El FBI , el Departamento de Seguridad Nacional y la Policía local tienen licencias de la alpicación Clearview. EFE

'Clearview', es una aplicación de reconocimiento facial que hace posible recuperar, de forma inmediata, centenares de imágenes públicas de una persona junto a los enlaces de los sitios web en los que aparecieron. 

Más de 600 agencias y cuerpos del orden en Estados Unidos han comenzado a utilizar durante el pasado año una nueva aplicación de reconocimiento facial que permite identificar inmediatamente a casi cualquier persona, informó este sábado The New York Times.

La aplicación, Clearview, utiliza para ello una base de datos con más de 3.000 millones de imágenes recopiladas de Facebook, Instagram YouTube y multitud de webs. Gigantes de internet como Google han evitado hasta ahora ofrecer este tipo de tecnología por los enormes problemas de privacidad que plantea, según recuerda el Times. Mientras, sin despertar mucha atención y en medio de un gran secretismo, Clearview la ha desarrollado y ha comenzado a comercializarla, principalmente entre cuerpos de Policía, aunque también ha vendido licencias a algunas compañías para fines de seguridad. Entre otros, disponen de la aplicación el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y numerosas fuerzas de Policía locales, asegura el diario.

El sistema permite subir la foto de un individuo y ver de inmediato imágenes públicas de esa persona junto a enlaces a los sitios web en los que aparecieron. Así, además de la identidad, el usuario puede tener acceso a menudo a la ocupación, el lugar de residencia o los conocidos de esa persona. 

The New York Times analizó el código de la app y descubrió que incluye una opción para utilizarse junto a gafas de realidad aumentada, lo que potencialmente podría permitir a los usuarios identificar a cualquier persona que vean. 


Clearview fue fundada por el australiano Hoan Ton-That, responsable de varias aplicaciones poco exitosas para teléfonos móviles y por Richard Schwartz, un ayudante de Rudolph Giuliani durante su tiempo como alcalde de Nueva York. Además, cuenta con respaldo financiero por parte del magnate de Silicon Valley Peter Thiel, un inversor cercano a Donald Trump y que está involucrado en compañías como Facebook.

Las fuerzas del orden disponen en EE.UU. de acceso a sistemas de reconocimiento facial desde hace años, pero tradicionalmente limitados a buscar en fotografías en poder de las autoridades, como retratos de arrestados. Mientras tanto, algunas grandes ciudades han prohibido a sus agentes el uso de este tipo de tecnología por los problemas de privacidad que plantea.

nueva york

19/01/2020 13:06 Actualizado: 19/01/2020 13:20

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Chile: a tres meses de la rebelión antineoliberal
 
 El Despertar
 
Este 18 de enero se cumplen exactamente tres meses del estallido social del pasado 18 de octubre.

A partir de ahí comenzó el derrumbe del mito del exitoso modelo chileno. El oasis era sólo un espejismo. La principal vitrina del neoliberalismo fue quebrada y rodeada de barricadas, levantadas por estudiantes secundarios y todo un pueblo precarizado, endeudado y humillado por décadas.

Ese día despertó un Chile que estaba con sobredosis de sedantes y calmantes. Despertó y empezó a rencontrarse nuevamente. Una sociedad fragmentada en un conjunto de individualidades exprimidas y excluidas en su inmensa mayoría, se reconoció y comenzó a ser pueblo una vez más. La memoria histórica despertó con la alegría, la creatividad y la música de la juventud, principal motor de esta transformación en curso.

En las marchas aún no se ven banderas de partidos políticos, pero sí los símbolos históricos de justica: la bandera mapuche como símbolo de resistencia y lucha se juntó con la bandera chilena ahora resignificada. Consignas inmortales como El pueblo unido, jamás será vencido, es una de las más vitoreadas.

Estos tres meses han sacudido a la sociedad chilena como pocos otros tránsitos históricos. La indignación y la rabia, mezcladas con la alegría del rencuentro, se mantienen intactas en las calles de todo Chile. Las movilizaciones y las acciones directas aún mantienen en vilo a toda la institucionalidad y gobernabilidad que rige con base en la Constitución del 80, heredada de la dictadura.

El modelo no se toca

Ante esto, el gobierno de Sebastián Piñera y el statu quo neoliberal han respondido de la forma más brutal y despiadada. Estado de emergencia y toque de queda con militares en la calle durante la primera semana. Posteriormente, y, hasta la fecha, ha sido la policía militarizada de Carabineros de Chile la encargada de ejercer la peor de las represiones, comparada sólo con los peores años de la dictadura militar pinochetista. En cifras, hasta el 15 de enero, el Instituto Nacional de Derechos Humanos reporta: 412 casos de tortura y tratos crueles, 191 de violencia sexual, entre estos muchas violaciones consumadas. Al menos 3 mil 649 personas heridas (sin contar otros miles de personas heridas, atendidas en terreno por los colectivos de voluntariado de salud agrupados en el Movimiento Salud en Resistencia), entre ellas 269 niñas, niños y adolescentes. Heridas oculares, 405 (33 con estallido o pérdida total de la visión, y otras, con pérdida parcial de la visión en el ojo afectado); 2 mil 63 personas heridas por disparos de distintos tipos de arma de fuego y 253 heridas por bombas lacrimógenas disparadas al cuerpo.

