Disturbios en Belfast, Irlanda del Norte, el 7 de abril de 2021Jason Cairnduff / Reuters

Los disturbios, que involucraron hasta a adolescentes de tan solo 12 años de edad, comenzaron el pasado 29 de marzo.

 

Más de 70 agentes resultaron heridos en disturbios esporádicos en varios pueblos y ciudades de Irlanda del Norte en los últimos 10 días, lo que, según la Policía, es el peor estallido de violencia en años, informa la BBC.  

Los disturbios, que involucraron hasta a adolescentes de tan solo 12 años de edad, comenzaron el pasado 29 de marzo en una parte de la ciudad de Londonderry (Derry), controlada por unionistas (partidarios de mantenerse en el Reino Unido). Desde entonces se produjeron disturbios en varios pueblos y ciudades, incluida la capital, Belfast. 

Durante las protestas, los jóvenes quemaron automóviles y llantas, lanzando además piedras y fuegos artificiales contra las fuerzas de seguridad. Este miércoles la violencia se intensificó hasta desembocar en enfrentamientos sectarios cerca de un llamado 'muro de la paz' (oeste de Belfast). La construcción divide a las comunidades predominantemente unionistas y otra parte de la ciudad, poblada por republicanos, quienes están a favor de salir del Reino Unido y formar parte de una Irlanda unificada.

¿Cuáles son las causas?

Existen varias explicaciones de esta ola de violencia. Por ejemplo, algunos integrantes del Partido Unionista Democrático (DUP, por sus siglas en inglés) sugieren que la gente no está contenta con la decisión de la Fiscalía de no procesar a los miembros del partido nacionalista Sinn Féin, que en junio pasado asistieron al funeral del excombatiente del IRA (Ejército Republicano Irlandés) Bobby Storey. En aquel entonces, a pesar de las estrictas restricciones por el coronavirus, cerca de 2.000 personas participaron en el evento. 

Asimismo, el DUP pretende demostrar que la Policía es la culpable de la agudización de los enfrentamientos. El partido pidió la renuncia de varios funcionarios de las fuerzas de seguridad. A su vez, el Sinn Féin tilda este paso de exagerado y critica a sus oponentes por la estrategia. 

Otra versión es la insatisfacción con las condiciones del Brexit. Los unionistas no están contentos con el acuerdo. Muchos de ellos se sienten engañados por el Gobierno del Reino Unido, que aceptó la instalación de una frontera aduanera entre Irlanda del Norte y el resto del país. 

Otra versión más sugiere que los paramilitares unionistas pueden haber aprovechado la existencia de la insatisfacción del pueblo para vengarse de las fuerzas de seguridad, después de una serie de operaciones exitosas contra la delincuencia organizada. No obstante, este viernes la Policía de Irlanda del Norte descartó que estos grupos puedan estar detrás de las manifestaciones. 

En la década de 1960 en Irlanda del Norte comenzaron los enfrentamientos sangrientos entre los partidarios de la unidad con el Reino Unido y los que estaban a favor de la unificación con la República de Irlanda, en un conflicto que fue denominado 'The Troubles' y llegó a durar varias décadas. En 1998 las partes firmaron los Acuerdos de Belfast y formaron un gobierno bajo principios de igualdad.

El reciente estallido de violencia en Irlanda del Norte fue condenado por Belfast, Londres y Dublín. EE.UU. también se unió a esta petición. No obstante, los disturbios continúan. 

Publicado: 10 abr 2021 04:02 GMT

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Pascua. Entre memorias y reciclajes del terror

En la semana de Pasión y de Pascua, nuestra Comunidad siguió su tradición consolidada de recorrer los caminos ensangrentados en donde se les arrancó la vida a centenares de integrantes de nuestro proceso. Es la pasión de Jesús reciclada permanentemente por nuestro criminal Estado colombiano.

Este Viernes Santo de 2021 peregrinamos por los caminos de las veredas La Linda, La Sucia y La Cristalina. Estuvimos en el sitio donde fue perpetrada por el ejército la horrenda masacre de jóvenes en el amanecer de 26 de diciembre de 2005. Previamente miembros de la Brigada XVII habían cooptado a los hermanos Ovidio, Albeiro y Lubín Cardona Borja, quienes eran milicianos de las FARC, con el fin de que trabajaran para el ejército como infiltrados y prepararan una gran fiesta de Navidad con amplio consumo de licor; así podrían sorprender ebrios a numerosos jóvenes de la zona y masacrarlos, confiando en que entre ellos caerían algunos milicianos. El General Zapata dio el falso Parte a los medios mostrándolos como “guerrilleros muertos en combate”. Entre las 6 víctimas fatales cayeron integrantes de nuestra Comunidad y los hermanos Cardona cobraron como cuota de sangre 4 millones de pesos por cada víctima, sumas que el ejército les canceló inmediatamente, mientras esos victimarios se integraban de lleno a la tropa paramilitar, usando uniformes y armas de uso privativo del ejército y rindiendo declaraciones falsas ante fiscales cooptados por los militares para alimentar montajes judiciales de atrevida falsedad y suciedad.

En ese mismo recorrido pasamos por el sitio donde la guerrilla de las FARC asesinó, el 6 de octubre de 1997, a tres líderes de nuestra naciente Comunidad de Paz: Ramiro Correa, Fernando Aguirre y Luis Fernando Espinosa, cobrándonos así el respeto con que cumplíamos nuestro Reglamento, en el cual se prohibía vender alimentos a cualquier actor armado.

En ese mismo recorrido estacionamos en otros numerosos lugares ensangrentados: desde el sitio donde los militares le arrancaron la vida a la niña de 3 años Mildrey Dayana David Tuberquia, el 18 de marzo de 2003, hasta el sitio en que sus auxiliares paramilitares masacraron al joven Weber Andrés Garzón, el 18 de agosto de 2019 por negarse a cumplir sus absurdas órdenes. Visitamos también las ruinas de la vivienda de la familia Arenas Román, cuyo padre, Ignacio Arenas, fue bajado de un chivero y asesinado en la vía a Apartadó, el 25 de agosto de 2000 y sus tres hijos: Luz Analia, Hernando y Duver Antonio, masacrados un mes después, el 23 de septiembre de 2000.

Pero mientras la memoria nos revivía los horrores del pasado, las denuncias actuales nos convencen de que el Estado que nos domina sigue demostrando su carácter GENOCIDA, con un afán desaforado por exterminar a todo grupo que no se ajuste a su modelo excluyente, paramilitar y asesino, tal como se comprobó en las recientes audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos, realizadas en Bucaramanga, Bogotá y Medellín entre el 25 y el 27 de marzo de 2021.

Ponemos en conocimiento del país y del mundo los últimos hechos que nos preocupan profundamente:

  • El lunes 22 de marzo de 2021, dos pobladores del caserío de San José fueron amenazados por los paramilitares, quienes los trataron de “sapos” o informantes. Uno de los paramilitares anunciaba: “va a correr de la colorada” (refiriéndose a nuevos derramamientos de sangre).
  • ·El domingo 28 de marzo de 2021un personaje extraño, con la cara cubierta, estuvo recorriendo, de manera muy sospechosa, la parte del río El Cuchillo que bordea nuestro asentamiento central de San Josesito, como inspeccionando su topografía con miras a algún plan de acción. A raíz de esto, otras personas informaron que en días pasados habían visto a otros personajes sospechosos haciendo similares recorridos por el río.
  • ·En la última semana de marzo de 2021,en la vereda El Porvenir se vio transitar a un grupo de jóvenes reclutados y entrenados por los paramilitares.
  • ·En la última semana de marzo de 2021, pobladores de la vereda El Porvenir manifestaron su propósito de vender sus tierras porque, según ellos, “ya los paramilitares no los dejan trabajar”.
  • ·El martes 30 de marzo de 2021,  ala 01 del amanecer, paramilitares movilizados en motos distribuyeron panfletos en diversas veredas de San José de Apatadó. Uno de esos panfletos fue dejado en el asentamiento de San Josesito de nuestra Comunidad de Paz. Las cámaras captaron el momento en que llegaban en moto a dejar los panfletos.

