Las claves de la ofensiva turca contra los kurdos en Siria

El ejército turco ha lanzado este miércoles las primeras operaciones militares dentro del Kurdistán sirio. Una vez conseguida la luz verde de Donald Trump, el presidente Recep Tayyip Erdogan ha entrado en un juego peligroso que puede tener consecuencias graves para la estabilidad regional a medio y largo plazo, especialmente para la estabilidad de Turquía.

 

El conflicto sirio que se inició en 2011 ha entrado en una nueva fase. Espoleado desde el principio por Estados Unidos y otros países de Oriente Próximo, cada paso que se ha dado ha traído mucha más muerte y destrucción de la que se pretendía evitar. Ahora, la invasión turca del Kurdistán sirio va a causar más desastres.

¿Por qué ahora?

Durante años el presidente Recep Tayyip Erdogan ha estado quejándose de que los kurdos sirios colaboran con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) turco, un grupo considerado terrorista por Ankara. Ahora el presidente estadounidense, Donald Trump, le ha dado luz verde para cruzar la frontera, aunque haya sido en unos términos no muy claros.

¿Qué pretende Erdogan?

Erdogan sostiene que quiere crear una zona estéril a lo largo de la frontera, una “zona segura” de 30 kilómetros de ancho por 450 kilómetros de largo.

¿Es posible que cumpla su objetivo?

Es incierto que lo pueda cumplir puesto que el Kurdistán es un avispero y lo más probable es que encuentre resistencia, especialmente a medio plazo, incluida una guerra de guerrillas, por parte de los kurdos sirios. Por otra parte, a diferencia del Kurdistán turco, el de Siria es una zona llana, lo que dificultará las acciones de la guerrilla. Sin embargo, el hostigamiento de los milicianos podría obligar a Erdogan a meterse más allá de la “zona segura”.

¿Quiénes son los enemigos de Turquía en la zona?

Las Fuerzas Democráticas Sirias es una amalgama de grupos. El más destacado y numeroso es el YPG (Unidades de Protección del Pueblo), integrado por milicianos kurdos sirios, pero también hay otros grupos suníes, de menor entidad. Todos ellos han recibido armas y dinero de EEUU y de otros países suníes aliados.

¿Quién apoya a Turquía en esta empresa?

Erdogan no cuenta con apoyo exterior. Rusia e Irán han mostrado su escepticismo con esta operación, o incluso la han rechazado. Puede decirse que Erdogan está aislado y que este tampoco es su momento de mayor popularidad dentro de Turquía, por eso el desgaste que puede sufrir es enorme: siempre se sabe cuándo comienza una guerra pero nunca se sabe cuándo ni cómo termina.

¿Quiénes apoyan a los kurdos sirios?

Sus principales aliados son los kurdos de otros países de la zona. Hasta ahora también han recibido apoyo militar y económico de EEUU y de otros países suníes, aunque se trata de una ayuda limitada que no puede competir con la fuerza militar de Turquía.

¿Por qué Trump ha dado ahora la luz verde a Erdogan?

Trump es un líder que a menudo se guía por impulsos. Ha dicho que quiere sacar a las tropas estadounidenses de las guerras “ridículas” que no llevan a ninguna parte, pero también ha amenazado con destruir la economía turca si Erdogan se propasa.

¿Cómo han reaccionado los aliados de EEUU?

Los aliados de EEUU ven con preocupación la “traición” de Trump a los kurdos que contribuyeron de manera decisiva a derrotar al Estado Islámico. Benjamín Netanyahu, que mantiene unas discretas pero buenas relaciones con los kurdos sirios, no ha dicho nada oficialmente, pero otros políticos israelíes han criticado la decisión de Trump. Además, Alemania y Francia, que cuentan con pequeños destacamentos militares en la zona, han expresado su preocupación.

¿Cómo se ha reaccionado en EEUU?

Demócratas y republicanos, especialmente los representantes más próximos a Israel, han criticado la decisión de Trump. Algunos aseguran que Trump no sabe lo que hace.

¿Qué es Rojava?

Rojava es el nombre de la provincia del Kurdistan sirio. Tiene una extensión aproximada de 50.000 kilómetros cuadrados y una población de unos 2 millones de habitantes, en su mayoría kurdos, aunque históricamente ha habido una considerable presencia árabe en la zona. Una parte muy considerable de la población son kurdos de origen turco que huyeron de Turquía hace décadas.

¿Qué papel juega el Gobierno sirio en la crisis?

Damasco mantiene una aceptable relación con los kurdos sirios y aspira a extender su control efectivo sobre Rojava con el apoyo de Rusia e Irán. Las dos partes están en contacto permanente, especialmente ahora, y el ejército sirio cuenta con varias bases en Rojava. Los kurdos sirios afirman que quieren obtener una autonomía y no la independencia.

¿Cómo puede acabar la crisis?

Es difícil hacer previsiones pero el paso que ha dado Erdogan es arriesgado. El presidente turco ha cometido demasiados errores desde que estalló la crisis siria en 2011 y hasta ahora solo ha tenido que pagar un precio limitado, como con el recibimiento de unos tres millones de refugiados. La entrada del ejército turco en el Kurdistán sirio puede convertirse en una gran pesadilla para Erdogan. Evidentemente, el poder del ejército turco es casi infinitamente superior al de los kurdos, pero estos podrían llevar a cabo costosas operaciones de acoso a medio y largo plazo.

¿Qué hará Ankara con los refugiados sirios?

Erdogan quiere implantar en el Kurdistán sirio a gran parte de los árabes que se han refugiado en Turquía, formar una barrera de población árabe cerca de la frontera y apoyarse en los árabes para mantener a distancia a los kurdos, que también son suníes. La presencia de los refugiados en Turquía ha causado serios problemas a Erdogan, y su partido se ha resentido en las últimas elecciones, de manera que hará todo lo que esté a su alcance para deshacerse de los refugiados. En su discurso del 24 de septiembre ante la Asamblea General de la ONU, Erdogan pidió ayuda a la comunidad internacional para implantar en el nordeste de Siria a 3 millones de sirios.

¿Qué hará el Estado Islámico?

Se estima que en el Kurdistán sirio hay unos 7.000 yihadistas del Estado Islámico prisioneros, desperdigados en campos por acá y por allá. Unos 2.000 de ellos son extranjeros, de 55 países. Además hay unos 70.000 familiares de los yihadistas. Ahora Turquía tendrá que hacerse cargo de todos, según ha indicado Washington, y no se trata de un problema menor. Existe el temor de que yihadistas que andan sueltos, que no son muchos, se reagrupen y entren en acción, pero tal como están las cosas no parece muy probable que el Estado Islámico recupere el ascendiente que tuvo hace unos años.

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Crónica desde Quito, capital de la revuelta contra Lenin Moreno

La revuelta de los sectores populares e indígenas contra las medidas neoliberales del Gobierno de Lenin Moreno abre un nuevo escenario en el Ecuador post-Correa donde todo es posible.

 

El pasado jueves 3 de octubre, la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) convocó, junto a sectores del sindicalismo tradicional, un paro nacional con el objetivo de expresar su discordancia respecto a las últimas medidas económicas establecidas por el Gobierno.

El anuncio de la Conaie conllevó el inicio de una serie de movilizaciones en distintas localidades del país y asambleas permanentes en territorios con fuerte presencia indígena bajo el objetivo de coordinar una gran movilización a Quito demandando la derogación del Decreto 883, que incluía el alza de precios de los combustibles en todo el país.

El antecedente de dicha medida se encuentra en los acuerdos establecidos por el Gobierno ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mediante el cual este organismo financiero multilateral exige a las arcas públicas una optimización económica del 1,5% de su PIB mediante reformas de carácter tributario a cambio de otorgarle algo más de 10.000 millones de dólares en concepto de financiamiento durante los próximos tres años.

El problema de desequilibrio económico del Ecuador no es nuevo: ya en 2016 —última fase de la década de mandato de Rafael Correa— existían informes que recomendaban un ajuste fiscal asertivo para preservar la estabilidad macroeconómica y financiera del país fruto del desequilibrio entre gastos e ingresos existentes en esta economía dolarizada desde inicio de siglo. El Gobierno correista decidió en aquel momento mantener en reserva dichos informes y no hacerlos públicos ante su población.

