Viernes, 07 Junio 2019 09:14

El paro, del dicho al trecho…

El paro, del dicho al trecho…

El 25 de abril fue el día decidido por decenas de organizaciones sindicales, sociales y políticas para convocar a la sociedad colombiana a parar y protestar contra la política gubernamental en marcha. Las razones económicas, políticas, en derechos humanos, y otras, todas justas, no hay duda de ello, darían para una potente protesta pero, ¿por qué el llamado de las organizaciones convocantes no encuentra el eco requerido dentro del conjunto social?

 

Parece un fantasma que recorre los pasillos y auditorios donde se congregan para sus reuniones las organizaciones sindicales, sociales y políticas alternativas. Siempre está allí su sombra, su recuerdo, la misma que se extiende y gana más presencia cuando los concurrentes a estas citas valoran que es necesario confrontar con mayor fuerza al mandatario de turno. En sus análisis determina la razón objetiva –la crisis económica, el desempleo, los incumplimientos con compromisos firmados por el gobierno producto de jornadas de protesta en otros paros, la violación de los derechos humanos, etcétera– y por fuera quedan otras variables de la realidad, como el potencial de fuerza efectivo con que se cuenta para sacar avante un paro nacional, cívico por demás, la capacidad organizativa para darle forma en pocas semanas a un reto de esta magnitud, los imaginarios sociales y políticos hoy vigentes, las nuevas gramáticas que ganan espacio en el mundo que vivimos, etcétera.

El fantasma extiende su sombra desde 1977, cuando un paro cívico nacional paralizó al país, en algunas ciudades no solo por uno sino hasta por dos y tres días. La rabia cundió por todas partes y rompió los poros de los más pobres, y a piedra limpia y tachuelas como alfombras que cubrían las principales avenidas de muchas de las ciudades, le marcó el límite a la policía y a las fuerzas militares, que con sus métodos de siempre quisieron impedir el desborde social.

Un paro nacido de las contradicciones interburguesas, donde la fracción conservadora del ospino-pastranismo, Fenalco y Andi, y con ellos la Unión de Trabajadores de Colombia –UTC, de filiación conservadora– vieron en el paro una oportunidad para mejorar su tajada en la torta del poder. Fracción que encontró el apoyo de un sector del liberalismo, pese a contar con la dirección del gobierno.

Un paro alimentado por una pobreza por ingresos que cubría al 59 por ciento de los 24 millones que habitaban el país por entonces, golpeados por una inflación que rondaba el 28,3 por ciento y un desempleo que ascendía al 9,3 por ciento, con una economía que atravesaba un buen momento producto de la bonanza cafetera, que solo beneficiaba a los de siempre.

Sociedad sometida al Estado de sitio, que negaba todo tipo de libertades políticas. Es esa sociedad, en tránsito acelerado del campo a la ciudad, la que respondió al llamado de la alianza conservadora, liberal, izquierda, coordinados a lo largo de un año, conformando comités de paro por todo el territorio nacional, para finalmente hacer realidad aquel 14 de septiembre que sigue vivo en la memoria de dirigentes sindicales y otros, que quisieran revivir tal potencial humano por todas las calles del país.

Simple deseo. Han transcurrido 40 años desde que un cuerpo se trasformó en fantasma, lo que debería llevar a unos y otros, a quienes vivieron aquella jornadas, como a quienes la conocen por anécdotas o por lecturas, a preguntarse por las condiciones mínimas por garantizar para que la consigna deje de ser simple letra muerta –buen deseo– y encarne en las fibras de miles, de millones de personas.

 

¿Qué se entiende hoy por paro?

 

Para 1977 no existía duda entre el activismo social: el sujeto de la revolución era la clase obrera, y alrededor de ella realizan su esfuerzo fundamental de organización y lucha. Las precaria industria que el establecimiento había tratado de construir a lo largo de 40 años estaba en pie, y cada una de las principales empresas aglutinaba cientos de trabajadores. El factor fundamental de la producción era la economía real, y el sector financiero aún era pequeño.

La participación política legal brillaba por su contracción, expresión de lo cual era la centralización de poderes locales y departamentales en manos del Ejecutivo central; la extensión efectiva del Frente Nacional (monopolio del poder), la militarización de ciudades y campo, y el control policivo de territorios hacía mucho más difícil cualquier nivel de organización independiente de la población. Contracción de la participación legal y control social que propiciaron el surgimiento y multiplicación en pocos años de los movimientos cívicos, los cuales realizaban año tras año decenas de paros cívicos locales a lo largo de la geografía nacional.

La ilegalización de sindicatos, la persecución de la crítica, la tortura como una práctica recurrente y la multiplicación de los presos políticos, no podían ocultarse aunque el régimen no aceptara su concreción cotidiana.

En esas condiciones el paro cívico era la efectiva parálisis de la vida cotidiana en un municipio dado, un espacio para el desfogue de la rabia acumulada por jóvenes sin oportunidades de ninguna especie y proletarios mal pagos, poblando la periferia de muchas ciudades, arrinconados en tugurios o habitaciones construidas con latas, madera o con paroy. Un factor a paralizar para la efectiva concreción del paro era el bloqueo del transporte urbano, en manos de decenas de propietarios privados, incluso con mucho propietario que solo tenía uno o dos buses. Por su parte, la huelga era la paralización de la producción en una fábrica o empresa en particular, la cual encontraba algún eco de solidaridad más allá de los activistas, para muchos de los cuales las mismas semejaban el embrión de la revolución, sobre la cual no caía sombra o duda alguna.

Transcurridas estas cuatro décadas, todo es distinto: el modelo de industrialización ya no existe, el sector fundamental de la economía es el financiero con su baja incorporación de personal, automatización en muchos de sus procesos y teletrabajo en auge; la clase obrera dejó de ser el referente de la acción social y la revolución –en su concepto clásico– ya no es el norte que alumbra todas las luchas. El Ejecutivo, a pesar de la pervivencia del presidencialismo, liberó una parte del poder, abriendo vía a la elección popular de gobernadores, alcaldes y representantes barriales –ediles– descentralizando presupuestos y abriendo vías para la participación legal de la población, lo cual desfoga rabias. Las cárceles ya no están inundadas de presos políticos, aunque sí de prisioneros de guerra. La desocupación del campo y el crecimiento de las ciudades, multiplicó la informalidad laboral, obligando a que cada uno busque lo suyo, individualizando luchas, realidad multiplicada por acción del neoliberalismo, el que culturalmente adentró a la sociedad en un prolongado escepticismo.

Al mismo tiempo, las ciudades avanzaron en su estabilidad interna, regularizando barrios e incluyendo a toda su población en la política impositiva y tributaria, la misma que arrincona a cada familia obligándola a cumplir con pagos si no quiere perder su propiedad o ser desplazado a la periferia urbana o más allá de la misma. Familias que, por demás, endeudadas con el capital financiero para poder adquirir su “propiedad”. El afán por reunir el dinero para la cuota mensual y la amortización de intereses marca la vida de miles de miles. Con un cambio sustancial en la geografía interna de los barrios: en muchos la gente dejó de vivir en casas para pasar a la habitación de apartamentos, lo cual no es un detalle menor pues en los primeros había vida de barrio y en los segundos es evidente la debilidad de la misma. Con todo ello, el reclamo por servicios públicos también dejó de ser una prioridad, y ahora el afán no es lograrlos sino reunir el dinero necesario para cancelar la cuota mensual que implica el acceso a tales “derechos”.

En estas circunstancias, aunque el déficit de vivienda es inmenso, el techo no es el eje de la lucha de miles. Aunque parezca extraño, hoy no existe un movimiento cívico de la magnitud del conocido a finales de los años 70 y a lo largo de los años 80 del anterior siglo; los paros cívicos suenan a cosa extraña para quienes tienen que salir cada día a rebuscarse por cuenta propia, y las huelgas –que los trabajadores denominan paro– no ocurren sino de manera ocasional en alguna dependencia estatal y con mucha rareza en una empresa privada.

Resalta en estas circunstancias, entonces, algo que no hay que pasar de menos: cuando en los tiempos que vivimos los liderazgos sociales y sindicales llaman a un paro puede que estén pensando en lo que se entendía por pueblo en 1977, pero es evidente que ese no es el mismo de hoy, pues el establecimiento logró meterlo en una dinámica que rompió solidaridades traídas del campo, pasando a primer instancia lo de cada uno. Puede que los niveles de pobreza no sean muy diferentes a los de hace varias décadas, (en realidad el porcentaje de pobreza por ingresos hoy cayó al 27,9 por ciento) pero las subjetividades individuales y colectivas cambiaron, también los lenguajes, de manera que concitar hoy a la lucha demanda experimentar nuevas rutas, de lo cual está lejos el sindicalismo y el activismo social, tan sometido a las lógicas y dinámicas del establecimiento, como a los afanes de cada organización, algunas de ellas aún simples instrumentos de organizaciones partidarias que en sus prácticas y decisiones, pese a identificar en ello un error, continúan dándole prioridad a sus objetivos particulares –crecimiento y protagonismo– e instrumentalizando al actor social.

En estas circunstancias, para mayor complejidad, los paros cívicos, en tanto desnudan la poca presencia territorial construida por los sectores alternativos, y la precariedad de lo sindical, quedan reducidos a una marcha por las principales avenidas de una ciudad u otra. La consecuencia de ello no es de poca monta, mucho más cuando se insiste en realizar paros que en verdad son jornadas de protesta, uso inadecuado del lenguaje que desvirtúa la posibilidad y el efecto que puede tener un paro cívico, el cual debería obligar al establecimiento a negociar una agenda específica, concreta y viable, estructurada por los sectores convocantes a través de una agenda labrada en infinidad de asambleas territoriales, que los conecten con la base de la sociedad y con sus deseos e imaginarios.

Mientras no se logre algo parecido a esto, con dificultad se recuperará el real significado de estas palabras, lo cual demanda, en primera instancia, retomar con humildad la acción territorial en miles de barrios, a la par de darle más tiempo a la cimentación que demanda la realización de cualquier jornada de lucha, atravesada, cuando es nacional, por la pregunta por la coordinación –por no aludir a la imposible unidad en frío– de los distintos sectores del activismo comprometidos en una acción de cambio social, no de revolución, palabra mayor que implica otras acciones y otros procederes, y la cual no puede estar reducida a jornadas puntuales que muchos quieren usar como plataforma para avanzar hacia la misma.

El factor cultural, aquí, es uno de los fundamentales por abordar, pensar, investigar, comprender y, producto de todo ello, reorganizar la acción política cotidiana con proyección de largo plazo. Sin comprender los nuevos imaginarios sociales, y los cambios de estructura sufridos por nuestra sociedad –como parte del conjunto mundial– no es posible obtener resultados diferentes a los alcanzados el pasado 25 de abril, dejando a un lado, por demás, el voluntarismo y el diseño de acciones sociales y políticas estimulados por fantasmas que no parten a su definitivo descanso, o por las necesidades de una organización u otra –en su diseño estratégico o táctico–.

Un factor cultural que implica y afecta la variable de los sujetos del proceso social, en el cual al sujeto proletario ya no es único ni hegemónico, sino que comparte su rol con otros que lo complementan o superan, algunos de relevancia también mundial, entre ellos el feminismo (que además de lucha contra el patriarcado y machismo en general, implica igualdad y justicia en el trabajo, la familia por reivindicar, la autonomía a la hora de decidir sobre su cuerpo y la reproducción de la especie, entre otros aspectos), el ambientalismo (que además del importantísimo factor del cambio climático, implica el debate y decisión sobre lo que se entiende por desarrollo y crecimiento, el asentamiento en y el manejo del territorio, extractivismo en sus diversas variables, relación y/o unidad con la naturaleza, consumo y salud, vida-muerte, entre otras variables), el mismo factor cultural (que incorpora factores como identidad, comunidad individuo, nación/mundo/fronteras/libertad, usos y consumos, nuevas formas de comunicación e interrelacionamiento) y con él la juventud.

