Carlos Ruiz Encina: "En Chile se está gestando un gran cambio histórico"

A un mes de uno de los movimientos sociales más extraordinarios de la historia de Chile, el investigador analiza las causas de la protesta, las demandas de la calle tras décadas de promesas incumplidas y la resistencia del gobierno de Sebastián Piñera para tomar medidas a la altura.

 

Carlos Ruiz Encina es sociólogo, doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile, y Presidente de la Fundación Nodo XXI, centro de pensamiento ligado al Frente Amplio (FA). En diálogo con Página/12, Ruiz Encina explica por qué era previsible que la calle explotara como lo hizo, quiénes son los nuevos actores sociales en el marco de este "gran cambio histórico", y las agendas de corto y largo plazo. La mercantilización de la vida, la urgencia de evitar "las provocaciones de la derecha y aferrarse a la democracia", y su preocupación ante las masivas violaciones a los derechos humanos.

--El 18 de octubre último estalló la crisis política y social más profunda de las últimas décadas en Chile. ¿Sorprendió la magnitud de las manifestaciones que le siguieron o era previsible que en algún momento sucediera algo semejante?

--Sí y no a la vez. Por un lado, tengamos presente que anteriormente se dio una serie de manifestaciones con más de un millón de personas contra el sistema de pensiones, tuvimos el 8 de marzo más grande de todo América Latina, y la marcha del orgullo gay, que fue gigantesca. Hay un malestar que viene en crecimiento desde 2006, desde la marcha de los estudiantes en adelante. Por otro, hay cierta elite chilena conservadora que sí dice “fuimos sorprendidos”. En realidad, lo que sucede es que no han querido ver. Al mismo tiempo es cierto que se trata de una dimensión completamente nueva; esto no es la simple sumatoria de lo anterior. Se terminaron de articular ciertas demandas, como las demandas por la soberanía de las pensiones y las luchas por la soberanía y el control del agua, en contra de su privatización. Nuestra vida social cotidiana es de las más privatizadas, mientras el nivel de incertidumbre es enorme: la tasa de rotación de los empleos es altísima, la protección de servicios estatales es completamente inexistente, etc. Como decía un cartel por ahí: “no son treinta pesos, son treinta años”. Esto limpia todos los gobiernos para atrás. Los fondos del gasto social estatal se entregan a concesionarios privados que ofrecen estos servicios. Clínicas privadas, universidades privadas... Es el sistema neoliberal del voucher que terminó creando un capitalismo de servicio público. Este tipo de privatización en el resto de América Latina no existe. Todos conocen sobre privatizaciones de telefonías y líneas aéreas, pero no de servicios sociales. Es importante que esto se sepa para comprender por qué la gente explotó como lo hizo.

--En virtud de la envergadura de los acontecimientos, ¿puede considerarse un cambio de clivaje en Chile, en el sentido de un antes y un después en su historia?

--Chile no vuelve atrás. Hasta aquí fue el tiempo en que las reformas neoliberales gozaron de algún nivel de imposición por la fuerza, y que gozaban de cierta efectividad. En este momento la desobediencia civil ha rebasado todo ese tipo de marco y no hay vuelta atrás. En Chile se está gestando un gran cambio histórico. Y uno de los sujetos que empieza a tomar forma es una suerte de nuevo pueblo chileno, que no es el pueblo del siglo XX, no es el pueblo de los obreros industriales y de la clase media desarrollista; esos sectores fueron desmantelados por la transformación neoliberal. Este es el pueblo que engendró el neoliberalismo, y de alguna manera su propio engendro se empezó a poner de a pie. Si en este país fue donde nació el neoliberalismo es posible que sea también en este país donde primero se lo sepulte. Es claro que desde que se generó la transición a la democracia funcionaba mucho en Chile el temor a lo que se llamaba "la regresión autoritaria". De alguna manera eso contenía las protestas. El modelo económico de Pinochet no se modificó en la transición; se hizo una reforma del sistema político pero no del sistema económico. Al contrario, las privatizaciones se profundizaron. Esta cuestión está arrasando con moros y cristianos. Hoy en las marchas no hay banderas de ningún partido. Hay una sociedad que se quiere hacer ver, porque la política estuvo muy encerrada. La distancia entre política y sociedad es muy grande. La participación electoral ronda el 40%. Los segundos gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera han tenido un respaldo de menos del 25% del total del electorado potencial. No hay grandes mayorías políticas. Y en ese gigantesco divorcio entre política y sociedad fue apareciendo todo esto. La última encuesta de la Universidad de Chile indica un respaldo del 83% de la población a la protesta. La gente explotó más allá de ser de izquierda o derecha. Hasta hay gente de acuerdo con Pinochet que hoy sale a protestar.

--¿Y esto por qué?

--Porque terminaron convirtiendo en mercancía cosas de nuestra reproducción de la vida cotidiana. La vejez es una mercancía en este momento. Entonces ya nadie sabe qué tipo de vejez va a tener. Te venden mucho acerca de nuevas clases medias, pero basta que alguien se enferme para que caiga tres o cuatro estratos. Tal grado de volatilidad genera en el individuo una gran crisis de incertidumbre.

--Estos nuevos modos de manifestación exigen nuevos modos de representación. ¿Qué debería revisar la izquierda para volver a ser la referente política de muchas de estas demandas?

--La izquierda tiene que dejar atrás algunas fórmulas del siglo XX. Hoy estamos lidiando, por un lado, con una demanda de derechos sociales universales, que implica poner más Estado en ciertos puntos; por otro, el mismo individuo está pidiendo una mayor autonomía individual. En este punto, la izquierda históricamente no ha sabido lidiar con las demandas de autonomía individual. Para decirlo bien autocríticamente, el precio a pagar por la igualdad en el siglo XX era sacrificar la libertad. Eso hoy no funciona; tenemos una sociedad distinta. Además, de alguna manera, el ciclo capitalista neoliberal en Chile cambió toda la estructura de clases. Ya no está la vieja clase obrera industrial -por eso es que no se ven sindicatos en las marchas, ni tampoco está la vieja clase media desarrollista, porque todo eso ha sido desmantelado y expulsado del Estado. Tenemos que hablarle a otro pueblo y a otro panorama social. El desafío de la izquierda es apropiarnos del presente, de esta nueva geografía social que está explotando con sus demandas, con sus nuevos factores culturales, y no seguir más bien en una especie de repliegue identitario en una cueva donde los que se reúnen son los convencidos de siempre. Hoy hay que salir a la calle. Necesitamos una nueva izquierda para un nuevo pueblo.

--En diversos sectores y países Chile gozaba de buena reputación económica internacional. De alguna manera, la protesta social desnudó la fuerte desigualdad social y le sacó el disfraz al "oasis" defendido por Piñera.

--La paradoja chilena, que confunde afuera, plantea lo siguiente: al mismo tiempo que disminuye la pobreza aumenta la desigualdad. Es cierto que disminuyó la pobreza y que ya no es la de niños sin zapatos. Pero creció la desigualdad en paralelo. Hay un sector que se apodera de todo ese crecimiento de una manera brutal. Y contra eso se está rebelando esta historia. La oposición que se crea entre este nuevo pueblo y esta nueva neo-oligarquización neoliberal es distinta al conflicto social que hayamos podido tener en el siglo XX. El "oasis" de Piñera es uno en el que está su casa y la de sus vecinos. Hay un nivel de mercantilización y privatización de la vida que, en nombre de la libertad que nos trajo el neoliberalismo, nos terminó robando la soberanía y el control de nuestras propias vidas. La Concertación no privatizó, pero concesionó. Los gobiernos de la Concertación fueron simplemente neoliberales. En Chile no existe nada público hace ya mucho tiempo. Y entonces, en esa distancia entre política y sociedad, la situación explota con estos niveles que han sido advertidos de inorganicidad política. Aquí es donde empieza a ocurrir algo interesante, que tiene que ver con la aparición de un enjambre de nuevas coordinadoras.

--¿Coordinadoras en tanto nuevos actores sociales?

--Diferentes a los viejos actores sociales. Me refiero a las coordinadoras de la soberanía del agua, de las pensiones, las distintas coordinadoras feministas, etc. Coordinadoras que responden a nuevos focos de conflicto propios de este siglo de expansión capitalista de fines del siglo XX. Chile es un laboratorio, por el nivel extremo al que han llegado estas cosas. Se empiezan a constituir nuevas formas de organización para responder a esas cuestiones. Se verá en qué medida madurarán o no como los grandes actores sociales de este período, pero es indiscutible que son quienes más efectividad tienen para llamar a las marchas. En cambio, las viejas centrales sindicales en este momento no movilizan a nadie. Lo que ocurre en las calles es impresionante. Chile ya despertó. Las versiones más lucidas del empresariado deberían darse cuenta de que si quieren paz social eso tiene un costo y tienen que meterse las manos en el bolsillo. En algunos sectores empresariales esa discusión está transcurriendo, pero todavía no hay una claridad con cómo enfrentar esta situación. El sistema de presiones que se expresa arriba de la figura presidencial es tremendo. Piñera pasó de decir que escuchó al pueblo a decir que estábamos en guerra.

--Se habla de 22 personas fallecidas, más de 2 mil heridos y 6 mil detenidos. ¿Hay registros de esto?

--Es muy preocupante. Recién ahora se están construyendo los registros de lo ocurrido. Tenemos una delicada situación con los derechos humanos. Las cifras que se manejan a este respecto son muy dispares e indeterminadas. Los casos más emblemáticos en el último tiempo son los de pérdida de visión; un alto número de jóvenes víctima de trauma ocular por el uso de balines disparados directamente a la cara. Hay una cosa conservadora contra la adolescencia que es brutal. Se habla también de violaciones masivas a muchachas jóvenes en cuarteles policiales y centros de detención. Lamentablemente la sociedad ha tenido que pagar un costo muy grande para empezar a sacarse de encima una Constitución que va para 40 años.