Todos los episodios reseñados evidencian el dominio paramilitar de la zona, donde se comprueban reclutamientos, entrenamientos, reuniones, imposición de normas y cobros de impuestos a su amaño, presiones sobre pobladores para convertirlos en aliados y amenazas contra potenciales informantes, concentrando nuevamente las amenazas en anuncios de exterminio de nuestra Comunidad de Paz, en la cual ven un estorbo para sus planes de dominio, pues nuestra Comunidad no comparte ni de lejos sus perversos principios.

Es de público conocimiento, además, que en los alrededores de la base militar se ha establecido una caseta de fuerte consumo de licor en las noches, donde los paramilitares acuden armados. Es también preocupante el aumento de civiles armados que se movilizan por la carretera, multiplicándose la fuerza paramilitar ante la tolerancia absoluta de las instituciones.

Con nuestro saludo de Pascua, deseándoles felicidades, agradecemos nuevamente a las comunidades que desde tantos sitios del país y del mundo siguen manifestando su solidaridad fraterna con nuestra causa.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Abril 6 de 2021

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Identifican gen que facilitaría a las plantas soportar el calentamiento global

Modificar la reacción a la temperatura con la finalidad de garantizar el futuro de nuestro suministro de alimentos, el propósito, señala investigador

 

Un nuevo gen sensor de calor identificado por científicos de la Universidad de California en Riverside puede ser la respuesta a la necesidad de que plantas soporten el calentamiento global.

Para 2050, la subida de calor podría reducir el rendimiento de los cultivos en un tercio. Las temperaturas más cálidas indican a las plantas que se acerca el verano. Al anticipar menos agua, florecen temprano y luego carecen de energía para producir más semillas, por lo que los rendimientos de los cultivos son menores. Esto es problemático, ya que se estima que la población mundial aumente a 10 mil millones de humanos, con mucha menos comida disponible.

"Necesitamos plantas que puedan soportar temperaturas más cálidas, que tengan más tiempo para florecer y un periodo de crecimiento más largo", señaló Meng Chen, profesor de botánica y ciencias de las plantas en Riverside, en un comunicado.

"Pero, para modificar las respuestas de temperatura de las plantas, primero hay que entender cómo funcionan. Por eso es muy importante identificar ese gen que permite la respuesta al calor."

El nuevo gen, descrito en Nature Communications, es el segundo que han encontrado involucrado en la detección de temperatura.

Localizaron el primero, llamado Hemera, hace dos años. Luego hicieron un experimento para ver si podían identificar otros genes involucrados en el control del proceso de detección de temperatura.

Por lo general, las plantas reaccionan a cambios de incluso unos pocos grados en el clima. Para este experimento, el equipo comenzó con una planta de Arabidopsis mutante completamente insensible a la temperatura, y la modificaron para volver a ser reactiva una vez más.

El examen de los genes de esta planta mutada dos veces reveló el nuevo, RCB, cuyos productos trabajan en estrecha colaboración con Hemera a fin de estabilizar la función de detección de calor. "Si anula cualquiera de los genes, su planta ya no es sensible a la temperatura", destacó Chen.

Se requiere que tanto Hemera como RCB ajusten la abundancia de un grupo de reguladores genéticos maestros que cumplen múltiples funciones, reaccionan a la temperatura y a la luz y hacen que las plantas se vuelvan verdes. Estas proteínas se distribuyen a dos partes diferentes de las células vegetales: el núcleo y los orgánulos llamados cloroplastos.

Chen indicó que en el futuro su laboratorio se centrará en comprender cómo estas dos partes de la célula se comunican y trabajan juntas para lograr el crecimiento, el enverdecimiento, la floración y otras funciones.

"Cuando cambia la luz o la temperatura, los genes tanto en el núcleo como en los cloroplastos cambian su expresión. Creemos que Hemera y RCB están involucrados en la coordinación de la expresión génica entre estos dos compartimentos celulares", explicó el científico.

En última instancia, el objetivo es modificar la respuesta a la temperatura para garantizar el futuro de nuestro suministro de alimentos.

"Estábamos emocionados de encontrar este segundo gen. Es una nueva pieza del rompecabezas. Una vez que entendemos cómo funciona todo, podemos modificarlo y ayudar a los cultivos a afrontar mejor el cambio climático", concluyó el experto.

Las guerrillas rompen el pacto con la junta

Rebeldes armados se distancian de los golpistas de Myanmar

La creciente represión a las protestas por el golpe del primero de febrero ya causó al menos 550 muertos. Las facciones anunciaron que pueden volver a tomar las armas.

Diez de las principales facciones rebeldes de Myanmar van a "revisar" el acuerdo de paz firmado en 2015 con el ejército, como respuesta a la represión del régimen militar al movimiento prodemocracia que ya dejó al menos 550 muertos desde el golpe del 1 de febrero. Más de 12.000 desplazados huyeron de los bombardeos aéreos del ejército durante los últimos días, aseguró hoy uno de estos grupos, la poderosa Unión Nacional Karen (KNU), que llamó a las minorías étnicas del país a unirse contra la junta.

Desde la independencia de Myanmar, la antigua Birmania, en 1948, muchas facciones étnicas armadas estuvieron en conflicto con el Gobierno central por una mayor autonomía, el reconocimiento de su especificidad, el acceso a los muchos recursos naturales del país o una parte del lucrativo tráfico de drogas. En 2015, el ejército alcanzó un acuerdo de alto el fuego con diez de las facciones, entre ellas la KNU, uno de los grupos armados más grandes del país.

Poco después del golpe del 1 de febrero que derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi, estos grupos rebeldes habían asegurado que continuarían con el alto el fuego, pese a que los generales empezaron a reprimir. Desde entonces, "cientos de civiles, menores, adolescentes y mujeres han sido asesinados" por las fuerzas de seguridad, indicaron en un comunicado. Por ello, las diez facciones, que iniciaron este sábado una reunión de dos días, van a "revisar" su posición en el acuerdo del alto el fuego, agregaron.

"Los líderes de la junta militar deben rendir cuentas", advirtió el general Yawd Serk, líder del grupo rebelde Consejo de la Restauración. La KNU es especialmente virulenta contra la junta y la semana pasada ya se apoderó de una base militar en el estado de Karen, en el sureste del país, y mató a 10 soldados. Otros grupos armados ya respaldaron la movilización democrática y amenazaron con volver a tomar las armas contra la junta, que reprime a sangre y fuego la sublevación.

La emisaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Myanmar, Christine Schraner Burgener, advirtió esta semana del riesgo "sin precedentes" de "guerra civil" en este país. Al menos 550 civiles murieron por disparos de las fuerzas de seguridad en los últimos dos meses, según la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP). Podría haber muchos más, ya que más de 2.700 personas fueron detenidas, sin acceso a familiares y abogados. Muchas están desaparecidas. 

Los militares tomaron el poder el 1 de febrero tras derrocar al Gobierno de la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de la Nobel de la Paz Suu Kyi, al que acusan de cometer "fraude" en las últimas elecciones. Desde entonces la represión fue en aumento ante un Consejo de Seguridad de la ONU que se mantiene dividido: China y Rusia se oponen a las sanciones, mientras que Estados Unidos y el Reino Unido están a favor y ya las impusieron de forma bilateral. 

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Una motocicleta en llamas en una de las protestas acontecidas esta semana en Mandalay, Myanmar. — REUTERS

Dos meses después del golpe de estado en el país asiático, el conflicto parece cada vez más violento, con cientos de muertos y miles de heridos en las calles de las grandes ciudades.