Y otros factores que no son menores a la hora de intentar comprender el por qué hoy reviste mayor dificultad lograr sintonía con el conjunto social: 1) no existe referente global para las luchas sociales, lo que hace décadas descansaba en el socialismo, bien en la experiencia rusa, china, cubana, albanesa; 2) hace 40 años no había tomado forma el paramilitarismo, y el genocidio que rompió amplias capas del tejido social aún estaba por concretarse, dejando una estela de cadáveres, desaparecidos, desplazados y aterrorizados por todo el país; 3) acudir al Estado no era la prioridad para procurar protección ni cuidado, el cual lo garantizaban, tal vez sin mucha eficacia, las mismas organizaciones populares y las armadas. El Estado era el referente por conquistar pero no la brújula para garantizar la propia existencia; 4) como aspecto poco procesado, el narcotráfico aún no lograba su maléfico efecto de desarticulación y destrucción social, antecedente individualista del neoliberalismo y potenciador del mismo, que cooptó toda una generación de jóvenes que identificaron en tal posibilidad una vía expedita para resolver los problemas económicos propios y de sus familias, militarizando aún más la cotidianidad de las barriadas y comunidad en general.

Son todos estos –y seguro otros– factores, junto con el escaso reconocimiento por parte del activismo social y político de estar atravesando el desierto de la derrota política, la cual demanda la reconstrucción teórica para una sociedad por construir, lo que dificulta que los paros cívicos hoy alcancen los resultados que unos y otros esperan de ellos. Un reconocimiento y una conjunción de factores que desterrarán el o los fantasmas que acompañan el pensar y el hacer de los sectores alternativos; un conjuro a las sombras de lo que se añora y una conjunción de nuevos quehaceres para renacer, luego de atravesar el desierto de la derrota.

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Trump calificó las protestas de “fake news”

Ambientalistas, feministas, pacifistas, musulmanes, proinmigrantes, laboristas y sindicatos repudiaron la presencia del mandatario de EE.UU. en Londres.

La conferencia de prensa entre un presidente que aspira a seguir en el poder hasta 2025 y una primera ministra que abandona la jefatura de su partido este viernes y será sustituida en julio al frente del ejecutivo, no podía ofrecer grandes anuncios. El showman Trump se las arregló para que no fuera un evento aburrido, calificando a los cientos de miles que protestaban en su contra de “fake news”, sugiriendo que Theresa May se quedara en el puesto hasta firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, anticipando que Boris Johnson será el sucesor de la primera ministra y denostando al líder de la oposición, Jeremy Corbyn y al alcalde de Londres, Sadiq Khan. “Yo no vi ninguna manifestación. Lo que vi ayer (por el lunes) fue miles de personas vitoreándonos. Y hoy (este martes) también vi gente vitoreándonos. Así que lo de las protestas es “fake news”, dijo Trump.


En el mundo Trump la realidad parece ser lo que él dice, remedo de la presunta respuesta que le dio un asistente al dictador paraguayo Alfredo Stroessner cuando le preguntó la hora: “la que usted quiera, general”. Con su tosca, casi pintoresca prepotencia, el mandatario dejó en claro que el Tratado de Libre Comercio que quiere Estados Unidos con este debilitado Reino Unido del Brexit incluye el Servicio Nacional de Salud (NHS). “Todo tiene que estar sobre la mesa en una negociación. El NHS y el resto. Mucho más también. Todo”, dijo Trump.
Era uno de los temas principales de esa multitud de “fake news” que saturó el centro de Londres. En medio de la incertidumbre de la salida británica del Reino Unido, la posibilidad de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es central en la agenda que están impulsando los candidatos a suceder a May y sus medios afines. Con su rampante nacionalismo imperial, Trump logró que ambientalistas, feministas, pacifistas, musulmanes, pro-inmigrantes, pro-Assange, laboristas, verdes, la izquierda, los sindicatos, ONGs agrupaciones de base y estudiantiles desafiaran la llovizna y el día desangelado para marchar desde Trafalgar Square en el centro de Londres hasta la plaza del Parlamento.


Entre los “fake news” había dos notables globos inflables. Uno presente en la marcha de julio del año pasado contra la visita oficial (no de estado) de Trump era un gigantesco globo amarillo del bebé Trump en pañales. La otra, escatológica, era el presidente estadounidense sentado en retrete. Un carnaval habían prometido los manifestantes y entre tambores, bombos y trompetas llamaron la atención los disfraces, las máscaras alusivas y se llevaron el premio, una docena de mujeres vestidas al estilo de la serie “The handmaiden”. “Trump representa todo lo que anda mal en este mundo. Misoginia, racismo, prepotencia, odio”, dijo a PáginaI12Jane una manifestante de unos 40 años que enarbolaba un cartel que decía “no to bigots” (no a los intolerantes y fanáticos)


El líder laborista, Jeremy Corbyn, se dirigió a los manifestantes diciendo que estaba abierto al diálogo con todos. “Queremos tener un diálogo para llegar a un mundo mejor y más pacífico. Pero estoy especialmente desilusionado con el ataque contra el alcalde de Londres Sadiq Khan. Estoy orgulloso que nuestra ciudad tenga un alcalde musulmán y que podamos combatir la islamofobia, el antisemitismo y toda forma de racismo. El racismo divide, la explotación de las minorías genera odio. Estamos en medio de un debate sobre nuestro relación con Europea y el mundo. La base de esta negociación debe ser la protección de puestos de trabajo, los servicios públicos y las condiciones de vida. Y no debe basarse en la idea de que tenemos que ofrecer nuestro querido Servicio Nacional de Salud a las corporaciones estadounidenses”, dijo Corbyn.


El líder laborista no asistió al banquete de estado que ofreció el lunes por la noche la Reina Isabel II en honor al mandatario estadounidense. En su conferencia de prensa este martes Donald Trump indicó que Corbyn había solicitado un encuentro y él no se lo había concedido. “Es una fuerza negativa. No me gusta la gente que critica. Me gusta la gente que hace cosas. Así que decidí que no me reuniría con él”, dijo Trump.


Un portavoz del Laborismo confirmó que Corbyn había solicitado el encuentro con el mandatario estadounidense. “Jeremy está dispuesto a discutir con el presidente una serie de temas, entre ellos la emergencia climática, la amenaza a la paz y la crisis de refugiados”, dijo.


Es de imaginar que con esa agenda sobre la mesa la reunión no hubiera durado mucho.

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Lunes, 03 Junio 2019 10:27

Ni un paso atrás… a la desmemoria*

Ni un paso atrás… a la desmemoria*

Hay personas que por su gesta o liderazgo, marcan un periodo de la historia del país en el que habitaron. Pese a ello, si no son convenientes para el establecimiento éste tratará de situarlos en sitial o escalón distinto al que merecen, es el caso de José Antonio Galán, líder rebelde comunero quien hace parte de la lista de aquellos que el bando ganador colocó entre los escalones inferiores de la historia colombiana.

A pesar de esa intención clasista (realista), las comunidades que en pleno siglo XXI prolongan su legado de rebeldía, sitúan la memoria de Galán en otro escalón. Porque hasta en la narración de la historia la lucha de clases se refleja nítida, como el agua. Confrontación que demanda recuperar y describir la memoria de este líder comunero como sujeto representante de una propuesta de nación adelantada para su época, la Colonia, siglo XVIII.

En este esfuerzo de analizar a Galán, puede resaltarse, en principio, consecuentes con sus ideas, su capacidad de situarse en función del otro, su visión y disposición unitaria, su mirada del territorio –lo que hoy denominamos país– así como su capacidad militar.

Su capacidad para situarse en función del otro, es lo primero por resaltar, pues es así como llega a liderar la rebelión comunera, al interiorizar las afectaciones de las comunidades producto de las políticas de impuestos y cobros desmedidos de la Corona. Es así como decide tomar las armas, sacrificando un estilo de vida familiar, junto a sus vecinos, y compenetrado con la comunidad, para poner en riesgo su ser ante un régimen sangriento. Esta premisa enmarca la personalidad de Galán.

Un estratega militar con malicia indígena

Ahora bien, en el campo militar resalta su astucia para engañar a las autoridades españolas. Cuando Galán se dirige a Honda, envía una carta con el mensaje falso de su rendición ante la Corona, con el ánimo de tranquilizar a las tropas españolas pues se conocía su recorrido por diferentes municipios de Cundinamarca. Luego de la carta cumplir su cometido, atacó Honda. Este tipo de tácticas incluyen el campo de la sicología en la guerra, al incidir en la psiquis del enemigo para desmovilizarlo, bajar la moral o hacer que cambien de bando, todo encaminado a la meta de ganar el conflicto armado. Por eso, el rumor es un recurso fuertemente explotado en una guerra que camina a la par de la capacidad bélica.

En ese momento del desarrollo de la rebelión comunera, cabe mencionar ese trayecto que traía Galán junto al resto de comuneros armados desde Santander. El cuál articula el otro rasgo distintivo de la personalidad del protagonista de este artículo, pero lo mencionaré después de exponer el trayecto comunero. Así es como, al salir de Mogotes con 16 compañeros de causa, el recorrido que tuvo luego fue Socorro, Facatativa, Villeta, Guaduas y luego Mariquita. Bajo las condiciones de aquella época de transporte y medios de comunicación lentos de territorio a territorio, se posibilitó adelantar mucho el proyecto comunero. Sin perder de vista este primera etapa comunera, pasamos a mencionar el siguiente aspecto de José Antonio Galán.

La empatía que cultivó entre los pueblos fue vital para el alcance político que tuvieron Los Comuneros. Pues Galán fue creciendo como un héroe criollo inspirador de una alternativa posible ante las injusticias de la Corona. Giró alrededor suyo un ejemplo a seguir, un respaldo militar y moral para aquellos que estaban atentos al desenlace de la rebelión, tanto así que el hecho de saber que el criollo estaba cerca a municipio y pronto pasaría allí era motivo suficiente para que la gente se organizara en cuerpos militares y capturaran a las tropas españolas, expulsaran las autoridades y se tomaran los recursos públicos, repartiéndolos entre la comunidad.

Un aguacero que inundó más allá de Santander

La ola de levantamientos y rebeldías atizados en el país se registran de esta manera: “[...] en Ubaté, los indios se niegan a pagar los tributos, las armas españolas tornan a rendirse ante él como trigos maduros que se doblan; Facatativá no piensa siquiera en resistir y es poseída jubilosamente por el vencedor […] un poco adelante, unas cuantas leguas hacia el occidente del camino que tomó Galán, un escalofrío libertario recorre la espina dorsal de la Mesa; el influjo se propaga a Tocaima; Villeta, Piedras y Guaduas […]”.

Al otro lado del Magdalena la historia se repite en diversos municipios: en Honda, Beltrán, Mariquita, los esclavos de la mina de Mal Paso, Ambalema, Coyaima, Coello, El Espinal, Upito, Purificación, Ibagué, Neiva (dirigida por Teresa Olaya) y Chaparral (el indio Simón Bernate hace historia en la sublevación). Subiendo por Antioquia también se presentaron levantamientos en Guarne, Caguán y Aipe. Ahora subiendo hacia el nororiente la rebelión germina en Girón, Cúcuta, San Cristóbal y Mérida.