Dos opciones tuvo que manejar el Gobierno presidido por Lenín Moreno ante tales exigencias fondomonetaristas: o incrementar el IVA en tres puntos porcentuales —medida que según los medios de comunicación parecía ser la más probable y en principio más regresiva— o la que definitivamente fue aprobada.

A priori la opción tomada por el Gobierno ecuatoriano parecía ser la menos conflictiva. La escasa eficiencia de un modelo de subsidio que carecía de focalización y que mayormente beneficiaba a grandes empresas con alto consumo de combustible, grandes flotas de transporte y sectores de las élites económicas que disponen de más de un vehículo por unidad familiar, parecía ser la que menos rechazo social podría generar.

De esta manera el presidente Lenín Moreno decretó el fin de los subsidios, lo que implicó un notable incremento de precios de la gasolina “extra” —la más usada en el país— pasando el galón de 1,45 a 2,41 dólares. De igual manera la gasolina Eco País (extra con etanol) de 1,45 a 2.53 dólares y la Súper de 2,3 a 3,07 dólares.

La reacción inmediata fue el bloqueo de carreteras por parte del sector del transporte y de vías urbanas por parte de los taxistas, aunque al día siguiente se desconvocó el paro tras negociar con los huelguistas un incremento de tarifas. El sector del transporte está acostumbrado a acomodarse de forma sistemática a los distintos gobiernos que han transitado en el poder en Ecuador. Durante la época correísta llegaron incluso a legalizar una formación política en connivencia con el partido de gobierno y ocupar curules en el legislativo.

Sin embargo, por experiencia histórica, el pueblo ecuatoriano es consciente de que el incremento de precios del combustible afecta al bolsillo del conjunto de la sociedad sean propietarios o no de vehículos. Los precios de los productos básicos y los indicadores de inflación suelen ser afectados de manera indirecta por este tipo de medidas.

El descontento generalizado entre la sociedad no hizo cambiar la posición Lenín Moreno, quien ha manifestado de forma permanente que la liberalización del precio del combustible a costos internacionales es una política —entre otras— necesaria para el mejoramiento e las finanzas públicas y sobre la cual “no hay marcha atrás”.

Las organizaciones sociales ecuatorianas definieron las medidas económicas establecidas por el Gobierno como un “paquetazo” neoliberal, argumentando que forman parte de un modelo de políticas públicas que beneficia fundamentalmente a sectores empresariales, flexibiliza el mercado laboral y achica al Estado enviando al desempleo a cada vez mayor número de funcionarios públicos sin que estos sean posteriormente demandados por el sector privado.

Así las cosas, durante todo el pasado fin de semana se sucedieron movilizaciones y asambleas indígenas en gran parte del territorio nacional pese a que el Gobierno Nacional optó por declarar el estado de excepción buscando suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilios, libertad de tránsito, libertad de asociación y de reunión. Con movilizaciones cada vez de mayor afluencia en todos los territorios afectados por la convocatoria, las resoluciones fueron unánimes: se determinó una gran movilización indefinida en el conjunto del país en rechazo a las medidas económicas y en defensa de los territorios indígenas, ríos, agua, páramos, la justicia indígena, la educación intercultural, salud, transporte y radios comunitarias.

300 cortes de carretera

Los cortes de carretera se sucedieron por gran parte de la red vial nacional, llegándose a contabilizar 300 cortes de carreteras al mismo tiempo durante diferentes momentos del pasado sábado y domingo. En paralelo, el Gobierno intentó combinar dos estrategias disímiles. Por un lado, se intensificaba la represión bajo el eufemístico argumento del uso de la fuerza progresivo. Por otro, sus interlocutores buscaban desesperadamente el diálogo con los manifestantes intentando establecer propuestas de compensación a los sectores movilizados (créditos productivos a bajo tipo de interés, apoyo para la adquisición de maquinaria agrícola, reconocimiento de autoridades locales…). Nada sirvió, la dirigencia nacional de Conaie manifestó públicamente que el diálogo con el régimen está totalmente cerrado. “No habrá ningún acercamiento con ningún representante del Estado hasta que se revea el decreto que eleva el precio de los combustibles”, manifestaron de forma homogénea todos sus voceros. El conflicto se agudizó a lo largo y ancho de la geografía nacional, llegándose a retener en diversos territorios indígenas a unidades militares y policiales para posteriormente ser entregadas tras haberse liberado extraoficialmente a civiles detenidos en dichas comunidades. La Conaie, bajo el principio de autodeterminación de los territorios indígenas, también había declarado su estado de excepción, prohibiendo la entrada de infiltrados y grupos armados pertenecientes a los aparatos de seguridad del Estado.

Amaneció el lunes más tranquilo, los voceros del Gobierno Nacional —titulares de muy diversas carteras ministeriales— salieron a los medios de comunicación a autofelicitarse. El número de detenidos civiles ya sumaban más de 320 en aquel momento. De los 300 cortes de vías se había bajado a cincuenta, de igual manera el número de movilizaciones en diferentes localidades del país también había bajado… el paro indígena y las movilizaciones urbanas en diferentes partes del país aparentemente estaban en retroceso. “Se impone paulatinamente la normalidad”, llegó a aseverar en su ignorancia María Paula Romo, ministra del Interior. Sin embargo, la versión indígena era radicalmente distinta. Según Jaime Vargas, presidente de la Conaie, “la represión de la fuerza pública permitió la movimiento fortalecerse y coordinar con sus bases y otras organizaciones sociales en cada provincia para poder desplazarnos hacia la capital”.

Apenas un par de horas más tarde comenzaban los mensajes de alerta en la capital. La Policía Nacional y el servicio de inteligencia del Estado detectaban fuerte movimiento en carreteras desde las provincias indígenas de la Sierra Central hacía Quito. La reacción no pudo ser más desafortunada, el ministro de Defensa, un general del Ejército en servicio pasivo que responde al nombre del Oswaldo Jarrín amenazó directamente a los movilizados: “Que no se provoque a la fuerza pública, no la desafíen o sabremos responder…”. Estas declaraciones encendieron aún más los ánimos de los movilizados.

Durante todo el día de este lunes 7 de octubre llegaron diversos contingentes de indígenas a la capital ecuatoriana y de forma sorpresiva también a Guayaquil, segunda ciudad en importancia del país. En diversos barrios populares de la periferia quiteña los indígenas fueron recibidos con actos de solidaridad por los pobladores locales, pese a una fuerte campaña de desprestigio y racismo posicionada por influencers de perfil ideológico conservador en las redes sociales. Con los acceso de entrada a las ciudades altamente custodiadas por las fuerzas de orden público —militares y cuerpos de élite de la policía nacional— los enfrentamientos se sucedieron por doquier. Más manifestantes detenidos, más violencia en medio de llamados poco creíbles llamados al diálogo e incluso algún que otra tanqueta policial incendiada durante las reyertas.

Distintas puntos geográficos de la capital ecuatoriana se convirtieron en focos de conflicto entre movilizados y fuerzas del orden público. El presidente Moreno anunció una cadena televisiva gubernamental que fue tres veces aplazada y los periodistas destinados a cubrirla desalojados por los militares del palacio presidencial de Carondelet.

Las movilizaciones populares, tanto en Quito como en Guayaquil, se combinaron con actos de vandalismo protagonizados por grupos organizados que aprovechaban la protesta para sus fines delictivos. De igual manera, militantes políticos que responden a la tendencia correísta se infiltraron en las movilizaciones protagonizando asaltos de edificios públicos —Asamblea Nacional y Contraloría General del Estado— que fueron censurados por la Conaie y otras organizaciones sociales convocantes de la marcha. En otras provincias, los movilizados ocuparon instituciones públicas tales como la Gobernación o el Consejo de la Judicatura en la provincia de Bolívar. Las movilizaciones fueron permanentes en las provincias amazónicas y en la Sierra Central, todas ellas con fuerte ascendencia indígena.

A las 21 h del lunes por fin se produjo la tan esperada cadena nacional. El presidente Lenin Moreno, custodiado por su vicepresidente a la derecha y su ministra de Defensa a la izquierda, junto a los jefes de los diferentes cuerpos militares atrás, manifestaba —con cierto nerviosismo— que el pueblo ecuatoriano está asistiendo a un intento de “golpe de Estado” con asideros en un complot internacional. “El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización”, aseveró el mandatario ecuatoriano, insistiendo en que las medidas tomadas “no tienen marcha atrás” y que “los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el Gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático”.

