Los estudiantes salen a defender la universidad

Cientos de miles de docentes y estudiantes se manifestaron en todo el país, manteniendo la vitalidad mostrada el 15 de mayo o “15M”.

Por segunda vez en quince días los estudiantes se movilizaron en una centena de ciudades para defender la educación pública y contra el recorte presupuestario ordenado por Jair Bolsonaro y su ministro de Educación, el circense Abraham Weintraub. La primer concentración comenzó a las 10 de la mañana en Brasilia donde miles de jóvenes marcharon hacia el Congreso. Fueron movilizadas tropas federales, como si el acto amenazara la seguridad nacional, y hubo represión.

La marcha más esperada ocurrió a la tarde en San Pablo, coincidiendo con la visita del ex presidente Barack Obama, al convite de un grupo de empresas multinacionales. Obama hizo un discurso que tal vez haya sido bien recibido por la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) brasileña y seguro resultó indigesto para Bolsonaro. Recomendó que los profesores sean “debidamente valorados” con salarios a la altura de su papel en la sociedad porque “dar una buena educación no es caridad, es algo necesario para el desarrollo económico de un país”.
El panorama observado al cierre de esta crónica, cuando aún no habían concluido las marchas en San Pablo y Río de Janeiro, mostraba que la capacidad de convocatoria de la UNE, la UBES (Unión Brasileña de Estudiantes Secundarios), y de los profesores mantiene la vitalidad mostrada el 15 de mayo o el “15M”, una fecha bisagra en el enfrentamiento al gobierno que mañana cumplirá cinco meses de gestión, en los que perdió alrededor de veinte puntos de aprobación. Es casi seguro que ayer no se movilizaron 1,5 o 2 millones de personas como ocurrió el 15M, pero sí cientos de miles, y esto es un aliciente de cara a la huelga general convocada para el próximo 14 de junio por todas las organizaciones sindicales.


Las protestas de este jueves y la huelga del mes que viene, que tendrá como principal bandera el rechazo a la reforma previsional, están “totalmente ligadas”, aseguró Mayara Souza, presidenta de la Unión Estadual de los Estudiantes de San Pablo. “Este gobierno chantajista y autoritario” quiere condicionar la revisión del recorte del 30 por ciento de gastos de la educación a la aprobación de la reforma jubilatoria, sostuvo. “Los banqueros no pagan impuestos y quieren que la educación y los más pobres paguen el pato de la crisis económica”, arengó la joven a las cuatro y media de la tarde en el Largo da Batata, oeste de la ciudad, cuando las batucadas marcaban el ritmo. De allí iban a partir las columnas hacia la Avenida Paulista. Los organizadores dijeron que a esa hora ya había 50 mil personas. Las imágenes en las redes sociales indicaban que había un considerable número de personas que iba al acto principal previsto para las 20 horas en el Museo de Arte de San Pablo. A las 18 horas la cadena Globo, a la que no se le puede reprochar favoritismo por los estudiantes, informó que había actos en 92 ciudades de 23 de los 27 estados de la Unión. En ese momento miles de personas se encontraban frente a la iglesia de la Candelaria en el centro de Río de Janeiro, aguardando para comenzar la movilización.


En Salvador de Bahía, nordeste del país, la capital con más proporción de habitantes afrodescendientes, la movida arrancó poco antes del mediodía en el Largo de Campo Grande, zona céntrica, donde fue desplegado un pasa calles blanco con letras rojas: “Bolsonaro sacá las manos de la educación pública, porque ella es nuestra”.


Los estudiantes de San Pablo, Río, Brasilia y Salvador de Bahía, en general recibieron el saludo y hasta el aplauso del público. La pelea por la educación ganó contornos de demanda compartida por amplios sectores populares y de las clases medias, incluso con la simpatía de estudiantes de escuelas privadas. De ese sector proviene el público que ayer fue a escuchar a Obama, y lo aplaudió cuando aconsejó más fondos para escuelas y universidades.


