Quema de autos en Viña del Mar en la protesta contra Piñera.

Las reacciones a los serios incidentes en la apertura del Festival de Viña del Mar

El mandatario chileno volvió a exigir un "gran acuerdo por la democracia, contra la violencia y por la paz". El lunes estuvo marcado por un estado de tensa calma en las calles.

En su primera aparición pública luego de los serios incidentes en Viña del Mar, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo que el país "ya ha sufrido demasiada violencia". En ese sentido, le exigió a todos los sectores de la sociedad y la política que condenen cualquier acto que atente contra la democracia. Sin embargo, su respuesta al conflicto fue, una vez más, el refuerzo del aparato represivo. La ciudad de Viña del Mar amaneció el lunes blindada por carabineros, que reforzaron los puntos centrales de ese centro balneario luego de las masivas protestas contra el gobierno de Piñera y los graves incidentes registrados el domingo por la noche. El gobierno chileno teme que la efervescencia en las calles sea un anticipo de la radicalización de las protestas a partir de marzo, mes en el que se esperan varias manifestaciones.

"Llegó el tiempo de un gran acuerdo por la democracia, contra la violencia y por la paz. Este acuerdo tiene que incluir no solo condenar la violencia, no solo defender la democracia y el Estado de Derecho, sino también, condenar a quienes no condenan la violencia y a los que atentan contra la democracia", destacó Piñera, que el lunes retomó su agenda política con una reunión con todos los ministros a la vuelta de sus vacaciones.

"Necesitamos asegurar el orden público y vivir en paz para tener un plebiscito que sea democrático, limpio y transparente. Todos queremos mejorar, cambiar, modernizar y perfeccionar la Constitución", agregó el mandatario. El plebiscito del próximo 26 de abril es una de las principales apuestas de Piñera para desactivar la grave crisis que vive el país desde octubre pasado, cuando iniciaron las manifestaciones contra el cuestionado modelo chileno, herencia directa del pinochetismo.

El lunes, la calma parecía volver a las calles de Chile luego de un domingo tenso. Sin embargo, tres colegios registraron incidentes por la mañana, en el inicio de clases en la comuna de Antofagasta. Supuestos alumnos encapuchados realizaron un recorrido por distintos establecimientos con el objetivo de obstaculizar la vuelta a clases y sumar más jóvenes a una marcha que iniciaron por Calle Orella, para continuar por las principales vías del casco central. 

Por la tarde tuvieron lugar nuevas manifestaciones en Viña contra el festival musical, que se desarrollaron sin mayores inconvenientes. A la noche se esperaba la presentación de la cantante chilena Mon Laferte , quien ha apoyado fuertemente las protestas sociales y a la que algunos grupos de ultraderecha anunciaron que buscarán boicotear su actuación.

Temiendo nuevos incidentes, el gobierno chileno redobló las medidas de seguridad con un amplio operativo policial en los alrededores de Viña. La alcaldesa de la ciudad balneario, la conservadora Virginia Reginato, pidió ayuda al gobierno para enfrentar nuevos actos de violencia y aseguró que los chilenos quieren "que vuelva la paz" a sus hogares y a ciudades. "Quiero mandarle un mensaje al presidente de la república: yo creo que ya la delincuencia no puede seguir en las calles de Viña", agregó Reginato.

Por su parte, el jefe de la Quinta Zona de Carabineros, Hugo Zenteno, se refirió a los disturbios que se registraron el domingo en los alrededores de la Quinta Vergara, y aseguró que no hubo errores en el despliegue de la policía uniformada. La institución informó que durante las manifestaciones 23 uniformados terminaron lesionados y atribuyeron los hechos ocurridos a "la delincuencia".

En ese sentido, Zenteno manifestó que "el único error es que esta gente atenta contra la seguridad de las personas". El uniformado agregó que, en su particular visión de los hechos, no es posible hablar de "situaciones de derechos humanos, porque realmente los manifestantes atentan contra todo: hay jóvenes, hay niños, que van a un festival y eso no es digno de nuestro país".

La ciudad de Viña del Mar, a 135 kilómetros al oeste de Santiago, fue escenario la noche del domingo de duros enfrentamientos entre carabineros y manifestantes que se concentraron bajo el lema "Calles con sangre, Viña sin festival". Pedían la cancelación de la cita internacional de música por la grave crisis que atraviesa el país.

Además de los choques, grupos de encapuchados incendiaron varios autos, saquearon comercios y atacaron con piedras el edificio de la municipalidad y el emblemático Hotel O'Higgings, que tuvo que ser desalojado por unas horas y donde se encontraban artistas, periodistas y trabajadores del festival. Hubo también destrozos en sucursales bancarias y empresas de telecomunicaciones.

La policía les cortó a los manifestantes el paso con un inédito y fuerte operativo de seguridad que incluyó un helicóptero y un globo con cámaras de vigilancia. A pesar de la dura represión con gases lacrimógenos y carros hidrantes, los manifestantes resistieron y llegaron hasta los alrededores de la Quinta Vergara, donde unas 20 mil personas aguardaban el inicio del tradicional festival. Según el ministerio del Interior, la noche dejó 24 detenidos, 29 agentes policiales heridos, nueve tiendas saqueadas y una decena de autos incendiados.

Chile vive desde el pasado octubre su crisis más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con al menos treinta muertos y miles de heridos, además de graves acusaciones contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos. Lo que en un principio empezó como un llamamiento de los estudiantes a protestar contra el aumento de la tarifa del subte, se convirtió en una revuelta por un modelo económico más justo.

La situación generó un fuerte descenso en la aprobación del cuestionado presidente Piñera, con índices menores al 9 por ciento según las últimas encuestas. En este escenario, las autoridades temen una nueva radicalización de las protestas a partir de marzo, cuando culminan las vacaciones de verano y arrancan nuevamente gran parte de las actividades productivas en el país. 

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Martes, 25 Febrero 2020 05:49

No importa Assange

No importa Assange

No importa Julian Assange (foto). Importa que empieza su juicio de extradición en Londres. Y que hay mucho en juego en este juicio, al igual que en el proceso que le espera en Estados Unidos si la justicia británica decide enviarlo.

No importa él como persona, si cae o no simpático. Importa que estos juicios serán determinantes para el futuro del periodismo, la libertad de expresión y el derecho internacional.

En concreto, Assange está siendo acusado de espionaje por hacer lo que hacen los periodistas. Esto es, recabar y publicar información. Los espías hacen otra cosa: roban documentos y se los entregan a otro país.

La acusación en contra de Assange combina lenguaje del Espionage Act de 1917 con una descripción de prácticas que son habituales en las redacciones, como intercambiar mensajes encriptados con fuentes que desean permanecer anónimas.

Según el Departamento de Justicia estadounidense, esas prácticas son apropiadas para un periodista de un medio reconocido como podría ser el New York Times. Pero no para Assange. En el día en que se anuciaron los cargos en su contra, con penas de hasta 175 años de cárcel, un vocero del Departamento de Justicia explicó la diferencia. "Es que Assange_argumentó_no es un periodista.” Mas aún, en un informe anual del Departamento de Estado al Congreso, el gobierno de Trump ha definido al medio que Assange dirige, WikiLeaks, como un “servicio de inteligencia no estatal”.

Entonces, ¿Cuál sería la diferencia entre un periodista, que supuestamente goza de protección legal, y un “no periodista” como Assange, que no puede publicar información secreta? ¿Entre un portal de internet especializado en filtraciones periodísticas y un “servicio de inteligencia no estatal”? Mas importante todavía, ¿quién decidiría esta cuestión? El gobierno, por supuesto. En este caso, el gobierno de Trump. No parece algo que beneficie la libertad de expresión, o el ejercicio del periodismo crítico.