Para sorpresa de los ecuatorianos la cadena nacional se emitió desde la ciudad de Guayaquil, lo que implica que el Gobierno Nacional abandonó el Palacio de Carondelet en la capital quiteña para, recordando lo que hizo Charles de Gaulle en mayo de 1968, instalarse en otra ciudad.  

La estrategia política y comunicacional del Gobierno de Lenín Moreno no pudo ser más desacertada. Nuevamente una escenografía de fuerza, el presidente de la República rodeado de militares, que realmente emitía comunicacionalmente toda su debilidad —un Gobierno sin base social que tiene un credibilidad inferior al 16%—. En paralelo, un confuso llamado al diálogo en medio de soflamas sobre que bajo ningún concepto se revisará el Decreto 883. Por último, una alerta sobre una supuesta trama internacional desestabilizadora tan poco creíble como las anteriormente posicionadas por Rafael Correa ante cada levantamiento indígena o paro obrero.

La noche quiteña fue larga, el vandalismo se apoderó de algunas zonas de la ciudad mientras manifestantes indígenas y estudiantes universitarios portaban carteles y pancartas cuya consigna era “Ni Correa ni Moreno”, buscando desmarcarse de la pretendida capitalización política correísta de las movilizaciones.

Con la situación al límite, los movilizados se repartieron para pasar en la noche en tiendas de campaña situadas en parques públicos, en coliseos universitarios y locales de organizaciones sociales.

Sectores sociales ciudadanos solidarios con los movilizados suministraron en la noche alimentos y mantas a los recién llegados, estudiantes universitarios de enfermería atienden a los heridos y el periodismo alternativo trata de hacer coberturas coherentes sobre el qué y el porqué de lo que demandan los movilizados. En paralelo, otros sectores de ciudadanos capitalinos expresan su miedo ante la algarabía y convocan para hoy una movilización de rechazo a las movilizaciones, supuestamente para defender Quito. Mensajes xenófobos corren por las redes sociales y líderes conservadores llaman a movilizarse supuestamente contra el correísmo, intentando a su vez desmarcarse oportunistamente de Moreno, pero claramente antagónicos a lo que consideran una invasión de su ciudad por parte de “indios ignorantes”.

Así amaneció el día hoy, martes 8 de octubre, un país donde en estos momentos todo puede pasar… Al cierre de la redacción de esta crónica, los movilizados comienzan a agruparse en zonas aledañas al centro de la ciudad Quito mientras van recibiendo nuevos contingentes de compañeros que van llegando a la capital.

Hoy posiblemente las movilizaciones serán calientes, mañana está convocada huelga general.

40 años de democracia, 7 presidentes y tres constituciones

El pasado 10 de agosto, Ecuador cumplió 40 años de democracia tras una dictadura militar que tuvo distintas fases políticas y que se extendió entre 1972 hasta 1979. En ese período se han desarrollado 11 contiendas electorales, tres constituciones —1978, 1998 y 2008— y una década de desestabilización política que comenzó con la caída Abdalá Bucaram y que perduró hasta la llegada de Rafael Correa a la poltrona presidencial del Palacio de Carondelet. Durante esa década Ecuador asistió a como siete personajes, cada cual políticamente más deplorable, cruzaron sobre su pecho la banda presidencial.

La década correísta estabilizó políticamente el país, si bien terminó decepcionando notablemente a la mayoría del pueblo ecuatoriano y desinstitucionalizando aun más Ecuador, tras haber implementado el predominio del poder Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado.

La última fase de deterioro económico del país comenzó en el año 2014, momento en el que la caída de los precios del petróleo comenzó a golpear fuertemente a la economía nacional. Fue durante la última fase del Gobierno de Rafael Correa cuando el país comenzó a entregarse al Fondo Monetario Internacional. El Presupuesto General del Estado pasó de 44.300 millones de dólares en 2014 a 37.600 millones en 2016, el endeudamiento público —interno y externo— pasó de 2,8% del PIB en 2012 al 8,1% en 2016 y 9% en 2017, las urgencias por obtener financiamiento internacional hizo que el Gobierno correísta llegase incluso a negociar parte de la reserva nacional de oro con Goldman Sachs. Incluso se firmó un tratado de libre comercio con la Unión Europea y llegó a hipotecar el petróleo aun no extraído del subsuelo ecuatoriano con China y Tailandia.


publicado

2019-10-08 21:14

Publicado enCrisis Ecuador
Soldados del YPG celebran la victoria sobre ISIS en un acto organizado en marzo de 2019 en Qamishly, ciudad fronteriza con Turquía. De fondo, una pancarta con la cara de Abdullah Ocalan, fundador del PKK.

Los habitantes del territorio controlado por fuerzas kurdas en el noreste de Siria se preparan para un ataque turco que llevan tiempo esperando y ahora, tras el anuncio por parte de Donald Trump de la retirada de las tropas estadounidenses estacionadas en la zona, parece inminente.

Los kurdos se aprovecharon del caos que ha reinado en Siria desde que comenzó la guerra en 2011. Lo tomaron como una oportunidad de combatir al régimen de Damasco y construir su propio bastión autónomo, la entidad conocida como Rojava.

Pese a las amenazas de Bashar Al Asad, de ISIS y de Turquía, que considera las unidades kurdas como organizaciones terroristas vinculadas con el ilegalizado Partido de los Trabajadores del Kurdistán, la región ha corrido mucha mejor suerte que el resto del país, asolado por la guerra.

Y ahora muchos se preguntan si deben sacrificar esa relativa independencia a cambio de un acuerdo de protección con el régimen de Al Asad que pueda tener algún valor disuasorio ante la amenaza turca. Al tomar la decisión de abandonar a sus aliados militares, las Fuerzas Democráticas de Siria (SDF), Trump aparece ante sus ojos como un traidor. Más de 11.000 hombres y mujeres entregaron sus vidas luchando contra ISIS antes de su derrota final en marzo de este año.

"La actitud de Estados Unidos tendrá un impacto negativo en toda la región y todo lo que se ha construido en ella, como la paz y la estabilidad. Esta decisión se lleva por delante cualquier avance, sobre todo aquellos relacionados con la seguridad", señala Amjed Osman, portavoz del Consejo Democrático Sirio. "Siempre hemos dicho que las amenazas de Erdogan son serias. No hay una voluntad real por parte de la comunidad internacional de terminar con la crisis siria. La amenaza turca significa que la situación en la región vuelve a la casilla de salida. Regresará el caos", añade.

Se especula mucho con que los problemas que Erdogan enfrenta en su país actúen como detonante de un ataque que se espera inminente. El presidente turco y sus partidarios han perdido el control de las cuatro ciudades más importantes de Turquía, incluidas Ankara, la capital, y Estambul, la ciudad más importante del país. Los votantes han rechazado al gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) en amplias zonas del país entre las que se incluyen las de mayoría kurda y esa derrota se interpreta como castigo a la mala gestión de la crisis económica del país.

La última vez que Erdogan vio peligrar su férreo ejercicio del poder fue en 2015, cuando tras una derrota electoral decidió impulsar de nuevo la guerra contra el PKK. Muchos creen que el intento de adentrarse de nuevo en Rojava no es más que la búsqueda de un catalizador para el nacionalismo turco, de un impulso para esa causa que además actúa como cortina ante la crisis económica.

Bahoz Erdal, miembro de la dirección del PKK, señaló en una entrevista reciente con una emisora de radio vinculada al partido que "el Gobierno [turco] está sumido en una profunda crisis y pierde el poder gradualmente. Por eso Erdogan se apunta a cualquier posibilidad de cumplir con sus fantasías otomanas". "No tiene más que la guerra contra los kurdos para mantenerse en el poder. Se demostró en las últimas elecciones que los kurdos regresarían al poder", añadió.

La idea del abandono estadounidense de la zona comenzó a sondearse en diciembre del año pasado. Desde entonces, y a lo largo de una frontera de cientos de kilómetros, el SDF ha levantado trincheras y perforado túneles en espera de que eso detenga una eventual ofensiva turca.

