Lunes, 02 Diciembre 2019 06:28

Nostalgia presente (II)

 Jóvenes en resistencia a la agenda neoliberal en Seattle hace 20 años lucharon con la consigna: "Otro mundo es posible".Foto tomada de YouTube

A 20 años de la gran rebelión contra la globalización corporativa que estalló en Seattle el 30 de noviembre de 1999, sus canciones, consignas e internacionalismo hoy están presentes en la lucha político-electoral y de justicia social de Estados Unidos, donde tal vez la corriente más dinámica de las fuerzas antineoliberales se atreve a llamarse socialismo democrático.

Pero tal vez el mayor legado de Seattle es el potencial –y la necesidad– de la solidaridad global entre norte y sur dentro de un movimiento de justicia (ver primera parte: https://www.jornada.com.mx/2019/ 11/25/mundo/029o1mun ).

Esa oposición al modelo corporativo de la globalización en Seattle tenía sus antecedentes en diversas luchas en otras partes del mundo –la insurgencia zapatista en Chiapas, Sudáfrica, Filipinas, Corea, India– pero en América del Norte nació en respuesta a la propuesta del tratado de libre comercio que hoy día aparentemente está por ser sustituido por otro que es en esencia más de lo mismo.

De hecho, se puede decir que la lucha contra el TLCAN –definido como el candado de las políticas neoliberales– no sólo fue la primera en tener una dimensión trinacional, sino que los diversos actores sociales nunca antes habían logrado abrir el tema de la política económica internacional como asunto clave en el debate popular en los tres países. Hasta entonces, estos tratados, convenios y acuerdos neoliberales siempre se habían hecho en lo oscurito.

Después de Seattle, las cumbres neoliberales buscaron sesionar en lugares remotos o detrás de fortalezas para defenderse de los que se insistía serían beneficiados. La Organización Mundial de Comercio se refugió en Doha para la siguiente ronda (aunque la organización ha estado mortalmente herida desde Seattle, tanto por la dentro y fuera). La Cumbre de las Américas sesionó en Quebec en abril de 2001 en una sede protegida por el muro antiguo (3.8 kilómetros de largo por 3 metros de altura) que rodea parte del centro histórico y miles de agentes de seguridad. El concepto medieval de protección de los representantes del hemisferio que ocasionó una respuesta igualmente medieval: los activistas construyeron enormes catapultas de madera que rodaron hacia el muro y cuando se dio la orden de ataque –provocando tensión con los agentes de seguridad del otro lado– las catapultas abrieron fuego lanzando ositos de peluche.

Los movimientos altermundistas en este país continuaron nutriendo el potencial de una nueva solidaridad internacionalista real entre sectores del pueblo estadunidense y sus contrapartes en otros países, algo sin precedente, frente a un enemigo común: las fuerzas neoliberales trasnacionales que estaban aplicando las mismas políticas contra los pueblos en el norte y en el sur.

La ira, pero también el festejo de la resistencia que marcan esos nuevos encuentros en las calles se podían oír en la música en las calles. Rage Against the Machine era de los grupos más escuchados en Seattle (https://open.spotify.com/track/21Mq0 NzFoVRvOmLTOnJjng?si=MrDgMm 2pRFK_y_v96-9fxw ), y poco después en la Cumbre del G8, en Génova, donde una de las voces esenciales del altermundismo marcó la resistencia que tanto asustó a las cúpulas (https://www.youtube.com/watch?v=qurdD37ofk4 ; https://www.youtube.com/watch?v=lwRED_-8nVc ).

Esas canciones y cantantes, el toque de miles de tambores y cacerolas, se siguen escuchando. Después de un intermedio en Estados Unidos provocado por el 11-S, la resistencia feroz a la agenda neoliberal continuó, sorprendiendo a todos aquí con el breve pero poderoso estallido de Ocupa Wall Street en 2011 (con nuevas canciones y viejos cantantes https://open.spotify.com/track/2Vj9p2Ah XNLHdKP8rHS476?si =mWuWomRlTdqSapLu0s7bGA ) con veteranos de Seattle educando a nuevas generaciones y hoy día una mayoría de los jóvenes dicen favorecer el socialismo, lo que para ellos significa justo lo opuesto al neoliberalismo.

Ahora los jóvenes están advirtiendo a los demás que ante la sentencia de muerte para el planeta que representa el orden neoliberal actual, se requiere una rebelión bajo la misma consigna que retumbó en Seattle hace dos décadas: Otro mundo es posible.

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María Teresa Rivera abrazándose con su abogado tras conocer la decisión del juez que la dejaba libre

María Teresa Rivera, absuelta tras más de cuatro años encarcelada tras sufrir un aborto espontáneo en el país centroamericano, es el primer caso conocido de asilo vinculado al derecho al aborto

Tras recibir protección junto a su hijo en 2017, se convirtió en activista por el derecho al aborto: "En El Salvador nos condenan por ser mujeres y pobres"

 

Cada vez que María Teresa Rivera subía las escaleras de la cárcel, se repetía que aquella iba a ser la última. Cada vez que dormía en el suelo, tocaba la puerta o volvían a darle de desayunar frijoles llenos de gusanos, el pensamiento era el mismo: este es mi último día aquí. "Me decían que estaba loca. Yo pensaba: 'Sí, pero esta loca se va a ir". Con esa idea, que se le pasó a diario por la cabeza durante los más de cuatro años que estuvo en prisión, guardó la camiseta de una mariposa que le regaló una compañera. "Yo decía: 'Un día voy a ser como esa mariposa libre. Un día voy a regresar a casa", recuerda en una entrevista con eldiario.es.

El 20 de mayo de 2016, Rivera desempolvó aquella camiseta para acudir al juzgado. El juez anuló la sentencia de 40 años por homicidio agravado tras sufrir un aborto espontáneo en El Salvador, uno de los países que prohíben la interrupción voluntaria del embarazo en todas las circunstancias. Aquel día, María Teresa Rivera recuperaba su libertad. "Solo levanté mis manos dándole las gracias a Dios". Pero la Fiscalía recurrió el caso y sus opciones, indica, eran dos: o arriesgarse a que volvieran a encarcelarla o buscar protección en el extranjero.

Eligió la segunda. Logró sacarse el pasaporte y en octubre, se subió por primera vez a un avión con su hijo Óscar, que entonces tenía 11 años. El destino: Suecia, un país que desconocía por completo. "Había pensado irme a Estados Unidos, hasta en irme caminando. Pero se me presentó la ocasión de ir a un seminario y me dije: 'Esta es mi oportunidad'. Hablé con las organizaciones y no fui al seminario: iba decidida a ir a Migración. Aterricé y al día siguiente, a primera hora, fui", relata la salvadoreña, de 36 años. "Tenía miedo, pero me atendió una persona muy amable y respetuosa. Por primera vez, me sentí escuchada. Me sentí protegida y apoyada. En El Salvador nunca tuve el apoyo de una autoridad". 

Solicitó protección internacional a las autoridades suecas y, cinco meses después, se lo concedieron. Rivera se convertía entonces en el primer caso público de asilo vinculado al derecho al aborto, por el riesgo de ser encarcelada por este motivo. "Me dijeron que una condena a 40 años por abortar es una tortura, porque el aborto es un derecho y en El Salvador las leyes son muy restrictivas. Lo más importante es que esta puerta esté abierta para otras compañeras. Por eso lucho. Si hay un precedente, hay oportunidades para otras".

Las personas tienen el mismo derecho a solicitar asilo por persecución por motivos de género que quienes huyen de un conflicto armado. Entre ellas están quienes sufren violencia de género o sexual, ataques por su orientación sexual e identidad de género, quienes son objeto de matrimonio forzado, las que temen ser víctimas de mutilación genital, esterilización forzada o crímenes de honor o quienes han sido víctimas de trata. Muchas veces, recuerdan fuentes especializadas en asilo, varios abusos van de la mano, lo que hace que este tipo de persecución no obedezca a un único motivo. Además, suele tratarse de casos vulnerables cuyos detalles muchas veces no se dan a conocer por temor a que las refugiadas sean identificadas.

"Nos condenan por ser mujeres y pobres"

El caso de María Teresa Rivera se remonta a noviembre de 2011, al día en que se despertó esposada a una camilla de un hospital. El personal del centro la denunció y la acusó de haberse sometido a un aborto. "Los doctores y los policías me decían que era una asesina, que había matado a mi hijo. '¿Qué hijo?', me preguntaba yo", señala. Lo único que recuerda, asegura, es que el día anterior había sentido necesidad de ir al baño. "Me bajó algo rápido. Cuando me levanté, estaba llena de sangre y me desmayé", sostiene. En todo momento, Rivera ha mantenido que desconocía estar embarazada. 

Una de las pruebas en las que se basaron para condenarla fue la declaración del jefe de la fábrica en la que trabajaba, que testificó en su contra, diciendo que le había comunicado que estaba embarazada en enero de 2011. "Yo le había dicho que tenía sospechas. Pero era enero, o sea que habría estado embarazada de 11 meses. Era ilógico. También les pedí que me hicieran una prueba para ver si me había tomado algo, pero no lo rechazaron. No tuve una defensa adecuada y fui condenada a 40 años sin prueba alguna", recalca. Aunque en un principio fue investigada por "aborto", castigado con hasta ocho años de cárcel, la Fiscalía cambió la tipificación del delito a homicidio agravado, con una pena mucho mayor.

Rivera siguió peleando en los tribunales y con el apoyo de varias organizaciones, recurrió la sentencia. En 2016, la Justicia le dio la razón y concluyó que no había suficiente evidencia que probara los cargos en su contra. "La Fiscalía me ponía como la peor asesina, insistió en que lo hice con alevosía. Pero un médico dijo que el bebé ya estaba muerto en mi vientre, que lo que hice fue expulsarlo. Ahí es cuando el juez me da mi libertad absoluta y que el Estado debe de pagarme por los daños y perjuicios. Pero el Estado no me pagó, volvió a perseguirme", apunta, en referencia a la decisión de la Fiscalía de apelar la decisión. 

