Una manifestación a favor de la legalización del aborto, en Bogotá (Colombia)

El Constitucional colombiano, con la fuerza de los conservadores, se inhibe de discutir la despenalización de la interrupción del embarazo

 

Bogotá - 02 Mar 2020 - 19:13COT

Ni avance histórico ni retroceso de décadas. La intensa discusión sobre el aborto en Colombia quedó como estaba desde hace 14 años. La Corte Constitucional colombiana respondió con un fallo inhibitorio a la demanda puesta por una ciudadana antiaborto que pedía que este se volviera a penalizar completamente, incluso para las circunstancias aprobadas y así retroceder hasta 2006. Ese año, el Tribunal determinó que las colombianas pueden abortar si el embarazo constituye peligro para la vida o la salud de la mujer certificada por un médico, hay grave malformación del feto que haga inviable su vida o el embarazo es el resultado de violación.

La decisión de no pronunciarse a fondo sobre esa demanda fue de seis magistrados a favor y tres que salvaron su voto, Alejandro Linares, José Fernando Reyes y Alberto Rojas. Y se presentaron cinco aclaraciones de voto. “Se concluye que la demanda no resultaba viable jurídicamente volver a analizar constitucionalidad de la norma acusada. Debe tomarse en consideración que al existir una decisión previa el Tribunal debe ser mucho más exigente en el cumplimiento de los requisitos de la demanda debido a que deben existir razones poderosas que justifiquen que se vuelva a analizar una norma que ya fue objeto de control de constitucionalidad”, dijo Alberto Rojas, presidente de la Corte Constitucional a través de un comunicado. La Sala Plena agregó que la Corte encontró que en la demanda “se basan en interpretaciones” y “argumentos excesivamente vagos”, tiene problemas de argumentación y solo ofrece “evidencia empírica que se construye a partir de concepciones personales, como fotografías, material audiovisual, literatura y entrevistas a terceros”.

El fallo, que ha polarizado a la sociedad colombiana desde hace varias semanas, era esperado a las afueras del Tribunal en el centro de Bogotá por mujeres que realizaban el “pañuelazo verde” por el aborto libre y seguro, así como grupos antiaborto ligados a la bancada conservadora del Congreso de la República. El presidente Iván Duque celebró la decisión de la Corte. ¨Es un pronunciamiento que se recibe con la tranquilidad de que se ha mantenido la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional desde el año 2006”.

Durante el proceso de discusión, la Corte recibió 24 conceptos técnicos solicitados por el tribunal y ocho no pedidos. Y mientras los congresistas de la bancada conservadora y uribista promovían un posible referendo si la Corte fallaba a favor de las mujeres; los grupos feministas desarrollaron la campaña Causa Justa, que busca evitar la criminalización de las mujeres como consecuencia del aborto. Con la decisión de este lunes ambas quedan paralizadas y a la espera de nuevas decisiones.

Para Mónica Roa, la abogada que logró la despenalización en 2006, no es sorpresivo. “Decisión inhibitoria. Me suena familiar. Pasó lo mismo el 7 de diciembre de 2005. La buena noticia, es que el debate, entonces como ahora, continuó y resultó en una decisión favorable unos meses después”, dijo a través de Twitter. En el mismo sentido se pronunció la Campaña por el Derecho al Aborto Legal en Colombia: “El debate continúa y por ahora podemos seguir acudiendo al aborto legal bajo la causa de salud mental”, dijeron acerca de una de las causales más atacadas por los grupos antiaborto.

El magistrado Alejandro Linares proponía establecer un sistema mixto de despenalización parcial, según el cual no se incurriría en delito si la decisión de interrumpir el embarazo se produce en las primeras semanas, y luego de ese vencimiento, se aplicarían las tres causales legales en Colombia desde 2006. Sin embargo, su ponencia fue derrotada.

De acuerdo con el documento que propuso la existencia del delito de aborto (que da penas de uno a tres años de cárcel) y el temor por ser criminalizadas ha generado barreras para el acceso y entrega a las mujeres a las redes del aborto clandestino y a poner en riesgo su vida. Según las cifras que entregó el Ministerio de Salud al tribunal, en 2016 murieron seis mujeres por mes como consecuencia de abortos inseguros hechos en clínicas ilegales. Y aunque es la cuarta causa de muerte materna en Colombia, se calcula que al menos 132.000 mujeres sufren complicaciones como consecuencia de procedimientos ilegales.

A esto último apuntaba el magistrado Linares. Para él, mantener este delito en el código penal tampoco ha sido efectivo. Según las cifras de la Fiscalía le entregó a la Corte, entre 1998 y 2019, se crearon 5.833 noticias criminales (denuncias), pero solo en 791 casos hubo procesos, algo que dista mucho de los 400.000 abortos que, se harían al año en Colombia, según los cálculos de 2008 del Instituto Guttmacher, organización que aboga por el derecho al aborto. La criminalización alcanza incluso a menores de edad, que son en primer lugar víctimas de abuso sexual y, en segundo lugar, pueden acceder legalmente a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Adicionalmente, el 35,97% de las indiciadas son jóvenes o con nivel de formación básico, de primaria o secundaria. “Según estas cifras se puede afirmar que en Colombia existe una sobrecriminalización hacia las mujeres más vulnerables haciendo que la injusticia crezca en nuestro país”, dice el documento de Linares.

“Respetamos la decisión de la Corte y celebramos que el aborto en Colombia siga siendo un derecho fundamental en las tres circunstancias reconocida desde hace 14 años”, indicó la Mesa por la Vida y la Salud de las mujeres a través de un comunicado.

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Lunes, 02 Marzo 2020 19:14

Nuevas derechas, nuevas resistencias

Nuevas derechas, nuevas resistencias

En un período como éste, sería irresponsable lanzar las campanas al vuelo creyendo que el triunfo del mundo nuevo está a la vuelta de la esquina, un sentimiento que cultivamos con fruición los setentistas y que, ahora, vuelve de la mano de las culturas juveniles y feministas, quizá por el agobio de tantas opresiones y la necesidad de respirar nuevos aires, sin más demora, aquí y ahora. Siento que es positivo para la lucha emancipatoria, porque lo peor sería congelarnos en el lugar de víctimas, esperando una mano del Estado o del caudillo de turno.

Para avanzar, necesitamos practicar un doble ejercicio. Por un lado, tantear el terreno, reconocer la realidad por desagradable que sea, sin concesiones pero incluyendo también nuestros errores e insuficiencias. La otra tarea consiste en potenciar lo que ya somos, los espacios y potencialidades de los mundos otros, no capitalistas ni patriarcales ni coloniales. En suma, resistir y crear, resistir creando, porque necesitamos espacios propios (de los pueblos, de las mujeres, de las más diversas opresiones) para fortalecer las resistencias.

Ray Fisher, Jose La Luz, Bernie Sanders, Kendrick Sampson y Phil Agnew.Foto Marco Cruz

Nueva York. “Este es un movimiento de pueblo… que brota de la indignación y la esperanza, y con una columna vertebral de jóvenes”, afirma Jose La Luz, representante nacional/portavoz del candidato presidencial Bernie Sanders, en entrevista con La Jornada.