El capitán retirado del Ejército Bolsonaro concibió el enfrentamiento como una forma de guerra propia contra los estudiantes, y está descubriendo que su táctica puede haber sido ser un boomerang. El domingo pasado decenas de miles de bolsonaristas salieron en su defensa con consignas apologéticas de la dictadura y en favor del autogolpe a través del cierre del Congreso. Globo y la mayoría de los medios poderosos intentaron disimular a los extremistas. Una faena difícil, dado que las tesis radicales son expresadas por el mandatario y su ministro de Educación Abraham Weintraub, que esta semana volvió a defender el ingreso de la policía en los campus, lo que está prohibido por la Autonomía universitaria. Ayer pidió a los padres de estudiantes secundarios que delaten a los profesores sospechados de izquierdistas.


Weintraub sorprende por vía doble: presenta argumentos del gurú de la extrema derecha Olavo de Carvalho en perfomances que lindan con lo ridículo. Así sucedió ayer cuando grabó un video para denostar lo que él llamó “lluvia de fake news” contra el gobierno, munido de un paraguas y meneándose al ritmo de la canción Danzando bajo la Lluvia.


Mucho más que un recorte


Por Andrés Ferrari Haines

Desde Porto Alegre*


En Brasil, los estudiantes marcharon de nuevo, continuando la gran marcha del 15 de mayo, cuando dos millones se movilizaron en todos los estados del país. En Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, San Pablo y Río de Janeiro, las imágenes fueron impactantes. Escenas pocas veces vistas en Brasil.


El domingo los bolsonaristas marcharon en respuesta. Y la concurrencia resultó bastante pobre. Sólo en San Pablo y Rio de Janeiro fueron de consideración, pero bastante inferiores a la de los estudiantes. En el resto, sólo puñado de personas. Grabaciones difundidas por las redes muestran algunas hasta cómicas, con mucho ruido de altavoces y pocas nueces... Había expectativa porque, aunque el presidente viene perdiendo credibilidad y apoyo a alta velocidad, en octubre obtuvo casi 58 millones de votos y porque se comunica a través de las tinieblas de las redes. Hashtags en su favor fueron líderes; algunos, a nivel mundial, difundidos con beneplácito por bolsonaristas. Sólo que aparecían con banderas de Brasil y EE.UU., indicando el origen doble de sus seguidores. En efecto, en el apuro, un hashtag apoyaba a “Boldonaro”... Por eso, los estudiantes se convocaron confiados: los robots no marchan.

La gran movilización de los estudiantes se gestó contra el fuerte recorte educativo del gobierno que deja a las universidades sin recursos para funcionar en septiembre. El rechazo se hizo social, distintos sectores afirmando que la educación es esencial para el país. Incluso estudiantes secundarios participaron entendiendo que se busca desmantelar la educación pública: es decir, cuando tengan edad, no tendrán universidades. No se equivocan. El ministro de Educación Weintraub dejó claro su desinterés en la educación pública. Sin presentar datos, pero en contradicción con ellos, afirmó que las universidades públicas son de bajo nivel y de peor calidad que las privadas. En las listas de mejores universidades elaboradas en Brasil y en otros países, no sólo las públicas dominan los rankings nacionales sino, también, algunas se destacan en los internacionales. Esa actitud del ministro, además, es congruente con otros proyectos de arancelar o desfinanciar las áreas sociales y humanas. Bolsonaro directamente llamó imbéciles e idiotas útiles a los estudiantes que, azuzados, dicen que le respondieron con esta segunda marcha porque “sin educación, alcanza con Bolsonaro”.


Las reacciones bolsonaristas también revelaron, ya sin ningún maquillaje, su lado autoritario. Convocaron su marcha del domingo con agresiones al Congreso y a la Corte, generando un clima de posible autogolpe. Varios sectores se pronunciaron en contra de este tono antidemocrático: el ejército, partidos aliados y miembros de su propio partido, hasta grandes medios de comunicación. La alianza de Bolsonaro se quebró. Bolsonaro, que había avalado el embate a los otros dos poderes, intentó despegarse. Pero hubo el domingo demandas en favor del cierre del Parlamento y de la Corte.