--Sobre este último punto, el jueves 14 se llegó a un acuerdo parlamentario para una nueva Constitución. ¿Cómo cree que seguirá todo a partir de este anuncio?

--Lo que queda claro es que el pueblo chileno no está pidiendo ser representado sino que está exigiendo participar. Por lo tanto, el tema de una nueva Constitución tiene que llevar a formas de participación muy relevantes. El cómo no es secundario. La oferta presidencial apunta más bien a una especie de reforma constitucional encerrada en el Parlamento. De modo que es muy difícil que así vayan a resolver los instintos de movilización popular. El gobierno continúa con una defensa cerrada del modelo socioeconómico, de las ventajas y privilegios que establece para una casta muy pequeña. Eso deja las cosas en muy mal pie para poder vislumbrar avances hacia cualquier acuerdo social mayor. Es necesario avanzar también en una agenda de corto plazo, más allá de una agenda de mediano plazo.

--¿Qué cuestiones debería atender cada una?

--Por un lado, hay una agenda de mediano plazo, que es sobre la que se está insistiendo y que tiene que ver en el fondo con deshacernos de la Constitución que nos heredó Pinochet. Transformar esa Constitución significa una discusión sobre cómo cambiar el modelo de desarrollo, el tipo de inversión extranjera, y cómo construir derechos sociales sobre ciertas cosas mercantilizadas de la vida, entre otros puntos. Pero una nueva Constitución no va a estar operando en el corto plazo; hay que avanzar pero sabiendo que es de mediano plazo. Y habrá que buscar los mecanismos participativos, en medio de la crisis de legitimidad de las instituciones políticas, que permitan dar garantías de modificar ese camino. Por otro lado se necesita una agenda corta, en la que se atiendan cuestiones muy concretas como la cuenta de la gente a fin de mes, los precios de los medicamentos, el acceso a los ahorros de los fondos de pensión... Porque en nombre de la libertad no nos dejan acceder a nuestros fondos de pensiones. Hay 37 mil enfermos terminales que no tienen acceso a sus fondos de pensiones de ahorro. Se trata de abrir un nuevo ciclo histórico, con un cambio de modelo de desarrollo, con una reforma al sistema de Estado y un cambio de régimen político. En torno a esa posibilidad de liderar un horizonte para ese ciclo histórico es donde van a tener que madurar ciertos liderazgos políticos. Ahí se va a probar realmente cuál empieza a ser la izquierda del siglo XXI.

--Con la aprobación de Piñera en un 13%, ¿cómo imagina los meses venideros del gobierno?

--Su situación es muy precaria. Un régimen político tan marcadamente presidencialista como el chileno está en este momento con una figura presidencial muy débil; el panorama es de un régimen presidencialista sin presidente. Algunos días atrás anunció la promulgación de más leyes represivas, con formas de detención mucho más arbitrarias de las que ya teníamos, un repliegue autoritario que no facilita llegar a un diálogo. De momento la situación es muy cerrada. Quedan no pocos intersticios para aventuras más autoritarias, sobre todo de sectores más de ultraderecha. No creo que pueda haber una hegemonía muy larga de ese tipo de aventuras, pero sí puede haber una situación de dos o tres semanas muy negras. De ahí que la protesta social tenga que ser muy responsable, porque tiene que entender que la única vía para resolver sus problemas, sus intereses sociales, es la democracia. Cierto empresariado no la está defendiendo y el presidente tampoco. Nosotros somos los que tenemos que evitar las provocaciones de la derecha y aferrarnos a la democracia.

--Señala que hoy la defensa de la democracia en Chile está en manos del pueblo. En paralelo, en la últimas horas se perpetró un golpe de Estado en Bolivia.

--De manera muy clara, hay que condenar cualquier aventura golpista. En América Latina sabemos a un precio muy alto lo que eso significa. La injerencia militar, y en particular esas oligarquías racistas que hay en Bolivia, son condenables de manera irrestricta. A esto añadiría, y lo haría como un reclamo a las fuerzas progresistas y de izquierda en general, que tenemos que reflexionar acerca de por qué pasan estas cuestiones. Una reflexión que no existió, por ejemplo, sobre lo sucedido en Nicaragua. Cómo se terminan desvirtuando ciertos procesos de transformación popular. En el caso boliviano hay un ensanchamiento y una mayor complejidad de la alianza social sobre la que se sostenía el proyecto de transformación que no fue adecuadamente incorporada en los últimos años en términos políticos y de participación. Por lo tanto ahí se produce también cierta dosis de resquebrajamiento de esa alianza social de sustento político, y esto lo aprovechan el militarismo, las oligarquías racistas y la que nunca falta en América Latina, la injerencia extranjera. 

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Un vehículo policial arde en un puente de la Universidad Politécnica en Hong Kong, este domingo. ANTHONY KWAN (GETTY IMAGES) / VÍDEO: ATLAS

Un policía, herido por el impacto de una flecha. Los manifestantes lanzaron cócteles molotov y los antidisturbios emplearon gases lacrimógenos y cañones de líquido

El plan de las autoridades de Hong Kong de reabrir el túnel más importante de la ciudad derivó este domingo en uno de los choques más graves de los cinco meses de protesta en la ciudad. Tras una batalla campal entre los estudiantes atrincherados en la Universidad Politécnica y la policía, que advirtió de que usaría munición real si los primeros no dejaban de lanzar cócteles molotov y otros objetos, los cuerpos de seguridad bloquearon los accesos al campus. Ya en la madrugada de este lunes, los manifestantes prendieron fuego a la entrada principal para cortarles el paso. Alrededor de 60 personas fueron arrestadas en el Museo de Ciencia, cerca del campus universitario, según informó la emisora RTHK.

“Si no dejan de atacar a la policía con armas letales, los agentes no tendrán más remedio que usar la mínima fuerza, incluyendo munición real en respuesta”, había indicado horas antes el cuerpo en un vídeo publicado en Facebook. Un agente resultó herido el domingo en una pierna por una flecha. Estados Unidos condenó el uso injustificado de la fuerza en Hong Kong y pidió a Beijing la protección de la libertad. 

Durante todo el día, la policía usó gases lacrimógenos y cañones de agua desde los que disparaban tinta azul con el objetivo de identificar con más facilidad a los manifestantes. En la noche del sábado, en el campus de la Politécnica, los fuegos iluminaban el cielo. Eran cócteles molotov, algunos lanzados con enormes tirachinas. Ya entonces, la policía utilizó gases lacrimógenos para tratar de empujar a los manifestantes hacia espacios abiertos. “La violencia policial ha sido desmesurada. Los manifestantes han reaccionado a las acciones de la policía. Estoy dispuesto a ir a la cárcel. Estamos luchando por Hong Kong”, indicó Joris, un ingeniero civil de 23 años, en el patio de la universidad, la última ocupada y usada para bloquear el túnel Cross-Harbour, construido bajo el agua y que une la península de Kowloon (en el sur de Hong Kong) con la isla, que también forma parte del territorio.

Los agentes trataron de desalojar el túnel, pero los manifestantes se refugiaron tras paraguas (uno de los símbolos de la protesta) y prendieron fuego entre escombros, lo que generó pequeñas explosiones. La policía recurrió a una nueva táctica de dispersión: un “aparato acústico de larga distancia”. Según la agencia Reuters, un sonido muy agudo salía, al menos, de un coche policial.

Los enfrentamientos se producen un día después de que soldados chinos dejaran brevemente sus cuarteles en Hong Kong para ayudar en las tareas de limpieza y desmantelar las barricadas de los manifestantes, tras una semana de caos y violencia, marcada por la muerte de un hombre de 70 años, que fue golpeado en la cabeza con un ladrillo cuando trataba de despejar la calle, según indicó la policía.

Las salidas del Ejército chino en la antigua colonia británica son excepcionales. Los militares se mantienen generalmente en un discreto segundo plano.

“Soldados del Ejército Popular de Liberación en Hong Kong ayudaron a los residentes a despejar las carreteras y fueron aplaudidos por los vecinos”, indicó el Ejército chino en la red social Weibo. La televisión de Hong Kong mostró a unos 100 hombres haciendo reparaciones y recogiendo escombros antes de regresar al cuartel. Un portavoz del Ejecutivo de Hong Kong precisó que no se había solicitado la ayuda de las tropas chinas en la zona, sino que lo hicieron por “iniciativa propia”.

Agencias

Hong Kong 18 NOV 2019 - 05:16 COT

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El líder supremo de la revolución iraní, el ayatolá Ali Khamenei

El líder supremo de la revolución iraní, el ayatolá Ali Khamenei, ha respaldado las medidas del gobierno de Teherán para incrementar el precio de la gasolina que esta semana han causado disturbios en distintos puntos del país.

El bloqueo impuesto por Estados Unidos contra Irán está empezando a hacer daño y muy posiblemente la situación económica continuará deteriorándose en un futuro próximo, algo que puede conducir a una mayor inestabilidad interior y también en el conjunto de Oriente Próximo.

Se ha de decir que la inestabilidad en Oriente Próximo no causa ningún temor a Estados Unidos e Israel, las potencias hegemónicas que promueven la inestabilidad allá donde pueden, no solo por la venta masiva de armas sino también porque beneficia a sus objetivos estratégicos.

«Algunas personas sin duda están preocupadas por esta decisión», dijo Khamenei, «pero el sabotaje y los incendios son obra de hooligans y no de nuestro pueblo. La contrarrevolución y los enemigos de Irán siempre han apoyado el sabotaje y la quiebra de la seguridad, y van a continuar haciéndolo».

La policía antidisturbios se enfrentó en los últimos días a los manifestantes en Teherán y en otras localidades, unas protestas que en algunos casos fueron violentas.

El precio de de gasolina ha subido un 50 por ciento, de 10.000 riales a 15.000 riales el litro, es decir unos diez céntimos de euro. Además, la adquisición de este líquido se ha racionado y las compras adicionales de gasolina costarán a 30.000 riales el litro, es decir unos 20 céntimos de euro.

