La movilización del 25 de noviembre fue la despedida para Dilan Cruz

El 25 de noviembre una ola llena de alegría, solidaridad, sororidad y resiliencia se tomó las calles de la ciudad de Bogotá. Desde las 4:30 de la tarde el Parque Nacional se convirtió en el lugar de encuentro de miles de mujeres dispuestas a entusiasmo y vitalidad el Día internacional de la no violencia contra las mujeres, día en el que, además, se conmemoran la vida y lucha de las tres mariposas dominicanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal asesinadas en 1960 a manos del dictador Rafael Leonidas Trujillo.

 


Poco a poco la Carrera Séptima se fue colmando de colores diversos, con los morados y violetas –representando la fuerza de los feminismos– destellando con mayor intensidad. Pañoletas, banderas, carteles, pancartas y cuerpos desnudos expresaban mensajes rechazando las violencias de todo orden que desde tiempos inmemorables las afecta, violencia que en tiempos de capitalismo neoliberal comporta especificidades que la distinguen de otras épocas, pero que continúa conservando particularidades en lo económico, político, simbólico, psicológico, físico, político, laboral, entre otras de sus manifestaciones cotidianas.


Una ola que se contagió de otras mareas


Esta movilización, a pesar de su motivo original, se encontró en esta ocasión con una movilización inédita en Colombia. Las fuerzas sociales que se desataron en la ciudad y el país desde el 21 de noviembre con el llamado al Paro Nacional alimentaron como cauces de agua al mar de las mujeres, posibilitando con ello una jornada multitudinaria.

 


Lo multicolor de los colores también se impuso en las formas de sumarse a esta jornada, así como los cánticos entonados. Es así como miles de personas salieron a las calles con cacerolas en mano y gritando consignas que, aunque sin perder de vista el motivo de la movilización del 25, iban agregando múltiples problemáticas e inconformidades que la sociedad colombiana padece a diario, por tanto, no fue extraño escuchar gritos en reclamo de una educación de calidad, en contra de la represión policial, en contra el gobierno de Iván Duque, entre algunas de las más entonadas.

 


Esta movilización se desató como continuación de un fin de semana festivo, en donde desde las barriadas donde habitan sectores populares, pero también medios y altos, se realizaron los denominados cacerolazos en las cuadras y calles de toda la ciudad. El barrio histórico del 20 de Julio al Suroriente de la ciudad (barrio popular), por ejemplo, fue la muestra de una fiesta popular. Igual el barrio La Soledad (clase media) donde un animado mitin se transformó en jolgorio, evidencia de que la lucha contra un gobierno de apariencias y violencias ocultas, aunque muchas veces evidente, puede ser desnudado en sus pretensiones con la fuerza del cántico, la danza, el gozar del cuerpo, el compartir sonrisas y la hermandad del sentido común.

 


Por su parte en el Suroriente bogotano, desde las 6 de la tarde del sábado 23 de noviembre, cientos de habitantes de la localidad de San Cristóbal se reunieron en la plazoleta de la emblemática iglesia del 20 de Julio. Madres cabeza de familia, abuelas/os, niñas, niños, jóvenes y adultos fueron llegando con cacerolas que después de una hora ya eran un rugido de inconformidad. Los tambores de las batucadas, la danza, el fuego, los malabares y cintas acompañaron la alegría popular y motivaron la permanencia de la comunidad en un mitin prolongado por más d tres horas.


De igual manera, en la mañana del domingo 24 de noviembre la ciclovía (espacio para la recreación y el deporte en Bogotá) se convirtió en una nueva jornada de movilización que para el caso de la localidad de San Cristóbal sirvió como jornada preparatoria de la movilización del lunes 25.

Un 25 para la memoria


La inmensa ola de personas que desafío de nuevo la noche bogotana, cargada de frío, cruzó cerca del Hospital Universitario San Ignacio, lugar en donde se encontraba entre la vida y la muerte Dilan Cruz, atacado de manera brutal –como es característico de su actuar– por el Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad) el sábado 23.


A la entrada del hospital, miles de personas gritaban su nombre y lo animaban a seguir luchando por mantenerse con vida. No fue suficiente. El trauma sufrido en su cabeza fue fatal.


La marcha traspasó las puertas del San Ignacio y llegó la noticia de que Dilan había empeorado, fue el momento en el que aquel joven se empezaba a despedir tanto de sus seres queridos, como también de las personas que lo recordaron frente al hospital.


Culminó la conmemoración del Día internacional de la no violencia contra las mujeres y fue pública la noticia del deceso de Dilan. A Dilan lo acompaño en su último día el mar de la esperanza, el mar que busca otra realidad en esta Colombia herida. A Dilan lo acompañó en su muerte el calor de las mujeres que con su grito de dignidad van creando otra sociedad posible.

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Martes, 26 Noviembre 2019 05:49

Batacazo en Hong Kong

Batacazo en Hong Kong

 Los candidatos antirégimen chino consiguieron una aplastante victoria en las elecciones municipales celebradas el domingo en Hong Kong. Con una participación récord del 71,2 por ciento, casi tres millones de personas acudieron a las urnas en un momento clave para Hong Kong, una antigua colonia británica que se encuentra envuelta en una de las mayores revueltas de su historia desde que fue devuelta a China en 1997. La oposición al gobierno obtuvo 396 de los 452 escaños (cerca del 90 por ciento de las bancas de los consejos de distritos) lo que supone un claro rechazo a los candidatos proChina y, por ende, a la administración de la líder de Hong Kong, Carrie Lam. La debilitada gobernadora admitió el aplastante triunfo de la oposición y aseguró en rueda de prensa que escuchará a la población "con la mente abierta". Reconoció que "pese la difícil situación social, las elecciones se desarrollaron de manera pacífica y segura".

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Decenas de miles de personas han salido a la calle para protestar contra las reformas impuestas por la OCDE, especialmente en Bogotá. Natalie Sánchez

El toque de queda de la noche del viernes 22 de noviembre no frenó la ola. Por cuarto día consecutivo, miles de colombianos salieron a las calles para protestar contra las políticas del Gobierno neoliberal de Iván Duque.

Este movimiento inédito, al igual que los otros que estallaron en la región, echa sus raíces en malestares profundos alimentados por un sistema económico destructivo y excluyente. Pero estas protestas surgen también a tres años de la firma del acuerdo con las FARC, en medio de una prometida paz que todavía se demora en llegar.

“¡Qué viva el paro nacional!”, “¡Duque renuncia!”, “¡Primero salud y educación!”, estos fueron algunos de los lemas que se escucharon en Bogotá y otras partes de Colombia. La protesta no perdió aliento desde el jueves 21 de noviembre, cuando centenares de miles de personas se movilizaron en todo el país.

Este rechazo masivo de la política del presidente conservador Iván Duque fue inicialmente convocado por sindicatos, partidos de oposición, ONG y una miríada de organizaciones sociales. Entre los puntos de partida de la movilización, figura una reforma laboral y de pensiones que se están cocinando en el marco de las exigencias de ajustes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE).

Con el pretexto de reducir la informalidad, forma de sustento para la mayoría de los trabajadores colombianos, el Gobierno insta a una mayor “flexibilización” del mercado e llegó incluso a plantear un “salario mínimo diferencial” para los jóvenes, en un país donde su monto no alcanza los 220€ mensuales. El partido de Duque, el Centro Democrático, dirigido por el exmandatario Álvaro Uribe, radicó un proyecto que permitiría contratar por horas a los colombianos que tienen entre 18 y 28 años, pero también a los que siguen trabajando después de la edad legal de jubilación. Una edad que podría cambiar a raíz de los llamados de la OCDE a remodelar un sistema de pensiones, que todavía goza de un fondo público, aunque está lejos de proteger a todos los que lo necesitarían.

De las condiciones laborales en las ciudades al rechazo de la guerra sin fin el campo

En un país entre los más desiguales del mundo, ubicado en el puesto 90 en una clasificación de la ONU que se basa sobre el índice de desarrollo humano y el coeficiente GINI, entre otros indicadores, esta voluntad del Ejecutivo de incentivar más precariedad despertó el descontento social, lo cual no sorprende al vivir semanas de 48 horas mal pagas debido a un sistema de redistribución casi inexistente, en una coyuntura en la que cabría mencionar el peso de unos servicios públicos deficientes.

Iván Duque tendrá seguramente que atender estas demandas durante la “Conversación Nacional” que prometió impulsar para apaciguar la crisis, pero las peticiones laborales están lejos de ser el único factor que llenó las calles de Colombia.

La llegada de Duque a la jefatura del Estado marcó el regreso del ‘uribismo’ al poder, esta tendencia ultraderechista encarnada por Álvaro Uribe Vélez, quien gobernó al país entre 2002 y 2010, en medio del auge del paramilitarismo y la guerra permanente contra la guerrilla. Un período de repetidas crisis humanitarias en la regiones periféricas afectadas por el conflicto armado, que produjo millones de desplazamientos forzados y durante el que el Estado perpetró crímenes de lesa humanidad. Así calificó la justicia el actuar de altos rangos militares que ordenaron asesinar civiles para luego hacerlos pasar por guerrilleros, cumpliendo así con la cuota establecida por la cúpula que instauraba también primas financieras por cada “enemigo” dado de baja. Una política que cobró la vida de hasta más de 10.000 inocentes conocida con el nombre de ‘falsos positivos’.