 

La brutal represión del Ejército de Myanmar contra el movimiento de desobediencia civil pacífico desatada tras el golpe del 1 de febrero está sumiendo al país asiático en un estado de guerra civil. Los más de 500 manifestantes asesinados por las Fuerzas Armadas y la Policía desde el inicio de las protestas, según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, nos revela una guerra enormemente desigual: el Tatmadaw (como se conoce al Ejército) cuenta con casi todas las armas pero carece casi totalmente de apoyo popular, mientras que la oposición al golpe ha logrado unir a un país profundamente dividido por las diferencias étnicas, religiosas y económicas.

Ciudades como Yangon, la antigua capital, o Mandalay, están tomadas por el Tatmadaw, una fuerza de ocupación que considera a cualquier ciudadano como un enemigo en potencia. La violencia y el caos tras el golpe han llevado a varios países, entre ellos España, a urgir a sus nacionales que abandonen Myanmar lo antes posible. Pero el Ejército no ha logrado tomar el control de todo el territorio, pero sí se han sucedido huelgas de diversos sectores que han paralizado la economía. Por ejemplo, el puerto de Yangon está totalmente paralizado por el paro de los estibadores y transportistas, según informa el medio birmano Frontier Myanmar.

La asonada se produjo dos meses después de las elecciones del pasado noviembre, en las que la Liga Nacional para la Democracia (LND), liderada por la Nobel de la paz Aung San Suu Kyi, volvió a obtener la mayoría tras sus primeros cinco años en el Gobierno. El Ejército había acusado sin pruebas a al Gobierno de fraude electoral y finalmente el comandante en jefe, Min Aung Hlaing, tomó el poder horas antes de la primera sesión parlamentaria y arrestó a Suu Kyi, a decenas de diputados electos de su partido y centenares de conocidos activistas.

Min Aung Hlaing predica que la toma de poder es constitucional y que su intención es celebrar nuevas elecciones tras un año de gobierno. Pero sus promesas de defender la democracia suenan cada vez más vacías a medida que se acumulan los muertos. Este golpe supone, paradójicamente, el desmantelamiento del sistema constitucional diseñado por la anterior junta militar (que gobernó entre 1988 y 2011), y que ha sido enormemente beneficioso para los generales desde que decidieron embarcarse hace un decenio en una transición a lo que denominaron una "democracia disciplinada".

La Constitución asegura al Tatmadaw el control de tres ministerios clave (Defensa, Interior y Fronteras), una autonomía casi total con respecto al Gobierno civil y el 25% de los escaños en el Parlamento. Además, los generales han contado con una aliada inesperada en su transición: Aung San Suu Kyi, quien, tras 15 años bajo arresto domiciliario por su oposición al régimen, en 2011 decidió aceptar las reglas del juego impuestas por la junta militar, lo que culminó con la victoria electoral de su partido en 2015.

Suu Kyi y su ‘laissez faire’ a los militares

La Dama, como se conoce a Suu Kyi en Myanmar, nunca ocultó su intención de cambiar la Constitución para poner al Ejército bajo control civil, pero la Carta Magna está blindada para que cualquier enmienda sea imposible sin el asentimiento del Ejército. Entretanto, Suu Kyi y su partido mostraron tener más en común con el Ejército de lo que parecía durante la época de la dictadura.

En primer lugar, Suu Kyi apoyó sin reservas las operaciones militares de 2016 y 2017 contra la minoría musulmana rohingya en el estado de Rakhine, que provocaron miles de muertos y el éxodo de casi 800.000 refugiados a la vecina Bangladesh. Los rohingya llevan sufriendo un régimen de apartheid desde hace décadas y abunda el racismo contra ellos en Myanmar, donde son considerados erróneamente ‘inmigrantes ilegales’ de Bangladesh. La LND de Suu Kyi no es ajena a ese racismo y ha contribuido enormemente a exacerbarlo.

Suu Kyi también apoyó al Ejército en sus conflictos con las decenas de guerrillas etnonacionalistas que luchan por la autonomía de las regiones fronterizas del país. Desde que Myanmar se independizara de los británicos en 1948, ha estado dominada por los bamar, la etnia mayoritaria que ha intentado imponer un modelo centralista sobre minorías que históricamente han pertenecido a reinos de las periferias. Durante su mandato, la Dama intentó poner en marcha un proceso de paz con los distintos grupos armados, pero fracasó estrepitosamente, en gran medida debido a que no tenía control sobre el Ejército, pero también por su negativa a hacer concesiones políticas, como señalaba en su día un informe de International Crisis Group.

Por otra parte, Aung San Suu Kyi nunca se atrevió a tocar los intereses económicos de los generales, que controlan gran parte de la economía y son protagonistas del expolio de los recursos naturales a través de empresas privadas y grandes conglomerados de su propiedad, lo que organizaciones como Justice for Myanmar llevan años denunciando.

Hasta el golpe de estado del 1 de febrero, los militares y la LND habían alcanzado un incómodo, pero conveniente, modus vivendi, como explica el historiador Thant Myint-U en su reciente libro The Hidden History of Burma. Ello hace de la asonada un misterio, aún más difícil de resolver dada la absoluta opacidad del Tatmadaw, como reconocen expertos en el Ejército de Myanmar como el australiano Andrew Selth. Más allá de la ambición personal de Min Aung Hlaing, es muy posible que, ante una LND cada vez más asertiva tras su segunda victoria electoral, los generales perdieran la paciencia y decidieran "poner en su sitio" al gobierno civil.

Ahora, con Aung San Suu Kyi incomunicada, tras su arresto después del golpe, el movimiento de desobediencia civil ha cobrado vida propia y nadie quiere volver a la "democracia disciplinada" de los generales, esa que pactó la Dama.

La inesperada solidaridad interétnica

Las protestas también se han extendido a la mayoría de las regiones donde habitan las minorías étnicas, que demandan una nueva constitución federalista. Mientras tanto, los bamar que viven en las zonas centrales, alejados de los conflictos en las fronteras, están sufriendo ahora la misma brutalidad por parte del Ejército que las minorías han padecido durante decenios, lo que está generando un incipiente movimiento de solidaridad interétnica sin apenas precedentes en Myanmar.

Hasta los rohingya están recibiendo muestras de apoyo por parte de los bamar, que en algunos casos han manifestado su arrepentimiento por no haberlos apoyado cuando el Tatmadaw los estaba masacrando hace cuatro años, algo impensable hace solo unos meses.

Asimismo, un grupo de diputados electos en las últimas elecciones ha formado un gobierno clandestino, el Comité de Representación de la Pyidaungsu Hluttaw (Parlamento, CRPH) que está tratando de crear un ejército federal que una a todos los grupos armados para combatir al Tatmadaw. Muchas de las guerrillas han expresado su solidaridad con el movimiento de desobediencia civil, pero formar dicho Ejército supondría un trabajo diplomático casi titánico, ya que algunos de estos grupos rebeldes parecen poco dispuestos a luchar y otros están enfrentados entre sí, tal y como advierte el experto David Mathieson.

La población de Myanmar está prácticamente sola frente al Ejército en un contexto internacional en el que la ONU muestra una vez más su impotencia. En este escenario, una intervención extranjera es poco probable y las sanciones contra los generales por parte de países occidentales son escasamente efectivas mientras cuenten con el apoyo de poderosos aliados como China o Rusia, dos de los ocho países que enviaron representantes a las celebraciones del Día de las Fuerzas Armadas en la capital, Naipidó, el 27 de marzo, mientras el Ejército mataba a más de 100 civiles en otras localidades.

Aunque se han producido algunas deserciones de oficiales de bajo rango, es poco probable que se produzca una rebelión dentro de un Ejército muy cohesionado, casi totalmente aislado de la sociedad y acostumbrado a considerarse el único garante de la unidad nacional, como muestra una investigación publicada por New York Times. Esa posibilidad disminuye a medida que el Tatmadaw comete más crímenes y más oficiales están implicados en ellos; pocas cosas unen tanto como la responsabilidad compartida en crímenes de lesa humanidad. Mientras Myanmar parece sumirse en una guerra civil, solo una unión de los diferentes grupos armados y el movimiento de protesta podría alterar el desequilibrio de fuerzas actual frente al brutal Ejército de Min Aung Hlaing, pero queda por ver si eso será posible.