En las protestas han muerto varias personas, según admitió Khamenei, y se ha destruido propiedad privada y gubernamental en distintas localidades.

Aunque inicialmente tenían un carácter económico y denunciaban la carestía de la vida, las protestas pronto han adquirido tintes políticos.

Según Khamenei, el incremento del precio de la gasolina fue recomendado por expertos económicos y se debe aplicar, pero el líder supremo añadió que las autoridades no deberían aplicar el incremento de los precios a otros productos.

La medida del gobierno indica a las claras que la situación económica es delicada y no hay que descartar que tenga repercusiones políticas. Las sanciones podrían conducir a un endurecimiento de las condiciones de vida en el país, y también al endurecimiento de las condiciones políticas.

Por Eugenio García Gascón

18 noviembre 2019

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Domingo, 17 Noviembre 2019 06:11

El legado imborrable de los chalecos amarillos

El legado imborrable de los chalecos amarillos

Un año después de la irrupción explosiva del malestar, el número de manifestantes ha decaído de forma significativa en Francia. Pero la solidaridad y la construcción de lo común persisten como herencia de las protestas.

Un chaleco amarillo gigantesco colgado de una ventana llama la atención del transeúnte. Unos metros más adelante, delante de un portal, en una pancarta aparece escrito: “Casa del pueblo". En pleno centro de Nantes, un colegio católico abandonado se ha convertido en el nuevo epicentro de los chalecos amarillos de esta localidad del noroeste de Francia. Entre las paredes de hormigón de un edificio ostensiblemente abandonado, intentan mantener la llama de la indignación que el 17 de noviembre del año pasado llenó de gente las carreteras, rotondas y calles de Francia. Y puso contra las cuerdas al presidente francés, Emmanuel Macron.

Un año después de la irrupción explosiva de los chalecos amarillos, las manifestaciones se siguen repitiendo cada sábado, pero estas son cada vez más minoritarias, salvo ocasiones excepcionales como las protestas para conmemorar este sábado el primer aniversario. Aunque las calles se han ido vaciando, persiste un legado de solidaridad y construcción de lo común. La “Casa del pueblo” es una buena prueba de ello.

“Nuestro objetivo es reapropiarnos de espacios comunes para intentar resolver la miseria actual y evitar que haya gente que duerma en la calle”, asegura Renz, de 37 años. Este militante, con “dedicación completa desde hace tres años”, se trasladó a Nantes en julio cuando impulsaron la primera “Casa del pueblo” de esta localidad. Tras ser expulsados de un primer espacio, se instalaron en octubre en el colegio Notre-Dame-du-Bon-Conseil.

Sentado en torno a una mesa en el patio de este recinto, Renz recuerda al detalle cómo vivió la emergencia de los chalecos amarillos el 17 de noviembre del año pasado. “Estuve bloqueando la circulación en un centro comercial durante una semana en Pau (sur de Francia) y después fui a Saint-Nazaire, donde intentamos impedir el acceso a uno de los principales puertos industriales del país”, explica este manifestante, con una barba bien poblada e inseparable de su gorro de lana. En Saint-Nazaire, cerca de Nantes, descubrió la primera “Casa del pueblo”, impulsada a principios de diciembre. Estos edificios ocupados se multiplicaron desde entonces por el territorio francés: Marsella, Burdeos, Caen, Lorient, Tours…

“Los chalecos amarillos permitieron a la gente que no llegaba a fin de mes que dejara de esconderse. Estos salieron a la calle y dijeron que estaban hartos”, afirma Mathieu Herbomel, un hipnoterapeuta que nunca antes había militado hasta la emergencia de este movimiento. Ahora es uno de los coordinadores de la “Casa del pueblo” de Nantes. “Acogemos a unas 30 personas. Un tercio de ellas son migrantes y otro tercio franceses sin techo”, indica sobre este espacio ocupado que se inspira en el espíritu del barrio anarquista de Atenas Exarchia y en casas okupas de Barcelona y Madrid. Además de las asambleas semanales de los chalecos amarillos, “también se celebran reuniones de colectivos de estudiantes, militantes ecologistas y de asociaciones de acogida de refugiados”.

“Macron nos ha permitido descubrir la fraternidad”

Las “Casas del pueblo” resultan la continuidad de las miles de rotondas ocupadas hace un año cuando empezaron las protestas a través de cortes de carreteras. La presencia de manifestantes fue permanente durante semanas y meses a lo largo del invierno. Las fuerzas de seguridad desalojaron la mayoría de ellas. No obstante, algunos chalecos amarillos aún resisten como galos. “No hemos logrado gran cosa por parte del presidente Emmanuel Macron, pero al menos hemos conseguido que el movimiento no se detenga durante un año. Cuando emergió, nadie hubiera creído que duraría tanto tiempo”, asegura Erick Simon, de 58 años, portavoz de los chalecos amarillos de Coutances, una localidad normanda de 8.000 habitantes, situada a unos 330 kilómetros al oeste de París, en la que la rotonda des Îles ha estado ocupada de forma casi continuada durante los últimos doce meses.

“Al menos Macron nos ha permitido descubrir una fraternidad que antes ignorábamos”, presume Simon sobre los fuertes vínculos de solidaridad establecidos entre los chalecos amarillos de su región y, en concreto, de su localidad. Allí conmemoran este domingo el primer aniversario “preparando una gran sopa para comer y debatir con todos los vecinos que se acerquen a la rotonda”. Esta reivindicación de lo local es una de las herencias más fuertes de este movimiento transversal, que en diciembre logró frenar la ofensiva neoliberal del joven presidente francés.

“La ocupación de las rotondas permitió crear nuevos colectivos de personas en zonas periurbanas y rurales donde vivían de forma muy aislada e individual”, defiende el politólogo Laurent Jeanpierre, autor del libro In Girum. Les leçons politiques des ronds-points (La Découverte, 2019). Según este profesor de la Universidad París 8, “ha representado un movimiento de educación popular que ha dado lugar a una nueva sociedad civil en zonas que estaban muy despolitizadas”. Para muchos chalecos amarillos, estas protestas representaron la primera militancia de sus vidas. Entonces, descubrieron “que la política no solo consiste en votar. Aprendieron que hablar de los problemas cotidianos de salud, empleo o transporte también es una forma de hacer política”.

Normalización de las barricadas y los disturbios

Además de la solidaridad de las rotondas, la identidad de los chalecos amarillos se vio reforzada por la experiencia de la confrontación con la policía. “En un inicio no había la voluntad de manifestarse a través de disturbios y de forma insurreccional”, recuerda Romain Huet, que publicó recientemente el libro Le vertige de l’emeute. De la Zad aux gilets jaunes (PUF, 2019). Pero fruto de su voluntad de hacerse visibles en el espacio público y perpetuar su presencia en los barrios ricos de las grandes ciudades, las barricadas y los disturbios se convirtieron en una forma habitual de manifestarse. “Reflejaron una cierta impotencia de la política, dado que no es posible expresar su indignación solo manifestándose de forma pacífica”, añade este profesor en comunicación en la Universidad de Rennes sobre unas protestas conflictivas que en los últimos meses se reprodujeron en Hong Kong, Ecuador, Chile o incluso en Catalunya.

Unas manifestaciones que experimentaron una dura represión de las fuerzas de seguridad francesas. Así lo refleja el balance de las víctimas de violencias policiales en los últimos doce meses: 2 muertos, 2.448 heridos, 315 manifestantes con heridas en la cabeza, 24 que perdieron un ojo, 5 que se quedaron sin una mano…

Fue para denunciar estos abusos policiales que Gabin Formont creó en diciembre de 2018 el medio Vécu (Vivido), cuya página de Facebook ya cuenta con más de 100.000 seguidores. “No era normal que casi ningún medio hablara en diciembre de las violencias policiales”, asegura este joven de 29 años, que no es periodista de formación y que se manifestó ese 17 de noviembre prácticamente por primera vez en su vida. Desde entonces, se consagra a su tarea de “reportero-ciudadano”. Ante el tratamiento hostil de los grandes medios, los chalecos amarillos prefirieron informarse a través de publicaciones alternativas, como Brut, ThinkerView, Le Média o la edición francesa de la cadena rusa RT.

¿Un movimiento con vocación municipalista?

Doce meses después de que el aumento del precio del combustible desatara esta protesta, “el cabreo social permanece”, reconoce Jeanpierre. Aunque los chalecos amarillos son el movimiento que más ha obligado a ceder a Macron, que adoptó una serie de medidas sociales y bajadas de impuestos para las clases medias valoradas en 17.000 millones de euros, “las dificultades económicas persisten”, afirma este politólogo.

“El precio de la gasolina no ha dejado de aumentar. También sube la electricidad y los productos de primera necesidad. El gobierno no ha cambiado nada”, lamenta Laure Courbey, integrante de los chalecos amarillos en Nemours, en el sur de la región parisina, donde mantienen una rotonda ocupada. Según un sondeo del instituto Elabe para la cadena BFM TV, el 55% de los franceses sigue apoyando las reivindicaciones de los chalecos amarillos, aunque el 66% no desea que sus movilizaciones se intensifiquen.

Priscillia Ludosky y Jérôme Rodrigues, dos de las figuras del movimiento, enviaron a finales de octubre una carta a Macron pidiéndole una reunión antes del 16 de noviembre. Una petición denegada. Su objetivo era transmitirle las 59 propuestas elaboradas a través del “verdadero debate”, una plataforma impulsada por los chalecos amarillos como alternativa al “gran debate” del presidente francés y que contó con un millón de contribuciones. Unas medidas focalizadas en la justicia fiscal, ecología solidaria, refuerzo de los servicios públicos y una transformación del sistema político.

Ludosky, que originó las protestas con una petición en internet contra el aumento del precio del combustible que obtuvo más de un millón de firmas, también anunció este viernes la creación de un lobby ciudadano. Una iniciativa con la que quiere hacer emerger reivindicaciones locales y nacionales, sobre todo de las zonas periurbanas y rurales. Otros “chalecos amarillos” apuestan por estructurarse a través del modelo asambleario. Unos 600 delegados de asambleas locales se reunieron, del 1 al 3 de noviembre, en Montpellier para debatir sobre el futuro del movimiento en la cuarta “asamblea de las asambleas”.