El apoyo inicial del presidente había tenido un fuerte fundamento personal. En el Congreso no avanzan las propuestas neoliberales de su “superministro” Guedes –en particular, la reforma previsional–, mientras muchos parlamentarios coinciden, con parte de la sociedad, en que Bolsonaro no tiene capacidad para gobernar. Impeachment se escucha fuerte –sobre todo en la derecha, que considera que las medidas sólo avanzarán si asume su vice, el General Mourão–. En la justicia, su hijo Flavio está siendo investigando por lavado de dinero y asociación ilícita junto a casi cien personas, incluyendo la esposa del presidente. Sus socios serían los para-policías cariocas vinculados con el asesinato de Marielle Franco. Según el conocido periodista Luis Nassif, de las tres hipótesis sobre el crimen, una está relacionada con el presidente.


La segunda marcha por la educación es parte de la batalla por las calles que se instaló en Brasil. Hecho novedoso en una sociedad, hasta ahora, poca politizada. Curiosamente, fue la autodenominada “nueva derecha” la que inició esta forma de disputa política cuando se movilizó en contra Dilma Rousseff, primero en 2013 y, después, en 2015. Grupos como “Vení a la calle” y “Movimiento Brasil Libre” que estuvieron detrás de ellas y de las del triunfo de Bolsonaro, hoy se alejan del gobierno. Pero la disputa se mantiene. Y la marcha por la educación dejó de ser vista por los estudiantes como meramente contra un recorte para entenderse como una crítica al proyecto de país del actual gobierno. Y la educación pública expresa la diferencia entre ellos: el domingo bolsonaristas arrancaron vivando un cartel en defensa de la educación en la Universidad de Paraná. Conscientes de esto, los estudiantes dicen que ayer las clases fueron en las calles -y que las próximas clases callejeras se dictarán en la huelga general del 14 de junio.


* Profesor UFRGS (Brasil) @Argentreotros.

 

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La mayor huelga general contra Mauricio Macri paraliza Argentina

El quinto paro desde 2015 fortalece el cerco opositor contra el presidente en el inicio de la campaña electoral

Argentina estuvo hoy paralizada. No circularon buses, trenes, aviones ni barcos. En Buenos Aires, donde viven 15 millones de personas, tampoco funcionó el metro. Las escuelas, comercios y bancos no abrieron y los hospitales atendieron sólo las urgencias. La quinta huelga general contra Mauricio Macri encontró a todo el sindicalismo y los movimientos sociales unidos contra la política económica oficial. El presidente no sólo padece la presión de la calle. La caída de su popularidad activó reclamos intestinos en Cambiemos, la alianza de Gobierno, de grupos que no creen que Macri sea la mejor opción para disputar las elecciones generales de octubre.


"Estamos hartos de los paros", dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ocupada en que los grupos de izquierda que se sumaron a la convocatoria sindical no cortasen los accesos a la capital. "Esto ya es como una especie de rutina. Le impiden a la gente que viaje. Es una situación en contra de la libertad y el trabajo", agregó. Bullrich fue la única voz oficial contra la protesta. Macri participó en un acto por el día el Ejército sin siquiera mencionarla. Y desde el ministerio de Hacienda sólo dijeron que la huelga costó a Argentina unos 900 millones de dólares. Las grandes ciudades, mientras tanto, estuvieron desiertas.


La singularidad de la huelga fue la unidad sindical, algo poco común en Argentina. "Es el paro más fuerte y de mayor contundencia en la era de Macri, gracias a que lo convocamos todas las centrales de trabajadores y lo apoyaron todas las organizaciones empresariales, pymes, más todos los movimientos sociales del país", dijo Hugo Yaski, secretario general de la CTA, una central de perfil combativo que no pertenece a la CGT, la gran confederación de gremios peronistas.


