China advierte a los manifestantes de Hong Kong: “El que juega con fuego, se quema”

Pekín lanza una nuevo aviso contra las protestas en Hong Kong. Tras 22 años de silencio, la Oficina para Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado ha dado su segunda rueda de prensa en ocho días. El más alto organismo político chino para cuestiones relacionadas con ambos territorios ha alzado este martes la voz para advertir de que las multitudinarias movilizaciones en Hong Kong están arrastrando a la ciudad “por una peligrosa senda de no retorno”. De esta manera, Pekín confirma su intención de implicarse más en el conflicto que sacude al territorio desde hace diez semanas y que este lunes desembocó en la primera huelga general en cinco décadas.

El portavoz, Yan Guang, ha condenado la evolución violenta de las protestas, avisando de que “el que juega con fuego, se quema”, por lo que nadie debería desafiar “la firme determinación y la inmensa potencia del Gobierno central de China”. Yang también ha invitado al Gobierno autónomo de Hong Kong a redoblar la política de arrestos y enjuiciamiento de los manifestantes, lo que se suma a las “propuestas” de actuación compartidas lanzadas en la anterior rueda de prensa –un hecho sin precedentes en un territorio hasta la fecha gobernado de manera autónoma– y que demuestran que Pekín ha decidido tomar cartas en el asunto.

El escenario más dramático pasaría por que el Gobierno chino movilizara al ejército nacional para aplacar las protestas por la fuerza. El portavoz ha subrayado que Pekín cuenta con la legitimidad para hacerlo, solo sería necesario que el Ejecutivo local de la antigua colonia así lo solicitase, tal y como está contemplado en el artículo 14 de la Ley Básica del territorio; aunque ha descartado emplear esa opción de momento. “El Gobierno y la policía de Hong Kong son totalmente capaces de mantener la ley y el orden”, ha asegurado tras reafirmar su apoyo total a ambas instituciones.

Yang también se ha referido a unas supuestas “fuerzas antichinas” como “las mentes maestras” que fomentan la violencia para así crear un caos del que terceros países puedan beneficiarse. Esta narrativa ha calado profundamente entre los sectores prochinos de la sociedad hongkonesa. Tras los enfrentamientos del lunes por la noche entre manifestantes y miembros de mafias locales en el barrio de North Point, los vecinos –la mayoría inmigrantes procedentes de la provincia china de Fujian– se mostraban indignados ante la presencia de occidentales en la zona, a los que acusaban de ser espías, y exigían a la policía su detención.

Esta atmósfera de tensión choca con la identidad urbana de Hong Kong: una ciudad global y cosmopolita, famosa por su mezcla de razas y culturas, en cuya Administración todavía trabajan varios cientos de funcionaros británicos que decidieron quedarse tras la transferencia de soberanía en 1997. “Al final, también los que operan en la sombra serán castigados”, ha sentenciado Yang.

De cara a los próximos días, el representante de la oficina del Consejo de Estado ha llamado a la población de Hong Kong a “adoptar un frente unido frente a la violencia”. Para ello, ha empleado como ejemplo el comportamiento de una mujer que en un centro comercial se negó a sostener una bandera del Reino Unido y el de dos hombres que se encararon con los manifestantes “para plantearles la pregunta más importante que se debe hacer: cuando las cosas estén fuera de control, ¿quién será la víctima?”. Estas declaraciones no encuentran reflejo en la enorme simpatía popular de la que gozan las protestas en Hong Kong. Durante los múltiples cortes de tráfico que tuvieron lugar en los últimos cuatro días consecutivos de movilizaciones, podía verse cómo desde el interior de los vehículos detenidos mucha gente mostraba su apoyo a los manifestantes con gestos de aliento.

Pero no solo el Gobierno chino se ha hecho oír. Esta mañana, el superintendente jefe de relaciones públicas el cuerpo de policía, John Tse, ha informado de que en la noche del lunes se realizaron 148 arrestos a causa de los enfrentamientos que tuvieron lugar en varios distritos de la ciudad al mismo tiempo. Ha apuntado también que solo el lunes se dispararon 800 bombas de gases lacrimógenos, poco menos de las 1.000 empleadas desde que las movilizaciones comenzaron el pasado 9 de junio. El superintendente, por último, ha disculpado a la Asociación de Policías Jóvenes por referirse a los manifestantes en un comunicado como “cucarachas”, un término popularizado por los sectores prochinos, lo que ha justificado por “la enorme presión, verbal, física y digital que están soportando”.

Del mismo modo, tres portavoces de los manifestantes se han colocado frente a los micrófonos, protegidos por máscaras y cascos amarillos, para denunciar los abusos policiales y reiterar sus cinco exigencias fundamentales al Ejecutivo hongkonés: la retirada definitiva de la polémica ley de extradición, que está en el origen del conflicto y permitiría por primera vez entregar sospechosos a Pekín; que no se emplee el término “revueltas” para referirse a las protestas; una amnistía para todos los detenidos; la puesta en marcha de una investigación independiente que evalúe la actuación policial, y la dimisión de la jefa del Ejecutivo local, Carrie Lam.

En este cruce de declaraciones no ha participado Lam, que el lunes compareció durante la huelga general para reiterar su postura de que la ciudad debe volver al orden. Mientras tanto, un equipo de voluntarios limpiaba las calles de la ciudad que, por un día y solo hasta que la batalla continúe, ha encontrado un momento de respiro.

 

Pekín 6 AGO 2019 - 10:59 COT

Publicado enInternacional
Uruguay acusa a EE.UU. de meterse en la campaña electoral  

En octubre se vota para presidente y además un plebiscito sobre seguridad

 "Matan a 30 personas en tiroteos en bares, y nos vienen a decir a nosotros que tengan cuidado con Uruguay. ¡Por favor!", exclamó el canciller Nin Novoa del gobierno del frenteamplista Tabaré Vázquez,

 

El canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, acusó a la administración de Donald Trump de intentar influir a favor de la oposición en la campaña electoral, de cara a las presidenciales de octubre próximo. El gobierno uruguayo continúa así respondiendo a los ataques de Washington, que días atrás advirtió a los ciudadanos que pensaban viajar al país sudamericano, por un aumento en sus índices de delincuencia, registrado en base a informes del Departamento de Estado.