En mayo pasado, The New York Times reveló la existencia de órdenes internas del Ejercito que podrían hacer vislumbrar el regreso de estas violaciones. La investigación pone en evidencia la presión ejercida sobre los soldados para incrementar el número de criminales o insurgentes capturados, o abatidos, en medio de una aceptación tacita de víctimas civiles. El Gobierno rechazó categóricamente estos señalamientos, que llegaron poco después del estallido de otro escándalo, que implicó la muerte de un ex-guerrillero.

Desmovilizado e integrado en el proceso de paz, Dimar Torres, murió a causa de los disparos de militares en un retén del noreste colombiano. En los últimos tres años, son cerca de 150 los excombatientes de las FARC que resultaron muertos en su intento de regreso a la vida legal.

Tres años de proceso de paz titubeante

La ‘paz’, firmada en su versión definitiva el 24 de noviembre de 2016, luego de que el primer acuerdo pactado entre el Estado y la guerrilla fuera rechazado en las urnas, está aun lejos de concretarse. Los veedores internacionales evalúan en un 40% el avance de la implementación del texto, con puntos positivos, como las políticas reintegración de los excombatientes, pero también con rezagos mayores, en particular en lo que concierne a la seguridad en los territorios.

En la mayoría de los epicentros del conflicto, el Estado no llegó donde las FARC hacían presencia, dejando así vía libre a grupos mafiosos, neoparamilitares o a la ultima guerrilla activa, el Ejercito de Liberación Nacional (ELN). Las lideresas y líderes campesinos, indígenas, comunitarios o gremiales terminaron siendo el principal blanco de la reconfiguración de la zonas sensibles. La Defensoría del Pueblo estima acerca de 500 los líderes sociales asesinados desde 2016.

En un clamor inédito para mejorar la suerte de los territorios olvidados, las principales ciudades de Colombia marcharon repetidas veces en los últimos dos años para denunciar esta matanza y la impotencia de las autoridades para frenarla. En una primicia del movimiento actual, además de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, los jóvenes hicieron crecer masivamente estas manifestaciones.

Tras una enésima falla en la acción de seguridad del Gobierno, Guillermo Botero, ministro de Defensa, renunció a principios de noviembre. Se le reprocha haber ignorado las señales enviadas en cuanto a la presencia de menores reclutados forzosamente por disidentes de la FARC en un campo que bombardeó el ejército. En este operativo, que fue una respuesta a la creación de una “nueva guerrilla” dirigida por el exlíder Iván Márquez que terminó desertando del proceso de paz, murieron al menos 18 niños. “¿De qué me hablas viejo?”, lanzó Duque a un periodista que le preguntaba sobre este bombardeo. Una frase que el presidente popularizó hoy muy a su pesar en las calles.

Un movimiento que cogió un impulso sin precedentes

María Fernanda, de 21 años, reconoce que este caso que sacude nuevamente a las fuerzas armadas fue un “detonante” para incitarla a salir a protestar. En una conversación con El Salto durante una concentración este sábado 23 de noviembre, esta estudiante dijo estar cansada de un “Gobierno que no respeta la vida” y querer estar movilizada “por las personas que no pueden estar acá por estar reprimidas día a día”.

 “Nos van a dejar sin país, lo están entregando a las multinacionales”, agregó Ángela, su amiga y compañera de plantón, de la misma edad. Afirmó que ya llegó el momento de actuar ante “políticas ambientales desastrosas”. En Colombia, el modelo extractivista sobrevive a las alternancias en el poder. Mientras que las comunidades se levantan a menudo contra unos proyectos mineros, sigue abierta la puerta para el fracking y peligra la integridad de varios páramos, primera fuente de agua del país.

No hay consideración “ni para los humanos ni para los animales”, denunció María Fernanda al tiempo que Ángela insistió en que “el listado es largo” para motivarse a salir a las calles. Las jóvenes evocaron también el incumplimiento de las autoridades de los puntos sobre financiación de la educación superior luego de las marchas estudiantiles del año pasado, pero, sobre todo, resaltaron su rechazo hacia un “modelo” y su ausencia de “miedo”, en un contexto de patrullas militares en las calles de Bogotá.

La noche anterior, la del viernes, fue particularmente caótica y angustiante. Con el argumento de apagar unos focos de violencia, el presidente Duque decretó un toque de queda en toda la capital, un decisión nunca vista desde el movimiento social de 1977. Soldados y policías actuaron juntos en contra de supuestos intentos de saqueos de viviendas ante los cuales vecinos se ‘organizaron’ a punta de guardias, machetes y bates, en lo que pareció ser más un pánico colectivo que una amenaza real.

Muchos manifestantes del sábado afirmaban movilizarse contra este temor que se propagó, que fue “inducido” según algunos. La intensidad de esta jornada, durante la cual se organizaron marchas espontáneas y concentraciones a punta de cacerolazos en muchos barrios y ciudades, demostró que este paro nacional no perdió de vista a sus objetivos.

Según Martín, este movimiento constituye “algo sin antecedentes en Colombia”. Este ingeniero de 38 años oriundo del departamento sureño del Putumayo ondea orgullosamente una wiphala, símbolo de los pueblos indígenas, porque “forman también parte de esta lucha” dijo a El Salto, refiriéndose también a los contextos ecuatorianos y bolivianos. Este manifestante resaltó un trasfondo “profundo” de estas protestas que responde a “lo que ha venido ocurriendo durante los últimos 25 años en el país”. Instó a la consolidación de un movimiento pacifico que supere “el cuento arcaico de la izquierda y la derecha” y que promueva una verdadera ruptura en las políticas actuales.

Mientras que Iván Duque ya empezó las discusiones con responsables políticos, en los balcones o las calles las cacerolas seguían sonando este domingo en nuevos eventos improvisados. La chispa que prendió esta movilización el jueves 21 de noviembre tiene aromas de algo desconocido hasta ahora y suma a Colombia en un movimiento que atraviesa a los Andes reivindicando la dignidad de la gente frente al descaro de los dirigentes.

 

Por Tristan Ustyanowski

Bogotá (Colombia)


publicado

2019-11-25 11:00

Publicado enColombia
Lunes, 25 Noviembre 2019 06:53

Los tuertos y los ciegos

Los tuertos y los ciegos

Los tuertos de Sebastián Piñera, como legítimamente podemos llamar a las 217 (algunas fuentes hablan de 300) personas con traumas oculares severos por acción directa y deliberada de la fuerza pública chilena, serán un karma quemante de los muchos que el aún presidente de Chile cargará hasta la tumba, y en la memoria histórica. Como los maestros socialistas desorejados por nuestros fanáticos cristeros, o las manos de esclavos del rey Leopoldo II en el Congo un siglo atrás, esa mutilación punitiva quintaesencia los acontecimientos en curso en la nación austral: impedir que la gente vea.

Tal subproducto represivo de elocuencia metafórica representa una parte mínima del daño humano que causan hoy las fuerzas públicas en varios países de América Latina, obedeciendo a gobiernos deslegitimados pero muy peligrosos en Haití, Ecuador, Bolivia, Chile, Nicaragua y ahora Colombia. Allí se han de-satado grandes protestas contra la política económica, la falsa democracia, la desigualdad, el golpismo, la violencia contra indios, mujeres, estudiantes y trabajadores. Visto globalmente, estamos ante una guerra contra las sociedades, una guerra permanente, si bien en latencia en la mayoría de las naciones. La modalidad robocópica para aplastar marchas pacíficas o no tanto, cortejos fúnebres, campamentos y bloqueos se repite en todo el mundo. En Barcelona la policía tiene su propia cuenta de ojos rotos. Israel lleva 300 ojos de palestinos, aunque en un lapso de años. Las mismas gaseadas, palizas y balaceadas se han visto en Moscú, Londres, Teherán, y se ven en París, Gaza, Hong Kong y dondequiera que asomen la cabeza el descontento popular, la defensa territorial y la resistencia comunitaria.

Los poderes planetarios lo saben. En la actual fase de brutalidad capitalista han decidido asumir el costo de la violencia institucional, el terrorismo de Estado, la represión, la cárcel, la tortura y el asesinato. Del mismo modo han determinado no arredrarse ante el cambio climático, del cual son causantes y beneficiarios principales. It’s a Brave New World, eso los movimientos de protesta lo tienen claro, aunque no necesariamente los analistas convencidos de que el bando de los buenos va ganando, que el despertar de los pueblos será definitivo, que nada detendrá al progresismo; incluso los hay que polarizan sin autocrítica el propio campo popular con posturas patriarcales y autoritarias en Bolivia, Venezuela y México. Los árbitros internacionales (ONU, OEA) son inútiles o cómplices.

Quizá debamos eludir por lo pronto la dicotomía victoria-derrota. La idea de victoria propició la caída del gobierno en Bolivia y empobrece el debate en blanco y negro, como ocurre en México entre chairos y fifís; no distinguen matices o colores. No que estén a salvo los Trump y Bolsonaro, aunque sigan lejos de haber perdido. Menos a salvo están los pueblos. No han ganado, ni siquiera donde parecen haberlo hecho últimamente. Recordemos el error de lectura que impidió prever el desenlace de la Primavera Árabe, la cual, excepto Túnez, reforzó el autoritarismo, y terminó como desastre nacional en Libia, Yemen y Siria.