La Luz es un veterano luchador social y estratega laboral que ha sido director de educación popular de sindicatos y organizaciones sociales nacionales, coordinó la organización de más de 125 mil trabajadores del sector público en Puerto Rico, promotor de solidaridad internacional incluyendo México y Estados Unidos como parte de movimientos altermundistas, quien ahora ve parte de ese mosaico de experiencias en el movimiento insurgente electoral del socialista democrático Sanders.

En su participación con la campaña –ha estado trabajando en Texas, Nevada y Carolina del Sur– La Luz también introduce las realidades de "nuestros países" en las Américas como una dimensión del trabajo electoral.

Al preguntarle cómo explicaría el fenómeno de Sanders a quienes están observando todo esto desde fuera de este país, La Luz responde que "sin duda alguna, este es un movimiento de pueblo, es popular, tiene toda esa fuerza que para algunos resulta inexplicable pero que para muchos que llevamos años como luchadores sociales sabemos de dónde proviene. Esta indignación, la rabia de gente trabajadora en este país que siente ante promesas incumplidas, la manipulación constante de los que se proclaman amigos de los trabajadores y tan pronto que salen electos, es lo primero que olvidan, los compromisos con la gente trabajadora. Ya no aguantan más, como que se colmó el vaso y entonces eso es lo que estamos viendo y sintiendo, una indignación creciente entre gente trabajadora que obviamente incluye nuestra gente latina".

Esta indignación, agrega La Luz, proviene de la aplicación de la agenda neoliberal dentro de Estados Unidos, señalando que “en otros tiempos, amplios sectores de la clase trabajadora en este país se beneficiaba de la expansión imperialista y las políticas neoliberales aplicadas en otros países, pero hoy día están padeciendo las mismas consecuencias aquí. Es una clase trabajadora multirracial como sabemos, probablemente la más multirracial de los países avanzados... y todos han estado sufriendo los embates de ese proyecto neoliberal. (https://www.youtube.com/watch?v=QyciQNLBnYU).

"Desde la óptica de nuestros países, el resultado de un eventual triunfo de Sanders es que existiría un aliado estratégico que nuestra gente en América Latina necesita desesperadamente, un presidente de este país con respeto para nuestros pueblos, con un propósito de fomentar una economía de prosperidad compartida y una relación comercial que no sea definida por los grandes intereses financieros y empresarios, sino con base en las necesidades sociales en el continente para hacer frente a la creciente desigualdad", agregó.

"Por esto se presenta la posibilidad de una relación de solidaridad entre trabajadores del norte y el sur se puede plasmar con un gobierno de una persona comprometida como Sanders."

Comenta que voluntarios solidarios internacionales que han venido de Europa, Australia, Japón y otros países para trabajar con la campaña de Sanders "ven a Sanders como ese aliado estratégico que tanta falta nos ha hecho por tantos años".

La Luz considera, en vísperas del supermartes (se vota en 14 estados), que "si ganamos Texas y California, veo muy difícil que nos logren impedir que Bernie gane la mayoría de los delegados aunque no logre la cantidad suficiente para obtener la nominación (mil 991). El Partido Demócrata tiene un dilema muy importante porque si hacen lo que algunos proponen de organizar una maniobra (en la Convención Nacional) para negarle la nominación a Bernie, yo creo que es como decir: prepárense para otros cuatro años de Donald Trump".

“El voto latino fue contundente en nuestro triunfo en Nevada. La clave fue la gente joven, ya que sabíamos que ellos y ellas iban a arrastrar a sus padres y, efectivamente, así ocurrió. Porque el miedo que tenía nuestra gente no es sólo por el asunto de la migra y las deportaciones, sino por la represión que ocurre cotidianamente en este país desde que este señor (Trump) nos puso un blanco sobre nuestras espaldas, pero quienes les dieron valor para ir a particular fueron sus hijos”, comentó La Luz.

Recuerda que cuando llegaban a las casas a promover el voto, los padres eran renuentes en dejarlos pasar, pero que sus hijos intervenían y decían: “son la gente del tío Bernie, los tienen que escuchar, y con eso nos dejaban entrar para platicar”.

Y esa gente latina trabajadora tiene entre sus prioridades el acceso a servicios de salud y educación para sus hijos, justo lo que propone Sanders, un seguro de salud universal y educación universitaria gratuita, además de su compromiso con una reforma migratoria y cancelar la medidas mas antimigrantes del actual régimen. Eso explica el triunfo en Nevada, manifestó La Luz, por lo que se promueve esa misma estrategia en otros estados entre un amplio sector latino.

Y su carácter de movimiento será clave si triunfa el senador. "Sanders siempre reitera que este movimiento no se desarticule después de una victoria electoral, sino que al contrario, que continúe organizando y cobrando fuerza porque para lograr su proyecto político hará falta una movilización permanente" para enfrentar a los opositores tanto dentro como fuera del partido y los grandes intereses para la transformación del país.

Los jóvenes que son la columna vertebral de este movimiento también son luchadores en otros movimientos sociales, asegura La Luz. "Ellos son los que me dan tanto ánimo, me dan esperanza de que, efectivamente, hay un relevo que va a continuar la lucha".

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Lunes, 02 Marzo 2020 06:13

La guitarra de Woody

La guitarra de Woody

La guitarra de Woody Guthrie tenía grabada la frase "esta máquina mata a fascistas".

Esa guitarra viajó por todo el país, acompañando canciones de luchas sociales, huelgas, migrantes, desafíos y sobre todo de solidaridad entre los muchos que enfrentan la injusticia a manos de los pocos, o sea, canciones de amor y rabia desde abajo.

Tal vez la más conocida, aunque también censurada, es su himno This land is your land ( Esta tierra es tuya), escrita hace justo 80 años en la ciudad de Nueva York, una respuesta furiosa a una canción patriótica que se llama God Bless America. Esta tierra es tuya resume la disputa que hoy es más contemporánea que nunca, sobre a quién le pertenece este país.

Lo que está al fondo de la dinámica política y social en este país en este momento es que la desigualdad económica ha llegado a su punto más alto en medio siglo, algunos dicen que la concentración de riqueza es la más extrema en 80 años (más o menos cuando se escribió esa canción). Por ejemplo, los tres hombres más ricos del país son dueños de más riqueza que 50 por ciento de la población más pobre, y el 5 por ciento más rico de los estadunidenses son dueños de dos tercios de la riqueza nacional (https://inequality.org/facts/wealth-inequality/). La disputa política y electoral tiene que ver en gran medida con las consecuencias y la respuesta a eso y, a la vez, con la democracia misma.

Louis D. Brandeis, juez de la Suprema Corte y uno de los intelectuales constitucionalistas más importantes de Estados Unidos, declaró hace más de un siglo: "Podemos tener democracia o podemos tener la riqueza concentrada en las manos de unos pocos, pero no podemos tener ambas".