Esta sistemática, grave y masiva violación a los Derechos Humanos en ascenso, demuestra la negativa del gobierno a escuchar el clamor popular y que el modelo neoliberal se defiende con el terrorismo de Estado, de la misma forma en que se impuso. También ha quedado claro una vez más, que Carabineros de Chile y las FFAA son instituciones mercenarias del capital y que su función es cuidar los privilegios de las minorías acaudaladas.

La gran explosión social que se vive en las calles de Chile no puede entenderse sin remitirse a la historia. Las causas de esta crisis están íntimamente relacionadas al modelo económico neoliberal y privatizador de los derechos sociales, que comenzó a instalarse tras el golpe militar contra el gobierno popular de Salvador Allende. Las actuales manifestaciones son en contra de ese modelo generador de obscenas desigualdades e injusticias. En octubre pasado comienza a terminar el ciclo político que empezó con el golpe de Estado del año 73. En estos momentos sólo lo sostiene el uso criminal de la fuerza.

En el terreno de las ideas, sólo una derecha ciega niega las causas reales; de forma muy absurda y torpe, sostiene que la rebelión es producto de un complot internacional castro-chavista.

Un proceso constituyente en marcha ¿desde abajo o desde arriba?

No era depresión, era el capitalismoEsta es la rabia contenida que intentaron callar con Fluoxetina

Rayados en las paredes de Santiago

 

* Médico, nieto del presidente Salvador Allende

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Manifestantes este sábado en las calles de Beirut. NATALIA SANCHA

 Los manifestantes secundan "una semana de rabia" contra la incapacidad de los políticos de formar Gobierno

Beirut ha vivido en la noche del sábado su jornada más violenta entrado el cuarto mes de protestas antigubernamentales. “Se nos acabó la paciencia y se acabó el plazo que le dimos hace una semana a los políticos”, sentencia un joven antes de romper unos adoquines y liarse a pedradas contra una fila de policías antidisturbios. Los manifestantes han declarado ”una semana de rabia” contra la élite político-económica que gobierna el país y que desde hace tres meses no logra formar un nuevo Gobierno al quedar enfrascada en un mercadeo de carteras y candidatos. 

Al menos 220 personas han resultado heridas y docenas de personas, arrestadas, durante los choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad. “Estamos en alerta máxima y tenemos 18 unidades móviles que han atendido a 100 personas en el terreno y trasladado a 65 a los hospitales”, resume Rodney Eid, portavoz de la de la Cruz Roja libanesa. “Hay heridos de todo tipo, por asfixia o golpes, y el balance incluye policías y civiles”, apostilla. Cientos de libaneses han acudido a Beirut desde diferentes ciudades del país para protestar frente al Parlamento. “La gente no tiene para comer, y no pueden pagar los hospitales”, protesta una mujer llegada de la norteña ciudad de Trípoli. Como el resto, acusa a la élite gobernante desde hace 30 años, gracias a un peculiar sistema confesional y de reparto de cuotas, de saquear al país y de llevarlo a la quiebra. Piden su reemplazo por un Gobierno de tecnócratas.

Un amplio despliegue policial ha impedido que los miles de ciudadanos congregados pudieran llegar al hemiciclo y repelido a las primeras filas a golpe de cañones de agua. Lo que ha provocado una lluvia de piedras como respuesta. El centro de la ciudad ha quedado totalmente sumergido en una irrespirable nube de gases lacrimógenos bajo la que durante horas las fuerzas de seguridad han perseguido a los manifestantes por centros comerciales y céntricas avenidas. Entre vitrinas de tiendes de Hermés o de Louis Vuitton, refinadas transeúntes cargadas con bolsas de compras han atendido a jóvenes descamisados incapaces de respirar o con el torso amoratado por los porrazos. “No tenemos trabajo, no podemos pagar los estudios, esto es una revolución de los pobres contra los políticos ricos y corruptos”, grita uno de los jóvenes.

Estos enfrentamientos ocurren transcurridas apenas 48 horas desde que la ministra del Interior, Raya el Hassan, hubiera de disculparse públicamente por “el exceso de violencia policial” contra manifestantes y periodistas. El abuso de la fuerza ha provocado la indignación popular. “Pedimos a las fuerzas del orden que respeten este lugar y no crucen las puertas”, se oía entrada la noche desde los altavoces del minar de la conocida mezquita de Mohammad Al Amin, donde mujeres, niños y ancianos habían buscado refugio huyendo de batalla campal.

Jóvenes de entre 20 y 30 años, entre ellos docenas de mujeres, han arremetido a patadas contra cajeros y reventados las cristaleras de bancos en lo que se ha convertido un ataque sistemático contra las instituciones bancarias que han impuesto un control informal de capital en el país tras que la libra libanesa se haya devaluado en un 60%.

La desesperación frente al deterioro económico, la perdida de empleo con el cierre de negocios y un vaticinado colapso financiero ha unido a jóvenes de diferentes confesiones que hace apenas dos meses se enfrentaban a palos en las calles. Unidos en la violencia contra las fuerzas del orden, jóvenes suníes llegados de Trípoli han cerrado filas junto con jóvenes llegados de la barriada chií de Beirut de Dahie, y feudo de Hezbolá. “Estábamos contra las manifestaciones, pero ahora es contra los bancos que no nos dan nuestro dinero y nos están robando”, dice un joven bajo el nombre de Ibrahim, desempleado a los 23. La mayoría de ellos cobra por jornada de trabajo y nunca ha pisado este céntrico barrio, concurrido habitualmente por la élite del país, por lo que muchos piden indicaciones y otros acaban perdidos para ser arrestados por policías.