A esto hay que sumarle que en éste y otros casos similares Estados Unidos parece querer ejercer una especie de justicia universal pero al revés, en favor de sus propios intereses. Al hacer detener y extraditar a personas como Assange, que no estaba en Estados Unidos al momento de los hechos, acusado por publicaciones o reproducciones online que ocurrieron en otros países a través de servidores instalados en el extranjero, Estados Unidos, lejos respetar principios universales, impone los suyos al resto del universo.

A semejante persecución hay que agregar que Assange estuvo siete años encerrado en tres cuartos de la embajada ecuatoriana en Londres sin poder respirar aire puro ni ver la luz del día, en lo que Naciones Unidas llamó una detención ilegal de Gran Bretaña y Suecia por acusaciones de delitos sexuales que nunca fueron formalizadas, sumada a nueve meses en solitario en la cárcel británica de máxima seguridad de Belmarsh, hasta que el mes pasado entró en un régimen carcelario compartido con otros reclusos, entre otras severas restricciones para mantenerse lúcido y preparar adecuadamente su defensa.

Tanto la jurisprudencia británica como la europea prohiben extradiciones por delitos políticos. La defensa de Assange argumentará que no hay nada más político que este juicio de extradición. El proceso podría durar meses y poner a prueba no solo a las cortes británicas sino al sistema legal europeo, ya que las apelaciones llegarían a Estrasburgo o La Haya.

Conocí a Assange en Ellingham Hall, Norfolk, Gran Bretaña, en el invierno del 2011. Le dije que quería escribir sobre él.

“Mi vida personal no importa,” contestó. “Lo que importa es mi trabajo y lo que sucede con lo que hago. Escribí sobre eso.”

@santiodonnell

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Michael Bloomberg y Donald Trump, en una imagen de archivo de 2016. En vídeo, Sanders se dirige a Bloomberg en el mitin del viernes en Nevada: "No puede comprar la presidencia". BRENDAN SMIALOWSKI (AFP) / REUTERS

Con candidatos como Bloomberg o Trump, y otros con agresivas políticas para redistribuir la riqueza, el poder político de los súper ricos marca la campaña de las elecciones de noviembre

El eslogan de la campaña presidencial de Michael Bloomberg es escueto y de una elocuencia pasmosa: “Mike lo hará”. Sacar a Donald Trump de la Casa Blanca es la prioridad de más o menos la mitad de los estadounidenses de cara a las elecciones de noviembre, y el candidato demócrata dice que “lo hará”. ¿Por qué? Porque tiene 64.200 millones de dólares para hacerlo.

Nunca en la historia una carrera presidencial ha explorado tan abiertamente las posibilidades que proporciona el dinero para alcanzar el poder político en Estados Unidos. Y sucede además cuando la mera existencia de los mil millonarios y su efecto en la sociedad constituye uno de los grandes debates ideológicos en las primarias demócratas. Dos candidatos, Bloomberg y Tom Steyer, tercero y séptimo en los sondeos, pertenecen al selecto club de los 607 estadounidenses con fortunas de más de mil millones de dólares. Y otros dos, Bernie Sanders y Elizabeth Warren, primero y cuarta, basan sus campañas en reducir las cada vez más extremas desigualdades económicas que arrastra el país, con agresivos planes fiscales para redistribuir la riqueza de esa élite.

“A eso hay que añadir que, por primera vez en la historia, el presidente que se presenta a la reelección también es mil millonario”, apunta Jason Seawright, profesor de la universidad Northwestern (Illionis), que investiga sobre las preferencias políticas de los estadounidenses ricos y su papel en la democracia. “Eso cambia el juego. En una campaña que enfrenta a Trump, Bloomberg y Sanders, la conversación sobre el dinero y la política es inevitable”.

Las elecciones de noviembre serán, de alguna manera, un referéndum sobre los multimillonarios. Los votantes podrán elegir entre deshacerse de ellos (Sanders, Warren), poner a uno al frente del país (Trump, Bloomberg, Steyer) o dejarlos más o menos como están (Joe Biden, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar).

En el debate de los candidatos demócratas del miércoles pasado en Las Vegas, la expresión “mil millonario” se pronunció más veces que, por ejemplo, “China”, “inmigración” o “cambio climático”. Más que una nota del debate, los multimillonarios constituyen la melodía misma de la carrera. Son los candidatos y sus némesis. Son los jefes de la economía que ha creado las desigualdades que provocaron la ola populista que vive el país. Y son también, de Mark Zuckerberg a Jeff Bezos pasando por Rupert Murdoch, quienes controlan las plataformas de persuasión.

La irrupción de los millonarios en la primera línea de la política estadounidense, explica Seawright, “ha sido gradual”. “Un factor es que cada vez hay más multimillonarios”, defiende. “Desde los años 80 ha aumentado enormemente la brecha que separa a los más ricos del resto. Otro factor es que, desde que se introdujeron reformas en los sistemas de primarias en los años 70, el control que tienen los partidos políticos sobre el proceso de elección de sus candidatos es más débil”.

El 95% de los votantes demócratas considera que las desigualdades económicas son un gran problema para el país hoy, según un estudio de Pew Research. Está arriba en la lista de preocupaciones, apenas detrás del coste de la asistencia sanitaria y el cambio climático. El 55% de los demócratas que apoyan a Sanders y el 49% de los que respaldan a Warren consideran que la existencia de personas con fortunas de más de mil millones de dólares es mala para el país, mientras que el 69% de los simpatizantes de Bloomberg y el 67% de quienes apoyan a Biden consideran que no es ni bueno ni malo.

“Años de desigualdades crecientes en EE UU han acabado convirtiéndolo en un asunto central en la política”, explica David Callahan, investigador y director de Inside Philantropy, un proyecto que persigue el control y la transparencia de la filantropía a gran escala. “La desigualdad económica siempre se traslada a desigualdad política, al encontrar los ricos maneras de convertir su dinero en influencia. En una época con más personas ricas que tienen más dinero, esa élite goza de una influencia creciente”.

Los 400 estadounidenses más ricos han triplicado su porción de la riqueza del país desde los años 80, y hoy tienen más que la suma de los 150 millones de adultos que constituyen el 60% de los hogares, según un estudio del economista de Berkeley Gabriel Zucman. Cuatro de cada cinco estadounidenses apoyan subidas de impuestos a los más ricos para financiar una mayor cobertura social, similar a la que existe en la mayoría de democracias ricas. Pero esas preferencias no acaban de reflejarse en las políticas públicas. “Nuestras investigaciones muestran desde hace tiempo que los estadounidenses están a favor de medidas que redistribuyan el dinero de los más ricos”, explica Seawright. “Sin embargo, las políticas económicas sistemáticamente caen del lado de esos ricos. Hay un problema de no representación, y tiene que ver con la industria de la influencia y el lobby”.

Los multimillonarios llevan décadas marcando la política estadounidense sin necesidad de presentarse a elecciones. La explosión de la industria de la influencia en Washington ha sido espectacular. En 1971 había 175 grupos de lobby registrados. En 2019, había 11,862. La filantropía también se ha convertido en un eficaz arma de influencia política. “Gracias a las leyes laxas de financiación de campañas y a las directrices difusas para las contribuciones benéficas, los multimillonarios disponen de múltiples opciones para convertir su riqueza en influencia”, explica Callahan.

Organizaciones benéficas como la que tenía Trump hasta diciembre de 2018 se convirtieron, según denuncia la periodista Jane Mayer en su libro Dinero oscuro, en “una nueva generación de fundaciones hiperpolíticas” que “invierten en ideología como capitalistas de riesgo”. También Bloomberg lleva tiempo financiando a colectivos claves en causas progresistas, así como a campañas de congresistas y políticos locales, tejiendo una extensa red de apoyos muy valiosa para una carrera presidencial.