Algunos señalan que Trump es una respuesta populista de derecha a estas condiciones. A la vez, el movimiento en apoyo de Bernie Sanders ofrece una expresión progresista a las mismas condiciones. Ambas cosechan la furia contra las cúpulas políticas y económicas que en todo sus sentidos han anulado el llamado sueño americano al imponer una agenda neoliberal sobre la economía más rica de la historia.

La apuesta de Trump toma prestados algunos de los ingredientes clásicos del fascismo histórico pero sin la coherencia ideológica, lo cual ya está ampliamente documentado. Pero vale subrayar que a pesar de los gritos de que la democracia está en jaque con este régimen, ese proyecto cuenta con la complicidad suficiente de las cúpulas económicas y políticas del país como la cooperación "pragmática" de otros gobiernos. Hemos visto esta película.

No es por causalidad que el nuevo proyecto de David Simon (el creador de las series extraordinarias The Wire y Treme, entre otras), que se estrenará próximamente, es una serie basada en la novela de Phillip Roth El complot contra America, cuya premisa es descartar la noción de que "eso no puede ocurrir aquí", al imaginarse cómo un nazi (el famoso aviador, quien era un simpatizante nazi en la vida real –o sea, una celebridad–, Charles Lindbergh) se vuelve presidente de Estados Unidos en 1940 y busca imponer su poder sobre las tres ramas del gobierno, explorando el culto de celebridad y la tiranía de una mayoría que de repente apoya a un político sin escrúpulos, y la lucha de resistencia contra el abuso del poder que no necesariamente triunfa.

La nación y sus nociones, ilusiones y realidades democráticas están en disputa. Por ahora no se sabe de quién es este país.

La canción de Guthrie incluye un par de versos frecuentemente censurados en escuelas y otros lugares:

“Ahí había un alto muro ahí que intento pararme / El letrero ahí decía ‘Propiedad Privada’ / Pero del otro lado, no decía nada / Ese lado fue hecho para ti y para mí”.

Otro más:

"Una mañana asoleada en la sombra del campanario / Por la oficina de asistencia social vi a mi gente / Mientras estaban ahí hambrientos / Me quede ahí preguntándome / ¿Esta tierra fue hecha para ti y para mí?"

Llegó la hora para sacar la guitarra de Woody.

"https://www.youtube.com/ watch?v=wxiMrvDbq3s" https://www.youtube.com/ watch?v=wxiMrvDbq3s. "https://www.youtube.com/ watch?v=6IfehzGF9GE" https://www.youtube.com/watch?v=6IfehzGF9GE." https://www.youtube.com/ watch?v=dS0OQ9HP3Oo" https://www.youtube.com/watch?v=dS0OQ9HP3Oo

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Macron impondrá por decreto la reforma al régimen de pensiones

El presidente francés insiste con su proyecto pese a los meses de protestas populares

El primer ministro francés, Édouard Philippe, anunció este sábado que adoptará el proyecto de reforma jubilatoria por decreto, sin someterlo a la votación de la Asamblea Nacional, una decisión que provocó la presentación de dos mociones de censura de la oposición y amenaza con relanzar las protestas en las calles, además de castigar al oficialismo en las elecciones municipales de la próxima semana.

"Después de más de 115 horas de debate, la Asamblea Nacional llegó a examinar el artículo 8 (de un total de 65). Creo que nuestra democracia no puede darse el lujo de semejante espectáculo", afirmó ante el hemiciclo Philippe, quien denunció "una estrategia de obstrucción deliberada de una minoría".

El primer ministro, cara visible de la agenda reformista del presidente Emmanuel Macron, argumentó el uso del polémico artículo 49.3 de la Constitución, que permite aprobar leyes por decreto, con el objetivo de poner fin al "no debate" de la medida. De esta forma, el Ejecutivo acabaría con cualquier opción de debate después de las más de 40 mil enmiendas que presentó la oposición, casi todas desde el partido izquierdista Francia Insumisa.

Las palabras del premier fueron aplaudidas por los diputados de la mayoría oficialista, pero abucheadas por los legisladores opositores presentes en el pleno.

Considerada la mayor revisión al sistema jubilatorio francés desde la Segunda Guerra Mundial, la reforma previsional fue fuente de controversia desde su presentación, el pasado 11 de diciembre, tanto en las calles con huelgas y protestas, como en la esfera política.

Poco después del anuncio de Philippe, el partido conservador Los Republicanos, por un lado, y tres formaciones de izquierda --los socialistas, los comunistas y los miembros de Francia Insumisa--, por el otro, presentaron mociones de censura contra el gobierno en un intento de frenar la aprobación por decreto, reseñó el diario Le Monde.

"El gobierno decidió autorizar la utilización del 49.3 en un consejo de ministros encargado de contener la epidemia del coronavirus. Este golpe por la fuerza es inaceptable", esgrimió el primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure.

El jefe del grupo de Los Republicanos en la Cámara baja, Damien Abad, también rechazó la estrategia del Ejecutivo, a la que calificó como "una negación de la democracia sin precedentes para una reforma previsional". "Esto no puede terminarse con un 49.3 sin moción de censura", agregó su correligionario Eric Woerth.

Pese al repudio opositor, las mociones de censura contra el gobierno tienen pocas chances de prosperar, dada la mayoría legislativa con la que cuenta La República En Marcha, el partido del mandatario, para frenar estas iniciativas. Ante esta situación, el ex candidato presidencial de Francia Insumisa Jean-Luc Mélenchon denunció que los métodos del premir son “violentos”, según consignó la cadena BFTMV.

Si bien Philippe advirtió hace unos días que el Ejecutivo podría prescindir del voto parlamentario, la decisión sorprendió a la oposición, a tan sólo una semana de los comicios municipales. La jugada podría ser arriesgada para el gobierno, dado el malestar y la división que este proyecto de ley generó en la sociedad francesa.

La reforma previsional, una de las medidas estrella del programa electoral de Macron, provocó el paro indefinido más prolongado de la historia reciente de Francia. Los gremios iniciaron en diciembre una pulseada en las calles contra el nuevo sistema jubilatorio, que pretende reemplazar los 42 regímenes especiales existentes por un sistema de jubilación universal por puntos. Según denuncian los sindicatos, la polémica medida "degradará los derechos de todos", mientras que el Ejecutivo aseguró defender un sistema "más justo y más simple".

Tras el anuncio de la aprobación por decreto de la reforma, el secretario general de la Confederación General de Trabajadores, Philippe Martinez, deploró "la actitud profundamente escandalosa" del gobierno y anunció una movilización de los sindicatos "a partir de la próxima semana".

La última vez que se recurrió al 49.3 fue en 2016. El entonces primer ministro, Manuel Valls, lo hizo para aprobar la igualmente controvertida reforma laboral, que también provocó protestas en las calles. Desde la fundación de la V República, en 1958, ese método, impopular por considerarse una aprobación por la fuerza, se usó 86 veces. 