Madrid

02/04/2021 22:04 Actualizado: 02/04/2021 23:02

Carlos Sardiña Galache//twitter.com/@CSGalache">@@CSGalache

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Un alegato en favor de la política identitaria feminista

Desde un principio, el movimiento feminista se enfrentó al desafío de definir el sujeto político mujer y proclamar características en común a través de las cuales pudiera definirse a sí mismo. O para decirlo de otra manera: ¿por quién lucha realmente el feminismo? Y viceversa: ¿quiénes están (o se sienten) excluidos?

 

 «Nadie soporta a las feministas», se dice en la serie Mrs. America, que muestra la lucha política por la Enmienda para la Igualdad de Derechos (Equal Rights Amendment) en la década de 1970, una enmienda constitucional que supuestamente garantizaría la igualdad de derechos para las mujeres en Estados Unidos. La frase lo sintetiza bastante bien, ya que no solo hay tradicionalmente resistencia a las demandas feministas en los reaccionarios de derecha: mucha gente de izquierda también insta una y otra vez a recordar que la demanda central es de igualdad social y justicia social, y a no dejarse dividir por los supuestos «intereses particulares» de movimientos individuales como el feminismo o Black Lives Matter. En especial desde la derrota de Hillary Clinton en las elecciones por la Presidencia en 2016, se ha generalizado el argumento de que últimamente los liberales de izquierda solo se han centrado en reclamos de minorías. Se dice que en la lucha contra la discriminación se han dejado de lado la desigualdad social y la lucha contra ella. Finalmente, se aduce también que este proceso ha promovido asimismo el triunfo global de la derecha populista y la ultraderecha, si no es que ha sido el culpable de tal triunfo.

«Política identitaria» es el tan trillado eslogan que supuestamente explica la atomización y la falta de alianzas dentro de los movimientos de izquierda. Este término parecería reemplazar como nuevo eslogan la reaccionaria expresión de batalla «corrección política», muy popular desde hace varias décadas. Pero en ambos casos se trata de un intento –y esta es la tesis central del presente texto– de desacreditar y deslegitimar políticas emancipatorias que difícilmente podrían ser mayoritarias en la puja democrática.

Por cierto, la crítica a la política identitaria no es nueva. El feminismo ha trabajado incansablemente durante casi 150 años en la famosa «contradicción fundamental», es decir, la explotación capitalista, con cuya eliminación todas las demás formas de opresión desaparecerían naturalmente. Incluso los primeros socialistas exigían que las compañeras hicieran el favor de cesar sus quejas feministas y cerraran filas. Una vez establecido el socialismo –se decía–, la opresión de las mujeres también se resolvería por sí sola porque era tan solo una «contradicción secundaria». Un pronóstico que, como es sabido, no se ha cumplido.

Más bien, fueron precisamente esos movimientos que habían sido despreciados por ser «política identitaria» los que se opusieron a esa opresión. Porque sin política identitaria habría una alta probabilidad, por ejemplo, de que siguieran vigentes las leyes Jim Crow, que rigieron en el sur de Estados Unidos durante el periodo comprendido entre la abolición de la esclavitud en 1865 y el final (oficial) de la segregación racial a mediados de la década de 1960: entre otras cosas, las mujeres seguirían sin poder votar y la homosexualidad sería aún una conducta punible.

Y estas luchas elementales contra la discriminación y por la igualdad de derechos tampoco deben, contrariamente a las críticas, separarse de las luchas por la igualdad social y la justicia social. A diferencia de la política identitaria de derecha, que trata de asegurar privilegios y la exclusión de minorías, la política identitaria de izquierda lucha por la participación y la inclusión. Tampoco es una forma de protesta que una haya elegido, sino esencialmente una reacción ante la discriminación. Reacciona al hecho de que determinadas características (no todas necesariamente negativas) son asociadas a un supuesto colectivo. Esto significa, por ejemplo, que las mujeres son consideradas irracionales, pero al mismo tiempo son asociadas a una mayor emocionalidad y empatía. Estas atribuciones colectivas son históricamente contingentes, pueden cambiar y, a veces, incluso directamente contradecirse. Las personas son reunidas así, en un grupo que supuestamente forma una «unidad» propia: «identidad» proviene del latín idem, que significa «lo mismo». Esta unidad es algo que fija la sociedad. Las personas que se encuentran en ella no son realmente «las mismas». Así, fue el racismo el que creó el constructo race y no al revés, tal como escribe Ta-Nehisi Coates en el prefacio de El origen de los otros, de Toni Morrison. Por lo tanto, se trata a las personas como colectivos sin que estas hayan decidido pertenecer a tal colectivo.

Esta atribución colectiva tiene consecuencias enormes que el individuo debe soportar pero que solo surgen por la pertenencia atribuida: una determinada mujer experimenta el «techo de cristal» no porque haya hecho algo mal al planificar su carrera individual, sino porque, como parte del colectivo «mujeres», está expuesta a la discriminación estructural; si bien los fascistas dan golpizas a personas concretas individuales, estas experimentan esa violencia porque con anterioridad fueron colectivizadas racialmente. Entonces, si la discriminación y la opresión funcionan siempre y exclusivamente de manera colectiva, es lógico defenderse también contra ellas de manera colectiva.

El Combahee River Collective acuñó la expresión «política identitaria» en 1977. En una declaración programática, esta asociación de lesbianas negras anunció: «Creemos que la postura política más profunda y tal vez la más radical surge directamente de nuestra propia identidad». Esto significaba que la opresión específica que experimentaban en concreto como lesbianas negras se podía combatir mejor a partir de su situación específica como lesbianas negras, y que la podían combatir conjuntamente. Estas mujeres no se reconocían en una política de izquierda que tenía principalmente al trabajador industrial masculino como figura modélica del proletariado. Porque la realidad de la vida de este trabajador no se correspondía con la situación vital de ellas ni con sus vivencias de explotación.

La palabra «colectivo», que probablemente no por casualidad forma parte del nombre del Combahee River Collective, es central. Pero reaccionar como un colectivo a la opresión experimentada por un conjunto requiere, en primer lugar, la aceptación de esta atribución y esta pertenencia determinadas desde afuera. Esta obligada aceptación va acompañada de una autodefinición y una redefinición de la identidad colectiva asignada. La subordinación experimentada, junto con los atributos despectivos, debería convertirse ahora en una entidad colectiva con connotaciones positivas, autoelegida y autoempoderante: las mujeres ya no son el «sexo débil», sino fuertes y autodeterminadas, negro ya no es peor que blanco, sino que «Black is beautiful», el «orgullo gay» hace que «homosexual» deje de ser un improperio, etc.

Sin embargo, el dilema central de cualquier política identitaria de izquierda sigue siendo tener que referirse positivamente a categorías que en realidad son la causa de la discriminación. Por lo tanto, la política identitaria se caracteriza por una ambivalencia fundamental entre el rechazo y la afirmación de la identidad. La afirmación conlleva un gran peligro de la política identitaria: el de la esencialización. Pues las asociaciones sexistas y racistas, por ejemplo, a menudo son ambivalentes y peyorativas: las mujeres son vistas como empáticas y cariñosas, los varones negros como fuertes y potentes. Por lo tanto, es grande la tentación de incluir estas atribuciones contingentes que se hacen desde afuera en el propio diseño de la identidad y de esencializarlas, es decir, declararlas como características esenciales. Lo afro asumido con seguridad en una misma es tan indisolublemente parte de la negritud como el elogiado útero es parte de ser mujer. A la inversa, esto significa que quedan excluidas aquellas que no tienen la estructura capilar necesaria o, como las mujeres trans, carecen del órgano requerido. La identidad colectiva asumida deja de ser entonces un constructo auxiliar que finalmente surge de la legítima defensa. Más bien postula y vuelve a manifestar diferencias esenciales donde en realidad no las hay.