Mención aparte merecen los hermanos Koch, Charles y el ya fallecido David, cuyo sofisticado trabajo en la sombra durante años ha sido decisivo en la propagación de las ideas del populismo de derechas que ha llevado a Trump a la Casa Blanca. Han invertido, por ejemplo, en educación universitaria para inculcar sus ideas a las nuevas generaciones, con becas y fundaciones que financian programas e investigaciones académicas alineadas con su visión de la economía y la política.

Pero la influencia del dinero no entiende de color político, y hoy muchos de los estadounidenses más ricos financian a candidatos demócratas y causas asociadas con dicho partido. “La diferencia es que los progresistas hablan más y dan menos, y los conservadores hablan menos y dan más”, apunta Seawright.

En este contexto destaca el caso de Bernie Sanders, cuya campaña se financia exclusivamente con micro contribuciones de sus seguidores, y que se jacta de no haber recibido un solo dólar de los multimillonarios. “Si los que te dan el dinero son los ciudadanos, gobiernas para los ciudadanos. Si te dan el dinero los multimillonarios, ¿para quién gobiernas?”, preguntaba a la multitud la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, en un mitin del senador en New Hampshire. Pero no es Sanders el único candidato que no piensa aceptar un dólar de ningún donante multimillonario. Tampoco Bloomberg lo hará. Le sobra con lo que tiene.

Por, PABLO GUIMÓN

Washington 23 FEB 2020 - 11:06 COT

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Católicas por el Derecho a Decidir plantea que las mujeres hagan parte de la iglesia desde la libertad. En la imagen, el confesionario que llevan a los barrios. CDD

En medio del debate en el país, varias organizaciones promueven la campaña Causa Justa que pide la despenalización total del aborto para evitar que más mujeres sean judicializadas

Les han dicho falsas católicas, las amenazan con la excomunión, las atacan en redes sociales. Nada de esto amilana a un grupo de mujeres, las Católicas por el Derecho a Decidir (Cdd), que por estos días alza la voz en Colombia cuando el aborto vuelve a ser centro de debate. En el país andino la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho en tres circunstancias, pero en los próximos días la Corte Constitucional responderá una demanda de una abogada antiaborto que busca que este vuelva a ser ilegal en todos los casos y regresar a 2006.

En la otra vereda, con el pañuelo verde, las católicas de este movimiento dicen que, por el contrario, este es momento de redoblar la apuesta y sacar definitivamente el delito de aborto del código penal, que hoy da penas de 1 a 3 años de cárcel a las mujeres, excepto para tres casos: violación, malformaciones del feto incompatibles con la vida fuera del útero y riesgo para la salud física o mental de la mujer gestante. “Nos reunimos alrededor de una causa justa y es que se deje de criminalizar a las mujeres por el aborto. Esta es la oportunidad de avanzar en la autonomía reproductiva de las mujeres”, dice con vehemencia Sandra Mazo, politóloga, lingüista y una “orgullosa católica”, incluso más desde que empezó a estudiar sobre teología feminista.

Sí. Ella sabe que feminismo y teología son dos palabras que suenan extrañas en la misma frase, como les dijeron desde que comenzaron en los 90 a organizarse para exigir igualdad a la jerarquía de la Iglesia católica. En la sede del movimiento, en un barrio céntrico de Bogotá, cuentan que llevan años estudiando los códigos canónicos e interpretando la Biblia y los libros de la Iglesia con mirada de mujer, que no hay tal contradicción porque “fundamentalmente defendemos los derechos por la igualdad de las mujeres en lo económico en lo político y en lo social”. Su eje inicial eran los derechos sexuales y reproductivos y la necesidad —dicen— de "desculpabilizar" a las mujeres, pero en el camino entendieron que el aborto era un tema central. “Se está cometiendo una injusticia con las mujeres. No es justo que la Iglesia católica liderada por hombres misóginos que nos excluyen de las decisiones, unos célibes con unas posturas tan patriarcales, sean los que decidan por el cuerpo de las mujeres. Eso es inaudito”, dice Mazo.

Una red latinoamericana

El movimiento inició en Uruguay y se extendió por varios países de América Latina. Su fuente es la teología de la liberación y la justicia social, porque veían que “las mujeres que tienen recursos económicos abortaban así fuera ilegal y no se morían. Las mujeres pobres soportaban toda la carga de la penalización del aborto y el riesgo en los abortos clandestinos”. En Colombia, este grupo tomó fuerza en 2006 en los meses previos a que el tribunal constitucional aprobara el aborto en las tres causales. Ellas fueron a debate con los jerarcas de la Iglesia católica que por esa época eran buscados como fuentes en los medios de comunicación. Se unieron a otras organizaciones feministas y abogaron por la legalización del aborto que fue celebrada como una conquista.

Colombia, a pesar de su arraigada tradición católica, es un Estado laico y ninguna religión está por encima de otra ante la Constitución. La actual discusión ha vuelto a polarizar a la sociedad, pero hay cambios inevitables. Aura Cuasapud, abogada del movimiento, afirma que ahora no discuten tanto con los sacerdotes, sino con evangélicos y otros laicos antiaborto que se han vinculado a partidos políticos con asiento en el Congreso. Desde ahí, por ejemplo, líderes políticos como el expresidente y senador Álvaro Uribe ya promueven un referendo, por si la Corte Constitucional decide despenalizar. “Debemos prepararnos para un referendo contra la laxitud en el aborto, ¿en qué queda el respeto a la vida?”, escribió. Mientras, fieles de su partido hacen plantones contra el alto tribunal.

Las católicas, que son incómodas para esos grupos religiosos, por ser voces disidentes, defienden las decisiones del Constitucional que en los últimos años ha proferido al menos 17 sentencias a favor del aborto. “Yo sí quiero dar un parte de tranquilidad a los grupos religiosos. Si hay algo bello en la sentencia de la Corte y en nuestra causa es que el aborto no es obligatorio. Si una mujer de estos grupos está en una de las causales tiene derecho a decir no voy a abortar así esté en riesgo su vida, pero ellos no puede obligar a todas las mujeres de Colombia a que sacrifiquen su vida, su salud y decisiones. Con mucho cariño les digo que si ellos creen que su convicción religiosa les impide abortar no tienen que hacerlo”, dice Mazo.

Los grupos antiaborto se autodenominan provida y basan su discusión en el momento de la concepción y en que es más importante la vida del feto que la de la mujer. El grupo de católicas afirma que esa discusión no es central y “más que ponernos en el tema la vida o no la vida”, el eje del debate está en la salud pública y en la desigualdad social. Pero sobre todo y, en términos religiosos, en “la libertad de consciencia que es la que reconoce que todo hombre y mujer tiene agencia moral, es decir, capacidad para decidir”, explica la abogada.

Otra diferencia del debate actual con el del pasado es la aparición de las redes sociales como amplificadoras de la desinformación. Varios políticos han dicho que las “mujeres abortan como método anticonceptivo”. Mazo afirma que son falacias. “El aborto plantea un dilema, pero es siempre la última opción que toma la mujer. Cuando hay un embarazo no deseado la primera decisión no es decir ‘ah, salió positivo, ¡listo, aborto!’. No, nunca vas a encontrar una mujer que diga ‘ay me voy a embarazar para abortar’. Tampoco le va a decir a una amiga, ‘vamos el domingo a abortar’, qué chévere. No es así”.