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Imagen de la represión policial en el contexto de las protestas en Chile EFE

La organización publica este jueves su Informe Anual sobre las Américas, en el que hace balance de la situación de los derechos humanos en el continente

Desde Venezuela en enero hasta Chile en octubre, 2019 ha sido un año en el que la ola de protestas que ha recorrido América –en especial América Latina– se ha saldado con represión institucional por parte de gobiernos de distinto signo político, incapaces de generar diálogo con sus ciudadanos. Así lo cree Carolina Jiménez, directora adjunta de investigación de Amnistía Internacional para las Américas, que afirma que el continente "sufre, pero también se despierta".

En su Informe Anual sobre las Américas, la organización cifra en al menos 210 las personas que murieron violentamente en el contexto de protestas en el continente: 83 en Haití, 47 en Venezuela, 35 en Bolivia, 31 en Chile, ocho en Ecuador y seis en Honduras. "Es un balance negativo, un saldo demasiado alto", asevera Jiménez. Incluso en Chile, donde se ha abierto un proceso constituyente como resultado de los reclamos de los manifestantes, "nos preocupa el costo, en otros países se han dado estos procesos sin la necesidad de más de 400 personas con lesiones oculares".

Para Jiménez, es difícil comparar los niveles de gravedad entre un país y otro, pues cada uno tiene "sus propios retos" en cuanto a derechos humanos. Aunque apunta a Venezuela como país donde la organización puede establecer "un patrón sistemático de represión", pues, a diferencia de otros Estados, las protestas de principios de 2019 fueron "una ola más". "No se trata de hechos aislados, sino de la política sistemática de un Gobierno que no admite la disidencia", afirma, ante una represión que podría constituir crímenes de lesa humanidad,  según denunció la organización a mediados de año.

Sin embargo, un punto común entre las diferentes movilizaciones ha sido la incapacidad de los gobiernos para dialogar con quienes reclamaban más derechos sociales, civiles y políticos. "Hubiesen podido responder con propuestas o con, al menos, la construcción de un espacio cívico para el diálogo, y en vez de eso en casi todos los lugares se respondió con violencia estatal", lamenta.

Los defensores de DDHH y el derecho al asilo, en riesgo

En marzo se cumplen cuatro años del asesinato de la hondureña Berta Cáceres, defensora de los derechos medioambientales e indígenas, y dos del de Marielle Franco, concejala afrofeminista de Río de Janeiro. "Es un mes que nos causa mucha tristeza", dice la investigadora, porque quienes defienden los derechos humanos continúan viviendo "situaciones de impunidad". Con 208 homicidios, Latinoamérica y el Caribe fue la región más mortífera del mundo para los defensores; allí tuvieron lugar un 68% del total mundial de 304 homicidios. Colombia fue el país más letal, con 106 homicidios.

Jiménez destaca la vulnerabilidad de las personas que defienden el medioambiente y el acceso a la tierra, a menudo desprotegidas en comunidades aisladas. Y también de aquellas que, aunque no hayan sido víctimas de homicidio, han sido silenciadas o expulsadas, como es el caso de Nicaragua, de donde han huido más de 70.000 personas tras la crisis de 2018. "Son diferentes niveles de violencia, pero todos dañan a la sociedad", apunta. "Cada vez que censuran, callan, asesinan a un defensor, perdemos una oportunidad para avanzar los derechos de todas las personas".

Amnistía también ha visto "con mucha preocupación" el endurecimiento de las políticas migratorias por parte de Estados Unidos y México. "Vimos cómo se movió la frontera de México-Estados Unidos a México-Guatemala", explica Jiménez. "Trump logró externalizar sus fronteras, y México está haciendo el trabajo sucio conteniendo migrantes, deportando personas sin importar que muchas necesiten protección internacional". Entre otras medidas, el Gobierno de López Obrador retuvo a más de 51.999 menores en centros para inmigrantes, lo cual es contrario a la legislación de México, y envió un cuerpo militar para detener una caravana de migrantes centroamericanos

"Si algo ha demostrado la Administración de Donald Trump, es que es la xenofobia se puede institucionalizar", observa Jiménez, preocupada por la coyuntura de las siguientes elecciones en Estados Unidos. "Poco a poco ha ido erosionando el sistema de asilo, y eso ha sido en casi cuatro años. No queremos imaginarnos qué podría pasar en cuatro años más", enfatiza, ante la implementación de políticas como la devolución inmediata en la frontera y la separación familiar.

Mujeres y jóvenes lideran los movimientos sociales

2019 también ha alumbrado algunas luces esperanzadoras en el continente. Al terminar el año, 22 países habían firmado el Acuerdo de Escazú, un tratado regional pionero sobre los derechos medioambientales. En febrero de 2020, Ecuador se convirtió en el octavo país en ratificar el Acuerdo, lo que implica que solo necesita tres ratificaciones más para que entre en vigor. "Esperamos que se traduzca en políticas a favor de la Amazonía y del ecosistema que hace que América Latina sea  tan rica en recursos naturales", asevera Jiménez.

Pese a la degradación medioambiental y los incendios que arrasaron el Amazonas, el cambio climático también supone "una oportunidad", opina la investigadora. "Estamos muy esperanzados porque la población más joven de las Américas ha hecho del climático una razón de lucha, y puede que se traduzca eventualmente en política". Una lucha social que se ha revitalizado en el continente "gracias a la juventud y a las mujeres", apunta.

La marea verde a favor del aborto en Argentina, la ola morada contra los feminicidios en México y el himno feminista del colectivo chileno Lastesis, erigido como un símbolo global, son tres ejemplos de lucha contra la violencia estructural hacia las mujeres "que van a quedarse". "Países como Argentina nos enseñaron con su marea verde que no van a permitir que se controlen los cuerpos de las mujeres, y que la exigencia de autonomía es algo regional", dice Jiménez, ante la restricción de derechos reproductivos que continúa en países como el Salvador y Paraguay.

"Hemos visto un resurgimiento de la creatividad de la gente joven, de las mujeres, una revitalización de la protesta. Cuando ves cómo se conjuga toda esa gama de luchas es cuando sientes que puedes hacer cambios", señala. "Ya no es un sufrimiento en silencio". Aunque la impunidad y la violencia continúen atravesando el continente, "se pueden lograr cambios contra actores que parecen invencibles", concluye.

Por Clara Giménez Lorenzo

27/02/2020 - 07:00h

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Jueves, 27 Febrero 2020 05:21

Líbano, retrato de una revolución

Manifestantes intentan traspasar el pasado 11 de febrero los muros de hormigón levantados para impedir el acceso de civiles al Parlamento libanés en Beirut NATALIA SANCHA

La desigualdad, la corrupción y el lastre de unas élites sectarias enquistadas en el poder han desatado una ola de protestas que dura ya cinco meses y que protagonizan los que no tienen nada que perder

 La lluvia de piedras e insultos contra los antidisturbios parece no terminar. “Corruptos, ladrones, nos habéis robado nuestro futuro”, grita un joven enmascarado entre el centenar de manifestantes que desde hace horas descarga su ira en el empobrecido barrio de Tariq al Yadid, en los arrabales de Beirut, la capital libanesa. Los médicos voluntarios evacuan a los heridos mientras sobre sus cabezas el viento agita amarillentos pósteres de Saad Hariri, dimitido primer ministro y zaim (líder político-confesional, en árabe) de este puñado de calles de población suní.