Entre la condena y la absolución, cuatro largos años y seis meses en la cárcel. Pero cuando recuerda cómo era la vida entre esas cuatro paredes, pasa de puntillas por los días que pasó limpiando los lavabos o sacando la basura para ganarse algo de dinero. O los insultos, humillaciones y amenazas que recibió allí dentro: "Asesina", "comeniños", "mala madre".

Cuando piensa en la cárcel, Rivera se acuerda de otras mujeres: Mayra, Beatriz, Alba, Lorena, Manuela, Guadalupe, Evelyn. A esta última, Evelyn Hernández, la conoció el día antes de salir. En agosto, esta joven de 21 años de edad acusada de homicidio agravado , fue también absuelta. "Cuando la conocí, pensé: 'Es una niña'. Hay muchas mujeres que están encarceladas por sufrir un aborto tras una violación y sus violadores están libres". En la cárcel, entró en contacto con el grupo de 'Las 17', como se conoce a las 17 mujeres que estaban encarceladas entonces como consecuencia de la penalización total del aborto en El Salvador. 

"Para nosotras no hay justicia de verdad", prosigue. Ese 'nosotras' se refiere a las mujeres que viven en condiciones de pobreza en El Salvador, aquellas por las que María Teresa Rivera ha pasado a convertirse en una activista por el derecho al aborto. "Somos las mujeres pobres las que vamos a parar a una cárcel por sufrir emergencias obstétricas, por sufrir un aborto independientemente de si es o no producto de una violación. En El Salvador se está condenando la pobreza. Nos están condenando por ser mujeres y pobres", reitera.

Pero esa conciencia feminista le viene de lejos, de las enseñanzas de su madre, a la que perdió con cinco años en la guerra civil. "Mi mamá siempre me dijo que nosotras no habíamos nacido para lavar la ropa al marido, decía que teníamos que estudiar, que podíamos ser diferentes".

Cuando piensa en la cárcel, lo que más le duele es haber pasado cuatro años separada de su hijo, fruto de una relación en la que sufrió violencia machista y que consiguió dejar atrás, siendo muy joven, gracias a esa fuerza que heredó de su madre. Asegura que durante el encierro solo pudo ver a Óscar dos veces. Mientras, se quedó con su suegra. "Por mucho dinero que te den, nadie va a llenar ese vacío. Me lo quitaron durante cuatro años. Hay un sentimiento de abandono. Mi hijo siempre me ha dicho que no tiene nada que perdonarme, que soy inocente, pero la huella está. Cuando estuve dentro de la cárcel pasó hambre, le humillaron, le pegaron. Los pandilleros lo llamaron para pasar cosas en la calle", agrega con la voz entrecortada. 

Una nueva vida en Suecia

Al salir de prisión, Rivera cuenta que se encontró "con todas las puertas cerradas" a la hora de buscar trabajo. "Estás marcada porque sos una asesina. Me resultó muy difícil encontrar trabajo. No me importaba empezar de cero, pero sufrí discriminación laboral". Además, las pandillas comenzaron a extorsionar con una "cuota mensual" por su pequeño negocio de comida. Unido a la decisión de la Fiscalía, estas dificultades para salir adelante fueron las que empujaron a Rivera a marcharse al país nórdico. 

Los comienzos no fueron fáciles en Suecia. "Los primeros meses fueron duros, nos costó mucho adaptarnos. Mi hijo no quería ir al colegio. 'No tengo con quien hablar, todos hablan en otro idioma, no sé qué hablan', me decía. 'Ya vas a aprender', le respondía yo". Ahora, Óscar tiene 14 años y habla sueco con soltura, presume orgullosa su madre. "Yo lo hablo, bueno... ¡no sé en que dialecto, pero lo hablo!", dice entre risas. 

Ahora viven en Fors, una localidad a dos horas de Estocolmo. "Es un pueblo que tiene naturaleza y en verano se pone muy bonito", asegura sonriente. Pagan el piso con la ayuda a la que tienen derecho por ser refugiados en el país. De momento, Rivera estudia Enfermería para poder encontrar trabajo. "Sin bachillerato sueco es difícil", prosigue. De momento, no se plantea regresar a El Salvador. "Me encantaría, pero no sé qué me puede pasar si vuelvo". 

Compagina los estudios con el activismo. Sabe lo importante que es no sentirse sola en una cárcel. A raíz de una campaña de Amnistía Internacional –que la ha invitado a España para presentar su último informe sobre ataques contra defensoras– y el apoyo de otras organizaciones locales como la Agrupación ciudadana por la despenalización del aborto, comenzó a llegarle un aluvión de cartas al centro penitenciario. "De España, de Suecia, de todo el mundo... yo solo pensaba: 'Cuánta gente apoyándome y trabajando para que pueda salir de aquí'. Mi familia me borró del mapa, para ellos no existía, pero para otra gente sí. Y eso me dio fuerzas para no rendirme". 

Recuerda a sus compañeras. Mayra, Beatriz, Alba, Lorena, Manuela, Guadalupe, Evelyn. Las 17 y más. "No puedo apoyarlas económicamente, pero tengo voz y fuerza para hablar para que no queden en el olvido y que se conozca cada una de sus historia, porque no son solo un número". Quiere que las que continúan presas también escuchen de la boca de un juez que son inocentes. "Cuando me absolvieron me sentí libre, pero no totalmente libre porque ninguna mujer va a ser libre cuando a se están violando los derechos de otras mujeres, cuando hay otras mujeres que están todavía en la cárcel, ¿verdad?". Las quiere libres, como aquella mariposa.

Por Icíar Gutiérrez 

01/12/2019 - 21:14h

María Teresa Rivera. AMNISTÍA INTERNACIONAL

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 Manifestantes contra el gobierno iraquí durante las protestas en Bagdad. / Reuters

Bagdad. Al menos tres manifestantes murieron y 58 resultaron heridos ayer durante nuevas protestas antigubernamentales en Irak pese que el primer ministro, Adel Abdel Mahdi, presentó formalmente su renuncia ante el Parlamento.

Miles de iraquíes volvieron a salir a las calles de Bagdad y de ciudades del sur del país, decididos a mantener la movilización hasta que se marchen todos los corruptos. En dos meses de protestas, más de 420 personas han muerto y unas 15 mil resultaron heridas, indicó un balance de la Afp basado en fuentes policiales y médicas.

Seguimos adelante con el movimiento. La dimisión de Abdel Mahdi solo es una primera etapa. Hay que sacar del poder y juzgar a todos los corruptos, señaló uno de los manifestantes a la Afp, en la ciudad sureña de Dinawiya.

Los manifestantes recibieron un importante apoyo del gran ayatola Alí Sistani, la mayor autoridad religiosa chiíta de Irak, quien instó el viernes al Parlamento a remplazar al primer ministro.

Abdel Mahdi entregó ayer su carta de renuncia al Parlamento, al que apremió a elegir un sucesor lo antes posible. Los diputados sesionarán hoy para discutir la dimisión, en la que la oposición llama a un voto de desconfianza, y los paramilitares pro-Irán, que hasta ahora apoyaban al primer ministro, prometieron un cambio.

Al menos tres personas murieron y 24 resultaron heridos ayer cuando fuerzas de seguridad dispararon con munición real a manifestantes en la ciudad santa de Nayaf, en el sur del país.

Otros 11 manifestantes fueron heridos cerca del puente Ahrar de Bagdad cuando las fuerzas de seguridad dispararon con munición de guerra y lanzaron gases lacrimógenos para dispersarlos.

En la ciudad santa chiíta al sur de la capital, Kerbala, manifestantes y policías se lanzaron cócteles molotov.

En Nasiriya, decenas de jóvenes quemaron neumáticos ayer para cortar el tráfico en tres puentes sobre el Éufrates, informaron periodistas de la Afp. Paralelamente, varios centenares de personas se congregaron en un campamento instalado en una plaza del centro de la ciudad, donde los enfrentamientos con la policía dejaron 16 heridos.

Desde el jueves, 42 manifestantes han muerto soló en Nasiriya, donde la policía dispersa las protestas con munición real.

Los manifestantes buscan poner fin al sistema político concebido por Estados Unidos desde la guerra e invasión de 2003 y el derrocamiento de Sadam Husein. También critican la creciente influencia del vecino Irán en la vida política del país.

Los iraquíes reclaman una nueva Constitución y sobre todo una renovación total de la clase política, considerada incompetente y corrupta ya que ha permitido que en 16 años se evapore el equivalente de dos veces el producto interno bruto anual de este país, segundo exportador mundial de petróleo.

Por otra parte, decenas de libaneses se reunieron ayer frente a la embajada de Irak en Beirut en solidaridad con los numerosos manifestantes iraquíes que murieron en días recientes en ese país.

Con banderas de ambas naciones y fotos de manifestantes iraquíes fallecidos por disparos, los manifestantes, algunos con una vela en la mano, deploraron la masacre.

La revolución en Líbano y la revolución en Irak son una, explicó a la Afp Layal Siblani, uno de los organizadores de la sentada.

Desde el 17 de octubre, Líbano vive un movimiento popular de protesta sin precedente contra la clase dirigente, considerada corrupta, igual que en Irak, y contra un sistema político basado en la religión y el clientelismo.

 


 

Las revueltas de Irak buscan un cambio de sistema y el fin de la injerencia extranjera

 

Con más de 400 muertos en dos meses de protestas, principalmente en las ciudades chiíes, Irak se arriesga a caer en una espiral de violencia imparable que conduzca a una guerra civil. Los manifestantes quieren acabar con la disfunción del sistema político y con la influencia extranjera, especialmente de Irán. El futuro no es muy halagüeño.