Parte de su trabajo es en los barrios populares del país a los que llegan con un confesionario. Dentro de la estructura, sin embargo, las mujeres no encuentran a un sacerdote al cual confesar sus dudas esperando una respuesta. En su lugar hay un espejo. Son ellas quienes “con Dios en su conciencia entran a dialogar y a decidir”. El mensaje es que no es un cura, ni alguien externo quien debe decidir por el cuerpo de la mujer, que es “ella la que tiene que querer y estar segura de lo que significa ser mamá. Nosotras no somos un recipiente vacío para la maternidad”, concluye Mazo, directora de Católicas, que en compañía de la Mesa por la Vida y la Salud de las mujeres pide la despenalización total a través de la campaña Causa Justa.

 

Bogotá 22 FEB 2020 - 19:01 COT

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Manifestación de la huelga petrolera en Río de Janeiro, el 18 de febrero / Foto: Marcelo Aguilar

Veintiún mil obreros de la petrolera estatal mantienen una huelga desde el 1 de febrero, debido al despido de mil empleados y la negativa a negociar de las autoridades. De fondo, el futuro de un recurso estratégico para Brasil que el gobierno de Bolsonaro busca pasar a manos privadas.

Si usted vio los medios masivos brasileños en las últimas semanas, debe de haber visto que uno de los milicianos sospechosos por el asesinato de Marielle Franco fue asesinado por la policía militar en Bahía, o que el gobierno estatal de Rondonia quiso prohibir libros de Machado de Assis y de otros autores en las escuelas públicas, o que Jair Bolsonaro presentó un proyecto de ley para abrir las tierras indígenas a la minería. Pero difícilmente haya visto que los trabajadores de Petrobras están en huelga desde el viernes 31 de enero. El silencio mediático es monolítico.

Después del anuncio unilateral del repentino cierre de la Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados de Paraná (Fafen) por Petrobras –una medida que causará el despido de más de mil trabajadores–, la Federación Única de los Petroleros entró en huelga. Ya se adhirieron más de 21 mil trabajadores de 58 plataformas de explotación y 11 refinerías, entre otras instalaciones de la compañía estatal: un total de 121 unidades del llamado Sistema Petrobras. Además, cinco dirigentes del sindicato petrolero ocupan una sala del cuarto piso del edificio sede de Petrobras en Rio de Janeiro. Sentados a la mesa, esperan que la directiva, encabezada por Roberto Castello Branco, se presente para negociar. Y afuera, un campamento integrado por diversos movimientos populares y sindicales se mantiene en vigilia permanente desde hace 18 días.

ADENTRO.

Hasta ahora, nada. Lo único que recibieron los dirigentes de los petroleros fueron chicanas: durante los primeros cuatro días, la directiva de la empresa negó el acceso de agua y comida a la sala ocupada.

Cibele Vieira, directora del sindicato y una de las ocupantes, dijo a Brecha que esta situación se explica por el “completo vaciamiento de la negociación colectiva”. Sostuvo que la actual directiva es aún más dura que la que gobernó Petrobras durante el gobierno de Michel Temer. En aquel entonces, “aunque ya se veía un proceso de desmonte de la empresa, teníamos más espacio para la negociación que ahora”. Durante 2019, la construcción del acuerdo colectivo con la actual directiva duró seis meses y “los primeros cinco fueron de mesas vacías”. “Finalmente, vino una mediación del Tribunal Superior del Trabajo, aunque la empresa no quiso aceptar ni los prerrequisitos”, contó Vieira.

“Después de eso, la empresa empezó a cambiar puntos sin consultar a nadie y a tomar decisiones unilaterales”, explicó la sindicalista. La gota que derramó el vaso fueron los despidos en la Fafen: “En el propio acuerdo colectivo dice que las dimisiones en masa deben ser discutidas con los sindicatos; es una cláusula. Pero los trabajadores se enteraron de que iban a ser despedidos por la prensa. O sea, la empresa le filtró a la prensa sin hablar con los trabajadores, incumpliendo totalmente el acuerdo”.

“El hecho de que precisemos estar aquí sentados en una mesa hace 18 días y que no haya hasta hoy ni una conversación demuestra esto que decimos. Este gobierno y Petrobras no quieren negociar, sino fragmentar a los trabajadores. Estamos acá para demostrar que nosotros queremos negociar y que quienes no quieren son ellos”, dijo Vieira.

AFUERA.

Frente a la sede carioca de la empresa, en el acampe construido por los petroleros junto con otros movimientos populares y sindicales, se desarrollan talleres de batucada y de serigrafía, ruedas de debate diarias, aulas públicas, actos y hasta blocos (corsos) de carnaval. Paulo Neves, dirigente del sindicato en el estado de Amazonas, dijo a Brecha que una clave para entender el apoyo de los movimientos es que la huelga “no reivindica sólo cuestiones corporativas”, sino que se hace “sobre todo por la soberanía nacional y contra la desindustrialización del país”: “El petróleo es un recurso importantísimo y debe estar al servicio del pueblo brasileño”.

Matheus Quevedo, de la juventud del Movimiento de los Pequeños Agricultores, señaló a este semanario que “los movimientos están apoyando y construyendo la huelga porque la unión de toda la clase trabajadora se hace muy necesaria para enfrentar tantos retrocesos”. Explicó además: “Petrobras es un símbolo nacional, un patrimonio brasileño. El petróleo es un bien natural que, a pesar de que puede causar grandes impactos ambientales y climáticos, sigue siendo una fuente de energía crucial a nivel mundial. Por eso es necesario que el pueblo participe de la gestión de la empresa que regula ese recurso”.

“Esta empresa es estratégica para Brasil y tiene un fuerte impacto social”, recordó Quevedo. “Petrobras está en la mesa de todos los agricultores y todos los consumidores. Está en el tractor, en la gasolina para llevar la producción a la ciudad, en el gas para cocinar. El petróleo influencia el precio de los alimentos. Defender una Petrobras pública y fuerte es defender el arroz y el feijão en el plato de nuestro pueblo.”

EL SUEÑO DE UN CHICAGO BOY.

Roberto Castello Branco, que asumió la presidencia de Petrobras en enero de 2019, es un neoliberal de manual. Formado en la Universidad de Chicago –al igual que su amigo, el ministro de Economía, Paulo Guedes–, fue economista y jefe de la minera Vale durante 15 años. Nombrado por Dilma Rousseff, entró al Consejo Directivo de Petrobras en 2015, de donde salió en 2016.

El año pasado Castello Branco asumió como presidente de la empresa, a pedido de Guedes, y sus intenciones han sido claras. “Privatizar Petrobras siempre fue un sueño”, dijo en marzo de 2019, a poco de asumir, en un evento de la Fundación Getúlio Vargas. Las ironías de la historia. Petrobras fue creada por el propio Getúlio Vargas en 1953, que estableció el monopolio estatal de la producción, el refinamiento y el transporte del petróleo. En noviembre pasado, Castello Branco dejó en claro durante una entrevista con O Globo que cree que “la regulación es extremadamente complicada”: “Precisamos tener un ambiente institucional promercado, amigable con el inversor”. Él, como presidente de Petrobras, tiene que pensar en “lo que es mejor para los accionistas”.

Los trabajadores defienden lo contrario. Luchan contra la privatización, por considerarla “un robo”. Y parece que la mayor parte del pueblo brasileño está de acuerdo. Según una encuesta de Datafolha de setiembre de 2019, solamente uno de cada cuatro brasileños apoya las privatizaciones de las empresas públicas. En el caso de Petrobras, 65 por ciento de la población está en contra de la venta de la compañía. Sin embargo, a pesar de que Castello Branco ha dicho que, más allá de sus convicciones personales, aún no hay planes para privatizar la petrolera estatal, el diario Valor Económico publicó en agosto de 2019 que estos sí existen. Según el periódico, a pesar de no haber sido incluida públicamente en la lista de empresas a ser vendidas, el gobierno espera privatizarla antes de 2022, último año de mandato de Bolsonaro.