Ya en 2016 y 2018 pequeñas incursiones militares turcas supusieron grandes pérdidas territoriales para las SDF. Un ataque más de Turquía, país miembro de la OTAN con una fuerza aérea poderosa, es percibido como una amenaza incluso mayor que la planteada en su día por el Estado Islámico.

Osman recuerda durante su entrevista un viejo mantra kurdo: "Resistencia es vida". "Estamos sobre el terreno y en nuestra tierra. Tenemos un ejército, tenemos voluntad y contamos con población que apoya a nuestras fuerzas políticas y militares. No vamos a limitarnos a esperar a que los turcos lleguen. Nuestro ejército resistirá", advierte.

08/10/2019 - 21:18h

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Miles de indígenas armados con palos pasaron ayer por Machachi, provincia de Pichincha, en su caminata rumbo a Quito, para exigir al gobierno de Lenín Moreno dar marcha atrás al paquetazo económico impuesto para cumplir exigencias del FMI.Foto Afp

Quito. El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, anunció anoche el traslado de su gobierno a la ciudad portuaria de Guayaquil y acusó a su antecesor Rafael Correa (2007-2017) y al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de "desestabilizar" a su gobierno, en momentos en que miles de campesinos comenzaron a llegar a Quito en medio de enfrentamientos con fuerzas militares, al aumentar la presión de las masivas protestas iniciadas el jueves pasado en rechazo a la eliminación del subsidio a combustibles.

En un mensaje transmitido en cadena nacional, un acorralado Moreno aseveró: “Me he trasladado a Guayaquil y he movido la sede de gobierno a esta querida ciudad, de acuerdo con las atribuciones constitucionales que me competen.

"Lo que ha sucedido estos días en Ecuador no es una manifestación social de descontento ante una decisión de gobierno. No, los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar al gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático", denunció Moreno, quien en los últimos días atribuyó las movilizaciones a los "zánganos correístas", lo que ha dado pie a que en las calles y redes sociales se habla ya de la Revolución de los Zánganos.

En cadena nacional, el mandatario agregó que "en las imágenes es evidente que los más violentos, aquellos que actúan con la única intención de agredir y dañar, son individuos externos, pagados y organizados. ¿Creen ustedes que es coincidencia que Correa y (el ex canciller Ricardo) Patiño hayan viajado al mismo tiempo hace algunas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización".

El detonante de las protestas fue un acuerdo de Moreno con el Fondo Monterio Internacional para acceder a préstamos por 4 mil 209 millones de dólares, a cambio del despido de miles de trabajadores y la eliminación de subsdios a los combustibles, vigentes desde hace 40 años, y que provocó aumentos hasta de 123 por ciento. El galón de 3.79 litros de diésel pasó de 1.03 a 2.30 dólares y el de gasolina común de 1.85 a 2.40 dólares.

Pero Moreno dijo que no dará marcha atrás con las medidas "porque lo correcto no tiene matices" y agregó que la eliminación a los subsidios del combustible es una decisión histórica que afecta a grandes intereses económicos y financieros.

El anuncio de Moreno desde la conservadora ciudad portuaria, donde al cierre de esta edición se multiplicaban las protestas, se conoció poco después de que comenzaron a llegar miles de campesinos al centro colonial de Quito, y de reportes de que el presidencial Palacio de Carondelet, fue evacuado por militares y es vigilado con el sobrevuelo de helicópteros.

Los indígenas, provenientes de provincias del sur andino, algunos armados con palos y fuetes, partieron antenoche a pie y en camionetas rumbo a la capital con la exigencia de mantener los subsidios para evitar el consecuente aumento de tarifas.

Otros grupos de indígenas también se desplazaban desde el norte para sumarse a una gran movilización de sindicatos este miércoles en la capital, donde ayer por la tarde hubo violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías.

En Machachi, a 35 kilómetros de Quito, militares y policías atacaron la marcha con bombas de gas lacrimógeno. La primera caravana conformada por miles de indígenas llegó a Quito y al ingresar a la ciudad atacaron una tanqueta del ejército, la cual fue quemada sin que los militares pudieran hacer nada, según imágenes transmitiras por televisión. Otros manifestantes ocuparon pozos y redujeron la producción petrolera.

La multitudinaria caravana llegó por la noche al centro de Quito, mientras los caminantes que vienen desde el norte ya estaban en Calderón, en las afueras de la capital.

En 19 de las 24 provincias hay bloqueos, principalmente en la Panamericana, indicó el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

"Grupos indígenas están cerrando vías en diversos puntos, lo que es lamentable", señaló el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, quien advirtió que si hay "cualquier intento de llegar a Quito u otro lugar, o de seguir obstaculizando las vías, las fuerzas armadas están atentas para impedir que escale este nivel de violencia".

Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), que en 2000 impulsó el derrocamiento de Jamil Mahuad, cuestionado por su política económica, declaró que se espera que llegarán a Quito "más de 20 mil indígenas".

La organización declaró antier el "estado de excepción" en sus territorios, que implica que "militares y policías que se acerquen a ellos serán retenidos y sometidos a la justicia indígena (reconocida por la Constitución)".

Decenas de militares ya han sido retenidos en varias comunidades, señalaron dirigentes indígenas.

"Estoy decidido a dialogar con ustedes hermanos indígenas, con quienes compartimos muchas causas. Dialoguemos sobre cómo usar los recursos del país para los más necesitados", expresó Moreno, quien se distanció de su aliado y antecesor Rafael Correa (2007-2017) apenas asumió el poder.

Pero Vargas replicó: “El problema es que ya estamos cansados de tanto diálogo. Hemos tenido llamadas, miles y miles de llamadas, y no hemos respondido hasta este momento. Mientras mi pueblo no llegue a la ciudad de Quito están cerrados todos los canales de diálogo.

"Convocamos al paro del pueblo y la huelga nacional del 9 de octubre. Las acciones del pueblo no terminan allí si el gobierno no retrocede en las medidas", manifestó Nelson Erazo, titular del Frente Popular, que reúne a grupos de trabajadores y estudiantes.

En las calles y en las redes sociales se multiplica el hashtag #YoTambienSoyZángano y #RevoluciónDelosZánganos, en alusión a la calificación de "zánganos correístas" que hizo Moreno a los miles que salieron a las calles del país tras la aplicación del paquetazo.

Bajo ese mismo hashtag el propio Correa retuiteó una nota que destaca un llamado de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a las autoridades ecuatorianas "de garantizar el derecho de todas las personas a manifestarse".

El ex presidente uruguayo José Mujica tuiteó: "Mi solidaridad al pueblo ecuatoriano víctima del FMI. Siguen peleando por el país. Lamentablemente se encontraron con un traidor que ha vendido la patria".

Las protestas han dejado hasta el domingo un civil muerto, 73 heridos (incluidos 59 uniformados) y 477 detenidos (la mayoría por vandalismo), de acuerdo con cifras de las autoridades.

Diversos sectores sociales rechazan desde el pasado jueves la eliminación de subsidios dispuesta como parte de un acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional para acceder a préstamos por 4 mil 209 millones de dólares.

Antes de 2007, la dolarizada y petrolera nación ecuatoriana sufrió casi una década de inestabilidad política y protestas sociales que derivaron en el derrocamiento de tres mandatarios, dos de los cuales intentaron aplicar severos ajustes económicos.

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Convocados por el movimiento Extinction Rebellion, cientos de activistas se manifestaron ayer en más de 60 ciudades del mundo para exigir a los gobiernos emprender acciones con el fin de frenar el cambio climático. En la imagen, la protesta en Berlín.Foto Afp

Londres. Cientos de activistas fueron detenidos ayer en ciudades de todo el mundo al comienzo de una campaña de resistencia pasiva convocada por el movimiento Extinction Rebellion, en protesta por la falta de respuesta de los gobiernos ante el cambio climático, y que se extendió a más de 60 ciudades, entre ellas Londres, Madrid, Amsterdam, Berlín, Nueva York, Buenos Aires, Sidney y Nueva Delhi.

Respaldados por la adolescente sueca Greta Thunberg, los jóvenes exigen que se declare la "emergencia climática" y los gobiernos fijen para 2025 neutralidad en las emisiones de gases con efecto invernadero. Su principal forma de protesta consiste en bloquear vialidades y edificios, encadenándose o pegándose al pavimento.