 

JERUSALÉN

30/11/2019 09:12 Actualizado: 30/11/2019 09:12

 

EUGENIO GARCÍA GASCÓN

 

Después de dos meses de protestas diarias con cientos de muertos, el primer ministro iraquí, Adel Abdul Mahdi, anunció el viernes que presentará su dimisión ante el parlamento para facilitar una salida a la crisis que han desencadenado unas revueltas populares que persiguen un cambio radical del sistema político y el cese de la influencia extranjera, principalmente de Irán.

El anuncio, en el que se Abdul Mahdi mencionó “la violencia y el caos” reinantes, llegó poco después de que el máximo líder religioso chií de Irak, el ayatola Ali al Sistani, instara a un cambio de gobierno y criticara a Abdul Mahdi por reprimir con fuerza a los manifestantes. Es muy probable que Abdul Mahdi, que ha desempeñado el cargo durante un año, formalice la dimisión en las próximas horas y que se establezca un nuevo gabinete que, en cualquier caso, no tendrá demasiadas facilidades para gobernar y reconducir el desbarajuste general.

Antes de anunciar la dimisión, el primer ministro advirtió que la situación puede deteriorarse hasta provocar un “choque civil” entre chiíes. En medios iraquíes cercanos a Teherán, se indicó que algunos funcionarios estadounidenses han estado impulsando unas revueltas que poco tendrían de espontáneo y que persiguen aislar aún más a Irán y acabar con sus aliados en la región.

El aspecto más visible de las protestas de los últimos días ha sido la ira que una parte de los manifestantes han demostrado contra la presencia y la influencia de Irán, una presencia e influencia que ha sido patente desde la invasión norteamericana de 2003, y que cada día es más visible, por ejemplo en la abundancia de bienes y productos originarios del país vecino, y que algunos comparan a una invasión silenciosa.

La presencia de Irán no es solamente comercial. También en el ámbito de la política, es obvio que esa incidencia es considerable. Los iraquíes lo ven a diario y muchos atribuyen las disfunciones endémicas de su propio gobierno a esa influencia. Las cosas no funcionan, la marcha de la economía se traduce en un malestar general que no es nuevo pero que ahora ha trascendido a la calle con violencia.

El malestar no se ha cebado exclusivamente en las representaciones iraníes, en sus consulados especialmente, sino también en edificios gubernamentales. Se ha prendido fuego a viviendas de parlamentarios, y se ha protestado contra la injerencia de Estados Unidos y de Turquía en particular. Los manifestantes creen que las cosas marcharían mejor sin tanta injerencia y por eso protestan. Además, han pedido el boicot de los productos iraníes y extranjeros en general en favor de los productos locales.

El sentimiento antiraní brotó a principios de octubre, cuando los manifestantes irrumpieron en el consulado iraní de la ciudad santa chií de Nayaf, retirando la bandera iraní e izando la bandera iraquí, para luego prender fuego al edificio. Los funcionarios iraníes a duras penas consiguieron escaparse de la ira por una puerta trasera. Con anterioridad, en 2018, los manifestantes ya habían atacado el consulado iraní en Basora.

Muchos iraquíes ven que el sistema político que se creó tras la invasión americana no está funcionando, y lo achacan a la injerencia exterior. No solo eso, creen que la influencia iraní, y en gran medida también la influencia de Estados Unidos, es lo que impide las reformas necesarias para acabar con un sistema que se sostendría desde fuera más que desde dentro.

Hace menos de un mes, el 4 de noviembre, los manifestantes atacaron el consulado iraní en Karbala, otra ciudad chií. Es significativo que las protestas contra Teherán tengan lugar en el sur, la región chií del país. Esto quiere decir que muchos chiíes iraquíes están realmente cansados de las intervenciones de los chiíes iraníes, un aspecto a tener en cuenta.

Al mismo tiempo, debe señalarse que desde que las protestas se iniciaron en Bagdad a principios de octubre, las fuerzas de seguridad se han tenido que emplear a fondo para evitar que los manifestantes llegaran a la Zona Verde de la capital, donde se encuentran numerosos edificios del gobierno y embajadas extranjeras. Desde entonces, más de 400 personas han muerto y hay millares de heridos.

En las protestas, los líderes iraníes han sido objeto de ataques por parte de los chiíes iraquíes. El guía supremo de la revolución iraní, el ayatolá Ali Khamenei, y el Qassem Soleimani, jefe de la Fuerza al Quds, han concitado la ira de los manifestantes en más de una ocasión, y se ha prendido fuego a sus retratos.
Después de ver un detallado informe confeccionado por los servicios de inteligencia iraquíes entre 2014 y 2015, los periódicos The New York Times y The Intercept denunciaron la “agresividad” de Irán en lo relativo a su “infiltración” en Irak, incluida su influencia política, religiosa y económica. La filtración se produjo el 18 de noviembre y ha arrojado más leña al fuego.

El día más trágico desde principios de octubre fue el jueves, cuando las fuerzas de seguridad dispararon munición real contra los manifestantes en las dos ciudades de Nasiriya y Nayaf, causando la muerte de unas 54 personas. El viernes se procedió a enterrar a las víctimas pero también hubo protestas, especialmente en Nasiriya. Numerosos líderes locales exigieron la dimisión inmediata del gobierno de Bagdad.

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Sábado, 30 Noviembre 2019 06:12

Malas noticias

Malas noticias

El Kremlin intenta contrarrestar las malas noticias sobre su gestión con una nueva ley represiva que, según reconocen los autores de la iniciativa, tendrá una aplicación selectiva.

Aprobada por las dos Cámaras del Parlamento, esta ley –que es un instrumento para entorpecer la labor y castigar a quién decidan las autoridades y cuándo quieran– aún debe ser promulgada por el presidente Vladimir Putin, mientras decenas de intelectuales y activistas de los derechos humanos le piden, en carta abierta, no hacerlo por ser un documento que, a su juicio, viola la Constitución.

Por la deliberada ambigüedad del texto, quienes ostentan el poder se arrogan el derecho de obligar a cualquier ciudadano ruso que publique o transmita una información que no sea de su agrado, a colgarse el denigrante sambenito de “agente extranjero”, con la extensa lista de limitaciones que ello implica, en caso de recibir dinero (honorarios, donaciones, becas, premios) desde otro país.

La medida establece sanciones y dificulta el trabajo de quienes critican al Kremlin, que además tienen cerradas las puertas en los medios financiados por el Estado, pero no podrá impedir que salgan a la luz informaciones que, en su opinión, afectan su imagen, como los recientes sondeos del Centro Levada, que cuando se cansó de hacer encuestas a modo de inmediato quedó marcado con el estigma de “agente extranjero”.

En este momento, según revela un estudio de opinión del Centro Levada, 72 por ciento de los encuestados considera que no coinciden los intereses del Kremlin y de la sociedad, y la mayoría de éstos (53 por ciento) está convencida de que ello se debe a que “las autoridades viven a costa de la población y poco les importa qué pasa con la gente”.

El sondeo se llevó a cabo los días en que las autoridades nada hicieron frente a devastadores incendios e inundaciones, y muchos rusos cuestionaron que Rusia haya condonado la deuda de 20 mil millones de dólares de países de África, al tiempo que el gobierno dijo no poder indexar las jubilaciones de los mayores que se ven obligados a seguir laborando, cuando para ello se requiere una suma cinco veces inferior.

En ese contexto, más de la mitad de los jóvenes entre 19 y 24 años no ven su futuro en Rusia y expresaron el deseo de emigrar. Esta sí que es una mala noticia.

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Sábado, 30 Noviembre 2019 06:08

Cayó el gobierno iraquí

Manifestantes festejan la renuncia del presidente iraquí en el centro de Bagdad.  Imagen: AFP

El primer ministro iraquí, Adil Abdul-Mahdi, anunció que presentará su renuncia después de que más de 40 personas fueran asesinadas por las fuerzas de seguridad en una protesta callejera y tras el llamado del principal clérigo chiita del país para que los legisladores le retiren su apoyo. Tras el anuncio, miles de manifestantes antigubernamentales que han acampado en la céntrica plaza Tahrir de Bagdad durante casi dos meses celebraron con cantos y bailes.

Abdul-Mahdi emitió un comunicado en el que dijo que había "escuchado con gran preocupación" el sermón del Gran Ayatollah Ali al-Sistani y que tomó su decisión luego de oírlo para "facilitar y acelerar su cumplimiento lo antes posible. "Presentaré al Parlamento un memorando oficial renunciando al puesto de primer ministro para que el Parlamento pueda revisar sus opciones", expresó Abdul-Mahdi, que ocupaba el cargo desde hacía poco más un año. El texto no precisa cuándo va a dimitir, pero la Asamblea va a reunirse el domingo para debatir la crisis.

Al Sistani había dicho que el Parlamento "debería reconsiderar sus opciones" en su sermón semanal de los viernes, que fue leído por un representante suyo en la ciudad santa de Najaf. Al Sistani había llamado a los activistas a distinguir entre los manifestantes pacíficos y aquellos que solo buscan generar violencia, después de que el miércoles un grupo de personas incendiara el consulado de Irán en Najaf. Funcionarios gubernamentales han declarado que el ataque al consulado iraní fue perpetrado por saboteadores externos al movimiento ciudadano.

Si bien los manifestantes celebraron el anuncio de Abdul-Mahdi, el reclamo de la calle es en contra de toda la clase política que gobierna Irak desde la caída de Saddam Hussein, en 2003. "No nos detendremos con el primer ministro, tenemos más peleas que dar. Seguiremos adelante hasta que se cumplan nuestras demandas", aseguró a la CNN una mujer que no quiso revelar su identidad por temor a represalias. Los manifestantes piden un cambio del gobierno que consideran corrupto y responsable de la mala gestión de los recursos y problemas económicos del país, sobre todo en el sur rico en petróleo donde la población no se beneficia del oro negro.

