortográfica de Sarmiento estaba demasiado “pegada” a las fuerzas del mercado.

En cambio, no lo estaba la del venezolano Andrés Bello, que con su gran Gramática para americanos de 1847 demostraba la superioridad del mundo cultural clasicista que surgía indirectamente, pero muy potente, de un bolivarismo originario. Los temas de esta querella que sacudió al siglo XIX, sin los cuales no puede redefinirse la vitalidad de ningún conglomerado humano, han vuelto a solicitar atención a propósito del combate parlamentario por la ley de servicios audiovisuales, nombre que no hace entera justicia a la urdimbre cultural y lingüística que atraviesa su real circunstancia. Pero eso es lo de menos: ese debate, además de su arrasadora “virtú” democrática, puede entenderse como un gran torneo sobre el destino de la lengua social, pública e incluso íntima. Y también como un acto de reflexión inusitado sobre la relación de las tecnologías con el tesoro indelegable de todo ser vivo, cual es su lenguaje y su intuición artística. Por supuesto, nada de esto está en la primera fila de la decisiva conflagración sobre la redistribución de la administración social de los medios. Sin embargo, al surgir de inmediato el tema de la desmonopolización del don comunicacional colectivo, decisivas fuerzas culturales se liberarían implícitamente de sus cautiverios de expresión, escritura y lenguaje.

Simultáneamente se presenta la urgente cuestión de los nuevos ideogramas de la “era de los medios”: estamos ante el gran llamado de las tecnologías. El contenido pluralista de la ley comunicacional ha escuchado con entusiasmo este llamado y esto introducirá nuevas discusiones, no desconocidas entre nosotros, pero que exigirán atrevidos argumentos. Se ha formulado, tácitamente, una amplia alianza de cuño actualizador entre nuevas simbologías tecnológicas y una perspectiva entusiasta de democracia activa. La paradoja es que estas consignas modernizantes antes en manos de las derechas costumbristas, en la controversia argentina son presentadas ahora con atisbos de refundación de una cultura crítica. Entonces es necesario que estas fuerzas desvíen al poder tecnológico de su natural destino de trivialización de lo humano, revelando su latente nervio democrático y constructivo. En esta materia, como dijo el gran Simón Rodríguez, “o inventamos o erramos”. ¿Está maduro el Parlamento para tratar esta ardua cuestión? Sería inconveniente postular una desmonopolización que cambie los “idola” de la tribu conocida por otros poderosos conglomerados tecnoempresariales de la fábrica de sentido común universal.

Pero toda la sociedad debe prepararse –y ése será el sentido primigenio de la ley de medios– para rehacer con sentido emancipador las alianzas de época entre las tecnologías del logos comunicacional y las nuevas aptitudes de la democracia y la cultura crítica. Será nuestro “angelus novus”. Para eso, es necesario pensar las tecnologías sin su coraza de dominio muchas veces obtuso, y como en los juegos dialécticos de épocas más filosóficas que la nuestra, poner sobre sus pies al señorío técnico y extraer de él su medalla oculta pero persistente: la reforma emancipada de la lengua, el sentido liberador de los símbolos y la fruición del arte, en cuya remota madeja se halla el concepto de tekné. Estamos ante la inminencia de dar un gran salto frente al legado histórico común. Pero por eso mismo las acechanzas y confusiones son tan grandes, al punto de que todo pende de un hilo. Pero no nos quejemos de este momento de singular trascendencia, trabajemos en él con preocupación pero con dicha.

El país estará a las puertas de un cambio trascendental en materia de tecnología, si las fuerzas de la cultura crítica que apoyan la nueva ley –cuyo tema es la productividad audiovisual colectiva– se lanzan a trazar un horizonte tecnopolítico que conserve su halo universal, pero no lo sirva en bandeja a las interpretaciones más toscas de la globalización compulsiva, al fetichismo empresarial, al arrasamiento del pensar exigente y a la ausencia de pensamiento sobre el estado de la naturaleza amenazada. La nueva ley de medios se situará en el mundo de las ciencias de la cultura, pero en un momento en que este reino a ser preservado no desea ni mantiene separaciones sustantivas respecto de tecnologías que parecen haberse despreocupado de las verdaderas herramientas civilizatorias, esto es, el trabajo humano respetuoso de su dialéctica con la naturaleza. Se dirá que nuestros diputados y senadores no tienen estos temas sobre sus pupitres. Lo tienen, lo sepan o no. Todo lo cual propone con mayor dramatismo aún la cuestión del idioma y el lenguaje general de la época, público y privado. No hay tekné si la lengua usual no nos permite tratar el concepto a través de su remoto anudamiento de ciencia, arte y lenguaje.