El regreso de Hugo Moyano, líder del poderoso sindicato de los camioneros, fortaleció aún más el golpe. Moyano es un dirigente a tener en cuenta. Apoyó al kirchnerismo, luego hizo campaña por Macri y ahora volvió al kirchnerismo. Su poder de movilización es enorme: no hubo reparto de alimentos, faltó combustible y dinero en los cajeros automáticos y no hubo recolección de basura.


Con la huelga, el sindicalismo argentino ingresó por la puerta grande en la campaña electoral. Macri había logrado mantener a raya a la CGT con acuerdos salariales acordes con la inflación, pero el deterioro de la situación económica en 2018 le quitó poder en las negociaciones. La presión de los gremios más duros, sobre todo los alineados con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, terminó por inclinar la balanza a favor de la protesta. El sindical no es, sin embargo, el único frente con que debe lidiar Macri.


Cambiemos, la alianza oficialista, cruje. La Unión Cívica Radical (UCR), el partido de los expresidentes Raúl Alfonsín (1983-1989) y Fernando de la Rúa (1999-2001), exigió a Macri que someta su candidatura a las elecciones primarias que se celebrarán en agosto. Sus líderes consideraron que la caída de popularidad del presidente es un lastre que pone en riesgo su reelección. En un documento firmado durante una convención del partido, celebrada el lunes, advirtieron también que intentarán abrir Cambiemos a otras fuerzas políticas. La presa a capturar es el peronismo federal, "no kirchnerista". Sus líderes, entre los que se cuentan gobernadores con peso en el interior del país, están hoy enfrascados en una discusión sobre el mejor nombre para enfrentar a Alberto Fernández, el hombre al que Cristina Fernández Kirchner acompañará como candidata a vicepresidenta.


Los sondeos dan a la fórmula Fernández -Fernández un cómodo triunfo en la primera vuelta, prevista para el 27 de octubre, pero insuficiente para ganar sin necesidad de un balotaje en noviembre. En la segunda vuelta, las cuentas son más ajustadas, con una leve ventaja para Macri. El apoyo del peronismo no kirchnerista será la clave de un triunfo oficialista en segunda vuelta. No es descabellado pensar que Macri logre ese apoyo. El líder del peronismo federal, el recién reelecto gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, se considera amigo personal del presidente, mientras que su par salteño Juan Urtubey mantuvo inmejorables relaciones con la Casa Rosada. La pieza suelta se llama Sergio Massa, un exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner que no decidió aún si juega a la interna del peronismo federal o negocia algún tipo de alianza con su exjefa política.
A la expectativa


Mauricio Macri, entre tanto, espera. Mientras sus portavoces advierten que la candidatura a la reelección no está en discusión, el presidente confía en un repunte económico que le regale un poco de oxígeno. Las cifras le han dado, al menos, un respiro. El peso lleva un mes estable en su relación con el dólar, después de perder casi la mitad de su valor durante 2018.


Cuando el peso no se derrumba, la inflación, el gran mal de los argentinos, al menos se ralentiza. El IPC subió un 4,7% en marzo y un 3,4% en abril, una curva descendente que, de persistir, permitirá a Argentina cerrar 2019 con una inflación que rondará el 40%. Será clave que los números acompañen a Macri: la popularidad del presidente cae cuando sube la inflación, y viceversa. Con poco que ofrecer en materia económica, la otra pata de la campaña oficialista ha sido hasta ahora más tradicional, con cortes de cinta en grandes obras de infraestructura y ataques directos al kirchnerismo, el gran enemigo a vencer en octubre.

Buenos Aires 30 MAY 2019 - 04:18 COT

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Condenado por misógino, Bolsonaro deberá pagar

En 2003 el mandatario le gritó ante las cámaras a una diputada “no la violaría porque no lo merece.” Ahora deberá pagarle una indemnización.