El lunes 17, el Tribunal Superior del Trabajo (Tst) decretó que la huelga de los petroleros es “ilegal”. Según el magistrado del Tst Ives Gandra Martins Filho, la medida sindical “tiene motivaciones políticas y no respeta las leyes sobre huelgas”. La decisión del Tst también ampara “eventuales sanciones disciplinarias” de la directiva de la empresa contra los huelguistas. Pero el martes los petroleros anunciaron que continuarán con la medida y apelarán la decisión del tribunal.

Por Marcelo Aguilar

21 febrero, 2020

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Sábado, 22 Febrero 2020 06:34

Acuerdo de paz entre EE.UU. y los talibanes

Pomeo llega el viernes a Omán, primera escala de su gira por Africa y Oriente Medio.  ________________________________________ Imagen: AFP

Se firmaría el 29 de Febrero y pondría fin a 18 años de guerra

Empezó un alto el fuego de siete días en Afganistán que culminaría con la firma del acuerdo, informaron las partes por separado, luego de un año de negociaciones en Qatar.

 

Estados Unidos y el movimiento islamista talibán anunciaron ayer su intención de firmar un acuerdo de paz el próximo 29 de febrero para tratar de poner fin a 18 años de guerra en Afganistán, el conflicto militar más prolongado de la historia de Estados Unidos.

El anuncio llegó poco después de que los talibanes, Estados Unidos y el gobierno afgano confirmaran que este fin de semana entrará en vigor un pacto ya anunciado de alto el fuego durante siete días, del cual dependerá el éxito del resto del delicado proceso.

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, dijo que, si la tregua tiene éxito, Estados Unidos firmará un acuerdo de paz con el movimiento insurgente el 29 de febrero, coronando más de un año de negociaciones entre ambas partes en Qatar.

Luego de la firma del acuerdo con Estados Unidos, los talibanes iniciarán negociaciones con el gobierno de Afganistán que, en última instancia, permitirían que Washington empiece a retirar a los miles de soldados que tiene en el país asiático desde 2001.

El gobierno afgano no ha participado de las negociaciones en Doha.

"Nos estamos preparando para que la firma tenga lugar el 29 de febrero", dijo Pompeo en un comunicado en el que, no obstante, condicionó el acuerdo a "una implementación exitosa del entendimiento de reducción de violencia" durante una semana. "Las negociaciones internas afganas comenzarán poco después, y este paso fundamental echará los cimientos para cumplir con un alto el fuego integral y permanente, y con una hoja de ruta para el futuro político de Afganistán", agregó.

Los talibanes confirmaron el acuerdo para firmar el pacto con Estados Unidos el 29 de febrero en Doha, capital de Qatar y sede de los contactos entre las partes. "Tras las largas negociaciones, ambas partes han acordado firmar el acuerdo en presencia de observadores internacionales" el sábado 29 de febrero, afirmó la formación insurgente en un comunicado.

Estados Unidos espera que, a partir de ambas negociaciones, pueda comenzar a retirar a sus soldados de Afganistán casi 18 años después de invadir el país para derrocar a los talibanes del gobierno por dar refugio al líder de Al Qaeda Osama Bin Laden. El objetivo de las negociaciones entre talibanes y gobierno afgano sería un alto el fuego nacional y una retirada escalonada de fuerzas estadounidenses, que totalizan unos 12.000 soldados y que según el Pentágono podrían reducirse a 8.000 "con el tiempo".

Los talibanes, además, se comprometieron a no dar refugio a organizaciones "terroristas" internacionales como Al Qaeda, según dijeron la semana pasada fuentes de ambas partes en declaraciones en "off" a varios medios estadounidenses.

Uno de los jefes de la delegación afgana en Qatar, Abdul Salam Hanafi, dijo la semana pasada que, luego de firmar el acuerdo de este mes, Estados Unidos y el gobierno afgano liberarán a 5.000 prisioneros talibanes y los rebeldes liberarán a 1.000 prisioneros.

El vocero del Consejo de Seguridad Nacional de Afganistán, Javed Faisal, y fuentes talibanes dijeron ayer más temprano que el acuerdo de "reducción de violencia" entre todas las partes entrará en vigor mañana. En Estados Unidos, los principales medios citaron a un funcionario de alto rango del Departamento de Estado que dijo que el alto el fuego de siete días comenzaría a regir ayer a la noche, pero no dijo a qué hora exactamente.  El funcionario habló bajo condición de anonimato, dijeron los medios.

En Pakistán, donde los talibanes también tienen presencia, un dirigente del movimiento insurgente dijo que, tras la firma del acuerdo del 29 de febrero, las negociaciones con el gobierno afgano comenzarán el 10 de marzo, informó el canal qatarí Al Jazeera.

Estados Unidos y los talibanes ya estuvieron a punto de firmar la paz el año pasado, pero el presidente Donald Trump se echó atrás a último momento, en septiembre, luego de la muerte de un soldado norteamericano en un ataque de los rebeldes.

Analistas han advertido que el camino a la paz en Afganistán no será fácil y que los acuerdos podrían naufragar en cualquier momento. En el peor de los casos, esos analistas han dicho que las partes en conflicto podrían aprovechar la distensión para reposicionar sus fuerzas en busca de asegurarse ventajas en el frente militar.

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Aceleracionismo: por un control proletario de las tecnologías de producción

En lugar de enfrentarnos al capitalismo desde un mítico exterior que ya no existe, el aceleracionismo de Alex Williams y Nick Srnicek apuesta por una apropiación común de la ciencia y la tecnología de plataforma como única forma de poder subvertir el sistema capitalista desde su interior.

 

Desde que Alex Williams y Nick Srnicek publicaron su Manifiesto por una Política Aceleracionista en 2013, la recepción del aceleracionismo por parte de los intelectuales y movimientos sociales de izquierda ha terminado por dividirse en dos posturas claramente divergentes. Por una parte están todos aquellos que lo consideran una propuesta excesivamente academicista que en realidad estaría jugando a favor del capitalismo. Entre otros, este sería el caso de filósofo y sociólogo alemán discípulo de Axel Honneth, Hartmut Rosa, según el cual la aceleración sería un fenómeno inherentemente capitalista, moderno y totalitario que únicamente puede alienarnos y desconectarnos de las experiencias vitales ligadas al mundo material.

Por la otra, existe una gran cantidad de autores y autoras que han intentado precisar y desarrollar algunas tesis aceleracionistas desde ámbitos tan variados como la estética, la teoría del conocimiento, el análisis del trabajo, la organización de clase o el feminismo, como por ejemplo son el Xenofeminismo de Laboria Cuboniks y Helen Hester, o el post-operaísmo de Bifo Berardi y Antonio Negri. Concretamente, para este último, el aceleracionismo propuesto por Williams y Srnicek mantiene afirmaciones propias del operaísmo como es la de “liberar la potencia del trabajo cognitivo dentro de la evolución del capital, [debido a que] la causa de las crisis está en la obstrucción de las capacidades productivas”. Mientras que en el caso de Hartmut Rosa, la aceleración es vinculada unilateralmente con una necesidad permanente de optimización y maximización de los procesos productivos que sería exclusivamente capitalista; aceleracionismo, post-operaísmo y xenofeminismo plantean, por el contrario, que la forma de producción capitalista no es una máquina perfecta que únicamente trabaja en su propio beneficio, sino que para obtener este último necesita liberar e implementar algunas fuerzas cruciales que pueden ser re-apropiadas por el proletariado y utilizadas en su contra. Estas fuerzas son la ciencia y la tecnología.