El 30% de libaneses vive bajo el umbral de la pobreza, según cifras de la ONU. La crisis económica amenaza con sumergirles en la pobreza absoluta conforme los negocios cierran, los salarios se reducen a la mitad y las tradicionales ayudas de partidos y clanes confesionales no llegan para hacer frente a unos productos básicos cuyos precios han aumentado en un 25%. ¿Dónde está el Ejército? ¿Por qué no nos protege de la policía?, grita un grupo de manifestantes ante el avance de la policía. “Se acabó lo de manifestaciones pacificas”, zanja uno de ellos.

Por NATALIA SANCHA

Beirut 18 ENE 2020 - 17:18 COT

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En Bolivia, el gobierno de facto militariza las calles

La Paz. La Defensoría del Pueblo de Bolivia expresó ayer su preocupación por el inicio de operaciones conjuntas de patrullaje preventivo por parte de la policía y las fuerzas Armadas de cara a las marchas del 22 de enero anunciadas por los seguidores del presidente en el exilio Evo Morales. El Movimiento al Socialismo (MAS), del mandatario, anunció ayer que el ex canciller David Choquehuanca será su candidato en las elecciones de mayo.

En su comunicado, el organismo recordó los antecedentes de Sacaba y Senkata, donde 35 bolivianos perdieron la vida, 21 de los cuales fueron producto de similares intervenciones policiales-militares conjuntas.

Resaltó que tanto la policía como las fuerzas armadas deben enmarcar sus intervenciones en la ley, e hizo un llamado a las instituciones, líderes políticos y organizaciones sociales a garantizar la estabilidad democrática y pacífica que hoy vive el país.

Militares bolivianos ingresaron a la conflictiva región del Chapare, bastión político de Morales, a días de que pobladores de esa zona cocalera inicien manifestaciones contra el gobierno transitorio, informó el jueves el ministro de Defensa.

Luis Fernando López informó que a partir del (lunes) 20, por un tema constitucional y de leyes, iniciamos el tema de la erradicación de coca excedente y no descartó dirigir personalmente esas acciones.

Esa labor es usual en Bolivia y la realizan conscriptos del ejército y efectivos policiales.

Por separado, el comandante militar de la zona, Javier Espinoza, informó que un grupo de 300 uniformados ya ingresó a Chapare, pero para ejercicios de paracadismo, lo que levantó sospechas entre los cocaleros.

El poderoso dirigente del sector, Leonardo Loza, respondió que no nos atajamos (oponemos) a que cualquier miembro del ejército haga su trabajo (...) pero acá no pueden intimidarnos con tanquetas, con ametralladoras.

Agregó que el miércoles 22 los labriegos leales a Morales se movilizarán en Chapare para celebrar de manera pacífica el día de la fundación del Estado Plurinacional, como usualmente se hizo desde que entró en vigencia la nueva Constitución en 2009, cuando Bolivia dejó de ser república.

Las movilizaciones de sindicatos leales al ex mandatario, refugiado en Argentina desde diciembre, también se realizarían en otras ciudades, lo que motivó que el gobierno ordene operaciones de seguridad de policías y militares a partir de este jueves.

La Defensoría indicó que se debe crear un ambiente que posibilite alcanzar un proceso electoral transparente y participativo, dando prioridad al uso de mecanismos de prevención de la violencia como el diálogo y la concertación, y no el uso de la fuerza estatal.

En este sentido, destacó: Si bien el derecho a la protesta está constitucionalmente protegido, su ejercicio debe limitarse a la no comisión de delitos.

En ese marco, el Estado tiene la obligación de considerar su respuesta a estas manifestaciones sin distinguir su afinidad o divergencia, sino contemplando lo que dispone la ley, resaltó.

Las movilizaciones fueron convocadas hace cerca de dos semanas por la presidenta del Senado e integrante del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales, Eva Copa, con motivo del Día del Estado Plurinacional.

Los sectores afines al mandatario argumentan, además, que el 22 de enero finaliza el mandato interino de Jeanine Áñez, si bien el Tribunal Constitucional aprobó el miércoles el proyecto para prorrogarlo hasta las elecciones, programadas para el 3 de mayo.

Áñez se proclamó presidenta interina en su calidad de nueva titular del Senado después de que Morales dimitiera el pasado 10 de noviembre en respuesta a las irregularidades detectadas por la Organización de Estados Americanos en los comicios del 20 de octubre, que desencadenaron la crisis política que llevó a Morales a salir del país.

El mandato de Morales expiraba el 21 de enero, por lo que el de Áñez, que asumió el cargo para remplazar al líder indígena y evitar así el vacío de poder propiciado por la cascada de dimisiones de altos funcionarios, también lo iba a hacer ese mismo día.

Extienden el mandato de Jeanine Áñez

Sin embargo, el MAS y el nuevo oficialismo acordaron en diciembre consultar al Tribunal Constitucional sobre la posibilidad de prorrogar el mandato de Áñez y de las demás autoridades de elección popular que también debían abandonar el cargo este mes.

Tras la decisión del Constitucional, Áñez se mantendrá como presidenta interina hasta que se conozca al ganador de las elecciones del 3 de mayo, con las que Bolivia pretende cerrar el capítulo abierto el 20 de octubre. Morales, refugiado en Argentina, no podrá presentar su candidatura, conforme a un acuerdo entre el MAS y los aliados de Áñez.