El lunes, la cancillería uruguaya emitió un comunicado en el que alertaba a los ciudadanos que tuvieran pensado viajar a Estados Unidos por la "creciente violencia indiscriminada" desatada en la nación, tras las dos masacres ocurridas el fin de semana en los estados de Texas y Ohio, que dejaron un saldo de 30 muertos y más de 50 heridos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores alertó por los crímenes de odio, fundados en “el racismo y la discriminación, que costaron la vida a más de 250 personas en los primeros siete meses de este año". El texto respondía al gobierno de Donald Trump, que anteriormente emitió una elevación del nivel de advertencia dirigida a ciudadanos norteamericanos que planeaban visitar Uruguay, por el "aumento de la delincuencia": pasó del nivel 1 ("tomar precauciones normales") al nivel 2 ("ejercer mayor precaución debido a la criminalidad").

Horas después del comunicado uruguayo, la cancillería de Venezuela emitió un aviso de características similares, sugiriendo a los venezolanos “postergar sus viajes, o, en todo caso, extremar las precauciones” en caso de ir a Estados Unidos. Ambos países sudamericanos compartieron el diagnóstico: pidieron a sus viajeros evitar grandes aglomeraciones y algunas ciudades, que ubicaron entre las "20 más peligrosas del mundo". 

Rodolfo Nin Novoa, canciller de Uruguay, redobló la apuesta este martes al sostener que Estados Unidos busca entrometerse en la campaña electoral uruguaya. Nin Novoa recordó además que el comunicado del lunes surgió como respuesta al mensaje emitido por Washington el viernes pasado, al remarcar que se trata de una cuestión de "dignidad nacional".

"Estados Unidos se quiere entrometer en la campaña electoral uruguaya”, precisó el diplomático durante una entrevista para la radio local Carve, al tiempo que aseguró que con Washington "no hay ninguna tensión". Sin embargo, señaló que la advertencia de Estados Unidos a sus ciudadanos respecto a Uruguay "es como mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”. La nación gobernada por Trump cree que tiene "la misión divina de calificar a todos los países del mundo", advirtió el canciller.

"Estados Unidos tiene una tasa de homicidios de 25 habitantes cada 100 mil, mientras que en Uruguay tenemos la mitad", sostuvo. "Matan a 30 personas en tiroteos en bares, y nos vienen a decir a nosotros que tengan cuidado con Uruguay. ¡Por favor!", exclamó el canciller del gobierno del frenteamplista Tabaré Vázquez, al tiempo que remarcó que a su país no lo motiva un "ánimo belicista y confrontativo". "Hicimos un comunicado en los mismos términos en que lo hicieron ellos", agregó.

En la nota consular presentada hace unos días, el gobierno norteamericano había señalado que "los delitos violentos, los homicidios, los asaltos a mano armada, el robo de vehículos y los hurtos" aumentaron en Uruguay. El Departamento de Estado pidió evitar la visita a 13 barrios de Montevideo, y advirtió acerca del incremento de los robos callejeros, y de viviendas durante el verano, en los principales balnearios del país, incluyendo Punta del Este.

"Es una exageración, y es muy imprudente andar diciendo que aumenta la inseguridad en Uruguay, cuando el tema de la seguridad está metido en la campaña electoral", replicó Nin Novoa en declaraciones radiales, y recordó que en octubre, fecha donde se realizarán los comicios presidenciales, habrá un plebiscito, impulsado por el ex precandidato nacionalista Jorge Larrañaga, que plantea una reforma constitucional para endurecer las medidas de combate al delito, y las penas contra los culpables.

La inseguridad es uno de los temas más importantes dentro de la agenda pública uruguaya. A la espera de cifras oficiales, se estima que en 2018 Uruguay, país de 3,4 millones de habitantes, registró una cifra récord de homicidios (381), un 35 por ciento más que en 2017. Sin embargo, esos números provienen de un estudio que regularmente publica la fundación Fundapro, cercana a la oposición, y que sirvieron de insumo para la dura advertencia planteada por Estados Unidos.

Publicado enInternacional
Manifestantes se apartan del gas lacrimógeno que usa la policía contra ellos.   Imagen: EFE

Nuevos enfrentamientos, huelga general y el bloqueo del metro sumieron este lunes a Hong Kong en el caos, en tanto las autoridades acusan a los manifestantes de querer "destruir" al territorio semiautónomo y la vida de sus habitantes.

Este lunes de tarde fueron lanzados gases lacrimógenos en varias zonas de la megalópolis contra manifestantes enardecidos en el marco de la huelga general, un acontecimiento muy raro en la excolonia británica.

La megalópolis, que atraviesa su mayor crisis política desde su retrocesión a China en 1997, ya vivió en los dos últimos meses otras jornadas de manifestaciones masivas que desembocaron en confrontaciones entre policías antimotines y grupos radicales.

Tras enfrentamientos durante todo el fin de semana, los manifestantes se dirigieron en hora pico, este lunes de mañana, a varias estaciones clave de la red del Metro para bloquear las puertas de los vagones y evitar que los trenes marchasen.

Esta acción relámpago paralizó durante horas una red que normalmente marcha con una eficacia extraordinaria.

Tamañas "acciones en nombre de ciertas demandas (...) han minado seriamente la ley y el orden de Hong Kong, y están empujando a nuestra ciudad, que todos amamos, al borde de una situación muy peligrosa", señaló la jefa del ejecutivo local, Carrie Lam, en su primera conferencia de prensa en dos semanas.

Haciendo referencia a eslóganes revolucionarios, presentó la protesta como un atentado a la existencia de Hong Kong.

"Yo diría que (los manifestantes) están tratando de derribar Hong Kong, de destruir por completo la vida de más de siete millones de personas", dijo Lam ante periodistas, afirmando que "el gobierno será enérgico en el mantenimiento de la ley y el orden en Hong Kong para restaurar la confianza".

Bajo el principio "Un país, dos sistemas", Hong Kong disfruta hasta 2047 de libertades desconocidas en el resto de China. Pero cada vez son más las voces que se alzan preocupadas porque Beijing ignore este acuerdo y aumente su control.

Este lunes de tarde, tuvieron lugar siete manifestaciones simultáneas, algo que constituye un desafío para las fuerzas del orden, que enfrentan una dura prueba desde hace dos meses, al tiempo que despiertan la cólera de los manifestantes.

Publicado enInternacional
Lunes, 05 Agosto 2019 07:47

Reprimen nuevas protestas en Hong Kong

Reprimen nuevas protestas en Hong Kong

Los manifestantes suman un nuevo aliado a su causa: los vecinos de la clase trabajadora que habitan barrios como Wong Tai Sin, y que repudian el uso de gas lacrimógeno por parte de los agentes.

 

 La Policía de Hong Kong volvió a reprimir a los cientos de miles de manifestantes que salieron este domingo a las calles para movilizarse, en diferentes escenarios, contra el gobierno local, y en reclamo de reformas democráticas.