ACELERACIONISMO Y DESTERRITORIALIZACIÓN

Gran parte de la oposición a las propuestas de Williams y Srnicek derivan de una comprensión alterada de qué es exactamente lo que proponen con “acelerar”. Concretamente, la que ha terminado siendo la comprensión más habitual del aceleracionismo lo entiende como una exhortación a intensificar cualquier tipo de proceso capitalista existente, con la (ilusoria) esperanza de que esto llevará al sistema a un colapso definitivo que es necesario alcanzar para poder instaurar un nuevo sistema más justo y equitativo.

Frente a esta tergiversación y simplificación es necesario recordar que el origen y fundamento de la propuesta aceleracionista se encuentra en uno de los fragmentos más discutidos que Gilles Deleuze y Félix Guattari escribieron en el Anti-Edipo, cuando se preguntaron “entonces, ¿qué solución hay, qué vía revolucionaria? […] ¿Retirarse del mercado mundial como aconseja Samir Amin a los países del tercer mundo, en una curiosa renovación de la ‘solución económica’ fascista? ¿O bien ir en sentido contrario? Es decir, ir aún más lejos en el movimiento del mercado, de la descodificación y la desterritorialización. Pues tal vez los flujos no están aún bastante desterritorializados, bastante descodificados […] No retirarse del proceso, sino ir más lejos, acelerar el proceso”.

Según Deleuze y Guattari, el principal problema del capitalismo es que si bien aparenta ser una fuerza que desterritorializa y descodifica las relaciones sociales y económicas propias de las sociedades tradicionales, clasistas y heteropatriarcales, ello es debido a que únicamente lo hace con la intención de volver a re-territorializarlas y recodificarlas dentro de un sistema socioeconómico que se ajuste perfectamente a sus necesidades y objetivos. En este sentido, desterritorializa el régimen de propiedad de la tierra propio del feudalismo para reterritorializarlo bajo la primacía de la propiedad de los nuevos medios de producción, industriales y cognitivos. Del mismo modo, descodifica las relaciones sociales heteropatriarcales basadas en el parentesco para recodificarlas como relaciones laborales con asimetría de género.

Dado que este proceso de desterritorialización y posterior reterritorialización sigue funcionando de múltiples modos, lo que afirma el aceleracionismo es que hemos de incrementar o “acelerar” los procesos de desterritorialización y descodificación hasta un punto de no-retorno que impida su re-territorialización y recodificación capitalista. Desde este punto de vista, lo que hay que acelerar no es el capitalismo en sí, sino únicamente la descodificación que promueve antes de volver a recodificarla. Ahora bien, es precisamente en este punto donde el aceleracionismo se bifurca en una concepción marxista defendida por Williams y Srnicek, y otra (anarco)liberal mantenida por reconocidos antimarxistas como Nick Land, fundador en 1995 de la Unidad de Investigación de Cultura Cibernética junto a la filósofa Sadie Plant.

La principal diferencia entre ambas posturas radica en que en el caso de Land el proceso concreto a acelerar coincide directamente con el tipo de des-codificación sociosimbólica posibilitada por Internet y las plataformas digitales tal y como eran en los años 90. En cambio, en el caso de Williams y Srnicek, la aceleración de los procesos de descodificación debe ser complementada con una reapropiación común y no necesariamente estatal de las tecnologías de plataforma que posibilite una re-organización antagonista eficaz de las relaciones productivas anti-capitalistas.

ACELERACIONISMO Y MARXISMO POST-OPERAÍSTA

El aceleracionismo marxista mantiene que la tecnología promueve dos tipos de procesos dentro del capitalismo que, a diferencia de lo que mantiene Hartmut Rosa, no pueden considerarse ni idénticos, ni inseparables. La necesidad de reducir el trabajo humano necesario para realizar una tarea (el incremento de productividad) y la necesidad de incrementar continuamente la cantidad de producción total de mercancías (lo que Unabomber llamaba la auto-expansividad de un sistema). Derivado de ello, la otra gran distinción que separa al aceleracionismo marxista de la teoría crítica consiste en su consideración de la tecnología como una herramienta susceptible de incrementar exponencialmente la efectividad social del trabajo y el conocimiento con vistas al empoderamiento de sus productores frente al capital. Más específicamente, cibernética y plataformas digitales son identificadas como la infraestructura básica que posibilitaría una autogestión efectiva y común de las luchas contra el capitalismo, y cuya reapropiación debería considerarse como uno de los objetivos fundamentales de cualquier tipo de lucha anticapitalista.

El último libro de Hardt y Negri proponía reorganizar el funcionamiento de los movimientos sociales a partir de un “liderazgo emprendedor” aplicable a aquellas tareas de tipo “táctico” que no necesiten ser evaluadas por una Asamblea que se limita a tomar las decisiones estratégicas principales. El aceleracionismo de Williams y Srnicek va un poco más allá, y mantiene que una lucha realmente efectiva contra el actual capitalismo de plataforma requiere poner a jugar a nuestro favor todos los procesos de automatización, Deep Learning e Inteligencia Artificial que podamos, para que realicen un sinnúmero de tareas tácticas, logísticas y repetitivas que nos liberen de la enorme carga de gestión que requieren.

Si bien Antonio Negri tiene razón cuando afirma que “el nombre de aceleracionismo es ciertamente infeliz” debido a la ingente cantidad de confusiones a las que ha dado lugar, ello no le impidió entender la propuesta de Williams y Srnicek como “un complemento postobrerista” que renueva la consigna “no al trabajo”. Aunque los actuales repuntes de un anarco-primitivismo radical como el propuesto por John Zerzan o Theodore Kaczynski nos han acostumbrado a aceptar que todos los males provienen de la tecnología, no por ello deberíamos identificar unilateralmente a esta última con el sistema industrial capitalista tan rápidamente como hacen ellos. Nos guste o no reconocerlo, la verdad es que tal y como afirman Williams y Srnicek, desde comienzos del siglo XXI los movimientos sociales han aglutinado y articulado la acción de una cantidad cada vez mayor de personas y sin embargo, aparte de frenar algunos procesos a nivel local y en lugares concretos, la triste realidad es que la precariedad y la redistribución desigual de la renta continúan incrementándose exponencialmente a nivel global. Debido a ello, tal vez sea el momento de plantearnos seriamente la necesidad de una reapropiación profunda y de masas de aquellas tecnologías que nos empoderen lo suficiente como para poder desarticular definitivamente las relaciones sociales de producción en las que se basa el capitalismo.

En este sentido, el aceleracionismo marxista no es tanto una pulsión irracional por incrementar la velocidad de un sistema que se cree condenado a su propia autodestrucción, como un proyecto orientado a la re-configuración de las principales fuerzas que dicho sistema ha desatado para emplearlas en su propia subversión y desmantelamiento. El problema al que esto nos enfrenta y que muchas veces no nos gusta, es que mientras que la mera resistencia exterior a un sistema opresor siempre es moralmente loable aun en los casos en los que conduce inexorablemente a la derrota, la decisión de utilizar sus propios recursos como única forma viable para destruirlo siempre está abierta a la traición, voluntariamente asumida o no, de los objetivos por los que fue iniciada la lucha. La apertura a la corrupción y/o tergiversación de los fines perseguidos es algo que siempre está presente en cualquier tipo de lucha por (o empleo de) el poder. A este respecto, lo que el aceleracionismo marxista nos está pidiendo es que salgamos de nuestra cómoda esfera de seguridad moral, y no temamos utilizar aquellas fuerzas que son necesarias para poder tener siquiera la oportunidad de hacer algo efectivo y duradero a escala global.

Por Jorge León Casero

Profesor de Filosofía. Universidad de Zaragoza


publicado

2020-02-21 10:00

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El "pañuelazo" en Argentina vibra al reclamar la legalización del aborto

Una gran movilización llegó hasta las puertas del Congreso en Buenos Aires y se extendió por un centenar de ciudades en el interior del país para exigir la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Una marea colorida inundó el centro de Buenos Aires este miércoles cuando miles de mujeres se acercaron con su pañuelo verde en alto hasta el Congreso de la capital argentina para reclamar la sanción de una ley que garantice el aborto legal, seguro y gratuito.