Alrededor de 400 personas murieron en la violenta represión que ha habido desde el inicio de las protestas, el 1° de octubre, la mayoría con heridas de munición real o por la explosión de latas de gas lacrimógeno que las fuerzas de seguridad disparan directo contra la multitud. Cuarenta manifestantes murieron baleados el jueves en la capital, Bagdad, y en las sureñas ciudades de Najaf y Nasiriya, en una escalada que continúa en las calles del país. Otros tres manifestantes murieron el viernes y ocho resultaron heridos en Nasiriya cuando intentaron acceder al centro de la ciudad para reanudar su protesta, informaron fuentes de Seguridad y de Salud.

Abdul-Mahdi, de 77 años, ex ministro de petróleo y finanzas y ex vicepresidente, fue visto como un político independiente cuando asumió el cargo en octubre de 2018 y es el primer primer ministro iraquí que no pertenece al partido político Dawa en 12 años. En su primer día de mandato, trasladó sus oficinas afuera de la zona verde fortificada en las que están todas la sedes del gobierno y embajadas con el objetivo de acercarse a la ciudadanía. Pero en seguida se chocó de frente con el desafío de bajar el alto desempleo, eliminar la corrupción y mejorar unos servicios públicos en ruinas.

Los manifestantes también le reprochan la creciente influencia de Irán en el país, después de que Washington redujera el número de militares en el terreno.

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Bolsonaro fue denunciado por "crímenes contra la humanidad"

Lo acusan de "incitar al genocidio de los pueblos indígenas", especialmente los originarios de la región amazónica. Mientras tanto, el mandatario exaltó a los madereros y hacendados sospechados de pagar la gasolina que provocó el gran incendio de este año.

 

Jair Bolsonaro fue denunciado formalmente ante el Tribunal Penal Internacional por "crímenes contra la humanidad". La Comisión Arns y el Colectivo de Abogados por los Derechos Humanos lo acusaron de "incitar al genocidio de los pueblos indígenas", especialmente los originarios de la región amazónica.

Desde Brasilia

Jair Bolsonaro fue denunciado formalmente ante el Tribunal Penal Internacional por "crímenes contra la humanidad". La Comisión Arns y el Colectivo de Abogados por los Derechos Humanos lo acusaron de "incitar al genocidio de los pueblos indígenas", especialmente los originarios de la región amazónica.

La denuncia fue presentada este miércoles en La Haya ante la corte creada en 2002 por donde ya pasaron varios criminales de guerra como los de la ex Yugoslavia.

Las entidades huanitarias le imputan haber sido por lo menos omiso frente a los "crímenes ambientales en la Amazonia", donde hubo un crecimiento del 29,5 por ciento de la deforestación debido a incendios y tala de bosques atribuida a grupos que actuaron de forma organizada, en presunta complicidad con "milicias" ligadas al bolsonarismo.

La Comisión Arns lleva el nombre del fallecido cardenal paulista Paulo Evaristo Arns, que en los años 70 acogió a centenas de militantes argentinos, uruguayos y chilenos. Y entregó un informe sobre los crímenes de la dictadura brasileña al presidente norteamericano James Carter.

En Brasil "no encontramos un camino eficiente" para procesar a Bolsonaro, explicó José Carlos Dias, titular de esa entidad y ex miembro de la Comisión de la Verdad , creada durante el gobierno de Dilma Rousseff. "Esperamos que la presentación ante el Tribunal estimule a las fuerzas internas de Brasil para que se investiguen estos temas", planteó Dias.

Bolsonaro visitó la Amazonia y atacó a los ambientalistas

En la mañana de este jueves Bolsonaro no respondió a un periodista que indagó en Brasilia sobre su eventual procesamiento internacional. Regresó a la capital federal tras una gira de dos días en la Amazonia donde exaltó a los madereros y hacendados sospechados de pagar la gasolina con que fueron devastados más de 9.700 kilómetros cuadrados en los últimos doce meses.

Uno de los blancos preferidos de los piromaníacos son las reservas indígenas. El gobierno envió al Congreso un proyecto para la instalar mineras en las tierras de los pueblos originarios. Donald Trump manifestó a su colega, durante la reunión que fuvieron en Washington, el interés de radicar mineras norteamericanas en la floresta.

"El estado de Amazonas está tomado por reservas indígenas y áreas de protección ambiental que perjudican el desarrollo de Brasil(..) si los ambientalistas quieren mascrarme eso es señal de que estoy en el camino correcto", dijo ayer Bolsonaro en Manaus después de participar en un culto evangélico.

Ecocidio y retrocesos democráticos

El Tribunal Penal Internacional analizará la documentación presentada por los organismos humanitrarios antes de determinar si recibe o no la denuncia contra uno de los líderes ultraderechistas más repudiados del mundo.

Indígenas brasileños responsabilizaron a Bolsonaro de "genocidio" durante el Sínodo de la Amazonia convocado el mes pasado por el papa Francisco. El jefe de estado vaticano propuso que el "ecocidio" sea un pecado y que los hombres casados puedan actuar como curas en las comunidades remotas donde sólo llegan las avionetas con pastores evangélicos (generalmente bolsonaristas).

En septiembre la Orden de Abogados de Brasil envió una delegación al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, donde solicitó un "monitoreo" del gobierno brasileño culpable de un "grave retroceso institucional" y amenazar las "conquistas democráticas" logradas trabajosamente desde el fin del régimen de facto en 1985.

El grupo de abogados citó la conmemoración oficial del aniversario del golpe militar del 31 de marzo de 1964 y la defensa de otros regímenes de facto sudamericanos.

Publicado enMedio Ambiente
Jueves, 28 Noviembre 2019 10:40

El pueblo no se rinde ¡carajo! 


Fotografías: Sebastián Navarrete Aldana, 27 de noviembre de 2019.



La creatividad, el festejo, el compartir, la música, el goce, la risa, la burla, la ironía, y la decisión de mantener en alto la lucha contra el paquetazo de Duque y el modelo neoliberal no para en Colombia. Es así como en el séptimo día de esta histórica jornada, en Bogotá, en medio del llamado al segundo paro nacional, a lo largo del día se dieron cita miles en el histórico parque Los Hippies, entre ellos cientos de artistas.

Empezó la jornada con más de 300 artistas que realizaron un cacerolazo sinfónico bajo la dirección del maestro Guerassim Voronkov, director musical y docente de la Universidad Nacional. En la concurrencia, personas de la tercera edad, estudiantes, ejecutivos, extranjeros y niños, todos los cuales llenaron el parque desde la carrera 9a hasta la avenida 7a con 60.


En horas de la noche la movilización no paraba: arengas, cantos, bailes, un interminable cacerolazo, personas desde los balcones de edificios hondaban banderas de Colombia. De repente, un minuto de silencio donde el conjunto humano reunido en el parque alzó las manos e hicieron homenaje a Dilan Cruz, asesinado por el Esmad, y al soldado Brandon Cely llevado al suicidado –al dar a conocer su apoyo al paro–, producto de las presiones sufridas por parte de la institución militar.


Como parte de los miles reunidos en territorio de la localidad de Chapinero, desdeabajo acompañó esta festiva pero resistente jornada, aprovechando para realizar el necesario registro fotografías de las distintos carteles y letreros que fueron hizados en la noche del 27N en el parque de Los Hippies, al tiempo que entrevistó a las personas que las realizaron para conocer sus motivos para apoyar esta inolvidable jornada de lucha, que se extiende en los días y que todavía no para.

 

Elizabeth Díaz Muñoz, psicóloga y pensionada. 


Elizabeth Díaz Muñoz, psicóloga y pensionada.


“Cuando supe de la muerte de los dos muchachos, Dilan Cruz y Brandon Cely, el corazón se me arrugó, me pareció tan doloroso, y como madre tengo mucha tristeza porque fueron muertes que no tuvieron que haber pasado. Y no quiero que su muerte sea impune. Los dos fueron muy valientes y conscientes y si estuvieran vivos estarían haciendo muchas cosas bellas. Yo creo que el Esmad ya está dañado, sí, considero que se acabe”.


Felipe Ortiz artista visual y publicista.
 

“Hice ésta imagen porque queremos expresar a través del arte nuestro inconformismo contra este gobierno, que no queremos. No queremos el regreso de los falsos positivos. Queremos educación digna y de calidad. Queremos un país con equidad para todos. Hay que seguir y esto no es de un solo día, hay que hacernos sentir los días que sean necesarios para conseguir los objetivos”.

 

Alejandra Dura, estudiante.
 
 

“Escribí este cartel porque en la zona en la que vivo nos metieron el susto el 23N, se metieron, nos dijeron, no sabemos quién, de un momento a otro empezaron a asustarnos a todos los del conjunto. Entonces, claro, se nos metieron a robar, pero nuestra salud y educación. Estamos cansados de que gobiernen siempre los mismos, de que nos roben y todos callados. Exijo presupuesto para la educación y que dejen de pagarle tanto a los Senadores y a los Representantes de la Cámara”.

 




Natalia Andrade, trabajadora.
 

“Esta pancarta de la desigualdad social la escribí porque desafortunadamente estamos en un país donde los estratos 1, 2 y 3 son los que menos oportunidades tienen y las personas de estratos 4, 5 y 6 sabemos cuáles son sus condiciones económicas y ellos desde la comodidad de su casa no comprenden la desigualdad social a la que estamos sometidos los estratos bajos. Decir que el paro que se ha hecho es violento no es cierto, es un paro con mucho amor y espero que Colombia salga adelante y dejemos la desigualdad social”.