“También existe la voluntad de presentarse en las elecciones municipales de marzo del año que viene”, asegura Jeanpierre, quien subraya que es el “movimiento más descentralizado en la historia reciente de Francia”. En grandes localidades como Burdeos, Niza o Grenoble, pero también en pequeñas como Commercy (nordeste), donde se celebró la primera “asamblea de las asambleas”, grupos de chalecos amarillos ya preparan “listas ciudadanas”. Sus expectativas resultan muy inciertas. En las pasadas elecciones europeas, candidaturas que querían encarnar el espíritu de las protestas obtuvieron unos resultados ínfimos.

“Nuestra apuesta es concentrarnos en la convergencia de luchas”, defiende, por su lado, Herbomel. Este militante de la “Casa del pueblo” de Nantes cita como muestra del malestar persistente las recientes manifestaciones en el sector sanitario o de los estudiantes después de que la semana pasada un joven de 22 años intentara inmolarse prendiéndose fuego a sí mismo delante de un restaurante universitario en Lyon. Los indignados franceses no solo tienen marcado en rojo en el calendario este fin de semana, sino también la huelga del 5 de diciembre contra la reforma de las pensiones. El legado de los chalecos amarillos no se transmite, se transforma.

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Domingo, 17 Noviembre 2019 05:47

El eterno retorno de los chalecos amarillos

El eterno retorno de los chalecos amarillos

A un año de su marcha más multitudinaria vuelven a la calle en Francia

La conmemoración del primer año quedó trunca. Estaban previstas más de 200 acciones en toda Francia, pero la tensión se focalizó en los enfrentamientos en París.

 “¿Pasarán por acá?”, preguntó temeroso el cliente de un bar situado en la esquina del Boulevard de l’Hôpital y el Boulevard Saint Marcel donde la policía había desplegado un montón de unidades represivas. 700 metros más arriba, en la Place d’Italie, unos 3.000 chalecos amarillos preparaban su quincuagésima segunda manifestación de los sábados. Esta tenía un sabor muy especial: hace un año, el 17 de noviembre de 2018, 282 mil personas se habían manifestado en todo el país y ocupado una infinidad de rotondas. Los chalecos querían hacer de esta jornada una suerte de símbolo de su persistencia, pero la violencia que se desató aún  antes  de que los manifestantes iniciaran la marcha condujo al prefecto de París a prohibir la manifestación. Estaba previsto que la protesta comenzara a las dos de la tarde, pero ya a las 11 de la mañana estallaron los primeros incidentes protagonizados por personas vestidas de negro y con máscaras en la cara: los manifestantes destruyeron los locales del banco HSB (uno de las instituciones bancarias más sucias del mundo), quemaron autos, incendiaron basureros y rompieron las vidrieras de centro comercial Italie 2.

La conmemoración del primer año quedó trunca. Estaban previstas más de 200 acciones en toda Francia, pero la tensión se focalizó en los enfrentamientos en París. Hace un año, Francia asistía, a la vez orgullosa y atónita, al nacimiento de una de las insurrecciones civiles más poderosos y extendidas del último cuarto de Siglo. Con el paso de los meses, con la masiva represión policial, la infiltración del movimiento por radicales de izquierda y de derecha, los episodios de violencia extrema que tuvieron lugar en los barrios ricos de París y las declaraciones desubicadas de varios de sus líderes se aplacaron tanto la capacidad movilizadora de los chalecos amarillos como su legitimidad en las calles. Sin embargo, cada sábado, en pequeños grupos, los chalecos mantuvieron encendida la llama de una insurrección que ha marcado la historia social de Francia. A su manera contradictoria, un año después, los chalecos amarillos obtuvieron una victoria política y otra moral: se instalaron en las rotondas y acudieron a París en protesta por el aumento del precio del gasoil decidido por el Ejecutivo dentro de su programa de “transición ecológica” y consiguieron que el poder anulara esos y otros aumentos, que gastara cerca de 18 mil millones de euros para incremental el poder adquisitivo de los franceses, que organizara un debate nacional para conocer el estado de animo del país y sus demandas y que, desde entonces, el presidente Emmanuel Macron avanzara con paso de antílope y prudencia en la aplicación de su programa de reformas liberales. 

El Ejecutivo vive con la obsesión de un incendio social tanto más presente cuanto que, ahora, se dispone a una enésima reforma del sistema de pensiones. El profundo impacto social que tuvo la insurrección amarilla no se tradujo en un beneficio político para sus lideres. Varios de ellos se presentaron como candidatos en las elecciones europeas, pero no fueron capaces de atraer votos. En cambio, sí se beneficio el país social y político. Los chalecos han conseguido una de esas victorias que no se miden en votos sino en la huella que dejan y los sentidos que abren. De golpe, de la nada, esa clase trabajadora blanca que residía en las zonas periféricas puso al desnudo la estafa globalizada, la existencia de una desigualdad de raíz ocultada por la ficción de una prosperidad que sólo beneficiaba a las zonas urbanas ultra conectadas mientras, al lado, existía un país invisible, sufrido, olvidado por los apóstoles de la promoción liberal y los servicios públicos. Distribución de las riquezas, reparto de la carga fiscal, justicia social, democracia directa, representatividad, servicios públicos, cada una de estas problemáticas presentes pero no verbalizadas emergieron con los chalecos amarillos. Y lo hicieron fuera de todas las cajas de resonancia que, antaño, eran la correa de transmisión de las protestas. Los sindicatos se quedaron afuera, los partidos políticos buscaban en el mapa de dónde venía toda esa gente, los periodistas no entendían qué pasaba y los analistas profesionales descubrían azorados que estaban ante lo no pensado. Esta insurrección no organizada, sin estructuras ni programa llegó mucho más lejos que todas las luchas planteadas por los sindicatos. Obtuvo del poder lo que las organizaciones sindicales jamás lograron, forzaron la puerta de los medios, modificaron el contenido de las prioridades políticas y obligaron a las castas urbanas (periodistas incluidos) a mirar toda la realidad del país. La revuelta amarilla trastornó el mandato de Emmanuel Macron. Ni él como persona ni el ejercicio del poder fueron los mismos. En una entrevista con The Times, Macron reconoció que “de cierta forma, los chalecos amarillos fueron algo bueno para mi. Me recordaron quién debía ser”.

El Estado doblegó al movimiento aplicando una estrategia represiva extrema. Miles de arrestos preventivos, violencia institucional, policías sin control, uso de armas que dejaron cientos de heridos graves (gente sin ojos, otros mutilados por las granadas), juicios y condenas instantáneas desinflaron también la movilización. La doble acción policial y judicial funcionó como argumento disuasivo. Con todo, menos gente en las calles no significó rendición. La visibilidad perdida de un sujeto social restaurado, la evidencia de que la lucha de clases no era una referencia superada en el Siglo XXI, la denuncia de los incontables sistemas de micro desigualdad que el liberalismo había sembrado en las sociedades y la reactivación de otras luchas (hospitales, servicios públicos, jubilación, ferrocarriles) forman parte del extenso catalogo de éxitos colaterales conseguidos por los chalecos amarillos. Ya nada es igual. Son un referente de la lucha social. Habrá hoy menos chalecos amarillos en las calles y las rotondas, pero ya son millones en las conciencias.

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Sábado, 16 Noviembre 2019 05:59

La represión en Bolivia sumó cinco muertos

Represión policial en Huaillani, Cochabamba, contra cocaleros simpatizantes de Morales.  ________________________________________ Imagen: EFE

Las protestas del movimiento indígena son cada día más masivas. La CIDH condenó la masacre y le recordó a la autoproclamada presidenta “la obligación de asegurar el derecho a la vida”. 

Las protestas protagonizadas por seguidores de Evo Morales van volviéndose cada día más masivas. Encabezadas por el movimiento indígena las marchas tomaron las calles para pedir la renuncia de la presidenta autoproclama Jeanine Áñez. Una enorme columna de cocaleros fue duramente reprimida por la policía en Sacaba, Cochabamba. El saldo fue de cinco muertos y varios decenas heridos, según denunciaron dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales. A su vez, La Paz sigue tomada por manifestantes que descienden en caravana día tras día desde El Alto. También allí hubo represión durante largas horas de la tarde. Desde el exilio Evo Morales condenó los hechos de violencia.

En Cochabamba se vivieron imágenes dantescas durante la represión al movimiento indígena. Miles de personas huyeron desesperadas para escapar de los gases lacrimógenos lanzados por la policía. Se pudo ver a varios heridos en camillas y otros tirados sobre colchones afuera del hospital México de Cochabamba, según videos publicados por La Razón Digital. Dirigentes del MAS informaron que hubo cinco víctimas fatales, en lo que no dudaron en calificar como una masacre. "La marcha ha sido atacada con gases y también con armas de fuego, sin provocación de los cocaleros", aseguró el dirigente de las Federaciones del Trópico de Cochabamba y secretario de comunicación del MAS, Gualberto Ariste a Caras y Caretas de Uruguay. La columna de cocaleros había comenzado a marchar hace más de un día desde el Chapare, la cuna política del presidente derrocado Evo Morales. Deberían llegar a La Paz el domingo para unirse a las decenas de miles de campesinos e indígenas que reclaman en las calles. Desde el gobierno no confirmaron las muertes.