El momento latinoamericano está escalando. Puesto que los gobiernos no pueden evitar que la gente vea lo que viene sucediendo, deciden nublarle los ojos con lágrimas dolorosas, o lastimarles la visión. Si los movimientos son festivos, resolvieron violarles y matarles la risa, como ilustra el crimen policiaco cometido en Chile contra Daniela Carrasco, La Mimo. No son "excesos", son mensajes.

Este autoritarismo criminal cuenta con sus fuerzas armadas en todos los casos, y con aliados que creímos apagados: las peores expresiones de racismo, clasismo, fanatismo religioso, vandalismo de derecha, feminicidios, violencias contra mujeres, estudiantes, gays, migrantes, líderes comunitarios. La represión es directriz para los gobiernos, de Standing Rock a La Paz, de Palestina a Rojava. Una guerra verdadera. Nos quieren ciegos, y tienen tecnología y estrategias para lograrlo.

Reaccionan contra los amenazantes despertares de las mujeres y los indígenas en particular: la saña que les aplican en las Américas habla también de un despertar de las intolerancias y odios que parecían adormecidos, controlados por cierta civilidad legal. La reacción, la derecha y el fascismo tienen bases, recursos y ningún pudor.

"Las lógicas de control y regulación de los cuerpos se profundizan durante los estados de emergencia", declara una investigadora lesbofeminista chilena. O como lo pone el cineasta Costa Gavras: "El fascismo está volviendo de manera muy popular, nadie entiende por qué". Se ha vuelto más popular que los derechos humanos.

Si no prevalecen los acuerdos democráticos pacíficos, habrá dolor y castigo contra los heroísmos catárticos, incluso fotogénicos. La represión que nos quita un ojo bien puede privarnos del otro.

Es momento de no permitirnos ceguera alguna. El urgente cambio sistémico necesita ser a fondo, o la oscuridad seguirá creciendo.

American curios

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Lunes, 25 Noviembre 2019 06:31

Nostalgia presente

Nostalgia presente

Hace 20 años estalló un carnaval de resistencia, bautizado después como la Batalla de Seattle, que fue la acción popular más grande jamás realizada contra la agenda neoliberal en el primer mundo. Sus ecos siguen resonando en este país.

Cinco mil delegados de 135 países llegaron a Seattle para la reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), encargada de codificar y promover, junto con el FMI/Banco Mundial y los foros empresariales, el nuevo orden económico neoliberal. El presidente Bill Clinton fue el anfitrión (vale recordar que la agenda neoliberal es parte de un consenso bipartidista, con algunos disidentes notables).

Esa mañana del 30 de noviembre de 1999 todo estaba listo para la gran inauguración oficial, pero nadie llegó.

Miles de jóvenes, sindicalistas, ambientalistas, veteranos de guerra, académicos, anarquistas de todo tipo (incluida una nueva generación de Wobblies) y hasta algunos payasos habían ocupado en una sorprendente acción coordinada todos los cruces de calles que llevaban al centro de convenciones, con un arma secreta demasiada poderosa: música, baile y humor.

Cada agrupación de acción del movimiento descentralizado había determinado qué musical deseaba en el cruce que le correspondía; en una estaban los Rolling Stones, en otra Bob Marley, en otra los heavy metal o punk, y así. El baile no cesaba, mientras brigadas de jóvenes hacían cadenas humanas para no permitir el paso.

Un mimo caminaba detrás de un delegado muy elegante imitando cada paso y gesto a la perfección, hasta que un funcionario enloqueció y amenazó con violencia. Aparentemente, el poder no tiene gran sentido de humor.

Desde una descomunal grúa de construcción, se reveló una enorme manta que sencillamente decía: "libre comercio", con una flecha, y "democracia", con otra flecha en dirección opuesta.

Poco despues, cientos, tal vez miles, de agremiados se desviaron de una megamarcha oficial de sus sindicatos nacionales para "apoyar a los jóvenes". El legendario sindicato de estibadores de la costa oeste (ILWU) ya había congelado operaciones en todos los principales puertos de la costa oeste en solidaridad con la gran protesta que estaba estallando en Seattle.

Como nos comentó uno de los estrategas de esta movilización "esto fue un caos muy organizado". (https://www.jornada.com.mx/ 1999/12/01/).

Los representantes de las cúpulas del mundo temblaron y el acto inaugural de la OMC fue cancelado; los gerentes del orden mundial fueron obligados a esconderse en sus hoteles, incluido el anfitrión. El alcalde declaró un "estado de emergencia" al ordenar la represión con gas lacrimógeno y cientos de arrestos, y sólo con ello la OMC logró sesionar, aunque la noticia mundial ya era lo que ocurría en las calles y no lo que sucedía adentro. (https://www.youtube.com/ watch?v=yPiGQcwwh6o).

El festejo de resistencia –con más de 50 mil participantes– continuó durante cinco días más con baile, títeres enormes y nuevas alianzas entre sectores sociales, inaugurando así el gran movimiento altermundista que continuó expresándose donde se intentaban reunir los gerentes neoliberales; en encuentros del FMI/Banco Mundial en Washington, en las cumbres en Praga, Génova y Quebec.

En cada lugar siempre se recordaba desde dónde había llegado la rebelión altermundista. "Por fin escuchamos el mensaje de los pueblos del sur", repetían organizadores estadunidenses y europeos; frecuentemente señalaban que este movimiento había nacido en México, con el levantamiento de los zapatistas.

Una víctima de los atentados del 11-S, este movimiento fue silenciado en el primer mundo (otra historia estaba ocurriendo en Sudamérica) pero reapareció en las calles y plazas con los Indignados en Europa, Ocupa Wall Street en este país, y hoy día está presente en la pugna electoral con la bandera de Bernie Sanders.

Ahora, mientras analistas y algunos medios registran e intentan explicarse las olas de protestas en diversos países del mundo, se escuchan los ecos de la ya larga rebelión antineoliberal en el sur como en el norte también. A 20 años de Seattle, la nostalgia no es por algo del pasado, sino algo vivo y presente.

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Pánico y desinformación. Primero en Cali, luego en Bogotá

Noviembre 22, tras una noche de cacerolazos que con el característico sonido metálico de las ollas, cucharas y palos fueron cubriendo las sombras que surgen tras el ocultamiento del sol, la ciudad despierta con la inquietud e inseguridad de lo que pudiera suceder a lo largo de un día que también debiera ser de denuncias y protestas contra el mal gobierno, uno que además no tiene personalidad y está sometido a su protector y creador, así como a las demandas de los grandes grupos económicos, tanto nacionales como internacionales.

La inconformidad social demanda que así sea, pero además la confianza despertada por la alegría y masividad de las protestas del día anterior brinda la fuerza necesaria para que las voces de exigencia se extiendan a lo largo y ancho del territorio sabanero. Fuerza, voces y denuncias, que también debieran estar presentes a lo largo del país.

 

La jornada

 

El reloj no alcanza a marcar más allá de las 7 am cuando ya es evidente que en diferentes estaciones del transporte público, como Molinos, Tintal, Terreros, y Usme, portal de Las Américas, las gentes hacen sentir su inconformidad contra el tipo de vida que le depara la actual sociedad y el gobierno que ahora soportan. En Patio Bonito y en sectores de Ciudad Bolívar tomaban forma saqueos sobre almacenes de cadena, como Surtimax y Ara; sobre la Autopista Sur se llevaban a cabo bloqueos. Al mismo tiempo, estaciones de Transmilenio ubicadas en el centro de la ciudad son atacadas por grupos no identificados.

Transcurren las horas y la tensión gana cuerpo sobre la capital del país. El transporte público comienza a sentirse disminuido, realidad agravada tras cada hora y que se incrementará hasta prácticamente desaparecer apenas iniciando la tarde. ¿Respuesta adecuada de quienes administran el sistema –ante una amenaza real de exponer la vida de quienes aborden el servicio– o manipulación de una inseguridad creada de manera artificial para someter a la ciudadanía a extensas jornadas de caminata y así despertar repudio contra la protesta social, la genuina, que aún no termina por tomar forma por parte alguna?

Con las primeras horas de la tarde también llegan los rumores sobre grupos de pobladores robando, y con ello la amenaza de toque de queda, la que en primera instancia queda reducida a ley seca a partir de las 12 m y hasta las 6 am del sábado;
al tiempo que grupos de activistas empiezan a desplazarse para concurrir al cacerolazo citado para las 4:30 en la Plaza de Bolívar, de la cual son desalojados por el Esmad con disparos de gases lacrimógenos, todo esto a pesar que simplemente estaban allí armados de ollas y actitud pacífica para expresar su descontento por el régimen económico y su política neoliberal, así como el gobierno que las aplica dispuesto cada vez más al servicio de los grupos corporativos dominantes en Colombia.

Mientras esto sucede en esta parte de la ciudad, en sectores del sur la refriega no se detiene, aunque sostenida por pequeños grupos de pobladores; en ningún momento alcanza a percibirse una actitud organizada de los mismos. Paralelo a esto, por el norte, occidente, sur y oriente de la urbe, numerosos grupos de trabajadores/as se desplazan a pie hacia sus casas; entre estos, quienes caminan por las troncales de Transmilenio lo hacen ocupando sus carriles, y los pocos buses que aún circulan quedan bloqueados al ritmo de los transeúntes.