Esta misma estampa se repite a lo largo y ancho del país desde el pasado 17 de octubre, fecha en la que una nueva tasa sobre las llamadas de WhatsApp se convirtió en el detonante de una protesta social que ha sacado desde entonces a cientos de miles de libaneses a la calle para exigir la dimisión en bloque de los zaim de todos los partidos y confesiones.

Los manifestantes arremeten contra una élite que se agarra al poder desde hace tres décadas y a la que acusan de haber saqueado las arcas del Estado. Líbano acumula una de las deudas públicas más altas del mundo (unos 76.000 millones de euros, el 150% del PIB). Entrando en el quinto mes de protestas, los expertos denuncian la flagrante desidia de la élite dirigente ante el posible colapso económico del país, aquejado también de una corrupción que lo sitúa en el puesto 137 de 180 (cuanto más cerca del 180, más corrupto) en el índice elaborado por la organización Transparencia Internacional.

El nombre del joven enmascarado que grita contra los corruptos es Abdalá Jarah. A sus 20 años encarna a esa generación posterior a la guerra civil (1975-1990) que ahora lidera las protestas —en las que también es importante la voz de las mujeres y rechaza un sistema heredado que reparte el poder político y económico en función de cuotas confesionales (hay 18 oficiales). La fractura generacional es patente y arrecian las críticas contra los septuagenarios líderes de los partidos.

Hace seis meses que Jarah tuvo que dejar los estudios universitarios de Informática porque no puede pagar las tasas universitarias. “Me gustaba mucho y soy bueno”, lamenta. En un país donde la educación y la sanidad son servicios casi exclusivamente en manos del sector privado, cada día son más los jóvenes que abandonan las escuelas y las familias sin cobertura médica.

“Hace dos meses que me han reducido el sueldo de dos a un millón de libras libanesas (LBP, en sus siglas en inglés, y equivalente a una disminución de 1.200 euros a 600)”, cuenta su madre, Igtimad, de 65 años y divorciada. Es funcionaria de la empresa estatal de telefonía Ogero. Paga 600.000 libras (360 euros) mensuales de alquiler. “Gracias a Dios tenemos salud. Pero si ocurre algo, nos dejarán morir en la puerta del hospital”, afirma indignada. La mayoría de los funcionarios han visto sus sueldos reducidos a la mitad. 

Truncada la vía de los estudios, Jarah tampoco encuentra trabajo. “Su única opción para no tirar su futuro es emigrar”, interviene su madre. A esa misma conclusión han llegado miles de jóvenes libaneses. Los que tienen diplomas universitarios y doble pasaporte o buenas conexiones para obtener un visado ya han abandonado Líbano. El resto, como este joven, da rienda suelta a la frustración a pedradas y pega simbólicamente los currículos en los muros de hormigón tras los que se parapeta el Parlamento. Han acudido varias veces a las asociaciones caritativas suníes del partido El Futuro que lidera el ex primer ministro Hariri y que antaño, con respaldo saudí, proporcionaban becas y ayudas a su base social. Sin recursos, la solidaridad vertical construida a partir de los partidos y las confesiones a las que representan se resquebraja.

El Gobierno de unidad libanés que vio la luz en enero de 2019, tras nueve meses de arduas negociaciones, ha sido la primera víctima del movimiento de contestación popular y acabó con la dimisión de Hariri en octubre pasado. El empresario Hasan Diab ha sido nombrado nuevo jefe de un Gobierno tecnócrata liderado por el tándem chií Hezbolá-Amal (moderado) junto con el principal partido cristiano, Corriente Patriótica Libre (CPL), al que pertenece el presidente libanés, Michel Aoun.

La desesperación de la familia Jarah va en aumento. “Me siento como en un oscuro túnel del que no veo la salida por ninguna parte”, se sincera en el salón de su casa Nadia Jarah, única hermana de Abdalá. Madre de tres y con un marido inválido, la mirada acuosa de Jarah no se despega de la pila de cartas que desde la mesita del salón le recuerda que hace nueve meses que el banco amenaza con desahuciarla. Un miedo que afecta a otros miles de ciudadanos sobre los que se cierne una  inminente devaluación del 30% de la moneda. En las casas de cambio, el dólar, que ha permanecido en un cambio fijo de 1.500 LBP desde 1997, se vende esta semana a 2.450.

Ante la desidia del Banco Central de Líbano (BCL), las entidades bancarias han impuesto medidas informales para el control de capitales. Cada día, los clientes hacen horas de cola a las puertas de Bank Audi, donde pueden retirar 600 dólares al mes si sus ahorros son inferiores al millón de dólares, y 2.000 si los superan. “De cada 11.000 dólares que traigo de fuera gano 4.700 al cambio”, admite un empresario francés afincado en la capital libanesa. Cada día aterrizan funcionarios de ONG internacionales, de la ONU, la UE, diplomáticos y empresarios locales o extranjeros que atraviesan el control policial cargados con fajos de dólares. Miembros de Hezbolá afirman, además, que llegan maletas cargadas de dólares desde Teherán para pagar sus sueldos. 

De devaluarse la libra en un tercio, la mitad de la población libanesa caería de la noche a la mañana bajo el umbral de la pobreza, advierte en un informe el Banco Mundial (BM). “La crisis libanesa necesita una estrategia integral […] para corregir las ineficiencias y beneficios desproporcionados de un sistema de crecimiento desigual”, opina en una entrevista por correo electrónico Wissam Harake, economista del BM. Los Jarah hacen equilibrios sobre la intangible frontera de la pobreza, que ya afecta a un tercio de la población libanesa, según informes de la ONU.

Durante una de tantas manifestaciones, un desesperado padre de familia en la cincuentena se rocía con gasolina. “Ya no sé qué hacer”, solloza el hombre, a quien otros manifestantes salvan de quemarse vivo, pero no de la desesperación. La inflación ha disparado los precios de productos básicos en un 25% y ha forzado al recién nombrado Ejecutivo a pedir ayuda a varios países para asegurar las divisas necesarias con las que subvencionar la importación de trigo, medicamentos, leche en polvo y combustible.

La clase media libanesa va camino de desaparecer. “El 10% de la población adulta acumula el 55% de los ingresos nacionales, algo que sitúa Líbano entre los países con mayor desigualdad económica en el mundo”, escribe en un reciente informe la economista libanesa Lydia Assouad.

El otro extremo

En el extremo opuesto, la clase más adinerada intenta poner a salvo sus fortunas antes de que se haga efectiva una devaluación y pierdan un tercio de sus depósitos bancarios. Lo hace gastando tanto como puede y la banca les permite. La sucursal de Rolex en Beirut hace su agosto. “El reloj más barato cuesta 6.000 dólares y algunos de colección superan los 20.000”, cuenta una empleada. Coches, oro y diamantes son otros productos de lujo en los que invierten, así como en el sector inmobiliario, cuyas ventas se han disparado. La especulación financiera favorece al que tiene dólares en efectivo. De ahí que las pistas de esquí y las discotecas VIP del país estén a rebosar.