Es que las tecnologías son gramáticas, lenguajes, como ellas mismas lo dicen y como bien lo saben las empresas del “triple play”. O más propiamente, ellas “están estructuradas como un lenguaje”. Por lo tanto, se presentará en la sociedad argentina, más pronto que demorada, una desafiante perspectiva de comprensión sobre los usos colectivos de la lengua, rescatados de una erosión que los convierte en mera mascota técnica, al tiempo que las tecnologías podrán presentar su ejercicio de autorreflexión frente a la conciencia dramática de la lengua como origen y sentido de cualquier trato simbólico, material y técnico. Esto es así porque estamos hablando de medios de comunicación, es decir, no de un espejo social sino de los actos donde una sociedad escucha sus propios trances de conocimiento y disposición artística, a la misma escala en que procedieron los mitos fundantes de la vida arcaica. Se precisa pues escribir una nueva gramática para sudamericanos y la sociedad argentina puede hacerlo, precisamente porque está en peligro. ¿Cuál sería si no el contenido democrático de esta ley? No es simplemente diversificar en lo social el abanico de frecuencias, sino liberar el rostro emancipador que surge cuando el dispositivo central de la época, la mentada tekné, es interrogada cabalmente por el enjambre de lenguajes y sentidos artísticos de los que ella misma se ha desprendido, desde hace siglos, para realizar su vida independiente y paralela. Una cultura social puede estar concluyendo y otra ya muestra indicios de querer surgir. Podrá hacerlo en medio de una sociedad turbada y sometida a toda clase de operaciones ofuscadas si se decide a poseer el don del cuidado reflexivo sobre todo lo que ocurre: situarnos en el interior de nuestra lengua para revivirla, examinar la potencia de nuestras propias razones en el habla, para no ser cautivos de lo mismo que nos liberaría si sabemos sacarlo a luz como parte inescindible de nuestro ser político. Se trata de la lengua que poseemos, fibra audiovisual siempre en servicio, forma primera de justicia, suscitadora de arte y síntoma de democracia que se nos aparece de pronto en la quintaesencia del debate de la ley de medios. Momento inusual de nuestras vidas públicas, con esta ley estamos discutiendo una parte sustancial del futuro, que sin embargo ya está inscripto en el pliegue más cifrado el lenguaje que hablamos. Descifrémoslo.

 Por Horacio González, Sociólogo, director de la Biblioteca Nacional.
 

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Viernes, 05 Junio 2009 18:08

ONU, 24 al 26 de junio: Cumbre Grupo-192

Llevamos muchos meses sintiendo la devastación de la crisis económica mundial, meses convocando a alto nivel al Grupo –20 para estudiar la situación y proponer medidas y soluciones.

La crisis ha surgido como efecto natural de la dinámica entre el Primer y el Tercer Mundo, dentro de la cual los países más poderosos han reconocido el fracaso de sus instituciones y políticas en el intento de establecer unas relaciones de justicia, cooperación, progreso y paz. El Grupo-20, generador del colapso mundial, se ha puesto sin miramiento a reconstruir la caída, pero excluyendo a 172 de los países implicados en la crisis.

No han cesado de originarse corrupciones, desvaríos y escándalos dentro del liderazgo de ese Grupo-20, señal inequívoca de que el sistema y sus gestores institucionales (FMI, BM, etc.) están sobrepasados y necesitan un reemplazo radical.

Pero el reemplazo han intentado diseñarlo los mismos que han originado la crisis, sin tener en la cabeza más proyecto que el de seguir asegurando la desigualdad y explotación de los países enriquecidos sobre los empobrecidos y el dominio colonizador e imperialita del Grupo-20. Ellos han inyectado ya en las venas atrofiadas del sistema más de 11 billones de dólares, en tanto que para los países en desarrollo apenas han consentido en destinar un 0,05 billón.

Esa es la imagen más viva de que la crisis, siendo mundial, o se resuelve desde la perspectiva de un análisis de las necesidades básicas y más apremiantes de la humanidad y del planeta tierra, o volveremos a hacer reflotar la nave de la tierra pero sin la crisis superada y con la amenaza de mayores calamidades.

La humanidad es una y las soluciones han de ser unas, para todos.

En esta perspectiva, como un profeta visionario, se ha colocado el actual presidente de la Asamblea de la ONU, Miguel D´Escoto, cura y religioso católico, a quienes todos llaman Padre Miguel y sobre el que cronistas como los del Washington Post dicen que habla un lenguaje extrañísimo, pues saluda a todos llamándoles hermanos y hermanas y habla de solidaridad, cooperación y amor.

Lenguaje extraño, ciertamente, para quienes han convertido la sociedad en una sociedad mercantilista, que supedita todo al dinero y lucro y hace de sus seguidores adoradores del becerro de oro.

Por primera vez, del 24 al 26 de junio, serán 192 los jefes de Estado o de Gobierno invitados a participar, son 10 veces más que los invitados en el Grupo-20.

Ramsey Clart, Premio de los Derechos Humanos en el ONU 2008, ha escrito una carta a todos los Jefes de Estado consciente de que “la devastación del colapso económico es más mortal y costosa que nunca, incluyendo el desafío de proteger a nuestra Madre Tierra de la rapaz destrucción que nos amenaza a todos”.

Son muchos los que abrigan la esperanza de que ahí y no en el Grupo-20, surjan análisis, propuestas y planes de acción que traten de sustituir un sistema que ha hecho agua por todas partes, como por ejemplo la creación de una moneda de referencia internacional, independiente del cualquier Estado, gestión de los bienes públicos globales (océanos, espacio, ciberespacio...) cuyo uso “privado” puede ser perfectamente tasado para el bien de todos, el empoderamiento del ECOSOC (Consejo Económico y social de las Naciones Unidas), etc.

Una crisis mundial no se la puede abordar sino democráticamente, desde la presencia y aportación de todos los afectados por ella y, mayormente, por los más pobres, que son los que más cruel y sistemáticamente han sufrido sus consecuencias. Y los de verdad afectados no son precisamente los del Grupo-20, sino el Grupo de los 172 países dejados fuera.

Por Benjamín Forcano, sacerdote y teólogo.
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