Miles de manifestantes bloquearon las carreteras alrededor de Westminster, en Londres, y levantaron campamentos con carpas y pancartas para marcar el comienzo de dos semanas de protestas y exigir medidas gubernamentales urgentes sobre la crisis climática y ambiental. Al menos 276 personas fueron arrestadas.

París se sumó a la protesta global con el bloqueo a un puente y una plataforma sobre el río Sena, mientras en Madrid 200 jóvenes disfrazados y maquillados que representaban catástrofes naturales, como inundaciones o incendios, se congregaron frente al Ministerio para la Transición Ecológica.

La policía de Alemania informó que unas 4 mil personas se congregaron en la Columna de la Victoria de Berlín, y en el parque entre el Parlamento y la cancillería federal se instaló un campamento. En Amsterdam, más de un centenar de activistas fueron arrestados por bloquear la calle adyacente al Museo Nacional de la capital holandesa.

En Nueva York, unos 200 activistas se congregaron en Battery Park y realizaron una "marcha fúnebre" hacia Wall Street, posteriormente arrojaron pintura roja sobre la icónica estatua del Toro; alrededor de 30 fueron arrestados.

También hubo detenidos en Wellington, Nueva Zelanda.

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Lunes, 07 Octubre 2019 06:46

El FMI gobierna hoy en el Ecuador

El FMI gobierna hoy en el Ecuador

No ganaron las elecciones, el pueblo no los convocó, pero los técnicos del Fondo Monetario Internacional ordenan hoy el Ecuador en plena alianza con el gobierno de los empresarios. Pocos días antes del paquetazo de medidas económicas y laborales anunciadas por el presidente Lenin Moreno, ya la prensa comercial anunció que el FMI no daría el nuevo desembolso del crédito contratado si no se hacían las reformas desde el gobierno.

Y, una vez tomada la decisión, el FMI salió a dar su “apoyo” a la decisión gubernamental, como si la bendición del organismo multilateral la santificara.

Pero las medidas tienen el carácter de las recetas neoliberales: debilitar el Estado y fortalecer las grandes empresas; obligar a los pobres a pagar la crisis que causaron los poderosos y los benefició; hambrear a un pueblo entero para garantizar el pago de la deuda externa.

Ello se enmascara en discursos de transparentar las finanzas, de “poner la casa en orden” y, por supuesto, de sacrificarnos “todos” para lograr días mejores. Los gobiernos neoliberales en el momento de tomar medidas de este tipo dicen que hay que apretarse los cinturones por un tiempo, pero que a la vuelta está el paraíso. Este, pretende que no hay que apretarse los cinturones, que el incremento del precio de gasolinas y del transporte de alimentos y personas, no afectará a la población.

Que las medidas tengan relación directa con imposiciones colocadas sobre el país a cambio de deuda externa es uno de las causales de su ilegitimidad. Las condicionalidades que vienen con los desembolsos, que ponen obligaciones al Estado que se califica de soberano, los registros de avances en el que se entrega al FMI información que se mantiene oculta al pueblo, destruye cualquier sentido de la democracia.

Añádale las expresiones de Lenin Moreno en la ONU, llamando a la intervención contra el pueblo de Venezuela, la entrega de una base aérea en Galápagos para uso de naves de inteligencia de Estados Unidos (que el gobierno niega que sea una base, como si el imperialismo no hubiera ampliado su definición de las mismas), las salidas del Ecuador de Unasur y la OPEP, centros de integración Sur-Sur, y se tendrá el cuadro completo de un gobierno sumiso a intereses extranjeros, que pisotea la independencia del Ecuador.

Su alianza con la gran burguesía es natural pues este pequeño sector de la sociedad ecuatoriana se encuentra integrada, en relaciones constantes y permanentes, con las transnacionales y los intereses foráneos.

El paquete de medidas impuestas supuestamente traerá trabajo. Este fue el ofrecimiento del plan de gobierno de Alianza País, que se ha cumplido al revés. Según el ministro del Trabajo, Andrés Madero, en una comparecencia en la Asamblea Nacional señaló que solo desde diciembre de 2018 hasta febrero de 2019 se habían despedido a 11.820 trabajadores del sector público. Ahora se anuncia 10 mil despidos más.

Desde el sector privado la reducción de trabajadores también ha sido una constante, de manera grave en el sector de la construcción que es uno de los que más obreros contrata, pero cuya situación nada tiene que ver con las medidas económicas.

En Ecuador hay una contracción económica general, el PIB crece en un punto o menos, el consumo de las familias ha decrecido, el manejo económico lleva a muchos a buscar productos de primera necesidad en Colombia (por eso el paro reciente de la pauperizada provincia fronteriza de Carchi), de manera que no hay condición de crecimiento de empresas para consumo interno. De hecho, se habla de miles enfocadas en servicios y comercio que han quebrado, aumentando el desempleo.

En estas condiciones, el anuncio del gobierno no es más que demagogia y el pretexto para eliminar derechos laborales, incrementando la precarización laboral. Entre las medidas de este tipo, que empiezan con los nuevos contratos, están:

Los contratos ocasionales se renovarán con un 20% menos de remuneración. Se violan principios constitucionales que protegen los derechos adquiridos, se viola el principio de a igual trabajo igual remuneración y se permite la sobre explotación.

Los funcionarios públicos pasarán de tener 30 días de vacaciones a 15, como el sector privado, pero desconociendo que esos días eran una suerte de compensación porque el empleado público no recibe reparto de un reducido pedazo de las utilidades empresariales.

Trabajadores de empresas públicas aportarán mensualmente, como mínimo, un día de su salario. Más los 15 días anteriores y doce aquí, estamos hablando de un mes entero al año que se afecta y que, podría decirse trabajaran sin cobro (en los 15 días de vacaciones se recibía pago por vacaciones pagadas, no por días laborados).

A cambio, estas son las medidas para el sector empresarial:

Eliminación del anticipo del impuesto a la renta, que venían exigiendo al gobierno.

Eliminación o reducción de aranceles para equipo, maquinaria y materia prima, tanto agrícola como industrial, para que tengan “mayor competitividad”.

Eliminación de aranceles a la importación de teléfonos celulares, tabletas y computadoras.

Reducción y simplificación del Impuesto a la Renta al sector bananero.

Devolución de tributos a los exportadores para “dinamizar la economía”.

Reducción a la mitad del Impuesto de Salida de Divisas (ISD) para materias primas, insumos y bienes de capital.

Las empresas que perciben anualmente más de 10 millones de dólares “Pagarán por tres años una contribución especial, que totaliza más de 300 millones, que se destinarán exclusivamente para seguridad, educación y salud”, según anunció Moreno. Una mínima cantidad frente a los impuestos, intereses y multas que ya les perdonó con la remisión tributaria, con la que los Grupos Económicos se acogieron al pago de USD 801 millones, pero dejaron de pagar USD 987 millones (Jonathan Báez, ISIP, 2019), aunque hay estimaciones que sería mucho más, llegando a señalarse la cantidad total estaría por encina de los 2.000 millones de dólares.

Como se ve, la balanza de las decisiones del FMI y el gobierno tiene una clara identidad de clase. A ello se añade la liberación de los precios de las gasolinas y diésel, hasta hoy subsidiados. El inmediato aumento del transporte de carga y pasajeros implica otro golpe a la economía de los sectores populares y medios, pero no afecta a los industriales que pasan esos costos a los precios del consumidor.

En estas condiciones, se justifica la pronta reacción de la población para protestar. Principalmente convocados por sectores perseguidos por el anterior gobierno como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) que agrupa a las mayores centrales sindicales y a la Unión Nacional de Educadores, la Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador (CONAIE), el Frente Popular, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE), y otras, que han logrado gran respaldo social.

Junto a un paro de los gremios del transporte que inició a media noche del 2 de octubre, apenas a un día de anunciadas las medidas, dificultan el asalto a los intereses populares y conducen a que incluso sectores de derecha pretendan ser “comprensivos” con la respuesta popular que va en aumento. La lucha social apenas está iniciando.

“Se acabó el miedo, retomamos la lucha”, ha sido una expresión repetida en las calles y las redes sociales. Hoy el miedo pasó a las filas del gobierno que a primeras horas de la tarde del 3 de octubre dispuso el estado de excepción en todo el territorio nacional.

El decreto presidencial 884 tiene 10 artículos que, entre otras cosas, moviliza a las Fuerzas Armadas y la Policía para mantener el orden, suspende en todo el territorio nacional el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y reunión, para impedir la conformación de aglomeraciones en espacios públicos durante las 24 horas del día, limita el derecho a la libertad de tránsito en todo el país “en los casos en que se atente contra los derechos y garantías del resto de ciudadanos” y se autoriza la requisición de bienes y de servicios.

La medida, altamente represiva y antidemocrática, es condición normal de las medidas impuestas por el FMI y los sectores empresariales de mayor poder. La injusticia de las decisiones gubernamentales se apoya en la reducción de derechos.

En las marchas y calles, se observa una gran agresividad de las fuerzas represivas del Estado, se arresta a personas que están amenazadas de juicios penales y se pretende amedrentar a la población. La paz social buscada por los gobiernos se ha roto en el Ecuador, ahora reinicia el tiempo de la lucha directa. “Se acabó el miedo, retomamos la lucha”.

6 octubre 2019

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Los manifestantes se concentran en una carretera de Bagdad para protestar contra la corrupción del Gobierno iraquí. (REUTERS/Alaa al-Marjani)

El martes se iniciaron protestas masivas y violentas en distintas ciudades de Irak contra la corrupción y el desempleo reinantes en el país. Los manifestantes son jóvenes en su mayoría, muchos menores de 20 años, que están condenados a una existencia pobre y gris. Los jóvenes, frustrados, solamente han conocido guerra y sanciones y aspiran vivir una vida mejor, algo que no parece que vaya a ser posible a corto y medio plazo.

 

Las calles de un gran número de ciudades iraquíes han visto esta semana protestas masivas y violentas principalmente de jóvenes, muchos de ellos menores de 20 años, en la incidencia más grave que tiene lugar en el país desde que se acabó con la insurrección del Estado Islámico en 2017. El número de muertos desde el martes se cuenta por decenas y el de heridos por centenas.
Las causas de este levantamiento espontáneo son variadas e incluyen desde la exigencia de que mejoren los servicios públicos de electricidad y agua al malestar creciente de los desempleados que no ven que ningún futuro, jóvenes que no han conocido más que el caos reinante en Irak desde que Estados Unidos invadió el país en 2003 y que en algunos casos dicen que echan de menos a Saddam Hussein y exigen la “caída del régimen”.

Como los jóvenes de todo el mundo, los iraquíes exigen soluciones rápidas para unos problemas estructurales, incluido el de la corrupción masiva, que son endémicos y no pueden resolverse de la noche a la mañana. El primer ministro chií Adel Abdul Mahdi, en el poder desde el año pasado, les ha advertido a través de un mensaje televisado que no existen “soluciones mágicas”. Es evidente que esos problemas continuarán indefinidamente con independencia de lo que suceda con las protestas.

Para disolver las protestas, la policía ha usado agua a presión, gases lacrimógenos, balas de goma y hasta fuego real, lo que explica el elevado número de bajas. Algunos manifestantes también han usado fuego real contra las fuerzas de seguridad. Además, el gobierno ha provocado un bloqueo casi total de las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, a través de las cuales los jóvenes se coordinan y donde cuelgan imágenes y mensajes que incitan a la población a participar en los caóticos disturbios. En algunos lugares como Bagdad se ha decretado el toque de queda.

La máxima autoridad religiosa chií, el gran ayatolá Ali Sistani, ha instado a las fuerzas de seguridad y a los manifestantes a que no usen la violencia, y ha criticado a los políticos por no haber sido capaces de emprender una lucha eficaz contra la corrupción que invade a casi todas las esferas del gobierno y de las administraciones periféricas. Sistani ha exigido al ejecutivo que adopte medidas de choque contra la corrupción “antes de que sea demasiado tarde”.

 “Los diputados son quienes tienen más responsabilidad en lo que está ocurriendo”, dijo Sistani en un sermón leído el viernes por uno de sus asistentes en una mezquita de Karbala. “El gobierno debe hacer lo posible para mejorar los servicios públicos, encontrar trabajo para los desempleados, acabar con el clientelismo, lidiar con la corrupción y enviar a prisión a los que estén implicados", añadió el gran ayatolá.

Algunos han querido ver en las protestas una variante de las primaveras árabes de 2011 que llega con retraso. Y en parte esta explicación tiene algo de acertado, especialmente en lo tocante a la corrupción y a la ausencia de expectativas, pero los iraquíes acuden regularmente a las urnas para elegir democráticamente a sus representantes. El país está sumido en un caos más grave que el de algunos otros países árabes donde se iniciaron las revueltas de 2011.

La situación de la "democracia" iraquí también puede interpretarse como la quiebra de unas instituciones que pretenden imitar las instituciones liberales occidentales cuando en Irak, como en otros países árabes, no se dan las circunstancias mínimas para que esas instituciones funcionen de una manera eficiente siguiendo el modelo occidental.

María Hurtado, portavoz de la Oficina de Derechos de la ONU, exigió al gobierno y a los manifestantes que se expresen libremente en el marco de protestas pacíficas. "Estamos preocupados por las informaciones en el sentido de que las fuerzas de seguridad han usado munición real y balas de caucho en algunas zonas, y también han disparado gases lacrimógenos directamente contra los manifestantes", dijo Hurtado.

Según la portavoz, las armas de fuego no deberían usarse nunca, "excepto como último recurso de protección ante una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves". "Todos los incidentes en los que las acciones de las fuerzas de seguridad han implicado muertes o heridos deberían investigarse rápida, transparente e independientemente".

Un tema relacionado con la corrupción que figura entre los motivos de las protestas es la reciente destitución del general chií Abdulwahab al Saadi, responsable de la unidad antiterrorista, un personaje muy popular en todo Irak, y no solo entre los chiíes, puesto que muchos lo ven como alguien no sectario y que no se ha manchado con la corrupción generalizada.

Las primeras protestas contra la destitución de al Saadi ocurrieron en Mosul, una localidad de mayoría suní. Los suníes aprecian al general porque consideran que fue una figura clave en el aplastamiento del Estado Islámico concluido en 2017. En Mosul también hay un notable resentimiento contra el gobierno de Bagdad porque prácticamente no se ha hecho nada para reconstruir la ciudad devastada por la guerra.

Irak tiene una población de 40 millones de habitantes. Tras décadas de guerras y sanciones ha echado a perder sus infraestructuras, muchas ciudades están arruinadas y las oportunidades de empleo son completamente insuficientes si se las compara con el crecimiento de la población. La producción de petróleo ha aumentado pero no basta para hacer frente a las necesidades del país.

JERUSALÉN

07/10/2019 07:32 Actualizado: 07/10/2019 07:32

Por EUGENIO GARCÍA GASCÓN

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Manifestantes y policía endurecen sus tácticas en las protestas de Hong Kong

La nueva ley contra las máscaras no solo no ha conseguido detener las protestas en Hong Kong; las ha empeorado. Dos días después de su entrada en vigor, decenas de miles de personas han salido a la calle a protestar contra la medida en tres grandes marchas en distintos puntos de la excolonia británica. La inmensa mayoría, en un gesto de desafío, llevaba máscaras o la cara cubierta de algún otro modo. Pero, tras comenzar de manera pacífica, grupos de manifestantes contra el Gobierno autónomo y contra China se han lanzado a una nueva ola de destrozos. La policía ha respondido con  cargas tras las que ha detenido a decenas de personas.

La jornada había comenzado con una derrota judicial para los opositores a la ley antimáscaras, la segunda en menos de 48 horas. Un tribunal de primera instancia denegó una petición de 24 legisladores de la oposición pandemócrata para que se impusiera una moratoria a la ley mientras se decide sobre su validez. La audiencia para analizar la legitimidad de la medida comenzará el próximo día 18, mientras tanto la prohibición continuará vigente.

Durante el día, continuaba aún la tensa atmósfera del sábado, cuando Hong Kong se levantó semiparalizado tras los fuertes choques de la noche del viernes —la medida entró en vigor esa medianoche—, con el metro completamente cerrado durante 24 horas por primera vez en su historia, numerosos comercios que no llegaron a abrir y destrozos aún visibles, especialmente en sucursales de bancos chinos. El cierre parcial de algunas líneas de metro, el principal sistema de transporte en esta ciudad de 7,4 millones de habitantes, continuaba el domingo; algunos de los centros comerciales más populares también optaron por prolongar su cierre.

Tras la decisión del tribunal, decenas de miles de personas desafiaron a la fuerte lluvia y los problemas de transporte para expresar su repulsa a una medida muy impopular: los manifestantes usan las máscaras para ocultar su identidad, pero también para protegerse del gas lacrimógeno. Con carteles en los que se leían mensajes como “los pacíficos y los bravos (los dos tipos en que se dividen a sí mismos los participantes en las protestas: moderados y radicales) lucharán siempre unidos”, entonaban el himno de las protestas, Gloria a Hong Kong, y gritos como “¡hongkoneses, rebelión!”

Muchos hacían, con una mano, el gesto chino para el número seis, con el puño cerrado y el pulgar y el meñique estirados, una alusión a lo que ya llaman su “sexta demanda”, la reforma o el desmantelamiento de la policía. Se suma así a las cinco previas: la retirada del polémico proyecto de ley de extradición que desencadenó las manifestaciones —la única a la que el Gobierno autónomo ha accedido—, la puesta en libertad sin cargos de los más de 2.000 detenidos, retirar la descripción de “disturbios” para las protestas, abrir una investigación independiente sobre el comportamiento de la policía y un verdadero sufragio universal.

Gradualmente, y como ha venido ocurriendo en los cuatro meses de protestas, la marcha pacífica se fue transformando en una serie de actos de violencia. Como en los últimos días, los bancos de propiedad china o los establecimientos de propietarios percibidos como simpatizantes de Pekín fueron el blanco preferido del vandalismo. Varias estaciones de metro sufrieron destrozos; alguna —la de Mong Kok, uno de los “puntos calientes” habituales de enfrentamientos entre movilizados y policía—- quedó completamente inundada.

Un taxista que golpeó a dos mujeres manifestantes con su vehículo en un barrio periférico fue atacado por los participantes. Un periodista de la televisión pública hongkonesa sufrió quemaduras en la cara cuando un cóctel molotov prendió el poncho de plástico que llevaba para protegerse de la lluvia.

Por primera vez, y después de que hubieran circulado en las redes algunas imágenes en las que antidisturbios hongkoneses parecían entrar en el cuartel de las tropas chinas en Hong Kong, en el acomodado barrio de Kowloon Tong, un grupo de manifestantes intentó acercarse al acantonamiento y apuntarlo con luces láser. Los soldados respondieron con una banderola de advertencia: si los jóvenes no se dispersaban, podrían ser arrestados.

La policía respondió con dureza al giro violento de las protestas, con gases lacrimógenos, balas de plástico y cañones de agua a presión y decenas de personas fueron detenidas. La operación de búsqueda y captura continuó durante la noche: a las nueve, las líneas de metro operativas cerraban definitivamente hasta el lunes. En puestos de control, los antidisturbios paraban los autobuses y registraban a los pasajeros, especialmente a los jóvenes, en busca de indicios de que hubieran participado en las movilizaciones.

En un comunicado en su página de Facebook, la policía acusaba a los manifestantes de intentar tomarse “la justicia por su mano”. “Las atrocidades perpetradas por los autores de los disturbios están por debajo del mínimo aceptable en cualquier sociedad civilizada. La policía advierte a los autores de disturbios que detengan todos sus actos ilegales y expresa su más fuerte condena contra todos los actos violentos de los alborotadores”.

Por Macarena Vidal Liy

Pekín 7 OCT 2019 - 01:02 COT

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 Un grupo de indígenas bloquea un camino en señal de protesta. Foto | Video: AFP

Hace apenas tres días el presidente Lenín Moreno anunció un paquete de medidas económicas como consecuencia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que incluye la eliminación del subsidio a las gasolinas (incrementos de 120 por ciento en el diésel y 30 por ciento en la gasolina regular) y reformas laborales y tributarias que afectan a los trabajadores y benefician a grupos empresariales.

Confió en que un estallido social era cosa del pasado y que la prensa podría imponer una matriz de opinión dominante. Se equivocó. El país está sumido en la peor crisis política desde 2005 y se ha visto forzado a decretar el estado de excepción (amparado en el artículo 165 de la Constitución). El gobierno asegura que es una cuestión de agitadores y "golpistas", y ha reprendido con fuerza las protestas, que ya suman más de 350 detenidos. Parece que el relato gubernamental va quedándose sin eco y sus hasta ahora socios de gobierno, Jaime Nebot y Guillermo Lasso, líderes de la derecha guayaquileña, se distancian de él.

Los grandes grupos mediáticos, como parte del poder de trastienda en Carondelet, intentan posicionar que las protestas son un reclamo motivado en la pérdida de privilegios. Buena parte de los analistas políticos buscan imponer la idea de que el "populismo" de Rafael Correa es lo que llevó al país a esta situación.

Asegurar que las protestas son sólo el resultado de la quita del subsidio es contar la mitad de la historia. Lo que vive Ecuador es una crisis de representación. La sociedad no siente que el gobierno esté actuando en beneficio de la mayoría: una vez agotado el discurso de odio que viene imponiendo, Moreno no ofrece nada más al país. De hecho, el empleo se deteriora, los servicios públicos escasean y no hay una defensa de la soberanía económica ni política. En su incapacidad para gestionar el Estado, repartió el poder y asumió un rol secundario. Hoy, Lenín Moreno es la cara visible de un Poder Ejecutivo tricéfalo repartido entre los grupos económicos, los medios de comunicación y la embajada de Estados Unidos. La gente en las calles siente que el poder está, nuevamente, corporativizado. Era esperable que, en este contexto, exigir un "esfuerzo extra" desatara la ira ciudadana.

Moreno pensó que podía seguir exigiendo más esfuerzo a las clases trabajadoras mientras regalaba recursos a las clases dominantes, como ejemplifica esta última reforma económica. En 30 meses eliminó impuestos, amplió los escudos fiscales para facilitar la evasión y desmontó los aranceles que defendían al país y a la dolarización. En lo laboral, reduce derechos, busca flexibilizar el mercado y amputar los mecanismos de regulación. La estrategia de evocar la pesada herencia del correísmo, que al inicio capitalizó la imagen de Moreno, hoy socava su credibilidad y su capacidad para gobernar. El presidente, con la excusa de la corrupción, llevó al país a las antípodas del plan de gobierno de la Revolución Ciudadana. No es menor que en 30 meses haya dinamitado 70 por ciento de su capital político.

Es equivocado pensar que son protestas para preservar "privilegios". Es la gota que colmó el vaso. La gente sigue saliendo a la calle porque sabe que no existe corresponsabilidad ni justicia en las políticas adoptadas; no hay una justa distribución del esfuerzo y la carga es desproporcionadamente más pesada sobre unos que sobre otros.

La protesta parece que va ganando en calor e intensidad mientras Moreno ha dicho que no dará marcha atrás. Otros sectores se suman al paro y el bloqueo de vías es la tónica de todo el país. Un escenario como el de los años 1997, 2000 o 2005 puede ocurrir si el gobierno no recula. En cualquier caso, el equilibrio es inestable y lo cierto es que cualquier cosa puede ocurrir en Ecuador.

Por Nicolás Oliva Pérez, integrante del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica.

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Las movilizaciones de indígenas en Ecuador se radicalizan con la retención de medio centenar de militares

Los campesinos e indígenas continúan con las movilizaciones a pesar del anuncio de los transportistas de levantar el paro nacional

 Los grupos indígenas y organizaciones sociales de Ecuador han decidido mantener las protestas por el alza del precio de las gasolinas decretada por el Ejecutivo. A media tarde de este sábado, había 47 militares retenidos por grupos indígenas en Alausí, en la provincia de la sierra andina de Chimborazo. A la vez, la confederación indígena Conaie ha enviado un comunicado donde declara el estado de excepción en sus territorios ante la "brutalidad y falta de conciencia de la fuerza pública" y en "ejercicio de su derecho a la autodeterminación".

Los militares están retenidos hasta que el Gobierno derogue el decreto en el que se suprime la ayuda estatal a la gasolina diésel y extra. Son nueve oficiales y 38 voluntarios, confirman fuentes militares. También hay cinco policías. Tenían la misión de reforzar la seguridad en la carretera Panamericana Sur, que está bloqueada en varios puntos, según recoge el diario local El Comercio. Hasta ahora no hay pronunciamiento oficial.

A diferencia de los transportistas, quienes anunciaron este viernes el levantamiento del paro nacional, el Colectivo Unitario Nacional de Trabajadores, Indígenas, Organizaciones Sociales y Populares ya habían asegurado que continuarán con las movilizaciones y con la convocatoria de huelga general para el próximo 9 de octubre hasta que el presidente Lenín Moreno rectifique y reinstaure el subsidio a los combustibles.

"Llamamos a todos los trabajadores del campo y la ciudad, mujeres, juventud estudiosa, jubilados y amas de casa a unirnos este miércoles 9 de octubre a la gran huelga nacional y paro del pueblo para combatir el paquetazo neoliberal con el cual premiaron a la oligarquía y al FMI en contra de los trabajadores y el pueblo", ha convocado Mesías Tatamuez, presidente de turno del Frente Unitario de los Trabajadores, por escrito. El bloqueo de carreteras, la falta de transporte público y los enfrentamientos con las autoridades se han mantenido este sábado, aunque en un ambiente menos violento, hasta la retención de los militares, que durante las dos primeras jornadas de las protestas.

Moreno decretó el pasado jueves el estado de excepción en todo el país para desplegar a policías y militares en los puntos más conflictivos con el objetivo de impedir el cierre de carreteras por parte de los manifestantes. “Con estado de excepción o sin estado de excepción, no nos van a amedrentar las amenazas de prisión para los luchadores sociales que buscamos un cambio", ha advertido el colectivo que representa a indígenas y trabajadores, en referencia a los 350 arrestados en dos días y la detención de varios dirigentes de los transportistas. La paralización de servicios públicos en Ecuador está castigada en el Código Penal con hasta tres años de cárcel.

Como los transportistas, las organizaciones sociales están en contra de que se retire el subsidio estatal a las gasolinas diésel y extra, aprobado por el Gobierno con el fin de que el Fisco se ahorre 1.400 millones de dólares anuales. La medida, que está en vigor desde el jueves pasado, y que ha sido ratificada en varias ocasiones por el Ejecutivo es parte de un paquete de ajustes económicos con los que el mandatario ecuatoriano quiere corregir las estrecheces fiscales que han ido asfixiando su gestión desde hace casi dos años y medio.

Además del paquete de incentivos fiscales para los sectores productivos, la propuesta de Moreno introduce nuevas modalidades de contratación laboral temporal que también han inquietado a las organizaciones sindicales. Sin embargo, el punto de mayor fricción es la eliminación de la ayuda estatal al consumo de gasolinas. "No permitiremos el alza de los pasajes", han reprochado los manifestantes. "Nuestra lucha va mucho más allá del paquetazo; es también por un gobierno popular que atienda las necesidades de las mayorías". El ministro de Transporte, Gabriel Martínez, ha reconocido que se está estudiando una "revisión técnica al alza" de los pasajes de transporte público interurbano e interprovincial.

Pese al anuncio del cese de movilizaciones de los gremios transportistas, el servicio no se ha normalizado completamente en varias ciudades del país. En Quito y en Guayaquil, las dos más pobladas, aún había rutas internas suspendidas y la venta de billetes no se ha restablecido para todas las líneas. Además, el municipio de la capital ha emitido un comunicado aclarando que los precios de los billetes aún no han sido modificados oficialmente, para contrarrestar el encarecimiento irregular que ya ha comenzado a detectarse.

Guayaquil 5 OCT 2019 - 18:42 COT


Ecuador: crece la bronca con Moreno y el FMI

El movimiento indígena, organizaciones sociales y sindicatos de trabajadores de Ecuador convocaron a un paro nacional, mientras mantienen las movilizaciones en todo el país. Exigen que el presidente, Lenin Moreno, dé marcha atrás con la liberación del precio de combustibles y las medidas de ajuste que impulsó su gobierno , con el aval del FMI. Todavía rige el estado de excepción, decretado por Moreno, para que las Fuerzas Armadas contengan la protesta social.

Continúan las movilizaciones y cortes de calles y rutas en todo el territorio ecuatoriano. La protesta social desembocará en un jornada de paro nacional anunciada para el miércoles próximo, según informó el vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), José Villavicencio. “Las organizaciones sociales ratificamos la convocatoria para la gran huelga nacional el próximo 9 de octubre, sin dejar de renunciar a las actividades que se están dando en las diferentes provincias”, expresó en diálogo con Telesur. Por su parte, el presidente de la FUT, Mesías Tatamuez, subrayó la indignación del pueblo ecuatoriano contra las medidas anunciadas por Moreno y planteó que ese paquetazo es un premio a empresarios, a la banca, y cumple las recetas del Fondo Monetario Internacional.

En el mismo sentido se manifestaron los pueblos originarios agrupados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie). "Hemos convocado a la movilización nacional indefinida. Hasta este momento estamos movilizados en cada uno de nuestros territorios pero, muy pronto, se movilizarán todos los pueblos a nivel nacional”, explicó el presidente de la agrupación Jaime Vargas. Pero ese no es el único reclamo que tienen los pueblos originarios ecuatorianos. “La Conaie protesta también contra la minería, la explotación petrolera y en defensa del derecho a la justicia indígena, por la educación intercultural bilingüe”, aseguró Vargas.

El martes Lenin Moreno decretó la liberación del precio de los combustibles, lo que generó aumentos de hasta el 123 por ciento. El precio del galón (casi 4 litros) de diésel pasó de 1,03 dólares a 2,27, mientras que la gasolina "extra", la de mayor consumo en el país, aumentó de 1,85 a 2,30 dólares, encareciendo toda la producción. La medida generó movilizaciones en todo el país, que fueron fuertemente reprimidas por la policía. El saldo hasta el momento, según datos oficiales, es de 379 detenidos.

Desde el miércoles se desarrolló un paro de transporte que fue levantado en el día de ayer, luego de que entidades representantes del sector entregaran un petitorio al gobierno para que permita el aumento de tarifas. De esa manera buscan aliviar los efectos de la suba en el precio de los combustibles. El ministro de Transporte, Gabriel Martínez, había indicado que se analizaba recomendar a las compañías de transporte urbano e interurbano la fijación de tarifas para lograr un equilibrio en el precio. El Ejecutivo controla el costo de pasajes de autobuses interprovinciales, mientras que el de los urbanos y de taxis corresponde a los municipios.

El líder de la Conaie, la mayor organización ancestral del país, se mostró molesto por la decisión de los transportistas. "No sé a qué están jugando, pero no entendemos a esa gente porque ellos buscan simplemente ingresos económicos de ellos, los bolsillos de ellos; nuestro interés no va por ese camino", afirmó Jaime Vargas. Las agrupaciones de pueblos originarios están en coordinación con estudiantes, jubilados, campesinos, agricultores y artesanos, así como sindicatos de trabajadores y otras organizaciones sociales, aseguró Vargas.

Desde el viernes rige en Ecuador el estado de excepción, decretado por Lenin Moreno. El líder de la Conaie aseguró que no sienten temor por lo que podría generar esta medida. "Los que creen que están bien, tendrán miedo, pero los que sentimos que están atropellando nuestros derechos, con o sin estado de excepción, la resistencia continúa", subrayó.

La Asamblea Nacional espera que el ejecutivo envíe en breve el proyecto de ley donde se determinen nuevos ajustes, entre ellos una reforma tributaria y laboral. Una vez ingresado, el proyecto será tratado por la Asamblea donde Moreno perdió la mayoría por su ruptura con los legisladores de Revolución Ciudadana, que responde a Rafael Correa. Desde este partido ya manifestaron que no apoyará la reforma económica. “Nuestro partido jamás se prestará para retroceder en derechos en contra de los trabajadores”, afirmó el legislador Juan Lloret. La Asamblea Nacional tiene un plazo de 30 días para analizar el proyecto que ingresará con carácter de urgente. En caso de no obtener su aprobación, la Constitución permite al ejecutivo publicar la ley mediante un decreto.

Página12

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