El partido de Morales anunció que David Choquehuanca, un indígena aymara, quien fue su canciller, será el candidato a la presidencia de Bolivia en las elecciones del 3 de mayo. La decisión fue apoyada por un pacto entre sindicatos que está conformado por campesinos, colonizadores (migrantes internos que cultivan zonas vírgenes), cocaleros e indígenas de la Amazonia.

Choquehuanca, de 58 años, logró el apoyo necesario para ser postulado por el MAS, creado por Morales. El ex canciller irá acompañado en la fórmula por el dirigente cocalero Andrónico Rodríguez.

El ex presidente va a ratificar en los próximos días la decisión. Él no ha elegido, él ha pedido que decidamos en consenso, explicó ayer el diputado de esa fuerza política Juan Cala.

Rodríguez, de 30 años, es dirigente de los cocaleros de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba, en el centro de Bolivia, de las cuales Morales continúa siendo su máximo líder.

Horas después, el presidente en el exilio tuiteó que habría cuatro precandidatos y que se reunieron con él en Argentina, donde está refugiado. Entre ellos Choquehuanca y Rodríguez, pero también el ex ministro de Economía, Luis Arce, y el ex canciller Diego Pary.

Cala y su colega, el senador Omar Aguilar, informaron que sólo es una formalidad, pero que Morales debe respetar la decisión de los congresos del MAS en Bolivia.

Choquehuanca y Rodríguez, tienen el apoyo de ocho de nueve regiones, agregó Aguilar.

También dijo que se prevé que el anuncio oficial lo hará Morales y luego el binomio será proclamado. La decisión se da a cinco días de que Morales brinde un informe desde Argentina sobre sus 14 años de gobierno. Morales considera que jurídicamente continúa siendo el presidente de Bolivia debido a que la Asamblea Legislativa aún no ha tratado su carta de renuncia.

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Viernes, 17 Enero 2020 06:18

Las nuevas-viejas formas de dominación

ORDEN (Organización Democrática Nacionalista) fue creado en 1961 y fue desmantelado oficialmente en 1979; creada originalmente para vigilar a la población campesina; fue el instrumento del ejército salvadoreño para recoger información para los servicios de inteligencia, a la vez que actuaba como fuerza operativa para los trabajos sucios contra la insurgencia y como base social para el reclutamiento inmediato

Los escuadrones de la muerte creados por las oligarquías en la década de 1960, claves para contener las insurrecciones populares, tenían funciones y modos casi idénticos a los actuales grupos paramilitares, al llamado narcotráfico y, en no pocas ocasiones, al accionar de las fuerzas estatales de represión.

Echemos un vistazo al pasado inmediato, digamos los años 60 y 70, en un país azotado por los escuadrones y los paramilitares, como El Salvador, cuyo caso puede aplicarse a toda América Latina.

El primer grupo paramilitar formal se llamó Organización Democrática Nacionalista (Orden) y fue creado por el director de la Guardia Nacional en 1964, en completo secreto, en el contexto del Programa de Seguridad de Estados Unidos en El Salvador, que un año antes había iniciado el entrenamiento de integrantes del cuerpo policial.

El objetivo de Orden era el control del campesinado en las áreas rurales, ya que en esos años la principal riqueza del país era la producción de café, caña y algodón para la exportación. Entre sus objetivos figuraba adoctrinar al campesino en favor de “la democracia representativa y el mundo libre”, en un país gobernado por militares que habían masacrado a 30 mil trabajadores rurales e indígenas en la revuelta de 1932, en la que participó Farabundo Martí.1

Los integrantes de Orden recibían entrenamiento militar y permiso para portar armas; a cambio debían delatar a sus vecinos en pueblos y cantones. También se beneficiaban con recomendaciones para obtener trabajo, servicios de salud, educación para sus hijos, diversos insumos agrícolas y, si era necesario, la destrucción de expedientes judiciales comprometedores.

Como la estructura económica no estaba en condiciones de proporcionar servicios a los campesinos, que habían perdido sus tierras por el avance de la mecanización en la agricultura de exportación, Orden suplía ese vacío a través de la prebenda personal, que “simulaba constituir a los habitantes en ciudadanos”, según la acertada frase de la investigadora Sara Gordon.

Como puede observarse, una misma organización paramilitar cumplía la doble función de control policial y de servicio social, lo cual le otorgaba un poder extraordinario.

Orden fue responsable, entre muchos otros y siempre en coordinación con la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda, del asesinato del padre Rutilio Grande, en 1977, como parte de la escalada represiva contra la Iglesia popular y las organizaciones campesinas y estudiantiles que desembocó, dos años más tarde, en el asesinato de monseñor Óscar Romero (por escuadrones mejor organizados y pertrechados) y el inicio de la guerra civil en la que murieron más de 70 mil personas.

Un integrante de Orden expresaba de este modo las “ventajas” que le daba pertenecer a la organización paramilitar: “podemos arrestar a cualquiera que queramos, cualquiera que ande por ahí metiendo ideas extrañas en la cabeza de la gente. Aquí en mi cantón, yo soy la ley”.

Vale reflexionar quiénes son, hoy en nuestra realidad cotidiana, los que tienen el poder suficiente para comportarse de ese modo. No hace falta indagar demasiado para concluir que se trata de esa peculiar amalgama entre aparatos represivos estatales, paramilitares y narcos. Ellos son la “ley”, los que tienen vía libre para detener, violar, desaparecer, torturar y asesinar a quienes quieran. Son los herederos de los escuadrones de la muerte.