El presidente Jair Bolsonaro había perdido uno de los dos juicios que le inició la diputada del PT y ex ministra de Derechos Humanos, María do Rosario Nunes. Ahora ese fallo deberá cumplirse. En los próximos quince días tendrá que indemnizarla por la suma de diez mil reales y retractarse en los medios y redes sociales por sus expresiones misóginas y sexistas contra ella. La sentencia se acaba de conocer y fue firmada por la Justicia Civil de Brasilia donde la legisladora lo había denunciado. “Celebro esta victoria que es la del respeto y la dignidad, con todas las mujeres de Brasil” declaró la afectada. En 2003 el mandatario y militar ultraderechista le gritó ante las cámaras de televisión que “no la violaría porque no lo merece” y el 9 de diciembre de 2014 repitió palabras parecidas en una sesión del Congreso.

En un video que posteó en su Facebook, la actual diputada federal comentó: “Quiero compartir con ustedes y celebrar juntos la noticia de que finalmente la sentencia del juicio a Jair Bolsonaro será cumplida. Fue condenado por daños morales. El fallo hasta hoy no había sido debidamente ejecutado y ahora deberá pagar la indemnización y retractarse en las redes sociales y en todos los espacios que usó para la difamación. Es una victoria importante para nosotras”. María do Rosario –como se la conoce en Brasil– le ganó al presidente el juicio civil y prosigue una demanda penal que todavía está tramitándose ante el Supremo Tribunal Federal (STF). Además existe otro proceso judicial del Ministerio Público contra el militar por los mismos dichos.
La legisladora adelantó que el dinero fijado en la sentencia como indemnización se lo donará a instituciones que actúan en defensa de la dignidad de las mujeres. En una entrevista de noviembre del 2018 con PáginaI12 había definido al monto que deberá pagarle Bolsonaro como “irrisorio”. Al cambio, la suma que fijó el tribunal civil Nº 18 de Brasilia representa unos 115.000 pesos argentinos.


Pese a ello, el fallo tiene un peso simbólico muy fuerte en la larga lucha de las mujeres brasileñas y que, como en todo el mundo, se ha transformado en una ola indetenible de sus reivindicaciones postergadas por la igualdad de género y el desmantelamiento de la sociedad patriarcal. La diputada federal por Río Grande do Sul lo celebró como una victoria importantísima en el video que compartió especialmente con las mujeres de su país. Bolsonaro y sus abogados no habían dicho hasta ayer una sola palabra sobre el fallo.

María do Rosario no era muy optimista sobre el desenlace de los juicios contra el militar. El capitán del ejército asumió la presidencia el 1º de enero de este año y ella consideraba que el tema recién podría resolverse después de que finalizara su mandato. En aquella entrevista con este cronista había explicado: “El pretendía que el caso fuera cerrado pero no lo consiguió y entonces fue suspendido el juicio solo durante el período en que dure su presidencia. Después será retomado el proceso sin que prescriba y tendrá que responder. Fue una victoria de nuestros abogados y al mismo tiempo, yo creo que él volverá a tener que declarar más temprano de lo que piensa”. Esta última línea fue premonitoria. La retractación presidencial tiene 15 días hábiles de plazo para ser cumplida desde el miércoles último.


“Esta lucha no me pertenece, es compartida por todas nosotras y por la dignidad de las mujeres brasileñas”, celebró la diputada del PT. Cuando este diario la consultó sobre el momento que están pasando las mujeres en Brasil, agregó: “¿En qué país estamos viviendo? En uno donde las consultoras concluyeron que no hay espacio seguro para las mujeres. Donde un millón y medio de ellas fueron golpeadas o sufrieron tentativas de estrangulamiento, y 22 millones pasaron por algún tipo de acoso y el 80 por ciento de esas violencias fueron dentro de sus casas o por un conocido”. En su caso se trató de un diputado federal que hoy preside el país. El episodio tiene gravedad institucional.


María do Rosario empezó su carrera política en el Partido Comunista de Brasil (PCdoB) y en el movimiento sindical y estudiantil. Hace veintiséis años que está en la política. En 1993 accedió a su primer cargo como concejala en Porto Alegre, la ciudad donde vive. El Tribunal que acaba de pronunciarse a su favor, cerró un proceso de cuatro años donde Bolsonaro ya había sido condenado en 2015 por sus frases agraviantes.