El ejemplo de los movimientos feministas, que fueron y son movimientos centrales en las políticas identitarias, muestra de manera particularmente vívida lo arduo que es buscar una esencia identitaria. «¡¿No soy una mujer?!», preguntaba la ex-esclava Sojourner Truth en 1851. Con su famoso discurso «And ain’t I a woman?!", denunció, durante una convención sobre los derechos de la mujer en Ohio, que el movimiento feminista estadounidense, que acababa de nacer, no incluía en su demanda de emancipación a las negras ni a las mujeres esclavizadas, incluso pese a que el movimiento feminista estadounidense se había inspirado, sobre todo, en la lucha de los hombres y las mujeres abolicionistas por la supresión de la esclavitud.

La crítica de Sojourner Truth marcó así el comienzo de un argumento que recorre como un hilo rojo la historia del feminismo: ¿por quién lucha realmente el feminismo? ¿Quiénes eran exactamente «las mujeres» cuyos derechos defendía? O formulando la pregunta al revés: ¿quién era excluida? Desde un principio, el movimiento feminista se enfrentó al desafío fundamental de definir el sujeto político mujer y proclamar características en común a través de las cuales ese colectivo pudiera definirse a sí mismo. Al igual que con Sojourner Truth, esta identificación fracasó (y sigue fracasando) no solo por el color de la piel: el fracaso reconoce las más diversas razones a lo largo de la historia del feminismo. Las trabajadoras se sentían excluidas del feminismo burgués y las feministas del Sur global se sentían excluidas del feminismo occidental, las lesbianas rechazan el feminismo de las feministas heterosexuales por ser excluyente, etc.

Un conflicto básico central del Primer Movimiento Feminista, que surgió en la segunda mitad del siglo XIX, fue inicialmente el antagonismo entre trabajadoras y feministas burguesas. Desde entonces se ha intentado combinar la cuestión social con la «cuestión de la mujer», es decir, la política de clases con la política identitaria. Porque a pesar de todos los antagonismos y conflictos de intereses, hay innumerables ejemplos que muestran que las políticas identitarias, tanto en la teoría como en la práctica política, no se oponían en modo alguno a la política de clases.

Los movimientos feministas siempre han denunciado la pobreza femenina y han formulado una elaborada crítica a la economía con la que, entre otras cosas, exigieron el reconocimiento del trabajo reproductivo y una redistribución radical del trabajo remunerado y no remunerado. En una entrevista con el periódico ak - analyse & kritik en 2017, la feminista marxista Silvia Federici criticó lo anticuada que es la idea de esta contradicción (política identitaria versus lucha de clases): «La idea de que hay cultura por un lado y lo real por el otro es parte de una concepción muy paleomarxista, paleolítica, de lo que es explotación y acumulación. Básicamente, esta concepción todavía ve la acumulación principalmente en la fábrica y todo lo demás es 'cultural'».

El deseo de formar alianzas en vista de una izquierda dividida y fragmentada es comprensible y generalizado. El malestar por la multiplicación indiferenciada de categorías de discriminación inquieta a muchos críticos y críticas de izquierda de las políticas identitarias. Pero los llamamientos a la unidad y a dejar estratégicamente atrás las diferencias son desacertados, pues estas diferencias existen y son enormes. Por lo tanto, la solución para una política identitaria de izquierda implica no negar estas diferencias ni evaluarlas necesariamente como divisivas y disolventes. Como toda política identitaria, también debe reconocer que la propia homogeneidad es solo una ficción auxiliar y debe afirmar la diferencia como característica constitutiva e incluso constructiva.

Este reconocimiento trae consigo una gran oportunidad: a fin de cuentas, la crítica de la política identitaria de las minorías es precisamente la fuerza y no la debilidad de los movimientos de izquierda. La política identitaria de izquierda quiere superar las marginaciones para trabajar en forma mancomunada por una mayor justicia para cada vez más personas. Y en vista de las actuales invectivas, es extremadamente importante tener en cuenta este logro histórico. Así, el objetivo de la política identitaria de izquierda no es la división, sino más bien lo que supuestamente se impide: la solidaridad.

Fuente: Neue Gesellschaft-Frankfurter Hefte

Traducción: Carlos Díaz Rocca

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Unos activistas prueban una especie de gran cauchera sujeta a un poste, ayer en Rangún

 

Incendiada una treintena de fábricas chinas en las últimas protestas en Rangún

 

Las calles de Hlaingthaya tienen fama de duras. Este municipio, en el extremo occidental de Rangún (la ciudad más grande de Birmania), es uno de los más poblados del país, donde gran parte de sus 700.000 habitantes trabaja en los cientos de factorías textiles del lugar. Muchos de ellos son emigrantes rurales, que al tratar de escapar de la pobreza se dieron de bruces con los peligros de la vida en los suburbios, incluidos los robos, la explotación laboral o los asesinatos.

Sin embargo, el problemático distrito nunca había sido testigo de una violencia como la vivida el pasado fin de semana. El domingo, al menos 22 manifestantes contra la asonada militar del pasado 1 de febrero murieron allí por disparos de las tropas gubernamentales. Otros seis cayeron en el suburbio industrial de Shwepyithar.

Ese mismo día, una treintena de fábricas regentadas por empresarios chinos en esas barriadas fueron atacadas con saña e incendiadas, con un saldo de al menos dos heridos y unos 30 millones de euros en pérdidas. Las factorías taiwanesas o surcoreanas no tardaron en ondear sus banderas bien a la vista para evitar agresiones similares, mientras que las autoridades golpistas impusieron la ley marcial en las zonas más castigadas.

Ese ataque contra sus intereses y el creciente sentimiento antichino entre una parte importante de la población empujaron rápidamente a Pekín a tomar cartas en el asunto: en los últimos días ha lanzado repetidos mensajes exigiendo a las autoridades birmanas que tomen medidas concretas “para garantizar la seguridad” de sus ciudadanos y “evitar que se repitan incidentes similares”, además del castigo para los culpables. Aunque se ha especulado con una posible evacuación del personal chino no imprescindible, el diario estatal Global Times negó ayer que eso sea cierto.

Desde que los generales apartaron del poder manu militari a Aung San Suu Kyi, la postura del gigante asiático, que cuenta con grandes intereses económicos en Birmania –oleoductos, presas, minerales o puertos, entre otros­­–, ha estado en el punto de mira. Ya desde el principio se especuló con que China apoyaba –o al menos conocía– los planes de los uniformados, aunque no existe prueba alguna sobre ello. De hecho, gran cantidad de expertos han señalado que Pekín mantuvo con el depuesto gobierno democrático de la Nobel de la Paz una relación mucho más fluida y franca que con la junta militar que gobernó Birmania durante el medio siglo previo, por lo que no tendría interés en ver a los militares de vuelta. Sin embargo, eso no ha evitado que desde un principio surgieran todo tipo de rumores que dejaban en mal lugar a China: desde que había enviado armas o militares para apoyar a las tropas birmanas a que sus ingenieros de telecomunicaciones estaban colaborando con los golpistas para ayudarles a controlar las redes del país. Un “sinsentido”, en palabras del embajador chino.

Pero que no haya pruebas fehacientes no ha evitado que la ola sinófoba haya adquirido dimensiones considerables. En las protestas diarias contra el golpe, no es extraño ver carteles con lemas como “Negocios chinos, ¡fuera!” o “Quemaremos el oleoducto chino”, un proyecto controvertido que en el pasado ya provocó protestas por sus costes medioambientales. También se han redoblado los llamamientos al boicot de sus productos, ya sean frutas, móviles o videojuegos.