La jornada de protestas comenzó después del mediodía, cuando una multitud (alrededor de 150 mil personas, según los organizadores) recorrió un kilómetro y medio de distancia, repitiendo consignas tales como: "En Hong Kong no hay alborotadores, sólo una tiranía".

En esa primera marcha, algunos manifestantes arrojaron huevos e hicieron pintadas en la fachada de una comisaría local provocando la llegada de policías antidisturbios, un escenario que se viene repitiendo cada vez con mayor frecuencia desde que se conoció la controvertida propuesta de ley de extradición del gobierno local, que permitiría a Hong Kong entregar prófugos a territorios con los que no tiene acuerdos formales, como Taiwán, Macao y la China continental.

Más tarde, en el otro lado del puerto de la Victoria, cientos de personas se reunieron en el Parque de la Bahía de Belcher convocados por residentes locales. "Sólo soy un ciudadano común de Hong Kong. Es el gobierno de Hong Kong respaldado por el PCCh (Partido Comunista Chino) lo que me obliga a salir. El gobierno es el culpable de todos los conflictos recientes", dijo uno de los vecinos, Coco, desde el escenario.

Los manifestantes se dispersaron, al acercarse la noche, tras lanzar huevos a la fachada de una comisaria situada en la bahía de Tseung Kwan O. Apenas unos minutos bastaron para que los agentes policiales comenzaran a lanzar gases lacrimógenos contra los presentes.

Precisamente en esa zona se encuentra la Oficina de Enlace (órgano oficial que representa a Beijing). Los manifestantes intentaron llegar hasta el edificio, custodiado por enormes barricadas, pero se quedaron a unos 200 metros de distancia, mientras que muchos decidieron retirarse para evitar ser arrestados.

Caída la noche, algunos manifestantes levantaron barricadas en Hennessy Road obligando a los colectivos a buscar una ruta alternativa para completar el recorrido, mientras otros se sumaban a la movilización ocupando calles en varios distritos, y llamando a la huelga general convocada para este lunes.

Las calles de Hong Kong fueron el escenario de numerosos enfrentamientos entre policías y activistas, que dejaron un saldo de 44 detenidos durante las manifestaciones de las últimas semanas. Unos 20 manifestantes, por su parte, fueron detenidos durante la madrugada del sábado , por "reunión ilegal" y por "provocar altercados".

Ese mismo sábado, los manifestantes sumaron un nuevo aliado a su causa: los vecinos de la clase trabajadora que habitan barrios como Wong Tai Sin, salieron a la calle para expresar su apoyo, y criticar el uso del gas lacrimógeno por parte de los agentes, cerca de sus casas familiares.

Lejos de oír los reclamos, el Ejército Popular de Liberación Chino (EPL) divulgó un video en el que muestra a sus soldados llevando a cabo entrenamientos antidisturbios, disparando armas ligeras y lanzacohetes, así como tanques y helicópteros en posición de ataque. "¡Deberán asumir todas las consecuencias!", se oye gritar a uno de los militares en cantonés, el dialecto principal de Hong Kong.

Un portavoz del gobierno, por su parte, condenó el domingo la actuación de los "manifestantes radicales", acusándolos de "desafiar la soberanía del país", según declaraciones a la agencia oficial Xinhua. "La destrucción gratuita de la paz pública, y los ataques violentos contra la policía perjudicarán a la sociedad, a la economía de Hong Kong y a los medios de vida de nuestro pueblo", agregó.

Las manifestaciones comenzaron a principios de junio en Hong Kong, contra una controvertida propuesta de ley de extradición (por el momento suspendida), y han derivado hacia demandas más amplias sobre los mecanismos democráticos de la ciudad, cuya soberanía recuperó China en 1997, con el compromiso de mantener hasta 2047 las bases establecidas por los británicos.

A pesar de que la jefa de gobierno local, Carrie Lam, dio por "muerto" el proyecto, los manifestantes siguen ocupando las calles de la ciudad tras varias semanas. A los reclamos, ahora sumaron el pedido de una investigación independiente sobre el excesivo uso de la fuerza por parte de la policía, así como distintas reformas democráticas. 

También exigen la liberación de los detenidos, especialmente luego de que la policía acusara formalmente a 44 personas de revuelta, delito que lleva una pena de 5 a 10 años de prisión. Mientras el descontento de la población continúa, los residentes de Hong Kong convocaron a una huelga general para este lunes.

Publicado enInternacional
La renuncia oficial de Rosselló no acalla las protestas en Puerto Rico

El exgobernador anuncia que su nominado a secretario de Estado, Pedro Pierluisi, jurará el cargo para sucederlo

 

Ricardo Rosselló ha dejado de ser oficialmente el gobernador de Puerto Rico. Este viernes a las 17.00 horas, en medio de la incertidumbre sobre quién lo sucedería, Rosselló ha dicho en un comunicado de prensa que el excongresista Pedro Pierluisi jurará el cargo. El gobernador saliente nombró esta semana a Pierluisi como secretario de Estado, y por ende, quien es quien debe asumir como nuevo gobernador. Una hora antes del anuncio, la Cámara de Representantes aprobó con el mínimo de los votos el nombramiento de Pierluisi. Sin embargo, no se sabía con certeza si podría hacerse ya con la gubernatura porque el Senado aún no ha votado sobre el asunto. Rosselló argumentó que no se necesita la aprobación de ambas cámaras sobre porque nombró al nuevo secretario de Estado cuando la Legislatura no estaba en sesión.

La calle no recibió bien la noticia. La filtración hace tres semanas del chat entre Rosselló y los altos mandos de su Gobierno con mensajes sexistas, homófobos y donde se orquestaban posibles delitos de corrupción, encendió la furia de los boricuas. El pueblo salió en masa a exigir su dimisión, hasta conseguirlo el miércoles pasado. Este viernes volvieron a protestar fuera de La Fortaleza, la casa del gobernador, porque no quieren que Pierluisi tome el control de la isla. El exdegelado de Puerto Rico ante Estados Unidos es considerado como no apto para hacerse con la gubernatura por posibles casos de conflicto de interés. Pierluisi trabajó como asesor de la Junta de Control Fiscal (JCF), el polémico ente estadounidense que supervisa las finanzas de la isla. Por estos antecedentes es que los boricuas salieron una vez más a la calle para reclamar contra sus líderes.