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“Los derechos campesinos, para ser efectivos, requieren Reformas Agrarias en todo el mundo”

En plena ofensiva neoliberal, a fines de la década de los 90, el capital financiero profundizó sus tentáculos en el campo, la mercantilización y financiarización de la agricultura provocaron despojos y desalojos, aumento de la violencia y persecución contra las comunidades campesinas, privatización de las semillas, trabajo esclavo, destrucción de mercados locales y aumento del hambre y la migración, destrucción de la naturaleza y contaminación, entre otros flagelos.


Esta arremetida neoliberal profundizó los mecanismos de la Revolución Verde, potenciando su capacidad de acaparamiento y destrucción, de la mano de la tecnología transgénica asociada al uso masivo de agrotóxicos. El único objetivo: grandes lucros para las corporaciones transnacionales, pero a costa de graves consecuencias para la humanidad.


En el campo, aumentó la concentración y privatización de la tierra, el trabajo esclavo o precarizado, la contaminación con agrotóxicos, la destrucción de millones de hectáreas de selvas y bosques nativos. A medida que el proceso avanzó, fue creciendo la resistencia en el campo, lo que trajo aparejado la persecución y criminalización de campesinas y campesinos. La violencia en el campo es un elemento sobre el que se sostiene el agronegocio: asesinatos y encarcelamiento de campesinas y campesinos, y el redireccionamiento de los recursos públicos hacia el agronegocio, dejando a los campesinos sin posibilidad de acceso a créditos y mercados.


La propaganda neoliberal incluía la idea del fin de la historia, como parte del intento de despolitización de la sociedad. En el plano agrario, se lanzó la teoría del “Fin del Campesinado”, sugiriendo que las familias campesinas iban a desaparecer y que solo el agronegocio era capaz de alimentar a la humanidad.


En el plano de la gobernanza internacional el lobby neoliberal impulsó nuevas instituciones, tratados y acuerdos que fueron construyendo un andamio de jurisprudencia que en lugar de estar anclada en los Derechos humanos y la democracia, está basada en la Libertad del capital financiero y mecanismos de blindar a las empresas frente a la resistencia y lucha de los pueblos. Un claro ejemplo es la UPOV (Unión de protección de obtentores vegetales) que se encarga de legitimar la apropiación de conocimiento genético.


Las organizaciones campesinas resistieron en todos los rincones del planeta. La conformación de La Vía Campesina se da en ese contexto, destacándose la lucha por la tierra y contra la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las políticas de libre mercado que abrían las puertas a las corporaciones en todos los continentes.


A medida que avanza la agricultura industrial se agudiza la crisis alimentaria global y también la crisis climática. Frente a esta situación, La Vía Campesina además de articular la resistencia sistematiza propuestas y horizontes con esperanza. No solo que no era el fin del campesinado, sino que el campesinado es parte de la solución posible a las crisis provocadas por la dinámica de acumulación del capital. Así se inicia el debate de la soberanía alimentaria, y se lanza la campaña Global por la Reforma Agraria. Esos debates irrumpen en 1996 en el Consejo de Seguridad Alimentaria de la ONU. Planteando que para lograr resolver la crisis alimentaria, es condición necesaria el desarrollo y fortalecimiento de la agricultura campesina, local, y para eso la democratización de la tierra.


Así, la discusión sobre los derechos de los campesinos siempre estuvo ligada a propuestas sobre las políticas agrarias necesarias para poder superar la crisis alimentaria.
En 2001 se realiza un congreso internacional sobre derechos campesinos en Indonesia, coordinado por la Unión Campesina de Indonesia (SPI), donde comienza a plantearse la necesidad de construir una declaración de derechos campesinos en la ONU.