Tras las primeras noticias de la represión y las víctimas Morales twitteó: "Condeno y denuncio ante el mundo que el régimen golpista que tomó el poder por asalto en mi querida Bolivia reprime con balas de las Fuerzas Armadas y la Policía al pueblo que reclama pacificación y reposición del Estado de Derecho. Ahora asesinan a nuestros hermanos en Sacaba, Cochabamba".La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA,  a su vez condenó el "uso desproporcionado de la fuerza policial y militar" en la masacre de Sacaba, Cochabamba,

En La Paz los manifestantes volvieron a salir a las calles en la protesta más masiva de los últimos días. Los campesinos e indígenas exigieron la renuncia de Áñez. También allí tuvieron que soportar los gases lacrimógenos lanzados por la policía. Las columnas de federaciones campesinas, docentes rurales y grupos de juntas vecinales avanzaron a veces corriendo, a veces caminando, a lo largo del centro de La Paz. Todo el recorrido estuvieron vigilados por cordones de policías y soldados. El clima fue de máxima tensión, siempre a la espera de la próxima ronda de gases. Al caer la noche la Policía informó que detuvieron a 110 manifestantes al diario El Deber .

En la calles laterales a la plaza céntrica de La Paz un campesino de 65 años describió la situación que vivieron. "Nos quieren gobernar los mismos que nos masacraron en 2003. Los mismos vuelven ahora. Pero ahora puede ser peor porque la gente se despertó. Ya vivimos años en paz con Evo (Morales) y ahora ninguno de nosotros está dispuesto a volver a lo que pasaba antes", aseguró Alberto Zomero de 65 años. En el mercado callejero que bordea una de las calles zigzagueantes que une El Alto con La Paz, aparecieron colas para comprar pan y los alimentos. El gobierno de Áñez tuvo que reconocer que existe temor a un desabastecimiento de combustible en la capital. 

Por su parte, la autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, aseguró que no reconocerá a los presidentes del Congreso nombrados el jueves por la mayoría del MAS. Durante esa sesión el Senado había designado como presidenta de la Cámara alta a la masista Eva Copa. Áñez sostiene que no hubo el quórum necesario en el recinto. "Según la información que manejo, en la sesión del jueves a la anoche no se logró el quórum necesario y por lo tanto será impugnada", afirmó Áñez en el Palacio Quemado, sede del gobierno boliviano.

El autoproclamado gobierno también anunció la ruptura de relaciones con Venezuela. Denuncian un intento de Caracas de atentar contra la seguridad interna del país. El gobierno adelantó que abandonará la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), según manifestó el canciller Karen Longaric. Tambíen informó que analizan retirarse de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). A su vez, anunciaron que al menos 725 cubanos que cumplían en Bolivia misiones de cooperación abandonarían el país a partir del sábado.

Cada día que pasa, más personas llegan a la capital de las zonas rurales y de otras ciudades del país. Para el domingo se espera el arribo de la columna de cocaleros del Chapare en una jornada que se prevee histórica.

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Sábado, 16 Noviembre 2019 05:44

Antibióticos, armas de doble filo

Antibióticos, armas de doble filo

Los antibióticos insuflan enormes dosis de esperanza diaria. Gracias a ellos, ha aminorado el desvelo de la medicina contemporánea por las enfermedades que arrebataban vidas y que son controladas en nuestros días, cuando no sofocadas por completo. Si bien, la paradoja se adueña de un nuevo paradigma. Los antibióticos, “aliados” incondicionales de la medicina, se han tornado en armas de doble filo. Su eficacia queda entre las cuerdas por la proliferación de bacterias invulnerables a sus efectos.

 

Todo comenzó un día cualquiera de trabajo en el sótano del laboratorio del hospital londinense St. Mary. Se había ausentado durante un mes de la ciudad y ansiaba continuar con su estudio sobre bacterias de estafilococo. La brisa otoñal, despojada de toda agradabilidad, comenzó a entrometerse en el interior. Al cerrar una de las ventanas, se percató de una placa de Petri descuidada, al abrigo de todo lo exterior que podría introducirse y ser detonante de una pérdida de cultivo de microorganismos. Era de esperar que estuviese contaminado. Lejos de deshacerse de su experimento arruinado, quiso conocer los efectos del hongo que había irrumpido en su cultivo. Lo examinó minuciosamente a través del microscopio y observó que no había bacterias alrededor de sus zonas de crecimiento. Intrigado, comenzó a estudiar aquel fenómeno sin ser portador ni de un ápice de conciencia sobre su trascendencia. Bendita curiosidad. Toda una serendipia se disponía a despertar uno de los mayores hitos de la medicina. Catalogó el hongo como Penicillium notatum.

Aquel septiembre de 1928 constituyó la génesis de un completo aluvión de investigaciones, pruebas y ensayos clínicos para completar y desarrollar el descubrimiento. La penicilina supuso una apertura de puertas hacia una lucha sin precedentes contra las infecciones bacterianas. Así, la medicina quedó a los pies del primer antibiótico que acogía el arsenal terapéutico. Resulta paradójico que un descuido del bacteriólogo Alexander Fleming fuera a salvar vidas incontables.

“Es una tragedia que haya infecciones provocadas por bacterias multirresistentes a todos los antibióticos del mercado”, sostiene Álvaro Pascual, director de la Unidad de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Es un golpe de realidad en la que el desasosiego empaña la medicina contemporánea a menos de una década del centenario del hallazgo de la penicilina.

La cada vez más en auge resistencia antimicrobiana está generando un grave problema de salud pública a nivel mundial. La OMS dio parte del asunto en febrero de 2017, con la publicación de una lista de patógenos prioritarios que requieren con urgencia nuevos antibióticos para hacerles frente. José Miguel Cisneros, presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) hasta el pasado mes de junio, habla de la errónea asunción de la inmaculadas propiedades de los antibióticos: “Cambiaron tanto la historia de la humanidad que asumimos de manera equivocada y bastante generalizada que eran tan buenos como inocuos”.

Queda al descubierto una de las claves para comprender un problema difícil de explicar, en el que influyen multitud de variables y agentes de distintas disciplinas y sectores. Cabría preguntarse qué ha ocurrido para llegar a un punto en el que las bacterias han generado suficiente resistencia a los antibióticos como para poner en jaque a las maravillas de la medicina moderna.

“A mediados de los 90, las revistas científicas de prestigio comenzaron a publicar editoriales que anunciaban el fin de la era bacteriana”, recuerda Cisneros. Los antibióticos abrieron todo tipo de horizontes que dejaron vislumbrar aquellas posibilidades ya inherentes a la medicina del siglo XXI. Lo impensable a principios del siglo pasado, como realizar intervenciones quirúrgicas invasivas o introducir medicación al paciente a través de un catéter, se transformó en una realidad donde la contracción de infecciones en procesos clínicos dejó de ser una amenaza. Al menos, así se percibía.

“El desconocimiento sobre la genética bacteriana impedía conocer sus armas frente a los antibióticos. Ahora es cuando las estamos estudiando”, según la Lorena López, médica microbióloga y parasitóloga en el Hospital Macarena. Estos microorganismos disponen de una veloz capacidad de adaptación, así como primigenios mecanismos de resistencia natural de los que se han servido desde su surgimiento en el planeta. “La mayoría de estos mecanismos de resistencia se encuentran en unos fragmentos móviles de su ADN, quiere decir que no solamente los transmiten a sus hijas, sino que lo hacen de manera cruzada”, señala Álvaro Pascual. Esto no se supo hasta hace relativamente poco tiempo y despeja una primera variable para comprender la escalada de la multirresistencia antimicrobiana. El déficit de conocimiento sobre la genética de estos microorganismos hizo que la comunidad clínica los infravalorase. Ahora, son un asedio para la eficacia de los antibióticos.

El efecto dominó se desencadena con este desconocimiento. La hiperprescripción, la dispensación de antibióticos sin receta, el acopio de los mismos en el botiquín de casa, entre otros, son los efectos de una reacción en cadena que ha derivado en una cultura de uso desmedido e inapropiado de los antibióticos. Por ello, se reviste de necesidad hilvanar un manto de comunicación, divulgativa y eficaz, bajo el que se integren comunidad científica, autoridades políticas y ciudadanía. Las principales piezas de rompecabezas encajarían para construir una conciencia sólida que lidie de manera activa con un consumo indiscriminado de estos fármacos. “Es importante hacer un diagnóstico de la situación y que cada parte asuma su responsabilidad. Principalmente, la multirresistencia es un problema por falta de conocimiento y formación”, declara José Miguel Cisneros. De este modo, es manifiesta la necesaria formación multidisciplinar que aúne a todos los profesionales sanitarios, en virtud de la emisión de mensajes homogéneos que den lugar a una concienciación ciudadana que sustituya a las creencias generalizadas en torno a estos fármacos.

Rosario Cáceres, farmacéutica del Centro de Información del Medicamento del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, alude a ciertos casos acaecidos en la farmacia asistencial: “En alguna ocasión, cuando han acudido personas a la farmacia y tenían un evento próximo, nos han comentado que querían tomar un antibiótico para evitar caer enfermas. Incluso, nos han preguntado por antibióticos para tratar los piojos”. La fe ciega inhibe la percepción de estos medicamentos como armas de doble filo. La alfabetización en salud es esencial para no caer en errores tales como creer que los antibióticos son efectivos contra el resfriado o la gripe. De igual manera, el cumplimiento taxativo del tratamiento, respetar los intervalos de hora entre dosis y dosis, sin saltarse ninguna, es una buena baza para ralentizar la efervescencia de la multirresistencia. El cese de la sintomatología no debe ser motivo de suspensión de la toma del antibiótico en cuestión. “Si no se completa el tratamiento correctamente, el microbio no termina de morir y muchas veces puede volver con más fuerza en un posible ataque”, recuerda Rosario Cáceres.

Comprender este fenómeno requiere la asimilación de la ausencia de un único “culpable”. Cierto es que la ciudadanía tampoco ha de tener firme conocimiento sobre todo lo relativo a los antibióticos y sus posibles efectos perniciosos. No tiene por qué. Son los mismos profesionales de la salud quienes reúnen en sus manos la transmisión activa de la manera correcta de proceder durante un tratamiento antibiótico, al igual de las causas y consecuencias si no es cumplido con rigor. El presidente de la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas (ESCMID), Jesús R. Baño, se muestra autocrítico: “No hemos enseñado bien para qué sirven los antibióticos y para qué no. Los médicos, desde Atención Primaria y los hospitales, debemos contribuir a que la población tenga un mayor nivel de conocimiento sobre ellos”.

La progresión de la medicina y la introducción de nuevos fármacos modifican constantemente los tratamientos terapéuticos. Por ello, la comunidad sanitaria debe estar al tanto de la puesta al día de las guías clínicas que indican las patologías para las que han de consumirse los antibióticos. En este sentido, Rosario Cáceres hace referencia a las prescripciones de antibióticos erróneas o innecesarias, claro síntoma de no seguir las novedades que dan un lavado de cara continuo al arsenal terapéutico: “Hay profesionales de la medicina, de la enfermería y de la farmacia que están al tanto de todas las novedades, pero hay otros que no. Esto también puede ser parte del problema”.

Radiografía a España y mirada a Europa

Un registro de infecciones por bacterias multirresistentes en hospitales de España, elaborado por la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) en 2018, proporcionó una radiografía real en la que la magnitud y gravedad de esta problemática es más que evidente. “Medimos lo que pasaba en 82 hospitales españoles durante una semana y comprobamos que moría el 19,6% de las personas que se infectaban”, explica el presidente de la SEIMC hasta el pasado mes de junio. Del 12 al 18 de marzo del año 2018, fueron registradas todas las infecciones producidas por 11 tipos distintos de bacterias, con tal grado de resistencia que los antibióticos no fueron eficaces. Escherichia coli con el mecanismo de resistencia de producción de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) —enzimas capaces de inactivar los antibióticos de la familia de betalactámicos como penicilinas, cefalosporinas, monobactámicos y carbapenémicos— Pseudomonas aeruginosa o Klebsiella pneumoniae con BLEE fueron las principales detonantes de las infecciones.

Un total de 903 pacientes presentaron infección, distribuidos por todos los hospitales participantes a excepción de uno. “Las estancias de estos 82 hospitales, de 15 comunidades autónomas, presentaban la cuarta parte del total de estancias hospitalarias, por lo que es una muestra muy representativa”, recuerda Cisneros. De esos 903 pacientes, 177 (19,6%) fallecieron durante los treinta días que siguieron su diagnóstico. Si se extrapolasen tales resultados al resto de hospitales del Estado, el número de pacientes con infecciones por bacterias multirresistentes en 2018 habría sido de 180.600. Y, el número de defunciones, de 35.400.

En relación al segundo registro de bacterias multirresistentes, que dio a conocer la SEIMC en el pasado mes de mayo, confirma la magnitud y gravedad de estas infecciones en España. En esta ocasión, participaron 133 hospitales, un 62% de participación más que en el 2018. Este compendio de datos, registrados la semana del 4 al 10 de marzo de 2019, estima que en este año 221.958 pacientes sufrirán una infección por bacterias multirresistentes. De estos, más 26.271 fallecerán los días 30 días siguientes al diagnóstico. “Estos resultados instan a las autoridades sanitarias a poner los recursos necesarios para hacer frente a este reto. El Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos es la herramienta para ello, pero carece de la financiación adecuada”, indicó José Miguel Cisneros en el XXIII Congreso Nacional de la SEIMC, celebrado del 23 al 25 de mayo en Madrid.

Cisneros es contundente en sus argumentos: “España es el primer país del mundo en consumo de antibióticos en humanos y animales, sin ninguna razón epidemiológica que lo justifique”. Echando un vistazo al Eurobarómetro Especial sobre Resistencia Antimicrobiana, que lleva publicándose desde 2009, pasando por los años 2013, 2016 y 2018, puede avistarse cierta descompensación en cuanto a la conciencia existente entre la población española encuestada y la media europea. Sí que existe cierto descenso en el porcentaje referido al consumo de antibióticos o la creencia de su eficacia contra resfriados o gripe desde el primer año de su publicación. En cuanto a la recepción de información de no tomar estos fármacos innecesariamente, España experimenta un descenso porcentual drástico en este sentido, pues un 57% de españoles y españolas encuestados afirmaron haber recibido información al respecto en el año 2009. En contraposición, los años venideros muestran un porcentaje que no supera el 23%.

Son numerosas las variables de la ecuación que ha dado como resultado una de las problemáticas más acuciantes de la salud pública mundial. La sobreexposición de antibióticos a animales de consumo humano y el deficiente control de vertidos de la industria farmacéutica en ríos y suelos también son eslabones de una cadena compleja de responsabilidades que deriva en una multirresistencia de las bacterias que hace tambalear a la flamante medicina contemporánea desde sus propios cimientos. Si bien, y como se argumentará en la siguiente entrega de este reportaje, Multirresistencia en la compra y el medio ambiente, la ciudadanía tiene mucho que aportar al freno de este fenómeno.

Por María Ibáñez

2019-11-16 06:30

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Viernes, 15 Noviembre 2019 06:37

El Alto se planta a defender la democracia

El Alto se planta a defender la democracia

El MAS nombro autoridades en Diputados y el Senado boliviano  

 Esta vez fueron campesinos con ponchos rojos, hombres y mujeres con sombreros, venidos de lejos, de arriba en los altiplanos. Luego se sumaron de la ciudad del Alto, los que pudieron llegar, otros fueron retenido al intentar llegar hasta el centro. La Paz ha pasado a ser el escenario de movilizaciones masivas diarias, cabildos, represiones, un río revuelto contra un golpe de Estado.

La jornada esta vez terminó sin gases lacrimógenos ni motos. Los policías y militares se mantuvieron en el habitual cerco a la Plaza Murillo, centro del poder político nacional, donde se encuentra la sede de gobierno, el poder legislativo y la vicepresidencia, entre otras instituciones.

En esas cuadras tuvieron lugar hechos centrales del jueves. Por un lado, el Senado eligió a una nueva presidenta: Eva Copa, oriunda de la ciudad de El Alto, al igual que el presidente de la cámara de Diputados elegido la noche anterior, Sergio Choque. Con la juramentación de ambas nuevas presidencias, pertenecientes al partido del Movimiento Al Socialismo (MAS), quien detenta los dos tercios, quedó así redefinida la dirección del poder legislativo.

En simultáneo, la autoproclamada presidenta Jeanine Añez posesionó a cinco ministros más en su gabinete. Dos de ellos, nombrados el día de ayer, tuvieron declaraciones que alertaron sobre las políticas que llevará adelante el gobierno nombrado fuera de la Constitución en un intento de construir una imagen institucional.

El primero fue el ministro de Gobierno transitorio, Arturo Murillo, quien anunció que emprenderá una “cacería” contra tres ex funcionarios del gobierno derrocado: Raúl García Linera, Juan Ramón Quintana, Hugo Moldiz, todos por “sediciosos”.

La segunda fue la ministra de Comunicación, Roxana Lizarraga, quien amenazó a los “periodistas o pseudoperiodistas”, tanto nacionales como internacionales, que hagan “sedición”.

Los pocos anuncios que ha dado el gobierno transitorio, donde también fueron electos altos mandos de la Fuerza Armada de Bolivia y de la Policía Nacional Boliviana, han sido entonces un redoble de amenazas dentro de un cuadro general de noticias de represiones, muertos, heridos, enfrentamientos, militares desplegados en las calles y carreteras.

La estrategia golpista enfrenta una contradicción inevitable. En efecto, se trata de un golpe de Estado que niega serlo, busca construirse una institucionalidad fuera de la ley para sostener esa narrativa, pero en los actos de autoproclamación y anuncios de cacerías a dirigentes y periodistas deja ver su carácter antidemocrático.

Eso ha quedado claro para quienes se movilizan día tras día y tienen entre sus demandas principales la renuncia de Añez, a quien acusan de golpista y de racista. Esas razones, junto con el reclamo del retorno de Evo -que no es homogéneo en las movilizaciones- han puesto en marcha un levantamiento en diferentes puntos del país en un proceso de confluencia hacia La Paz.

Se espera así que entre el viernes y el sábado lleguen quienes se movilizan desde zonas rurales del interior del país, como los cocaleros del Trópico, que este jueves estuvieron en protesta en la ciudad de Cochabamba.

El cuadro se configura así de manera incierta para el golpe de Estado. Por un lado, debe enfrentar un proceso creciente de movilización nacional atravesado cada vez más por el clivaje racial: quienes se movilizan reconocen en la autoproclamada Añez, Fernando Camacho, o Carlos Mesa, dirigentes contrarios a las naciones indígenas, por su historia antigua y reciente y por el atropello a la bandera whipala.

Por otro lado, quienes encabezan el golpe deben resolver la promesa anunciada: la celebración de elecciones presidenciales en un plazo no mayor a los noventa días. Ese pazo forma parte de la arquitectura que cuenta con cuatro pasos centrales: el derrocamiento, la conformación de un nuevo gobierno transicional, el llamado a elecciones y la celebración de las mismas.

El proceso se encuentra actualmente en el momento de conformación del gobierno, y se enfrenta a una dificultad: debe nombrar nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral, algo que debe proceder a través del poder legislativo, donde el MAS tiene presidencias y mayorías. ¿Buscará un acuerdo con quien persigue o avanzará contra el poder legislativo, evidenciando aún más su carácter golpista? ¿El MAS aceptará un acuerdo con el objetivo de lograr un cauce electoral?

Se espera que las movilizaciones aumenten en los próximos días con la llegada de quienes vienen de diferentes departamentos del país y la presencia masiva de El Alto, donde esta noche de jueves se velan los muertos. Ya se habla de más de diez en el país, y más de doscientos detenidos, una cifra provisoria y aproximativa en un marco de ruptura del Estado de derecho y persecución a los periodistas que no cumplen con la orden golpista.

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Israel mata a al menos 24 palestinos en su última ofensiva contra la Franja de Gaza

Los mayores enfrentamientos registrados en los últimos meses comenzaron este martes. Entre la cifra de muertos se encuentran tres niños y hay 70 heridos. 