 



Daniela Ortiz, realizadora audiovisual.
 



“Escribí esta pancarta porque tristemente la gran mayoría de mi familia es uribista, empezando por mi papá y mi abuelo que es militar; llevo muchos años intentando abrirles la mente pero ha sido muy difícil. Ellos respetan que yo esté acá pero no comparten nada de la causa, y lo único que hacen es mandar en los grupos de redes sociales de la familia que apoyan a Duque y a Uribe. Entonces, por eso estoy acá. No puedo hacerlos cambiar de opinión, pero estoy sanando mis raíces”.

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Jueves, 28 Noviembre 2019 07:08

El retorno de los motines de subsistencia

El retorno de los motines de subsistencia

La regresión de los salarios, el trabajo precario, tener que soportar sobre los hombros un peso cada vez mayor del financiamiento del Estado por el aumento de los impuestos, el encarecimiento de los servicios públicos y la negación de la educación y la salud como derechos básicos, han llevado a los pueblos a levantarse espontáneamente.
La incertidumbre sobre la subsistencia no puede seguir siendo la norma de vida.

 

“Un fantasma recorre el mundo”: el fantasma de las revueltas populares espontáneas. El recorrido del espectro comenzó el 17 de octubre de 2018 en París, con una convocatoria por medios digitales para protestar por el alza en el precio de los combustibles, la pérdida en el poder adquisitivo del salario y una carga fiscal creciente sobre los sectores con menores ingresos. Las protestas, que ya completan más de un año, han sobrepasado tan sólo en la capital francesa, más de cincuenta manifestaciones saldadas con once muertes relacionadas con los eventos, 24 ojos perdidos por perdigones disparados por la policía, una mano arrancada con explosivos, y más de tres mil condenados –mil de ellos condenados a prisión–, entre otros destrozos provocados por la represión. El nombre del movimiento, un poco extraño y carente de referentes: los chalecos amarillos.

En América Latina, las mismas causas fueron la chispa que el tres de octubre de éste año incendiaron, primero, la capital ecuatoriana, y luego el resto del país con un saldo no menos trágico: entre cinco y diez muertos, 500 heridos y al menos 1.000 detenidos, luego de diez días de refriegaque obligaron al gobierno a poner en suspenso las medidas que motivaron el gesto insurreccional. Pero, la cereza que coronó el pastel, fue la sorprendente reacción del pueblo chileno, qué iniciada con las protestas de los estudiantes por el alza en el precio del transporte público, rápidamente asumió el carácter de una revuelta popular de gran envergadura, cuyo saldo ha sido de al menos veinte muertos, 600 heridos y cerca de 6.000 detenidos. El estallido popular en este país es aún más significativo, por haber sido Chile el conejo de laboratorio donde la escuela económica conocida como los Chicago Boys ensayó el conjunto de políticas que angostaron, a lo ancho del planeta, la vida de los asalariados hasta los mínimos niveles de subsistencia, para de esa forma darle salida al capital, luego de la crisis de los setenta del siglo pasado, que había puesto en cuestión las tasas de acumulación.

Como una funesta coincidencia de los simbolismos, debe recordarse que fue José Manuel Piñera, hermano mayor del actual presidente, Sebastián Piñera, quién como ministro de la dictadura militar de Augusto Pinochet puso en marcha las reformas anti-populares que por más de cuatro décadas rigieron la economía de aquel país, y cuyos efectos acumulados condujeron al estallido social reciente. El hermano menor, intentando redondear la siniestra obra de su familiar, terminó colmando la paciencia del pueblo chileno que busca como meta sacudirse la pesada herencia.

Pero, las protestas también han tenido lugar en ciudades como Puerto Príncipe, Beirut o Bagdad, en una reedición de los Motines de Subsistencia de los siglos XVII, XVIII y XIX, de los que quizá el más trascendente fue la “Marcha sobre Versalles”, en el que las vivanderas de los mercados parisinos sitiaron el palacio real y obligaron a María Antonieta y a Luis XVI a regresar a la capital francesa a asumir sus responsabilidades, consolidando el levantamiento que dio forma definitiva a la Revolución Francesa. Ya no es el precio del pan la chispa sino el de los combustibles, así como la regresión en las condiciones de la seguridad social y el entender que el financiamiento del Estado ha sido volcado sobre los hombros de los sectores populares, pero, eso no le quita que sean verdaderos motines de subsistencia en versión actualizada, pues su motivación son las extremas condiciones de angustia con las que la mayoría de la población enfrenta la cotidianidad.

 

El camino hacía los límites

 

Más allá de las críticas que puedan hacerse a conceptos como el de sociedad post-industrial, o a ciertas conclusiones derivadas de afirmar el fin de la etapa industrialista del capitalismo, lo cierto es que el innegable dominio de la ocupación en el sector servicios, que en promedio en el mundo ocupa el 50 por ciento de los trabajadores contra el 14 por ciento en las manufacturas –en los países de altos ingresos esos porcentajes son de 74 y 13 por ciento respectivamente–, obliga a considerar las consecuencias de ese hecho, así como de los cambios en la estructura de la fuerza laboral industrial, tanto al interior de los países, como si la miramos globalmente.

La automatización y la robotización son, sin duda, dos de los factores centrales que explican la disminución de la participación relativa de la fuerza de trabajo en la producción de los bienes manufacturados. Para el caso de los países del centro capitalista, además, debe sumarse el proceso de deslocalización, iniciado con fuerza en la década de los ochenta del siglo pasado, que buscó a través de la externalización de un componente importante del proceso de fabricación de bienes, no sólo disminuir costos al usar mano de obra de los países periféricos, sustantivamente más barata, sino debilitar la resistencia interna de los trabajadores, al descomponer o eliminar las unidades productivas que aglomeraban un número considerable de obreros convencionales. La búsqueda de nivelar por lo bajo los salarios, que aún continúa, ha tenido en esa estrategia uno de sus puntales más importantes.

De otro lado, al interior de los países, la subcontratación (conocida como outsourcing, por su acepción en inglés) de las actividades menos automatizables, hizo de la tercerización, como también se le conoce, un mecanismo que descargó de responsabilidades laborales a las grandes empresas y contribuyó a la informalización y precarización de un gran número de trabajadores, pues las pequeñas empresas subcontratistas escapan, en mayor medida, a los controles estatales. En el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del 19 de octubre de este año, sobre autoempleo y pequeñas y medianas empresas –titulado en español como Lo pequeño importa–, ese organismo muestra como en el mundo cerca del 70 por ciento del empleo lo proveen ese tipo de unidades productivas. En los países de bajos ingresos, las empresas de menos de 50 trabajadores proveen el 40 por ciento de la ocupación, el autoempleo el 54 por ciento, mientras que tan sólo el seis por ciento es cubierto por empresas de mayor envergadura. En los países de medianos ingresos el autoempleo (60 por ciento) y el empleo en pequeñas empresas (30 por ciento) representan la casi totalidad de la ocupación, siendo la magra cifra del 10 por ciento el ofertado por las grandes empresas; mientras que en las naciones de altos ingresos, las pequeñas empresas ocupan casi la mitad de la población asalariada (47por ciento), el autoempleo el 11 por ciento y las grandes empresas menos de mitad de la provisión laboral (42 por ciento)–en Colombia, según el Dane, el autoempleo es 43,6 por ciento–. Este proceso, que quiso ser maquillado con el pomposo nombre de “industrias en red”, facilitó la individualización de la contratación y limitó el horizonte político de la clase trabajadora que empezó a tener mayores dificultades para poder articular convergentemente acciones de lucha por sus derechos, limitando su alcance y posibilitando al capital imponer sus condiciones sin apenas resistencia. Acá, lo pequeño no es hermoso.

El debilitamiento estructural de la clase trabajadora tuvo quizá su mayor reflejo en el declive de las tasas de sindicalización de los países más industrializados.En EU la afiliación a los sindicatos va en caida de forma importante, pasando de representar 20,1 por ciento en 1983 a 10,6 en la actualidad. En Alemania y Japón, las otras dos potencias industriales capitalistas, la cifra apenas supera el 17 por ciento en la actualidad, y en Corea del Sur es tan sólo del 9 por ciento, según datos de la Confederación Sindical Internacional (CSI). Esto no es más que el reflejo de la des-colectivización de la relación capital-trabajo, que ha colocado al trabajador individual a negociar de forma aislada con las grandes corporaciones, en una situación de desigualdad cuyos resultados son la precarización de sus condiciones. La informalidad ahora es lo normal; su porcentaje actual a nivel mundial es del 61 por ciento de trabajadores en esa condición, mientras que tan sólo el restante 39 de asalariados están cubiertos con las pocas garantías que las reformas laborales no han abolido para los contratos convencionales (en Colombia la informalidad es del 48 por ciento).

La desregulación del trabajo, que incluye la llamada flexibilización laboral, va acompañada de un traslado de la carga fiscal desde las empresas a los trabajadores. En EU la tasa impositiva a las compañías pasó del 32,1 por ciento en 1952 a 10,8 en 2015; en Europa, del 41 por ciento de 1983 quedó reducida en 2015 al 22, mientras que el impuesto al valor agregado (IVA), pagado esencialmente por la gente del común pasó, en ese período, de 16,1 a 19,2 por ciento. En EU la tasa impositiva marginal, aplicable a los ingresos más elevados, de 70 por ciento en 1980 descendió al 40 en 2010, mientras que en Alemania de estar en 90 por ciento, a fines de la década del cuarenta del siglo pasado, es hoy del 45 por ciento, como lo destaca Thomas Piketty en su libro El capital en el siglo XXI. Además, como lo reseña Oxfam en su informe de 2018, el economista Gabriel Zucman estima que los multimillonarios esconden alrededor de seis billones de dólares en paraísos fiscales, eludiendo al menos 200 mil millones en pagos de impuestos. Esto ha tenido como resultado una concentración de la riqueza sin antecedentes, hasta el punto que en la actualidad las 42 personas más ricas del planeta poseen el equivalente de lo que suman los activos de los 3.700 millones de personas con menor riqueza en el mundo, según datos de la empresa de servicios financieros Credit Suisse. Oxfam calcula que en el 2017 el 82 por ciento de la riqueza creada fue apropiado por el uno por ciento de los más ricos.

 

Las clases trabajadoras al borde del abismo

 

El aumento de la dispersión locativa de los trabajadores de un mismo sector –tal el caso de conductores, empleados de los comercios minoristas, docentes, médicos, etcétera– propiciada por el continuo crecimiento del sector servicios, las facilidades para la deslocalización internacional y el predominio de las pequeñas empresas, fueron algunos aspectos de la piedra de toque que facilitó al capital reducir al mínimo los derechos de los trabajadores. Que estos empiecen a ser considerados como “prestadores de servicios independientes”, desligados de sus colegas de labor, ha llevado en la actualidad a hacer posible la existencia de empresas sin apenas trabajadores presenciales, como en el caso de la llamada “industria de plataforma”, cuya actividad central es ser coordinadora informatizada de actividades. El avance de la economía gig, también conocida como economía colaborativa, o economía de los freelance, ocupa predominantemente trabajadores jóvenes que aportan sus conocimientos y habilidades a empresas por horas o días sin que medie un contrato.

En el imaginario ideologizado, entonces, lo que quiere presentarse es el fin del trabajo como actividad subordinada, y justificar así el avance de la eliminación de éste como sujeto de derechos. La subordinación moderna de los trabajadores queda basada, de esa forma, en lo que Robert Castel denominó el ascenso de las incertidumbres: la inseguridad sobre el mañana como instrumento de sujeción en el presente, pues los derechos económicos positivos son, de hecho, eliminados. Según la CSI, el 60 por ciento de los países tienen prohibiciones de sindicalización en algunos sectores de la economía, el 83 por ciento ha vulnerado el derecho de huelga y el 82 han violentado la negociación colectiva, todo bajo el argumento que los derechos de los trabajadores son contrarios a la buena marcha de la sociedad, y de que tal marcha no es otra cosa que la ampliación de la riqueza apropiada por el capital.

El avance del capital a costa del trabajo, es innegable. Según el Fondo Monetario Internacional el pago a los trabajadores en los países desarrollados, de representar 55 por ciento del PIB en 1972 fue reducido a 40 en la actualidad, mientras que en los países emergentes y los subordinados, de 50 por ciento en 1994 pasó en el presente a 37. El estancamiento de las salarios medios y bajos tuvo en el divorcio presentado entre las mejoras en la productividad y los aumentos en las remuneraciones al trabajo, una de las causas más importantes, y desde 1972 sigue ensanchándose. El salario por semana en Estados Unidos, cuyo promedio actual es de 746 dólares, sería hoy de 1.377 dólares si las remuneraciones hubiesen aumentado en la misma proporción que lo hicieron hasta 1972 respecto de las mejoras en la productividad, lo que indica, sin equívocos, que ésta última ha sido apropiada en su práctica totalidad desde esa fecha por los capitalistas.

Pero, de otro lado, a partir de las crisis de los setenta, la brecha al interior de las mismas remuneraciones salariales ha ido en aumento, dejando a la gran masa de trabajadores sin mando en unas condiciones cada vez más desventajosas, puesto que mientras en la década de los setenta del siglo pasado la relación del salario entre gerentes y trabajadores era de 45 a 1, es hoy de 794 a 1. Y, lo que es aún más preocupante, al interior de los mismos trabajadores no directivos la brecha también es enorme, pues según la OIT mientras que la remuneración en el decil más bajo es de 266 dólares anuales (750.000 pesos colombianos mensuales, aproximadamente) en el noveno decil es de 36.903 dólares (10 millones de pesos mensuales aproximadamente, es decir, 133 veces más). Esto ha llevado a una fragmentación de la clase trabajadora que hoy ya no está dividida entre trabajadores de “cuello blanco” (empleados) y trabajadores de “cuello azul” (obreros) sino entre trabajadores con derechos y trabajadores precarios que ahora son la inmensa mayoría.

Para completar el cuadro, el encarecimiento de algunos consumos básicos ha limitado aún más las condiciones vitales de los grupos subordinados. La privatización de los servicios públicos domiciliarios, y los de salud y educación, por ejemplo, convertidos en mercancías, y por tanto anulados como derechos, fueron convertidos en bienes plenos para unos pocos, amplificando la monumental disparidad social que experimentamos. La deuda estudiantil en EU, por ejemplo, suma 1,6 billones de dólares, el doble que hace diez años y afecta ya a 44 millones de personas, que dados los bajos salarios percibidos quedan hipotecadas prácticamente de por vida. En Colombia, la cartera del Icetex es de alrededor de cinco billones de pesos distribuidos entre 700.000 deudores, en una espiral creciente de acreencias a la que empiezan a sumarse como prestamistas los bancos privados. En cuanto a los servicios públicos, basta señalar como ilustración que el precio medio de la energía que cobran las empresas privadas en los 34 países de la Ocde es 23,1 por ciento mayor que el de las empresas públicas, lo que ha obligado a que en la última década 235 municipalidades hayan re-estatizado el servicio.

El multimillonario Warren Buffet, al expresar que "Hay una guerra de clases, de acuerdo, pero es la mía, la de los ricos, la que está haciendo esa guerra, y vamos ganando", dejaba claro que los resultados de la concentración económica es producto de una ofensiva consciente y no de “los automatismos del mercado” o de la “correcta asignación de recursos”, argumentos clásicos del cretinismo de los profesionales de la economía convencional. Debe ponerse en primer plano, entonces, como lo planteaba ya la economía clásica, que la estructura de la distribución del ingreso es un resultado de la correlación de fuerzas entre las clases y no un dato técnico, y que es definida en el espacio de la política. Recoger el guante del desafío que los Buffet lanzan, parece una tarea demorada por parte de los movimientos sociales si bien, vistos retrospectivamente, tanto el movimiento de los Indignados como Occupy Wall Street podrían considerarse como escaramuzas, y los recientes motines de subsistencia como movimientos de avanzada que empiezan a responder. Es, pues, el desarrollo de formas organizativas ágiles y pertinentes una tarea urgente a desarrollar.

En Colombia, la reciente visita del Secretario General de la Ocde, José Ángel Gurría, para presentar al gobierno un informe sobre la situación del país, muestra que para la burocracia internacional los motines de subsistencia no son aún motivo de alarma, pues el funcionario recomendó, entre otras cosas, reducir los costos laborales no salariales, el valor del registro de empresas, revisar el “elevado” salario mínimo y aumentar la edad de jubilación. Aunque, para ser justos, lo del “elevado” salario mínimo y el aumento en la edad de jubilación, son también viejos argumentos de nuestra tecnocracia ultraliberal, defendidos, entre otros, por funcionarios criollos como el inefable Alberto Carrasquilla –el mismo de los bonos de agua–, qué en la Ley de Financiamiento, declarada inexequible por la Corte Constitucional, en nombre de las posiciones más ultraderechistas, quiso aprobar una reducción a las empresas en el impuesto a la renta así como exonerarlas de pagar el IVA a los bienes de capital, ahorrándoles casi seis billones de pesos. Quizá, los tecnócratas confían en la pasividad de los movimientos sociales colombianos, pero, en eso también confiaba Piñera, y si “Chile despertó”, ¿será que dura mucho nuestro adormilamiento?

 

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Combate a la violencia de género, el reclamo común en Latinoamérica

No solamente en México sino en casi todos los países latinoamericanos, las mujeres salieron a la calle este 25 de noviembre para protestar los altos niveles de violencia. El feminicidio fue el tema en la mayoría de pancartas vistas en las protestas, aparte del pañuelo verde para un aborto seguro, libre y gratuito. En varios países, las manifestantes también se solidarizaron con las mujeres indígenas reprimidas en Bolivia, ondeando la bandera Wiphala, símbolo del Estado plurinacional.

En varias ciudades de Argentina, las participantes se mostraron preocupadas por las crisis que atraviesan otros países sudamericanos, como Bolivia, Chile, y Colombia. Además, pidieron un presupuesto más alto para combatir la violencia de género, y la legalización de la interrupción del embarazo. “Estamos pidiendo que el presidente electo (Alberto Fernández) cumpla con lo que se ha comprometido: despenalizar y legalizar el aborto”, citó el periódico El País a la feminista Nina Brugo, quien formó parte de las protestas en Buenos Aires. De acuerdo con el “Observatorio de Feminicidios en la Argentina Adriana Marisel Zambrano”, ocurre un feminicidio cada 32 horas en el país.

En Chile, las protestas de mujeres formaron parte de la movilización más grande contra el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que ha sacudido el país desde el mes de octubre. Las participantes llamaron la atención a la represión que se está ejerciendo en contra de los sectores en oposición. Las principales agrupaciones de mujeres, como la Coordinadora Feminista 8M, forma parte de Unidad Social, que reúne a cerca de 200 organizaciones sindicales y de la sociedad civil que han llamado a una huelga general este martes.

En redes sociales, se viralizó una intervención del colectivo “Las Tesis”, frente a varios edificios de gobierno en Santiago. “El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer”, cantaron las mujeres, con los ojos vendados, en una coreografía denominada “Un Violador en Tu Camino”. “El violador, eres tú. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía”, continuaron, señalando a una persona ficticia enfrente, bajo los aplausos del público.