Tampoco ayuda que China se mantenga firme en la aplicación de su principio de no injerencia en los asuntos internos de terceros países. Aunque sí ha apoyado en la ONU una “contundente condena a la violencia sobre los manifestantes pacíficos” o la puesta en libertad de Suu Kyi, muchos no le perdonan que no condene de forma taxativa el golpe, que en un inicio incluso fue calificado por los medios estatales como “una importante remodelación del gabinete”.

Los últimos acontecimientos han colocado a Pekín en una encrucijada de difícil salida. “Por una parte, necesita mantener buenas relaciones con los militares para contar con su apoyo en proyectos de infraestructura”, detalló el analista Pang Zhongying a France Press. “Por la otra, no quiere que se le vea interfiriendo en los asuntos internos del país o parecer demasiado cercana a las fuerzas armadas en medio de la condena internacional. Sus proyectos se enfrentan a grandes riesgos de seguridad, pero tiene las manos atadas”.

STRINGER / EFE

Ismael Arana

Hong Kong. Corresponsal

18/03/2021 01:08Actualizado a 18/03/2021 09:03

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Empeora represión en Myanmar; fuerzas de seguridad matan a 38 manifestantes

Rangún. Las fuerzas de seguridad de Myanmar mataron ayer a unas 38 personas en el peor día de represión desde que la líder Aung Sang Suu Kyi fue víctima de un golpe de Estado, el 1º de febrero, lo que llevó a la emisaria de la Organización de Naciones Unidas para esta nación asiática, Christine Schraner Burgener, a condenar el "continuo baño de sangre".

La diplomática suiza Christine Schraner Burgener aseveró que "la comunidad internacional, y aun actores regionales, debe unirse en solidaridad con el pueblo de Myanmar y sus aspiraciones democráticas".

En un comunicado señaló que el Ejército de Myanmar desafía los llamados internacionales a la moderación, y agregó que sus contactos dentro del país le dieron "relatos desgarradores de asesinatos y maltratos contra manifestantes, así como tortura de prisioneros".

Al menos 22 manifestantes fueron abatidos por la policía en un suburbio pobre e industrial de Rangún, la principal ciudad de Myanmar, después de que se incendiaron fábricas financiadas por China, dijo un grupo de defensa.

Otros 16 manifestantes murieron en otros lugares, señaló la Asociación de Asistencia a Prisioneros Políticos (AAPP), así como un policía.

La embajada china refirió que muchos empleados chinos resultaron heridos y quedaron atrapados en ataques incendiarios por asaltantes no identificados en fábricas de ropa en Hlaingthaya y señaló que pidió a Myanmar que proteja las propiedades y los ciudadanos chinos. Se considera que China apoya a la junta militar. El régimen golpista impuso la ley marcial en Hlaingthaya y otro distrito de Rangún, polo comercial de Myanmar y la antigua capital, anunciaron los medios estatales.

Myawadday, la cadena de televisión dirigida por el Ejército, dijo que las fuerzas de seguridad actuaron después de que se incendiaran cuatro fábricas de ropa y una planta de fertilizantes, y unas 2 mil personas impidieron que los camiones de bomberos los alcanzaran. Un portavoz de la junta no respondió a las llamadas solicitando comentarios.

El doctor Sasa, representante de los legisladores electos de la asamblea que fue derrocada por el Ejército, expresó solidaridad con el pueblo de Hlaingthaya. "Los atacantes, enemigos del pueblo de Myanmar, el malvado SAC (Consejo Administrativo del Estado), serán responsables de cada gota de sangre que se derrame", dijo en un mensaje.

Las últimas muertes elevarían el número de víctimas de las protestas a 126, estableció la AAPP. Precisó que más de 2 mil 150 personas habían sido detenidas hasta el sábado.

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Mientras padecemos el horror, cultivamos vida

Pese al clamor que se ha prolongado por más de dos décadas, nuestra Comunidad de Paz ha elevado súplicas a todos los rincones del país y del mundo en búsqueda de solidaridad y humanidad y ha logrado que se le exija a los gobiernos de turno parar la barbarie y desmontar el plan de exterminio al que somos sometidos constantemente, sin que a la fecha se haya implementado ninguna medida eficaz para poner fin al sufrimiento que hemos padecido durante ya tantos años. Mientras padecemos el horror, nosotros aquí seguimos aferrados al amor que le tenemos a la vida.   

Una vez más, nuestra Comunidad de Paz se ve en la obligación ética y moral de dejar constancia ante el país y el mundo, para que algún día se juzguen los atropellos perpetrados por los paramilitares, brazo criminal del Estado, que afectan a nuestra Comunidad y a la población civil de nuestro entorno geográfico y social. En esta ocasión dejamos constancia de estos hechos:

-          El martes 2 de febrero de 2021, nuestra Comunidad de Paz, tuvo conocimiento de un intento de abuso sexual, hace algunos días, contra dos niñas que oscilan entre 11 y 13 años, por parte del reconocido paramilitar que tiene el alias de “Samuel” en la vereda La Unión del corregimiento de San José de Apartadó. A estas menores el paramilitar les ofreció sumas de dinero para someterlas. De igual forma vienen incentivando a otras menores con el propósito de abusar sexualmente de ellas.

-          A principios del mes de febrero de 2021, nuestra Comunidad de Paz, tuvo conocimiento de las amenazas de muerte, por parte de los paramilitares, contra un joven que vive en la zona, quien, además, había sido el encargado, por parte de los paramilitares, de la venta y comercialización de drogas en el centro poblado de San José. Las autoridades de Policía y del Ejército, al parecer en coordinación con el paramilitarismo, han venido utilizando a la población civil, específicamente a los jóvenes, para involucrarlos en este juego sucio y perverso y luego justificar sus muertes o sus desplazamientos de la región. Afortunadamente la familia de este joven gestionó oportunamente su protección y su traslado a otro sitio fuera de la zona, logrando así salvar su vida. 

-          El sábado 6 de febrero de 2021, nuestra Comunidad de Paz, tuvo conocimiento, a través de un poblador de la zona, que, el anterior comandante de la Estación de Policía de San José, tenía una relación muy cercana con los paracos en el tema de drogas”. Y que “el nuevo comandante llegó, entró y siguió el hilo, la misma línea exactamente igual al anterior, pareciera que todo está ya cuadrado”. También afirmó“ya en las noches, cuando esta oscurito, uno ve a los policías que bajan de civil a las ollas (expendios de drogas) a comprar droga y vuelven a subir al comando”. Afirmó además que “la policía no se mete en ningún problema, todo se lo han dejado a los paramilitares para que controlen todo el orden público, y esto no se lo puede uno decir a nadie, toca quedarse uno calladito, porque si se lo dice a alguien y ese alguien a la policía o a los paracos, se mete uno en problemas.

 

-          Este mismo sábado 6 de febrero de 2021, una vez más un poblador de la zona  se acercó a nuestra Comunidad de Paz, para afirmarnos que, en el casco urbano de San José de Apartadó, se viene presentando una situación muy grave y lamentable y es permitir que los niños menores de 10 años compren drogas (alucinógenas) en horas de la noche para consumir, sin que nadie haga absolutamente nada para evitarlo, pese a que en San José de Apartadó existe una base militar y un bunker de la Policía Nacional.  

-          El martes 9 de febrero de 2021, en horas de la tarde, en las veredas La Unión, Buenos Aires y El Cuchillo, del corregimiento de San José de Apartadó, paramilitares que residen en dichas veredas convocaron para el día siguiente, miércoles 10 de febrero de 2021, a una reunión en el paraje las Claras, del mismo corregimiento, con la advertencia de que quien no participe, asume las consecuencias.