En Boyacá, se dieron llamaradas de insurrección que prontamente fueron apagadas por las fuerzas reales. Los municipios de Pore, Chire, Santiago, Támara, Ten, Manare, Pava, Cravo, Pisba, Labranzagrande. Caso contrario en Nariño, donde los amotinados asesinan a palos al gobernador de Popayán; continua así en Tumaco, Barbacoas, Iscuandé, Palma Real, Tola, Río de Santiago y Baquería.

 

Vuelve y juega contra Santa fe

 

Al tener firmadas las capitulaciones el 8 de junio de 1781, desarrollando su contenido y ejerciendo los cargos que en estos estipularon algunos de los líderes de la rebelión comunera, Galán regresa a Charalá rodeado de los suyos. Sin saberlo, se cocinaba en papeles y oficinas reales la sentencia que lo llevaría al punto de mira de la Corona como venganza. El 1 de septiembre de 1781 se expide la orden de prisión contra nuestro líder comunero por orden de la Real Audiencia y los alcaldes de Zipaquirá y Chiquinquirá, bajo los cargos de robo y dirigencia en la primera sublevación para luego ser recibida por los alcaldes ordinarios en Socorro el 18 de septiembre.

Según el documento leído en el marco de la sentencia a la Galán, lo acusan por: “su desenfreno por la invasión hecha en Puente-real de Vélez […] interceptar la correspondencia de oficio, y pública, que venía de la plaza de Cartagena para esta capital (Facatativá) […] continuando con su voracidad y designios infames se condujo a Villeta y Guaduas, en donde, repitiendo los excesos del saqueo, atropelló también al alcalde ordinario de esta villa […] ejerciendo actos de jurisdicción en desprecio de los que la tenían legítima y verdadera (Mariquita) […] avanzó desde allí a la hacienda de Mal Paso, propia de don Vicente Diago, alzando a los esclavos, prometiéndoles y dándoles libertad, como si fuera su legítimo dueño […].

Estos argumentos hacen parte de la larga lista de acusaciones, para condenar a muerte al comunero: “[…] condenamos a José Antonio Galán a que sea sacado de la cárcel, arrastrado y llevado al lugar del suplicio donde sea puesto en la horca hasta que naturalmente muera, que bajado, se le corte la cabeza, se divida su cuerpo en cuatro partes, y pasado el resto por las llamas […] su cabeza será conducida a las Guaduas […] la mano derecha puesta en la plaza del Socorro; la izquierda en la villa de San Gil; el pie derecho en Charalá, lugar de nacimiento; y el pie izquierdo en el lugar de Mogotes […]”.

No contentos con esta vil sentencia, prosigue la lectura: “[…] declarada infame su descendencia, ocupados sus bienes y aplicados al real fisco: asolada su casa y sembrada de sal. De los 16 compañeros capturados se les sentenció también a muerte y a otros el exilio en África”. La captura y asesinato de los comuneros sublevados nuevamente ocurre después de ser perseguidos y capturados la noche del 13 de octubre de 1781, pues ya se encontraban dentro del nuevo proyecto insurreccional iniciado en territorio santandereano con miras a Santa fe, sin perder tiempo en batallas contra los traidores de la rebelión comunera que se encontraban disfrutando de los cargos públicos estipulados en las capitulaciones.

 

Para terminar

 

Fueron claras las intenciones de la Corona de desaparecer de la memoria la rebelión y proyecto comunero junto a sus protagonistas, entre ellos Galán. Sin embargo, su figura como líder comunero y persona de confianza entre su comunidad le permitió levantar cabeza entre los nudos de la historia que impone la burguesía cuando narra el pasado.

Pretender ocultar la visión estratégica, la audacia militar, su capacidad organizativa como además su principio de alteridad en las comunidades que lo recibían junto a sus compañeros de campaña, es faltar a la verdad histórica de un elemento vital del acontecimiento comunero enmarcado en las luchas sociales previas a la independencia de 1810, la que como es conocido se prolonga en cientos de escaramuzas y batallas hasta 1819, para sellar con las armas la derrota enemiga.

Ahora bien, la rebelión y proyecto comunero no solo expuso a los revolucionarios y revolucionarias en este acontecimiento, también lo hizo con aquellos traidores que en la formulación de las capitulaciones incluyeron sus intereses particulares como es el caso del emblemático Juan Francisco Berbeo, miembro de la clase aristocrática de los cabildos de Santa fe y Tunja.

Teniendo en cuenta lo que sucedió alrededor de Galán y los comuneros, cabe mencionar que la sentencia contra los actores de la segunda insurrección comunera fue por dos razones. La primera, por venganza Real contra este pueblo insumiso que puso en entredicho el régimen colonial y propuso otro modelo de sociedad no-dependiente y, segunda, para sembrar el miedo y terror entre las comunidades que aun siguieran cosechando las ideas rebeldes, entre ellas de independencia.

Con respecto a las 36 capitulaciones, fueron desconocidas y enterradas por la Corona el 18 de marzo de 1782. Se anulan así cargos públicos, indultos y demás acuerdos desprendidos del histórico documento, quedando archivados originales y copias. Esta práctica se asemeja a lo que sucede con los acuerdos de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, de los pueblos indígenas y afros, maestros y maestras, que se estipulan en el marco de las movilizaciones con el gobierno nacional para luego ser amañados a la normatividad vigente y posteriormente verlos parcialmente cumplidos dentro de largos periodos de tiempo, hasta llegar al total incumplimiento.

Se ve como la práctica de incumplir los acuerdos por parte de un gobierno nacional es herencia de la Corona, bien aprendida por sus herederos de clase, constituyéndose así en un principio histórico de la clase social que ha estado en el poder para sostener el régimen explotador y destructor de la vida. El incumplimiento de las capitulaciones expone la política real de la Corona frente a una negociación, la cual no tiene otro nombre de trampa.

No obstante, la historia la hacen los pueblos, de estos surgen liderazgos que encarnan sus intereses y proyectos de nación antagónicos al sistema-mundo capitalista. La disputa también está en narrar sus vidas en el acto de hacer memoria, como garantía de no perder la identidad y el horizonte de transformación social que tenemos implícitos los pueblos de Nuestra América.

Galán y Los Comuneros son el aporte del pueblo colombiano a la larga historia de luchas sociales que recalcan el futuro de esperanza y vida digna que tenemos los sujetos populares.

* Todas las citas corresponden al libro, Galán y los comuneros (1939), de José Fulgencio Gutiérrez.
** Coordinador Nacional Agrario - Congreso de los Pueblos.

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Lunes, 03 Junio 2019 10:00

El paro, del dicho al trecho…

El paro, del dicho al trecho…

El 25 de abril fue el día decidido por decenas de organizaciones sindicales, sociales y políticas para convocar a la sociedad colombiana a parar y protestar contra la política gubernamental en marcha. Las razones económicas, políticas, en derechos humanos, y otras, todas justas, no hay duda de ello, darían para una potente protesta pero, ¿por qué el llamado de las organizaciones convocantes no encuentra el eco requerido dentro del conjunto social?

 

Parece un fantasma que recorre los pasillos y auditorios donde se congregan para sus reuniones las organizaciones sindicales, sociales y políticas alternativas. Siempre está allí su sombra, su recuerdo, la misma que se extiende y gana más presencia cuando los concurrentes a estas citas valoran que es necesario confrontar con mayor fuerza al mandatario de turno. En sus análisis determina la razón objetiva –la crisis económica, el desempleo, los incumplimientos con compromisos firmados por el gobierno producto de jornadas de protesta en otros paros, la violación de los derechos humanos, etcétera– y por fuera quedan otras variables de la realidad, como el potencial de fuerza efectivo con que se cuenta para sacar avante un paro nacional, cívico por demás, la capacidad organizativa para darle forma en pocas semanas a un reto de esta magnitud, los imaginarios sociales y políticos hoy vigentes, las nuevas gramáticas que ganan espacio en el mundo que vivimos, etcétera.

El fantasma extiende su sombra desde 1977, cuando un paro cívico nacional paralizó al país, en algunas ciudades no solo por uno sino hasta por dos y tres días. La rabia cundió por todas partes y rompió los poros de los más pobres, y a piedra limpia y tachuelas como alfombras que cubrían las principales avenidas de muchas de las ciudades, le marcó el límite a la policía y a las fuerzas militares, que con sus métodos de siempre quisieron impedir el desborde social.

Un paro nacido de las contradicciones interburguesas, donde la fracción conservadora del ospino-pastranismo, Fenalco y Andi, y con ellos la Unión de Trabajadores de Colombia –UTC, de filiación conservadora– vieron en el paro una oportunidad para mejorar su tajada en la torta del poder. Fracción que encontró el apoyo de un sector del liberalismo, pese a contar con la dirección del gobierno.

Un paro alimentado por una pobreza por ingresos que cubría al 59 por ciento de los 24 millones que habitaban el país por entonces, golpeados por una inflación que rondaba el 28,3 por ciento y un desempleo que ascendía al 9,3 por ciento, con una economía que atravesaba un buen momento producto de la bonanza cafetera, que solo beneficiaba a los de siempre.

Sociedad sometida al Estado de sitio, que negaba todo tipo de libertades políticas. Es esa sociedad, en tránsito acelerado del campo a la ciudad, la que respondió al llamado de la alianza conservadora, liberal, izquierda, coordinados a lo largo de un año, conformando comités de paro por todo el territorio nacional, para finalmente hacer realidad aquel 14 de septiembre que sigue vivo en la memoria de dirigentes sindicales y otros, que quisieran revivir tal potencial humano por todas las calles del país.

Simple deseo. Han transcurrido 40 años desde que un cuerpo se trasformó en fantasma, lo que debería llevar a unos y otros, a quienes vivieron aquella jornadas, como a quienes la conocen por anécdotas o por lecturas, a preguntarse por las condiciones mínimas por garantizar para que la consigna deje de ser simple letra muerta –buen deseo– y encarne en las fibras de miles, de millones de personas.

 

¿Qué se entiende hoy por paro?

 

Para 1977 no existía duda entre el activismo social: el sujeto de la revolución era la clase obrera, y alrededor de ella realizan su esfuerzo fundamental de organización y lucha. Las precaria industria que el establecimiento había tratado de construir a lo largo de 40 años estaba en pie, y cada una de las principales empresas aglutinaba cientos de trabajadores. El factor fundamental de la producción era la economía real, y el sector financiero aún era pequeño.

La participación política legal brillaba por su contracción, expresión de lo cual era la centralización de poderes locales y departamentales en manos del Ejecutivo central; la extensión efectiva del Frente Nacional (monopolio del poder), la militarización de ciudades y campo, y el control policivo de territorios hacía mucho más difícil cualquier nivel de organización independiente de la población. Contracción de la participación legal y control social que propiciaron el surgimiento y multiplicación en pocos años de los movimientos cívicos, los cuales realizaban año tras año decenas de paros cívicos locales a lo largo de la geografía nacional.

La ilegalización de sindicatos, la persecución de la crítica, la tortura como una práctica recurrente y la multiplicación de los presos políticos, no podían ocultarse aunque el régimen no aceptara su concreción cotidiana.

En esas condiciones el paro cívico era la efectiva parálisis de la vida cotidiana en un municipio dado, un espacio para el desfogue de la rabia acumulada por jóvenes sin oportunidades de ninguna especie y proletarios mal pagos, poblando la periferia de muchas ciudades, arrinconados en tugurios o habitaciones construidas con latas, madera o con paroy. Un factor a paralizar para la efectiva concreción del paro era el bloqueo del transporte urbano, en manos de decenas de propietarios privados, incluso con mucho propietario que solo tenía uno o dos buses. Por su parte, la huelga era la paralización de la producción en una fábrica o empresa en particular, la cual encontraba algún eco de solidaridad más allá de los activistas, para muchos de los cuales las mismas semejaban el embrión de la revolución, sobre la cual no caía sombra o duda alguna.

Transcurridas estas cuatro décadas, todo es distinto: el modelo de industrialización ya no existe, el sector fundamental de la economía es el financiero con su baja incorporación de personal, automatización en muchos de sus procesos y teletrabajo en auge; la clase obrera dejó de ser el referente de la acción social y la revolución –en su concepto clásico– ya no es el norte que alumbra todas las luchas. El Ejecutivo, a pesar de la pervivencia del presidencialismo, liberó una parte del poder, abriendo vía a la elección popular de gobernadores, alcaldes y representantes barriales –ediles– descentralizando presupuestos y abriendo vías para la participación legal de la población, lo cual desfoga rabias. Las cárceles ya no están inundadas de presos políticos, aunque sí de prisioneros de guerra. La desocupación del campo y el crecimiento de las ciudades, multiplicó la informalidad laboral, obligando a que cada uno busque lo suyo, individualizando luchas, realidad multiplicada por acción del neoliberalismo, el que culturalmente adentró a la sociedad en un prolongado escepticismo.

Al mismo tiempo, las ciudades avanzaron en su estabilidad interna, regularizando barrios e incluyendo a toda su población en la política impositiva y tributaria, la misma que arrincona a cada familia obligándola a cumplir con pagos si no quiere perder su propiedad o ser desplazado a la periferia urbana o más allá de la misma. Familias que, por demás, endeudadas con el capital financiero para poder adquirir su “propiedad”. El afán por reunir el dinero para la cuota mensual y la amortización de intereses marca la vida de miles de miles. Con un cambio sustancial en la geografía interna de los barrios: en muchos la gente dejó de vivir en casas para pasar a la habitación de apartamentos, lo cual no es un detalle menor pues en los primeros había vida de barrio y en los segundos es evidente la debilidad de la misma. Con todo ello, el reclamo por servicios públicos también dejó de ser una prioridad, y ahora el afán no es lograrlos sino reunir el dinero necesario para cancelar la cuota mensual que implica el acceso a tales “derechos”.

En estas circunstancias, aunque el déficit de vivienda es inmenso, el techo no es el eje de la lucha de miles. Aunque parezca extraño, hoy no existe un movimiento cívico de la magnitud del conocido a finales de los años 70 y a lo largo de los años 80 del anterior siglo; los paros cívicos suenan a cosa extraña para quienes tienen que salir cada día a rebuscarse por cuenta propia, y las huelgas –que los trabajadores denominan paro– no ocurren sino de manera ocasional en alguna dependencia estatal y con mucha rareza en una empresa privada.

Resalta en estas circunstancias, entonces, algo que no hay que pasar de menos: cuando en los tiempos que vivimos los liderazgos sociales y sindicales llaman a un paro puede que estén pensando en lo que se entendía por pueblo en 1977, pero es evidente que ese no es el mismo de hoy, pues el establecimiento logró meterlo en una dinámica que rompió solidaridades traídas del campo, pasando a primer instancia lo de cada uno. Puede que los niveles de pobreza no sean muy diferentes a los de hace varias décadas, (en realidad el porcentaje de pobreza por ingresos hoy cayó al 27,9 por ciento) pero las subjetividades individuales y colectivas cambiaron, también los lenguajes, de manera que concitar hoy a la lucha demanda experimentar nuevas rutas, de lo cual está lejos el sindicalismo y el activismo social, tan sometido a las lógicas y dinámicas del establecimiento, como a los afanes de cada organización, algunas de ellas aún simples instrumentos de organizaciones partidarias que en sus prácticas y decisiones, pese a identificar en ello un error, continúan dándole prioridad a sus objetivos particulares –crecimiento y protagonismo– e instrumentalizando al actor social.

En estas circunstancias, para mayor complejidad, los paros cívicos, en tanto desnudan la poca presencia territorial construida por los sectores alternativos, y la precariedad de lo sindical, quedan reducidos a una marcha por las principales avenidas de una ciudad u otra. La consecuencia de ello no es de poca monta, mucho más cuando se insiste en realizar paros que en verdad son jornadas de protesta, uso inadecuado del lenguaje que desvirtúa la posibilidad y el efecto que puede tener un paro cívico, el cual debería obligar al establecimiento a negociar una agenda específica, concreta y viable, estructurada por los sectores convocantes a través de una agenda labrada en infinidad de asambleas territoriales, que los conecten con la base de la sociedad y con sus deseos e imaginarios.

Mientras no se logre algo parecido a esto, con dificultad se recuperará el real significado de estas palabras, lo cual demanda, en primera instancia, retomar con humildad la acción territorial en miles de barrios, a la par de darle más tiempo a la cimentación que demanda la realización de cualquier jornada de lucha, atravesada, cuando es nacional, por la pregunta por la coordinación –por no aludir a la imposible unidad en frío– de los distintos sectores del activismo comprometidos en una acción de cambio social, no de revolución, palabra mayor que implica otras acciones y otros procederes, y la cual no puede estar reducida a jornadas puntuales que muchos quieren usar como plataforma para avanzar hacia la misma.

El factor cultural, aquí, es uno de los fundamentales por abordar, pensar, investigar, comprender y, producto de todo ello, reorganizar la acción política cotidiana con proyección de largo plazo. Sin comprender los nuevos imaginarios sociales, y los cambios de estructura sufridos por nuestra sociedad –como parte del conjunto mundial– no es posible obtener resultados diferentes a los alcanzados el pasado 25 de abril, dejando a un lado, por demás, el voluntarismo y el diseño de acciones sociales y políticas estimulados por fantasmas que no parten a su definitivo descanso, o por las necesidades de una organización u otra –en su diseño estratégico o táctico–.

Un factor cultural que implica y afecta la variable de los sujetos del proceso social, en el cual al sujeto proletario ya no es único ni hegemónico, sino que comparte su rol con otros que lo complementan o superan, algunos de relevancia también mundial, entre ellos el feminismo (que además de lucha contra el patriarcado y machismo en general, implica igualdad y justicia en el trabajo, la familia por reivindicar, la autonomía a la hora de decidir sobre su cuerpo y la reproducción de la especie, entre otros aspectos), el ambientalismo (que además del importantísimo factor del cambio climático, implica el debate y decisión sobre lo que se entiende por desarrollo y crecimiento, el asentamiento en y el manejo del territorio, extractivismo en sus diversas variables, relación y/o unidad con la naturaleza, consumo y salud, vida-muerte, entre otras variables), el mismo factor cultural (que incorpora factores como identidad, comunidad individuo, nación/mundo/fronteras/libertad, usos y consumos, nuevas formas de comunicación e interrelacionamiento) y con él la juventud.

Y otros factores que no son menores a la hora de intentar comprender el por qué hoy reviste mayor dificultad lograr sintonía con el conjunto social: 1) no existe referente global para las luchas sociales, lo que hace décadas descansaba en el socialismo, bien en la experiencia rusa, china, cubana, albanesa; 2) hace 40 años no había tomado forma el paramilitarismo, y el genocidio que rompió amplias capas del tejido social aún estaba por concretarse, dejando una estela de cadáveres, desaparecidos, desplazados y aterrorizados por todo el país; 3) acudir al Estado no era la prioridad para procurar protección ni cuidado, el cual lo garantizaban, tal vez sin mucha eficacia, las mismas organizaciones populares y las armadas. El Estado era el referente por conquistar pero no la brújula para garantizar la propia existencia; 4) como aspecto poco procesado, el narcotráfico aún no lograba su maléfico efecto de desarticulación y destrucción social, antecedente individualista del neoliberalismo y potenciador del mismo, que cooptó toda una generación de jóvenes que identificaron en tal posibilidad una vía expedita para resolver los problemas económicos propios y de sus familias, militarizando aún más la cotidianidad de las barriadas y comunidad en general.

Son todos estos –y seguro otros– factores, junto con el escaso reconocimiento por parte del activismo social y político de estar atravesando el desierto de la derrota política, la cual demanda la reconstrucción teórica para una sociedad por construir, lo que dificulta que los paros cívicos hoy alcancen los resultados que unos y otros esperan de ellos. Un reconocimiento y una conjunción de factores que desterrarán el o los fantasmas que acompañan el pensar y el hacer de los sectores alternativos; un conjuro a las sombras de lo que se añora y una conjunción de nuevos quehaceres para renacer, luego de atravesar el desierto de la derrota.

Publicado enEdición Nº257
Domingo, 02 Junio 2019 14:10

Ni un paso atrás… a la desmemoria*

Ni un paso atrás… a la desmemoria*

Hay personas que por su gesta o liderazgo, marcan un periodo de la historia del país en el que habitaron. Pese a ello, si no son convenientes para el establecimiento éste tratará de situarlos en sitial o escalón distinto al que merecen, es el caso de José Antonio Galán, líder rebelde comunero quien hace parte de la lista de aquellos que el bando ganador colocó entre los escalones inferiores de la historia colombiana.

A pesar de esa intención clasista (realista), las comunidades que en pleno siglo XXI prolongan su legado de rebeldía, sitúan la memoria de Galán en otro escalón. Porque hasta en la narración de la historia la lucha de clases se refleja nítida, como el agua. Confrontación que demanda recuperar y describir la memoria de este líder comunero como sujeto representante de una propuesta de nación adelantada para su época, la Colonia, siglo XVIII.

En este esfuerzo de analizar a Galán, puede resaltarse, en principio, consecuentes con sus ideas, su capacidad de situarse en función del otro, su visión y disposición unitaria, su mirada del territorio –lo que hoy denominamos país– así como su capacidad militar.

Su capacidad para situarse en función del otro, es lo primero por resaltar, pues es así como llega a liderar la rebelión comunera, al interiorizar las afectaciones de las comunidades producto de las políticas de impuestos y cobros desmedidos de la Corona. Es así como decide tomar las armas, sacrificando un estilo de vida familiar, junto a sus vecinos, y compenetrado con la comunidad, para poner en riesgo su ser ante un régimen sangriento. Esta premisa enmarca la personalidad de Galán.

Un estratega militar con malicia indígena

Ahora bien, en el campo militar resalta su astucia para engañar a las autoridades españolas. Cuando Galán se dirige a Honda, envía una carta con el mensaje falso de su rendición ante la Corona, con el ánimo de tranquilizar a las tropas españolas pues se conocía su recorrido por diferentes municipios de Cundinamarca. Luego de la carta cumplir su cometido, atacó Honda. Este tipo de tácticas incluyen el campo de la sicología en la guerra, al incidir en la psiquis del enemigo para desmovilizarlo, bajar la moral o hacer que cambien de bando, todo encaminado a la meta de ganar el conflicto armado. Por eso, el rumor es un recurso fuertemente explotado en una guerra que camina a la par de la capacidad bélica.

En ese momento del desarrollo de la rebelión comunera, cabe mencionar ese trayecto que traía Galán junto al resto de comuneros armados desde Santander. El cuál articula el otro rasgo distintivo de la personalidad del protagonista de este artículo, pero lo mencionaré después de exponer el trayecto comunero. Así es como, al salir de Mogotes con 16 compañeros de causa, el recorrido que tuvo luego fue Socorro, Facatativa, Villeta, Guaduas y luego Mariquita. Bajo las condiciones de aquella época de transporte y medios de comunicación lentos de territorio a territorio, se posibilitó adelantar mucho el proyecto comunero. Sin perder de vista este primera etapa comunera, pasamos a mencionar el siguiente aspecto de José Antonio Galán.

La empatía que cultivó entre los pueblos fue vital para el alcance político que tuvieron Los Comuneros. Pues Galán fue creciendo como un héroe criollo inspirador de una alternativa posible ante las injusticias de la Corona. Giró alrededor suyo un ejemplo a seguir, un respaldo militar y moral para aquellos que estaban atentos al desenlace de la rebelión, tanto así que el hecho de saber que el criollo estaba cerca a municipio y pronto pasaría allí era motivo suficiente para que la gente se organizara en cuerpos militares y capturaran a las tropas españolas, expulsaran las autoridades y se tomaran los recursos públicos, repartiéndolos entre la comunidad.

Un aguacero que inundó más allá de Santander

La ola de levantamientos y rebeldías atizados en el país se registran de esta manera: “[...] en Ubaté, los indios se niegan a pagar los tributos, las armas españolas tornan a rendirse ante él como trigos maduros que se doblan; Facatativá no piensa siquiera en resistir y es poseída jubilosamente por el vencedor […] un poco adelante, unas cuantas leguas hacia el occidente del camino que tomó Galán, un escalofrío libertario recorre la espina dorsal de la Mesa; el influjo se propaga a Tocaima; Villeta, Piedras y Guaduas […]”.

Al otro lado del Magdalena la historia se repite en diversos municipios: en Honda, Beltrán, Mariquita, los esclavos de la mina de Mal Paso, Ambalema, Coyaima, Coello, El Espinal, Upito, Purificación, Ibagué, Neiva (dirigida por Teresa Olaya) y Chaparral (el indio Simón Bernate hace historia en la sublevación). Subiendo por Antioquia también se presentaron levantamientos en Guarne, Caguán y Aipe. Ahora subiendo hacia el nororiente la rebelión germina en Girón, Cúcuta, San Cristóbal y Mérida.

En Boyacá, se dieron llamaradas de insurrección que prontamente fueron apagadas por las fuerzas reales. Los municipios de Pore, Chire, Santiago, Támara, Ten, Manare, Pava, Cravo, Pisba, Labranzagrande. Caso contrario en Nariño, donde los amotinados asesinan a palos al gobernador de Popayán; continua así en Tumaco, Barbacoas, Iscuandé, Palma Real, Tola, Río de Santiago y Baquería.

 

Vuelve y juega contra Santa fe

 

Al tener firmadas las capitulaciones el 8 de junio de 1781, desarrollando su contenido y ejerciendo los cargos que en estos estipularon algunos de los líderes de la rebelión comunera, Galán regresa a Charalá rodeado de los suyos. Sin saberlo, se cocinaba en papeles y oficinas reales la sentencia que lo llevaría al punto de mira de la Corona como venganza. El 1 de septiembre de 1781 se expide la orden de prisión contra nuestro líder comunero por orden de la Real Audiencia y los alcaldes de Zipaquirá y Chiquinquirá, bajo los cargos de robo y dirigencia en la primera sublevación para luego ser recibida por los alcaldes ordinarios en Socorro el 18 de septiembre.

Según el documento leído en el marco de la sentencia a la Galán, lo acusan por: “su desenfreno por la invasión hecha en Puente-real de Vélez […] interceptar la correspondencia de oficio, y pública, que venía de la plaza de Cartagena para esta capital (Facatativá) […] continuando con su voracidad y designios infames se condujo a Villeta y Guaduas, en donde, repitiendo los excesos del saqueo, atropelló también al alcalde ordinario de esta villa […] ejerciendo actos de jurisdicción en desprecio de los que la tenían legítima y verdadera (Mariquita) […] avanzó desde allí a la hacienda de Mal Paso, propia de don Vicente Diago, alzando a los esclavos, prometiéndoles y dándoles libertad, como si fuera su legítimo dueño […].

Estos argumentos hacen parte de la larga lista de acusaciones, para condenar a muerte al comunero: “[…] condenamos a José Antonio Galán a que sea sacado de la cárcel, arrastrado y llevado al lugar del suplicio donde sea puesto en la horca hasta que naturalmente muera, que bajado, se le corte la cabeza, se divida su cuerpo en cuatro partes, y pasado el resto por las llamas […] su cabeza será conducida a las Guaduas […] la mano derecha puesta en la plaza del Socorro; la izquierda en la villa de San Gil; el pie derecho en Charalá, lugar de nacimiento; y el pie izquierdo en el lugar de Mogotes […]”.

No contentos con esta vil sentencia, prosigue la lectura: “[…] declarada infame su descendencia, ocupados sus bienes y aplicados al real fisco: asolada su casa y sembrada de sal. De los 16 compañeros capturados se les sentenció también a muerte y a otros el exilio en África”. La captura y asesinato de los comuneros sublevados nuevamente ocurre después de ser perseguidos y capturados la noche del 13 de octubre de 1781, pues ya se encontraban dentro del nuevo proyecto insurreccional iniciado en territorio santandereano con miras a Santa fe, sin perder tiempo en batallas contra los traidores de la rebelión comunera que se encontraban disfrutando de los cargos públicos estipulados en las capitulaciones.

 

Para terminar

 

Fueron claras las intenciones de la Corona de desaparecer de la memoria la rebelión y proyecto comunero junto a sus protagonistas, entre ellos Galán. Sin embargo, su figura como líder comunero y persona de confianza entre su comunidad le permitió levantar cabeza entre los nudos de la historia que impone la burguesía cuando narra el pasado.

Pretender ocultar la visión estratégica, la audacia militar, su capacidad organizativa como además su principio de alteridad en las comunidades que lo recibían junto a sus compañeros de campaña, es faltar a la verdad histórica de un elemento vital del acontecimiento comunero enmarcado en las luchas sociales previas a la independencia de 1810, la que como es conocido se prolonga en cientos de escaramuzas y batallas hasta 1819, para sellar con las armas la derrota enemiga.

Ahora bien, la rebelión y proyecto comunero no solo expuso a los revolucionarios y revolucionarias en este acontecimiento, también lo hizo con aquellos traidores que en la formulación de las capitulaciones incluyeron sus intereses particulares como es el caso del emblemático Juan Francisco Berbeo, miembro de la clase aristocrática de los cabildos de Santa fe y Tunja.

Teniendo en cuenta lo que sucedió alrededor de Galán y los comuneros, cabe mencionar que la sentencia contra los actores de la segunda insurrección comunera fue por dos razones. La primera, por venganza Real contra este pueblo insumiso que puso en entredicho el régimen colonial y propuso otro modelo de sociedad no-dependiente y, segunda, para sembrar el miedo y terror entre las comunidades que aun siguieran cosechando las ideas rebeldes, entre ellas de independencia.

Con respecto a las 36 capitulaciones, fueron desconocidas y enterradas por la Corona el 18 de marzo de 1782. Se anulan así cargos públicos, indultos y demás acuerdos desprendidos del histórico documento, quedando archivados originales y copias. Esta práctica se asemeja a lo que sucede con los acuerdos de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, de los pueblos indígenas y afros, maestros y maestras, que se estipulan en el marco de las movilizaciones con el gobierno nacional para luego ser amañados a la normatividad vigente y posteriormente verlos parcialmente cumplidos dentro de largos periodos de tiempo, hasta llegar al total incumplimiento.

Se ve como la práctica de incumplir los acuerdos por parte de un gobierno nacional es herencia de la Corona, bien aprendida por sus herederos de clase, constituyéndose así en un principio histórico de la clase social que ha estado en el poder para sostener el régimen explotador y destructor de la vida. El incumplimiento de las capitulaciones expone la política real de la Corona frente a una negociación, la cual no tiene otro nombre de trampa.

No obstante, la historia la hacen los pueblos, de estos surgen liderazgos que encarnan sus intereses y proyectos de nación antagónicos al sistema-mundo capitalista. La disputa también está en narrar sus vidas en el acto de hacer memoria, como garantía de no perder la identidad y el horizonte de transformación social que tenemos implícitos los pueblos de Nuestra América.

Galán y Los Comuneros son el aporte del pueblo colombiano a la larga historia de luchas sociales que recalcan el futuro de esperanza y vida digna que tenemos los sujetos populares.

* Todas las citas corresponden al libro, Galán y los comuneros (1939), de José Fulgencio Gutiérrez.
** Coordinador Nacional Agrario - Congreso de los Pueblos.

Publicado enEdición Nº257
Colombia: “Se pretende legalizar el despojo realizado en nuestros territorios ancestrales

Servindi, 29 de mayo, 2019.- El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció que, a través de la modificación de la Ley 160 de 1994, conocido como la ley de tierras, “se pretende legalizar el despojo realizado en nuestros territorios ancestrales”.


Mediante un comunicado, la organización exhortó que con la creación de diversos procedimientos y figuras se convalida “la entrega mediante titulación de grandes extensiones de terrenos baldíos de la Nación a sujetos distintos a los de reforma agraria”.


Ello, según el CRIC, pese a que los predios “baldíos” son constitucionalmente imprescriptibles e inalienables.


Con dichos cambios, se estaría promoviendo la acumulación de baldíos y el acaparamiento de tierras. En cambio, los indígenas no conciben la figura de “baldíos” ya que para ellos se trata de sus territorios ancestrales.


Además, es el lugar donde desarrollan sus “prácticas culturales y ancestrales, nuestro sistema económico propio, donde ejercemos control para la protección y cuidado de todo lo que se encuentra en él”.


De acuerdo con el CRIC, mediante la modificación de la ley, hay un favorecimiento a las actividades extractivas ya que se quieren establecer disposiciones relacionados con asuntos del sector minero energético.


“Hemos insistido en que la política de Formalización y Acceso a Tierras debe ser realizada desde los pueblos indígenas, sectores sociales y populares del País, sin embargo es el gobierno nacional quien pretende establecer una “reforma agraria” que busca favorecer a unos pocos”, denuncia.


Por ello, a través de una acción de tutela, CRIC y otras organizaciones indígenas, buscan suspender el trámite del proyecto para luego solicitar su retiro por “haberse surtido violando los procedimientos establecidos para el proceso de consulta previa”.

31 mayo 2019 0

Publicado originalmente en servindi.org

 

Publicado enColombia
Los estudiantes salen a defender la universidad

Cientos de miles de docentes y estudiantes se manifestaron en todo el país, manteniendo la vitalidad mostrada el 15 de mayo o “15M”.

Por segunda vez en quince días los estudiantes se movilizaron en una centena de ciudades para defender la educación pública y contra el recorte presupuestario ordenado por Jair Bolsonaro y su ministro de Educación, el circense Abraham Weintraub. La primer concentración comenzó a las 10 de la mañana en Brasilia donde miles de jóvenes marcharon hacia el Congreso. Fueron movilizadas tropas federales, como si el acto amenazara la seguridad nacional, y hubo represión.

La marcha más esperada ocurrió a la tarde en San Pablo, coincidiendo con la visita del ex presidente Barack Obama, al convite de un grupo de empresas multinacionales. Obama hizo un discurso que tal vez haya sido bien recibido por la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) brasileña y seguro resultó indigesto para Bolsonaro. Recomendó que los profesores sean “debidamente valorados” con salarios a la altura de su papel en la sociedad porque “dar una buena educación no es caridad, es algo necesario para el desarrollo económico de un país”.
El panorama observado al cierre de esta crónica, cuando aún no habían concluido las marchas en San Pablo y Río de Janeiro, mostraba que la capacidad de convocatoria de la UNE, la UBES (Unión Brasileña de Estudiantes Secundarios), y de los profesores mantiene la vitalidad mostrada el 15 de mayo o el “15M”, una fecha bisagra en el enfrentamiento al gobierno que mañana cumplirá cinco meses de gestión, en los que perdió alrededor de veinte puntos de aprobación. Es casi seguro que ayer no se movilizaron 1,5 o 2 millones de personas como ocurrió el 15M, pero sí cientos de miles, y esto es un aliciente de cara a la huelga general convocada para el próximo 14 de junio por todas las organizaciones sindicales.


Las protestas de este jueves y la huelga del mes que viene, que tendrá como principal bandera el rechazo a la reforma previsional, están “totalmente ligadas”, aseguró Mayara Souza, presidenta de la Unión Estadual de los Estudiantes de San Pablo. “Este gobierno chantajista y autoritario” quiere condicionar la revisión del recorte del 30 por ciento de gastos de la educación a la aprobación de la reforma jubilatoria, sostuvo. “Los banqueros no pagan impuestos y quieren que la educación y los más pobres paguen el pato de la crisis económica”, arengó la joven a las cuatro y media de la tarde en el Largo da Batata, oeste de la ciudad, cuando las batucadas marcaban el ritmo. De allí iban a partir las columnas hacia la Avenida Paulista. Los organizadores dijeron que a esa hora ya había 50 mil personas. Las imágenes en las redes sociales indicaban que había un considerable número de personas que iba al acto principal previsto para las 20 horas en el Museo de Arte de San Pablo. A las 18 horas la cadena Globo, a la que no se le puede reprochar favoritismo por los estudiantes, informó que había actos en 92 ciudades de 23 de los 27 estados de la Unión. En ese momento miles de personas se encontraban frente a la iglesia de la Candelaria en el centro de Río de Janeiro, aguardando para comenzar la movilización.


En Salvador de Bahía, nordeste del país, la capital con más proporción de habitantes afrodescendientes, la movida arrancó poco antes del mediodía en el Largo de Campo Grande, zona céntrica, donde fue desplegado un pasa calles blanco con letras rojas: “Bolsonaro sacá las manos de la educación pública, porque ella es nuestra”.


Los estudiantes de San Pablo, Río, Brasilia y Salvador de Bahía, en general recibieron el saludo y hasta el aplauso del público. La pelea por la educación ganó contornos de demanda compartida por amplios sectores populares y de las clases medias, incluso con la simpatía de estudiantes de escuelas privadas. De ese sector proviene el público que ayer fue a escuchar a Obama, y lo aplaudió cuando aconsejó más fondos para escuelas y universidades.


El capitán retirado del Ejército Bolsonaro concibió el enfrentamiento como una forma de guerra propia contra los estudiantes, y está descubriendo que su táctica puede haber sido ser un boomerang. El domingo pasado decenas de miles de bolsonaristas salieron en su defensa con consignas apologéticas de la dictadura y en favor del autogolpe a través del cierre del Congreso. Globo y la mayoría de los medios poderosos intentaron disimular a los extremistas. Una faena difícil, dado que las tesis radicales son expresadas por el mandatario y su ministro de Educación Abraham Weintraub, que esta semana volvió a defender el ingreso de la policía en los campus, lo que está prohibido por la Autonomía universitaria. Ayer pidió a los padres de estudiantes secundarios que delaten a los profesores sospechados de izquierdistas.


Weintraub sorprende por vía doble: presenta argumentos del gurú de la extrema derecha Olavo de Carvalho en perfomances que lindan con lo ridículo. Así sucedió ayer cuando grabó un video para denostar lo que él llamó “lluvia de fake news” contra el gobierno, munido de un paraguas y meneándose al ritmo de la canción Danzando bajo la Lluvia.


Mucho más que un recorte


Por Andrés Ferrari Haines

Desde Porto Alegre*


En Brasil, los estudiantes marcharon de nuevo, continuando la gran marcha del 15 de mayo, cuando dos millones se movilizaron en todos los estados del país. En Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, San Pablo y Río de Janeiro, las imágenes fueron impactantes. Escenas pocas veces vistas en Brasil.


El domingo los bolsonaristas marcharon en respuesta. Y la concurrencia resultó bastante pobre. Sólo en San Pablo y Rio de Janeiro fueron de consideración, pero bastante inferiores a la de los estudiantes. En el resto, sólo puñado de personas. Grabaciones difundidas por las redes muestran algunas hasta cómicas, con mucho ruido de altavoces y pocas nueces... Había expectativa porque, aunque el presidente viene perdiendo credibilidad y apoyo a alta velocidad, en octubre obtuvo casi 58 millones de votos y porque se comunica a través de las tinieblas de las redes. Hashtags en su favor fueron líderes; algunos, a nivel mundial, difundidos con beneplácito por bolsonaristas. Sólo que aparecían con banderas de Brasil y EE.UU., indicando el origen doble de sus seguidores. En efecto, en el apuro, un hashtag apoyaba a “Boldonaro”... Por eso, los estudiantes se convocaron confiados: los robots no marchan.

La gran movilización de los estudiantes se gestó contra el fuerte recorte educativo del gobierno que deja a las universidades sin recursos para funcionar en septiembre. El rechazo se hizo social, distintos sectores afirmando que la educación es esencial para el país. Incluso estudiantes secundarios participaron entendiendo que se busca desmantelar la educación pública: es decir, cuando tengan edad, no tendrán universidades. No se equivocan. El ministro de Educación Weintraub dejó claro su desinterés en la educación pública. Sin presentar datos, pero en contradicción con ellos, afirmó que las universidades públicas son de bajo nivel y de peor calidad que las privadas. En las listas de mejores universidades elaboradas en Brasil y en otros países, no sólo las públicas dominan los rankings nacionales sino, también, algunas se destacan en los internacionales. Esa actitud del ministro, además, es congruente con otros proyectos de arancelar o desfinanciar las áreas sociales y humanas. Bolsonaro directamente llamó imbéciles e idiotas útiles a los estudiantes que, azuzados, dicen que le respondieron con esta segunda marcha porque “sin educación, alcanza con Bolsonaro”.


Las reacciones bolsonaristas también revelaron, ya sin ningún maquillaje, su lado autoritario. Convocaron su marcha del domingo con agresiones al Congreso y a la Corte, generando un clima de posible autogolpe. Varios sectores se pronunciaron en contra de este tono antidemocrático: el ejército, partidos aliados y miembros de su propio partido, hasta grandes medios de comunicación. La alianza de Bolsonaro se quebró. Bolsonaro, que había avalado el embate a los otros dos poderes, intentó despegarse. Pero hubo el domingo demandas en favor del cierre del Parlamento y de la Corte.


El apoyo inicial del presidente había tenido un fuerte fundamento personal. En el Congreso no avanzan las propuestas neoliberales de su “superministro” Guedes –en particular, la reforma previsional–, mientras muchos parlamentarios coinciden, con parte de la sociedad, en que Bolsonaro no tiene capacidad para gobernar. Impeachment se escucha fuerte –sobre todo en la derecha, que considera que las medidas sólo avanzarán si asume su vice, el General Mourão–. En la justicia, su hijo Flavio está siendo investigando por lavado de dinero y asociación ilícita junto a casi cien personas, incluyendo la esposa del presidente. Sus socios serían los para-policías cariocas vinculados con el asesinato de Marielle Franco. Según el conocido periodista Luis Nassif, de las tres hipótesis sobre el crimen, una está relacionada con el presidente.


La segunda marcha por la educación es parte de la batalla por las calles que se instaló en Brasil. Hecho novedoso en una sociedad, hasta ahora, poca politizada. Curiosamente, fue la autodenominada “nueva derecha” la que inició esta forma de disputa política cuando se movilizó en contra Dilma Rousseff, primero en 2013 y, después, en 2015. Grupos como “Vení a la calle” y “Movimiento Brasil Libre” que estuvieron detrás de ellas y de las del triunfo de Bolsonaro, hoy se alejan del gobierno. Pero la disputa se mantiene. Y la marcha por la educación dejó de ser vista por los estudiantes como meramente contra un recorte para entenderse como una crítica al proyecto de país del actual gobierno. Y la educación pública expresa la diferencia entre ellos: el domingo bolsonaristas arrancaron vivando un cartel en defensa de la educación en la Universidad de Paraná. Conscientes de esto, los estudiantes dicen que ayer las clases fueron en las calles -y que las próximas clases callejeras se dictarán en la huelga general del 14 de junio.


* Profesor UFRGS (Brasil) @Argentreotros.

 

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La mayor huelga general contra Mauricio Macri paraliza Argentina

El quinto paro desde 2015 fortalece el cerco opositor contra el presidente en el inicio de la campaña electoral

Argentina estuvo hoy paralizada. No circularon buses, trenes, aviones ni barcos. En Buenos Aires, donde viven 15 millones de personas, tampoco funcionó el metro. Las escuelas, comercios y bancos no abrieron y los hospitales atendieron sólo las urgencias. La quinta huelga general contra Mauricio Macri encontró a todo el sindicalismo y los movimientos sociales unidos contra la política económica oficial. El presidente no sólo padece la presión de la calle. La caída de su popularidad activó reclamos intestinos en Cambiemos, la alianza de Gobierno, de grupos que no creen que Macri sea la mejor opción para disputar las elecciones generales de octubre.


"Estamos hartos de los paros", dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ocupada en que los grupos de izquierda que se sumaron a la convocatoria sindical no cortasen los accesos a la capital. "Esto ya es como una especie de rutina. Le impiden a la gente que viaje. Es una situación en contra de la libertad y el trabajo", agregó. Bullrich fue la única voz oficial contra la protesta. Macri participó en un acto por el día el Ejército sin siquiera mencionarla. Y desde el ministerio de Hacienda sólo dijeron que la huelga costó a Argentina unos 900 millones de dólares. Las grandes ciudades, mientras tanto, estuvieron desiertas.


La singularidad de la huelga fue la unidad sindical, algo poco común en Argentina. "Es el paro más fuerte y de mayor contundencia en la era de Macri, gracias a que lo convocamos todas las centrales de trabajadores y lo apoyaron todas las organizaciones empresariales, pymes, más todos los movimientos sociales del país", dijo Hugo Yaski, secretario general de la CTA, una central de perfil combativo que no pertenece a la CGT, la gran confederación de gremios peronistas.


El regreso de Hugo Moyano, líder del poderoso sindicato de los camioneros, fortaleció aún más el golpe. Moyano es un dirigente a tener en cuenta. Apoyó al kirchnerismo, luego hizo campaña por Macri y ahora volvió al kirchnerismo. Su poder de movilización es enorme: no hubo reparto de alimentos, faltó combustible y dinero en los cajeros automáticos y no hubo recolección de basura.


Con la huelga, el sindicalismo argentino ingresó por la puerta grande en la campaña electoral. Macri había logrado mantener a raya a la CGT con acuerdos salariales acordes con la inflación, pero el deterioro de la situación económica en 2018 le quitó poder en las negociaciones. La presión de los gremios más duros, sobre todo los alineados con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, terminó por inclinar la balanza a favor de la protesta. El sindical no es, sin embargo, el único frente con que debe lidiar Macri.


Cambiemos, la alianza oficialista, cruje. La Unión Cívica Radical (UCR), el partido de los expresidentes Raúl Alfonsín (1983-1989) y Fernando de la Rúa (1999-2001), exigió a Macri que someta su candidatura a las elecciones primarias que se celebrarán en agosto. Sus líderes consideraron que la caída de popularidad del presidente es un lastre que pone en riesgo su reelección. En un documento firmado durante una convención del partido, celebrada el lunes, advirtieron también que intentarán abrir Cambiemos a otras fuerzas políticas. La presa a capturar es el peronismo federal, "no kirchnerista". Sus líderes, entre los que se cuentan gobernadores con peso en el interior del país, están hoy enfrascados en una discusión sobre el mejor nombre para enfrentar a Alberto Fernández, el hombre al que Cristina Fernández Kirchner acompañará como candidata a vicepresidenta.


Los sondeos dan a la fórmula Fernández -Fernández un cómodo triunfo en la primera vuelta, prevista para el 27 de octubre, pero insuficiente para ganar sin necesidad de un balotaje en noviembre. En la segunda vuelta, las cuentas son más ajustadas, con una leve ventaja para Macri. El apoyo del peronismo no kirchnerista será la clave de un triunfo oficialista en segunda vuelta. No es descabellado pensar que Macri logre ese apoyo. El líder del peronismo federal, el recién reelecto gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, se considera amigo personal del presidente, mientras que su par salteño Juan Urtubey mantuvo inmejorables relaciones con la Casa Rosada. La pieza suelta se llama Sergio Massa, un exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner que no decidió aún si juega a la interna del peronismo federal o negocia algún tipo de alianza con su exjefa política.
A la expectativa


Mauricio Macri, entre tanto, espera. Mientras sus portavoces advierten que la candidatura a la reelección no está en discusión, el presidente confía en un repunte económico que le regale un poco de oxígeno. Las cifras le han dado, al menos, un respiro. El peso lleva un mes estable en su relación con el dólar, después de perder casi la mitad de su valor durante 2018.


Cuando el peso no se derrumba, la inflación, el gran mal de los argentinos, al menos se ralentiza. El IPC subió un 4,7% en marzo y un 3,4% en abril, una curva descendente que, de persistir, permitirá a Argentina cerrar 2019 con una inflación que rondará el 40%. Será clave que los números acompañen a Macri: la popularidad del presidente cae cuando sube la inflación, y viceversa. Con poco que ofrecer en materia económica, la otra pata de la campaña oficialista ha sido hasta ahora más tradicional, con cortes de cinta en grandes obras de infraestructura y ataques directos al kirchnerismo, el gran enemigo a vencer en octubre.

Buenos Aires 30 MAY 2019 - 04:18 COT

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Condenado por misógino, Bolsonaro deberá pagar

En 2003 el mandatario le gritó ante las cámaras a una diputada “no la violaría porque no lo merece.” Ahora deberá pagarle una indemnización.

El presidente Jair Bolsonaro había perdido uno de los dos juicios que le inició la diputada del PT y ex ministra de Derechos Humanos, María do Rosario Nunes. Ahora ese fallo deberá cumplirse. En los próximos quince días tendrá que indemnizarla por la suma de diez mil reales y retractarse en los medios y redes sociales por sus expresiones misóginas y sexistas contra ella. La sentencia se acaba de conocer y fue firmada por la Justicia Civil de Brasilia donde la legisladora lo había denunciado. “Celebro esta victoria que es la del respeto y la dignidad, con todas las mujeres de Brasil” declaró la afectada. En 2003 el mandatario y militar ultraderechista le gritó ante las cámaras de televisión que “no la violaría porque no lo merece” y el 9 de diciembre de 2014 repitió palabras parecidas en una sesión del Congreso.

En un video que posteó en su Facebook, la actual diputada federal comentó: “Quiero compartir con ustedes y celebrar juntos la noticia de que finalmente la sentencia del juicio a Jair Bolsonaro será cumplida. Fue condenado por daños morales. El fallo hasta hoy no había sido debidamente ejecutado y ahora deberá pagar la indemnización y retractarse en las redes sociales y en todos los espacios que usó para la difamación. Es una victoria importante para nosotras”. María do Rosario –como se la conoce en Brasil– le ganó al presidente el juicio civil y prosigue una demanda penal que todavía está tramitándose ante el Supremo Tribunal Federal (STF). Además existe otro proceso judicial del Ministerio Público contra el militar por los mismos dichos.
La legisladora adelantó que el dinero fijado en la sentencia como indemnización se lo donará a instituciones que actúan en defensa de la dignidad de las mujeres. En una entrevista de noviembre del 2018 con PáginaI12 había definido al monto que deberá pagarle Bolsonaro como “irrisorio”. Al cambio, la suma que fijó el tribunal civil Nº 18 de Brasilia representa unos 115.000 pesos argentinos.


Pese a ello, el fallo tiene un peso simbólico muy fuerte en la larga lucha de las mujeres brasileñas y que, como en todo el mundo, se ha transformado en una ola indetenible de sus reivindicaciones postergadas por la igualdad de género y el desmantelamiento de la sociedad patriarcal. La diputada federal por Río Grande do Sul lo celebró como una victoria importantísima en el video que compartió especialmente con las mujeres de su país. Bolsonaro y sus abogados no habían dicho hasta ayer una sola palabra sobre el fallo.

María do Rosario no era muy optimista sobre el desenlace de los juicios contra el militar. El capitán del ejército asumió la presidencia el 1º de enero de este año y ella consideraba que el tema recién podría resolverse después de que finalizara su mandato. En aquella entrevista con este cronista había explicado: “El pretendía que el caso fuera cerrado pero no lo consiguió y entonces fue suspendido el juicio solo durante el período en que dure su presidencia. Después será retomado el proceso sin que prescriba y tendrá que responder. Fue una victoria de nuestros abogados y al mismo tiempo, yo creo que él volverá a tener que declarar más temprano de lo que piensa”. Esta última línea fue premonitoria. La retractación presidencial tiene 15 días hábiles de plazo para ser cumplida desde el miércoles último.


“Esta lucha no me pertenece, es compartida por todas nosotras y por la dignidad de las mujeres brasileñas”, celebró la diputada del PT. Cuando este diario la consultó sobre el momento que están pasando las mujeres en Brasil, agregó: “¿En qué país estamos viviendo? En uno donde las consultoras concluyeron que no hay espacio seguro para las mujeres. Donde un millón y medio de ellas fueron golpeadas o sufrieron tentativas de estrangulamiento, y 22 millones pasaron por algún tipo de acoso y el 80 por ciento de esas violencias fueron dentro de sus casas o por un conocido”. En su caso se trató de un diputado federal que hoy preside el país. El episodio tiene gravedad institucional.


María do Rosario empezó su carrera política en el Partido Comunista de Brasil (PCdoB) y en el movimiento sindical y estudiantil. Hace veintiséis años que está en la política. En 1993 accedió a su primer cargo como concejala en Porto Alegre, la ciudad donde vive. El Tribunal que acaba de pronunciarse a su favor, cerró un proceso de cuatro años donde Bolsonaro ya había sido condenado en 2015 por sus frases agraviantes.


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“Los derechos campesinos, para ser efectivos, requieren Reformas Agrarias en todo el mundo”

En plena ofensiva neoliberal, a fines de la década de los 90, el capital financiero profundizó sus tentáculos en el campo, la mercantilización y financiarización de la agricultura provocaron despojos y desalojos, aumento de la violencia y persecución contra las comunidades campesinas, privatización de las semillas, trabajo esclavo, destrucción de mercados locales y aumento del hambre y la migración, destrucción de la naturaleza y contaminación, entre otros flagelos.


Esta arremetida neoliberal profundizó los mecanismos de la Revolución Verde, potenciando su capacidad de acaparamiento y destrucción, de la mano de la tecnología transgénica asociada al uso masivo de agrotóxicos. El único objetivo: grandes lucros para las corporaciones transnacionales, pero a costa de graves consecuencias para la humanidad.


En el campo, aumentó la concentración y privatización de la tierra, el trabajo esclavo o precarizado, la contaminación con agrotóxicos, la destrucción de millones de hectáreas de selvas y bosques nativos. A medida que el proceso avanzó, fue creciendo la resistencia en el campo, lo que trajo aparejado la persecución y criminalización de campesinas y campesinos. La violencia en el campo es un elemento sobre el que se sostiene el agronegocio: asesinatos y encarcelamiento de campesinas y campesinos, y el redireccionamiento de los recursos públicos hacia el agronegocio, dejando a los campesinos sin posibilidad de acceso a créditos y mercados.


La propaganda neoliberal incluía la idea del fin de la historia, como parte del intento de despolitización de la sociedad. En el plano agrario, se lanzó la teoría del “Fin del Campesinado”, sugiriendo que las familias campesinas iban a desaparecer y que solo el agronegocio era capaz de alimentar a la humanidad.


En el plano de la gobernanza internacional el lobby neoliberal impulsó nuevas instituciones, tratados y acuerdos que fueron construyendo un andamio de jurisprudencia que en lugar de estar anclada en los Derechos humanos y la democracia, está basada en la Libertad del capital financiero y mecanismos de blindar a las empresas frente a la resistencia y lucha de los pueblos. Un claro ejemplo es la UPOV (Unión de protección de obtentores vegetales) que se encarga de legitimar la apropiación de conocimiento genético.


Las organizaciones campesinas resistieron en todos los rincones del planeta. La conformación de La Vía Campesina se da en ese contexto, destacándose la lucha por la tierra y contra la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las políticas de libre mercado que abrían las puertas a las corporaciones en todos los continentes.


A medida que avanza la agricultura industrial se agudiza la crisis alimentaria global y también la crisis climática. Frente a esta situación, La Vía Campesina además de articular la resistencia sistematiza propuestas y horizontes con esperanza. No solo que no era el fin del campesinado, sino que el campesinado es parte de la solución posible a las crisis provocadas por la dinámica de acumulación del capital. Así se inicia el debate de la soberanía alimentaria, y se lanza la campaña Global por la Reforma Agraria. Esos debates irrumpen en 1996 en el Consejo de Seguridad Alimentaria de la ONU. Planteando que para lograr resolver la crisis alimentaria, es condición necesaria el desarrollo y fortalecimiento de la agricultura campesina, local, y para eso la democratización de la tierra.


Así, la discusión sobre los derechos de los campesinos siempre estuvo ligada a propuestas sobre las políticas agrarias necesarias para poder superar la crisis alimentaria.
En 2001 se realiza un congreso internacional sobre derechos campesinos en Indonesia, coordinado por la Unión Campesina de Indonesia (SPI), donde comienza a plantearse la necesidad de construir una declaración de derechos campesinos en la ONU.


En el año 2003, en la IV Conferencia Internacional de LVC realizada en Sao Paulo, Brasil, en su declaración final se establece: “Adquirimos el nuevo compromiso de impulsar la lucha por los Derechos Humanos y Campesinos. Desarrollaremos desde las organizaciones campesinas una Carta Internacional de los Derechos Campesinos”. Y entre los años 2004 a 2006 junto a CETIM y FIAN se verificaron y documentaron casos paradigmáticos de violaciones a los derechos campesinos en todos los continentes.
Un intenso trabajo en el Consejo de DDHH


En junio de 2008 en Yakarta, se realizó la Conferencia Internacional de Derechos Campesinos, con la participación de más de un centenar de representantes de las organizaciones que conforman La Vía Campesina de todo el mundo y de un millar de miembros de la SPI, y ese mismo año pero en octubre, la V Conferencia Internacional de Vía Campesina, realizada en Mozambique, aprobó la Carta de los derechos de las campesinas y campesinos. Con el sustento de miles de luchas locales, y cientos de informes que documentaron violaciones en las comunidades rurales, se inició el desafío en Naciones Unidas.


Esta carta, que luego será el puntapié inicial para la Declaración, nace directamente de las experiencias y luchas campesinas en todo el mundo. Por eso podemos afirmar que la Declaración es la traducción de esa realidad y su reconocimiento en Naciones Unidas.


En 2012, luego de un intenso trabajo, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas resuelve la creación de un grupo Intergubernamental de Trabajo que tiene la misión de proponer al mismo un texto sobre una declaración de derechos de los campesinos. Este grupo fue presidido por el Estado plurinacional de Bolivia acompañado en la coordinación por Sudáfrica y Filipinas. A partir de entonces un grupo de expertos realiza un estudio sobre la situación y propone un texto en base a la carta de Vía Campesina adaptando el lenguaje a los estándares de ONU.


Bolivia garantizó un proceso transparente y participativo en el Consejo. En 6 años, 5 borradores se fueron modificando luego de cada sesión, tomando los aportes de los Estados y de la sociedad civil que se sumó con fuerza al proceso representada por organizaciones de campesinos, pescadores artesanales, pastores, trabajadores agrícolas, pueblos indígenas y de derechos humanos (DDHH) que participaron activamente con propuestas.


Durante los años 2013 y 2014, se llevó el debate a la Comisión Interamericana de DDHH, donde la CLOC LVC, junto con FIAN y CELS presentaron informes sobre la relación entre la violación a los derechos campesinos en la región y las corporaciones transnacionales.


El 28 de setiembre de 2018, el Consejo de DDHH adoptó la Declaración con una holgada votación, y fue sin dudas un avance sustancial del sistema de DDHH con una perspectiva pluricultural y humanista. En el informe oficial de presentación del texto definitivo, se destacó el llamado urgente de la Alta Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kate Gilmore, a finalizar la labor sobre el proyecto de Declaración “a fin de responder a más de 1.000 millones de personas que viven en las zonas rurales, quienes suministran una elevada proporción de los alimentos”. El Informe también destacó el apoyo de la FAO a la Declaración, tomando en cuenta que la misma contribuirá en el objetivo de hambre cero y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, ayudando a alcanzar el potencial que tienen y a superar los desafíos que enfrentan en su vida cotidiana.


Este proceso colocó varios debates al seno de Naciones Unidas, en primer lugar el reconocimiento del campesinado como una clase mundial y significativa que sufre violaciones sistemáticas a sus derechos, en segundo lugar, si en las legislaciones deben primar los derechos humanos o los intereses corporativos de las transnacionales. En este sentido, el Consejo de DDHH fue contundente: deben primar los Derechos Humanos, y esta Declaración es un instrumento fundamental para poder establecer los estándares y las políticas en el campo de forma de garantizar los derechos de las campesinas y campesinos. También la perspectiva de los derechos colectivos como parte de la cosmovisión pluricultural del sistema.

El proceso desde un inicio contó con el apoyo del proceso de integración latinoamericana, la propia CELAC dio su respaldo así como el GRULAC (grupo de países latinoamericanos en la ONU) al que luego se sumaron el G77, abriendo camino en Asia y África donde también tuvo amplio respaldo. Como era de esperarse, los países más subordinados a los intereses de las transnacionales y de carácter imperialista y colonialista se opusieron desde el principio: así EEUU, Reino Unido, Israel, Japón y una buena parte de la Unión Europea fueron permanentes en su negativa.


Sin embargo, en diciembre de 2018, y por una amplia mayoría, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó y adoptó la Declaración de los derechos de campesinos y de otras personas que trabajan en áreas rurales.


Brasil y Argentina habían apoyado todo el proceso, pero con la llegada al poder de Macri y Bolsonaro terminaron en abstención; a la inversa, México, que había puesto reparos, ya con Andres Manel López Obrador electo presidente, votó afirmativamente.


La adopción de esta Declaración termina con la idea neoliberal del “fin del campesinado” y hace un fuerte llamado a los Estados, no solo a reconocer la identidad campesina, sino su rol, y a trabajar para terminar con las violaciones a sus derechos. Eso en un contexto de grave violencia rural global, con situaciones extremas como la colombiana, donde en 2018 fueron asesinados 105 líderes campesinos y 44 líderes indígenas, o como Brasil donde en 2017 asesinaron a 71 campesinos por conflictos de tierra o ambientales.


Según el Grupo ETC, la agricultura campesina cuenta tan solo con ¼ de las tierras agrícolas, pero alimenta a más del 75% de la población mundial, mientras que la agroindustria subordinada al capital financiero, con ¾ de las tierras agrícolas, sólo llega al 25% de la población.


Garantizar la vida y modo de producción campesina es estratégico para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, y el proceso coincide con el lanzamiento del Decenio de la Agricultura Familiar, ratificando la importancia del sujeto en ese contexto.


Derechos campesinos y obligaciones de los Estados


La Declaración, en su Preámbulo y sus 28 artículos, consigna los derechos de los campesinos y obligaciones de los Estados; el texto es un compendio fundamental para la planificación y renovación de la política agraria mundial en todos sus niveles.


Algunos elementos para destacar:


El Artículo 15 resalta: “Los campesinos tienen el derecho a definir sus propios sistemas agroalimentarios, reconocido por muchos Estados y regiones como el derecho a la soberanía alimentaria”. De esta manera, la ONU reconoce y reivindica la propuesta política que Vía Campesina introdujo en 1996 en los debates del Consejo de Seguridad Alimentaria de ONU respecto a cómo abordar la crisis alimentaria que afecta a más de 1000 millones de personas en todo el mundo.


El Artículo 16 establece: “Los Estados adoptarán medidas apropiadas para reforzar y apoyar los mercados locales, nacionales y regionales en formas que faciliten y garanticen que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales accedan a esos mercados y participen en ellos de manera plena y en igualdad de condiciones para vender sus productos a unos precios que les permitan, a ellos y a su familia, alcanzar un nivel de vida adecuado”. Se destaca la importancia de la intervención estatal para garantizar precios justos e ingresos adecuados. En la Argentina, la diferencia de precio entre lo que se paga al campesino y lo que paga el consumidor ronda entre el 500 y el 1600%, situación que sólo es posible resolver con una política pública que intervenga en defensa de quienes producen y del pueblo que consume.


El Artículo 17 señala: “Los campesinos y otras personas que viven en zonas rurales tienen derecho a la tierra, individual o colectivamente, (…) y en especial tienen derecho a acceder a la tierra, las masas de agua, y los bosques, así como a utilizarlos y gestionarlos de manera sostenible para alcanzar un nivel de vida adecuado, tener un lugar en el que vivir con seguridad, paz y dignidad y desarrollar su cultura” y recomienda a los Estados “la Reforma Agraria, para facilitar el acceso equitativo a la Tierra y su función social evitando la concentración”.


Este artículo es vital en el actual contexto de concentración y acaparamiento de la tierra. En América Latina, el 1% de los propietarios concentra más de la mitad de las tierras agrícolas, y tiene la distribución de tierras más desigual de todo el planeta: el coeficiente de Gini –que mide la desigualdad, 0 para la igualdad y 1 para la extrema desigualdad– aplicado a la distribución de la tierra en el continente alcanza al 0,79, muy por encima de Europa (0,57), África (0,56) y Asia (0,55).


En Argentina, según OXFAM, el 83% de las Unidades Productivas Agropecuarias detentan solo al 13,3% del total de tierras productivas. Según otro estudio, la Agricultura Familiar representa a ⅔ de los productores, pero sólo accede al 13,5% de la superficie de tierra agraria. En 2014, el gobierno argentino, realizó un muestreo de casos de conflicto por la tierra campesina: el resultado arrojó 852 casos abarcando más de 9 millones de hectáreas en conflicto.


La concentración de la tierra es una barrera estructural al desarrollo de una nación y al disfrute pleno de los derechos de las campesinas y campesinos.


En el Artículo 19 sostiene: “Los campesinos tienen derecho a las semillas (…) El derecho a proteger los conocimientos tradicionales relativos a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura;(…) El derecho a participar en la toma de decisiones sobre las cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de los recursos filogenéticos para la alimentación y la agricultura”. Frente al permanente avance de las transnacionales en la apropiación de material genético y de fuertes presiones por leyes de semillas que las avalen en el ultraje, este artículo toma especial relevancia.


Otro dato preocupante de la actualidad refiere a los agrotóxicos. La utilización masiva de agroquímicos provoca la muerte por intoxicación de unas 200.000 personas al año en todo el mundo, según un Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación. Para la Organización Panamericana de Salud, en 12 países de América Latina y del Caribe, el envenenamiento por productos agroquímicos causa el 15% de las enfermedades registradas.


En Argentina, informes del SENASA detallan que el 63% de los controles realizados en frutas, verduras y hortalizas en el mercado, entre 2011 y 2013, detectaron la presencia de residuos de químicos. Estos datos destacan límites al derecho a la salud, al ambiente y a la alimentación saludables, planteado en la Declaración.


La adopción de la Declaración enriquece el sistema de derechos humanos, logrando poner el debate democrático de los Estados por encima del lobby y los intereses del capital, actualizando el sistema desde una perspectiva pluricultural y respetando a las miles de millones de personas que conciben los derechos colectivos como fundamentales para el disfrute de los derechos individuales.


Nuevos desafíos


Ahora iniciamos una etapa de nuevos desafíos, en la cual esperamos que la Declaración sea una herramienta para las luchas campesinas. Es por eso que debemos trabajar para que las organizaciones campesinas puedan apropiarse de la misma, articulando con académicos, sindicatos, legisladores y funcionarios para que la misma pueda ser adoptada a nivel municipal, provincial y nacional, además de convertirse en un instrumento de diálogo entre organizaciones y Estados para avanzar en nuevas legislaciones que traduzcan las obligaciones de los Estados en políticas agrarias adecuadas. También la Declaración será un importante insumo para la dimensión jurídica de los conflictos agrarios.
Al instalar la Declaración en todos los rincones del mundo, vamos a avanzar en procesos de mayor incidencia global, pues se abren ahora horizontes para nuevos mecanismos de promoción y seguimiento de ésta al interior de Naciones Unidas, así como la posibilidad futura de construir una Convención Internacional de los derechos de las campesinas y campesinos.


En el actual contexto de crisis global del capitalismo, donde el imperialismo norteamericano no se resigna a perder porciones de mercado y pretende profundizar sus lazos coloniales con América Latina, los derechos campesinos sólo serán posibles si logramos articular luchas permanentes y prolongadas. La Declaración que conquistamos en Naciones Unidas es también una herramienta para el trabajo de base, la agitación y la organización de las campesinas y campesinos en todo el mundo. Además de servir de articulación para la unidad y la formación política de los líderes y lideresas del campo.


Los derechos campesinos, para ser efectivos, requieren Reformas Agrarias en todo el mundo, que garanticen la Agricultura Campesina y Agroecológica para alcanzar la Soberanía Alimentaria, fundamental para la justicia y la paz mundial; por eso, podemos afirmar que esta Declaración, de fuerte contenido humanista, es un paso adelante para la gobernanza global y los pueblos del mundo. Lejos de ser el “fin del campesinado”, podemos afirmar que las campesinas y los campesinos son protagonistas de las luchas por justicia social en todo el mundo y parte indiscutible de la solución a la crisis alimentaria y de migración que provoca y agudiza el desarrollo del capital financiero y los agronegocios.

24 mayo 2019
Por Diego Montón- Colectivo Internacional de Derechos Campesinos, La Vía Campesina. Movimiento Nacional Campesino Indígena Vía Campesina MNCI

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