En Perú, las mujeres salieron a las calles el fin de semana, para demandar un presupuesto más alto para el combate de la violencia de género. En Colombia, las protestas fueron inmersas en las acciones alrededor del “paro nacional”, a favor de los acuerdos de paz y en contra del presidente Iván Duque. También denunciaron el asesinato de mujeres defensoras de Derechos Humanos. Según el Observatorio de Feminicidios Colombia, 339 mujeres han sido asesinadas en el país entre enero y julio del 2019.

En Guatemala, se realizó una velada que recordó a las víctimas de feminicidio en este país, que tiene una de las tazas de feminicidio más altas en la región. Las participantes colocaron cruces y fotos y encendieron velas, algunas de ellas formaron la cifra “571”, que según los registros de las organizaciones es el número de mujeres asesinadas en el país en 2019, hasta la fecha. También recordaron las víctimas del incendio en el albergue “Hogar Seguro”, el 8 de marzo 2017, en el cual 41 niñas murieron y 15 resultaron heridas gravemente.

Este centro estatal de protección para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, abandono y maltrato infantil, había sido señalado antes del incidente, a su vez, por abuso físico y sexual, sin embargo, las autoridades no reaccionaron. Cuando las y los jóvenes se rebelaron, el 7 de marzo 2017, algunas fueron encerradas en una recámara, lo que provocó que no pudieran ser rescatadas a tiempo cuando se produjo el incendio. Se inició un proceso contra cinco acusados en el caso, en febrero 2019, pero hasta ahora no ha pasado más allá de la etapa principal.

En Nicaragua, las manifestantes recordaron a los presos políticos del gobierno de Ortega. Desde el 14 de noviembre, un grupo de madres ha estado en huelga de hambre en una iglesia de Masaya exigiendo la liberación de sus hijos encarcelados desde la ola de represión de 2018. La organización Iniciativa Meosamericana de Defensoras de Derechos Humanos denunció que la policía de Nicaragua rodeaba las oficinas de la organización “Corriente Feminista”, y que no se les permitía a las mujeres llevar su protesta a la calle, hizo un llamado al gobierno de Nicaragua para que deje de “intimidar a las compañeras feministas.” Cientos de mujeres también salieron a las calles en El Salvador y Honduras, para protestar la violencia de género.

Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2018 fueron asesinadas al menos 3 mil 529 mujeres por razones de género en 25 países de América Latina y el Caribe.  

Cuatro de las cinco tasas más altas de feminicidio se registraron en El Salvador, Honduras, Guatemala y en República Dominicana. A ellos se sumó Bolivia, cuya tasa de 2,3 feminicidios por cada 100.000 mujeres en 2018 era la tercera más alta de América Latina y la más alta de América del Sur.

Publicado originalmente en CIMAC Noticias

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Miércoles, 27 Noviembre 2019 14:58

El retorno de los motines de subsistencia

El retorno de los motines de subsistencia

La regresión de los salarios, el trabajo precario, tener que soportar sobre los hombros un peso cada vez mayor del financiamiento del Estado por el aumento de los impuestos, el encarecimiento de los servicios públicos y la negación de la educación y la salud como derechos básicos, han llevado a los pueblos a levantarse espontáneamente.
La incertidumbre sobre la subsistencia no puede seguir siendo la norma de vida.

 

“Un fantasma recorre el mundo”: el fantasma de las revueltas populares espontáneas. El recorrido del espectro comenzó el 17 de octubre de 2018 en París, con una convocatoria por medios digitales para protestar por el alza en el precio de los combustibles, la pérdida en el poder adquisitivo del salario y una carga fiscal creciente sobre los sectores con menores ingresos. Las protestas, que ya completan más de un año, han sobrepasado tan sólo en la capital francesa, más de cincuenta manifestaciones saldadas con once muertes relacionadas con los eventos, 24 ojos perdidos por perdigones disparados por la policía, una mano arrancada con explosivos, y más de tres mil condenados –mil de ellos condenados a prisión–, entre otros destrozos provocados por la represión. El nombre del movimiento, un poco extraño y carente de referentes: los chalecos amarillos.

En América Latina, las mismas causas fueron la chispa que el tres de octubre de éste año incendiaron, primero, la capital ecuatoriana, y luego el resto del país con un saldo no menos trágico: entre cinco y diez muertos, 500 heridos y al menos 1.000 detenidos, luego de diez días de refriegaque obligaron al gobierno a poner en suspenso las medidas que motivaron el gesto insurreccional. Pero, la cereza que coronó el pastel, fue la sorprendente reacción del pueblo chileno, qué iniciada con las protestas de los estudiantes por el alza en el precio del transporte público, rápidamente asumió el carácter de una revuelta popular de gran envergadura, cuyo saldo ha sido de al menos veinte muertos, 600 heridos y cerca de 6.000 detenidos. El estallido popular en este país es aún más significativo, por haber sido Chile el conejo de laboratorio donde la escuela económica conocida como los Chicago Boys ensayó el conjunto de políticas que angostaron, a lo ancho del planeta, la vida de los asalariados hasta los mínimos niveles de subsistencia, para de esa forma darle salida al capital, luego de la crisis de los setenta del siglo pasado, que había puesto en cuestión las tasas de acumulación.

Como una funesta coincidencia de los simbolismos, debe recordarse que fue José Manuel Piñera, hermano mayor del actual presidente, Sebastián Piñera, quién como ministro de la dictadura militar de Augusto Pinochet puso en marcha las reformas anti-populares que por más de cuatro décadas rigieron la economía de aquel país, y cuyos efectos acumulados condujeron al estallido social reciente. El hermano menor, intentando redondear la siniestra obra de su familiar, terminó colmando la paciencia del pueblo chileno que busca como meta sacudirse la pesada herencia.

Pero, las protestas también han tenido lugar en ciudades como Puerto Príncipe, Beirut o Bagdad, en una reedición de los Motines de Subsistencia de los siglos XVII, XVIII y XIX, de los que quizá el más trascendente fue la “Marcha sobre Versalles”, en el que las vivanderas de los mercados parisinos sitiaron el palacio real y obligaron a María Antonieta y a Luis XVI a regresar a la capital francesa a asumir sus responsabilidades, consolidando el levantamiento que dio forma definitiva a la Revolución Francesa. Ya no es el precio del pan la chispa sino el de los combustibles, así como la regresión en las condiciones de la seguridad social y el entender que el financiamiento del Estado ha sido volcado sobre los hombros de los sectores populares, pero, eso no le quita que sean verdaderos motines de subsistencia en versión actualizada, pues su motivación son las extremas condiciones de angustia con las que la mayoría de la población enfrenta la cotidianidad.

 

El camino hacía los límites

 

Más allá de las críticas que puedan hacerse a conceptos como el de sociedad post-industrial, o a ciertas conclusiones derivadas de afirmar el fin de la etapa industrialista del capitalismo, lo cierto es que el innegable dominio de la ocupación en el sector servicios, que en promedio en el mundo ocupa el 50 por ciento de los trabajadores contra el 14 por ciento en las manufacturas –en los países de altos ingresos esos porcentajes son de 74 y 13 por ciento respectivamente–, obliga a considerar las consecuencias de ese hecho, así como de los cambios en la estructura de la fuerza laboral industrial, tanto al interior de los países, como si la miramos globalmente.

La automatización y la robotización son, sin duda, dos de los factores centrales que explican la disminución de la participación relativa de la fuerza de trabajo en la producción de los bienes manufacturados. Para el caso de los países del centro capitalista, además, debe sumarse el proceso de deslocalización, iniciado con fuerza en la década de los ochenta del siglo pasado, que buscó a través de la externalización de un componente importante del proceso de fabricación de bienes, no sólo disminuir costos al usar mano de obra de los países periféricos, sustantivamente más barata, sino debilitar la resistencia interna de los trabajadores, al descomponer o eliminar las unidades productivas que aglomeraban un número considerable de obreros convencionales. La búsqueda de nivelar por lo bajo los salarios, que aún continúa, ha tenido en esa estrategia uno de sus puntales más importantes.

De otro lado, al interior de los países, la subcontratación (conocida como outsourcing, por su acepción en inglés) de las actividades menos automatizables, hizo de la tercerización, como también se le conoce, un mecanismo que descargó de responsabilidades laborales a las grandes empresas y contribuyó a la informalización y precarización de un gran número de trabajadores, pues las pequeñas empresas subcontratistas escapan, en mayor medida, a los controles estatales. En el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del 19 de octubre de este año, sobre autoempleo y pequeñas y medianas empresas –titulado en español como Lo pequeño importa–, ese organismo muestra como en el mundo cerca del 70 por ciento del empleo lo proveen ese tipo de unidades productivas. En los países de bajos ingresos, las empresas de menos de 50 trabajadores proveen el 40 por ciento de la ocupación, el autoempleo el 54 por ciento, mientras que tan sólo el seis por ciento es cubierto por empresas de mayor envergadura. En los países de medianos ingresos el autoempleo (60 por ciento) y el empleo en pequeñas empresas (30 por ciento) representan la casi totalidad de la ocupación, siendo la magra cifra del 10 por ciento el ofertado por las grandes empresas; mientras que en las naciones de altos ingresos, las pequeñas empresas ocupan casi la mitad de la población asalariada (47por ciento), el autoempleo el 11 por ciento y las grandes empresas menos de mitad de la provisión laboral (42 por ciento)–en Colombia, según el Dane, el autoempleo es 43,6 por ciento–. Este proceso, que quiso ser maquillado con el pomposo nombre de “industrias en red”, facilitó la individualización de la contratación y limitó el horizonte político de la clase trabajadora que empezó a tener mayores dificultades para poder articular convergentemente acciones de lucha por sus derechos, limitando su alcance y posibilitando al capital imponer sus condiciones sin apenas resistencia. Acá, lo pequeño no es hermoso.