-          El miércoles 10 de febrero de 2021, en el paraje Las Claras, desde muy temprano hicieron presencia paramilitares, portando armas cortas y en trajes de civil. Hacia las 13:00 horas, en la escuela ubicada en dicho paraje de las Claras, que además está ubicado a pocos minutos del casco urbano de San José, donde está instalada una base militar y un bunker de la Policía Nacional, se llevó a cabo una reunión presidida por los paramilitares al mando de alias “Cristian”, ex militante de las FARC-EP por más de 20 años, según el propio alias Cristian. En dicha reunión, los paramilitares impusieron órdenes y reglas totalmente en contravía del proceder y costumbres del campesinado de la región, en lo que tiene que ver con la producción agrícola y comportamiento social, limitando a la población campesina el derecho que tienen sobre sus propiedades o tierras que han cultivado desde hace muchos años por sus abuelos y ancestros. De igual forma la imposición de “vacunas” (impuestos ilegales y extorsivos) para el corte y venta de madera; la prohibición total de cacería y pesca en la zona sin la autorización directa de ellos(los paramilitares). Allí también se manifestaron enérgicamente contra las denuncias que nuestra Comunidad de Paz viene realizando públicamente. Alias Cristian afirmó que tienen gente por todos lados, y que tienen a toda la población civil vigilada; o se someten a las normas, dijo, o se tienen que ir de la zona. La advertencia para los jóvenes y adolescentes es que todo niño mayor de 12 años debe participar en la junta, o pena de multa, o no puede estar en la vereda, afirmando, además, que no van a permitir que la guerrilla se tome el territorio nuevamente, que lo van a disputar a sangre y fuego y que quien tenga que morir pues que muera, ya que esta región representa grandes intereses económicos. Frente a estas amenazas, la población civil está muy asustada y hay mucha preocupación por las advertencias y amenazas que los paramilitares vienen haciendo.

-          El jueves 11 de febrero de 2021, en la vereda Bellavista, perteneciente también al corregimiento de San José, se realizó una reunión con la población civil campesina, por parte de los paramilitares que actúan libremente por estas regiones; los temas abordados fueron los mismos que se trataron en el paraje de Las Claras el día anterior, miércoles 10 de febrero de 2021.

-          Entre los días 16 al 20 de febrero de 2021, los paramilitares han circulado por las redes sociales en el corregimiento de San José, lanzando sus amenazas de muerte y exhibiendo una lista de personas para asesinar.

-          Se ha tenido conocimiento de que, en las otras veredas del corregimiento de San José, se realizaron reuniones de imposición del orden económico y social anunciado en días anteriores por los paramilitares, quienes actúan libre y abiertamente a lo largo del territorio del corregimiento de San José de Apartadó.

-          El viernes 26 de febrero de 2021, en la vereda El Porvenir, del corregimiento de San José de Apartadó, se notó una fuerte presencia de un grupo de paramilitares con uniformes camuflados y portando armas largas. La presencia de este grupo paramilitar genera zozobra e intimidación a la población civil, por cuanto ya vienen realizando control y amenazando al campesinado, imponiendo determinados usos de la tierra y modelos de producción agrícola en sus parcelas que es el sustento de las familias campesinas.

El lunes 08 de marzo de 2021, nuestra Comunidad de Paz hizo pública ante el país y el mundo una NUEVA RUPTURA CON LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, pues, una vez más ha evidenciado su distanciamiento radical del papel que le asigna la Constitución Nacional, mediante prácticas corruptas y en contravía de su misión. En efecto, la designación de personas para los cargos de Defensor Nacional y Defensor Regional de Urabá, el primero, en el Señor Carlos Camargo, como amigo incondicional del Presidente Duque, y el segundo en el Señor José Augusto Rendón, como abogado de los despojadores de tierra de comunidades campesinas y afrocolombianas y además enemigo declarado de la Ley de Tierras y de Víctimas, son nombramientos que dejan en claro una opción del gobierno por los opresores, por los despojadores y por los empresarios corruptos, al mismo tiempo que contraria a lo que la Constitución y las leyes establecen como objetivos misionales de la Defensoría del Pueblo. Queda claro que las víctimas no les importan sino solo la ambición de poder político y de acumulación de poderío económico en manos de élites opresoras, ligadas a  empresas y partidos políticos que se han destacado por su capacidad de despojo, desplazamiento, eliminación de comunidades de base y desconocimiento de derechos humanos fundamentales. Es de conocimiento público que estos dos personajes vienen de un pasado muy oscuro en el país, el cual los inhabilita radicalmente para ser defensores de las víctimas, papel esencial de la Defensoría. Nuestras rupturas anteriores se han fundado en nuestra triste experiencia de tener que acudir a una Defensoría que no nos garantiza nada y que, por el contrario, ha hecho todo lo posible, ya con acciones corruptas, ya con omisiones sistemáticas, para garantizarle a los empresarios y politiqueros corruptos el disfrute pleno de su capacidad de despojo, de robo de tierras, de desplazamientos forzados de comunidades enteras y de prácticas genocidas de exterminio de comunidades.

 La confabulación entre las fuerzas armadas y su brazo paramilitar, no puede sino sumar crímenes a crímenes contra la población civil, prácticas que no cambian y que muestran una desvergonzada e impúdica contumacia y complicidad de todas las instituciones; no vale dejar constancias en la Presidencia de la República, en todas las altas Cortes; la misma Defensoría del Pueblo ya fue corrompida hasta el fondo; nadie hace nada; el gobierno no le da ninguna respuesta pertinente a los organismos internacionales que reclaman. El desamparo es absoluto.

Pese a ello, nuestras convicciones inquebrantables e insobornables por la defensa de la vida nos llevan a seguir hoy más firmes que nunca, elevando nuestra voz a los cuatro vientos, afirmándonos en nuestros principios de vida y trabajo y de firmeza civil pacífica frente a nuestros propios verdugos, quienes jamás podrán apagar nuestra voz. Nuestro clamor queda en la historia y en la humanidad.

No retrocedemos y jamás renunciaremos a nuestra memoria de vida y comunidad.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

12 de marzo de 2021

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Jueves, 11 Marzo 2021 05:38

Lula de vuelta al ruedo

Lula de vuelta al ruedo

Por primera vez desde su prisión, en abril de 2016, Lula da Silva hizo un largo pronunciamiento, casi hora y media, mostrando estar en plena forma: abordó un largo abanico de temas y aspectos de la tragedia vivida en Brasil, con énfasis en algunas iniciativas del ultraderechista presidente Jair Bolsonaro y, en especial, relacionadas a la pandemia que diezmó a al menos 270 mil vidas y sigue en ascenso, ahora con la media de dos mil muertes diarias.

Al mismo tiempo, recordó logros de sus dos mandatos presidenciales y, en una clara muestra de que al recuperar sus derechos políticos también recuperó su espacio de lucha, lanzó señales sobre cómo serán sus pasos a partir de ahora. No se declaró candidato en 2022, pero actuó como si lo fuera.

Las duras críticas de Lula sobre la conducta errática, irresponsable y genocida de Bolsonaro tuvieron efecto inmediato: horas después y luego de 36 eventos oficiales en los que hizo alarde de no usar mascarilla, el mandatario apareció utilizando el protector. Y más: elogió las vacunas, pese a haber retardado de manera absurda su adquisición.

El discurso de Lula giró alrededor de cuatro ejes principales: la economía destrozada, el desempleo, la pandemia y la hartísima distribución de armas llevada a cabo por Bolsonaro.

“El pueblo no quiere armas, quiere empleo”, “el pueblo no quiere armas, quiere vacunas” fueron frases esparcidas lo largo del pronunciamiento de Lula, y también tuvieron inmediato efecto sobre el clan presidencial. Horas más tarde, el senador Flavio, primogénito de Bolsonaro, envió un mensaje a sus seguidores a través de las redes sociales: “Nuestra arma es la vacuna”. Hasta hace menos de 24 horas él, a ejemplo del papá presidente, despreciaba la inmunización.

Si el duro discurso de Lula, bien como su disposición de ir rápido al frente de batalla, creó semejante desconcierto en el clan presidencial, a punto de provocar un vuelco radical e inesperado, en el medio político se abren incógnitas sobre cómo reaccionarán la derecha y el centro-derecha. Ya la izquierda y el centro-izquierda empiezan a moverse rumbo a un frente amplio que, por lo que se entendió de las palabras de Lula, buscará cooptar sectores empresariales y también conservadores, a no confundir con reaccionarios, dispuestos al diálogo.

Además de partidos de derecha, otro sector que reaccionó mal a la vuelta al ruedo de Lula fue el de las Fuerzas Armadas. Varios altos mandos, algunos en el ápice de la carrera, aceptaron hablar con periodistas bajo la condición de anonimato, una manera de mandar un duro alerta al ex mandatario. Pese a que Lula les recordó que, bajo sus dos mandatos, las Fuerzas Armadas fueron ampliamente favorecidas, una vez más quedó patente que los uniformados activos –de los retirados mejor ni hablar– alimentan un odio visceral al PT. Es a raíz de lo que hizo la entonces presidente Dilma Rousseff,  instaurar la Comisión de la Verdad, que es considerado entre los castrenses una “medida puramente revanchista”.

Al menos en este primer momento, y hay indicios de que tanto Lula como los más altos dirigentes del PT lo preveían, se estableció una polarización entre Bolsonaro y el ex mandatario.

El discurso incisivo de Lula tuvo como respuesta del actual mandatario una serie de vaguedades de difícil comprensión. Si uno fue puntual y objetivo en sus denuncias, el otro pareció un barco a la deriva en sus respuestas para defenderse.

Todo eso ocurre en medio de la escalada trágica de la pandemia. Para la nochecita se supo que en las 24 horas anteriores el número de víctimas fatales pasó de dos mil. Considerándose el gran volumen de sub-notificaciones, algunos especialistas dicen que en verdad pueden haber sido más del triple.

Hay un colapso generalizado en hospitales de casi todo el país y el general en actividad al frente del ministerio de Salud gira sin rumbo, como si fuese un borracho en medio de una balacera.

Y también por la nochecita surgieron rumores relacionados a qué estarían tramando los altos mandos de las Fuerzas Armadas, en especial del Ejército, frente al cada vez más palpable desgaste de su imagen en la opinión pública, gracias a su identificación con un gobierno genocida.

El rumor más intenso indica la disposición castrense para, de seguir el desgobierno del ultraderechista, patrocinar una especie de catapulta para extirparlo y ascender a su sillón al vice-presidente, el muy reaccionario general retirado Hamilton Mourão. Quien, por su vez, establecería un “gobierno de notables”, en substitución al amontonado de nulidades y patéticas y aberrantes figuras actuales, del cual saltaría una figura para, en 2022, disputar la presidencia con Lula.

Nada indica que eso venga a ocurrir a corto o mediano plazo. Pero todo indica el efecto explosivo de la vuelta de Lula al ruedo.


Lula el conciliador está de vuelta

Después de tres años de prohibición, cinco si contamos desde que se le impidió asumir como ministro de Dilma, Lula está de regreso. Su discurso de este miércoles en el Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de São Bernardo marca una nueva etapa en la vida política nacional.

Thiago Flamé

La Izquierda Diario

En los últimos cinco años, la frágil democracia brasileña ha sido pisoteada por los agentes del capital financiero, por altos mandos militares, por los políticos del “centrão” que han pasado de lulistas a estafadores para garantizar el flujo de bolsas de dinero en tiempos del Lava Jato. Impusieron un techo al gasto estatal, la reforma laboral, la reforma previsional y ahora continúan con el PEC de Emergencia, un ajuste fenomenal al gasto público. El clan Bolsonaro, se ríe en la cara de la gente, que tiene a la pandemia, el desempleo y el hambre llamando a la puerta.

Este paraíso para especuladores, grandes empresarios y militares, sin embargo, está sobre una olla a presión que aún no estalla, pero que acumula cada vez más energía y calor. El levantamiento popular en Paraguay incluso muestra que la olla puede explotar cuando menos se lo esperen. Los golpistas más lúcidos, que no han sido completamente cegados por su propio discurso triunfalista, comienzan a temer las consecuencias del cinismo y la soberbia bolsonarista. Temen que cuando se rompa la cuerda, no solo afecte a Bolsonaro, sino que se lleve consigo a todos sus cómplices directos e indirectos en los últimos cinco años. Campeón de anticipar los procesos de explosión social, sectores de la clase dominante brasileña comienzan a levantar su muro de contención: Lula.

Porque Lula nunca fue radical ni socialista. En cada momento decisivo, jugó un papel crucial en nombre de la paz social y en defensa del orden capitalista. Durante las grandes huelgas del ABC paulista de fines de los ’70, donde se proyectaba como líder nacional, Lula fue clave para evitar que el proceso se convirtiera en una lucha abierta por el derrocamiento de la dictadura, evitando que fueran el polo aglutinador de una huelga general que echara a los militares del poder. En los noventa, incluso en oposición al gobierno de Fernando Henrique Cardoso, Lula contribuyó decisivamente a poner fin a la huelga de los trabajadores petroleros que conmocionaba al país. Cuando ni los tanques del ejército que el gobierno envió a la puerta de las refinerías doblegaban a los petroleros, Lula el conciliador entró en escena para calmar los ánimos.

El mayor servicio de Lula, sin embargo, fue la propia elección de 2002, cuando fue fundamental para una salida pacífica de la crisis del neoliberalismo de los noventa, sin grandes estallidos de lucha de clases como sucedió en Argentina, Bolivia y otros países de la región. La crisis económica ha golpeado duramente a Brasil desde 1999, el gobierno de FHC se ha vuelto cada vez más impopular y ha estado plagado de varios escándalos de corrupción. Lula garantizó la confianza empresarial poniendo al industrial José Alencar como vice, selló un compromiso con el mercado financiero de que respetaría los aspectos fundamentales del Plan Real y eliminó el miedo a una rebelión masiva contra el neoliberalismo.

Apoyándose en el boom de las materias primas, pudo hacer un gobierno de conciliación, del que se jacta de que los bancos nunca ganaron tanto. Bajo el liderazgo del PT, los socialistas se reunieron en Vila Daslu con líderes populares para intercambiar experiencias. Collor de Mello, José Sarney y Paulo Maluf se convirtieron en partidarios de la “gobernabilidad”. Los militares tuvieron su lugar garantizado con la ocupación de Haití y la organización de la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos. Y no faltó la represión para el movimiento obrero que se atrevió a romper los límites y rebelarse, como a los trabajadores de las obras del PAC, quienes sufrieron la intervención de la Fuerza Nacional creada por Lula.

Ahora Lula está de regreso, una vez más, proponiendo un camino de conciliación. Se acerca a los políticos del centrão y abre un camino de retirada para los generales. Asegura al mercado financiero de diferentes maneras que no retrocederá en las medidas económicas que impusieron desde el golpe institucional de 2016, las contrarreformas y las privatizaciones, como tampoco deshizo en su momento las privatizaciones de FHC. Los redactores de los principales periódicos redescubren que Lula puede ser la mejor alternativa para la recomposición del centro bajo sus alas. Al mismo tiempo, recibió el apoyo de Arthur Lira y Guilherme Boulos.

Luchamos en todo momento contra el golpe que llevó a Lula a perder sus derechos políticos, porque también apuntaba contra la clase trabajadora. Ahora, señalamos que la rehabilitación de Lula es la mejor apuesta de la clase dominante para una retirada ordenada, que mantenga los ataques que lograron imponer en los últimos años, sin provocar una gran revuelta de masas. Pero el discurso conciliador de Lula no resolverá ninguno de los problemas que afectan a la clase obrera y al pueblo brasileño, no cancelará reformas y privatizaciones. Solo la clase obrera y la lucha popular pueden revertir los enormes ataques de los últimos años. Lula perdonó a los golpistas, la gente no perdonará.

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