Multitudinaria protesta en Costa Rica contra el Gobierno

Miles de hombres y mujeres costarricenses—ambientalistas, taxistas, educadores, estudiantes, empleados públicos, sindicalistas...— se lanzaron este martes pacíficamente a las calles y bloquearon puentes y carreteras en una contundente protesta contra el Gobierno de la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, y de sectores de la clase política nacional, por el agravamiento de la corrupción y la ingobernabilidad y por un largo listado de reclamos socioeconómicos, desde el costo de la vida a los negocios públicos con firmas privadas extranjeras.


 
El gobierno de Chinchilla adujo desconocer los motivos por los que fueron convocadas las manifestaciones callejeras, organizadas en más de 25 puntos de distintas partes del territorio nacional. Las protestas transcurrieron en forma pacífica, al menos hasta las 12.35 locales (18.35 GMT), pero provocaron un congestionamiento vial en distintos sitios del país.


 
Tras advertir son las exigencias de los manifestantes son variadas, el ministro costarricense de Comunicación, Carlos Roverssi, recalcó en declaraciones a la prensa local: "El gran dilema es que todavía no entendemos cuál es el objetivo de la manifestación, porque como hay varios, no sabemos qué pretenden".


 
Roverssi, sin embargo, reconoció el derecho a realizar este tipo de movilizaciones , aunque lamentó que, por ejemplo, los educadores utilizan a los alumnos para "hacer más presión" ya que esta protesta hubiera podido realizarse durante las vacaciones escolares de medio año, que comenzarán en los próximos días.


 
Al respecto, el diputado José María Villalta, candidato presidencial del opositor e izquierdista Frente Amplio, aseguró que "hace mal el gobierno de Costa Rica al decir que no sabe por qué se está manifestando la gente, mientras en Brasil la reacción de la presidenta [Dilma Rouseff] es sentar a los manifestantes a dialogar y plantear reformas para dar más participación ciudadana. Aquí en Costa Rica vuelven a ver para otro lado y esto es muy grave y muy preocupante. Creo que tienen que poner las barbas en remojo".


 
El movimiento, afirmó, "es un mensaje claro a este Gobierno, porque se sumaron manifestaciones de muchos sectores que parecían desarticulados en la lucha contra la corrupción, las concesiones privatizadoras, los derechos de los trabajadores, el problema de la seguridad social, de la educación... La gente se está dando cuenta de que en todos estos problemas la raíz es la misma: un Gobierno que no está pensando en las grandes mayorías".


 
Las protestas fueron convocadas con un amplio temario. Por un lado, los organizadores aseguraron en los llamados a la huelga del martes que la clase política "está destruyendo a Costa Rica", mientras la Asamblea Legislativa (Congreso unicameral) "se infectó de oportunistas" y el Poder Ejecutivo "no representa a los intereses nacionales" y acepta cuestionados negocios con inversionistas extranjeros en sectores estratégicos como la energía y las telecomunicaciones.


 
"¡Alto al saqueo del país y a la corrupción!", rezaba una de las numerosas pancartas en las marchas, con múltiples reproches al Gobierno y al oficialista Partido Liberación Nacional (PLN). "Mafia PLN fuera", insistió otra. "Nos secuestraron la democracia", se leía en una de las consignas.


 
Los sindicatos reprochan al Ejecutivo que pretenda cercenar el derecho de huelga de médicos, enfermeras y policías. El ministro costarricense de la Presidencia, Carlos Benavides, adujo que el Gobierno está en contra de que, por una huelga, se suspendan "servicios esenciales" de salud y seguridad.


 
Los bloqueos viales pusieron en apuros a viajeros que se trasladaban al aeropuerto internacional Juan Santamaría, a unos 16 kilómetros al noroeste de la capital costarricense.


 
Carreteras y medios de transporte de las zonas del Caribe y del litoral Pacífico central permanecían bloqueadas, así como vías de esta ciudad y muelles, puentes y otros pasos en distintos sitios del país. La huelga ha afectado a escuelas y colegios y a centros de salud en varias zonas, mientras grupos de manifestantes marcharon en San José hacia la sede de la Asamblea, en el corazón capitalino, para lanzar sus reiterados gritos de reclamo.

 


José Meléndez San José (Costa Rica) 25 JUN 2013 - 23:31 CET

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Los estudiantes chilenos radicalizan las movilizaciones a días de las primarias

Tal como lo anunciaron a comienzos de junio, los estudiantes cumplieron su promesa de radicalizar sus movilizaciones. A cuatro días de las primarias presidenciales que se desarrollarán el domingo próximo, la cuarta jornada estudiantil de protesta del año contó por primera vez con el apoyo de trabajadores del cobre y portuarios, quienes temporalmente bloquearon el acceso a minas y puertos durante la mañana.


 
Los incidentes comenzaron en la madrugada en la capital chilena cuando una veintena de esquinas fueron bloqueadas con barricadas y fogatas. Los hechos se produjeron en sectores cercanos a universidades públicas y privadas, generando daños en locales comerciales aledaños, en un cuartel de carabineros que fue atacado con un bomba incendiaria y caos general en el tránsito vehicular.


 
Las protestas matinales generaron la reacción inmediata del ministro del Interior, Andrés Chadwick. “Son violentistas que han actuado en forma coordinada”, acusó el secretario de Estado, quien anunció querellas y llamó a los organizadores de la marcha programada para las primeras horas de la tarde a controlar a los manifestantes encapuchados y marchar de manera pacífica. Sin embargo, eso no sucedió y a partir de las 13:00 horas se desataron decenas de actos vandálicos en distintos puntos del centro de Santiago. Las escenas más violentas se produjeron en la Plaza Los Héroes en la Alameda, la avenida más importante de la ciudad.


 
Con destrozos de paradas de autobuses, semáforos y saqueos de locales comerciales, los enfrentamientos terminaron alrededor de las 18:00 hora local con un saldo de 16 detenidos, según un informe de carabineros, además de una decena de estudiantes y policías lesionados.


 
Los organizadores de la marcha condenaron el vandalismo y destacaron que reunieron a más de 100.000 manifestantes. “Con el respaldo de los trabajadores portuarios y los cobre en Chiquicamata y El Teniente [los yacimientos mineros más importantes del país], hoy quedó confirmado que las demandas no son sólo de los estudiantes, sino que de toda la sociedad”, dijo a EL PAÍS Andrés Fielbaum, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), la más importante del país.


 
En regiones, las movilizaciones de los trabajadores del cobre comenzaron al amanecer en Calama, ciudad del norte, donde estudiantes junto a funcionaros municipales y trabajadores de la mina Chuquicamata –la más grande de Chile– bloquearon el acceso al yacimiento. Lo mismo sucedió en el mineral de cobre El Teniente, ubicado 100 kilómetros al sur de Santiago. En tanto, 2.000 operarios portuarios permanecieron en Talcahuano, San Antonio y Valparaíso, entre otros embarcaderos.


 
El presidente Sebastián Piñera condenó los actos de violencia y además anunció que en los próximos días enviará al Congreso “un proyecto de ley que establece la identificación preventiva en casos de desórdenes públicos o de marchas masivas”. En la práctica, la medida permitiría pedir identificación a quienes participen en marchas sin necesidad de que estén cometiendo un delito flagrante. Según Piñera, el objetivo de la iniciativa no es restringir la libertad, cuestión con la que discrepa el presidente de la FECh, Andrés Fielbaum, para quien la medida “huele a una detención por sospecha”.


 
Las movilizaciones de hoy se enmarcan en la crisis de la educación pública chilena que comenzó en 2006 con los secundarios como protagonistas. Luego, en 2011 –con la dirigente Camila Vallejo como principal figura–, los universitarios lograron imponer sus banderas de “fin al lucro” y “educación gratuita de calidad” en la agenda pública.


 
Hoy las demandas estudiantiles son parte fundamental de las propuestas de los precandidatos presidenciales, especialmente entre los de la oposición de centroizquierda, quienes se enfrentarán el próximo domingo en elecciones primarias. Según todas las encuestas, la expresidenta Michelle Bachelet –quien criticó duramente los disturbios– será vencedora por un amplio margen y el 17 de noviembre competirá por volver a La Moneda con Andrés Allamand o Pablo Longueira, los precandidatos oficialista que llegan muy parejos a los comicios.


 
Con alrededor de 30 universidades movilizadas, hasta el momento hay una veintena de colegios tomados por secundarios en donde está previsto desarrollar las elecciones del domingo. Mientras en el Servicio Electoral y el Ministerio de Interior trabajan para solucionar el problema, algunos alcaldes han propuesto abrir establecimientos alternativos para las elecciones. A casi 24 horas de que se cumpla el plazo, aún no hay certeza de qué sucederá cuando los militares deban –por ley–tomar control de los colegios este viernes a las 00:00 horas.

 


RODRIGO CEA Santiago de Chile 27 JUN 2013 - 02:05 CET

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Turquía: Protestas dejan casi 5 mil detenidos y 4 mil heridos

Cerca de cuatro mil 900 personas han sido detenidas y otras cuatro mil han resultado heridas en las tres semanas de ola de protestas contra el Gobierno turco, tras el anuncio de la construcción de un centro comercial que evoca los cuarteles militares del Imperio Otomano en el parque Gezi, en Estambul (capital). Los medios oficiales hablan de tres muertos por los disturbios.


 
Un balance ofrecido por el Ministerio del Interior informó que entre los heridos figuran 600 agentes de la Policía antidisturbios turca, en los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes.


 
Los datos oficiales precisaron que unas 2,5 millones de personas salieron a las calles de 79 ciudades turcas en las tres semanas de protestas. Las más multitudinarias se celebraron en Estambul y en Ankara.


 
Agregaron que unos 58 edificios públicos sufrieron daños. También 240 vehículos policiales y 214 particulares quedaron destrozados.


 
Este sábado, fuerzas policiales de Turquía dispersaron con lanza agua a un grupo de personas que se encontraba manifestando de manera pacífica en la Plaza Taksim de Estambul (norte).


 
Los manifestantes, quienes forman parte del movimiento de protesta nacional turco en contra de las líneas políticas, económicas y de represión violenta impuestas por el primer ministro de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, llevaban claveles rojos y lanzaban consignas como “En todas partes Taksim”, “En todas partes resistencia”, “La lucha vuelve a empezar”, “Tayyip dimisión”.


 
Desde el pasado 27 de mayo diferentes ciudades de Turquía son escenario de protestas antigubernamentales que se desencadenaron tras el ataque de la policía a una sentada pacífica en contra del plan del Gobierno turco de demoler el parque Gezi, ubicado en la plaza Taksim de la ciudad turca de Estambul, para construir un centro comercial.

 

24 junio 2013


 
(Con información de La Radio del Sur)

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Domingo, 23 Junio 2013 06:21

Llegaron los muchachos

Llegaron los muchachos

¿Las grandes movilizaciones de las dos últimas semanas en Brasil llegaron como rayos en un cielo azul? ¿O eran previsibles e incluso tardaron en llegar? ¿Cuál es su significado, o son sus significados? ¿Qué puede alterar en la vida política brasileña?

 

Los gobiernos de Lula y Dilma promueven, desde hace mas de una década, un inmenso proceso de democratización social en el país más desigual del continente, más desigual del mundo. Junto con las trasformaciones dirigidas por Getúlio Vargas (entre los años 1930 hasta 1954, con un interregno entre 1945 y 1950) son los procesos más importantes de la historia brasileña, con varios aspectos comunes.

 

Por eso Lula logró ser reelecto y elegir a su sucesora, que se presenta como favorita para seguir dirigiendo Brasil a lo largo de la segunda década de gobiernos posneoliberales en el país (Ver “10 anos de governos posneoliberais no Brasil - Lula y Dilma, org. Emir Sader: www.flacso.org, con acceso libre e integral, lo cual ha permitido que ya lleguen a 500 mil los downloads del libro).

 

De repente surgieron las manifestaciones, a partir de la resistencia al aumento de tarifas del transporte urbano, para extenderse por todo el país con una rapidez y una masividad impresionantes. Se constituyó un movimiento –llamado Movimiento del Pase Libre (MPL)– que coordinó las manifestaciones, hacia el que han convergido un gran número de otras reivindicaciones, un movimiento protagonizado básicamente por estudiantes, con simpatía generalizada de la mayoría de la población.

 

Esta expansión fue posible porque se insertó en dos espacios respecto de los cuales el gobierno presenta debilidades particularmente concertadas. Por una parte, la ausencia de políticas hacia la juventud, segmento que buscó, con las manifestaciones, más allá de sus reivindicaciones concretas, afirmar su existencia como segmento específico, con voz y con poder de movilización.

 

En segundo lugar, el monopolio privado de los medios de comunicación –en contraste con los procesos de democratización en tantas otras esferas de la sociedad brasileña– sigue siendo intocable, derrotado sistemáticamente por el voto popular, pero manteniendo su poder de influencia, especialmente las cadenas televisivas.

 

En principio, como ocurre con todas las manifestaciones populares, la prensa privada buscó descalificarlas por la violencia que, desde su comienzo, se hizo presente al final de las manifestaciones, con actos vandálicos que, a su vez, tuvieron respuestas aún más violentas de las Policías Militares –uno de los factores que favorecieron la rápida difusión y expansión de las movilizaciones–. Pero enseguida los monopolios mediáticos se dieron cuenta de que las movilizaciones podrían desgastar al gobierno y pasaron a actuar de forma concentrada para magnificar las manifestaciones, intentando, a la vez, influenciarlas, buscando imponer los lemas de la oposición sobre las manifestaciones.

 

La combinación de esos dos factores explican, en lo esencial –además de otros, como la dureza de las condiciones de vida urbana, que hicieron que, no por caso, el movimiento se haya iniciado en San Pablo, la ciudad más rica y con mayores desigualdades del país, que sólo hace pocos meses dejó de ser dirigida por la oposición, con la elección de un alcalde del PT–, la irrupción brusca y poderosa del movimiento.

 

Después de vacilaciones de los gobernantes municipales, el movimiento logró su primera gran victoria, con la cancelación del aumento de las tarifas urbanas. Que es acompañada del triunfo de poner en discusión nacional la precariedad de los transportes, así como el tema crucial de su financiamiento, el rol de los sectores público y privado –uno de los temas recogidos por la presidenta Dilma Rousseff para proponer un Plan Nacional del Transporte urbano, organizado conjuntamente por el gobierno federal, autoridades provinciales y municipales, así como por movimientos vinculados con las manifestaciones y otras fuerzas populares.

 

Asimismo, más allá de esos aspectos específicos, el movimiento representa el ingreso a la vida política de una nueva generación de jóvenes, con sus formas específicas de acción y sus reivindicaciones propias. Hasta aquí, a pesar del inmenso apoyo popular y del amplio proceso de respaldo de las fuerzas populares a los gobiernos de Lula y Dilma, la vida política brasileña no contaba con la participación de los sectores emergentes de la juventud. Se supone que, a partir de este momento, serán un factor nuevo y con capacidad de movilización con el que tendrán que contar el gobierno y la política brasileños.

 

Pero, a la vez, las movilizaciones han tenido, desde su comienzo, un aspecto ya mencionado, que ha significado un factor de debilidad –las acciones violentas al final de las manifestaciones, con enfrentamientos con la policía y la destrucción de edificios públicos y de tiendas del comercio, de forma generalizada–. Cuando el movimiento logró su primer triunfo, su propia dirección suspendió nuevas movilizaciones, por ese elemento externo de violencia que se insertó en las concentraciones, así como por los intentos de la derecha –especialmente a través de los medios– de imponer lemas conservadores al movimiento, especialmente la hostilidad hacia los partidos políticos y hacia los movimientos sociales, que ha desembocado en agresiones a sus militantes por hordas, algunas de ellas, explícitamente identificadas con lemas y formas de acción fascistas.

 

A partir de la reducción de las tarifas, el movimiento afirmó que seguirá luchando por la gratuidad del transporte público, pero suspende nuevas manifestaciones, por los intentos de influir de sectores externos al movimiento. Pero los que promueven la violencia han intentado dar continuidad a las movilizaciones, ahora ya sin la masividad de las convocadas anteriores por la dirección del MPL, donde ya priman las acciones violentas, sin las reivindicaciones originales y sin la simpatía de los otros sectores de la población.

 

La presidenta Dilma Rousseff, después de una intervención inicial, donde reconocía la legitimidad del movimiento y reconocía que el gobierno estaba atento a las demandas de las movilizaciones, intervino de forma más sistemática el día 21, por cadena nacional. A la par de alabar la capacidad de movilización y las demandas del Movimiento, Dilma mostró amplia receptividad hacia ellas y propuso medidas y encuentros concretos para su discusión e implementación.

 

Mucho ya se ha escrito sobre las movilizaciones, con apresurados intentos –sociológicos y otros– de captar sus significados, mal disfrazando sus intereses y deseos propios. Desde que se agotaron los gobiernos del PT, hasta que los partidos habían desaparecido, pasando por los intereses de fuentes europeas de que el Campeonato Mundial de Fútbol no se realizara en Brasil, los rencores en contra de Brasil y de su gobierno se acumularon, como si se tratara de un final apocalíptico de una quimera pasajera de avances –en realidad extraordinarios– de una década, que en Brasil –junto a la figura de Lula– se han proyectado como referentes mundiales.

 

La oposición interna, asociada a sus aliados externos dirigida siempre por las pocas familias que controlan los principales medios privados de comunicación, buscan, desesperadamente, impedir la victoria de Dilma Rousseff en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Todo su terrorismo económico respecto de un supuesto y nunca concretado “caos energético”, así como sobre un supuesto “descontrol inflacionario” –que anda alrededor del cinco por ciento anual en condiciones, cuando la actual oposición convivió con índices de más del mil por ciento al año– están en función de las elecciones presidenciales, cuando la derecha puede cosechar su cuarta derrota consecutiva, sumada al fantasma de que Lula podría volver a candidatearse en 2018, prolongando para más de una segunda década el posneoliberalismo en Brasil.

 

Movilizaciones con la amplitud de éstas, de todas maneras, representan de-safíos para todos –antes de todo para el gobierno, para el PT, para los movimientos sociales y todo el campo político de la izquierda, así como del pensamiento social–. Visiones economicistas de la izquierda tradicional tienen dificultades para comprender la juventud como categoría específica y todos los temas vinculados con ella.

 

El gobierno brasileño no ha puesto en debate el tema del derecho al aborto, el de la descriminalización del consumo de drogas, tampoco avanza en la democratización de los medios de comunicación –para mencionar apenas algunos de los tantos temas que atañen más directamente a la juventud–. Arrastra así una gran fragilidad respecto de esos sectores, fenómeno para el cual fue obligado a despertar de forma brusca e inesperada y tiene una posibilidad de ponerlos en la agenda, en la disputa por la conquista de esos sectores entre la derecha y la izquierda.

 

Es todavía temprano para saber cómo esas movilizaciones afectarán el futuro político de Brasil –volcado, en lo esencial, hacia las presidenciales del 2014–. Los medios tratarán de manipular, como siempre, las consecuencias, con sus encuestas amañadas y su nunca disfrazado rol de partido político de una oposición debilitada. Con candidatos sin apoyo popular buscan desgastar al gobierno, sin esperanzas de que sus posibles candidatos puedan conquistar los sectores jóvenes. Algunos sectores de éstos podrán votar por Marina Silva y su discurso ecologista ya desgastado, pero los otros posibles candidatos de la oposición, empezando por el más importante, Aecio Neves, no tienen ninguna receptividad entre esa juventud.

 

El gobierno y la izquierda, habiendo demostrando gran fragilidad e incapacidad de reacción frente a las movilizaciones, podrán ser afectados negativamente o ser capaces de renovarse y no buscar únicamente soluciones a los problemas planteados por el movimiento, sino incorporar temas que interesan directamente a los jóvenes, así como la juventud como tal, como agente político sin el cual difícilmente se pueda proyectar el futuro del país.

 

Lo peor que podría pasar a Brasil –un país con un contingente inmenso de jóvenes en su población– sería contar con una juventud ausente, pasiva, volcada hacia otros temas que no sean los de la política, la sociedad y el Estado.

 

Esos jóvenes no han golpeado a la puerta de la política, sino que la han tumbado, con sus gritos y sus formas de ser. Han tomado de sorpresa a viejos políticos que todavía ocupan los espacios centrales de la política brasileña, en contraste con la juventud de su población. Es hora de renovar la política y sus cuadros, para que la irrupción de esos jóvenes no se reduzca a un fenómeno mediático y de aburridos estudios sociológicos, que hablan más de sí que de la realidad.

 

Brasil, que supo colocar el tema central en el continente de la desigualdad social como prioritario, tiene ahora el desafío de pasar de la democratización social a la democratización política –empezando por el financiamiento público de las campañas electorales– y por la democratización cultural –empezando por el fin de los monopolios mediáticos– y la discusión de los temas que ocupan más directamente a la juventud.

 

* Intelectual brasileño, autor de El Nuevo Topo, Los caminos de la Izquierda Latinoamericana (Siglo XXI), coordinador de Latinoamericana Enciclopedia Contemporánea de América Latina y el Caribe (Akal), así como de 10 años de posneoliberalismo no Brasil - Lula e Dilma (Boitempo).

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Domingo, 23 Junio 2013 06:14

Transporte público

Transporte público

Emir Sader advierte que quien quiera captar de inmediato todas las dimensiones y proyecciones futuras de las masivas movilizaciones en Brasil tendrá una visión reduccionista del fenómeno, forzando la realidad para defender planteos previamente elaborados, para confirmar sus argumentos, sin dar cuenta del carácter multifacético y sorprendente de este acontecimiento. En un artículo publicado en su blog alojado en Carta Maior, Sader, cientista político y miembro de Clacso (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales), ofrece diez reflexiones para iniciar el análisis de las movilizaciones de miles de brasileños en decenas de ciudades. Una de ellas es que el movimiento “puso en discusión una cuestión esencial en la lucha contra el neoliberalismo: la polarización entre intereses públicos y privados, y el tema de quién debe financiar los costos de un servicio público esencial que, como tal, no debería estar sometido a los intereses de las empresas privadas, movidas por el lucro”. Este tema alude a la calidad, el precio del boleto, el rol del Estado y de los privados y, por consiguiente, los fondos necesarios para mantener el servicio de transporte público de pasajeros en los centros urbanos. La cuestión deriva entonces en la magnitud del gasto público destinado a los subsidios para el transporte.

 

En San Pablo, ciudad donde comenzó la protesta por el aumento de veinte centavos de real, al subir de 3,00 a 3,20 el boleto de colectivo, el alcalde, Fernando Haddad, afirmó que dar marcha atrás con el ajuste –lo que ya sucedió– y mantenerlo sin variación demandaría un gasto equivalente a más de 3720 millones de dólares hasta 2016. Lo que significa aumentar los subsidios, afirmó con sesgo crítico.

 

El pensamiento económico convencional asocia subsidios con medidas populistas y, por lo tanto, nocivas de la estabilidad fiscal. Desgravaciones impositivas millonarias a grandes empresas o inmensos paquetes financieros de rescate a bancos y banqueros son, en cambio, políticas para garantizar el mejor funcionamiento de la economía. Involucran también muchos recursos pero no están demonizados como los subsidios. Mientras los subsidios al consumo de energía eléctrica, gas, agua y al transporte público beneficia a millones de personas, lo que define el carácter de populista en términos estrictos sin (des)calificación, los fondos para empresas y bancos son para unos pocos.

 

Los subsidios tienen un objetivo económico y un componente político. No son gastos que el Estado debe ahorrar para no generar distorsiones, como insiste la ortodoxia y no pocos miembros considerados heterodoxos. Unos y otros recortan el significado central de los subsidios. Estos son una herramienta importante de la gestión económica para incentivar el consumo masivo, la producción y la distribución del ingreso.

 

El Movimiento Passe Livre fue el impulsor de las movilizaciones en San Pablo contra el aumento del boleto. Reclama desde sus inicios en 2003 boletos subsidiados para estudiantes y se define como una organización política, un movimiento social autónomo, horizontal, independiente y apartidario que lucha por un transporte público gratuito. El pedido tiene su origen en que el costo del boleto en Brasil es muy caro absorbiendo una porción importante del presupuesto de los grupos sociales más vulnerables. La diferencia del costo del transporte entre San Pablo y Buenos Aires es muy importante.

 

El boleto de colectivo en San Pablo sin el ajuste es de 3,00 reales, equivalente a 7,30 pesos, que hubiera sido de 7,80 en caso de haberse mantenido la pretensión inicial de elevarlo a 3,20 reales (el mínimo en Buenos Aires es de 1,50 pesos pero el pago usual es 1,60 o 1,70 pesos, con la tarjeta SUBE. En el conurbano y en otras ciudades como Rosario y Córdoba es como mínimo el doble). El costo del transporte en relación al ingreso de los trabajadores es muy elevado en el caso brasileño. El salario mínimo de 678 reales (unos 310 dólares a la paridad de 2,20 reales) es equivalente a 1660 pesos, mientras el salario mínimo vital y móvil argentino es de 2875 pesos (538 dólares, estimado a un tipo de cambio de 5,35). En un par de meses ese piso subirá por lo menos un 20 por ciento, a 3450 pesos, ¿cuánto representa el boleto de colectivo en el ingreso mínimo de los trabajadores? En Brasil, 0,442 por ciento, mientras que en Argentina, 0,052 por ciento (boleto a 1,50 pesos). Esto significa que el costo del transporte en San Pablo es 8,5 veces más caro que en Capital Federal en términos del salario mínimo de los trabajadores.

 

Los subsidios en el transporte público son transferencias de ingresos monetarios, o sea salarios indirectos, a trabajadores. Sader lo refleja cuando dice que “la conquista de la anulación del aumento se traduce en un beneficio para las capas más pobres de la población, que son las que usualmente utilizan el transporte público”. La política de subsidios tiene impacto sobre el ingreso real de la población, especialmente de aquellos sectores en los que bienes y servicios subsidiados tienen un peso relevante en la canasta de consumo. El presupuesto destinado a transporte en San Pablo (40 viajes mensuales) representa casi el 19 por ciento del monto del salario mínimo; en tanto, en Buenos Aires involucra apenas el 2,2 por ciento del salario mínimo vital y móvil.

 

Los subsidios a servicios públicos tienen también un efecto indirecto sobre el crecimiento de la economía, en la medida en que mejores ingresos posibilitan un mayor consumo dinamizando la demanda agregada. Los subsidios son un factor relevante de una política fiscal expansiva, que tiene efectos positivos sobre la economía a través de múltiples mecanismos. De manera directa, alimentan el nivel de actividad vía la expansión del gasto público, componente central de la demanda agregada. Indirectamente, inciden sobre el crecimiento económico en virtud de su capacidad potencial de estimular la demanda de inversión (pública y privada) y el consumo. Por lo tanto, eliminar o reducirlos implica una contracción fiscal con el consiguiente resultado opuesto al de esa expansión.

 

En Brasil predomina una política económica de rasgos ortodoxos en materia fiscal y monetaria, provocando elogios del mundo financiero. En los últimos años, esa estrategia tuvo como saldo un desempeño económico mediocre. En 2011 y 2012 las tasas de crecimiento fueron del 2,4 por ciento y 0,8 por ciento, respectivamente, y la evolución de las variables macroeconómicas en lo que va de este año muestran también un pobre rendimiento. La economía brasileña crece menos que el promedio mundial y tiene una de las tasas de aumento del PBI más bajas de América del Sur.

 

Las movilizaciones que nacieron en San Pablo y se extendieron a las principales ciudades brasileñas abren el debate sobre el desempeño económico de la principal potencia de la región, pero, como advierte Sader, evitando la visión reduccionista tan común en corrientes conservadores que durante años han puesto a Brasil como modelo a imitar. Es indudable que ha mejorado la distribución del ingreso por los aumentos del salario mínimo y la expansión del programa Bolsa Familia. Millones de brasileños pudieron salir de la pobreza extrema. Ha habido una mejora sustancial en la calidad de vida de grupos sociales históricamente postergados. El salario promedio real en Brasil en el período 2006-2011 creció un 3,0 por ciento por año, con un pico de 4,0 por ciento en 2006 y un piso de 2,7 por ciento en 2011, según el último informe mundial sobre salarios de la Organización Internacional del Trabajo.

 

La evolución positiva en materia de distribución del ingreso y salarial, teniendo en cuenta que Brasil aún registra uno de los peores índices de reparto de riqueza de la región, ha provocado la definición marketinera de haberse convertido en un país de clase media. “El milagro brasileño” merece precisiones para comprender, al menos una faceta del actual estado de movilización social. Las estadísticas oficiales (de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República) consideran una familia de clase media cuando el ingreso familiar per cápita es de 291 reales (708 pesos) como mínimo y 1019 reales (2478 pesos) como máximo. Con esa base, según un documento divulgado por el Instituto Data Favela, en 2011 el 65 por ciento de las favelas brasileñas podrían considerarse económicamente integrantes de la clase media.

 

Si el cuadro social es definido de esa forma tan amplia, entonces la vieja y nueva clase media salió a protestar por las ciudades brasileñas.


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Sábado, 22 Junio 2013 06:56

“Los estoy oyendo”

“Los estoy oyendo”

Nueve minutos y 44 segundos. Ese es el tiempo que la presidenta Dilma Rousseff necesitó para enviar, la noche de este viernes, un contundente mensaje a Brasil. Luego de jornadas de marchas y manifestaciones multitudinarias, pequeñas al principio para luego alcanzar contingentes que no se veían desde hace tres décadas en el país, Dilma reapareció. En su pronunciamiento por una cadena nacional de radio y televisión dijo, entre muchas cosas, una frase definitiva: “Mi gobierno está oyendo las voces democráticas que piden cambios”. Y, mirando hacia la cámara, reiteró: “Yo los estoy oyendo”.

 

Ha sido el cierre de un día confuso, de expectativas confusas. Ya por la mañana, mientras se contabilizaba el resultado de la jornada anterior, con escenas de vandalismo provocadas por grupos minoritarios en las marchas multitudinarias –el jueves, un millón 250 mil brasileños salieron a las calles– y la absurda y descontrolada violencia de la represión policial, en Sao Paulo el Movimiento Pase Libre, el difuso MPL que llamó a las primeras manifestaciones de hace dos semanas, anunció que ya no volvería a convocar marchas.

 

El argumento: la derecha había copado el movimiento. “Creamos un monstruo, y ahora no tenemos cómo controlarlo”, dijo un vocero de ese movimiento de jóvenes. Tenía y tiene razón, como comprueban las imágenes de la noche del jueves en varias ciudades brasileñas, empezando por Río, pero especialmente por algo que poca gente observó en Sao Paulo: el agresivo rechazo a grupos que se presentaban con banderas, camisetas e insignias de partidos políticos (todos de izquierda, por supuesto).

 

La noche del jueves, mientras la atención se concentraba en la brutal acción de la policía militar de los estados de Bahía, Río de Janeiro, Pará y Río Grande do Sul, lo que se veía en una relativamente tranquila avenida Paulista eran gritos airados contra todo y contra cualquier partido político, además de llamados a que vuelvan los militares.

 

Bueno, eran gritos de grupos pequeños, es verdad. Pero desde hace décadas que, excepto en manifestaciones de militares en situación de retiro, las “viudas de la dictadura”, como son llamados, no se oían gritos similares en manifestaciones públicas.

 

La ausencia de consignas precisas (aparte de la inicial, que era la anulación de los aumentos en las tarifas de transporte urbano público) abrió espacio para que, en esos 15 días, se reivindicara cualquier cosa en las calles. Algunas, como salud pública, enseñanza pública, transporte público, absolutamente justificadas, pero no fáciles de alcanzar de la noche a la mañana. Otras, como terminar con la corrupción, también. Pero cuando las manifestaciones empezaron a reunir centenares de miles de personas que protestaban contra todo y contra todos y contra cualquier cosa, la situación empezó a escapar de control.

 

Si a eso se suma la truculenta acción de fuerzas policiales perfectamente entrenadas para reprimir a lo bestia pero sin noción de lo que es controlar y contener a grandes masas en manifestaciones públicas, se llega a la receta perfecta para un desastre.

 

Este viernes, Brasil vivió un clima de resaca, tras la borrachera cívica de la víspera, que, a propósito, terminó mal. Ocurrieron nuevas marchas y manifestaciones, pero en otro estilo: grupos diseminados por las ciudades, sin concentraciones específicas. En Sao Paulo, por ejemplo, hubo grupos que cortaron rutas y carreteras del cinturón urbano, dejando aislado el aeropuerto internacional de Guarulhos, el de mayor movimiento en Sudamérica, mientras otro, concentrado en la céntrica Plaza Roosevelt, defendía los derechos de opción sexual delas minorías.

 


En Río, mientras en la dorada orla de Ipanema y Leblon gente hermosa protestaba y exigía menos corrupción y más salud y educación, en la Barra da Tijuca, zona en que se mezclan favelas perversas (ahí está la Ciudad de Dios de la película famosa) con nichos de nuevos ricos deslumbrados, una turba cerró avenidas para destrozar una agencia de Mercedes Benz y saquear motoristas atrapados en un gigantesco embotellamiento.

 

Es imposible prever lo que pasará en adelante. El pronunciamiento de Rousseff ha sido firme y detallado. Criticó duramente los actos de vandalismo y violencia de los grupúsculos infiltrados en manifestaciones pacíficas, mientras reconocía que “las calles quieren más salud, educación, seguridad, transporte”. Destacó que la oleada de marchas y manifestaciones puso de relieve “nuestra energía política”. Admitió que, por más que se haya alcanzado, y la verdad es que se alcanzó mucho, “todavía falta mucho, por limitaciones políticas y económicas”. Aclaró que tiene “la obligación de oír la voz de las calles y dialogar con todos los segmentos de la sociedad”. Recordó que “no ha sido fácil llegar adonde llegamos y tampoco será fácil llegar adonde quieren los que están en las calles”. Dijo que “las manifestaciones trajeron importantes lecciones”, y que “tenemos que aprovechar el vigor” de ese movimiento.

 

En relación con otro de los puntos que fueron permanentes en las protestas –los gastos multimillonarios con la realización del Mundial de 2014– aclaró que “no son gastos, son financiación: todo será devuelto” por las empresas que obtuvieron concesiones para explotar los estadios, carreteras y todo un vasto etcétera que todavía está por verse, como las reformas de rutas y aeropuertos.

 

Por fin, aseguró que irá a reunirse tanto con los líderes de esas manifestaciones (quizá por delicadeza no haya mencionado que primero hay que identificarlos y verificar a quienes efectivamente representan…), de movimientos sociales, como de alcaldías y gobiernos estatales para trazar programas efectivos que lleven a planes nacionales de salud, educación y transporte público.

 

Ese el resumen inicial de lo ocurrido en Brasil no sólo hoy, sino en el conjunto de los últimos 14 o 15 ayeres: una movilización iniciada por jóvenes de escasa o nula representatividad política logró incendiar el país, demostrar camadas de insatisfacción colectiva que estaban ocultas bajo la gruesa capa de los buenos resultados de los sondeos de opinión aprobando por largo margen tanto el gobierno como la figura de Dilma, y lanzar una alerta punzante a la clase ­política.

 

Muchos son los logros alcanzados por la izquierda que gobierna el país a lo largo de los últimos 10 años. Pero mucho más es lo que falta por alcanzar.

 

Hasta esta noche, lo que oyó fue la voz de las calles. Y antes que esa voz diese lugar a la eterna y siempre ávida voz de siempre, la del sistema perverso que trata de recuperar espacios perdidos, por fin se oyó la voz de la presidenta. Ojalá se cumpla lo que anunció.

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Viernes, 21 Junio 2013 06:44

El precio del progreso

El precio del progreso

Con la elección de la presidenta Dilma Roussef, Brasil quiso acelerar el paso para convertirse en una potencia global. Muchas de las iniciativas en ese sentido venían de atrás, pero tuvieron un nuevo impulso: Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente, Rio+20 en 2012, Mundial de Fútbol en 2014, Juegos Olímpicos en 2016, lucha por un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, papel activo en el creciente protagonismo de las “economías emergentes”, los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y África del Sur), nombramiento de José Graziano da Silva como director general de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 2012 y de Roberto Azevedo como director general de la Organización Mundial del Comercio a partir de 2013, una política agresiva de explotación de los recursos naturales, tanto en Brasil como en África, principalmente en Mozambique, fomento de la gran agricultura industrial, sobre todo para la producción de soja, agrocombustibles y la cría de ganado.


 
Beneficiado por una buena imagen pública internacional granjeada por el presidente Lula y sus políticas de inclusión social, este Brasil desarrollista se impone ante el mundo como una potencia de nuevo tipo, benévola e inclusiva. No podía, pues, ser mayor la sorpresa internacional ante las manifestaciones que en la última semana sacaron a la calle a centenares de miles de personas en las principales ciudades del país. Si ante las recientes manifestaciones en Turquía la lectura sobre las “dos Turquías” fue inmediata, en el caso de Brasil fue más difícil reconocer la existencia de “dos Brasiles”. Pero está ahí a ojos de todos. La dificultad para reconocerla reside en la propia natureza del “otro Brasil”, un Brasil furtivo a análisis simplistas. Ese Brasil está hecho de tres narrativas y temporalidades. La primera es la narrativa de la exclusión social (uno de los países más desiguales del mundo), de las oligarquías latifundistas, del caciquismo violento, de las élites políticas restrictas y racistas, una narrativa que se remonta a la colonia y se ha reproducido sobre formas siempre mutantes hasta hoy. La segunda narrativa es la de la reivindicación de la democracia participativa, que se remonta a los últimos 25 años y tuvo sus puntos más altos en el proceso constituyente que condujo a la Constitución de 1988, en los presupuestos participativos sobre políticas urbanas en centenares de municipios, en el impeachment del presidente Collor de Mello en 1992, en la creación de consejos de ciudadanos en las principales áreas de políticas públicas, especialmente en salud y educación, a diferentes niveles de la acción estatal (municipal, regional y federal). La tercera narrativa tiene apenas diez años de edad y versa sobre las vastas políticas de inclusión social adoptadas por el presidente Lula da Silva a partir de 2003, que condujeron a una significativa reducción de la pobreza, a la creación de una clase media con elevada vocación consumista, al reconocimiento de la discriminación racial contra la población afrodescendiente e indígena y a las políticas de acción afirmativa, y a la ampliación del reconocimiento de territorios y quilombolas [descendientes de esclavos] e indígenas.


 
Lo que sucedió desde que la presidenta Dilma asumió el cargo fue la desaceleración o incluso el estancamiento de las dos últimas narrativas. Y como en política no existe el vacío, ese terreno baldío que dejaron fue aprovechado por la primera y más antigua narrativa, fortalecida bajo los nuevos ropajes del desarrollo capitalista y las nuevas (y viejas) formas de corrupción. Las formas de democracia participativa fueron cooptadas, neutralizadas en el dominio de las grandes infraestructuras y megaproyectos, y dejaron de motivar a las generaciones más jóvenes, huérfanas de vida familiar y comunitaria integradora, deslumbradas por el nuevo consumismo u obcecadas  por el deseo de éste. Las políticas de inclusión social se agotaron y dejaron de responder a las expectativas de quien se sentía merecedor de más y mejor. La calidad de vida urbana empeoró en nombre de los eventos de prestigio internacional, que absorbieron las inversiones que debían mejorar los transportes, la educación y los servicios públicos en general. El racismo mostró su persistencia en el tejido social y en las fuerzas policiales. Aumentó el asesinato de líderes indígenas y campesinos, demonizados por el poder político como “obstáculos al crecimiento” simplemente por luchar por sus tierras y formas de vida, contra el agronegocio y los megaproyectos mineros e hidroeléctricos (como la presa de Belo Monte, destinada a abastecer de energía barata a la industria extractiva).


 
La presidenta Dilma fue el termómetro de este cambio insidioso. Asumió una actitud de indisimulable hostilidad hacia los movimientos sociales y los pueblos indígenas, un cambio drástico respecto a su antecesor. Luchó contra la corrupción, pero dejó para los aliados políticos más conservadores las agendas que consideró menos importantes. Así, la Comisión de Derechos Humanos, históricamente comprometida con los derechos de las minorías, fue entregada a un pastor evangélico homófobo, que promovió una propuesta legislativa conocida como cura gay. Las manifestaciones revelan que, lejos de haber sido el país que se despertó, fue la presidenta quien se despertó. Con los ojos puestos en la experiencia internacional y también en las elecciones presidenciales de 2014, la presidenta Dilma dejó claro que las respuestas represivas solo agudizan los conflictos y aislan a los gobiernos. En ese sentido, los alcaldes de nueve capitales ya han decidido bajar el precio de los transportes. Es apenas un comienzo. Para que sea consistente, es necesario que las dos narrativas (democracia participativa e inclusión social intercultural) retomen el dinamismo que ya habían tenido. Si fuese así, Brasil mostrará al mundo que sólo merece la pena pagar el precio del progreso profundizando en la democracia, redistribuyendo la riqueza generada y reconociendo la diferencia cultural y política de aquellos que consideran que el progreso sin dignidad es retroceso.

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Anulan incremento al transporte tras oleada de protestas en Brasil

Fue un día de tensiones y emociones. Al final de la tarde, luego de la victoria de Brasil sobre México por dos goles a cero, y de manera casi simultánea, los alcaldes de Río, Eduardo Paes; de Sao Paulo, Fernando Haddad, y el gobernador paulista, Geraldo Alckmin, anunciaron formalmente que a partir del lunes el costo de los pasajes de autobús y metro vuelven a como estaban. Es decir, el aumento de 20 centavos –menos de diez centavos de dólar– quedó anulado. El gobernador de Río, el gordito parlanchín Sergio Cabral, que jamás huye de la fascinación de las cámaras, esta vez prefirió abstenerse de enfrentar a la prensa.

 

El día terminó así: una victoria de Brasil y de los manifestantes que empezaron a quejarse del aumento en los pasajes de autobús y luego vieron su reivindicación transformarse en un movimiento que se extendió por todo el país y por todos los temas, sorprendiendo al gobierno y a la oposición.

 

Por la mañana hubo manifestaciones en Sao Paulo, con bloqueos de carreteras y avenidas que conforman el cinturón vial de la mayor ciudad sudamericana. Poco antes del mediodía fue la vez de Fortaleza, donde por la tarde se enfrentarían Brasil y México en la Copa Confederaciones. Horas antes del enfrentamiento deportivo manifestantes y la policía militar local se enfrentaron, a dos kilómetros del estadio. Hubo balas de goma, gas lacrimógeno, espray de pimienta y, claro, muchos heridos, entre éstos, familias que no tenían nada que ver con la manifestación y sólo querían llegar al estadio. Y también varios turistas mexicanos, atrapados en medio de una refriega de la cual apenas tenían noticia. Uno de ellos, Reinaldo, omitió su apellido. Pero aseguró a la radio Bandeirantes que desistió de volver al país el año que viene, para asistir al Mundial. Los que, como él, vinieron a la Copa Confederaciones, seguramente se asustaron no sólo con las manifestaciones y la violencia policial, sino también con el absurdo de aeropuertos que no funcionan, carreteras que son trampas mortales, precios estratosféricos y desorganización generalizada.

 

En Belo Horizonte y Brasilia, en Niterói y San Gonzalo, región metropolitana de Río, más manifestaciones, más depredaciones, más enfrentamientos con la policía militar. Al anochecer, una multitud cruzó, caminando, los 13 kilómetros del puente que une Niterói con Río. Y en Sao Paulo, los jóvenes del MPL (Movimiento Pase Libre, que empezó toda esa historia) anunciaban una nueva manifestación para mañana, pero esta vez, dijeron, para celebrar la victoria.

 

Y es exactamente en este punto que surge la pregunta: ¿con la victoria, toda esa movilización terminará? ¿Con la marcha atrás en los 20 centavos de aumento en los pasajes de autobús, los manifestantes que han sacudido al país en las últimas dos semanas se darán por satisfechos?

 


El drástico cambio de ruta del alcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, del PT, se debe en buena medida –si no totalmente– al encuentro que mantuvo, al anochecer del pasado martes, con la presidenta Dilma Rousseff y con el ex presidente Lula da Silva. El malestar de ambos y del mismo PT era y es evidente. En una reunión celebrada poco antes del encuentro con el alcalde, Lula y Rousseff recriminaron, al unísono, la poca visión y la absoluta inhabilidad de Haddad por no haber negociado pronto con los manifestantes. El pasado jueves, cuando la policía militar estadual reprimió con brutalidad a los manifestantes, Haddad, de inmediato, debió haber dado marcha atrás en el incremento, consideran Lula y Rousseff. Y en vez de eso, prefirió mantenerse firme, a pesar de que a estas alturas el movimiento de protestas evidentemente se extendía con rapidez por todo el país, amenazando no sólo la popularidad, sino la estabilidad del gobierno.

 

Todo esto ocurre en un momento en que hay poco crecimiento económico y en que la gran prensa hegemónica exagera con la inflación (que, en realidad, se mantiene dentro de los parámetros previstos). Como resultado de ese escenario, la popularidad de la presidente Dilma Rousseff cayó ocho puntos. Luego de las multitudinarias manifestaciones de estos últimos días, podría caer aún más. Su relección en octubre del próximo año, considerada hasta ahora un paseo tranquilo, podría complicarse. La falta de proyecto y de consistencia de la oposición no significa que no se abra espacio para la insatisfacción de grandes parcelas de la población que hasta ahora permanecía en las sombras. De ahí la irritación, tanto de Lula, como de Rousseff, por la tenaz persistencia de Haddad en no conceder lo que pedían los manifestantes.

 

Fue preciso que las movilizaciones crecieran a niveles insólitos para que se diera cuenta de lo obvio.

 

Ahora, el problema es otro. La petición inicial, que detonó todo lo que viene ocurriendo, finalmente fue atendida. Pero, ¿y las otras? ¿Y las exigencias de mejor salud pública, mejor educación pública, mejor transporte público? ¿Y las furibundas reclamaciones sobre la inmovilidad de los partidos políticos, de la corrupción, del descrédito de parlamentarios? ¿Y las denuncias de la debilidad de las instituciones?

 

¿Algún Neymar en el gobierno?

 

Por la primera de sus exigencias, ganaron las calles. ¿Y por las otras? Es la pregunta que tendrá que ser contestada por las autoridades, y con urgencia.

 

A tiempo: Neymar fue genial en la cancha. ¿Habrá algún Neymar en el gobierno?

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Turquía amanece con una huelga general tras una noche con 500 detenidos

El conflicto en Turquía se está alargando más de lo que le gustaría al primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, que sigue en sus trece y cada pocos días envía a su policía a dispersar las acampadas en el parque Gezi y en la ya simbólica plaza Taksim a golpe de porra, cañones de agua a presión, gases lacrimógenos y gas pimienta. La última vez ha sido este sábado y el resultado ha sido una noche de enfrentamientos entre policías y manifestantes que se ha saldado con 500 detenidos. Además, Turquía amanecía este lunes con la convocatoria de una huelga general por parte de varios sindicatos.

 

Los manifestantes persisten. Durante las más de dos semanas de protestas y acampadas, han perdido y recuperado su plaza su plaza en varias ocasiones. Su protesta, que comenzó con el anuncio de demolición del parque Gezi para construir un centro comercial, ha derivado en una lucha callejera contra el autoritarismo que los manifestantes achacan al gobierno de Erdogan. Esa denuncia de autoritarismo está calando tanto que este lunes varios sindicatos han convocado movilizaciones por todo el país tras una nueva noche de altercados entre manifestantes y policías en Ankara y Estambul, que se ha saldado con 500 detenidos.

 

La cifra ha sido confirmada por los colegios de abogados de ambas ciudades, que concretan que 441 de los arrestos se produjeron en Estambul, escenario de intensos choques entre la Policía y los activistas que ocupaban desde hace semanas la plaza Taksim y el parque Gezi. En Ankara, por su parte, se han registrado al menos 56 detenciones.

 

Campaña de manifestaciones

 


La división del país es manifiesta desde hace más de una semana. En varias ocasiones, el primer ministro ha movilizado a sus bases en diversas concentraciones cada vez que aterrizaba su avión. Algunos de los mítines de Erdogan han derivado, como este fin de semana, en agresiones de sus seguidores a los activistas, también perseguidos por la policía.

 

En este clima de tensión, cinco sindicatos turcos han lanzado una campaña de manifestaciones por todo el país tras la intervención de la Policía para desalojar la plaza Taksim, en Estambul, según informó este domingo el diario Hürriyet, una protesta que también incluye la convocatoria de una huelga general.

 

La Confederación de Sindicatos Progresistas (DI.SK), la Confederación de Sindicatos del Sector Público (KESK), el Sindicato de Médicos Turcos (TTB), el Sindicato de las Cámaras de Ingenieros y Arquitectos Turcos (TMMOB) y el Sindicato de Dentistas Turcos (TDHB) han hecho un llamamiento conjunto para que los trabajadores salgan a las calles a partir de este lunes, 17 de junio.

 

Según un miembro del sindicatos de trabajadores públicos, el número de asistentes a las manifestaciones de este lunes podría ser de "cientos de miles" de personas. Solo la KESK, que agrupa a once sindicatos, cuenta con un 240.000 afiliados.

 

PÚBLICO/AGENCIASAnkara / Estambul17/06/2013 10:18 Actualizado: 17/06/2013 10:30

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Los indignados de Taksim: El despertar de la Turquía aletargada

Las acciones de protesta que arrancaron la semana pasada para salvar un céntrico parque de Estambul de la reconversión urbanística se están mutando en un movimiento social que está despertando a numerosos sectores de la sociedad turca. Pocos creen que el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, hará caso a las insistentes exigencias de "Dimisión" que cubren todas las paredes del centro de Estambul, pero nadie duda de que la ocupación de la plaza de Taksim marca un antes y un después en su carrera.

 

"Tayyip no va a dimitir, se quedará en el poder, pero la resistencia continuará; incluso si termina de estar presente en las plazas seguirá en los medios sociales. La gente no olvidará estos momentos de reacción social", opina Muzaffer Baris, pinchadiscos en un local de Estambul. Lo mismo cree Eylem Yanardagoglu, profesora de periodismo en la Universidad de Bahçesehir y experta en nuevos medios. "Veremos probablemente el nacimiento de un fuerte conjunto de medios independientes y ciudadanos. La gente utiliza los medios sociales de forma activa e inteligente, y la prensa convencional ha fallado totalmente a la hora de cubrir las protestas", señala.

 


Los grandes medios turcos ignoraron en sus primeros días las protestas, que se difundieron a través de redes sociales como Twitter y Facebook. "Esto es un despertar real de la sociedad, incluso para la gente apática y apolítica es un movimiento civil, en su mayor parte laico, y sin divisiones étnicas y religiosas, a través de todas las ideologías, y nadie ha intentado secuestrarlo para sus fines", asegura la profesora.

 

De hecho, en la plaza de Taksim se pudieron ver carteles con la cara del Che Guevara al lado de los símbolos de las juventudes nacionalistas turcas de derechas, mientras jóvenes envueltos en banderas turcas participando en bailes donde se enarbolaban las enseñas amarillas del BDP, el partido prokurdo. "Las personas se cuidan mucha unas a otras: el gas lacrimógeno saca su lado humano", concluye Yanardoglu.

 

El afán por mostrar solidaridad era obvio entre los millares de personas que llenaron anoche la extensa avenida que comunica Taksim con el revuelto barrio de Besiktas, donde se registraron los mayores enfrentamientos con la policía. Mientras miles de personas se turnaban en las barricadas para impedir que la policía se acercara a la parte "liberada" de la ciudad, otros centenares repartían sprays de almagato (un antiácido) y agua, para aliviar los síntomas del gas lacrimógeno.


En numerosas mesas de la plaza de Taksim e incluso en las propias barricadas se encontraban provisiones de botellines con esa mezcla blanquecina, convertido estos días en el "maquillaje" favorito de las activistas. Pero también hay brigadas de estudiantes de medicina, reconocibles por sus camisetas blancas, siempre atentos en la retaguardia para socorrer a cualquier herido, en la mayoría de los casos afectados por dosis fuertes de gas lacrimógeno.

 

Al mismo tiempo, en el Parque Gezi, donde nacieron las protestas, hubo mesas de reparto de comida y agua, aportadas por los vecinos. Se trata de manifestaciones de organización espontánea, sin un comité central, sin figuras líder y sin dirigentes, y desde luego sin un rol decisivo del opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP), al que Erdogan ha acusado de dirigir las protestas para vengar su derrota en las urnas.


Esta acusación "no es más que una táctica para desacreditar a la oposición. El CHP no tiene importancia, no organiza nada, ni tiene capacidad para hacerlo", estima Yanardagoglu, quien tampoco cree que las llamadas a la dimisión de Erdogan puedan tener éxito. "Es muy difícil decir que dimitirá; si deja el poder será de una manera distinta, no como dimisión a causa de las protestas", dice.

 

En todo caso, sí cree que la revuelta puede sacudir la estructura de poder del partido gobernante, el islamista Justicia y Desarrollo (AKP), al tiempo de dar más popularidad al presidente, Abdullah Gül. Baris apunta, sin embargo, que el discurso moderado de Gül y del viceprimer ministro, Bülent Arinç no es más que "el juego del poli bueno y el poli malo".

 

"El jueves pueden ocurrir cosas muy importantes, porque es cuando Erdogan volverá de su viaje al Magreb y ordenará poner fin a las protestas", vaticina el joven activista.



Estambul se echa a la calle tras las disculpas del Gobierno de Erdoga

 

Por JUAN CARLOS SANZ (ENVIADO ESPECIAL) Estambul 5 JUN 2013 - 01:25 CET. El País

 

Estambul es una fiesta. Una marea humana ha recorrido en las primeras horas de esta tibia madrugada del miércoles las arterias que desembocan en la plaza de Taksim, en el corazón de la parte europea de la principal ciudad de Turquía. Miles de personas —jóvenes en su mayoría, pero también parejas maduras y familias con niños— se han echado a la calle en un ambiente de celebración tras las disculpas y los mensajes conciliadores que llegan desde el Gobierno del primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan.


 
Después de una semana de violentas protestas ciudadanas desatadas por la construcción de un centro comercial sobre un parque adyacente a Taksim y tras la retirada de las fuerzas de seguridad, los ciudadanos han tomado la calle como señal de victoria. “Estamos aquí para vivir este sentimiento colectivo de alegría”, resume Duygu, un estudiante de Psicología de 20 años

 


“La plaza y el parque se han convertido en símbolos de un movimiento civil de resistencia”, añade Fatih, de 23 años y estudiante de Economía. Cientos de jóvenes habían acampado al caer la noche del lunes en los parterres del parque de Gezi, convertido en una auténtica romería. Con músicos, puestos de comida y bebida y tenderetes de las plataformas sociales que encabezan la protesta. Mientras, en la plaza rectangular donde yacen aún algunos vehículos calcinados, ondean banderas de organizaciones políticas y sindicales y pancartas con la leyenda: “Erdogan, dimisión”.


 
Desde la calle de Istiklal, el principal centro de animación nocturna de Estambul, hasta la cosmopolita avenida de la República, grupos que ondean banderas turcas y corean lemas contra el Gobierno se cruzan con hinchas de los equipos de fútbol Besiktas y Galatasaray que entonan cánticos de celebración para sumarse a las protestas. Muchos llevan latas de cerveza Efes en la mano, como si marcharan hacia una verbena y no hacia una concentración política.


 
A las puertas del hotel Diwan, en el cruce de caminos que conduce hacia el Bósforo, un grupo de estudiantes de Medicina, vestidos con batas blancas y con la cara cubierta con mascarillas de quirófano y gafas de bucear, se prepara para atender a posibles intoxicados por los gases de las granadas lacrimógenas. Como cada noche, la protesta intenta llegar hasta la oficina del primer ministro en Estambul, situada en el palacio de Dolmabahçe. Aybur, que cursa tercero de Medicina, lleva un frasco con una solución blanquecina. “Es leche y agua a partes iguales. Es lo único que les podemos ofrecer en el primer momento. Pero si alguno de los intoxicados está muy grave lo llevamos hasta una zona donde varios de nuestros profesores les atenderán. Hemos venido porque estamos indignados ante la desproporcionada respuesta de la policía”, explica. El eco de los disparos de las granadas se mezcla en la noche de Estambul con los gritos de alegría.

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