Además, “la relación entre banqueros y políticos es incestuosa”, resume Pierre Issa, director de la ONG Arcenciel, durante una conferencia en Beirut. En el primer mes de protestas, en octubre pasado, los bancos cerraron al público durante tres semanas y un puñado de accionistas transfirieron 2.300 millones de dólares a Suiza para escapar al corralito. No pocos de ellos son los mismos que se sientan en el Parlamento. El director del Banco Central, Riad Salame, es el nombre y rostro más criticado por los manifestantes. Como muchos líderes políticos que le cortejan, lleva apoltronado en su cargo cerca de tres décadas.

Al igual que los bancos, los políticos han dilapidado el remanente de confianza ciudadana que les quedaba. “Viven en la inopia y no son conscientes de la gravedad de la situación en que se encuentra el país”, afirma en Beirut un diplomático europeo.

“No habrá más ayudas hasta que no propongan un plan económico real y viable”, repiten como un mantra desde hace dos años unos hastiados donantes internacionales sobre los 11.000 millones de dólares (10.137 millones de euros) prometidos en la conferencia de Cedres en París, organizada en abril de 2018. Expertos internacionales consultados por este diario coinciden en que hoy es una cantidad insuficiente para un país que necesitaría una inyección de entre 28.000 y 41.000 millones de euros para mantenerse a flote.

No es de extrañar tampoco que los bancos y cajeros se hayan convertido en diana privilegiada de las pedradas de los manifestantes, menos numerosos a medida que pasa el tiempo, que intentan asaltar el Parlamento fortificado en el centro económico de Beirut. A las protestas se suman desesperanzados jóvenes suníes llegados del norte, de la empobrecida Trípoli, o del sur, de los suburbios marginales chiíes de Dahie. Enfrentados por la religión, comparten hoy cebollas entre irrespirables nubes de gases lacrimógenos, unidos por ese sentimiento que comparten los que no pueden emigrar, los que ya no tienen nada que perder.

La rabia colectiva contenida estalló en todo su apogeo el segundo fin de semana de enero, con 575 heridos como el peor balance hasta la fecha de unas refriegas en las que Human Rights Watch denunció el “uso excesivo de la fuerza por parte de la policía antidisturbios”. Un millar de manifestantes han sido arrestados, decenas torturados, sostiene la ONG. Entre la lluvia de piedras corretean niños y niñas que venden botellas de agua o mendigan divertidos entre el inusual gentío

“No tengo dinero para pagar. ¡Bajadme de la ambulancia!”, grita en un ataque de llanto una niña a los incansables voluntarios de la Defensa Civil. Dumoo —que en árabe significa lágrimas— ignora su fecha de nacimiento. Calcula tener 12 años, “o por ahí”. Se trata de la única niña herida en los primeros cuatro meses de protestas, dicen los paramédicos. Tiene la frente abierta y a las tres de la madrugada es atendida en un hospital de Beirut. Está de suerte: el Ministerio de Salud cubrirá los gastos de los siete puntos de sutura, así como el de toda persona herida en las protestas.

Entre la pobreza y la miseria

Ya en casa, su madre, Suad, una ciudadana siria de 33 años, refunfuña hastiada, no solo por la herida: “Los 11 miembros de la familia dependemos de ella tanto para el alquiler como para la comida”, afirma cuando oye que Dumoo necesita al menos dos días de reposo. La pequeña se encoge de hombros y su padre, pescador palestino nacido en Líbano, esquiva la mirada.

En la seguridad que le da su barrio, Ouzai, en los arrabales del sur de Beirut, Dumoo vuelve a ser esa mocosa desafiante que ha pateado mucha calle. Desde los seis años trabaja 10 horas diarias vendiendo botellas de agua para traer entre 30.000 y 50.000 libras a casa (entre 18 y 30 euros). Hoy gana lo suficiente para mantener a sus ocho hermanos, de entre 2 y 17 años, y a sus padres. Ninguno de ellos sabe leer ni escribir.

La calle en la que vive la familia está en una zona mayoritariamente chií y las fachadas están empapeladas con pósteres en honor a los mártires de la milicia-partido Hezbolá. Aquí, las asociaciones caritativas también han reducido drásticamente las ayudas para medicamentos, hospitales y escuelas. La electricidad se limita a 15 horas diarias en el piso de alquiler de tres habitaciones que ocupan. En todo el país, las cajas de la solidaridad sectaria han quedado vacías.

Líbano alberga a 400.000 refugiados palestinos y 1,5 millones de sirios, lo que equivale a un tercio de la población libanesa. Con el país vecino a punto de entrar en el décimo año de guerra, el 75% de los refugiados sirios en Líbano vive bajo el umbral de la pobreza y la crisis amenaza con hundirles aún más. Las ayudas de la ONU para sirios y palestinos también han sufrido severos recortes.

En la familia de Dumoo, esta niña supone el débil hilo de los ingresos para subsistir que de romperse arrojaría a 10 personas a la pobreza absoluta. La crisis de los bancos no les afecta porque guardan sus pocos ahorros en una bolsa de plástico en algún lugar seguro de la casa. Sus hermanos adolescentes no tienen trabajo y se quedan en casa porque temen convertirse en víctimas del enfado de una población libanesa que les acusa de “robarles el trabajo”.

Es la una de la tarde. Han pasado 24 horas desde que fue herida. Dumoo se despereza y con los hilos azules de los puntos de sutura y la sangre reseca pegada al flequillo sale con el estómago vacío a trabajar. Abandona este masificado barrio a bordo de una furgoneta que cubre los cuatro kilómetros que separan Ouzai del corazón económico de Beirut. Un trayecto que sirve de línea divisoria entre una periferia pobre y un corazón rico cada día más pequeño. En el centro, muros revestidos de mármol conducen a escaparates de Louis Vuitton o Hermes, y ferraris aparcados junto a la acera.

“En las revoluciones del resto de países de la región tuvieron que derrocar a un Ben Alí (Túnez), a un Mubarak (Egipto) o a un Gadafi (Libia)”, dice el joven Abdalá Jarah. “Aquí tenemos que derrocar a seis: uno por cada confesión en el poder”, zanja.

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El encendido discurso de Mon Laferte en Viña del Mar

El público acompañó su show con cánticos contra la represión y el gobierno de Piñera 

"Es tan difícil quedarse callado cuando uno lo vivió en carne propia. No todo el mundo sabe lo que es cagarse de hambre de verdad, y sé que yo ahora tengo privilegios". De esta manera, la cantante Mon Laferte sentó posición este lunes a la noche en Viña del Mar sobre lo que ocurre en Chile con la represión del gobierno de Sebastián Piñera. La artista de 36 años usó para expresarse el escenario del tradicional festival de la canción.

 “Todo el mundo me decía que tenía que cancelar, que no se podía hacer una fiesta en medio de todas las injusticias sociales y violaciones a los derechos humanos, no se puede hacer un festival en medio del estallido”, dijo en medio de una ovación imparable. “Me enteré de un comunicado de prensa de Carabineros de Chile”, lanzó en medio de una rechifla y el grito de “¡Asesinos!” de la tribuna y “¡El que no salta es paco!”, consigna a la que se plegó. “Me querían citar a declarar por un delito, pensé que era una broma y hasta hace un momento estaba con mucho miedo. ¿Puede ser un delito expresar una opinión?” En ese momento, la tribuna, conocida como “El Monstruo”, se unió en una consigna: “¡No estás sola!”

“Yo solamente había dado una entrevista, tuve miedo pero me he sentido súper valiente. Lo único que sé hacer es cantar, tuve que empezar a trabajar de chiquita”, agregó sobre su infancia de muy pocos recursos. Recordó un consejo de su abuela: “Tienes que trabajar mucho y me lo tomé en serio para no fallarle a ella y a mi familia, y aquí estoy”.

Laferte ha sido muy crítica del accionar del gobierno conservador desde que empezaron las protestas en octubre del año pasado. Ya se había expresado en noviembre, en los momentos de mayor violencia, cuando concurrió a la entrega de los Grammys latinos con la frase “En Chile torturan, violan y matan” escrita en su cuerpo, al tiempo que ingresaba a la ceremonia en topless.

La artista de 36 años se llevó una Gaviota de oro y otra de plata, tal como había ocurrido en la edición de 2017 del festival, pero no obtuvo la de platino. “Como símbolo de que Chile está en un momento muy especial, difícil, a modo significativo yo voy a entregar mi gaviota”, anunció al recibir una de las estatuillas. “Yo no quería venir a celebrar un festival. Se la voy a dar a alguien que necesite. El cariño ya me lo llevo. Esto no es una ofensa, para nada”, añadió.

Antes, su show musical fue arrollador e incluyó la presencia en el escenario de unas cincuenta mujeres, vestidas con trajes típicos. "Es tan difícil tener espacios en los escenarios para las mujeres que yo dije: 'Voy a invitar a todas mis amigas poderosas, que yo admiro'", anunció Laferte al hacerlas subir. Luego, cantó dos cuecas junto a ellas.

De este modo, el Festival no fue ajeno de ningún modo a lo que vive Chile. Y Laferte no fue la única. Ricky Martin llegó a Chile para actuar en Viña del Mar y pidió a los chilenos "exigir lo básico, los derechos humanos". Además, el humorista Stephan Kramer habló de los jóvenes que defienden a los manifestantes de la represión policial y que son conocidos como “primera línea”. La presencia de Kramer marcó un record histórico de 57 puntos de rating. 

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De Harvey Weinstein a Plácido Domingo: de cómo el mundo ha cambiado tras el estallido del #MeToo

Dos hombres poderosos en la industria cultural, dos historias reveladas por medios de comunicación, símbolos de ese 'Yo También', una certeza ahora consolidada: Weinstein y Domingo acosaron y abusaron

Que el #MeToo no necesitaba ninguna decisión judicial para certificarse como uno de los grandes movimientos de cambio de los últimos años era algo sabido. Más allá de lo que sucediera en los tribunales, la ruptura histórica del silencio de las mujeres alrededor de la violencia sexual y el acoso y su repercusión social y política internacional es ya un sello de nuestros días. Sin embargo, en menos de 24 horas dos decisiones le han dado al movimiento el respaldo 'oficial' definitivo: el lunes, un jurado declaró culpable al productor Harvey Weinstein de dos delitos sexuales; este martes, una investigación oficial concluye que Plácido Domingo acosó sexualmente a varias mujeres y ejerció abuso de poder. Dos hombres poderosos en la industria cultural, dos historias reveladas por medios de comunicación, símbolos de ese 'Yo También', una certeza ahora consolidada: Weinstein y Domingo acosaron y abusaron.

"Para las mujeres que testificaron en este caso y que han pasado por un infierno traumático, hicisteis un servicio público. Gracias". La declaración es de Ashley Judd, una de las primeras actrices que denunció a Weinstein por acoso sexual. Fue en octubre de 2017 cuando The New York Times publicó las primeras historias que acusaban al poderoso productos de delitos sexuales. Más de dos años después y tras un juicio que ha durado seis semanas, un jurado ha declarado a Weinstein culpable de un delito sexual contra la asistente de producción Miriam Haley y de otro de violación a la actriz Jessica Mann. Por esta condena podría permanecer en prisión hasta 29 años. El productor ha sido absuelto de otros dos cargos y aún tiene una causa pendiente en un juzgado de Los Ángeles.

El inicio del juicio a Weinstein bien podría representar esta ola feminista que recorre lugares distintos con una narrativa muy parecida y los mismos lemas: 'a mí también', 'yo te creo', 'no es sexo, es violación' o 'solo sí es sí'. Allí, frente a un juzgado de Nueva York, decenas de mujeres interpretaban 'Un violador en tu camino', la 'performance' creada por LasTesis, el grupo feminista chileno que la puso en marcha en medio de las protestas que sacudieron el país. De Chile había llegado al juicio del caso que hizo estallar el MeToo. Por el camino había pasado por México, España, Argentina, Colombia, Francia, Turquía, India, Reino Unido, Guatemala, Brasil, Marruecos o Túnez.

El himno le debe su viralidad a la letra y a su potente puesta en escena, pero sobre todo a que, más allá de casos individuales, apela a una cultura de la violación que perdura de distintas maneras: sea de donde sea, una mujer se ve en esos versos que dicen "el patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer, y nuestro castigo;es la violencia que no ves. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía".

Solo unas horas después del veredicto sobre Weinstein, una investigación del sindicato de ópera de EEUU revelaba que Plácido Domingo había acosado sexualmente y abusado de su poder durante años. La investigación cuenta con 27 personas que aseguran haber sufrido o presenciado este tipo de comportamientos por parte de Domingo durante los años 90 y 2000. Otra investigación, de la Ópera de Los Ángeles, sigue en marcha. El tenor dimitió de su dirección el pasado octubre, después de que Associated Press hiciera pública su investigación sobre él.

Si cuando las acusaciones se hicieron públicas, Plácido Domingo defendió su inocencia, este martes ha pedido perdón, con la investigación ya pública pero sin haber llegado, todavía, a los tribunales. Domingo ha pasado de asegurar que su comportamiento había sido "galante" - "Los españoles somos cálidos, afectuosos y cariñosos. Me refería sobre todo a la cultura del piropo. He sido galante. Pero siempre en los límites de la caballerosidad"- a reconocer "toda la responsabilidad" por las acciones que se le atribuyen y disculparse por el "dolor" causado a las víctimas. 

Sus palabras, unas y otras, son la muestra del cambio -incómodo para muchos- que el MeToo ha supuesto: el movimiento ha venido a cuestionar la forma en que nos relacionamos, la forma en que concebimos la violencia sexual y las maneras que muchos hombres han interiorizado como naturales o bien como parte de su privilegio. Si además eras un poderoso productor de Hollywood o un tenor reconocido en todo el mundo, la impunidad parecía más que descontada.

De Weinstein a Domingo ha habido otros casos, muchos, la mayoría, con menos repercusión o que sencillamente han pasado desapercibidos por cotidianos. No fue así con Bill Cosby, que en 2018 fue declarado culpable de tres delitos de agresión sexual y pasa sus días en una cárcel de Phoenix. La coincidencia de estos tres casos en el mundo de la cultura revela también hasta qué punto la industria del espectáculo había interiorizado la cosificación de las mujeres y el 'peaje' que muchas tenían que pagar para seguir en ella. 

Por si la palabra de miles mujeres en todo el mundo no fuera suficiente -y no lo ha sido, para muchos, durante mucho tiempo-, hoy el MeToo, ese fenómeno que habla de violencia y acoso, que interpela e incomoda, se apunta dos decisiones que consolidan su espíritu y que le dará legitimidad antes quienes seguían defendiendo una extraña forma de galantería

Por Ana Requena Aguilar

25/02/2020 - 17:37h

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Quema de autos en Viña del Mar en la protesta contra Piñera.

Las reacciones a los serios incidentes en la apertura del Festival de Viña del Mar

El mandatario chileno volvió a exigir un "gran acuerdo por la democracia, contra la violencia y por la paz". El lunes estuvo marcado por un estado de tensa calma en las calles.

En su primera aparición pública luego de los serios incidentes en Viña del Mar, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo que el país "ya ha sufrido demasiada violencia". En ese sentido, le exigió a todos los sectores de la sociedad y la política que condenen cualquier acto que atente contra la democracia. Sin embargo, su respuesta al conflicto fue, una vez más, el refuerzo del aparato represivo. La ciudad de Viña del Mar amaneció el lunes blindada por carabineros, que reforzaron los puntos centrales de ese centro balneario luego de las masivas protestas contra el gobierno de Piñera y los graves incidentes registrados el domingo por la noche. El gobierno chileno teme que la efervescencia en las calles sea un anticipo de la radicalización de las protestas a partir de marzo, mes en el que se esperan varias manifestaciones.

"Llegó el tiempo de un gran acuerdo por la democracia, contra la violencia y por la paz. Este acuerdo tiene que incluir no solo condenar la violencia, no solo defender la democracia y el Estado de Derecho, sino también, condenar a quienes no condenan la violencia y a los que atentan contra la democracia", destacó Piñera, que el lunes retomó su agenda política con una reunión con todos los ministros a la vuelta de sus vacaciones.

"Necesitamos asegurar el orden público y vivir en paz para tener un plebiscito que sea democrático, limpio y transparente. Todos queremos mejorar, cambiar, modernizar y perfeccionar la Constitución", agregó el mandatario. El plebiscito del próximo 26 de abril es una de las principales apuestas de Piñera para desactivar la grave crisis que vive el país desde octubre pasado, cuando iniciaron las manifestaciones contra el cuestionado modelo chileno, herencia directa del pinochetismo.

El lunes, la calma parecía volver a las calles de Chile luego de un domingo tenso. Sin embargo, tres colegios registraron incidentes por la mañana, en el inicio de clases en la comuna de Antofagasta. Supuestos alumnos encapuchados realizaron un recorrido por distintos establecimientos con el objetivo de obstaculizar la vuelta a clases y sumar más jóvenes a una marcha que iniciaron por Calle Orella, para continuar por las principales vías del casco central. 

Por la tarde tuvieron lugar nuevas manifestaciones en Viña contra el festival musical, que se desarrollaron sin mayores inconvenientes. A la noche se esperaba la presentación de la cantante chilena Mon Laferte , quien ha apoyado fuertemente las protestas sociales y a la que algunos grupos de ultraderecha anunciaron que buscarán boicotear su actuación.

Temiendo nuevos incidentes, el gobierno chileno redobló las medidas de seguridad con un amplio operativo policial en los alrededores de Viña. La alcaldesa de la ciudad balneario, la conservadora Virginia Reginato, pidió ayuda al gobierno para enfrentar nuevos actos de violencia y aseguró que los chilenos quieren "que vuelva la paz" a sus hogares y a ciudades. "Quiero mandarle un mensaje al presidente de la república: yo creo que ya la delincuencia no puede seguir en las calles de Viña", agregó Reginato.

Por su parte, el jefe de la Quinta Zona de Carabineros, Hugo Zenteno, se refirió a los disturbios que se registraron el domingo en los alrededores de la Quinta Vergara, y aseguró que no hubo errores en el despliegue de la policía uniformada. La institución informó que durante las manifestaciones 23 uniformados terminaron lesionados y atribuyeron los hechos ocurridos a "la delincuencia".

En ese sentido, Zenteno manifestó que "el único error es que esta gente atenta contra la seguridad de las personas". El uniformado agregó que, en su particular visión de los hechos, no es posible hablar de "situaciones de derechos humanos, porque realmente los manifestantes atentan contra todo: hay jóvenes, hay niños, que van a un festival y eso no es digno de nuestro país".

La ciudad de Viña del Mar, a 135 kilómetros al oeste de Santiago, fue escenario la noche del domingo de duros enfrentamientos entre carabineros y manifestantes que se concentraron bajo el lema "Calles con sangre, Viña sin festival". Pedían la cancelación de la cita internacional de música por la grave crisis que atraviesa el país.

Además de los choques, grupos de encapuchados incendiaron varios autos, saquearon comercios y atacaron con piedras el edificio de la municipalidad y el emblemático Hotel O'Higgings, que tuvo que ser desalojado por unas horas y donde se encontraban artistas, periodistas y trabajadores del festival. Hubo también destrozos en sucursales bancarias y empresas de telecomunicaciones.

La policía les cortó a los manifestantes el paso con un inédito y fuerte operativo de seguridad que incluyó un helicóptero y un globo con cámaras de vigilancia. A pesar de la dura represión con gases lacrimógenos y carros hidrantes, los manifestantes resistieron y llegaron hasta los alrededores de la Quinta Vergara, donde unas 20 mil personas aguardaban el inicio del tradicional festival. Según el ministerio del Interior, la noche dejó 24 detenidos, 29 agentes policiales heridos, nueve tiendas saqueadas y una decena de autos incendiados.

Chile vive desde el pasado octubre su crisis más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con al menos treinta muertos y miles de heridos, además de graves acusaciones contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos. Lo que en un principio empezó como un llamamiento de los estudiantes a protestar contra el aumento de la tarifa del subte, se convirtió en una revuelta por un modelo económico más justo.

La situación generó un fuerte descenso en la aprobación del cuestionado presidente Piñera, con índices menores al 9 por ciento según las últimas encuestas. En este escenario, las autoridades temen una nueva radicalización de las protestas a partir de marzo, cuando culminan las vacaciones de verano y arrancan nuevamente gran parte de las actividades productivas en el país. 

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