La filtración del chat provocó una ola de renuncias en el Gobierno puertorriqueño. Luis G. Rivera Marín, que figuraba entre los miembros del grupo de Telegram dimitió como secretario de Estado. Cuando Rosselló hizo lo propio, todas las miradas se dirigieron a la jefa del Departamento de Justicia, Wilma Vázquez, que por dictamen constitucional es quien debe asumir como gobernadora cuando no hay nadie al frente de la secretaría de Estado. En un principio se vio dispuesta, pero el pueblo se manifestó en contra. La Oficina de Ética Gubernamental está investigándola a Vázquez por su negativa a indagar irregularidades en la gestión del devastador huracán María. Con su rechazo, Rosselló se apuró en nombrar a un secretario de Estado para que lo sucediera.

Rosselló, del Partido Nuevo Progresista (PNP), citó el Artículo 1 de la ley número 7 para anunciar que Pierluisi jurará como próximo gobernador de Puerto Rico -sin especificar cuándo-. La normativa citada explica que es el secretario de Estado quien debe asumir como gobernador. Los expertos constitucionalistas citados por Reuters cuestionan que la acción sea legal ya que la Cámara de Representantes había aprobado el nombramiento del abogado, pero el Senado todavía no vota sobre el asunto. El presidente de la Cámara Baja, Thomas Rivera Schatz, adelantó el jueves que Pierluisi no cuenta con los apoyos suficientes para asumir el cargo: "Pedro Pierluisi no tiene los votos de la mayoría. No los tiene".

De los 51 legisladores de la Cámara de Representantes, 26 votaron a favor de Pierluisi, 21 en contra y uno se abstuvo. Tras conocer el resultado de la Cámara Baja, Schatz afirmó que había que respetar la votación. "El próximo miércoles, el pleno del Senado atenderá (la votación). Ese día quedará resuelto el asunto. Puerto Rico PRIMERO. Nadie tenga dudas", escribió en su Twitter. Sin embargo, a los pocos minutos, cuando se dio a conocer la renuncia de Rosselló y su justificación de que no eran necesarias las dos cámaras para oficializar al nuevo secretario de Estado, porque lo había nombrado cuando la Legislatura no estaba en sesión, el tono fue distinto. “Las recientes expresiones del gobernador saliente sobre la forma de llevar a cabo la transición luego de su bochornosa salida son más que elocuentes”, criticó Schatz.

Antonia Laborde

Washington 2 AGO 2019 - 18:11 COT

Publicado enInternacional
 Protesta de funcionarios en el distrito central de Hong Kong, este viernes. Billy H.C. Kwok Getty Images

La novena semana consecutiva de protestas contra el Gobierno autónomo culminará con la primera huelga general en cinco décadas

 

 

Todo estado es un cuerpo vivo, compuesto de individuos con un cometido burocrático, pero individuos al fin y al cabo. Como tales, miles de funcionarios de Hong Kong han salido a la calle en la tarde de este viernes para censurar la acción del Gobierno del que forman parte. Lo han hecho desafiando la exigencia oficial de “lealtad absoluta” y la amenaza de que aquellos que participaran pondrían en riesgo su puesto de trabajo. Arropados por muchos otros manifestantes, han ocupado los alrededores del Chater Garden en el distrito Central. Con la concentración de este viernes, tranquila pero de una profunda carga simbólica, arrancaban 72 horas que serán claves para el futuro de la ciudad.

Las calles que desembocan en Chater Garden están colapsadas, pero después de nueve semanas consecutivas de protestas ya nadie parece sorprendido. Resuenan gritos de “ka yau”, exclamación similar al “¡vamos!” español, mezclados con la melodía triunfante de Do You Hear the People Sing (“¿Oyes a la gente cantar?”), una canción de Los Miserables que llama a la resistencia popular frente a la tiranía y se ha convertido en uno de los himnos de las protestas, hasta el punto de haber sido eliminada de los servicios musicales de China continental. Pero los hongkoneses todavía son libres de escuchar lo que quieran y en el centro de la plaza un grupo de políticos pro democracia, liderados por la consejera legislativa Tanya Chan, arengan a la multitud.

Todo ello a pesar de que en la mañana de este viernes el secretario jefe de la Administración, Matthew Cheung Kin-chung, llamara a “mantener la neutralidad”, afirmando que como trabajadores públicos “nuestro objetivo es servir a la población, no dejemos que nuestras opiniones personales afecten a nuestro trabajo”. El Gobierno fue más duro en un comunicado oficial compartido ayer: los funcionarios deben “lealtad absoluta” al “al jefe del ejecutivo —la discutida Carrie Lam— y al Gobierno de turno”. Y la amenaza: “Actuaremos de acuerdo con los mecanismos establecidos contra cualquier violación”. Un grupo de trabajadores de 52 agencias gubernamentales contestaron en una carta anónima, recordando que el derecho de reunión pública de los funcionarios está recogido por el artículo 27 de la Ley Básica, la normativa que rige el territorio. “Exigimos que dejen de realizarse declaraciones que induzcan al pánico entre los empleados públicos”, concluía el documento.

Cae la lluvia y se despliega una carpa de paraguas, icónico instrumento, en formación tortuga. Debajo de uno de ellos se resguarda Matt, de 30 años y empleado del departamento de orden público. Matt no tiene miedo. “Hong Kong todavía se rige por el imperio de la ley”, asegura. “Esto es una manifestación pacífica y legal para expresar nuestra preocupación”. La mayoría de sus compañeros de oficina también han asistido, aunque no han hablado entre ellos acerca del riesgo que eso podría suponer para su carrera. El acceso a la función pública es muy exigente: hay que pasar varias rondas de exámenes y entrevistas. Solo un pequeño porcentaje lo logra. Matt lo consiguió hace tres años. “Antes trabajaba en el sector privado. Me cambié porque este puesto ofrece más estabilidad y un mejor salario, pero también porque quería servir a la gente: por eso estoy aquí hoy”.

El cisma entre el pueblo y el Gobierno de Hong Kong parece irremediable. Ambas partes han redoblado la tensión en los últimos días. El ejecutivo local se niega a dar su brazo a torcer y sigue sin asumir ninguna de las exigencias de los manifestantes, que a día de hoy se resumen en cinco puntos: retirada oficial de la ley de extradición —en el origen de las protestas—, amnistía para los detenidos, investigación independiente sobre la actuación policial, dimisión de Lam e implantación efectiva del sufragio universal.

Amenazas veladas

El Gobierno chino, por su parte, ha abandonado su papel secundario ante una situación que, consideran, se le ha ido de las manos al Ejecutivo local. En la última semana han amenazado en dos ocasiones con movilizar al Ejército y emplear la fuerza contra las protestas. Esta posibilidad sería traumática y, posiblemente, sangrienta. Todas las partes quieren evitarla: el problema es que es la única alternativa efectiva sobre la mesa. Lam no afloja, los manifestantes tampoco. A consecuencia, con cada día la retórica se eleva, la paciencia de Pekín disminuye y el peor de los escenarios se acerca un poco más.

Lo que suceda en los próximos tres días será clave para el futuro de Hong Kong. Los manifestantes y la sociedad civil han reaccionado ante el peligro apretando aún más, hasta alcanzar un clímax —solo temporal— en la mayor crisis en la historia moderna de la ciudad. Tras la concentración de los funcionarios de hoy, este sábado habrá protestas repartidas por varios barrios de la ciudad, una de ellas pro China; seguida de la multitudinaria convocatoria dominical que ya se ha convertido en tradición, hasta desembocar en la primera huelga general desde los años sesenta, que servirá como termómetro para medir el apoyo popular a la causa. También para ver cómo reacciona la policía, cuya estrategia parece pasar por confiar en los arrestos como método de desmovilización. Aun así, Shawn, estudiante de 20 años, tiene pensado ir. “No sé si salir a la calle va a servir de algo, pero me arrepentiría de no hacerlo”. No será esta crónica el primer texto, tampoco el último, en dejar constancia de que “el valor de un Estado, al final de cuentas, es el valor de los individuos que lo componen".

 

Por Jaime Santirso

Hong Kong 2 AGO 2019 - 14:16 COT

Publicado enInternacional
Arrecia la guerra contra las comunidades y la Guardia Indígena en el Norte del Cauca

El conflicto para las comunidades del Norte del Cauca no se detiene. No pasaron ni las primeras 24 horas del mes de agosto para que el asesinato sistemáticos de líderes sociales prosiga su senda.

A plena luz del día, a las 2:00 de la tarde, en el sector de Pajarito, resguardo de Huellas –Caloto–, fue asesinado el coordinador de la Guardia Indígena Gersain Yatacue, ultimado por sujetos que se movilizaban en moto y que hasta el momento de escribir esta nota no han sido identificados.

El asesinato de Gersain no es aislado y confirma las amenazas recibidas por las autoridades indígenas en los últimos meses, en las que ponen precio a las cabezas de diferentes líderes, consejeros y Guardias del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), acciones que evidencian el incumplimiento por parte del gobierno nacional en el tema de protección de los derechos humanos en los territorios, punto central de la más reciente Minga realizada por distintas organizaciones y movimientos sociales del Cauca.

El conflicto arrecia en la región por la disputa del control territorial. Ante la crítica situación de derechos humanos las autoridades y comunidades indígenas tomaron la decisión de profundizar y fortalecer los ejercicios de gobierno propio y con ello el ejercicio de controles de la Guardia en los territorios, decisión que incomodó a los diferentes grupos armados asentados en esta parte del país, sean legales o ilegales, entre ellos estructuras paramilitares, cartel de Sinaloa, disidencia de las Farc, Eln, Epl, batallones de alta montaña, de asalto aéreo y policía.

El control territorial, base de un tema económico fundamental.

Las pujas por el control de los territorios tienen como principio la disputa por la economía de la región pues, según fuentes cercanas a este medio, no debe olvidarse que esta zona hace parte de un corredor estratégico a través del cual se realiza el cultivo, producción y transporte de coca y marihuana hacia el exterior o interior del país; cultivos que han tenido un incremento exponencial de hectáreas debido a la poca disposición por parte del gobierno nacional de cumplir con los acuerdos para su erradicación, tema álgido que por denunciarlo cobró la vida del gobernador del resguardo de Huellas Caloto, Edwin Dagua Ipia en diciembre del 2018.

Así mismo, como es conocido, es rentable controlar las rutas en cuestión por medio del cobro de impuestos, lo que lleva a constantes enfrentamientos entre diferentes actores armados. Otros factores, además de los señalados, también están en disputa por la economía de la región, como son los monocultivos de caña de azúcar de los ingenios de Ardila Lule existentes en la parte plana del valle geográfico del río Cauca, así como las grandes extensiones de pino y árboles maderables de Cartón Colombia, ubicados en la parte alta del territorio ancestral de Cerro Tijeras, municipio de Buenos Aires, factores que evidencian una disputa no solo por el negocio del narcotráfico sino por el incremento de proyectos de explotación y extracción de los recursos naturales de la región.

En este marco, el crimen de Gersain Yatacue es un mensaje de que la guerra para las comunidades, autoridades y Guardias Indígenas del Norte del Cauca está más viva que nunca, lo que implicará mayor organización por parte de las comunidades, quienes con fuerza y valentía continúan defendiendo sus territorios por justicia, pervivencia y vida digna, para lo cual, como lo dicen en alguna de sus canciones: “por cada indio muerto otros miles nacerán”.

Publicado enColombia
El intento de exterminar a Sintraisa hace parte de la estrategia para la venta de ISA, y para el despido de trabajadores de ISA y su filial Intercolombia

Si bien el gobierno de Uribe en 2004 no pudo vender a ISA, hoy es propósito que la venda su títere “el presidente Duque”.

Los gobiernos de turno en Colombia no pueden incumplir los acuerdos que firmaron sus predecesores y menos los compromisos con la banca mundial, so pena de recibir el castigo que hoy sufren los pueblos de Siria, Libia, Venezuela, y para ello tienen a sus vasallos.

En las dos últimas décadas, los gobiernos de turno en Colombia, han tenido en común  la venta del patrimonio público y el propósito de transferir a las corporaciones privadas todas las empresas del estado, primordialmente las más rentables -aquellas que prestan servicios públicos- en las cuales, pueden imponer tarifas a su antojo con la garantía de una rentabilidad siempre creciente, que se convierte en otra causa de empobrecimiento de los pueblos, sin que los gobiernos, ni las nuevas generaciones puedan hacer nada en beneficio del usuario y menos en contra de la multinacionales que operan y despojan a su antojo.

Un caso en Colombia nos sirve de muestra, el que se vive en los departamentos de la Costa Atlántica con la empresa Electricaribe, que hoy distribuye la energía a más del 20% de la población colombiana y que fue intervenida tardíamente por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -Sspd-; territorio en el cual la multinacional prestó un mal servicio, obtuvo grandes ganancias, no obtuvo ninguna sanción, mientras ponen al pueblo a salvar la empresa con el incremento en la tarifa a través del plan de desarrollo del Sr. Duque; y la multinacional demanda al estado por un gran monto de dinero que seguramente pagarán las futuras generaciones por el despropósito de nuestros gobernantes de privatizarla en 1998, bajo los supuestos de que se mejoraría el servicio, se incrementaría el empleo y de la promesa de reducción de la tarifa a la población; supuestos que nunca se cumplieron, por el contrario, se incrementó la tarifa del servicio, quebraron una empresa rentable, saquearon los activos, corrompieron a algunos sindicatos, promovieron la corrupción y se robaron la plata de los pensionados, la que hoy tiene que pagar el pueblo colombiano a través de impuestos; igualmente pasó en el sector salud con Saludcoop y hoy con Medimas.

Por eso la propuesta de venta del patrimonio público a todas luces es contrario a los intereses del pueblo colombiano, no tiene ninguna razón que la justifique, como no la tuvo la venta de Telecóm, de Isagen, ni de UNE, la de los bancos del estado, y tampoco la tienen para justificar la venta de ISA.

Con la firma del acuerdo de Paz, con el aumento de la corrupción a todo nivel, con el asesinato de líderes sociales que ya suman más de 600, con la aniquilación de sindicalistas y el exterminio de sindicatos, se crea el escenario propicio para salir a “vender” el patrimonio público de los colombianos y en su proceso promover más la corrupción a los más altos niveles en beneficio de empresarios y de algunos funcionarios en el alto gobierno.

El escenario para la venta de ISA, desde el año 2005, se ha orientado internamente por su junta directiva, a través de los planes estratégicos y sus administraciones, así han definido e implementado una política de exterminio del sindicato y de flexibilización laboral, que obedece al objetivo del gobierno nacional de entregar a ISA en “bandeja de plata” a las multinacionales, haciéndola altamente rentable en el mercado eléctrico de Latinoamérica con mínima resistencia de la sociedad.  Así lo hemos advertido, ante los permanentes y sistemáticos ataques que las administraciones de ISA han cometido contra Sintraisa y contra los trabajadores, desconociendo derechos, tercerizando áreas, secciones y funciones, para hacer de ISA una empresa atractiva sin mayores responsabilidades laborales y de gran flexibilidad.

En razón de dicha estrategia se crea a Intercolombia -empresa de papel- que seguramente, entrará en liquidación tras la venta de ISA; quedando ISA con todos los activos, utilidades y rentabilidad, pero sin la responsabilidad ni el pasivo de la mano de obra. La suerte de los trabajadores de Intercolombia, poco importará para el nuevo propietario.

Debe entenderse que quien compre a ISA, debe tener experiencia, y por tanto sus propios trabajadores y debe ser altamente eficiente en mano de obra, lo que nos deja ante el escenario de que un buen número de trabajadores de Intercolombia y de ISA engrosarían la lista de desempleados en Colombia, muchos de los cuales hasta tendrán que demandar para que les paguen sus prestaciones.

La administración actual de ISA en cabeza de su presidente Bernardo Vargas Gibsone y su Vicepresidente de Talento Organizacional Carlos Humberto Delgado Galeano, han tratado de desconocer a Sintraisa, porque saben que es parte de los obstáculos para la privatización de ISA. Por lo que han adelantado a nombre propio y de terceros una serie de acciones legales, ilegitimas y hasta ilegales, para desconocer a Sintraisa, a sus representantes y a los trabajadores sindicalizados, tales como: demandas contra la estructura sindical, violación al fuero sindical, falsedad ante autoridades administrativas, violación al derecho de asociación y negociación colectiva al negarse a negociar los pliegos de peticiones, entre otras acciones; el propósito es desconocer los sindicatos y los derechos de los trabajadores que laboran para ISA desde su filial Intercolombia y exterminar a Sintraisa, la cual, desde la legalidad y sus actos se niega a desaparecer, aprestándose  a jugar el papel histórico que le corresponde, aun ante la adversidad de la realidad ya descrita, y ante la indiferencia de los que en poco tiempo ya no serán trabajadores de esa empresa que construyeron.

Es nuestro papel resistir y advertir que la realidad la creamos los trabajadores; que de nuestras acciones colectivas de hoy depende el futuro de las nuevas generaciones de trabajadores en Colombia y en el mundo; que no podemos sucumbir ante el interés de un grupo corrupto de políticos y empresarios que se enriquecen a costa de vender las fuentes de bienestar de las futuras generaciones.

Hacemos un llamado a rechazar la privatización de ISA, y hacer un frente común para que el patrimonio público se conserve como garantía de sostenibilidad y bienestar para el pueblo colombiano y para futuras generaciones de trabajadores en Colombia. 

Medellín, 15 de julio de 2019

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL SINTRAISA

Publicado enColombia
Lunes, 29 Julio 2019 06:19

Otros ritmos

Otros ritmos

La danza macabra del régimen estadunidense mantiene su ritmo. Sólo en estos últimos días Trump afirmó que el artículo segundo de la Constitución le otorga "el derecho de hacer lo que yo quiera como presidente" (falso, obviamente); declaró que entre sus opciones para "ganar" la guerra en Afganistán está una en la que ese país "sería eliminado de la faz de la tierra, y se acabaría, literalmente, en 10 días. Pero no quiero proceder por esa ruta, porque no quiero matar a 10 millones de personas". El Departamento de Justicia reactivó la pena de muerte federal por primera vez en 16 años; su régimen propone anular la asistencia federal para los que sufren hambre en este país, y anunció aún más medidas para perseguir y detener a inmigrantes, al tiempo que la Asociación Estadunidense de Pediatría difunde dibujos hechos por niños inmigrantes en centros de detención en Estados Unidos donde se autorretratan como figuritas de palo en jaulas.

 

Y después de días de su ataque racista contra cuatro diputadas federales progresistas (ninguna de ellas blanca) en respuesta a sus críticas contra su régimen, ahora incluyó en esa ofensiva a otro crítico: Elijah Cummings, diputado federal afroestadunidense por Baltimore, al acusar a su distrito de ser "un desastre repugnante infestado de ratas y roedores", donde "ningún ser humano desearía vivir", todo porque el legislador se atrevió a denunciar las condiciones de los niños inmigrantes en los centros de detención.

 

Pero algunos ritmos de resistencia también están cambiando de tono en la gran disputa por el futuro de esta nación. Además de constantes protestas, fragmentadas pero incesantes, contra las políticas del régimen a lo largo y ancho del país, ahora hay respuestas que hace poco serían impensables contra un presidente.

 

Este fin de semana, el Baltimore Sun, uno de los rotativos más antiguos del país, respondió al ataque del presidente contra esa entidad con un editorial titulado: "Mejor tener unas cuantas ratas que ser una", el cual concluyó: “le diríamos al hombre más deshonesto que jamás ocupó la oficina oval, el burlón de héroes de guerra, el feliz agarrador de las partes privadas de mujeres, el que perpetra seriales bancarrotas de negocios, el idiota útil de Vladimir Putin y el tipo que insistió en que había ‘gente buena’ entre asesinos neo-nazis, que aún no logra engañar a la mayoría de estadunidenses ni los ha hecho creer que es al menos un poco competente para su puesto actual. O de que posee un granito de integridad. Mejor tener unas alimañas que ser una”.

 

También han sucedido respuestas impulsadas por fuerzas divinas juguetonas.

 

Mientras ofrecía un discurso a jóvenes republicanos hace unos días, Trump no se dio cuenta de que en una pantalla detrás de él, se proyectó una imagen del emblema presidencial, pero tantito modificada: en lugar del águila imperial gringa, estaba un águila con dos cabezas parecida al emblema oficial ruso, y en una de sus garras empuñaba unos palos de golf y en el otro un fajo de billetes; en lugar del lema oficial en latín: E pluribus unum decía, en español: "45 es un títere" (Trump es el presidente 45 de este país).

 

Y de repente se escuchan nuevos ritmos que podrían buscar eco aquí. Poco después de que Trump repitió: "soy lo mejor que jamás le ha ocurrido a Puerto Rico", y que posee "un entendimiento real" de la isla como resultado de que él llevó un concurso de Miss Universo ahí, los boricuas dieron el ejemplo a todos los estadunidenses de cómo podrían responder ante un líder corrupto, cínico, mentiroso, homofóbico y racista. Con sus movilizaciones masivas incesantes (en parte nutridas por el trabajo de algunos periodistas de investigación) repletas de furia y ritmo –Nueva York y Washington incluidos (https://twitter.com/DavidBegnaud/ status/1153472864395452416)– triunfaron en obligar la renuncia de su gobernador el pasado miércoles. Esperan que éste sea sólo el inicio de un proceso democratizador.

 

"La hora de hacer ruido aquí en Estados Unidos llegó", recomendó la escritora puertorriqueña Lilliam Rivera en un artículo en el Washington Post, al señalar esta presidencia inaceptable. "Abran las ventanas, saquen las ollas y sartenes y empiecen a hacerlas sonar".

 

Urgen nuevos ritmos para cambiar la coreografía entre los estadunidenses, y los caribeños les acaban de regalar una buena tonada.

Publicado enInternacional
La ética rentista y el espíritu del extractivismo

En el marco de las polémicas que retornan ante el proyecto minero de Tía María, enclavado en el sur de Perú, un grupo de personalidades subscribió un “Acuerdo por el Desarrollo”. En ese texto apoyan una minería que llaman “moderna” y que serviría para el “desarrollo”, compartiendo una serie de recomendaciones para el Estado, la empresa y las comunidades locales, a las que les piden abandonar “discursos polarizantes” (1).

Tía María es un enorme proyecto de minería de cobre de la empresa Southern Peru Copper Corporation, localizado en el departamento de Arequipa, y que ha venido despertando todo tipo de polémicas desde hace diez años atrás (2). Se procesarán cien mil toneladas por día, de los cuales la mayor parte quedará como residuos ya que la concentración de cobre está estimada apenas en un 0,38 %. La meta es explotar 650 millones de toneladas de mineral con óxido de cobre. La explotación minera además compromete recursos hídricos clave para los agricultores de la zona. La resistencia local existe por lo menos desde 2009, los estudios de impacto ambiental han sido muy cuestionados, y se han pasado por picos de muy dura resistencia, incluyendo importantes movilizaciones y enfrentamientos, sumando al menos siete muertos.

El politólogo Martín Tanaka, uno de los firmantes del “Acuerdo”, en twitter defendió ese Acuerdo ante una aguda crítica de Mirta Vázquez, una reconocida abogada que acompaña a líderes locales ante las empresas extractivas (3). Vázquez señaló que algunas ideas del Acuerdo eran “absurdas” pero Tanaka replicó que compartía el “espíritu” de la declaración.

El uso de esa palabra, “espíritu”, y en ese contexto, inmediatamente me recordó a Max Weber con su clásico “La ética protestante y el espíritu del capitalismo”, publicado en 1905. En esa obra, el sociólogo alemán retrataba el profundo cambio cultural de la pérdida de trascendencia que antes se buscaba en la religión, para ser suplantada por una moralidad impersonal e individualista. Perseguir el éxito económico, ganar dinero y más dinero, se volvió un fin en sí mismo que pasó a ser aceptado socialmente. Allí está el “espíritu” al que se refiere Weber, y que se lo adjudica al “capitalismo”, aunque su uso de esa palabra mejor correspondería a lo que hoy llamaríamos cultura o modernización.

Apelando a esa perspectiva, ¿cuál sería el “espíritu” del Acuerdo por el Desarrollo enfocado en Tía María? Para responder esto comencemos por precisar que aquella idea de “espíritu” no tiene un sentido religioso o metafísico, sino que sirve para entender los valores (ética) y los sentidos de los correcto e incorrecto en la sociedad (moral). Hoy estamos frente a extractivismos mineros y petroleros que tienen por detrás una ética y una moral. En ellos, la valoración económica reemplaza otros valores, y por ello ya no interesa ni importa si se “matan” o “amputan” a los apus, ya que se los ha despojado de cualquier trascendencia. El objetivo es lograr el éxito económico y captar la mayor proporción posible de renta económica. Esto no se esconde, sino que ahora goza de legitimidad moral. Lo moralmente correcto es ganarse los billetes como sea. Es más, la moral comenzó a actuar en sentido invertido ya que sería “inmoral” no aprovechar las riquezas minerales y petroleras del país, dicen empresarios, gobiernos y buena parte de la academia.

A mi modo de ver, el “Acuerdo por el Desarrollo – a propósito del proyecto Tía María”, está embebido en ese espíritu de la cultura capitalista o moderna aunque con algunas particularidades contemporáneas y criollas. Alrededor de cincuenta personas adhirieron al Acuerdo, y ciertamente hay variedad entre ellas, pero todos coincidieron en al menos dos cuestiones básicas: alentar la minería y no advertir que lo que proponen es imposible. Para decirlo con más precisión: el punto de partida del Acuerdo son unas metas incompatibles entre sí.

Es como si los que lo firmaron no hubiesen analizado con rigurosidad lo que allí estaba escrito. Esas incongruencias se disimulan por el llamado una y otra vez al “desarrollo”, y en ello reaparece otro aspecto del “espíritu” del documento: invocar una difusa idea del desarrollo como justificación de una moral para que algunos se beneficien mientras se daña a otros y al ambiente.