En el año 2003, en la IV Conferencia Internacional de LVC realizada en Sao Paulo, Brasil, en su declaración final se establece: “Adquirimos el nuevo compromiso de impulsar la lucha por los Derechos Humanos y Campesinos. Desarrollaremos desde las organizaciones campesinas una Carta Internacional de los Derechos Campesinos”. Y entre los años 2004 a 2006 junto a CETIM y FIAN se verificaron y documentaron casos paradigmáticos de violaciones a los derechos campesinos en todos los continentes.
Un intenso trabajo en el Consejo de DDHH


En junio de 2008 en Yakarta, se realizó la Conferencia Internacional de Derechos Campesinos, con la participación de más de un centenar de representantes de las organizaciones que conforman La Vía Campesina de todo el mundo y de un millar de miembros de la SPI, y ese mismo año pero en octubre, la V Conferencia Internacional de Vía Campesina, realizada en Mozambique, aprobó la Carta de los derechos de las campesinas y campesinos. Con el sustento de miles de luchas locales, y cientos de informes que documentaron violaciones en las comunidades rurales, se inició el desafío en Naciones Unidas.


Esta carta, que luego será el puntapié inicial para la Declaración, nace directamente de las experiencias y luchas campesinas en todo el mundo. Por eso podemos afirmar que la Declaración es la traducción de esa realidad y su reconocimiento en Naciones Unidas.


En 2012, luego de un intenso trabajo, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas resuelve la creación de un grupo Intergubernamental de Trabajo que tiene la misión de proponer al mismo un texto sobre una declaración de derechos de los campesinos. Este grupo fue presidido por el Estado plurinacional de Bolivia acompañado en la coordinación por Sudáfrica y Filipinas. A partir de entonces un grupo de expertos realiza un estudio sobre la situación y propone un texto en base a la carta de Vía Campesina adaptando el lenguaje a los estándares de ONU.


Bolivia garantizó un proceso transparente y participativo en el Consejo. En 6 años, 5 borradores se fueron modificando luego de cada sesión, tomando los aportes de los Estados y de la sociedad civil que se sumó con fuerza al proceso representada por organizaciones de campesinos, pescadores artesanales, pastores, trabajadores agrícolas, pueblos indígenas y de derechos humanos (DDHH) que participaron activamente con propuestas.


Durante los años 2013 y 2014, se llevó el debate a la Comisión Interamericana de DDHH, donde la CLOC LVC, junto con FIAN y CELS presentaron informes sobre la relación entre la violación a los derechos campesinos en la región y las corporaciones transnacionales.


El 28 de setiembre de 2018, el Consejo de DDHH adoptó la Declaración con una holgada votación, y fue sin dudas un avance sustancial del sistema de DDHH con una perspectiva pluricultural y humanista. En el informe oficial de presentación del texto definitivo, se destacó el llamado urgente de la Alta Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kate Gilmore, a finalizar la labor sobre el proyecto de Declaración “a fin de responder a más de 1.000 millones de personas que viven en las zonas rurales, quienes suministran una elevada proporción de los alimentos”. El Informe también destacó el apoyo de la FAO a la Declaración, tomando en cuenta que la misma contribuirá en el objetivo de hambre cero y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, ayudando a alcanzar el potencial que tienen y a superar los desafíos que enfrentan en su vida cotidiana.


Este proceso colocó varios debates al seno de Naciones Unidas, en primer lugar el reconocimiento del campesinado como una clase mundial y significativa que sufre violaciones sistemáticas a sus derechos, en segundo lugar, si en las legislaciones deben primar los derechos humanos o los intereses corporativos de las transnacionales. En este sentido, el Consejo de DDHH fue contundente: deben primar los Derechos Humanos, y esta Declaración es un instrumento fundamental para poder establecer los estándares y las políticas en el campo de forma de garantizar los derechos de las campesinas y campesinos. También la perspectiva de los derechos colectivos como parte de la cosmovisión pluricultural del sistema.

El proceso desde un inicio contó con el apoyo del proceso de integración latinoamericana, la propia CELAC dio su respaldo así como el GRULAC (grupo de países latinoamericanos en la ONU) al que luego se sumaron el G77, abriendo camino en Asia y África donde también tuvo amplio respaldo. Como era de esperarse, los países más subordinados a los intereses de las transnacionales y de carácter imperialista y colonialista se opusieron desde el principio: así EEUU, Reino Unido, Israel, