Millones de jóvenes se movilizan en todo el planeta por la justicia climática

Fridays For Future, Extinction Rebellion, By 2020 Rise Up, Ende Gelände o Sunrise denuncian la inacción “criminal” de los gobiernos

 

7,6 millones de personas de 185 países, y 6.135 acciones con el apoyo de 820 organizaciones. Es el balance de la semana global de huelga y movilizaciones –entre el 20 y el 27 de septiembre de 2019- que reivindicó justicia climática y el fin de la era de los combustibles fósiles. ¿Cómo se explica la potencia de estas manifestaciones, en Nueva Zelanda, Italia, Estados Unidos, Chile o India? Uno de los antecedentes significativos se produjo en el verano de 2018, cuando la estudiante de 15 años, Greta Thunberg, inició una sentada de protesta en horario escolar frente al Parlamento de Suecia; fueron los orígenes del movimiento Fridays For Future.

En la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, de 2018, celebrada en Katowice (Polonia), la joven activista afirmó: “Países ricos como Suecia han de empezar a reducir las emisiones al menos un 15% anual, para alcanzar el objetivo del calentamiento global por debajo de los 2ºC” (respecto a los niveles pre-industriales, según los Acuerdos de París); además recordó que cada día se extinguen 200 especies y que el consumo mundial de petróleo suma 100 millones de barriles diarios. Es “el camino de la locura”, subrayó. El 30 de octubre Greta Thunberg declinó el premio medioambiental del Consejo Nórdico dotado con 47.000 euros.

La huelga mundial por el clima del pasado 15 de marzo movilizó, según fuentes de la organización, al menos a 1,4 millones de jóvenes en 2.418 ciudades de todo el planeta. Tom Kucharz, miembro de Ecologistas en Acción, ha participado en un acto sobre “Crisis climática como consecuencia de la depredación capitalista”, organizado por el Centre de Documentació i Solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica (CEDSALA)-País Valencià. “Más allá de las manifestaciones –subraya el activista-, están produciéndose acciones de desobediencia civil masiva para forzar a los líderes políticos a la toma de decisiones; es muy importante conectar la justicia climática con la agenda social y la lucha en los barrios”, añade.

Los inicios del movimiento Extinction Rebellion (XR) remiten al 31 de octubre de 2018, cuando 1.500 personas participaron en una acción de bloqueo en Parliament Square de Londres, y formularon una “Declaración de Rebelión” contra el gobierno británico por su inacción “criminal” ante la crisis ecológica; “nuestros mares están envenenados y aumenta la acidificación. Las inundaciones y la desertificación harán inhabitables vastas extensiones de tierra, lo que causará migraciones masivas”, alertaron.

El 15 de abril de 2019 grupos Extinction Rebellion desarrollaron acciones de protesta en 80 ciudades de 33 países. En Londres bloquearon cinco puntos neurálgicos de la ciudad, en los que se organizaron asambleas, actividades artísticas y denunciaron, en la sede de Shell, el “ecocidio” perpetrado por la petrolera (fueron escenario de las reivindicaciones, asimismo, las oficinas de Repsol en Madrid, de la empresa Total en París, el entorno del Parlamento Europeo en Bruselas o calles de Ottawa y Estambul). El 7 de octubre de 2019 se convocaron más actos de desobediencia –bloqueo de carreteras, puentes o nudos de transporte, entre otros- en 60 ciudades de todo el mundo. Como ejemplo de la represión, Extinction Rebellion informa que, en la semana de la rebelión entre el 15 y el 25 de abril, la Policía Metropolitana realizó 1.130 arrestos en Londres. La página Web de XR contabilizaba a primeros de octubre 485 grupos de activistas en 473 ciudades de 72 países.

Asimismo respaldan a By 2020 We Rise Up cerca de 50 organizaciones, la mayoría europeas. La Plataforma-Campaña independiente By 2020 tiene como fin contribuir a una conexión entre las luchas (no planificarlas) por la justicia climática y el cambio de sistema. “Durante los últimos días de septiembre de 2019 y en 2020, Europa vivirá varias oleadas de acciones masivas coordinadas: la gente bloqueará gasoductos, puertos, aeropuertos, minas de carbón, la agroindustria, bancos, fábricas de armas y fronteras”, señalan en la página Web.

En este contexto, By 2020 se define como punto de contacto, difusión de acciones y “esfuerzo de coordinación” que no habla en nombre de los grupos locales ni activistas; la Campaña/Plataforma cuenta con un equipo de difusión, traducción, trabajo legal, además de los encargados de la página Web y las redes sociales. En marzo de 2019, hicieron un llamamiento a la “interrupción civil, coordinada y masiva” de un sistema “que lleva a la humanidad al borde del abismo”. Además convocan a reuniones periódicas para la coordinación de estrategias, por ejemplo entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre en Nuremberg. Entre las acciones difundidas por By 2020, figuran las de la semana por el clima de Viena; las de desobediencia civil del pasado 7 de octubre en Madrid; o en Francia, contra la impunidad de las multinacionales.

“¡Paremos el carbón, que todas las aldeas permanezcan!”. Es la consigna con la que el movimiento internacional Ende Gelände convocó -entre el 19 y el 24 de junio de 2019- a la acción directa no violenta en el área de la minería de lignito de Renania; así, más de 6.000 personas bloquearon puntos estratégicos en las zonas que explota la compañía energética alemana RWE; ocuparon vías férreas para el suministro de combustible a la central eléctrica de Neurath, propiedad de RWE; entraron en la mina a cielo abierto de Garzweiler, cerca de Colonia, y pararon excavadoras de carbón, mientras 8.000 personas convocadas por ONG y colectivos locales se manifestaron en apoyo de las poblaciones amenazadas por la minería; asimismo el 21 de junio, 40.000 jóvenes marcharon en la ciudad de Aquisgrán (Renania del Norte-Westfalia), a 50 kilómetros de la mina, con motivo de la huelga por el clima de Fridays for Future; “durante las acciones de desobediencia la policía violó masivamente los derechos civiles”, informó Ende Gelände en un comunicado. Llegados de diferentes ciudades europeas, los activistas partieron de un campamento de protesta ubicado en la ciudad de Viersen.

Entre el 25 y el 29 de octubre de 2018, Ende Gelände convocó a los bloqueos en la mina carbonífera cercana al bosque de Hambach, en Renania; contra las talas forestales y extracción de lignito por la empresa RWE se movilizaron, según los organizadores, 6.500 personas.

En el acto de CEDSALA, Tom Kucharz también ha destacado la lucha de los jóvenes de Sunrise en Estados Unidos, movimiento surgido en 2017. En las redes sociales se presentan con la siguiente disyuntiva: “Nuestro gobierno ha de elegir: proteger los bolsillos de los ejecutivos del petróleo y sus bonos de millones de dólares” o, por otro lado, “nuestro futuro”. Entre los principios de Sunrise figura la no violencia “que nos permite ganar el corazón de la gente”. Se organizan en nodos, radicados en pueblos, ciudades y escuelas de Alaska, California, Florida, Washington o Nueva York. El movimiento respalda a políticos y candidatos que representen a los ciudadanos y no a la industria de los combustibles fósiles, pero –matizan- “no hay amigos ni enemigos permanentes”. Entre los apoyos recibidos por los activistas, destaca el de la congresista Aleixandra Ocasio-Cortez.

Una de las propuestas centrales y con la que interpelan a la política oficial es el New Deal verde; el nuevo acuerdo verde apunta, con la perspectiva de una década, a la “movilización” de la sociedad estadounidense hacia los objetivos del 100% de energías limpias y las emisión cero de gases de efecto invernadero; también a “crear millones de buenos empleos con salarios altos y garantizar la prosperidad y seguridad económica de toda la población de Estados Unidos”. El 10 de diciembre de 2018 mil activistas de Sunrise reivindicaron el New Deal verde en el Congreso (Washington), donde protagonizaron sentadas en las oficinas de dirigentes del Partido Demócrata y mostraron carteles con las consignas “No más excusas” o “Haced vuestro trabajo”; 143 personas fueron arrestadas. Además la policía practicó más de 40 detenciones cuando, en febrero, estudiantes de Kentucky protestaron en las oficinas del senador Mitch McConnell, del Partido Republicano, en el Capitolio; con el lema “Míranos a los ojos”, los estudiantes y los miembros de Sunrise preguntaron si las donaciones que McConnell recibió -en las tres últimas legislaturas- de las compañías del petróleo, gas y carbón (1.542 millones de dólares) eran más importantes que el futuro de la juventud.

Tom Kucharz ha participado en otro debate en Valencia, en el Centre La Nau de la Universitat, sobre Transnacionales, Derechos Humanos y Tribunales de Arbitraje. El investigador social y activista ha destacado, como uno de los ejes de lucha para los movimientos sociales, el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), firmado el pasado 28 de junio tras más de dos décadas de negociaciones; la asociación entre los dos bloques representa –según cifras oficiales- un mercado (integrado) de cerca de 800 millones de consumidores y un 25% del PIB mundial (el actual comercio bilateral de bienes y servicios entre la UE y Mercosur suma 122.000 millones de euros anuales, según la Comisión Europea). La entrada en vigor del acuerdo requiere la aprobación de los parlamentos nacionales.

Integrada por un centenar de organizaciones, la Campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión denuncia que el acuerdo entre la UE y Mercosur tendrá, entre otros efectos, “un impacto negativo incalculable sobre la crisis climática"; según la Campaña, la liberalización comercial “beneficiará principalmente a grandes industrias europeas como la automovilística, química, farmacéutica o la textil; y a los grandes exportadores de productos agropecuarios de los países del Mercosur”; por ejemplo, detallan en un comunicado, “se incrementará el ya descontrolado ritmo de deforestación de la Amazonía y otros ecosistemas como El Cerrado de Brasil o El Chaco de Argentina y Paraguay”, ya muy afectados por la expansión del cultivo de la soja y la ganadería vacuna a gran escala.

Otro punto neurálgico y de batalla, según Kuchard, es el Tratado sobre la Carta de la Energía (TEC), acuerdo comercial y de inversiones que entró en vigor en abril de 1998, y del que son miembros cerca de 50 países, principalmente europeos pero también de Asia. “El tratado permite que los inversores extranjeros puedan demandar a los gobiernos signatarios por cualquier medida adoptada en el sector de la energía que consideren perjudicial para sus ganancias”, resume el informe Un Tratado para gobernarlos a todos, publicado en 2018 por Corporate Europe Observatory (CEO) y el Transnational Institute (TNI); las demandas no se resuelven ante los tribunales ordinarios, sino ante tribunales internacionales de arbitraje entre inversores y estados.

El documento señala que, entre 1998 y mediados de 2018, se habían producido al menos 114 demandas de inversores y multinacionales en virtud del TCE; y que, a finales de 2017, los gobiernos habían sido condenados/accedido a pagar 51.200 millones de dólares en concepto de daños. “El TCE es uno de los obstáculos más importantes para adoptar iniciativas contra el cambio climático por parte de los gobiernos”, concluye la Campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión.

El documento de CEO y el TNI cita ejemplos como el de la multinacional sueca Vattenfall, que presentó en 2012 una demanda contra el gobierno alemán (4.300 millones de euros más intereses) en concepto de indemnización, cuando el ejecutivo decidió el abandono paulatino de la energía nuclear (la compañía se basó en la pérdida de ganancias vinculada a dos de sus reactores nucleares); el informe añade que, en 2017, la empresa británica Rockhopper demandó al Estado de Italia, por la negativa a otorgarle una concesión para las perforaciones de gas y petrolíferas en un yacimiento del Mar Adriático (las reclamaciones se basan en gastos irrecuperables y expectativas de ganancias de la petrolera). Por otra parte, en una carta dirigida a la ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España, Teresa Ribera, la Campaña recuerda que el estado español es, en el marco normativo del TEC, el país más demandado del mundo; de las 46 demandas en relación con los recortes a las energías renovables, 13 habían sido resueltas cuando se remitió la carta (septiembre de 2019); 11 de los fallos resultaron favorables a los inversores extranjeros, lo que implica una condena -al estado español- al pago de cerca de 800 millones de euros en indemnizaciones. 

Por Enric Llopis

Rebelión

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Integrantes de la iniciativa agrícola FarmHub, en el estado de Nueva York FARMHUB

La ciudad de Kingston, en el estado de Nueva York, está intentando construir un ecosistema local inclusivo y autosuficiente

 

Todo empezó con O+, un festival que ayuda a artistas a intercambiar su trabajo por prestaciones de sanidad ante la dificultad de acceder a seguros privados

 

"Cuando todo se vaya al carajo, no va a venir nadie a rescatarnos. Tenemos que encontrar una solución nosotros mismos", señala el director de la radio local

 

La ciudad de Kingston, en el estado de Nueva York, tiene una población diversa de 23.000 habitantes y está flanqueada en el este por el arroyo Rondout y el río Hudson y en el oeste por las montañas Catskill. Cuenta con una rústica ribera industrial, un colorido casco histórico y edificios de piedra de la época colonial. Cualquier viajero podría describirla como bucólica.

Las calles del centro están llenas de restaurantes y, desde hace un tiempo, tiendas de vestidos de terciopelo, ropa de segunda mano, productos medicinales elaborados con cannabis y teteras con pantallas LCD. Pero al pasar por la librería Half Moon Books, el visitante puede encontrarse con otro aspecto de la ciudad. El escaparate de la librería exhibe únicamente literatura de no ficción sobre el fin del mundo tal y como lo conocemos. "Comencé organizando un escaparate sobre utopías", explica la vendedora de libros Jessica DuPont, "pero no sé cómo acabé con libros sobre la agonía del capitalismo".

Hace poco más de una década me mudé a Kingston desde la ciudad de Nueva York, cuando se desató la crisis económica de 2008. Había terminado mis estudios en la universidad hacía tres años, pero mi incipiente carrera en los medios de comunicación se vio arrastrada por la recesión. Unas amigas mías, dos pintoras –una de unos 30 años y otra de más de 40–, eran propietarias de un edificio en el que estaba disponible un piso en la segunda planta. Allí podría vivir y trabajar.

Mis nuevos vecinos –artistas, músicos, dueños de tiendas o restaurantes, constructores, galeristas– me trataron como si fuera de la familia. Nuestra comunidad era diversa en cuanto a edad, pero todos teníamos ambiciones creativas e independientes en un sitio donde no abundaban las oportunidades económicas.

Así, muchos de nosotros nos encontramos con el mismo problema: la imposibilidad de acceder a un seguro de salud. Hace tiempo que el sistema de sanidad de EEUU es un desastre: lo era entonces y todavía lo es, porque aunque hay un sistema de sanidad público, los gastos extra y los copagos son astronómicos. Por suerte, entre nuestros amigos había médicos y dentistas que consideraban que nuestro trabajo era igual de valioso que el suyo. Entonces, se nos ocurrió algo. Basándonos en el viejo sistema de trueques, diseñamos una forma de intercambiar el arte de la medicina por la medicina del arte.

En octubre de 2010, lanzamos nuestro primer festival de arte callejero que duró todo un fin de semana, con música en vivo y eventos vinculados con la salud. Lo llamamos O+, como el grupo y el tipo sanguíneo. El público general podía participar mediante una donación. Los profesionales de la salud podían ofrecer su trabajo en una clínica que montamos en la calle.

Durante los siguientes años, miles de artistas como Lucius, Spiritualized y artistas locales que han tocado con los B-52’s y David Bowie, han recibido atención médica y dental valorada en cientos, a veces miles de dólares. Algunos artistas incluso afirman que la atención que recibieron allí les salvó la vida.

Poco después del primer O+, me marché de Kingston porque me surgió una oportunidad de empleo en otra ciudad. Ahora vivo en Savannah, en el estado de Georgia. Pero O+ siguió adelante. Los organizadores se han expandido para ofrecerle al público general más recursos: kits de rescate para sobredosis de opioides, formación en reanimación cardiopulmonar, conferencias sobre temas de salud y clases de bienestar que duran todo el año.

Algunos políticos locales o vecinos que no están de acuerdo con que se intercambie arte por atención médica y dental han intentando poner trabas, pero la causa siempre ha estado alimentada por un sentimiento de rebeldía y por la comprensión de que los artistas necesitan atención médica y de que el arte es bueno para la salud.

"Para cambiar el sistema a nivel nacional, hay que hacer miles de cosas a nivel local y en algún momento el sistema evolucionará", asegura el director ejecutivo de O+, Joe Concra, en cuyo edificio yo vivía cuando comenzamos el proyecto. Concra trabajó como voluntario a jornada completa durante años, hasta que gracias a becas y donaciones se pudieron pagar tres modestos salarios a jornada completa y siete de media jornada. "Cada vez que entro a la clínica, pienso: ‘Vaya, sí que es posible construir un sistema nuevo’. Me niego a creer que es imposible. Por eso seguimos trabajando en esto'".

La semana antes de la décima edición del festival O+, Concra y yo nos sentamos en la cafetería de Rough Draft, una librería independiente de Kingston que abrió en 2017 y a menudo es sede de eventos de organizaciones sin ánimo de lucro para recaudar fondos. Los tres empleados de la cafetería llevan camisetas de O+.

"Cuando comenzamos con esto", relata Concra señalándose a sí mismo, a mí y a la habitación, "no nos dábamos cuenta de lo que estábamos haciendo". Se pone de pie y corre al otro lado de la tienda para buscar un ejemplar de Sobrevivir al Futuro de David Fleming (2016), un tratado sobre comunidades sostenibles "en el marco de una economía de mercado" y abre la página en un capítulo llamado Carnaval. "Mira", me dice. "Estábamos creando un carnaval para la revolución".

Puede ser que O+ haya aportado el carnaval. Ahora ya no está solo en la revolución: la red de sanidad anticapitalista y antisistema de Kingston es solo un ejemplo de un modelo que podría reemplazar a las corporaciones en el país. Los vecinos han lanzado una cadena de radio no comercial, Radio Kingston WKNY, con una programación representativa de las comunidades locales que se emite gracias a grupos electrógenos si se corta la electricidad. También existe una micro-moneda regional llamada la Moneda Hudson Valley para "generar un ecosistema que nos incluya a todos", en palabras de su cofundador David McCarthy.

Iniciativas agrícolas como Farm Hub trabajan para lograr sistemas de alimentación fuertes e igualitarios. Una red de carriles bici conecta los pueblos con las granjas locales (para cuando ya no haya gasolina para los coches). Y organizaciones como RiseUp Kingston, Kingston Citizens, Nobody Leaves Mid-Hudson, y la Kingston Tenants Union facilitan la participación ciudadana, luchan contra los desahucios y promueven políticas públicas para combatir la cada vez más acuciante escasez de viviendas.

Visto desde mi casa en el sur del país, da la sensación de que, poco a poco, Kingston está montando la infraestructura de una comunidad autosuficiente, una comunidad que pretende sobrevivir a un posible colapso económico sobre el que bromeamos mientras bebemos cerveza en Rough Draft.

DuPont, la vendedora de la librería Half Moon, no cree que el vecino medio de Kingston esté activamente preparándose para una implosión social. "Pero sí pienso que las presiones económicas –especialmente cómo se han disparado los precios de las viviendas– están haciendo que la gente busque formar nuevas redes y maneras de apoyarse entre sí", señala. Mientras tanto, los directores de las organizaciones arriba mencionadas se enfrentan a preguntas como: "¿Cómo podemos asegurarnos de tener todos los recursos que necesitamos?" y "¿cómo hacemos para no dejar a nadie atrás?".

El primer fin de semana de noviembre, en una escuela de la ciudad, se organizó una conferencia llamada Sobrevivir al futuro: conexión y comunidad en tiempos de inestabilidad. "Prominentes pensadores de cambios en el sistema y transiciones" hablaron sobre temas clave para una "transición justa", inclusiva y holística del capitalismo hacia algo nuevo… lo que quiera que sea aquello.

Gran parte del trabajo es imaginar cómo se arma algo desde cero: en un panel sobre la vivienda como derecho humano, copresentado por Radio Kingston, O+, el Centro Comunitario LGTBQ Hudson Valley y otros, Callie Jayne de RiseUp Kingston explica modelos de trabajo para abordar su principal preocupación: la escasez de viviendas. "Si no se ha hecho antes, probablemente sea algo bueno, porque lo que hemos estado haciendo no ha funcionado".

"Me siento privilegiada por formar parte de las conversaciones de alto nivel sobre qué sucederá en el futuro", afirma el director ejecutivo de Radio Kingston, Jimmy Buff. "Aquí hay gente que está intentando encontrar una vivienda que no le cueste el 50% de sus ingresos o quedarse en viviendas en las que han vivido durante décadas y que la gentrificación no los obligue a marcharse del barrio. La crisis climática, la potencial agitación civil…¿Cómo nos organizamos a nivel local para abastecernos cuando todas estas cosas que parecen estar yéndose al diablo se vayan efectivamente al diablo?"

Yo me pregunto esto mismo constantemente. Pero en Savannah –una ciudad de 124.000 habitantes con una gran división racial y política y una tasa de pobreza un cuarto mayor que la de Kingston– formo parte de una minoría muy pequeña. En la radio no se escuchan conversaciones sobre igualdad ni están representadas las voces diversas de mi barrio. No he visto libros apocalípticos en los escaparates de las librerías. Cuando pienso en lo poco preparados que estamos para la crisis, echo de menos Kingston.

"Cuando todo se vaya al carajo, no va a venir nadie a rescatarnos", dice Buff. "Tenemos que encontrar una solución nosotros mismos, porque esta es nuestra ciudad. Aquí es donde vivimos. Esto es todo lo que tenemos".

Traducido por Lucía Balducci.

Publicado enSociedad
Domingo, 10 Noviembre 2019 05:38

El desborde en Chile

El desborde en Chile

 El gobierno de Piñera acaba de quebrar el record mundial de heridos en los ojos, y hay palizas, torturas, muertos, acoso sexual y denuncias de centros clandestinos. Hay casi dos mil heridos y el Instituto de Derechos Humanos chileno recibió 2300 denuncias.

 

Las violaciones a los derechos humanos abarcan en Chile un espectro amplio. Hay un récord mundial de heridos en los ojos, veinte muertos registrados en el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) --cinco en manos de agentes del Estado--, violencia sexual. Niños y adolescentes son detenidos y reciben disparos y gases todos los días, incluso en los colegios. Hay golpizas, torturas, denuncias de la existencia de centros clandestinos de detención, familiares que desconfían de las autopsias. Los heridos son al menos 1915. El Instituto recibió 2300 denuncias por vulneraciones de derechos humanos desde que comenzó el estallido. La Organización Naciones Unidas difundió un comunicado en el que condena el uso excesivo de la fuerza y los actos de violencia.

Van tres semanas del despertar de Chile y la represión recrudece, despojando a la sociedad de su derecho a manifestarse. Esta semana, el presidente anunció proyectos de ley que criminalizan la protesta y convocó al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena). El pueblo sangra pero responde con marchas --el viernes hubo una masiva, que según Interferencia reunió a medio millón de personas-- y cabildos. Según cifras del Ministerio del Interior, hubo cuarenta lesionados. Los intentos de Sebastián Piñera de desgastar la movilización no dan resultado. “Manda cada vez más violencia a la calle. Quiere apagar el fuego con bencina. Pero están cada vez más fuertes las ganas de luchar y de bajarlo”, dice a Página/12 Lenny Montanares, 18 años, herido con veinte balines de goma en Parque Bustamante. 

La percepción de la mesa de Unidad Social, conglomerado de sindicatos y organizaciones que de algún modo canaliza la voz del pueblo, es que Piñera sigue sordo al reclamo de las calles, que es la asamblea constituyente: “Insiste en su política represiva, agudizando el conflicto”, opina Carolina Espinoza Tapia, de NO+AFP. Después de la gran marcha del viernes, Piñera dijo que prepara “un proyecto de cambios” a la Constitución. La dirigente cuestiona la reforma tributaria por “insuficiente y cosmética” e informa que los sindicatos harán huelga el martes. “Estamos siendo perseguidos, reprimidos; seguimos sumando heridos y detenciones ilegales. El abuso policial se extiende especialmente a los chiquillos”, advierte. Este martes, los Carabineros dispararon en un colegio secundario femenino. Dos menores resultaron heridas. Según los medios, una recibió el impacto de quince perdigones.

 

Un Estado que extirpa ojos

 

El 23 de octubre, Alejandro Muñoz Fuentes había combinado con sus compañeros de la banda Anarkía Tropikal para marchar a Plaza Italia. En la esquina de Santa Rosa y Alameda se encontró con barricadas y peleas entre policías y manifestantes. “Yo estaba apagando bombas lacrimógenas con un tarro de agua”, cuenta el hombre de 36 años a este diario. De pronto sintió un zumbido. Vio una lacrimógena a punto de impactar. No alcanzó a moverse. “Me pegó de frente en mi ojo y caí al suelo con mi tarro”, recuerda. Mientras un grupo de jóvenes lo arrastraba por la Alameda para auxiliarlo, los Carabineros seguían disparando gases. Detrás de unos árboles del cerro Santa Lucía fue atendido por la Cruz Roja y estudiantes de medicina. En la clínica le diagnosticaron explosión ocular con desprendimiento de retina y globo. Lo trasladaron y lo operaron. “Me reconstruyeron el ojo. Me lo habían desmembrado. Parece uno normal y lo puedo mover, pero no veo. Una oscuridad absoluta.”


“Salí a protestar por la injusticia y ahora es todo más injusto. Antes tenía una pequeña empresa, me estaba yendo muy bien. Voy a tener que buscar una nueva forma de vida. Tengo que seguir adelante. Si me quedo me pudro”, expresa el obrero de la construcción, gasista, plomero y artista plástico. “El Estado me extirpó un ojo. Necesito que se haga responsable. Tiene que pagarme hasta el último peso (del tratamiento)”, exige Alejandro, que tiene tres abogados.


El suyo es un trauma que comparten 182 personas, según el último reporte del INDH. El número de heridos con lesiones oculares, en su mayoría a causa de perdigones y balines, “es totalmente inusual para la historia de Chile y del mundo”, afirma Enrique Morales, presidente del departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico. Ahora mismo esa cifra está creciendo, a pesar de los llamados de atención de médicos y referentes de derechos humanos. Es un récord mundial si se compara con otras áreas de conflicto como Israel y Palestina. “Varias decenas han perdido no sólo la visión, sino también el ojo. Es una catástrofe. Una emergencia sanitaria. Para las víctimas, un daño físico y psicológico, porque esto no tiene mejoría”, advierte Morales. 

El promedio de edad de los afectados es de 29 años. En su mayoría fueron alcanzados por balines de goma con centro metálico. “Por lo que nos relatan y lo que podemos ver en videos no se siguen protocolos. Hay cierta gradualidad que se debiera utilizar y muchas veces ésta es la primera herramienta a la que se recurre”, asegura Morales. Este afán de disparar directo al ojo se ha vuelto habitual hacia quienes registran con cámaras episodios violentos. En las performances artísticas de las calles de Santiago este trauma colectivo es representado. También está en fotos pegadas en los edificios. El decano de Medicina de la Universidad de Chile, Manuel Kukuljan, acusó al Estado de usar la “mutilación” como herramienta de control público. Por redes sociales circula la versión de que un estudiante de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano fue herido el viernes en ambos ojos.

 

De la paz a las lacrimógenas



Son poco más de las 17 en Plaza Italia, epicentro de la protesta social en Santiago. Un grupo pequeño de jóvenes copa Plaza Baquedano, salta y grita contra los pacos. Es una marcha autoconvocada, sin la masividad de otras ni presencia sindical o de organizaciones. Además, es pacífica. Como todas las movilizaciones pacíficas del pueblo chileno termina mal. En pocos minutos la violencia arrasa con la paz. Bien temprano llegan los hidrantes. “Cabros, no nos movamos”, agita una morocha. Comienzan los chorros de agua --los jóvenes creen que contienen pis y caca de uniformados--, los manifestantes corren adonde pueden, y muy rápidamente comienzan a explotar lacrimógenas que caen desde varias direcciones. 

En Parque Bustamante se oyen disparos. Una madre ve cómo caen las bombas. Sujeta fuerte a su hija de la mano. Le ordena que se coloque gafas. En esta zona, en que la Policía suele generar picantes encerronas, Lenny Montanares recibió nada menos que el impacto de veinte balines de goma. Su caso es uno de los que aparecen en el Archivo de Memoria Audiovisual (AMA), un documento en desarrollo en el que vale la pena detenerse, elaborado por un grupo de periodistas con la intención de dar rostro y voz a las víctimas de violencia civil, militar y policial

(https://uploads.knightlab.com/storymapjs/cff39c5ecb6c7254a4be4cc095ebcd66/probando/index.html ). “Nosotros no estamos yendo con armas. Estamos yendo a lo máximo con piedras. Los jóvenes son los que menos miedo tienen entonces van con más fuerza. Son unos grandes, súper guerreros”, expresa Lenny, que marchaba por las pensiones de sus abuelos y la educación de su hermano menor. Todavía tiene una bala en la pierna. Cojea “todo el día”.


Morales se refirió a la utilización de lacrimógenas, armas químicas prohibidas en los tratados de algunos países para su uso en las guerras, pero que se emplean para controlar y dispersar manifestaciones. En Santiago es tal el abuso que ya parecen normales, parte del paisaje. No hace falta estar cerca de una explosión para padecer sus consecuencias. Los ojos arden y lagrimean, se produce una sensación de ahogo y es posible que aparezca una persistente tos combinada con náuseas y sangrado de nariz. “Son complicadas. Hay dudas muy serias respecto de los daños que provocan en forma crónica, de distinto tipo, incluida la generación de problemas respiratorios y cuadros neurológicos. Tienen efectos inmediatos en términos de toxicidad”, describe Morales. Su impacto ha causado fracturas y contusiones. Hace poco, un vendedor ambulante padeció un impacto tan cercano que le causó una severa lesión craneal. Lo último que se supo es que se encontraba en coma inducido.

 

Violencia político-sexual



La violencia sexual ejercida por Carabineros y militares es otro de los sellos de la represión chilena. Abarca “una amplia gama de prácticas”. Muchas veces ocurre en el contexto de detenciones irregulares. “Se han hecho procesos de desnudamiento a menores de edad y a mujeres, incluso bajo amenaza de que si no lo hacían iban a quedar detenidas por más tiempo. Hay víctimas de golpes y tocaciones, hemos visto moretones alrededor del área genital. La violencia ha llegado hasta la introducción de elementos, por ejemplo armas, y violaciones”, informa Libertad Márquez, ginecóloga feminista, integrante de la Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir, la Mesa de Acción por el Aborto y la flamante Agrupación de Salud por Derechos Humanos. Desde el despertar chileno ha estado atendiendo víctimas en puntos cercanos a las concentraciones.


Según el último informe del INDH, se presentaron 52 querellas por violencia sexual (por desnudamientos, amenazas, tocaciones y cuatro penetraciones). Las que más la padecieron son mujeres de entre 20 y 25 años, según lo que pudo observar Márquez, y de las clases sociales más vulnerables. “Hay muchos más casos de los denunciados, pero las víctimas no se animan a hablar porque han sido amenazadas”, asegura.


También hay hombres entre las víctimas. No obstante, se puede hablar de un ataque específico hacia mujeres y la comunidad LGBTIQ. “Hay veces que en las detenciones a las mujeres se les pide desnudarse y a los hombres no. Y si la mujer representa el estereotipo de alguna disidencia es más violentada. Hay testimonios de violación con intención correctiva en una paciente lesbiana”, destaca Márquez. En este sentido, uno de los casos más resonantes es el de Josué Maureira, estudiante de medicina de 23 años que denunció haber sido apaleado hasta quedar inconsciente, vejado por su orientación sexual, nuevamente golpeado hasta que se le quebró el tabique, violado con una porra, amenazado de muerte y encarcelado por supuestas agresiones a agentes.


“Todavía me siento encima como para sacar conclusiones. Con dolor digo que seguimos recibiendo testimonios y atendiendo. Estamos demasiado en la trinchera como para poder ver qué está significando para esta generación tener bajo el alero de un título de democracia acciones que no se habían visto desde la dictadura. Bajo una supuesta normalidad se han desatado las más atroces prácticas realizadas por personas que visten uniforme”, concluye Márquez. Menciona el caso de una víctima que después de sufrir vejámenes sexuales se suicidó. Una historia que “nunca” verá la luz con nombre y apellido, porque la persona no alcanzó a denunciar, y su familia ante el miedo prefiere el silencio.

Son varias las agrupaciones trabajando en esta problemática, como Abogadas Feministas y Ni Una Menos Autónoma. La ONG Amaranta llamó la atención respecto de la cantidad de víctimas que dicen haber sido tocadas “en plena calle, mientras marchaban, por efectivos de Fuerzas Especiales”. Memorias de Rebeldía Feminista es un colectivo de ex presas políticas. Reciben denuncias y están dando talleres en colegios y liceos de la capital chilena. Ellas afirman que la violencia actual no es más que “el fiel reflejo de la impunidad de la violencia político-sexual o tortura sexual” de los tiempos de dictadura.



Dirigentes y periodistas en la mira



El fotógrafo tucumano Jeremías González, corresponsal del diario Der Spiegel, estuvo detenido en Chile durante seis horas, el domingo 3. Estaba retratando una marcha de ciclistas rumbo a la casa del presidente en Las Condes. Al principio le dijeron que se lo llevaban por estar sacando fotos. Un colega chileno, Alvaro Santa Ana, comenzó a retratar la escena y también se lo llevaron. Los acusaron de desorden público. Con Sant Ana fueron más lejos: “usurpación de funciones”, porque no contaba con acreditación (es reportero free lance). Compartieron este episodio con cuatro manifestantes. Por otra parte, tres periodistas argentinos de medios alternativos fueron retenidos en el aeropuerto de Santiago y según denunciaron la Policía de Investigaciones los mantuvo encerrados en una habitación y los amenazó con deportarlos con el argumento de que había fotos en sus redes que “incitaban al odio”. El caso más grave en materia de periodismo y derechos humanos es el del camarógrafo chileno Alejandro Torres, baleado en el ojo izquierdo con un perdigón. Podría perderlo. Por su parte, los dirigentes sociales de base están siendo vigilados por la Policía. Se supo por un documento de Carabineros que se filtró.

 

Un ataque masivo

 

Torturas, personas atropelladas y golpeadas, heridos que no paran de crecer y que evitan los centros de salud por miedo a represalias, denuncias de la existencia de centros clandestinos de detención, sospechas de montajes en las muertes, violencia sexual, represión, detenidos (en todo el proceso 5565 según INDH, de los cuales más de 600 son niños y adolescentes; 9 mil ha dicho el Ministerio del Interior). Un ataque que se vuelca fuertemente sobre niños y adolescentes. En las redes pueden aparecer posteos aislados de personas que buscan familiares pero no existen cifras oficiales de desaparecidos. “Las acciones que se están llevando a cabo por agentes del Estado no son aisladas. Están cometiéndose conductas generalizadas. Podría decirse que es un ataque masivo, una coordinación de distintos entes del Estado”, analiza el abogado Francisco Ugás Tapia, del estudio de Nelson Caucoto Pereira, dedicado a los derechos humanos.


El INDH informó el jueves que recibió unas 2300 denuncias por vulneraciones de derechos humanos desde el inicio de las protestas, que según el organismo dejaron un saldo de 20 muertos y 1915 heridos (más de mil por disparos de armas de fuego). La mayoría de las querellas apuntan al actuar “vulneratorio” de Carabineros durante las tres semanas de manifestaciones y también de miembros de las Fuerzas Armadas durante el estado de emergencia. De las denuncias, 72 acusan a las fuerzas de seguridad de torturas. El viernes, Fiscalía Nacional informó que abrió 1080 investigaciones penales por denuncias de violencia institucional que acusan a Carabineros, el Ejército, la Policía de Investigaciones y la Armada.

“La explicación de mucho de lo que está ocurriendo ahora, esta desproporción de las Fuerzas en su actuar y los distintos delitos imputables a agentes del Estado, se encuentra en lo que ocurrió en la dictadura. La formación en derechos humanos de las fuerzas policiales y armadas ha sido bastante escasa. También en términos de los protocolos institucionales actuales”, explica Ugás Tapia, quien lleva los casos de un colombiano de 16 años baleado en la espalda con 13 perdigones y de un hombre golpeado por 12 carabineros en Ñuñoa (por el que los policías están siendo investigados).

Aparte de la represión en el Liceo 7, otro hecho impactante de esta semana fue la denuncia de un estudiante que dijo haber sido secuestrado por Carabineros de civil y torturado en Antofagasta en lo que podría ser un centro clandestino de detención. Además, en los últimos días, Interferencia planteó diversas dudas respecto de la calidad de los peritajes del Servicio Médico Legal a los cuerpos de fallecidos en manifestaciones, disturbios y saqueos. Se supo, por ejemplo, que Yoshua Osorio Arias, menor de 17 años encontrado al interior de Kayser, falleció por asfixia pero tenía tres orificios en su tórax, que no habían sido ahondados en la autopsia.


Con todo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado chileno autorización para visitar el país y están llegando organizaciones y personalidades de derechos humanos, como Nora Cortiñas, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT). El viernes, la prensa consultó a Piñera por la preocupación de expertos de la ONU en torno al uso de perdigones y balines. El mandatario no respondió la pregunta. Simplemente sonrió.

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Sábado, 09 Noviembre 2019 06:35

Piñera se despabiló y propuso reformas

Piñera se despabiló y propuso reformas

Decenas de miles de manifestantes asistieron a la llamada tercera marcha más grande de Chile, en la céntrica Plaza Italia de Santiago. Ataque e incendio a una universidad.

Decenas de miles de manifestantes asistieron a la llamada tercera marcha más grande de Chile, en la céntrica Plaza Italia de Santiago, a la que buscaron rebautizar como "Plaza de la Dignidad". A pocas cuadras de la movilización el fuego arrasó con una universidad. El Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, adjudicó el hecho a un grupo de encapuchados. Frente al Palacio de La Moneda, sede del gobierno, desfiló otra marea de personas, en su mayoría jóvenes. En el blanco de sus reclamos estuvo el Presidente Sebastián Piñera que el jueves anunció una serie de leyes de mano dura. Un poco más a tono con los reclamos que hace semanas despertaron a todo Chile, presentó en el Congreso una serie de medidas tributarias orientadas a mejorar los ingresos de los sectores medios y bajos.

"La tercera marcha más grande de Chile" o "La tercera es la vencida", fueron las consignas que circularon por las redes sociales para convocar a las movilizaciones. Y así fue. Miles de personas se acercaron desde distintos puntos de la ciudad, mientras sonaban bombos y estallaban fuegos artificiales. El foco de los reclamos fue, otra vez, Sebastián Piñera, que a contra mano de las exigencias que se oyen en las protestas, sigue propiciando la represión por parte de las fuerzas de seguridad.

Desde la plaza podía verse una columna de humo que provenía de la Universidad Pedro de Valdivia. Allí un incendio se propagó rápidamente entre el segundo y el tercer piso del inmueble, que era utilizado como rectoría y decanato de la Universidad. El intendente de la región Metropolitana, en la que se ubica la capital del país, dijo que "un grupo de encapuchados" habría entrado al edificio y, tras saquearlo, lo habrían prendido fuego. Luego de una hora los bomberos lograron contener las llamas.

Encerrado por la crisis social que se extiende ya desde hace tres semanas, Piñera propició un giro en su agenda legislativa. La cámara de diputados dio ayer media sanción a una ley para reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas. El proyecto impulsado por el Partido Comunista, fue aprobado con los votos de la derecha. Ahora debe ser tramitado en el Senado. El gobierno envío un proyecto de ley que contempla varias modificaciones: dio marcha atrás con una reducción impositiva a las grandes empresas que había propiciado hace pocas semanas; estableció un impuesto a las viviendas de más de 400 millones de pesos chilenos de avalúo fiscal (unos 540.000 dólares); incrementó el salario mínimo en un 16 por ciento, pasarando de 301.000 (404 dólares) a 350.000 pesos (unos 468 dólares); aumentó en un cinco por ciento los aportes jubilatorios a cargo de los empleadores. Además propuso la creación de un seguro para enfermedades catastróficas; la reducción del precio de los medicamentos; anular el alza del 9,2 por ciento en las tarifas eléctricas; reducir las dietas de los parlamentarios y los altos sueldos de la administración pública.

Encerrado por la crisis social que se extiende ya desde hace tres semanas, Piñera propició un giro en su agenda legislativa. La cámara de diputados dio ayer media sanción a una ley para reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas. El proyecto impulsado por el Partido Comunista, fue aprobado con los votos de la derecha. Ahora debe ser tramitado en el Senado. El gobierno envío un proyecto de ley que contempla varias modificaciones: dio marcha atrás con una reducción impositiva a las grandes empresas que había propiciado hace pocas semanas; estableció un impuesto a las viviendas de más de 400 millones de pesos chilenos de avalúo fiscal (unos 540.000 dólares); incrementó el salario mínimo en un 16 por ciento, pasarando de 301.000 (404 dólares) a 350.000 pesos (unos 468 dólares); aumentó en un cinco por ciento los aportes jubilatorios a cargo de los empleadores. Además propuso la creación de un seguro para enfermedades catastróficas; la reducción del precio de los medicamentos; anular el alza del 9,2 por ciento en las tarifas eléctricas; reducir las dietas de los parlamentarios y los altos sueldos de la administración pública.

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A treinta años de la caída del Muro de Berlín. ¿Qué nos dejó el evento?

En Berlín, faltaban pocos minutos para las siete de la tarde cuando Günter Schabowski, funcionario del Partido Comunista de la República Democrática de Alemania (RDA), terminó de leer un comunicado significativo, pero al no ser de aplicación inmediata, carecía de espectacularidad.

Hacía meses que los países del bloque comunista en Europa Oriental venían tomando medidas de distensión y en ese marco Schabowski anunció un cambio: los alemanes de la RDA podrían viajar a la Alemania capitalista “sin trámite previo”. De repente un periodista preguntó “¿A partir de cuándo?”. El funcionario que no había leído previamente el texto completo del decreto titubeó. Primero buscó atolondradamente los datos y, como no los encontró, respondió: “Enseguida”.

Aún sin celulares ni conectividad global, la noticia atravesó el mundo como un rayo: “¡Cayó el Muro de Berlín!”. Uno de los lugares más peligrosos del planeta; la frontera donde capitalismo y comunismo habían confrontado durante décadas por la hegemonía mundial y, por eso mismo, estaba siempre al borde del estallido nuclear, había dejado de existir.

Esa noche, cientos de alemanes de uno y otro lado escalaron ese muro que durante 28 años había separado Berlín oriental y occidental, ese símbolo de la Guerra Fría largamente citado en las novelas de espionaje de John Le Carré o Ian Fleming y que aparecía en películas memorables como Octopussy (1983), con Roger Moore interpretando a James Bond, el personaje de Fleming o El espía que vino del frío (1965), basada en una novela de Le Carré) y actuada por Richard Burton.

A partir de la noticia, familias enteras pasaron de uno al otro lado de la Puerta de Brandenburgo. Algunos rompían pedazos de hormigón y se los llevaban de recuerdo. Los ossies (como se denominaba despectivamente a los berlineses orientales) que llegaban a la RFA recibía 100 marcos de regalo (50 dólares de la época) pero pronto descubrieron que Berlín Occidental estaba bien aprovisionado, pero era carísimo y con ese dinero no se podía adquirir casi nada. En cambio, los occidentales que también cruzaron el muro para curiosear Berlín Oriental compraban libros, discos y muchas otras cosas, a menos de la tercera parte de lo que pagaban en el sector capitalista.

Aquel 9 de noviembre de 1989 se cerró un ciclo abierto en 1945, cuando la Alemania nazi, derrotada, fue dividida y ocupada por los vencedores. El sector oriental estaba controlado por la Unión Soviética y el occidental por Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Berlín tenía una situación particular ya que estaba situada dentro de la zona de ocupación soviética, pero internamente reproducía el mismo esquema Este /Oeste. En agosto de 1961 el gobierno de la RDA erigió una pared entre ambos, con el argumento de que, desde Berlín occidental, se incitaba a sus ciudadanos a la fuga. El muro se extendió unos 120 kilómetros y tenía 3,60 metros de altura, una nimiedad si se piensa en el que levantó Estados Unidos contra México de 3.180 kilómetros y una altura que va de 5,5 a 9,1 metros. En cuanto al muro entre Israel y territorios palestinos, mide unos 800 kilómetros con un promedio de 7 metros de altura y características altamente inexpugnables. 

También las cifras de muertos por estos “muros de la vergüenza” estremecen. En plena Guerra Fría, muchos alemanes orientales intentaron llegar al oeste de formas muy osadas: hubo quienes cruzaron a nado por los ríos que bordeaban la pared; otros intentaron burlar la prohibición viajando en globos aerostáticos o dentro del baúl camuflado de un auto. En 28 años, 41.000 personas lograron llegar a Berlín Occidental y 136 perdieron la vida en el intento. En cambio, en la frontera méxico-norteamericana en un solo año (2017) murieron tres veces más: 412 personas según la Organización Internacional de Migraciones. Y el número va en aumento, sin contar con el sufrimiento de hijos pequeños separados de sus padres y otras violaciones a los derechos humanos.

El cambio en el orden mundial que significó la caída del muro todavía hoy sigue impactando. Paulatinamente medio siglo de Estado de Bienestar entró en su ocaso. Desde los ámbitos académicos y mediático se instaló la idea de que el Estado era un obstáculo y la iniciativa privada una panacea. Creció el poder de las multinacionales y la injerencia de lo económico/financiero por sobre lo político y lo productivo.

Dos años después, con el colapso de la URSS, un acervo importante de teorías, valores e ideas defendido durante décadas por una parte importante de la sociedad del siglo XX quedó, como mínimo descalificado. Las utopías de transformar colectivamente la realidad para alcanzar un mundo igualitario, sin hambre ni explotación, más justo y pacífico fue reemplazado por un discurso de individualismo impiadoso, por la teoría del crecimiento indefinido y por la compulsión al consumo.

Hoy, 30 años después, vemos la cara descarnada de aquellas esperanzas. Hay muchas preguntas, pero basta una: aquel “mundo libre” que se prometía ¿era éste donde 26 millonarios tienen la misma riqueza que 3.800 millones de personas?

* Autora de “Todo lo que necesitás saber sobre la Guerra Fría” Editorial Paidós.

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Viernes, 08 Noviembre 2019 06:44

Destellos de antagonismo en América Latina

Manifestación esta semana en los alrededores del Palacio de la Moneda en Santiago de Chile / Foto: Afp, Rodrigo Arangua

Hay que festejar la renovada emergencia antagonista que hace frente a la derechización en Ecuador y en Chile y parece cubrir el vacío dejado por el progresismo. En este sentido, la irrupción de las protestas multitudinarias parece corresponder a la lógica de un momento específico de la estructura y las relaciones de poder: contra las derechas emergentes, más allá o más acá del progresismo desgastado y derechizado. Por lo tanto, visto que se trata de un escenario difuso, aun con sus diferencias nacionales, no hay que excluir que aparezcan fenómenos similares en otros países y que, una vez más, se dé cierto grado de sincronía latinoamericana en los procesos políticos.

Podemos constatar que, si la variable son los colores de los gobiernos, la constante, aunque se manifieste de forma intermitente, sigue siendo la capacidad de lucha e insubordinación de las clases subalternas latinoamericanas. En efecto, si bien las revoluciones pasivas progresistas cayeron por derecha, no han estado ausentes, en particular en los años posteriores a 2013, movilizaciones populares de tinte antineoliberal. En este sentido, el antagonismo no sólo ha estado latente, sino que se ha manifestado, aunque sea de forma esporádica e inorgánica –para usar adjetivos gramscianos–. La capacidad de irrupción que siguen conservando y utilizando las clases subalternas se presenta bajo algunos formatos que ameritan ser brevemente registrados, a la luz del impactante retorno a escena de esta modalidad disruptiva de la política latinoamericana.

En lo temporal, se configuran como episodios que rompen y rebasan las rutinas de la conflictividad ordinaria y cotidiana, de la que, a la vez, se nutren. La intensa brevedad del antagonismo concentrado en estas irrupciones tiene su límite y su prueba de fuego no tanto en la duración, sino en el impacto y la capacidad de modificación de la correlación de fuerzas. Al mismo tiempo, en lo espacial, en lo que tiene que ver con la amplitud social, las irrupciones se montan sobre las prácticas y la acumulación de experiencias y la formación de tejidos sociales y comunitarios, pero se vuelven multitudinarias en la medida en que se amplían a sectores no organizados, cuya politización y capacidad de movilización pueden ser preexistentes y latentes o generarse al calor del conflicto. En todo caso, la activación de franjas no organizadas de las clases subalternas confiere el carácter masivo y le permite un impacto.

AUTONOMISMO VERSUS HEGEMONISMO

Al mismo tiempo, ambas dimensiones de este formato antagonista que se expande y contrae han sido identificadas como problemáticas en tanto que, en el reflujo de la marea, la evaluación de los saldos es objeto de distintas interpretaciones. Señalo dos de ellas, que configuran la antinomia de la política latinoamericana de las últimas décadas: la autonomista y la hegemonista.

En extrema síntesis, la autonomista enaltece la capacidad de lucha y de organización desde abajo y, por lo tanto, atribuye un valor absoluto a todo tipo de manifestación de conflictividad que sea expresión y que refuerce las capacidades y las reservas de politización, organización y autodeterminación, poniendo en segundo plano o, incluso, desconfiando radicalmente del saldo en términos de modificación de los equilibrios en el sistema político partidario o institucional. La hegemonista, por el contrario, valora este tipo de manifestaciones sólo en tanto sacudan equilibrios estáticos y permitan dilatar la influencia y la capacidad de articulación de un polo o una fuerza política que intervenga en la disputa por el poder estatal, ya sea en forma directa o delegada, es decir, expresión de los movimientos y los sectores populares o sólo en nombre de ellos.

Bajo estos prismas, el fin del ciclo progresista y el retorno del formato del antagonismo de irrupción vuelven a colocar, mutatis mutandi, cuestiones que fueron surcando los debates a partir del inicio del milenio. Valorar los movimientos en su espontaneidad relativa y su efecto simbólico y experiencial de organización desde abajo o lamentar su incapacidad de mantenerse en el centro del escenario y de producir resultados contundentes y tendencialmente irreversibles antes de refluir en la normalización sistémica. Posturas que no son antitéticas en sentido estricto, pero configuran énfasis que dislocaron posturas que tienden a enfrentarse. El valor coyuntural de la irrupción se tradujo y sigue traduciéndose en distintos lenguajes políticos y se proyecta de maneras, a veces, contrastantes en la mediana duración.

CAMBIO DE COYUNTURA

La distancia entre una y otra perspectiva se achica cuando las derechas están en el gobierno y se ensanchan cuando partidos o movimientos progresistas lo ocupan o están en condición de hacerlo. En este sentido, un dato histórico y político ha cambiado respecto a los años noventa y principios de los dos mil, ya que el fin del momento progresista, salvo –por el momento– el caso mexicano, arroja la existencia desgastada o la simple sobrevivencia de las fuerzas que fueron protagonistas del ciclo gubernamental. Cabe entonces preguntarse qué tanto estos son percibidos o pueden presentarse como alternativos a las derechas o a sí mismos, es decir, capaces de superar sus límites y contradicciones o, más sencillamente, ser aceptados como mal menor frente a derechas manifiestamente reaccionarias e incapaces de instituir una dinámica hegemónica, como ha sido el caso en Argentina en las recientes elecciones. Qué tanto, en estas condiciones, en medio de una derechización epocal y cultural, desde las clases subalternas latinoamericanas, pueden constituirse, sostenerse y expandirse dinámicas que, si bien no desdeñen el impacto en el plano institucional, se sostengan principal y fundamentalmente en una labor de construcción de contrapoderes, de un recurso de mayor duración y consistencia.

Lo que podemos registrar, una vez más, es que la conflictividad latinoamericana puede volverse incandescente y, a esta temperatura, hasta los metales más duros se vuelven moldeables. Como ocurrió en los años noventa y a inicios del siglo XXI, pueden forjarse experiencias y escenarios inesperados. Nada lo garantiza, pero, una vez más, nadie se lo esperaba.

 

Por Massimo Modonesi

8 noviembre, 2019

Tomado de Desinformémonos.org por convenio.

*Historiador y sociólogo; profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Unam.

 

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La alcaldesa Patricia Arce fue secuestrada y agredida.  Imagen: AFP

Una violenta jornada se vivió ayer en Cochabamba, donde murió un joven en enfrentamientos entre quienes respaldan a Evo Morales y quienes piden su renuncia

Bolivia volvió a sacudirse por enfrentamientos y ataques violentos, con epicentro en la ciudad de Cochabamba pero con hechos en otros puntos del país este miércoles y nuevos choques nocturnos en la ciudad de La Paz. Esto se da en el marco de las protestas de la oposición contra el resultado de los comicios que derivaron en la reelección de Evo Morales, mientras se realiza la auditoría del escrutinio de parte de la Organización de Estados Americanos y el país está en crisis por un sostenido paro cívico.

Hacia el mediodía de ayer inmensas columnas de mujeres campesinas se manifestaron pacíficamente contra el racismo y por la democracia en el centro de la ciudad de Cochabamba. A la convocatoria de las “Bartolina Sisa” se sumaron cocaleros y militantes del Movimiento Al Socialismo y, pasado el mediodía, comenzaron los encontronazos con grupos de partidarios ligados al Comité Cívico de Santa Cruz, quienes arrojaron gases a mujeres y niños. A partir de ahí la mecha se encendió y los episodios violentos se multiplicaron a las localidades de Quillacollo y Vinto, municipio en el que se registraron los hechos más graves, incluyendo el incendio del edificio de la alcaldía.

La víctima mortal fue identificada como Limbert Guzmán Vásquez, de 20 años de edad. Durante la mañana se había informado el rescate de un joven gravemente herido en los enfrentamientos entre bloqueadores y desbloqueadores en el puente Huayculi, en Quillacollo. Guzmán fue trasladado al hospital Viedma, donde falleció en horas de la noche por “traumatismo cráneo encefálico grave, fractura de base de cráneo, muerte cerebral y paro cardiaco respiratorio”. Aida, hermana de Limbert, sostuvo a la prensa que “el Partido de (Carlos) Mesa y (Luis Fernando) Camacho le pagaron (para bloquear) y, como él estudiaba, quería ganarse unos centavos”.

“Resistencia Juvenil Cochala” se hacen llamar los integrantes de los grupos de choque que asolaron a Cochabamba a bordo de motocicletas y munidos de todo tipo de elementos de ataque. Están sindicados como quienes perpetraron los ataques contra Patricia Arce, alcaldesa de Vinto por el MAS, quien fue secuestrada, retenida y agredida por sujetos que la liberaron tras obligarla a arrodillarse, bañarla con pintura roja y cortarle el cabello, entre otros sometimientos. Un episodio similar padeció Félix Vegamonte, ex dirigente campesino, exviceministro y actual secretario de Coordinación con los Movimientos Sociales de la Gobernación de Cochabamba.

“Toda mi solidaridad con nuestra hermana alcaldesa Patricia Arce, secuestrada y vejada cruelmente por expresar y defender sus ideales y los principios de los más pobres. Condenamos las acciones violentas que causan luto y dolor en la familia boliviana”, escribió el presidente Morales en su cuenta en Twitter y también se condolió y condenó el asesinato de Guzmán.

 

Violencia en ascenso

 

Javier Zavaleta, ministro de Defensa, fue enfático al referirse a la escalada de violencia que azota al país y llamó al dirigente cívico Luis Fernando Camacho a que repliegue sus grupos de choque y a que deje de lado la incitación a movilizaciones, tomas de instituciones y cierres de fronteras: “Estamos a un paso de comenzar a contar a los muertos por docenas si es que el señor Camacho, en el transcurso del jueves, no hace un llamado a la pacificación de la gente que le sigue”.

En La Paz también se produjeron nuevos enfrentamientos la noche del miércoles, con 10 heridos producto de choques entre universitarios y mineros en los alrededores de plaza Murillo y de la Facultad de Derecho de la UMSA. La tensión se extremó pasadas las 21 horas debido al arribo de Camacho al aeropuerto de El Alto. Zavaleta también denunció que los cívicos de Cochabamba, Potosí y Santa Cruz trasladaron a estos grupos de choque para generar violencia en la sede de Gobierno.

 

“La cruzada” opositora

 

El clima de violencia y la tensión social es una apuesta de los sectores opositores principalmente nucleados en torno al Comité Cívico Nacional. Y uno de sus principales actores es el líder cruceño Luis Fernando Camacho, cuya estrategia de entregarle la carta de renuncia al presidente Morales ha ido al compás de la escalada de violencia.

En medio de un gran operativo de seguridad del Gobierno, Camacho finalmente llegó anoche a La Paz y montó todo un show mediático y en las redes sociales -con video incluido- que también fue usufructuado por otros opositores que -esta vez sí- lo esperaron y acompañaron durante horas, mientras en las calles alteñas y paceñas recrudecían los enfrentamientos.

"Quiero agradecer al pueblo boliviano por haberme acompañado en esta cruzada, esto generó la unidad de todos bajo una sola causa", posteó primero para luego sostener antes las cámaras: “Agradecer a la Policía por toda la colaboración y sobre todo a esa juventud, a esos hombres y mujeres que fueron a recibirme al aeropuerto. Decirles que ya llegué, que venimos a buscar la paz, no buscamos enfrentamiento, no queremos dividir Bolivia, queremos una sola Bolivia sin discriminación y sin racismo".

En tanto que Carlos Mesa, el derrotado candidato de Comunidad Ciudadana, le brindó su “solidaridad y respaldo” y le tendió un puente político: “Es muy importante establecer una línea de unidad de la oposición democrática boliviana independientemente de cualquier circunstancia particular, creo que esto es clave en un momento de crisis tan dramático como el que está viviendo Bolivia”.

Hay que ver cómo sigue hoy la saga de Camacho con su carta de renuncia al presidente mientras la convulsión sigue y el paro se agrava por los bloqueos de los pasos fronterizos internacionales de parte de sectores transportistas de carga pesada, lo cual está perjudicando también el libre tránsito de residentes y turistas.

En tanto, se esperan las conclusiones de la auditoría de la OEA, cuyo plazo finaliza el 11 de noviembre. Entre ese juego de luces y sombras, Luis Almagro, titular del organismo regional, apuntó vía Twitter que “las protestas por la misión de auditoria me hacen reafirmar la convicción que la misma debe continuar su trabajo”.

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▲ Un manifestante con el disfraz del Chapulín Colorado se aleja de los enfrentamientos con carabineros en un barrio de Santiago. Las protestas se intensificaron ayer en el país sudamericano. Transportistas bloquearon calles en rechazo al cobro de peaje en tramos de la capital del país y estudiantes levantaron barricadas. Se ordenó el cierre de varias estaciones del Metro y muchos comercios fueron vandalizados.Foto Afp
 

Santiago. La movilización social se recrudeció ayer en buena parte de las ciudades de Chile, con los estudiantes (universitarios y de secundaria) manifestándose por miles a lo largo del país, a la vez que los transportistas bloquearon las carreteras urbanas de la capital exigiendo la derogación de los peajes diferenciados por tramos y horarios que cobran las concesionarias privadas.

La jornada de protesta, la número 20, puso de manifiesto una vez más la incapacidad del gobierno para recuperar la iniciativa política y restablecer la normalidad y el orden, pese a que el presidente Sebastián Piñera ha intentado ganar protagonismo, luego de días de ausencia pública, mediante la promoción de su denominada agenda social, un conjunto de medidas paliativas que unánimemente la oposición, y también algunas voces desde el oficialismo, se reconoce como del todo insuficiente para contener las protestas.

La expresión del fracaso del gobierno fue el ingreso anteayer de la policía a un liceo de niñas, en cuyo interior efectuó disparos de escopeta que dejaron a dos menores con impactos de perdigones en las piernas, escenas de violencia que fueron grabadas. La fiscalía ordenó ayer la detención del mayor a cargo del pelotón y también se informó que 14 carabineros serán formalizados por delitos de tortura y abusos sexuales durante las protestas.

El presidente concretó ayer el envío al Parlamento de un proyecto de ley para incrementar en 16 por ciento el salario mínimo, que pasaría de 301 mil pesos (420 dólares) a 350 mil (490). Descontadas las cotizaciones previsionales y de salud, el sueldo mínimo quedaría en 290 mil pesos (400 dólares, aproximadamente). Insuficiente, dijeron de inmediato desde el mundo sindical y la oposición, que exigen fijarlo en torno a 500 mil pesos (700 dólares).

En ciudades como Iquique, Antofagasta, Chillán, Curicó, Viña del Mar, Quilpué, Temuco, Punta Arenas y, evidentemente, Santiago; los estudiantes salieron a las calles a manifestarse, bloqueando calles, levantando barricadas y enfrentándose incesantemente con los carabineros (policía).

En la capital, en los dos días previos, la policía había estado impidiendo que el sector de las plazas Italia y Baquedano –donde confluyen las avenidas Alameda, Providencia y Vicuña Mackenna–, punto neurálgico de la protesta social, fuera ocupado por los manifestantes, como ocurrió en las últimas dos semanas, y apenas observaba que comenzaban a reunirse, actuaba para espantarlos. Pues bien, en respuesta, ayer los estudiantes cambiaron el escenario y se trasladaron a las aledañas comunas de Providencia y Las Condes, de las más pudientes del país, y en sus calles escenificaron el descontento: decenas de comercios fueron vandalizados y saqueados, el mobiliario de los establecimientos y los señalamientos de la vía pública fueron arrancados y utilizados para formar barricadas y como combustible para encender hogueras. La intensidad de los enfrentamientos y el aire enrarecido por el lanzamiento continuo de bombas lacrimógenas, forzó al cierre de importantes estaciones del Metro, causando el enojo y el caos entre quienes intentaban movilizarse. La sede de la ultraderechista Unión Demócrata Independiente (UDI), localizada en la calle Suecia, fue atacada y sufrió múltiples destrozos en sus vidrieras y mobiliario.

Mientras todo esto ocurría en la zona oriente de la capital –el llamado barrio alto, en referencia a su poderío económico– y forzada la policía a desplazarse hasta allá, otros manifestantes se reagruparon en Plaza Italia y la recuperaron para su causa.

A las ocho de la noche (hora local) el Metro de Santiago cerró sus operaciones y de manera paulatina desapareció todo el transporte público.

Mientras todo esto sucedía desde el mediodía y hasta caer la noche, un caos automovilístico se produjo en las autopistas urbanas y de acceso a Santiago, con centenares de camioneros circulando a paso de tortuga. También en esas carreteras hubo bloqueos.

Las concesionarias privadas de autopistas, que en 20 años de operación aumentaron en términos reales en más de 40 por ciento las tarifas por transitar, se han vuelto un blanco predilecto de las movilizaciones –junto con las administradoras de fondos de pensiones, el símbolo de la apropiación del ahorro previsional de los chilenos para ponerlo al servicio de los grandes grupos económicos, y también del fracaso del sistema de ahorro individual–, pues en buena medida encarnan a los ojos de los chilenos movilizados la expresión del abuso y del mercantilismo del modelo económico.

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Una persona graba a un herido durante las protestas de Hong Kong Zígor Aldama / Hong Kong

La apuesta por un movimiento horizontal organizado gracias a las nuevas tecnologías y capaz de englobar a ideologías diferentes inspira causas por el mundo

Medios digitales retransmiten en directo las protestas con smartphones y grupos de abogados ofrecen a los detenidos servicios legales gratuitos a través de aplicaciones de chat

La mayoría de campañas de crowdfunding superan ampliamente los objetivos que se proponen y activistas de todo todo el mundo aportan su grano de arena al terreno creativo

 

"La principal característica del movimiento prodemocracia de Hong Kong es que no tiene líderes, es horizontal. A diferencia de lo que sucedió en 2014 con el Movimiento de los Paraguas, que acabó con varios de sus líderes en prisión, eso impide que nos descabecen", explica Woody Tam, un estudiante de 24 años que lleva cuatro meses enfrentándose a la Policía en el campo de batalla de la excolonia británica, sacudida desde el pasado 9 de junio por las protestas que nacieron contra la propuesta de ley de extradición –retirada formalmente el pasado día 23– y que han derivado en la exigencia de elecciones con sufragio universal. "La implicación de gente de todos los estamentos de la sociedad, que ofrecen gratis su talento, y el uso de nuevas tecnologías es lo que nos ha permitido tener tanto éxito y mantener la lucha durante tanto tiempo", subraya Tam.

"Todas las acciones surgen de forma orgánica. La gente hace propuestas en el foro LIHKG –que algunos parlamentarios prochinos quieren bloquear-, y luego la gente se organiza en los grupos de Telegram -utilizada por su sólido sistema de encriptación–. Cada cual aporta lo que puede", añade Kenny Tai, otro manifestante de 25 años. "Estudiantes periodistas" y medios digitales retransmiten en directo las protestas con smartphones para registrar cualquier caso de brutalidad policial y recoger los nombres de los detenidos, que suelen gritarlos para que luego se pueda seguir su caso y evitar así su desaparición, y grupos de abogados les ofrecen servicios legales gratuitos a través de aplicaciones de chat.

La página web HKMap.live, cuya aplicación ha sido vetada por Apple, señala los lugares en los que se encuentra la Policía y aquellos en los que se producen disturbios. Es una herramienta desarrollada por un informático anónimo para facilitar que la población evite las zonas de conflicto, pero el Gobierno la considera una amenaza porque también ofrece a los manifestantes violentos información sobre los movimientos de los antidisturbios.

Esa sofisticación y el alarde de medios del que hacen los más radicales, equipados con cascos, máscaras antigás, potentes punteros láser utilizados para cegar a los antidisturbios, escudos caseros fabricados con señales de tráfico o maletas partidas por la mitad, e incluso sierras radiales para acceder a establecimientos que relacionan con el Gobierno chino, ha provocado que muchos vean la mano negra de potencias extranjeras, a las que acusan de querer desestabilizar a China. "La realidad es mucho más sencilla: los hongkoneses estamos donando dinero a través de campañas de crowdfunding", señala Jessica Chen, miembro del Consejo Estudiantil de la Universidad Baptista de Hong Kong.

Este periodista ha podido comprobar que la mayoría de estas campañas de micromecenazgo superan ampliamente los objetivos que se proponen, y que se complementan con colectas de dinero en efectivo durante las marchas pacíficas. "Muchos de quienes no nos enfrentamos a la Policía también donamos cascos o máscaras antigás. La mayoría de la ciudadanía de Hong Kong se ha volcado con el movimiento, porque es consciente de que, si fracasa, las libertades de las que gozamos hoy pueden desaparecer cuando China controle por completo la ciudad, en 2047", analiza Chen.

Ella misma es buen ejemplo de ello. "Yo asistía a las manifestaciones cuando eran pacíficas. Pero, luego, mis padres se empezaron a preocupar por mi seguridad y, después de varias desavenencias, me encerraron en casa para que no pudiese salir. Tuve que elegir entre la relación con mi familia y mis convicciones políticas, y decidí buscar la vía para no renunciar a ninguna: no acudo a las protestas, pero ayudo desde la retaguardia", relata. Entre sus cometidos está otro muy de vanguardia: borrar el contenido crítico que hayan publicado en redes sociales los estudiantes detenidos. "Como la Policía mira sus cuentas, en cuanto sabemos que están arrestados contactamos a familiares y amigos para que intervengan en sus redes y eviten así que se sustancien los cargos. Algunos incluso nos dejan sus contraseñas para facilitar la labor", explica.

Y no solo se implican los hongkoneses. Activistas chinos de todo el mundo aportan su granito de arena en el terreno creativo, uno de los más activos de las protestas. Badiucao, por ejemplo, es uno de los artistas disidentes más prominentes, y no duda en poner su talento como dibujante de ácidas viñetas políticas al servicio de las cinco exigencias de los manifestantes. Él ha creado ya varias imágenes icónicas que a menudo se pueden ver pegadas en los reivindicativos "muros de Lennon" de Hong Kong, paredes y pasadizos que se llenan con pintadas reivindicativas y pósteres que recuerdan los momentos clave del movimiento.

"El arte está jugando un papel esencial a la hora de mantener vivas las protestas", afirma Badiucao a eldiario.es. "Lo hace en tres frentes: mantiene a la gente unida, renueva las demandas dándoles otros sentidos y una dimensión diferente, y ayuda a captar gente que se siente identificada. Mi arte utiliza el lenguaje visual para empoderar al pueblo, registrar los momentos más icónicos del movimiento, y facilitar que el mensaje se disemine por el mundo. Las noticias se consumen a toda velocidad, pero el arte perdura. Y si una de mis viñetas se hace viral, el mundo presta atención y se identifica con la causa. Verlas pegadas en los 'Muros de Lennon' es un orgullo para mí".

Virales se han hecho los diseños de una esvástica creada con las estrellas amarillas sobre fondo rojo de la bandera de China, y lo mismo ha sucedido con el término acuñado para acompañarlos, en forma de hashtag: #Chinazi. Diferentes momentos clave de las manifestaciones, como las palizas de Yuen Long, los manifestantes que han perdido un ojo por disparos de balas de goma, o la carga de los antidisturbios en la estación de Prince Edward, también se han plasmado en dibujos que han dado la vuelta al mundo y que los manifestantes blanden frente a las fuerzas de seguridad. Badiucao añade el ejemplo de la composición de un himno, Gloria a Hong Kong, que ha tenido tanto éxito que no faltan quienes proponen adoptarlo en sustitución del oficial. Desde hace unos días, incluso se ha desarrollado un videojuego para "liberar a Hong Kong".

Para muchos, este es el nuevo manual de protesta de la sociedad civil en el siglo XXI. "Los hongkoneses están luchando contra la mayor y más poderosa dictadura del mundo. Su ejemplo inspira a muchos otros movimientos por el mundo", asegura Badiucao. Incluso la prensa oficial china, la más crítica con el movimiento de Hong Kong, lo ve así. Diarios como el ultranacionalista Global Times han trazado multitud de similitudes entre las protestas del principal centro financiero de Asia y las que protagonizan los chilenos o los independentistas de Cataluña.

Sobre todo esos últimos, porque a Pekín le interesa incidir en que el movimiento de Hong Kong no busca la democracia sino la secesión. Y en que no es pacífico sino violento. Sin duda, el hecho de que los hongkoneses hayan convocado una marcha llena de esteladas en favor de Cataluña se lo ha puesto fácil. "Stand with Catalonia" [apoyemos a Cataluña] es un grito de guerra que se ha sumado también a otros lemas coreados y pintados por la ciudad. El editor jefe del rotativo, Hu Xijin, vio los primeros paralelismos en el intento de cerrar el aeropuerto de El Prat, algo que en Hong Kong los manifestantes consiguieron durante dos días consecutivos, y luego su diario se ha centrado en resaltar la contención de la Policía de Hong Kong comparada con las actuaciones de cuerpos en Cataluña o Chile.

"Entre nuestras demandas, de momento, no se encuentra la independencia. Aunque muchos sí que la tenemos como objetivo final. Pero nos solidarizamos con Cataluña por la opresión del Estado, la brutalidad policial y las libertades fundamentales. Y contra la existencia de presos políticos", defiende Lucía Tse, una de las jóvenes que la semana pasada se manifestó con una estelada. "En España algunos dicen que hablamos sin saber, pero sí que nos hemos informado", espeta. "Han encarcelado a un grupo de gente por proponer un referéndum de autodeterminación que nosotros apoyamos", añade esta joven ingeniera que echa mano de otro lema: "Nos podéis encarcelar a todos, pero no a nuestras ideas".

Jason Leung también cree que la independencia de Hong Kong es la única salida para esta Región Autonómica Especial de China. Su testimonio es llamativo porque este joven trabaja para el Gobierno. "Al principio iba al frente, pero ahora no lo hago por miedo a que me reconozcan y afecte a mi carrera profesional. No obstante, creo que la independencia debe ser un último paso que todavía no podemos proponer. Ahora hay que centrar nuestros esfuerzos en alcanzar el sufragio universal y una mayoría prodemocracia en el Parlamento regional", afirma.

Leung está empleado por la oficina que gestiona las próximas elecciones locales del 24 de noviembre, y prevé un descalabro de los partidos prochinos y un auge de los prodemocracia. "Esto elevará la presión sobre el Gobierno, que creo que está dispuesto a hacer una nueva concesión y aceptar que se lleve a cabo una investigación independiente sobre la actuación de la Policía. Si se materializa, después de haber logrado que se retire la propuesta de ley que inició todo, se demostrará que, como ha sucedido en Chile, la movilización sí que sirve para algo".

Por Zigor Aldama- Hong Kong

03/11/2019 - 21:5

Publicado enInternacional
 Las movilizaciones en Chile entraron en su tercera semana y no hay visos de que vayan a disminuir, ya que diversos sectores anunciaron que aumentarán la presión al mandatario para un verdadero cambio económico y un plebiscito constitucional. Ayer, centenares de ciudadanos acudieron al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos para escuchar la Misa de Réquiem, de Wolfgang Amadeus Mozart. Al final se cantó El derecho de vivir en paz, escrita en 1969 por Víctor Jara. Foto Afp.

Santiago. Las movilizaciones sociales entran en su tercera semana en Chile sin esbozo de que vayan a decantarse y, por el contrario, diversos sectores anuncian que incrementarán su presión al gobierno, en tanto que el respaldo al presidente Sebastián Piñera cayó a apenas 13 por ciento, según una encuesta divulgada ayer. El nivel de desaprobación es de 79 por ciento.

Este domingo, centenares concurrieron al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos a escuchar en un solemne, y a ratos sobrecogedor silencio, la Misa de Réquiem, de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretada por un centenar de músicos y artistas de canto, en un acto por la paz. Se pudo ver a personas abrazando a sus parejas emocionadas y a otras en estado de profundo recogimiento espiritual, bajo el fuerte sol primaveral de la ciudad.

El momento sublime llegó cuando, finalizado el réquiem, se cantó El derecho a vivir en paz, escrita en 1969 por Víctor Jara, el autor e intérprete chileno asesinado por militares el 16 de septiembre de 1973, cinco días después de ocurrido el golpe de Estado. El tema, dedicado al pueblo vietnamita por entonces en plena guerra contra la ocupación estadunidense, se ha convertido en el himno de las protestas que sacuden a Chile.

"Estoy devolviéndole el poder a los muertos, soy artista visual", explicó brevemente una joven que con el torso desnudo y maquillado como si fuera sangrando y ondeando una bandera, caminaba por la explanada del museo. Ella dijo que su aspiración es que de las protestas emerja una nueva Constitución.

Jacobo Baeza, joven sicólogo, asistió al acto con su esposa y sus dos hijas menores. Mientras ella, soprano, era parte del coro que cantaba, él explicó a La Jornada que en la contingencia que se vive los niños están asustados, no entienden qué ocurre y es necesario explicarles.

–¿Cómo te sientes?

–Más que nervioso estoy incierto, no sé cómo va a terminar esto. Mi esperanza es un cambio profundo, estructural. Pero tengo temores de que no dé el giro hacia ese lado y que se pierda, que se diluya, que sigan los mismos políticos, que se pierda este movimiento.

Respecto de la salud mental de las personas, el sicólogo estimó que "sin lugar a dudas hay situaciones de estrés postraumático que son esperables. También una segunda victimización de quienes sufrieron la dictadura. Los niños están aprendiendo y se les derrumba el mundo, hay mucho que reconstruir en materia de salud mental, además de los problemas que ya arrastra este sistema y donde la salud mental no es de fácil acceso".

Gobierno en el suelo

Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca, estima que la oposición tiene arrinconado al gobierno. A sabiendas de que la nueva Constitución avanza como importante preferencia ciudadana –más de 80 por ciento cree que es necesaria–, la oposición se ha subido al carro de las demandas, y ahora exige al gobierno un plebiscito constitucional.

"El asunto es que el gobierno no está dando su brazo a torcer, confiando en dos factores. Primero, el ciclo de la protesta y la movilización social. Segundo, el paquete de reformas al ingreso mínimo y a las pensiones, junto con abrirse a no avanzar en la reintegración tributaria. El gobierno, entonces, está apostando todo a un equilibrio frágil", explica.

–Predice que la protesta no va a decaer y que la presión irá en aumento. ¿Puede resistir el gobierno sin allanar el camino a un plebiscito constitucional?

–El gobierno no tiene muchas alternativas. Ante la baja aprobación presidencial y el ordenamiento de la oposición en torno al cambio constitucional, cada vez el margen de acción para Piñera se hace más estrecho. Incluso, dentro de RN –partido que forma parte de la coalición de gobierno– hay voces que comienzan a comulgar con la idea de un plebiscito constitucional. Si Piñera insiste en mantenerse en el statu quo, puede iniciarse un proceso de acusación constitucional que paulatinamente vaya ganando apoyos en los legisladores de oposición. El otro resultado posible es que sea abandonado por legisladores de su coalición que se descuelguen del gobierno y se unan a la demanda de un plebiscito. Por tanto, a Piñera se le están agotando los caminos y más temprano que tarde, terminará abriéndose a la posibilidad de un plebiscito constitucional.

–Si el presidente acepta el camino constitucional ¿puede haber sectores de la propia derecha y del empresariado que se descuelguen y busquen una salida autoritaria?