Una “modernización” similar sucede con las formas clientelares que usaron las oligarquías para extender favores a sus incondicionales, para consolidar una base social que les permitiera seguir esquilmando a los campesinos. Esos modos, como la caridad de la Iglesia, fueron sistematizados por el Pentágono como “acción cívica”, aplicando en las guerras centroamericanas formas de contrainsurgencia aprendidas en Vietnam.

Modos que evolucionaron hasta lo que hoy denominamos políticas sociales, aplicadas tanto por gobiernos progresistas como conservadores, porque han mostrado cierta utilidad para contener la protesta y, sobre todo, para abrir fronteras a la acumulación capitalista.

Es cierto que han aparecido nuevas formas de control social a caballo de las nuevas tecnologías. Pero ellas no sustituyen el control parapolicial y paramilitar, sino que se superponen y complementan. Para la población que vive en la zona del no-ser, donde la vida no es respetada y la violencia es el modo de regular las relaciones sociales, las viejas formas de control contrainsurgente siguen vigentes.

Fernand Braudel, maestro del tiempo largo, nos enseñó a desconfiar de los cambios rápidos: “ni siquiera las revoluciones son rupturas totales”. La persistencia y la duración son más potentes que “los golpes de teatro”.

Por eso, no nos hagamos muchas ilusiones con los “cambios” desde arriba: la violencia, que fue la partera del capitalismo, lo seguirá sosteniendo hasta el final, pese a los discursos que maquillan la dominación.

1 Sara Gordon, Crisis política y guerra en El Salvador , Siglo XXI, p. 142

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Crisis estratégica en las FFAA latinoamericanas

Entre la corrupción y la parálisis puede definirse la situación que atraviesan las fuerzas armadas de los países latinoamericanos. Sin rumbo estratégico, sin recursos, carcomidas por denuncias de violaciones a los derechos humanos y de corrupción.

Deben además hacerse cargo de tareas de orden público ante el evidente fracaso de los cuerpos policiales para contener las multitudinarias manifestaciones.
Las fuerzas armadas regresaron al primer lugar del escenario político regional. El analista Gabriel Tokatlian asegura que ahora los militares se involucran incluso en la defensa de ciertos gobiernos, participan activamente en las elecciones y en "la militarización del tratamiento de fenómenos como el negocio de las drogas y las migraciones".

Una mirada a lo sucedido en 2019 revela que "cualquiera sea la orientación del gobierno", la presencia militar es cada vez mayor, como en los países de Centroamérica, donde la influencia del Comando Sur del Pentágono es decisiva. En México, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha creado una Guardia Nacional que, en los hechos, "no ha implicado desmilitarizar la guerra contra las drogas", sostiene Tokatlian.


El toque de queda en Ecuador ante masivas manifestaciones populares contra la elevación de los precios de los combustibles y el Estado de emergencia en Chile para contener el estallido social, hicieron recaer en las Fuerzas Armadas responsabilidades que no asumían desde hacía mucho tiempo. En Venezuela, los militares son decisivos para sostener al Gobierno de Nicolás Maduro y en Bolivia lo han sido para la caída de Evo Morales.

El general uruguayo Guido Manini obtuvo el 11% de los votos gracias al apoyo de militares y policías a su nuevo partido Cabildo Abierto. En Brasil juegan un papel determinante en el Gobierno de Jair Bolsonaro, donde "son militares o han cumplido funciones en las Fuerzas Armadas, 11 de los 21 ministros, además del presidente y el vicepresidente", según el especialista Rosendo Fraga.

La otra cara de la moneda de esta creciente influencia es la crisis que está atravesando la institución militar en casi toda la región. Por un lado, es una crisis de legitimidad ante la población, pero también es una crisis interna por graves denuncias de corrupción que redunda en un desconcierto estratégico.
El último editorial de 2019 de la revista Defesanet, se titula precisamente El año de la parálisis estratégica y destaca los fracasos de la política militar del nuevo presidente y de su gabinete escorado hacia la ultraderecha y los cuarteles.

En el plano geopolítico, el editorial destaca el sonado fracaso de la estrategia brasileña contra Venezuela, que "resultó ser un hueso duro de roer". La revista no menciona el hondo viraje que promovió Bolsonaro hacia China, guiado por el sector militar considerado, irónicamente, el ala dialogante del Gobierno ante la intransigencia de los acólitos del presidente.

Pero fue el frente interno el que más problemas les trajo a las Fuerzas Armadas brasileñas. La paralización de los programas de modernización desde 2015, a raíz de la restricción presupuestaria, mostró las debilidades de la fuerza.


Entre ellos, incluye la demora en "la modernización de los cazas F-5E/F y AMX A-1 y el avión de alerta temprana E-99, además de la escasez de misiles y municipios", que dejaron al país vulnerable ante una nación en crisis como Venezuela. Por eso, la lectura de la realidad de las Fuerzas Armadas los ha llevado a contemplar con escepticismo cualquier aventura, ya que los militares descubrieron que "no estaban en posición de imponer nada [a Venezuela], sino en una situación crítica por no conseguir siquiera garantizar la integridad de las fronteras nacionales".

Luego sobrevinieron los incendios en la Amazonía que, en una decisión de "carácter inédito", el Gobierno incluyó militarizar la mitad del territorio nacional (nada menos que 400 millones de hectáreas) apelando a la legislación Garantía de Ley y Orden (GLO).

"Todo agravado por un gran desgaste de imagen, por la decisión equivocada de entrar en una guerra informacional con una estrategia de confrontación destinada a la derrota", concluye el editorial de Defesanet. El principal deseo de una de las principales páginas militares de Brasil es que en 2020 haya "menos reveses".