Para esta hora –5-6 pm– el rumor de toque de queda gana más intensidad, así como el eco de supuestos salteadores de viviendas que en grupos ponen en peligro la vida y pertenencias de los pobres, ya que tales rumores provienen de barrios del sur de la capital.

Soportada sobre esta realidad, en gran parte especulación y pánico creado por una política de terror orquestada desde los grupos de poder, a las 6:30 pm toda la ciudad queda bajo toque de queda por regir a partir de las 9 pm; desde las 8 pm en las localidades de Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar. En Soacha y Fusagasugá se mantiene igual disposición vigente en esos municipios desde el día anterior.

A esta hora ya es claro que el establecimiento, así como décadas atrás creó el paramilitarismo como instrumento de control social –bajo el terror del fusil y la motosierra– ahora implementa la confrontación de pueblo contra pueblo, a través de reales o ficticios copamientos y hurtos de residencias. Su efecto inmediato: centenares de pobladores, armados de palos y machetes aguardan al filo de sus apartamentos y casas, haciendo guardia a lo largo de la noche y la amanecida, a los que no han de llegar los supuestos maleantes. Mientras tanto el poder descansa a todo dar.

El control extendido sobre las ciudades también llega a las fronteras con el cierre de las que nos separan de Venezuela y Ecuador. Según el parecer oficial, todo el país está bajo riesgo de ‘no se sabe que’.

Como mensaje de seguridad sobre la atemorizada población nacional, pero sobre todo de Bogotá y Cali, quedan en disposición unidades del Ejército Nacional para que refuercen los operativos policiales. Sin duda, no hay mejor mecanismo de control que el miedo, aunque sea inducido.

Ante el anuncio de toque de queda los caminantes aceleran su paso y los pocos vehículos de transporte público que prestan su servicio, en particular los que aún no son parte de Transmilenio, recortan sus rutas, pareciendo cada vez más circulares, y hacen su agosto en noviembre.

La noche prolonga sus sombras y en multitud de barrios sus pobladores empiezan a sonar cacerolas.

En mensaje televisivo, el inquilino de la Casa de Nariño anuncia que la semana que entra citará reunión para un diálogo nacional. El Comando de Paro tiene la tarea de no dejar dilatar, como siempre hace el poder, acuerdo alguno, y concretar de inmediato reformas que le hagan sentir al poblador común y corriente, al que estuvo sometido a largas caminatas para llegar a su sitio de trabajo o para regresar desde el mismo a casa, así como a quienes perdieron una noche de sueño esperando a quien no habría de llegar, que la lucha aun es moza pero que los logros pueden ya palparse, aprestándose de esta manera para la intensa jornada de confrontación social que vendrá con el 2020.

 

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Jueves 21 de noviembre de 2019

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Un manifestante en Hong Kong sostiene la bandera de EE UU. Vincent Yu AP

El texto pone bajo revisión anual el estatus especial del territorio autónomo y desata las críticas de China

El Senado de Estados Unidos aprobó este martes por unanimidad un proyecto de ley que supone un espaldarazo a los activistas de Hong Kong, que llevan cinco meses en pie de guerra contra el Gobierno y por la democracia, y establece sanciones a las autoridades responsables de abusos de derechos humanos. Como medida de presión, la legislación también contempla someter a un examen periódico el estatus especial otorgado por Washington a este territorio autónomo en materia de comercio, que es independiente del marco con China. El departamento de Estado tendrá que ratificar cada año si, en efecto, Hong Kong sigue siendo lo suficientemente autónomo de Pekín como para justificar ese acuerdo especial.

La Cámara de Representantes ya había aprobado el mes pasado una versión muy parecida de este proyecto legislativo, bautizado como Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong, así que es previsible que ambas cámaras armonicen sin muchos problemas los textos y presenten el proyecto común al presidente de Estados Unidos para su firma. Donald Trump ha mantenido un perfil bajo a lo largo de estos meses de protestas en Hong Kong y no ha dicho esta boca es mía sobre esta proyecto de ley, que supone un nuevo frente con el régimen de Xi Jinping en un momento de negociaciones comerciales complejas.

Republicanos y demócratas, irreconciliables en el grueso de la política interna estadounidense, se han puesto de acuerdo en este frente. Este martes aprobaron también una medida que prohibiría la venta de gases lacrimógenos, balas de goma y otros equipamientos para las fuerzas de seguridad hongkonesas. El respaldo al proyecto de ley es tan amplio que podría superar un veto de Trump. "Hoy, el Senado de Estados Unidos envió un mensaje claro a los hongkoneses que luchan por sus libertades tan preciadas: les escuchamos, seguimos apoyándoles y no nos quedaremos sin hacer nada mientras Pekín socava su autonomía", dijo el senador republicano Marco Rubio.

De momento, China ya ha protestado. El objetivo de Estados Unidos es "apoyar a los extremistas y elementos antichinos que están tratando de causar estragos en Hong Kong (...) para lograr su siniestro propósito de obstaculizar el desarrollo de China aprovechando el problema de Hong Kong", dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Geng Shuang, en un comunicado recogido por AFP.

El País

Washington 20 NOV 2019 - 02:58 COT

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El inolvidable Octubre 2019: El retorno de la victoria ancestral. La Caja de Pándora

Octubre, el mes de la resistencia de los pueblos ancestrales en contra de la colonización y neocolonización, y por la construcción de la otra historia, esta vez coincidió con un estallido social que concitó a las mayorías ecuatorianas, desmnudando la catadura del régimen existente. Las impresiones derivadas del mismo son múltiples y con luces diversas.

 

Lo que no esperaban recorrió el país con fuerza de huracán. Energía, presión contenida tras más de una década de judicialización y criminalización de la lucha social y la disidencia política perpetrada por la estrategia correísta-progresista en contra de la resistencia de los pueblos opuestos a su proyecto de modernización conservadora.

Inconformidad latente con la cual choca el paquete económico neoliberal del gobierno de Moreno, el que sin medir de manera adecuada el ambiente social y político dominante en toda la sociedad ecuatoriana, con el Decreto 833, que incrementa el precio de la gasolina y el Diesel e incrementa las tarifas del transporte público, libera la energía social de la ira popular; respuesta de mayorías a la coacción de un capitalismo salvaje sobre la vida humana y natural.


La respuesta social ante el Decreto de marras, el llamado al paro nacional y al levantamiento indígena por parte de las organizaciones sociales, fue rebasado por lo que Benjamín denomina la violencia divina*. Se refiere así a un estallido popular cuya fuerza es una respuesta violenta a la violencia simbólica y sistémica del capital, una energía social que trasciende las demandas concretas y justas de los pueblos.


La característica principal de la violencia divina es que no es medio para ningún fin, es simplemente expresión de la inconformidad que destruye lo fundado. A pesar de ello, las organizaciones sociales encauzaron el estallido, resolviéndolo en la mesa de diálogo que exigieron a Moreno.


Es esta violencia divina la que el Gobierno y sus aliados, de manera cínica e hipócrita, descalifican como actos vandálicos y de saqueo. A la luz de la historia reciente es oportuno preguntar de dónde proviene el saqueo y el vandalismo: ¿Acaso la sucretización de la deuda privada en 1983, el feriado y salvataje bancario en 1999 y la corrupción correísta entre 2007 y 2017 no es violencia y saqueo a su máxima expresión? ¿Acaso la política extractivista que han implementado las élites gobernantes en toda la historia del país no es expresión de una violencia extrema del capitalismo en contra de la humanidad y la naturaleza? Ante esta historia de violencia estructural, la ira social no solo es comprensible, sino que se justifica. La respuesta enérgica de los pueblos en contra de la violencia del capitalismo y sus agendas políticas cada vez más salvajes, es parte de la historia de resistencia planetaria; es evidente en las protestas de los Chalecos amarillos de Paris 2018, en las protestas de Hong Kong 2019, en las actuales protestas de Haití, Barcelona y Chile, solo para citar algunas protestas de las escenificadas a lo largo de de los últimos dos años.


Es en estas circunstancias que dos hechos fundamentales lograron articular la protesta social para conquistar la victoria: 1) la presencia del pueblo Sarayaku, cuya autoridad simbólica reside en la autonomía de su proyecto de vida, que no busca disputar la administración del Estado, sino luchar por la construcción de una vida distinta en el marco del kawsak sacha –la selva libre–. 2. La marcha de las mujeres convocada por Blanca Chancoso, histórica dirigente indígena, que congregó una inmensa presencia femenina en las calles de Quito en rechazo de la represión estatal. Esta voz femenina no eligió al Estado ni sus símbolos como interlocutor de su demanda, sino que interpeló a la sociedad quiteña a unirse en contra de la violencia patriarcal, desatada por la declaratoria del estado de excepción.


La resistencia y lucha de la razón ancestral


Como resaltó tres décadas atrás, en resistencia que posicionó a los pueblos ancestrales como el actor histórico principal de los procesos de resistencia y transformación social que conoció nuestra región continental, de nuevo el movimiento indígena se constituye en el eje de la lucha en contra del renovado ciclo neoliberal en América del Sur y, por qué no decirlo, del continente.