Israel mata a al menos 24 palestinos, entre los que se encuentran tres niños, en la última ofensiva contra la Franja de Gaza. Hay cerca de 70 heridos, según han confirmado las autoridades palestinas.

Varios médicos y testigos de los hechos han asegurado en declaraciones a la agencia de noticias Reuters que entre los fallecidos hay civiles que residían en barrios densamente poblados, incluidos un padre y su hijo. "Ellos comenzaron esto. Nosotros no queríamos guerra", ha dicho un familiar de una de las víctimas palestinas.

Los mayores enfrentamientos registrados en los últimos meses comenzaron el martes después de que las Fuerzas de Defensa israelíes mataran en un ataque selectivo a Abú al Atta, un alto comandante Yihad Islámica al que las autoridades israelíes acusan de impulsar y planificar ataques contra objetivos israelíes.

En respuesta a la operación que mató a Al Atta y a su mujer, Yihad Islámica lanzó el martes cerca de 200 cohetes contra territorio israelí y este miércoles ha reanudado los ataques.

"Los intentos por recuperar la paz no han prosperado. Yihad Islámica considera que es el momento de responder a la política de asesinatos que ha sido reactivada por enemigo sionista", ha dicho el responsable del grupo terrorista. "El enemigo pagará el precio por su estupidez y estamos decididos a responder a esta agresión con todo nuestro poder", ha señalado.

Palestina pide una "intervención inmediata"

Por su parte, el portavoz de la Presidencia palestina, Nabil Abú Rudeina, ha subrayado la importancia de una "intervención inmediata" para detener los bombardeos contra en enclave palestino, según ha informado la agencia palestina de noticias WAFA.

Así, ha destacado que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, está llevando a cabo "esfuerzos intensivos" para "detener la espantosa escalada israelí y evitar cualquier repercusión".

Abú Rudeina ha reclamado a la comunidad internacional, y particularmente a Naciones Unidas, que "intervenga inmediatamente para presionar a Israel para que ponga fin a la actual agresión contra el pueblo palestino y respetar la legalidad y el Derecho Internacional".

Por último, ha advertido de las consecuencias de este recrudecimiento del conflicto y ha recalcado que "la región está atravesando un estado de tensión e inestabilidad" y que "la agresión israelí busca dañar los intereses del pueblo palestino".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que Israel, tras haber matado al dirigente de Yihad Islámica, no está interesado en desatar una escalada de violencia. "No queremos una escalada de violencia pero estamos respondiendo a cada ataque contra nosotros con un ataque muy intenso en respuesta. Es mejor que Yihad Islámica entienda ahora en lugar de cuando sea demasiado tarde", ha dicho el primer ministro israelí, en el inicio de una reunión gubernamental.

Israel se hizo con la Franja de Gaza en la guerra de 1967 y en 2005 retiró las tropas y los asentamientos. Desde 2007, el territorio ha estado controlado por el grupo islamista Hamás y ha estado sometido a un bloqueo impuesto por las autoridades de Israel y secundado por Egipto.

madrid

13/11/2019 21:31 Actualizado: 13/11/2019 21:40

público / agencias 

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Las razones de la rebelión de Octubre en Ecuador

En el alzamiento popular que conoció Ecuador a lo largo de la primera quincena de octubre, con la demanda de la derogación del Decreto 883 que liberó el precio de los combustibles y en rechazo al FMI, dos estrategias y comprensiones de la realidad se enfrentaron: la gubernamental, obnubilada por una supuesta conspiración internacional en contra de su estabilidad, y la social-popular encabezada por la organización indígena Conaie, que situó las coordenadas del conflicto dentro de la política, del modelo de acumulación y de los acuerdos con el FMI. La correcta lectura de la coyuntura por parte de la organización indígena explica su victoria y contextualiza la derrota del gobierno.

Cuando en el año 2017 Lenín Moreno fue electo presidente de Ecuador, con el sello político de Alianza País y en una campaña electoral que estuvo bajo la conducción directa de Rafael Correa, nadie habría de imaginar que apenas dos años después sería el responsable de un viraje hacia posiciones de derecha radical que llevarían al país a una de las crisis económicas, políticas, institucionales y sociales más importantes de la últimas décadas.


En ese viraje hacia la derecha, Moreno buscó la protección política de los grandes bancos, las cámaras empresariales y de los partidos políticos que le son funcionales, es decir, el movimiento Creo, del banquero Guillermo Lasso, el Partido Socialcristiano, y, además, la embajada americana.


Para garantizar y consolidar semejante viraje político y sin que medie ninguna justificación económica que avale tal decisión, el gobierno suscribió durante el mes de marzo de 2019 un Acuerdo de Facilidad Ampliada con el FMI por 4.200 millones de dólares, para un programa de ajuste fiscal de tres años.


Un Acuerdo innecesario, ya que hasta ese momento Ecuador no había sufrido un choque externo que desestabilizara su balanza de pagos, ni tampoco estaba afectada su capacidad productiva interna por ningún evento. El país tenía, de hecho, un crecimiento económico modesto y no estaba en una situación crítica que hiciera pensar en un default de sus créditos externos. Por ello, el acercamiento con el FMI debe leerse más como parte de la estrategia política del gobierno de Lenín Moreno y sus aliados para consolidar el viraje a la derecha, que como una necesidad nacida desde la economía.


Crisis inducida


Dentro de tal estrategia, la presencia del FMI posiciona en el debate el déficit fiscal y la necesidad absoluta de la austeridad para resolverlo. No obstante y para tener un mejor contexto, debe tenerse en cuenta que en el mes de agosto del año 2018 el gobierno de Moreno envío a la Asamblea Nacional una ley que permitía la condonación de intereses, multas y recargos de impuestos directos no pagados por las grandes empresas y bancos. Esta remisión tributaria, por más de cuatro mil millones de dólares, generó de forma inmediata un agujero fiscal en la economía que se expresó, efectivamente, en un importante déficit fiscal.


Esta ley, denominada de Fomento Productivo, alteró la estructura tributaria del país y debilitó la capacidad del gobierno para recaudar impuestos directos a los grandes grupos empresariales. En otros términos, fue el propio gobierno quien creó todas las condiciones y las circunstancias para la existencia del déficit fiscal.


No contento con ello, el Gobierno desprecia el impulso recibido por la geopolítica global y expresado en el incremento del precio del petróleo. En efecto, al preparar la proforma fiscal para el año 2019, calculó los ingresos petroleros a un precio de 50,05 USD por barril exportado y, sobre ese cálculo, definió un déficit fiscal de alrededor del 3 por ciento del PIB para el año en curso. Un porcentaje relativamente modesto, de fácil maniobra para la política económica y sin mayores consecuencias para el conjunto de la economía. Para la segunda mitad del 2019, el petróleo había rebasado el baremo calculado generando un excedente adicional de recursos para el gobierno ecuatoriano. Mas, esos recursos no podían ser utilizados para el nuevo cálculo del déficit fiscal, porque formaban parte de un Fondo de ahorro fiscal que, en virtud de la Ley de Fomento Productivo, no se contabiliza en el presupuesto. Asimismo, y a pesar de tener los recursos necesarios, el gobierno de Moreno en apenas un año realizó un intenso proceso de desinversión pública que se tradujo en el menor porcentaje de inversión pública sobre el PIB desde la crisis del año 2000.


En este juego de intereses, puede advertirse que fue el propio gobierno quien creó las condiciones para generar, mantener y expandir el déficit fiscal y esgrimirlo como argumento legitimante de su acercamiento con el FMI, al mismo tiempo que lo utilizó como discurso sobre el cual imponer las políticas de austeridad y avalar su viraje político hacia la derecha y culpar al anterior gobierno de sus propias decisiones.


Al mismo tiempo que hacía esto, el régimen empezó un intenso proceso de despidos en el sector público. Al suprimir la inversión pública y contraer la demanda agregada interna por la vía de recortes drásticos de personal, el régimen creó todas las condiciones económicas para la recesión y la crisis. En apenas dos años, el pleno empleo, es decir el porcentaje de la población económicamente activa con un contrato laboral estable y con seguridad social, descendió al 37 por ciento, un nivel jamás visto en la economía ecuatoriana, incluso en sus momentos de mayor crisis como fue el año 2000.


En esta misma senda, para asegurar la no utilización de los excedentes petroleros para la inversión pública, el Gobierno decidió cambiar el sentido de la planificación pública y redujo la Secretaría Nacional de Planificación a una dependencia adscrita a la Presidencia de la República, de tal forma que el Plan Anual de Inversiones pueda ser desconectado de la política fiscal, lo que explica el hecho de que los importantes excedentes petroleros generados en este periodo nunca fueran destinados a la inversión pública, y que los recursos del sobreendeudamiento (más de 12 mil millones de USD en apenas dos años), jamás se tradujeran en inversión.


Al final y como resultado lógico, la sumatoria de estos procesos condujo a la exacerbación de la crisis, el desempleo y la recesión. Es por todo ello que el concepto que mejor define la estrategia del Gobierno y de sus aliados sea aquel de Crisis inducida. En efecto, el régimen necesitaba de la crisis para crear el espacio social y político sobre el cual situar la flexibilización laboral, la eliminación de subsidios, la privatización de la infraestructura pública, la reducción de la inversión pública, la condonación de impuestos a los grandes conglomerados empresariales y, al mismo tiempo, cumplir los acuerdos con el FMI.


Por otra parte, el gobierno también necesitaba crear un espacio político sobre el cual puedan posicionarse de mejor manera sus aliados políticos para las elecciones generales del año 2021, en la ocurrencia los partidos políticos Creo y socialcristiano. El razonamiento de estos partidos políticos aliados al régimen, es que alguien tiene que hacer el trabajo sucio y que el sujeto más indicado para hacerlo es, precisamente Lenín Moreno, habida cuenta que no tiene ninguna ambición política a futuro y que su gobierno es de transición, de ahí su apoyo irrestricto al actual programa económico.
Para consolidar más aún esta estrategia, Moreno se acerca y converge de forma total a la agenda norteamericana diseñada para la región y, al mismo tiempo, goza del apoyo de los grandes medios de comunicación que magnifican la crisis y la necesidad absoluta de la austeridad, y protegen al gobierno de toda crítica.