La situación de los militares en Colombia es más grave aún. La revista Semana publica un amplio reportaje sobre la crisis interna a raíz de las denuncias de corrupción que salen de los cuarteles y empeoran la imagen de los uniformados, ya desgastada a raíz de las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto con la guerrilla.

En vez de investigar las denuncias, el alto mando decidió perseguir a los denunciantes, creando un clima interno insoportable. Según la revista, las denuncias "reflejan el ambiente interno que desde hace varios meses se vive dentro del Ejército, y que ha llegado a extremos como seguimientos y amenazas contra aquellos que entregan y reciben la información".

Los casos que se acumulan ante la Fiscalía y la Procuraduría incluyen desvíos de dinero para gastos personales, chantajes a empresarios y contratos millonarios a empresas a cambio de jugosas comisiones para intermediarios y generales.

Las protestas que aún se mantienen en Chile, han sido potenciadas ente otras razones por la generalizada corrupción entre las dirigencias política, eclesial, empresarial, militar y de carabineros. En 2015 se destapó el Milicogate, una millonaria trama de corrupción, fraude y desviación de fondos públicos de la Ley Reservada del Cobre, por parte del alto mando de las Fuerzas Armadas, revelada por el diario The Clinic.

Por último, está el caso de Argentina, que merecería un estudio aparte. Las Fuerzas Armadas naufragan sin norte con presupuestos bajísimos que impiden su reequipamiento. El raquítico presupuesto de defensa se arrastra desde hace décadas y es la mitad de otros países de la región, según un trabajo publicado por el portal Nueva Mayoría.

La debilidad actual de las fuerzas armadas es, por un lado, un efecto buscado por el Pentágono y la Casa Blanca para no enfrentar competidores en la región. Pero es también consecuencia de las políticas neoliberales que desarticularon las bases materiales de los Estados nación y de sus instituciones estratégicas.

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Iván Duque presenta nueva política de seguridad: 34.000 policías más y miembros del Esmad en las calles de Colombia

También contempla un nuevo modelo de vigilancia y control, desarme general, modelos étnicos de convivencia, y corresponsabilidad con autoridades regionales, entre otros aspectos.

El presidente de Colombia, Iván Duque, presentó este viernes su nueva Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana, durante un recorrido realizado por Antioquia. 

De acuerdo con el Gobierno colombiano, la nueva política tendrá varios aspectos centrales, entre los cuales figuran un nuevo modelo de vigilancia y control, más capacidad de control de las calles, desarme general, seguridad ciudadana para poblaciones con mayor riesgo, modelos étnicos de convivencia, y corresponsabilidad con autoridades regionales.

De estos aspectos, sobresale el del control de las calles, para lo que se estipula la incorporación de 34.000 nuevos policías en 4 años, es decir, unos 8.500 uniformados por año.

El número no solo crecerá, dado que según la directriz, también muchos de los agentes que se han dedicado a labores administrativas serán destinados al patrullaje. A su vez, se contará con el apoyo del sector de vigilancia y seguridad privada.

Además, se planea que gradualmente la Policía deje de prestar el servicio del control del tránsito, que le corresponde a los municipios, para integrar a esos agentes en labores de seguridad.

Asimismo, estipula aumentar ampliamente la cantidad de efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). "Deberá fortalecerse la capacidad de los escuadrones móviles antidisturbios, multiplicar su número, mejorar su respuesta, intensificar su entrenamiento, del mismo modo que la formación", señala el documento.

Esto último va en contra de la solicitud realizada por el comité del paro, que ha liderado las protestas sociales del último mes, y exige el desmonte total del Esmad, por considerarlo un cuerpo represivo y violador de los derechos humanos.}

Publicado:21 dic 2019 03:41 GMT

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La ONU denuncia violaciones a los derechos humanos en Chile

La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU constató que la policía chilena torturó a personas detenidas. Las conclusiones comprometen a la administración de Sebastián Piñera

La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU (Acnudh) denunció graves violaciones a los derechos humanos durante la represión en Chile. El organismo presidido por Michelle Bachelet constató uso excesivo o innecesario de la fuerza. También sostuvo que la policía chilena torturó a personas detenidas. Según el informe emitido por la Acnudh las fuerzas de seguridad utilizaron la violencia en forma desproporcionada: lesionaron, mataron, torturaron, ejercieron violencia sexual y detuvieron arbitrariamente. Otro duro golpe para el presidente Sebastián Piñera.

La misión de la ONU visitó Chile entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre para verificar denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. La jefa del equipo, Imma Guerras-Delgado, dijo que existen razones fundadas para sostener que desde el 18 de octubre, día en que comenzaron las protestas, se registró un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos. Estos hechos se cometieron en todo el país, pero en su gran mayoría en la Región Metropolitana (Santiago) y en contextos urbanos, precisó el informe publicado por el organismo luego de su visita al país.