Es así como en los días que corren, se produce un retorno de la lucha social liderada por los pueblos ancestrales en contra del capitalismo neoliberal, que además supone un salto y continuidad en su lucha contra el progresismo conservador. Frente a la violencia de la razón capitalista surge la resistencia y lucha de la razón ancestral, que se muestra con claridad en los pueblos indígenas pero que mora en toda la humanidad, en su camino de humanización articulada al respeto de la naturaleza. En el caso particular del Ecuador, son los pueblos ancestrales el fundamento cultural de nuestra sociedad, en ellos radica el mayor patrimonio de nuestro país y la fuerza telúrica de la resistencia anticolonial y anticapitalista. Las raíces de la sociedad ecuatoriana se hunden en la historia precolombina, de allí emerge su posibilidad de futuro.


La enseñanza de mujeres y jóvenes


En estas movilizaciones, además del movimiento indígena, protagonista principal de la lucha, y de las organizaciones de trabajadores, resaltó la presencia refrescante de las mujeres organizadas, como de las no organizadas, y de los jóvenes que en estas jornadas se bautizaron en la lucha política. Estos dos actores abrieron nuevas y emergentes formas de organización de la resistencia social, que plantean alternativas a las viejas estructuras de la izquierda, cooptadas por la razón de Estado, y que hoy frenan la resistencia social por su marcado conservadurismo y patriarcalismo. Estas nuevas formas, aún en ciernes, expresan otra manera de enfrentar al sistema, donde no se pospone la construcción de nuevas relaciones sociales a la espera de la instauración de un nuevo sistema. Estas nuevas relaciones están ligadas al cuidado, a las experiencia cotidiana, a los afectos, a la horizontalidad; se tejen en el aquí y ahora de la lucha. Esa es la enseñanza que nos dejan los jóvenes y las mujeres y esa ya es una inmensa victoria.


En contra y más allá de las dos estrategias capitalistas dominantes


El movimiento indígena y el resto de sectores sociales protagonistas de la resistencia y la lucha en contra de las directrices económica neoliberales, lograron establecer una línea autónoma respecto del gobierno neoliberal y los grupos de la derecha nacional y, también, respecto del progresismo conservador correísta. Una línea de autonomía que no solo se disputó y triunfó en el país, sino que logró establecer una diferencia clara en el contexto de la geopolítica regional.


Es fácil observar que en el conflicto político desatado en Ecuador, a lo largo de la primera quincena de octubre, se disputaba un conflicto mayor, que incluso rebasa el ámbito regional, y que tiene como ejes de disputa: por un lado, la línea tradicional del capitalismo neoliberal de la derecha alineada con el FMI y al Estado norteamericano en el eje occidental, al cual se articulan gobiernos latinoamericanos como los de Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Chile. En el otro lado se encuentra la línea del progresismo conservador alineado con la agenda del capitalismo ruso-asiático, que administró la mayoría de los Estados de SurAmérica y que hoy se encuentra en Venezuela, Bolivia, Nicaragua y México.


Esas dos estrategia del capitalismo disputaban sus proyectos en el conflicto social desatado en Ecuador. Las estrategias utilizadas por unos y otros pretendían utilizar y sofocar el levantamiento autónomo de los pueblos para beneficio de sus propias agendas. El correísmo progresista buscaba apoderarse de las demandas de los pueblos para conseguir la destitución de Moreno y hacerse de nuevo con la administración del Estado, y así tapar sus actos de corrupción y saqueo de los recursos de la sociedad que perpetraron en su época de gobierno; y abrir de nuevo las puertas para el retorno del progresismo conservador en el subcontinente. Por su parte el gobierno de Moreno buscaba deslegitimar la protesta social al articularla con el correísmo, imponiendo de esta manera la política fondomonetarista, en complicidad con los grupos económicos más poderosos nacionales y transnacionales, con la derecha política socialcristiana –con quien ha gobernado durante dos años– y la derecha ideológica que intenta manejar la economía del país.


Sin embargo, la fuerza de la movilización social fisuró la disputa entre dos versiones del capitalismo y abrió el espacio de la autonomía de la lucha a los pueblos, que no disputaban el control del Estado, sino que enfrentaban el modelo neoliberal y con éste, el capitalismo. Así, los grandes perdedores en estas jornadas de lucha fueron: el Estado, el Gobierno, los socialcristianos –punta de lanza de la derecha tradicional–, los correístas, punta de lanza de la derecha progresista, y los medios hegemónicos de comunicación.


Tres grandes contradicciones


Los momentos críticos vividos por cualquier sociedad sacan, lo a flote lo mejor y lo peor de la misma. De lo mejor, ya hemos visto algunos aspectos, y de lo peor, fluyeron tres grandes contradicciones las mismas que articulan desde tiempo atrás a la sociedad ecuatoriana: el racismo colonial, la desigualdad clasista y el segregacionismo campo-ciudad.


Son estas contradicciones las que obligan al conjunto ecuatoriano a pensarse honestamente como sociedad y dejar de promulgar una falsa identidad nacional, una ciudadanía moderna, un tramposo interés general que no existe y menos aún en este país con un Estado aún colonial.


Contradicciones latentes. En medio de la resistencia de los más contra los menos, saltaron las minorías blanqueadas del país, tanto de Guayaquil y sobre todo de Quito, a condenar los “actos vandálicos de los indios”. Las élites guayaquileñas en la voz de Nebot abrieron su juego profundamente racista con la detestable frase que “los indios se queden en los páramos porque a su ciudad no entran”. Con ello no solo se deslindaron del mundo indígena, sino de la región de la Sierra y la Amazonía e incluso, del profundo pueblo costeño de origen ancestral, montubio y negro. La “blanquitud” quiteña, aliada de las cámaras empresariales y de los grandes medios de comunicación hegemónicos, salió a la defensa de la “franciscana ciudad de Quito”, de su patrimonio histórico y de su “hermoso” urbanismo, en contra de los “indios salvajes” que viene a “su” ciudad sin invitación. Se horrorizan, lloran, patalean por los daños perpetrados en “su” ciudad, pero nunca lanzaron una sola lágrima ni queja cuando sus empresarios y sus gobiernos acaban con la biodiversidad de los páramos, de las fuentes de agua, de la Amazonía destruyendo con ello los territorios de los pueblos ancestrales, dejándoles con tierras, agua y aire envenenados.


Son las mismas minorías blanqueadas que nunca protestan ni sufren cuando las corporaciones de constructores levantan edificios sin importarles dejar sin espacios verdes a la ciudad, sin cuestionarse por el aumento de vehículos que colapsan el tránsito y el aire. Nunca se quejan de que las comunidades aledañas a Quito sean despojadas de sus territorios por las constructoras, en complicidad con el gobierno municipal. No lloraron cuando destruyeron el patrimonio arqueológico para hacer el túnel del metro de Quito. No, no les duele su ciudad, les molesta que los dueños ancestrales de estas tierras vengan a “ensuciar” su proceso de blanqueamiento; les molesta que les recuerden que no están en Europa ni Estados Unidos, que no son ciudadanos del primer mundo al que su necio arribismo les hace desear.


Las victorias


Tras dos años de un gobierno de espaldas a las necesidades y deseos de diversidad de sectores sociales, y con la resaca de un correísmo negado a la protección de los territorios ancestrales y a la participación libre y deliberativa del descontento social, en solo 13 días de intensa lucha decidida, colectiva y solidaria, se logró revertir la realidad, dejando desnudo al poder formal.


Es así como de la primer quincena de este inolvidable octubre, emana una victoria simbólica y política para el movimiento indígena y las organizaciones sociales que lo acompañaron. La victoria política se manifiesta en la recomposición de la resistencia indígena y popular con autonomía del gobierno neoliberal y del progresismo conservador; en la convicción de que es posible resistir y frenar al neoliberalismo; en la presencia de nuevos y refrescantes actores sociales.


La victoria simbólica se expresa en el establecimiento de un diálogo de cara a la sociedad nacional y mundial pocas veces visto y que deja una enseñanza de transparencia política al mundo; en la presencia sin intermediación de los pueblos indígenas en la mesa de diálogo, afirmados en su diferencia y en su capacidad de pensar no solo sus nacionalidades, sino de pensar a la sociedad ecuatoriana en la mayoría de su composición social y cultural; en la participación indispensable de las mujeres en todo el proceso de la lucha que nos dice que sin nosotras no hay posibilidad de transformación; en la participación de los barrios de los sectores populares y de algunos sectores medios de Quito, y en el apoyo y acogimiento por parte de varios sectores de la ciudad, entre ellos las universidades, de los pueblos indígenas que arribaron a la misma y, por último, en la gran minga llevada a cabo para arreglar y limpiar la ciudad, escenario de la protesta, donde convergieron los pueblos indígenas y los habitantes de Quito, en una actitud de responsabilidad y cuidado pocas veces vista.


Tres luchas antisistémicas


Lo que tuvimos por todo el país fue una inmensa movilización, un alzamiento por la vida, un proceso de resistencia en el que convergieron las tres luchas antisitémicas: la antipatriarcal, la anticolonial y la anticapitalista. Si bien la última fue la que articuló esta vez la lucha en contra del modelo económico fondomonetarista, las otras dos fueron claves para consolidar la derogatoria del Decreto 883, punta de lanza de las políticas de ajuste.


La dirección del movimiento indígena como actor principal de esta intensa jornada en contra del paquete económico gubernamental cualificó la lucha anticapitalista con la fuerza de la resistencia anticolonial de los pueblos ancestrales. Este hecho amplia la lucha anticapitalista más allá de la discusión sobre el modelo económico y la hace bordear con la discusión del modelo civilizatorio, lo cual es muy importante para cuestionar las coordenadas impuestas por el paradigma del progreso, el crecimiento económico y el desarrollo como verdades del capitalismo, así como de la Modernidad; lo que pone de manifiesto no solo el modelo económico neoliberal, sino el modelo productivo y energético extractivista que está destruyendo a los pueblos, sus territorios y la naturaleza que los acoge.