La agenda fondomonetarista


Los acuerdos con el FMI se escalan en el tiempo y comprenden una serie de medidas que, en lo fundamental imponen: (i) una reforma fiscal que vaya de los impuestos directos hacia los impuestos indirectos y que le permita incrementar la recaudación en al menos 1.500 millones de dólares por la vía del incremento impositivo a los consumos especiales y al valor agregado; (ii) eliminación progresiva del impuesto a la salida de divisas (ISD); (iii) disminución de la nómina pública en volumen y en monto salarial; (iv) eliminación de subsidios a los combustibles; (v) independencia del Banco Central; (vi) reducción del gasto en inversión pública; (vii) liberación del sistema financiero y flotación de tasas de interés; (viii) flexibilización laboral; (ix) un agresivo programa de privatizaciones; entre otras condicionalidades.


Ahora bien, cuando el gobierno de Moreno pretende enviar las reformas legales a la Asamblea Nacional para incrementar el IVA, se encuentra con un ambiente complejo y contradictorio porque sus aliados políticos, habida cuenta del próximo escenario electoral, no quieren asumir el costo social y político de las reformas económicas y, en consecuencia, no piensan aprobarlas.


Es en esa coyuntura cuando el régimen opta por la solución, aparentemente más fácil y decide, vía decreto ejecutivo, liberar los precios de la gasolina extra y del diésel, con lo cual podía obtener alrededor de 1.000 millones de USD, y cumplir con una de las metas previstas en los acuerdos suscritos con el FMI. Lo que nunca previeron en Carondelet es que esa salida fácil se iba a convertir en un acontecimiento político que cambiaría de manera radical toda la construcción política e institucional construida hasta ese momento desde el poder.


La lectura oficial era que el movimiento social estaba fracturado desde hace varios años y que los golpes recibidos, sobre todo por parte del gobierno de la Revolución Ciudadana, prácticamente lo habían aniquilado. Si bien el régimen esperaba algún tipo de reclamo, sobre todo de sectores corporativos, como los transportistas, y afectados directamente por la medida, el régimen sabía que con negociación y con presión sobre los dirigentes podría controlar cualquier tipo de protesta social.


Un cálculo errado al no considerar que el reclamo social rebasara los límites previstos por ellos mismos, hasta convertirse en una marea popular que, finalmente, habría de ponerlo de rodillas. El régimen subestimó la capacidad de resiliencia del movimiento indígena, al considerar que el proceso de diálogo abierto con el mismo desde el inicio de su gestión le había permitido comprender a la nueva dirigencia y a las nuevas estructuras organizativas, considerándolo por ello como un actor social controlable, habida cuenta, más aún, de su desgaste en su resistencia al gobierno de Rafael Correa.


El levantamiento social


Empero, la nueva dirigencia del movimiento indígena comprendió rápidamente la coyuntura y la situó en sus coordenadas precisas: aquello que estaba en juego no era solamente un subsidio a los combustibles, sino la implantación del modelo neoliberal cuyas consecuencias serían nefastas no solo para ellos sino para toda la sociedad.


Es esa lectura y esa capacidad de comprensión del tiempo histórico la que proyecta al movimiento indígena al liderazgo de las jornadas de movilización y resistencia. Gracias a esa correcta interpretación pudo convocar al conjunto de la población al tiempo que explicar a la sociedad que lo que está en juego va más allá de estas medidas económicas.


En efecto, a las 24 horas de anunciada la medida de eliminación de subsidios a los combustibles, el paro era nacional y las organizaciones indígenas de base procedieron a levantarse contra el gobierno y a marchar sobre la ciudad de Quito. A las 48 horas de adoptada la medida por parte del Gobierno, los primeros comuneros ya estaban en la capital del país y empezaron el cerco al Palacio de Gobierno, conjuntamente con el apoyo de la ciudadanía quiteña. A los tres días de la medida, se habían ya sumado organizaciones sociales de todo tipo y el cerco popular al gobierno era literal. La demanda de todos los sectores sociales convergía en la exigencia de la derogatoria del Decreto 883 que eliminaba los subsidios a los combustibles y las pancartas y consignas de las organizaciones sociales denunciaban al FMI y al neoliberalismo.


Ante tal explosión de rebeldía popular el Gobierno optó por declarar el Estado de Excepción, dejar la gestión de la crisis en manos del Ministro de Defensa, un tenebroso personaje vinculado a los servicios de inteligencia americanos, y trasladar la sede de gobierno a la ciudad de Guayaquil, y guarescerse bajo el amparo de sus aliados del partido socialcristiano y de Creo. Los comuneros, ante esa decisión, decidieron también bajar a la ciudad de Guayaquil en busca del presidente Lenín Moreno y exigirle la derogatoria del Decreto 883.


El solo anuncio de esta decisión de los comuneros indígenas creó pánico en las filas del partido socialcristiano que decidió armar a toda prisa una contramarcha en la ciudad de Guayaquil en contra de la Conaie, y de todas las organizaciones sociales. Para hacerlo, acudió al discurso del racismo: “Que se queden en el páramo”, fue la expresión que utilizó en esa coyuntura Jaime Nebot, líder socialcristiano y su candidato a la presidencia en las elecciones del 2021. En este momento pudo comprenderse que la derecha política no tenía ningún discurso de país y que no había entendido nunca la complejidad de la sociedad ecuatoriana atravesada por diversidades de todo tipo. Quizá sin proponérselo y por falta absoluta para comprender la coyuntura, el partido socialcristiano fue a contracorriente y se desgastó de una forma tan profunda que comprometió radicalmente toda posibilidad electoral futura.


En estas condiciones, y a medida que pasaban los días, con un gobierno sin atinar con un libreto para asumir la rebelión popular, la gestión de la crisis queda por entero a cargo del Ministerio de Defensa que, acorde con un accionar digno de la Doctrina de la Seguridad Nacional articuló una estrategia bélica con una violencia inusitada que trasgredió las líneas rojas de los derechos humanos básicos. En menos de una semana el panorama se había complicado de tal manera que el Gobierno no atinó a desplegar ninguna estrategia política que no fuera aquella de la violencia y el terrorismo de Estado, acercándose de forma peligrosa a crear un vacío político en el sistema de representación política.


Ver enemigos donde no los hay. Lo que entrampó al régimen en sus propios errores y que extendió de forma innecesaria el conflicto por tantos días fue la creencia en la teoría de la conspiración como fuente y alimento de la rebelión popular. En efecto, el Gobierno asumió e inscribió a la resistencia social dentro de las coordenadas de la teoría de la conspiración. Se inventó el expediente que todo estaba armado desde los oscuros designios de sus acérrimos enemigos y que era víctima de un complot internacional; un discurso que políticamente le restó toda posibilidad de maniobra y le cerró todo espacio de negociación posible.


Por su parte la sociedad toda, aunque con protagonismo muy especial de los indígenas, levantaban banderas de dignidad y paz. Ya eran más de diez días de movilización social donde mujeres y hombres de todas las edades, profesiones y oficios ocupaban las calles de sus ciudades. Cuando el levantamiento social entraba en su duodécimo día, y el movimiento popular estaba cada vez más fuerte y más decidido a ir hasta las últimas consecuencias, y los minutos de la permanencia del presidente Lenín Moreno en el poder prácticamente estaban contados, este tuvo que ceder y, finalmente, derogar el Decreto 883. Al hacerlo, asumía que ninguno de sus discursos le sirvió para frenar la rebelión popular y, de esta forma, pudo salvar in extremis su permanencia en el gobierno.


Gobierno indigno


Fue una derrota sin concesiones, transmitida a nivel nacional y mundial, y que presentó al movimiento indígena como el referente más importante en la resistencia en contra del neoliberalismo. Pero fue una derrota sin capacidad de heurística para el Gobierno, que considera que el cumplimiento con el FMI es más importante que sus propias condiciones de gobernabilidad. En efecto, a pocos días de su derrota y ante el acontecimiento más importante generado por la sociedad ecuatoriana en sus últimas décadas, el Gobierno cumple de forma puntillosa con el FMI y envía varias reformas a la Asamblea Nacional que implican el estrangulamiento del presupuesto público para los sectores de salud, educación y bienestar social, a la vez que obedecen la condicionalidad del FMI de la independencia del Banco Central e incrementa e impone nuevos impuestos a la sociedad. No solo ello, sino que también reitera su voluntad de volver a emitir un nuevo Decreto muy parecido al 883 pero esta vez con estrategias de compensación para los más pobres.


A estas decisiones se suma una cacería de brujas en contra de todas las organizaciones sociales que acompañaron al movimiento indígena, en una represión sin antecedentes en la historia reciente del país, represión complementada con una intensa campaña de desprestigio de los líderes de la rebelión de octubre, orquestada por los grandes medios de comunicación y por los think tanks neoliberales.


Con persistencia en su diseño original, el régimen pretende recuperar la hegemonía perdida por la vía de la violencia, la criminalización, la impunidad, la instauración de un régimen en el cual cualquier opinión ciudadana puede ser fácilmente judicializada, y el acoso mediático de los grandes medios de comunicación sobre los líderes sociales.


Parlamento de los Pueblos


Es en este contexto que el movimiento indígena ha convocado a la conformación del Parlamento de los Pueblos, como una expresión que nace y que, al mismo tiempo, da continuidad política a la rebelión de octubre, para diseñar un nuevo modelo económico y social, cuyas coordenadas sean la democracia, la paz social, la estabilidad, la justicia, la equidad, y una forma de vida armónica con la naturaleza y con la sociedad, la misma que los indígenas denominan Sumak Kawsay, la vida en plenitud. De esta forma, se convierten en el polo contrahegemónico más importante del país, y están absolutamente convencidos que, a pesar de la difícil coyuntura, el futuro les pertenece por entero.

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