A dos años del primer "pañuelazo" que abrió el camino de la discusión legislativa sobre la interrupción voluntaria del embarazo, organizaciones feministas, sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos apoyaron esta convocatoria con la consigna "¡Nuestro proyecto está en las calles!".

La legalización del aborto "es una cuestión de libertad que ya han conseguido en otros lugares, así que es una injusticia que aquí eso no esté", razonó en diálogo con Público una de las asistentes a la manifestación, Claudia Laudano. "Hace 32 años que peleo por el aborto legal por convencimiento, soy una activista desde hace tiempo y creo que este año va a salir".

Esta argentina comenzó a interiorizarse sobre los derechos de la mujer en 1988, "cuando comencé a ser feminista a raíz de mi participación en un encuentro nacional de mujeres en la que se impartían talleres sobre aborto", reflexionó. "Ahí entendí que lo que había hecho era algo que muchas compartíamos, y entonces nos comprometimos y empezamos a militar por el aborto legal".

A la espera de que se sancione la ley, en los últimos años "se ha extendido el uso del misoprostol para poder abortar y las mujeres cuentan con más acompañamiento y con alguna información. Pero también han fallecido muchas compañeras sin que haya una conciencia sobre esas muertes, como sí la empieza haber con el caso de los feminicidios", sostuvo.

Laudano atribuyó al poder de la Iglesia católica y de los grupos evangélicos el hecho de que no se haya podido hasta el momento legalizar el aborto, a lo que se suma la "hipocresía de la clase política". "Al haber una predominancia de hombres en este ámbito, los legisladores no sienten ningún costo ni desde lo personal ni desde lo político para promover este tipo de leyes", afirmó.

Congreso opresor

Mientras pasacalles de diversos colectivos trataban de abrirse paso en la manifestación, un desfilar continuo de mujeres con pelucas o con el rostro salpicado de brillantina daba movimiento a la marea verde que participaba en las proyecciones, en las presentaciones de libros, y en los talleres que se programaron durante la jornada.

Caía el atardecer cuando el colectivo feminista chileno Las Tesis, creadoras de la representación "Un violador en tu camino", se subieron al escenario situado frente al parlamento. En un momento de la coreografía, las jóvenes giraron sobre sí para señalar el edificio del palacio legislativo, "donde votan el aborto clandestino", y acusar al "Congreso opresor" de ser "un macho violador" ante el grito emocionado de las asistentes.

Conmovidas entre la multitud, integrantes del colectivo Poetas Por el Derecho al Aborto Legal se mostraron convencidas de que la ley por la interrupción voluntaria del embarazo se sancionará este año. "Venimos acompañando este proceso de movilización desde 2018, cuando se presentó el proyecto por séptima vez, y ahora volvemos a estar aquí porque creemos posible que este año sea ley", explicó Valeria Cervero.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, convocante de esta marcha masiva que se extendió por un centenar de ciudades de Argentina y que tuvo su réplica en otros países, entre ellos España, presentó en 2019 por octava ocasión ante el parlamento un proyecto de ley elaborado con el apoyo de más de 700 organizaciones. El texto, que todavía tiene estado parlamentario, reconoce en su artículo primero el derecho de toda mujer a interrumpir su embarazo hasta las catorce semanas de gestación.

Si hasta ahora no fue aprobado el proyecto se debe "a los legisladores que tenemos, que son permeables a las presiones y que nada tienen que ver con lo que las mujeres decimos en las calles", retomó Cervero. "Hay un sector de la sociedad que todavía no transita este debate por una serie de razones que tienen que ver con lo religioso y la no separación de la Iglesia y el Estado, pero hay una conciencia y se ve en esta realidad de que las que venían luchando desde los años 80 están acompañadas por el resto de mujeres de menor edad".

En el país sudamericano medio millón de mujeres recurren cada año al aborto clandestino, "mostrando cómo la penalización no impide su práctica, sino que la hace peligrosa por la falta de recursos económicos de muchas mujeres", recuerda la Campaña, cuyo lema es "educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir". Desde el regreso de la democracia en 1983, más de 3.000 mujeres han fallecido como consecuencia de esta práctica.

La única ocasión en que el debate por la legalización del aborto llegó al Congreso argentino fue en 2018, año del primer "pañuelazo". Consciente de aquella movilización, el entonces presidente, Mauricio Macri (2015-2019), accedió a que el proyecto fuera discutido por los legisladores pese a que él estaba en contra. Tras más de cuatro meses de debate, el texto fue rechazado en el Senado, pese a que había recibido media sanción en la Cámara de Diputados.

Aunque el aborto es un delito en Argentina, el artículo 86 del Código Penal autoriza la interrupción de un embarazo cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer o cuando la gestación se produjo a raíz de una violación.

Tras su llegada al poder en diciembre de 2019, el nuevo Gobierno de Alberto Fernández reglamentó un protocolo nacional al que se han adherido once de las 24 jurisdicciones del país para asegurar que los servicios de salud no denieguen la interrupción del embarazo a las mujeres que requieren un aborto bajo estas causales.

 

20/02/2020 08:24

Por ANA DELICADO

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Las feministas de todo el mundo convocan una huelga mundial de mujeres el 8 de marzo de 2020

En respuesta  a las promesas incumplidas hechas por los gobiernos para promover los derechos humanos, la igualdad, el desarrollo y la paz para todas las mujeres, más de 95 organizaciones feministas de más de 36 países en todo el mundo hacen un llamado a la Huelga Global de las Mujeres en el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo de 2020). Bajo el lema “Si las mujeres se detienen, el mundo se detiene”, la huelga llama a las mujeres de todos los rincones del mundo a detener o ralentizar su trabajo formal o de cuidado y unirse para exigir los derechos humanos de las mujeres.

“El 8 de marzo, forjaremos una alianza para defender y reclamar el poder colectivo de las mujeres para exigir nuestros derechos humanos”, explica Fatima Burnad, fundadora de la Sociedad para la Educación y el Desarrollo Rural y miembro del Consejo Regional del Foro de Asia y el Pacífico sobre la Mujer, el Derecho y el Desarrollo (APWLD), una red de organizaciones feministas que inició la huelga de este año. “Las mujeres se retirarán del trabajo formal y el trabajo de cuidado. No haremos las tareas domésticas, la responsabilidad doméstica y, cuando sea necesario, pediremos a los socios y aliados masculinos que muestren solidaridad quedándose a cargo del hogar, la familia y la comunidad. Reuniremos a mujeres y aliados en nuestras redes y comunidades para manifestarnos, alzar nuestras voces y unirnos”.

Marcamos 25 años desde los compromisos asumidos por los gobiernos del mundo con los derechos de las mujeres en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de 1995, conocida como la Plataforma de Acción de Beijing. Aún así, la opresión estructural contra las mujeres, ya sea patriarcado, neoliberalismo, globalización, militarismo, fundamentalismo o destrucción ambiental, persiste en todo el mundo:

  • Las mujeres y las niñas continúan realizando más de las tres cuartas partes de la cantidad total de trabajos de cuidados no remunerados, mientras que el trabajo doméstico es comúnmente mal remunerado y se realiza en condiciones de trabajo precarias.
  • A las mujeres de todo el mundo se les paga el 63% de la cantidad que se les paga a los hombres. La brecha salarial global tardará 202 años en cerrarse.
  • El 70% de las mujeres han experimentado violencia física y/o sexual por parte de una pareja íntima en su vida.
  • El 80% de las personas desplazadas por el cambio climático son mujeres.