Por su parte, la presencia de las mujeres y de lo femenino en general en las labores del cuidado, del abrigo, del sostén emocional, de la sanación; no detrás de…, sino en el centro de la lucha, fue fundamental para entender que el capitalismo se lo ejerce desde el mando patriarcal en contra de la vida social y natural. Se entiende con esta experiencia que la lucha anticapitalista es posible solo si es también antipatriarcal y anticolonial, que no hay privilegio ni primacía de una lucha sobre las otras, que su centralidad como lucha articuladora depende del contexto de la resistencia.


Construir el hecho histórico


La lucha como acontecimiento fue una victoria de los pueblos, ahora empieza la lucha por la victoria en la construcción del hecho histórico. De parte del establecimiento harán todo lo posible por despojar de la palabra que dote de sentido el acontecimiento como victoria de la humanidad sobre el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Desplegarán, de parte de la derecha ideológica neoliberal, una estrategia discursiva racista, clasista y machista para imponer su relato ideológico neoliberal que acusa al mundo indígena de violentos y salvajes; a la par que, de parte de la derecha ideológica progresista acusan al mundo indígena de incapaces, ingenuos y manipulables.


El triunfo fue sobre el terreno, ahora, en lo mediático, comunicativo, educativo, en el relato cotidiano, tratarán de revertir su derrota. Esta victoria, que es de todas y todos, no puede perderse en ese interregno, en el cual también el conjunto nacional debe estar presente, para cerrarle el paso a ese poder destructor que niega lo diferente, la memoria y los sueños colectivos. En este, como en otros escenarios, los pueblos tejen sus propios caminos, que tejen su memoria y su autonomía.

 

* Benjamín, Walter, Tesis de la filosofía de la historia, www.anticapitalistas.org/IMG/Benjamin–TesisDefilosoFiaDeLaHistoria.pdf

Las razones de la rebelión de Octubre en Ecuador

En el alzamiento popular que conoció Ecuador a lo largo de la primera quincena de octubre, con la demanda de la derogación del Decreto 883 que liberó el precio de los combustibles y en rechazo al FMI, dos estrategias y comprensiones de la realidad se enfrentaron: la gubernamental, obnubilada por una supuesta conspiración internacional en contra de su estabilidad, y la social-popular encabezada por la organización indígena Conaie, que situó las coordenadas del conflicto dentro de la política, del modelo de acumulación y de los acuerdos con el FMI. La correcta lectura de la coyuntura por parte de la organización indígena explica su victoria y contextualiza la derrota del gobierno.

Cuando en el año 2017 Lenín Moreno fue electo presidente de Ecuador, con el sello político de Alianza País y en una campaña electoral que estuvo bajo la conducción directa de Rafael Correa, nadie habría de imaginar que apenas dos años después sería el responsable de un viraje hacia posiciones de derecha radical que llevarían al país a una de las crisis económicas, políticas, institucionales y sociales más importantes de la últimas décadas.


En ese viraje hacia la derecha, Moreno buscó la protección política de los grandes bancos, las cámaras empresariales y de los partidos políticos que le son funcionales, es decir, el movimiento Creo, del banquero Guillermo Lasso, el Partido Socialcristiano, y, además, la embajada americana.


Para garantizar y consolidar semejante viraje político y sin que medie ninguna justificación económica que avale tal decisión, el gobierno suscribió durante el mes de marzo de 2019 un Acuerdo de Facilidad Ampliada con el FMI por 4.200 millones de dólares, para un programa de ajuste fiscal de tres años.


Un Acuerdo innecesario, ya que hasta ese momento Ecuador no había sufrido un choque externo que desestabilizara su balanza de pagos, ni tampoco estaba afectada su capacidad productiva interna por ningún evento. El país tenía, de hecho, un crecimiento económico modesto y no estaba en una situación crítica que hiciera pensar en un default de sus créditos externos. Por ello, el acercamiento con el FMI debe leerse más como parte de la estrategia política del gobierno de Lenín Moreno y sus aliados para consolidar el viraje a la derecha, que como una necesidad nacida desde la economía.


Crisis inducida


Dentro de tal estrategia, la presencia del FMI posiciona en el debate el déficit fiscal y la necesidad absoluta de la austeridad para resolverlo. No obstante y para tener un mejor contexto, debe tenerse en cuenta que en el mes de agosto del año 2018 el gobierno de Moreno envío a la Asamblea Nacional una ley que permitía la condonación de intereses, multas y recargos de impuestos directos no pagados por las grandes empresas y bancos. Esta remisión tributaria, por más de cuatro mil millones de dólares, generó de forma inmediata un agujero fiscal en la economía que se expresó, efectivamente, en un importante déficit fiscal.


Esta ley, denominada de Fomento Productivo, alteró la estructura tributaria del país y debilitó la capacidad del gobierno para recaudar impuestos directos a los grandes grupos empresariales. En otros términos, fue el propio gobierno quien creó todas las condiciones y las circunstancias para la existencia del déficit fiscal.


No contento con ello, el Gobierno desprecia el impulso recibido por la geopolítica global y expresado en el incremento del precio del petróleo. En efecto, al preparar la proforma fiscal para el año 2019, calculó los ingresos petroleros a un precio de 50,05 USD por barril exportado y, sobre ese cálculo, definió un déficit fiscal de alrededor del 3 por ciento del PIB para el año en curso. Un porcentaje relativamente modesto, de fácil maniobra para la política económica y sin mayores consecuencias para el conjunto de la economía. Para la segunda mitad del 2019, el petróleo había rebasado el baremo calculado generando un excedente adicional de recursos para el gobierno ecuatoriano. Mas, esos recursos no podían ser utilizados para el nuevo cálculo del déficit fiscal, porque formaban parte de un Fondo de ahorro fiscal que, en virtud de la Ley de Fomento Productivo, no se contabiliza en el presupuesto. Asimismo, y a pesar de tener los recursos necesarios, el gobierno de Moreno en apenas un año realizó un intenso proceso de desinversión pública que se tradujo en el menor porcentaje de inversión pública sobre el PIB desde la crisis del año 2000.


En este juego de intereses, puede advertirse que fue el propio gobierno quien creó las condiciones para generar, mantener y expandir el déficit fiscal y esgrimirlo como argumento legitimante de su acercamiento con el FMI, al mismo tiempo que lo utilizó como discurso sobre el cual imponer las políticas de austeridad y avalar su viraje político hacia la derecha y culpar al anterior gobierno de sus propias decisiones.


Al mismo tiempo que hacía esto, el régimen empezó un intenso proceso de despidos en el sector público. Al suprimir la inversión pública y contraer la demanda agregada interna por la vía de recortes drásticos de personal, el régimen creó todas las condiciones económicas para la recesión y la crisis. En apenas dos años, el pleno empleo, es decir el porcentaje de la población económicamente activa con un contrato laboral estable y con seguridad social, descendió al 37 por ciento, un nivel jamás visto en la economía ecuatoriana, incluso en sus momentos de mayor crisis como fue el año 2000.


En esta misma senda, para asegurar la no utilización de los excedentes petroleros para la inversión pública, el Gobierno decidió cambiar el sentido de la planificación pública y redujo la Secretaría Nacional de Planificación a una dependencia adscrita a la Presidencia de la República, de tal forma que el Plan Anual de Inversiones pueda ser desconectado de la política fiscal, lo que explica el hecho de que los importantes excedentes petroleros generados en este periodo nunca fueran destinados a la inversión pública, y que los recursos del sobreendeudamiento (más de 12 mil millones de USD en apenas dos años), jamás se tradujeran en inversión.


Al final y como resultado lógico, la sumatoria de estos procesos condujo a la exacerbación de la crisis, el desempleo y la recesión. Es por todo ello que el concepto que mejor define la estrategia del Gobierno y de sus aliados sea aquel de Crisis inducida. En efecto, el régimen necesitaba de la crisis para crear el espacio social y político sobre el cual situar la flexibilización laboral, la eliminación de subsidios, la privatización de la infraestructura pública, la reducción de la inversión pública, la condonación de impuestos a los grandes conglomerados empresariales y, al mismo tiempo, cumplir los acuerdos con el FMI.


Por otra parte, el gobierno también necesitaba crear un espacio político sobre el cual puedan posicionarse de mejor manera sus aliados políticos para las elecciones generales del año 2021, en la ocurrencia los partidos políticos Creo y socialcristiano. El razonamiento de estos partidos políticos aliados al régimen, es que alguien tiene que hacer el trabajo sucio y que el sujeto más indicado para hacerlo es, precisamente Lenín Moreno, habida cuenta que no tiene ninguna ambición política a futuro y que su gobierno es de transición, de ahí su apoyo irrestricto al actual programa económico.
Para consolidar más aún esta estrategia, Moreno se acerca y converge de forma total a la agenda norteamericana diseñada para la región y, al mismo tiempo, goza del apoyo de los grandes medios de comunicación que magnifican la crisis y la necesidad absoluta de la austeridad, y protegen al gobierno de toda crítica.