Según lo observado por la misión de la ONU en Chile, Carabineros incumplió de forma reiterada con el deber de distinguir entre manifestantes violentos y aquellas que se movilizaron pacíficamente. "Carabineros utilizó fuerza no letal cuando la manifestación fue pacífica, con el objetivo aparente de dispersar la manifestación o evitar que los participantes llegaran al punto de reunión", advierte el texto. También subraya el uso desproporcionado y a veces innecesario de armas no letales. “En particular escopetas antidisturbios pero también gases lacrimógenos, utilizados a corta distancia (..) tanto durante manifestaciones pacíficas como en el contexto de enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, especialmente por parte de Carabineros", informó la Acnudh. El organismo pudo observar que estos hechos lejos de ser aislados se replicaron en muchas ocasiones. "Ciertas violaciones a los derechos humanos, en particular el uso indebido de armas menos letales y los malos tratos, son reiteradas en el tiempo, en el espacio y con respecto a quienes son los supuestos perpetradores y las víctimas", subraya el texto.

La Oficina de la Alta Comisionada llamó la atención por la gran cantidad de personas que sufrieron lesiones oculares durante las protestas. "El número alarmantemente alto de personas con lesiones en los ojos o la cara da cuenta de una grave violación. Preocupa en particular la utilización de perdigones que contienen plomo", señala el informe. Según el organismo la policía chilena ejerció tortura contra los detenidos. "Un gran número de personas arrestadas y detenidas fueron maltratadas. Algunos de estos casos, incluidos los de violencia sexual, simulación de ejecuciones y amenazas de que las personas serían `desaparecidas', equivalen a tortura. Muchos de estos casos ocurrieron en lugares sin cámaras de vigilancia y con los perpetradores no debidamente identificados", explicita el texto.

También denunció que pese al gran número de denuncias y acciones judiciales aún no se identificó a los que las personas llevaron a cabo las acciones indebidas. El informe señala la falta de información pública por parte de las fuerzas de seguridad sobre las acciones que llevaron a cabo para para garantizar la rendición de cuentas. Junto a esto, la ONU también documentó cuatro casos de privaciones arbitrarias de la libertad y muertes ilícitas que involucran a agentes del Estado. Además da cuenta de numerosas detenciones indiscriminadas que podrían ser consideradas arbitrarias a la luz de las normas internacionales.

La represión durante las marchas dejó 23 muertos, 352 personas con lesiones ocularespor disparos de perdigones, y miles de denuncias de heridos y detenidos. Según un informe de Carabineros, los detenidos fueron 18.359, de los cuales 9.716 fueron por desórdenes y 4.991 por saqueos.

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Manifestante durante las protestas de Hong Kong EFE

En los seis meses que llevan las protestas, la policía ha arrojado grandes cantidades de gas lacrimógeno, compradas a China, sin aclarar cuál es su composición

El Gobierno dice que los gases hacen menos daño que el humo de una barbacoa. La OMS alerta de que las dioxinas como un compuesto altamente tóxico.

"Se han hecho esfuerzos mínimos para proporcionar pautas de descontaminación y protección de la salud", denuncia el artículo de la revista médica The Lancet


En estos días, Angel Chan tiene más cuidado a la hora de elegir los lugares de juego de sus dos hijos, de tres y cinco años. "La policía ha arrojado gases lacrimógenos por toda la ciudad y algunas de las personas con las que tengo amistad dicen que a sus hijos les han salido ronchas", afirma. "Sencillamente ya no sé dónde encontrar un lugar seguro".

Su preocupación es algo común entre las madres y padres de Hong Kong que temen el efecto nocivo del gas lacrimógeno sobre la salud de sus hijos. La semana pasada, el grupo Madres de Hong Kong afirmó haber registrado 1.188 afecciones, entre las que había tos, alergias cutáneas y pacientes tan jóvenes como un bebé de dos meses. El grupo ha pedido al Gobierno que haga pública la lista de químicos que componen el gas lacrimógeno usado por la policía.

En los seis meses que lleva la crisis política y los violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, la policía ha arrojado unos 10.000 botes de gas lacrimógeno en casi todos los barrios de esta ciudad superpoblada.

El miedo por el efecto nocivo que los gases pueden tener sobre la salud de los residentes se ha disparado tras el hallazgo de pájaros muertos en varios de los barrios donde la policía los arrojó. También, por una enfermedad cutánea por exposición a dioxinas (cloracné) contraída por un periodista en la primera línea de los enfrentamientos.

Hasta ahora, el Gobierno ha dicho que no hay ningún indicio de riesgos para la salud pública o el medio ambiente debido a los gases lacrimógenos, pero se niega a publicar el detalle de su composición química alegando que se comprometería la "capacidad operativa" de la policía.

El secretario de Bienestar Social y Trabajo, Law Chi-kwong, insistió este miércoles en la legislatura de Hong Kong en que el gas lacrimógeno hace menos daño que encender una barbacoa. Según dijo, sólo causa una leve irritación en la piel y vías respiratorias.

"En cuanto a las dioxinas resultantes de los gases lacrimógenos, creo que la literatura demuestra que son mínimas o incluso inexistentes", respondió a los legisladores que preguntaron sobre los posibles efectos en la salud, de acuerdo con un informe de la cadena pública de televisión RTHK. Repitiendo lo que otras autoridades habían dicho antes, Chi-kwong responsabilizó de las dioxinas tóxicas a las vallas de plástico quemadas en las carreteras por los manifestantes.

La secretaria de Alimentación y Salud, Sophia Chan, también dijo en el Parlamento que las estaciones de monitoreo del Departamento de Protección Medioambiental en las zonas donde se habían lanzado gases no estaban detectando anomalías en los niveles de partículas en suspensión. "Esto demuestra que los gases lacrimógenos no causan ningún aumento significativo en la concentración de partículas en suspensión", dijo.

La Organización Mundial de la Salud cataloga las dioxinas como un compuesto altamente tóxico que puede causar problemas reproductivos y de desarrollo, dañar el sistema inmunológico, alterar las hormonas y provocar cáncer.

Después de que varios países occidentales como el Reino Unido dejaran de exportar gas lacrimógeno a Hong Kong, la policía informó en octubre que lo estaba adquiriendo en China. Kenneth Kwong, exprofesor de química de la Universidad China de Hong Kong, afirma estar particularmente preocupado por el uso de gases fabricados en China, donde se queman a una temperatura superior que en Occidente por lo que sus componentes (entre los que hay cloro, materia orgánica y metales) pueden transformarse en dioxinas altamente tóxicas.

Según Kwong, las dioxinas se acumulan en el cuerpo humano y no pueden eliminarse. "El Gobierno debería enseñar las pruebas en lugar de hacernos adivinar", dice. Los residentes de Hong Kong y miembros de la legislatura no entienden el motivo de la opacidad y exigen que el Gobierno hable claro para recuperar la confianza. "No nos dicen cuál es la composición del gas y esperan que pensemos que está todo bien, ¿creen que somos estúpidos?", sostiene Angel Chan.

En opinión del legislador Kenneth Leung, el Gobierno está disparando piedras contra su propio tejado y los temores por la salud podrían desencadenar otra crisis política: "Un problema de salud pública se está convirtiendo en un problema político, se está profundizando la desconfianza de la gente en el Gobierno y aumentando su descontento".

En un artículo publicado en octubre por la revista médica The Lancet, la profesora de Medicina de la Universidad China de Hong Kong Emily Chan sostiene que el lacrimógeno arrojado en estaciones de metro, cercanías de centros comerciales y zonas de alta densidad residencial podría haber dejado a la población expuesta a altas concentraciones del gas durante períodos prolongados. "Se han hecho esfuerzos mínimos para proporcionar pautas de descontaminación y protección de la salud", denuncia el artículo.

Un grupo formado por miembros actuales y anteriores del consejo asesor medioambiental publicó una carta abierta pidiendo a la líder de la ciudad, Carrie Lam, una evaluación de las posibles consecuencias para la salud pública del uso extensivo de gases antidisturbios y la implementación de medidas que reduzcan la crisis y el uso de estas sustancias.

Por Verna Yu - Hong Kong

08/12/2019 - 21:02h

Traducido por Francisco de Zárate

Publicado enInternacional
Sábado, 30 Noviembre 2019 06:18

Para la CIDH no hay garantías en Bolivia

Eguiguren denunció "dos masacres claramente verificadas, una en El Alto y otra en Cochabamba”.  ________________________________________ Imagen: CIDH

Un relator del organismo dijo que pedirá una visita inmediata de la comisión para analizar las masacres de Senkata y el Alto.

Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Bolivia no hay garantías para investigar de manera imparcial los hechos ocurridos luego de la renuncia de Evo Morales. Por esa razón el Relator de la CIDH sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Francisco José Eguiguren, manifestó la necesidad de formar un grupo interdisciplinario e internacional de expertos. A su vez calificó como masacres las muertes de 14 personas durante la represión policial en El Alto y Sacaba. El relator de la CIDH dijo que pedirá una visita inmediata de su organismo para analizar los hechos.

El relator de la CIDH manifestó su preocupación por la realidad que se vive en Bolivia. “Una situación muy alarmante, polarización, discurso de odio, violencia, grupos armados y eso es algo muy serio”, resumió el relator en una entrevista con la cadena CNN. Eguiguren sostuvo que esos elementos vuelven necesaria una investigación externa sobre los hechos de violencia. “La Comisión va a plantear que debe constituirse un grupo interdisciplinario e internacional de expertos que pueda constituirse en el país e investigue a profundidad los sucesos ocurridos luego de la renuncia del presidente Evo Morales y la anulación electoral, que han causado por lo menos dos masacres claramente verificadas, una en El Alto y otra en Cochabamba”, anunció el miembro del CIDH.

Luego de la renuncia de Evo Morales hubo dos grandes hechos represivos en Bolivia. Uno el 15 de noviembre en El Alto donde perdieron la vida por impacto de bala ocho cocaleros. Luego el 19 de noviembre en Senkata frente a la planta de combustible de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos la represión policial causó la muerte de seis personas. También todas por impacto de bala. Eguiguren calificó ambos hechos represivos como masacres. “A pesar de que la información oficial habla de muertes en enfrentamientos entre civiles, creemos que se requiere de una investigación internacional porque no encontramos internamente garantías para una investigación imparcial y firme”, insistió el relator de la CIDH. También anunció que planteará a la CIDH una visita lo más pronto posible a Bolivia para ver en el terreno lo ocurrido.

Eguiguren también fue crítico con el derogado decreto de la Presidenta autoproclamada Áñez que quitaba responsabilidad penal a los miembros de las fuerzas de seguridad. “Muy alarmante comprobar que una de esas masacres se produjo al día siguiente de este decreto muy cuestionable, donde el Gobierno interino dispuso la intervención de las Fuerzas Armadas, que estarían exentas de investigación y responsabilidad”, cuestionó Eguiguren.

Las declaraciones de Eguiguren llegan cuatro días después de que una delegación de la CIDH encabezada por su presidente, Pablo Abrao, se trasladara a El Alto para recabar testimonios de las llamadas masacres de Senkata y de El Alto. “Como a animales, como a perros, como a perdices; así nos cazan”, declaró Ixalta Aliva, una de las testigos, el lunes pasado.

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