Me explico: el Acuerdo comienza postulando que es posible una minería, o sea un extractivismo, que atienda cuatro condiciones. Estas son cumplir con estándares globales, proteger el ambiente, dinamizar el desarrollo nacional y beneficiar a las poblaciones locales. Habría una minería, que ellos llaman “moderna” que debería cumplir los cuatro objetivos a la vez, todos al mismo tiempo.

Ante esto se debe señalar con toda claridad y énfasis que eso es imposible. No se pueden cumplir todas esas condiciones a la vez. Además, algunas de ellas ni siquiera existen en los términos que se plantean en ese Acuerdo.

Para evaluar si es posible alcanzar las cuatro metas, comencemos por una de ellas. Pongamos por caso que un emprendimiento como Tía María realmente promueva el desarrollo nacional, dejando en suspenso que quieren decir los firmantes del Acuerdo con conceptos como “dinamizar” y “desarrollo”. Pero, si se implanta esa minera enseguida se incumple otra meta del Acuerdo, la de la protección ambiental. Es evidente que un megaproyecto como Tía María acarrea alteraciones ecológicas de tal magnitud que no es posible asegurar que allí hay una “protección” de la Naturaleza. Por su propia dimensión y operación, ese proyecto conlleva un impacto ambiental severo, y las opciones de amortiguación y remediación son limitadas.

La discusión real es si se aceptarán o no, ese tipo de amputaciones ecológicas bajo el supuesto de un beneficio económico (entendido como ingresos de dinero por la exportación de materias primas). Es una falacia afirmar que se alcanzará a la vez una ventaja económica y una protección de la Naturaleza. Si hay una protección de la Naturaleza no habría beneficio económico planteado en esos términos, y si se busca el provecho de la renta será necesario perforar, horadar y extraer el mineral con todos sus impactos ecológicos.

Algo similar ocurre con la meta de “estándares globales” que plantea el Acuerdo, ya que no existen requisitos internacionales acordados por ejemplo para lidiar con los impactos de la minería. En realidad, los países compiten por rebajar sus controles ambientales para atraer a los inversores, y ese propósito estaba detrás de los defensores del “paquetazo ambiental” (y no escapa a nadie que algunos de los firmantes apoyaban ese tipo de rebajas ecológicas). Si por “estándares globales” los firmantes del Acuerdo se refieren a algunas reglas de desempeño que se sigue, pongamos por caso en la Unión Europea o que promueve Naciones Unidas, ya se sabe que la anterior evaluación ambiental recibió 138 observaciones desde los veedores de UNOPS, y la más reciente padece de otros serios problemas como se reveló en la prensa. Estamos ante otro objetivo violado (4). El gobierno Vizcarra recientemente otorgó la licencia ambiental al emprendimiento a pesar de todas estas limitaciones y de la resistencia ciudadana.

Los extractivismos denominados de tercera generación, que corresponden a actividades como la megaminería a cielo abierto o la explotación petrolera en selvas tropicales, por sus impactos y las resistencias que generan, son resistidos por comunidades locales sea en Perú como en todos los demás países del continente. En todas ellas hay grupos locales que los consideran perjudiciales. Esto hace que se viole otra de las metas de los firmantes del Acuerdo, la que se refiere al “beneficio” de las comunidades locales. La imposición de los emprendimientos, muchas veces por medio de la policía o la criminalización muestra cristalinamente la facilidad con que se abandonan objetivos de ese tipo.

Por todo esto, lo más impactante con el texto de ese Acuerdo no es tanto que repita el mito de una minería moderna que sería mejor y más provechosa, sino que sus firmantes ni siquiera se dan cuenta que su planteo es contradictorio en sí mismo y por lo tanto imposible. Si se cumplen una o dos de sus metas, inmediatamente se están violando alguno de sus otros objetivos. El Acuerdo tiene un vicio de nacimiento y es carecer de coherencia interna. Las referencias a los estándares globales o la protección ambiental quedan convertidos en una retórica justificativa.

Como hay una ceguera radical en advertir esto, el Acuerdo da unas curiosas vueltas basadas en recomendaciones, tales como impulsar programas de desarrollo de la agricultura, salud y educación, o crear un fondo de desarrollo. A tono con las clásicas defensas extractivistas, en el Acuerdo no hay pudor en concluir pidiéndole a las comunidades locales que dejen los “discursos polarizantes” y tomen a la minería como “una oportunidad de desarrollo”. Habría que ver si cuando una comunidad local reclama proteger el ambiente, una de las metas de los firmantes del Acuerdo, serán respaldados desde Lima como paladines de la justica ecológica o serán estigmatizados como actores atrapados en discursos polarizantes que impiden el desarrollo.

Por esto concluyo que el contenido del Acuerdo sí tiene un espíritu, y siguiendo la inspiración de Max Weber de hace más de un siglo atrás, me pregunto si no estamos ante algo así como “La ética rentista y el espíritu del extractivismo”.

Si por el contrario, el objetivo de los que firmaron el “Acuerdo por el Desarrollo” es como indican, “evitar una confrontación con posibles consecuencias lamentables”, deberían comenzar por sopesar que tal vez la primera línea de su documento debería haber sido un llamado a detener todo ese proceso.

Notas

  1. Acuerdo por el Desarrollo – a propósito del proyecto Tía María, El Comerio, disponible en: http://www.centrowinaq.com/noticias/acuerdo-por-el-desarrollo-proposito-del-proyecto-tia-maria
  2. Aportes técnicos que cuestionan la viabilidad del proyecto minero Tía María en Islay – Arequipa, M. del Castillo y colaboradores, Red Muqui y Cooper Acción, Lima, 2015.

Pinto Herrera, H. Proyecto minero Tía María: razones de la protesta. Investigaciones Sociales, UNMSM, 20 (36): 199-213.

  1. ¿Acuerdo por el Desarrollo de Tía María?, M. Vázquez, Noticias Ser, Perú, http://www.noticiasser.pe/opinion/acuerdo-por-el-desarrollo-de-tia-maria
  2. Tía María y las observaciones que Southern Copper tiene pendientes, J. Paucar Albino, La Mula, Lima, 18 julio 2019, https://redaccion.lamula.pe/2019/07/18/tia-maria-licencia-construccion-informe-resolucion-minem-southern-copper-observaciones/jorgepaucar/
  3. Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). Una primera versión de este artículo se publicó en Noticias Ser de Perú. Seguimiento: twitter: @EGudynas
Publicado enMedio Ambiente