La agenda fondomonetarista


Los acuerdos con el FMI se escalan en el tiempo y comprenden una serie de medidas que, en lo fundamental imponen: (i) una reforma fiscal que vaya de los impuestos directos hacia los impuestos indirectos y que le permita incrementar la recaudación en al menos 1.500 millones de dólares por la vía del incremento impositivo a los consumos especiales y al valor agregado; (ii) eliminación progresiva del impuesto a la salida de divisas (ISD); (iii) disminución de la nómina pública en volumen y en monto salarial; (iv) eliminación de subsidios a los combustibles; (v) independencia del Banco Central; (vi) reducción del gasto en inversión pública; (vii) liberación del sistema financiero y flotación de tasas de interés; (viii) flexibilización laboral; (ix) un agresivo programa de privatizaciones; entre otras condicionalidades.


Ahora bien, cuando el gobierno de Moreno pretende enviar las reformas legales a la Asamblea Nacional para incrementar el IVA, se encuentra con un ambiente complejo y contradictorio porque sus aliados políticos, habida cuenta del próximo escenario electoral, no quieren asumir el costo social y político de las reformas económicas y, en consecuencia, no piensan aprobarlas.


Es en esa coyuntura cuando el régimen opta por la solución, aparentemente más fácil y decide, vía decreto ejecutivo, liberar los precios de la gasolina extra y del diésel, con lo cual podía obtener alrededor de 1.000 millones de USD, y cumplir con una de las metas previstas en los acuerdos suscritos con el FMI. Lo que nunca previeron en Carondelet es que esa salida fácil se iba a convertir en un acontecimiento político que cambiaría de manera radical toda la construcción política e institucional construida hasta ese momento desde el poder.


La lectura oficial era que el movimiento social estaba fracturado desde hace varios años y que los golpes recibidos, sobre todo por parte del gobierno de la Revolución Ciudadana, prácticamente lo habían aniquilado. Si bien el régimen esperaba algún tipo de reclamo, sobre todo de sectores corporativos, como los transportistas, y afectados directamente por la medida, el régimen sabía que con negociación y con presión sobre los dirigentes podría controlar cualquier tipo de protesta social.


Un cálculo errado al no considerar que el reclamo social rebasara los límites previstos por ellos mismos, hasta convertirse en una marea popular que, finalmente, habría de ponerlo de rodillas. El régimen subestimó la capacidad de resiliencia del movimiento indígena, al considerar que el proceso de diálogo abierto con el mismo desde el inicio de su gestión le había permitido comprender a la nueva dirigencia y a las nuevas estructuras organizativas, considerándolo por ello como un actor social controlable, habida cuenta, más aún, de su desgaste en su resistencia al gobierno de Rafael Correa.


El levantamiento social


Empero, la nueva dirigencia del movimiento indígena comprendió rápidamente la coyuntura y la situó en sus coordenadas precisas: aquello que estaba en juego no era solamente un subsidio a los combustibles, sino la implantación del modelo neoliberal cuyas consecuencias serían nefastas no solo para ellos sino para toda la sociedad.


Es esa lectura y esa capacidad de comprensión del tiempo histórico la que proyecta al movimiento indígena al liderazgo de las jornadas de movilización y resistencia. Gracias a esa correcta interpretación pudo convocar al conjunto de la población al tiempo que explicar a la sociedad que lo que está en juego va más allá de estas medidas económicas.


En efecto, a las 24 horas de anunciada la medida de eliminación de subsidios a los combustibles, el paro era nacional y las organizaciones indígenas de base procedieron a levantarse contra el gobierno y a marchar sobre la ciudad de Quito. A las 48 horas de adoptada la medida por parte del Gobierno, los primeros comuneros ya estaban en la capital del país y empezaron el cerco al Palacio de Gobierno, conjuntamente con el apoyo de la ciudadanía quiteña. A los tres días de la medida, se habían ya sumado organizaciones sociales de todo tipo y el cerco popular al gobierno era literal. La demanda de todos los sectores sociales convergía en la exigencia de la derogatoria del Decreto 883 que eliminaba los subsidios a los combustibles y las pancartas y consignas de las organizaciones sociales denunciaban al FMI y al neoliberalismo.


Ante tal explosión de rebeldía popular el Gobierno optó por declarar el Estado de Excepción, dejar la gestión de la crisis en manos del Ministro de Defensa, un tenebroso personaje vinculado a los servicios de inteligencia americanos, y trasladar la sede de gobierno a la ciudad de Guayaquil, y guarescerse bajo el amparo de sus aliados del partido socialcristiano y de Creo. Los comuneros, ante esa decisión, decidieron también bajar a la ciudad de Guayaquil en busca del presidente Lenín Moreno y exigirle la derogatoria del Decreto 883.


El solo anuncio de esta decisión de los comuneros indígenas creó pánico en las filas del partido socialcristiano que decidió armar a toda prisa una contramarcha en la ciudad de Guayaquil en contra de la Conaie, y de todas las organizaciones sociales. Para hacerlo, acudió al discurso del racismo: “Que se queden en el páramo”, fue la expresión que utilizó en esa coyuntura Jaime Nebot, líder socialcristiano y su candidato a la presidencia en las elecciones del 2021. En este momento pudo comprenderse que la derecha política no tenía ningún discurso de país y que no había entendido nunca la complejidad de la sociedad ecuatoriana atravesada por diversidades de todo tipo. Quizá sin proponérselo y por falta absoluta para comprender la coyuntura, el partido socialcristiano fue a contracorriente y se desgastó de una forma tan profunda que comprometió radicalmente toda posibilidad electoral futura.


En estas condiciones, y a medida que pasaban los días, con un gobierno sin atinar con un libreto para asumir la rebelión popular, la gestión de la crisis queda por entero a cargo del Ministerio de Defensa que, acorde con un accionar digno de la Doctrina de la Seguridad Nacional articuló una estrategia bélica con una violencia inusitada que trasgredió las líneas rojas de los derechos humanos básicos. En menos de una semana el panorama se había complicado de tal manera que el Gobierno no atinó a desplegar ninguna estrategia política que no fuera aquella de la violencia y el terrorismo de Estado, acercándose de forma peligrosa a crear un vacío político en el sistema de representación política.


Ver enemigos donde no los hay. Lo que entrampó al régimen en sus propios errores y que extendió de forma innecesaria el conflicto por tantos días fue la creencia en la teoría de la conspiración como fuente y alimento de la rebelión popular. En efecto, el Gobierno asumió e inscribió a la resistencia social dentro de las coordenadas de la teoría de la conspiración. Se inventó el expediente que todo estaba armado desde los oscuros designios de sus acérrimos enemigos y que era víctima de un complot internacional; un discurso que políticamente le restó toda posibilidad de maniobra y le cerró todo espacio de negociación posible.


Por su parte la sociedad toda, aunque con protagonismo muy especial de los indígenas, levantaban banderas de dignidad y paz. Ya eran más de diez días de movilización social donde mujeres y hombres de todas las edades, profesiones y oficios ocupaban las calles de sus ciudades. Cuando el levantamiento social entraba en su duodécimo día, y el movimiento popular estaba cada vez más fuerte y más decidido a ir hasta las últimas consecuencias, y los minutos de la permanencia del presidente Lenín Moreno en el poder prácticamente estaban contados, este tuvo que ceder y, finalmente, derogar el Decreto 883. Al hacerlo, asumía que ninguno de sus discursos le sirvió para frenar la rebelión popular y, de esta forma, pudo salvar in extremis su permanencia en el gobierno.


Gobierno indigno


Fue una derrota sin concesiones, transmitida a nivel nacional y mundial, y que presentó al movimiento indígena como el referente más importante en la resistencia en contra del neoliberalismo. Pero fue una derrota sin capacidad de heurística para el Gobierno, que considera que el cumplimiento con el FMI es más importante que sus propias condiciones de gobernabilidad. En efecto, a pocos días de su derrota y ante el acontecimiento más importante generado por la sociedad ecuatoriana en sus últimas décadas, el Gobierno cumple de forma puntillosa con el FMI y envía varias reformas a la Asamblea Nacional que implican el estrangulamiento del presupuesto público para los sectores de salud, educación y bienestar social, a la vez que obedecen la condicionalidad del FMI de la independencia del Banco Central e incrementa e impone nuevos impuestos a la sociedad. No solo ello, sino que también reitera su voluntad de volver a emitir un nuevo Decreto muy parecido al 883 pero esta vez con estrategias de compensación para los más pobres.


A estas decisiones se suma una cacería de brujas en contra de todas las organizaciones sociales que acompañaron al movimiento indígena, en una represión sin antecedentes en la historia reciente del país, represión complementada con una intensa campaña de desprestigio de los líderes de la rebelión de octubre, orquestada por los grandes medios de comunicación y por los think tanks neoliberales.


Con persistencia en su diseño original, el régimen pretende recuperar la hegemonía perdida por la vía de la violencia, la criminalización, la impunidad, la instauración de un régimen en el cual cualquier opinión ciudadana puede ser fácilmente judicializada, y el acoso mediático de los grandes medios de comunicación sobre los líderes sociales.


Parlamento de los Pueblos


Es en este contexto que el movimiento indígena ha convocado a la conformación del Parlamento de los Pueblos, como una expresión que nace y que, al mismo tiempo, da continuidad política a la rebelión de octubre, para diseñar un nuevo modelo económico y social, cuyas coordenadas sean la democracia, la paz social, la estabilidad, la justicia, la equidad, y una forma de vida armónica con la naturaleza y con la sociedad, la misma que los indígenas denominan Sumak Kawsay, la vida en plenitud. De esta forma, se convierten en el polo contrahegemónico más importante del país, y están absolutamente convencidos que, a pesar de la difícil coyuntura, el futuro les pertenece por entero.

El vicepresidente boliviano durante la entrevista.Foto La Jornada

El gobierno trucho está matando sin ningún reparo. Estas horas son decisivas. Todo puede suceder

A un tiempo intelectual y político, Álvaro García Linera reflexiona sobre la naturaleza del golpe de Estado que lo obligó a renunciar a la vicepresidencia de Bolivia y acerca del futuro inmediato de su país.

En entrevista exclusiva con La Jornada, señala que se viven horas decisivas en su país. Todo puede suceder: o debilitamiento por temor o quiebre de tolerancias morales de los afectados que desate una ola generalizada de demanda de desagravio, reconocimiento y justicia.

A continuación, una selección de parte de la charla.

–Usted y el presidente Evo Morales presentaron su renuncia al cargo. Sin embargo, ésta no ha sido leída en la Asamblea Legislativa. ¿Significa esto que ustedes conservan su mandato?

–En tanto la renuncia no sea leída por ambas cámaras juntas, llamada Asamblea, la renuncia no ha sido aceptada. Por eso hablamos de una presidenta impostora, una usurpadora –en términos coloquiales bolivianos–, una presidenta trucha, que se sostiene por una coalición entre los mandos policiales, los mandos militares, la OEA y las fuerzas políticas más conservadoras. Literalmente, han pisoteado la Constitución, la han violentado y escupido. Están manteniendo este gobierno de facto con base en la fuerza.

–¿Por qué caracterizar lo que sucedió como golpe del Estado?

–Desconocieron las normas para la sucesión. De acuerdo con la Constitución, primero está el presidente, luego le sigue el vicepresidente. Si él renuncia, está el presidente del Senado, y a continuación el de la Cámara de Diputados. No existe otro procedimiento para la sucesión constitucional. Ellos no han acatado nada de ello. No se ha aceptado la renuncia del presidente en la Asamblea, tampoco la del ­vicepresidente.

“Hay una nueva presidenta del Senado, que debería ser, ante nuestra ausencia, la presidenta del Estado. No están cumpliendo ese precepto constitucional. Se están amparando en la pura violencia física y en la complicidad de sectores políticos que le dan cuerpo a este golpe.

"La policía desconoció el mando constitucional. Se amotinó contra el mando civil desde el viernes anterior. El mando militar también desconoció al civil. Finalmente, este mando policial y el civil se han dedicado a asesinar. Están asesinando a campesinos, a pobladores de mi país. Esta sumatoria de violaciones a la Constitución y uso de la fuerza física, sin ningún respaldo legal, habla de los componentes clásicos de un golpe de Estado."

–Un golpe de Estado sólo puede realizarse con alguien que comande las operaciones y construya una coalición política. ¿Quién es ese mando en este caso?

–Está claro que, muy por encima del mando nacional, hay una fuerza que está conduciendo todo. No habría otra manera de explicar los riesgos que están corriendo los actuales mandos policiales, militares y políticos con su aventura golpista.

“Hubo matanza. Ningún mando policial ni militar actúa así, dispuesto a correr el riesgo de ser enjuiciado por genocidio en los siguientes años, si no tuviera respaldo de una fuerza superior.

“Segundo, por la acción de la OEA de sumarse al golpe e intentar legitimarlo. La OEA no actúa sola, como una voluntad de países soberanos. Actúa como mandato de un país extranjero. Estados Unidos es el que paga los viajes.

“En tercer lugar, por la presión para que no pasara por algunos países o no saliera el avión que recogió a Evo el domingo, de Cochabamba del Trópico. No fue el gobierno nacional o un partido político nacional el que presionó a Perú o a Ecuador para que eso sucediera. Está claro que tuvieron que haber sido fuerzas mucho más poderosas.

–¿Un golpe que tiene las huellas dactilares de Washington?

–Definitivamente. No hay otra manera de explicar todo lo que ha sucedido más que en términos de influencias externas, de presiones externas.

“El dinero que ha circulado para sobornar a los mandos policiales y militares, para financiar un conjunto de protestas al estilo de las clases medias tradicionales que se hacían en Chile contra Allende en los años 70, no ha salido de los empresarios locales, ha venido del exterior.

"Hay suficientes indicios y elementos que permiten deducir de manera clara y contundente la presencia de este país, que, lamentablemente hoy prefiere enterrar la democracia, asesinar indios e imponer su dictado conservador."

–¿Hay una matriz religiosa detrás del conflicto? ¿Se puede hablar de una acción en favor del golpe de las iglesias evangélicas? ¿Hay iglesias protestantes que tienen actitudes progresistas?

–Buena parte del movimiento de clase media tradicional conservador de Santa Cruz no es de sectores evangélicos, sino católicos. En varias ciudades están surgiendo movimientos católicos muy conservadores. No es casual que esto haya llevado a que el líder conservador en Santa Cruz haya hecho sus movilizaciones siempre hablando de la Biblia, tratando a sus seguidores como feligreses y combinando una especie de misa con acto de protesta. Las personas que estaban alrededor de él, y que se sentían reconocidas en él, más que evangélicas eran católicas. En el caso de Bolivia estamos ante una oleada de un catolicismo conservador más que de evangelismo conservador.

"Hay iglesias evangélicas muy conservadoras que le dan a muchas personas un sentido de refugio y de comunidad; pero también dentro de las iglesias evangélicas hay sectores progresistas, que mantienen la preocupación por la justicia, la igualdad y el reconocimiento. Es el caso de la Iglesia metodista en Bolivia. Es una de las iglesias más progresistas que hay, incluso más que la católica. Fueron los primeros en incorporar y fusionar su ritualidad a la simbología indígena."

–¿Está consolidado el golpe? ¿La resistencia popular al golpe está articulada?

–Lo que va a pasar en Bolivia es difícil decir ahora. Es, como dicen en la televisión, una noticia en proceso. En lo formal, tienes un gobierno dividido. El Ejecutivo con los golpistas. El Legislativo, tanto Cámara de Diputados como de senadores, con nosotros; tenemos dos tercios en ambas cámaras. Ninguna ley de convocatoria de elecciones, ninguna ley de nombramiento al nuevo tribunal puede hacerse sin la Asamblea, a no ser que rompan cualquier bipartidismo democrático y se gobierne por decreto, deshaciéndose de la Asamblea.

“Policía y fuerzas armadas están del lado del gobierno trucho. Están haciendo el trabajo para sostener los alfileres de esta presidenta, porque ella misma no es nadie, pertenece a un partido que no obtuvo ni 5 por ciento de la votación. En términos políticos es una aventurera. Quienes están conduciendo, tomando las decisiones, son estructuras policiales y militares.

“Por el lado popular, tienes estas gigantescas movilizaciones, que, en el caso del Altiplano, de El Alto, no son espontáneas. Están siendo promovidas por estructuras locales que se han autoconvocado. Hay microconducciones locales, territoriales. Van creando una línea de acción con base en la sumatoria, más o menos caótica, más o menos organizada, de liderazgos y de autoconvocatorias locales que se vuelven una gran convocatoria general.

“En el caso de las movilizaciones de los campesinos de Cochabamba y del Trópico hay una estructura más organizada. Pero, las organizaciones para salir a marchar una y otra vez sobre Cochabamba están también siendo tomadas por formas de autoconvocatorias local, surgidas de un agravio, que emerge y estalla.

“El gobierno trucho está matando sin ningún reparo. Estas horas son decisivas. Todo puede suceder: o debilitamiento por temor o quiebre de tolerancias morales de los afectados que desate una ola generalizada de demanda de desagravio, de reconocimiento, de justicia.

"Las dos salidas son probables. En medio está una negociación que se quiere iniciar con Naciones Unidas, embajadores, gobierno y nosotros, en la búsqueda de pacificación. Todos los sectores tienen un tipo de fuerza, de temores, de cohesiones, de divisiones. La correlación de fuerzas se mueve con fluidez. No me atrevo a decirte qué sucederá. Pero, quiero, otra vez, mostrar mi admiración por la valentía de esas mujeres, jóvenes, de esos hombres que marchan con pecho descubierto, con petardo, con un palo, para enfrentar fusiles de asalto, Kaláshnikov, tanques que están al frente, helicópteros y francotiradores."

–¿Lo que sucede es responsabilidad de Evo Morales y de Álvaro García Linera?

–Nosotros no hemos ordenando disparar a la gente. Hemos preferido renunciar, antes de ver muertos. No aceptamos sacar a las fuerzas armadas a las calles. Cuando las fuerzas armadas nos dicen: renuncien, sabíamos que eso significaba que iba a haber muertos. Por eso nos fuimos. Esos mandos policiales y militares van a ser enjuiciados. Han matado y las responsabilidades de estas muertes van a recaer hoy, en una semana, en un mes, en un año o en 25 años, en alguien. No van a poder escapar de la justicia.

"Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho y el mando policial y militar actual están bañados de sangre. Esa sangre nunca podrá ser borrada. Están dispuestos a matar para mantener el capricho de su voluntad. La historia recordará a Carlos Mesa no como un mediocre o un tibio liberal, sino un consumado golpista."

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