–Ese camino ya no existe para Chile. No hay espacio para un golpe militar. Lo que sí podría ocurrir es que tome fuerza electoral una candidatura de extrema derecha cuyo discurso sea la restauración institucional de Pinochet. Pero eso lo decidirán los chilenos en la urnas. El dilema de Piñera es que sea cual sea su decisión, cada vez estará más solo en el gobierno. Si no da el paso al plebiscito constitucional, habrá migración de legisladores de RN que no querrán pagar el costo de mantenerse en el statu quo. Si llama a plebiscito, los votantes de extrema derecha se sentirán traicionados y buscarán una alternativa más polarizada: un populista de derecha.

 

Especial para La Jornada


Chile mantiene la movilización desde hace más de dos semanas

Para la calle, la agenda de Piñera es cosmética

Las medidas de la agenda social --o “neoliberal”, como prefiere la CUT-- son 16, plasmadas en 18 proyectos legislativos. No modifican el modelo heredado de la dictadura. 

Por María Daniela Yaccar

Desde Santiago

Página12

Parecen ser mayoría los chilenos que se creen inmersos en 30 años de postdictadura y una vida totalmente privatizada . Eso podría explicar semejante hartazgo unido al deseo de un cambio profundo. Los Carabineros continúan reprimiendo manifestaciones espontáneas y pacíficas con gases cada vez más fuertes, camiones hidrantes y perdigones que han causado lesiones oculares a cerca de 160 personas. Hay un afán por disparar a la cara. Ayer había niños atrapados en el humo y se oían disparos en la zona de Plaza Italia, epicentro de la lucha en Santiago. Una novedad es que, mediante un documento filtrado por hackers, se conoció que la Policía catalogó como “blancos de interés” a dirigentes de base para vigilarlos. Rigoberta Menchú se reunió en Santiago con referentes del Instituto Nacional de Derechos Humanos y condenó el accionar de Carabineros.

Termina un fin de semana de múltiples cabildos en instituciones de todo tipo y color y a lo largo y a lo ancho del país. En estas instancias de debate y conclusión los ciudadanos están reconstruyendo ni más ni menos que la subjetividad y el tejido social chilenos (muchos reconocen en ese marco lo indiferentes que eran antes de la evasión en el metro). Este lunes, después de varios días de marchas autoconvocadas, se espera una masiva a la que llamó Unidad Social, un conglomerado de 70 organizaciones sociales y sindicales, entre las que se encuentran la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Coordinadora NO+AFP, el Colegio de Profesores y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF). El propósito es poner un freno al tratamiento en el Congreso de la agenda social planteada por el Gobierno, el polémico paquete de medidas anunciado por Piñera cuando Chile despertó y que no hizo otra cosa que acrecentar la furia popular. También se insistirá en la creación de una nueva Constitución que cambie de cuajo el sistema, en reemplazo de la heredada por la última dictadura.

La mesa de Unidad Social ha tenido un rol clave al promover los cabildos en los que han participado 10 mil chilenos desde el 24 de octubre, y huelgas y marchas. Con la presencia de un sindicalismo que acordó constituir un comité para paralizar a todos los sectores y avanzar hacia una huelga general, la convocatoria de mañana lleva el nombre de “Súper Lunes” y posee tres instancias. El primer punto de encuentro es el Congreso, al mediodía. Por la tarde, se esperan concentraciones en las principales plazas de Santiago en defensa de los 10 puntos del Pliego de las y los Trabajadores de Chile. Por la noche sonarán las cacerolas en los barrios. Como viene ocurriendo, esto se replicará seguramente en distintas regiones.

Hay una contradicción entre la fuerza y la valentía de esta sociedad y lo que ha podido conseguir. “El pueblo está convencido de que debe seguir en la lucha. Este maravilloso estallido social ha significado volver a tener una esperanza para terminar con desigualdades e injusticias. Pero en la mejora de condiciones de vida no se ha logrado nada. En términos reivindicativos, sólo se congeló el pasaje de metro”, dice a PáginaI12 Carolina Espinoza Tapia, trabajadora social, dirigenta sindical de Confederación Nacional de la Salud Municipal, vocera de NO+AFP y vicepresidenta de la Regional Interamericana de la Internacional de Servicios Públicos. “Hay una evidente falta de voluntad política para solucionar el conflicto. Es aberrante. No vemos ningún espacio de avance. El Gobierno sigue sin escuchar el clamor ciudadano. No ha hecho más que medidas cosméticas. Un cambio de gabinete de algunas personalidades y un paquete de medidas que son una burla y no modifican el modelo económico”, advierte la dirigente.

Las medidas de la agenda social --o “neoliberal”, como prefiere la CUT-- son 16, plasmadas en 18 proyectos legislativos. Todas, para materializarse, requieren de la aprobación del Parlamento. Hasta ahora sólo dos proyectos han superado esta instancia. Diputados dio el visto bueno al Seguro Catastrófico de Salud, caratulado de suma urgencia. Preocupa porque activa una transferencia de recursos públicos a clínicas y farmacias. Así lo explica Espinoza Tapia: “En Chile el 80 por ciento de la población se atiende en el sistema público, el resto en el sector de seguro privado (Instituciones de Salud Previsional, Isapre), con condiciones muy superiores.No tenemos recursos humanos ni insumos básicos. Tenemos que atender en camillas en los suelos. Este proyecto permite que con recursos públicos se entreguen vouchers o dineros públicos para pagar a empresas privadas que hagan lo que los sistemas públicos no podemos hacer”.

Hoy continuaron las protestas. La que más llamó la atención fue la de un grupo de ciclistas que se dirigió a la casa del presidente, que le complicó las cosas al personal de seguridad del jefe de Estado. Los chilenos movilizados entienden que la agenda social profundiza el modelo neoliberal con proyectos que, incluso, datan de antes de la crisis. 

“En el tema de la vivienda buscan transferir dineros públicos a empresas privadas para concesionar departamentos de baja calidad”, ejemplifica la trabajadora social. Este es un tema que podría tratarse justamente en la sesión del lunes. Otro que genera mucho malestar es el de reforma a las pensiones, que implica “mantener las AFP”. Es uno de los puntos más álgidos del conflicto: un sistema de salud dominado por bancos encubiertos de los empresarios más ricos y de algunas transnacionales.

A todo esto, “el poder legislativo, que es en teoría mayoría de oposición, ha sido incapaz de estar a la altura de los tiempos. Ha seguido aprobando la política del Gobierno”, analiza Espinoza Tapia. Guiados por esta percepción, los manifestantes recorrerán dependencias de congresistas de Santiago y Valparaíso. “No hay ningún atisbo de acercamiento a la asamblea constituyente para resolver de manera estructural los cambios”, añade la militante.

--¿Les preocupa que mañana se desarrolle un fuerte despliegue represivo?

--El miedo está instalado. Llevamos a la fecha, en estos últimos años, tres suicidios de dirigentes sindicales y medioambientalistas que no son tal cosa. Tiene que ver con acallar las reivindicaciones que los territorios estaban dando para defenderse de las transnacionales que devoran nuestro ecosistema. Sabemos que hay medidas de seguimiento y control hacia las organizaciones. Han hackeado información de los organismos policiales y tenemos a la vista el fichaje de dirigencia social, en el que por supuesto estoy yo. Es un control que se desmarca de toda regulación legal. Es impresionante lo que estamos viviendo. El Gobierno montó mesas con pseudo personajes para hacer una puesta en escena de intenciones de diálogo y existe una represión brutal como en los tiempos de la dictadura, con veintitantos asesinados, cientos de heridos con traumas oculares, una cantidad de violencia política sexual aberrante, 18 denuncias de violación en mujeres y hombres. Hoy en Chile se detiene ilegalmente, se secuestra por horas. Se cometen apremios ilegítimos, horrorosos. Existe un dispositivo de querer volver a la falsa normalidad bajo un régimen que domina y violenta nuestros derechos. Estamos peleando por la democracia, la educación, la salud, salarios dignos, pensiones, incluso por tener acceso a agua potable. Quieren jugar al desgaste, pasarnos gato por liebre, con limosnas. Y el modelo no se toca. No hay atisbo de reformar la Constitución ni de cambiar el sistema tributario para que los más ricos aporten al bien común, ni de tocar las administradoras.

--¿Hay precisiones de la fecha de huelga general?

--En Chile tenemos un sindicalismo bastante debilitado. No sólo nuestras condiciones de vida materiales son muy precarias, también los mecanismos de participación. La vida democrática ha sido diezmada. Los sindicatos no escapamos a eso y hay atomización, falta de unidad y baja sindicalización. No obstante, frente a esta crisis estamos logrando articularnos con sindicatos del mundo portuario y la minería, estratégicos en el quehacer de Chile. Un ejercicio que Chile no tiene como práctica, lamentablemente, es el de la huelga general. Ya hemos hecho dos (23 y 24 de octubre) con un avance significativo, pero vamos por más. Fecha no tenemos, pero la creación del comité de huelga es un paso político sindical estratégico y maravilloso.

--Hoy varias empresas periodísticas pusieron el foco en una estatua que fue derribada de Plaza Baquedano, haciendo eje en el vandalismo. ¿Qué papel han jugado los medios en todo este tiempo?

--La prensa en este país responde a los dueños de los medios, ese uno por ciento más rico del país. Todos los medios responden a dos o tres bloques de empresas absolutamente funcionales al poder económico y político. Y los gobiernos han permitido que los medios de comunicación de masas sean funcionales a este modelo. Por tanto la postura que han tenido es la de criminalizar la protesta social y están en la senda de volver a la normalidad para apagar el estallido. La violación de derechos humanos no aparece. Tampoco la autoridad política ha tenido un atisbo de reconocer o por lo menos poner en escena un acercamiento hacia las familias que han sido víctimas de manera cruenta. La comunicación a través de las redes es la que nos ha permitido articularnos hoy día. Y con eso nos hemos podido proteger. Se ha tomado sin orden legal en sus domicilios a la dirigencia estudiantil. Es decir: estamos viviendo una situación de riesgo. Sin embargo no aparece en los grandes medios.

--Ayer los partidos de Convergencia Progresista (PS, PPD y PR) dieron a conocer una contrapropuesta a la agenda social. ¿Cuál es la mirada de Unidad Social?

--Algunos partidos de izquierda han tenido la desfachatez de plantear paquetes de medidas para resolver la crisis, pero ellos son parte de la crisis. Supuestamente defendían intereses de la clase trabajadora y del mundo social pero han sido funcionales al modelo y se han enquistado por años en el poder, siendo incapaces de responder a las demandas, sin generar transformaciones, representar a la voz ciudadana, generar mecanismos de participación o entregar medios de comunicación a la gente. Por eso la gente en la calle dice no a los políticos y lamentablemente mete en el mismo saco a todos los partidos: hay un descrédito tremendo. Los partidos de izquierda y de centro izquierda siguen en el juego del gobierno de Piñera. Tremendo y desesperanzador. Ellos no tienen por qué levantar los pliegos; los pliegos los tenemos levantados las organizaciones. Ya les entregamos nuestras demandas a los presidentes de partido y a los jefes de bancada. Nos parecen unos caraduras viniendo con un paquete a levantar otras reivindicaciones. 

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