A la luz de estas inconcebibles desigualdades, desde Argentina hasta Indonesia, desde Serbia hasta Canadá y desde Pakistán hasta Uganda, los movimientos sociales, las comunidades y las organizaciones de todo el mundo han respaldado la huelga, uniendo a las mujeres en solidaridad global para actuar y conectar sus luchas contra las desigualdades sistémicas.

“Como trabajadoras domésticas, hacemos un llamado a las mujeres que han sufrido violencia y acoso en el trabajo y que han sido explotadas de muchas maneras, para defender sus derechos, y aquellas mujeres que no han experimentado tales abusos, para que se movilicen en solidaridad”, dice Ida LeBlanc, Presidenta de la Unión Nacional de Empleadas Domésticas de Trinidad y Tobago y miembro de la Red Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Red- DESC.

Las demandas comunes de las mujeres en huelga se reflejan en una declaración política que contiene las demandas de transformaciones estructurales: trabajo decente y salarios dignos; acabar con la violencia de género; acceso justo a recursos, poder y oportunidades; soberanía alimentaria para todos y justicia climática.

Con el fin de globalizar de manera efectiva el Women’s Global Strike 2020, el sitio web proporciona a los participantes y simpatizantes recursos en cinco idiomas, incluida una lista de eventos, recursos sobre cómo manifestarse, un kit de campaña descargable multilingüe, una galería de fotos y la declaración política en 8 idiomas diferentes.

Quiénes Somos

El llamado a una huelga mundial dirigida y liderada por las mujeres fue iniciada por feministas, sindicalistas y activistas en la Asamblea General del Pueblo celebrada en 2015, en Nueva York. Esta convocatoria de una huelga mundial de mujeres el 8 de marzo de 2020 ha sido iniciada por el Foro de Asia y el Pacífico sobre la Mujer, el Derecho y el Desarrollo (APWLD), una red líder de organizaciones feministas y activistas con base en Asia y el Pacífico.

La red internacional Red- DESC por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales está conectando las luchas para escalar la Huelga Global de las Mujeres a nivel global. La Red-DESC es una red global que promueve la solidaridad y la acción colectiva para avanzar un movimiento global por la justicia social, y une a 298 organizaciones, movimientos sociales y defensoras y defensores en 77 países en cinco regiones.

18 febrero 2020 

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La larga huelga en Petrobras pone contra las cuerdas a Bolsonaro

El paro cumplió 18 días en la empresa más importante de Brasil

Una de las principales demandas es impedir la "entrega" galopante de la compañía que está a cargo de su presidente, Roberto Castelho Branco, un ahijado político e ideológico del ministro de Economía, Paulo Guedes.  

 

Con sus mamelucos color naranja los trabajadores de Petrobras cumplieron 18 días de una huelga que incomoda (y mucho) al régimen capitaneado por Jair Bolsonaro. El expresidente y otrora líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva, él también de overol anaranjado, posteó este martes una foto de apoyo a la medida de fuerza en las redes sociales. 

Es el primer paro de envergadura en lo que va de este gobierno y afecta a la empresa más importante del país: que 2019 alcanzó su record productivo con 2,7 millones de barriles de crudo diarios.

El juez del Tribunal Superior del Trabajo, Ives Gandra Martins Filho, declaró ilegal la medida de fuerza, además de autorizar el despido por "justa causa" de los huelguistas y el descuento de los días no trabajados, en una decisión cuyo contenido y redacción tuvieron el carácter de un ultimátum.

Para reventar al gremio el magistrado, ligado al Opus Dei y a una familia que participó en la dictadura, estipuló una multa de 130 mil dólares diarios si no se cumple su fallo.

La Federación Única de los Petroleros (FUP), formada por nueve gremios, no se acobardó. Ratificó el plan de acción por tiempo indeterminado y le respondió al juez que "la huelga es un derecho garantizado a todos los brasileños, incluso a los petroleros, por la Constitución de 1988". En su último boletín FUP informó que cuenta con la adhesión de 21 mil trabajadores en 120 unidades, lo que comprende más de cincuenta plataformas marinas, una decena de refinerías, usinas termoeléctricas y una planta de fertilizantes.

Uno de los reproches que el juez bolsonarista Gandra Martins Filho les enrostró a los trabajadores es el de llevar a cabo una medida de carácter "político". Se trata de una imputación que los gremialistas lejos de rechazar, reivindican como legítima. Una de las principales demandas es impedir la "entrega" galopante de la compañía que está a cargo de su presidente, Roberto Castelho Branco, un ahijado político e ideológico del ministro de Economía, Paulo Guedes, quien ha declarado en repetidamente, incluso ante banqueros estadounidenses , que si por él fuera vendería toda petrolera de un solo golpe, en lugar de entregarla en partes a través de las licitaciones de los pozos.

La FUP también exige que no sean despedidos mil empleados, entre ellos los de la fábrica de fertilizantes de Aracucaria , en el sureño estado de Paraná.

Con el correr de los días el movimiento, iniciado en un relativo aislamiento, fue ganando fuerza principalmente en Río de Janeiro, donde tiene sede la estatal y se encuentran los mayores recursos energéticos del país, especialmente los gigantescos campos de pre-sal en aguas ultraprofundas descubiertos a partir de 2007, cuando Lula era presidente y Dilma Rousseff ocupaba la jefatura de gabinete, tras haber sido ministra de Minas y Energía.

Hasta el momento hay trabajadores en paro activo, con ocupación de plantas y oficinas, en trece estados mientras la empresa contrató a trabajadores temporarios para garantizar un piso de producción.

Los dirigentes de la FUP denunciaron la "desnacionalización" en marcha a través de la virtual entrega de las reservas del pre-sal y el programa de "desinversiones" ejecutado por Castelho Branco que no sólo suspendió los programas para construir nuevas refinerías sino que a las existentes las mantiene fuera de actividad, u operando parcialmente.

Con esto se induce a la importación de nafta y diesel en un país que podría ser autosuficiente: y en lugar de exportar productos refinados se vende al exterior petróelo crudo.

Asimismo el plan de lucha denuncia la política de precios orientada por el valor internacional del barril, que es muy superior al del petróleo extraído en los campos de aguas ultraprofundas o al ras del fondo del mar. Ese encarecimiento, explica la FUP, es para aumentar el lucro de los accionistas privados, en particular los tenedores de títulos vendidos en la Bolsa de Nueva York.

Para sensibilizar a la población los petroleros instalaron puestos de venta de garrafas de gas a 30 reales (7,5 dólares) en lugar de los 80 reales (20 dólares) que es el precio impuesto por Petrobras siguiendo al mercado externo.

Ganar las mentes y corazones de los consumidores, esto es de la opinión pública, es primordial para que los trabajadores pueden continuar adelante con su pelea.

Un dato clave es el tiempo: se estima que a partir de la semana próxima comenzará a haber desabastecimiento de combustibles y esto podrá ser utilizado por la propaganda gubernamental para descalificar a los huelguistas.

Los grandes medios privados son aliados de Bolsonaro y el ministro Guedes en su plan de privatización-desnacionalización de Petrobras y enemigos de la FUP, ignorando casi por completo sus comunicados de prensa. Fue por ello que la semana pasada un grupo del sindicato se reunió frente a los estudios de la TV Globo, en Río, exigiendo que se les garantice el derecho a comunicar sus motivos ante el gran público.

Si el paro sobrevive no se descarta que se convierta en la chispa que contagie otros reclamos contenidos. Un sector que parece pronto a explotar es el de los camioneros, los que luego de apoyar a Bolsonaro en las elecciones ahora están desengañados por el incremento del gasoil, y ya realizaron un acto de protesta el lunes frente al puerto de Santos, en San Pablo, el más importante del país y otro en la Plaza de los Tres poderes, en el centro de Brasilia.

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