El debilitamiento estructural de la clase trabajadora tuvo quizá su mayor reflejo en el declive de las tasas de sindicalización de los países más industrializados.En EU la afiliación a los sindicatos va en caida de forma importante, pasando de representar 20,1 por ciento en 1983 a 10,6 en la actualidad. En Alemania y Japón, las otras dos potencias industriales capitalistas, la cifra apenas supera el 17 por ciento en la actualidad, y en Corea del Sur es tan sólo del 9 por ciento, según datos de la Confederación Sindical Internacional (CSI). Esto no es más que el reflejo de la des-colectivización de la relación capital-trabajo, que ha colocado al trabajador individual a negociar de forma aislada con las grandes corporaciones, en una situación de desigualdad cuyos resultados son la precarización de sus condiciones. La informalidad ahora es lo normal; su porcentaje actual a nivel mundial es del 61 por ciento de trabajadores en esa condición, mientras que tan sólo el restante 39 de asalariados están cubiertos con las pocas garantías que las reformas laborales no han abolido para los contratos convencionales (en Colombia la informalidad es del 48 por ciento).

La desregulación del trabajo, que incluye la llamada flexibilización laboral, va acompañada de un traslado de la carga fiscal desde las empresas a los trabajadores. En EU la tasa impositiva a las compañías pasó del 32,1 por ciento en 1952 a 10,8 en 2015; en Europa, del 41 por ciento de 1983 quedó reducida en 2015 al 22, mientras que el impuesto al valor agregado (IVA), pagado esencialmente por la gente del común pasó, en ese período, de 16,1 a 19,2 por ciento. En EU la tasa impositiva marginal, aplicable a los ingresos más elevados, de 70 por ciento en 1980 descendió al 40 en 2010, mientras que en Alemania de estar en 90 por ciento, a fines de la década del cuarenta del siglo pasado, es hoy del 45 por ciento, como lo destaca Thomas Piketty en su libro El capital en el siglo XXI. Además, como lo reseña Oxfam en su informe de 2018, el economista Gabriel Zucman estima que los multimillonarios esconden alrededor de seis billones de dólares en paraísos fiscales, eludiendo al menos 200 mil millones en pagos de impuestos. Esto ha tenido como resultado una concentración de la riqueza sin antecedentes, hasta el punto que en la actualidad las 42 personas más ricas del planeta poseen el equivalente de lo que suman los activos de los 3.700 millones de personas con menor riqueza en el mundo, según datos de la empresa de servicios financieros Credit Suisse. Oxfam calcula que en el 2017 el 82 por ciento de la riqueza creada fue apropiado por el uno por ciento de los más ricos.

 

Las clases trabajadoras al borde del abismo

 

El aumento de la dispersión locativa de los trabajadores de un mismo sector –tal el caso de conductores, empleados de los comercios minoristas, docentes, médicos, etcétera– propiciada por el continuo crecimiento del sector servicios, las facilidades para la deslocalización internacional y el predominio de las pequeñas empresas, fueron algunos aspectos de la piedra de toque que facilitó al capital reducir al mínimo los derechos de los trabajadores. Que estos empiecen a ser considerados como “prestadores de servicios independientes”, desligados de sus colegas de labor, ha llevado en la actualidad a hacer posible la existencia de empresas sin apenas trabajadores presenciales, como en el caso de la llamada “industria de plataforma”, cuya actividad central es ser coordinadora informatizada de actividades. El avance de la economía gig, también conocida como economía colaborativa, o economía de los freelance, ocupa predominantemente trabajadores jóvenes que aportan sus conocimientos y habilidades a empresas por horas o días sin que medie un contrato.

En el imaginario ideologizado, entonces, lo que quiere presentarse es el fin del trabajo como actividad subordinada, y justificar así el avance de la eliminación de éste como sujeto de derechos. La subordinación moderna de los trabajadores queda basada, de esa forma, en lo que Robert Castel denominó el ascenso de las incertidumbres: la inseguridad sobre el mañana como instrumento de sujeción en el presente, pues los derechos económicos positivos son, de hecho, eliminados. Según la CSI, el 60 por ciento de los países tienen prohibiciones de sindicalización en algunos sectores de la economía, el 83 por ciento ha vulnerado el derecho de huelga y el 82 han violentado la negociación colectiva, todo bajo el argumento que los derechos de los trabajadores son contrarios a la buena marcha de la sociedad, y de que tal marcha no es otra cosa que la ampliación de la riqueza apropiada por el capital.

El avance del capital a costa del trabajo, es innegable. Según el Fondo Monetario Internacional el pago a los trabajadores en los países desarrollados, de representar 55 por ciento del PIB en 1972 fue reducido a 40 en la actualidad, mientras que en los países emergentes y los subordinados, de 50 por ciento en 1994 pasó en el presente a 37. El estancamiento de las salarios medios y bajos tuvo en el divorcio presentado entre las mejoras en la productividad y los aumentos en las remuneraciones al trabajo, una de las causas más importantes, y desde 1972 sigue ensanchándose. El salario por semana en Estados Unidos, cuyo promedio actual es de 746 dólares, sería hoy de 1.377 dólares si las remuneraciones hubiesen aumentado en la misma proporción que lo hicieron hasta 1972 respecto de las mejoras en la productividad, lo que indica, sin equívocos, que ésta última ha sido apropiada en su práctica totalidad desde esa fecha por los capitalistas.

Pero, de otro lado, a partir de las crisis de los setenta, la brecha al interior de las mismas remuneraciones salariales ha ido en aumento, dejando a la gran masa de trabajadores sin mando en unas condiciones cada vez más desventajosas, puesto que mientras en la década de los setenta del siglo pasado la relación del salario entre gerentes y trabajadores era de 45 a 1, es hoy de 794 a 1. Y, lo que es aún más preocupante, al interior de los mismos trabajadores no directivos la brecha también es enorme, pues según la OIT mientras que la remuneración en el decil más bajo es de 266 dólares anuales (750.000 pesos colombianos mensuales, aproximadamente) en el noveno decil es de 36.903 dólares (10 millones de pesos mensuales aproximadamente, es decir, 133 veces más). Esto ha llevado a una fragmentación de la clase trabajadora que hoy ya no está dividida entre trabajadores de “cuello blanco” (empleados) y trabajadores de “cuello azul” (obreros) sino entre trabajadores con derechos y trabajadores precarios que ahora son la inmensa mayoría.

Para completar el cuadro, el encarecimiento de algunos consumos básicos ha limitado aún más las condiciones vitales de los grupos subordinados. La privatización de los servicios públicos domiciliarios, y los de salud y educación, por ejemplo, convertidos en mercancías, y por tanto anulados como derechos, fueron convertidos en bienes plenos para unos pocos, amplificando la monumental disparidad social que experimentamos. La deuda estudiantil en EU, por ejemplo, suma 1,6 billones de dólares, el doble que hace diez años y afecta ya a 44 millones de personas, que dados los bajos salarios percibidos quedan hipotecadas prácticamente de por vida. En Colombia, la cartera del Icetex es de alrededor de cinco billones de pesos distribuidos entre 700.000 deudores, en una espiral creciente de acreencias a la que empiezan a sumarse como prestamistas los bancos privados. En cuanto a los servicios públicos, basta señalar como ilustración que el precio medio de la energía que cobran las empresas privadas en los 34 países de la Ocde es 23,1 por ciento mayor que el de las empresas públicas, lo que ha obligado a que en la última década 235 municipalidades hayan re-estatizado el servicio.

El multimillonario Warren Buffet, al expresar que "Hay una guerra de clases, de acuerdo, pero es la mía, la de los ricos, la que está haciendo esa guerra, y vamos ganando", dejaba claro que los resultados de la concentración económica es producto de una ofensiva consciente y no de “los automatismos del mercado” o de la “correcta asignación de recursos”, argumentos clásicos del cretinismo de los profesionales de la economía convencional. Debe ponerse en primer plano, entonces, como lo planteaba ya la economía clásica, que la estructura de la distribución del ingreso es un resultado de la correlación de fuerzas entre las clases y no un dato técnico, y que es definida en el espacio de la política. Recoger el guante del desafío que los Buffet lanzan, parece una tarea demorada por parte de los movimientos sociales si bien, vistos retrospectivamente, tanto el movimiento de los Indignados como Occupy Wall Street podrían considerarse como escaramuzas, y los recientes motines de subsistencia como movimientos de avanzada que empiezan a responder. Es, pues, el desarrollo de formas organizativas ágiles y pertinentes una tarea urgente a desarrollar.

En Colombia, la reciente visita del Secretario General de la Ocde, José Ángel Gurría, para presentar al gobierno un informe sobre la situación del país, muestra que para la burocracia internacional los motines de subsistencia no son aún motivo de alarma, pues el funcionario recomendó, entre otras cosas, reducir los costos laborales no salariales, el valor del registro de empresas, revisar el “elevado” salario mínimo y aumentar la edad de jubilación. Aunque, para ser justos, lo del “elevado” salario mínimo y el aumento en la edad de jubilación, son también viejos argumentos de nuestra tecnocracia ultraliberal, defendidos, entre otros, por funcionarios criollos como el inefable Alberto Carrasquilla –el mismo de los bonos de agua–, qué en la Ley de Financiamiento, declarada inexequible por la Corte Constitucional, en nombre de las posiciones más ultraderechistas, quiso aprobar una reducción a las empresas en el impuesto a la renta así como exonerarlas de pagar el IVA a los bienes de capital, ahorrándoles casi seis billones de pesos. Quizá, los tecnócratas confían en la pasividad de los movimientos sociales colombianos, pero, en eso también confiaba Piñera, y si “Chile despertó”, ¿será que dura mucho nuestro adormilamiento?

 

Publicado enEdición Nº263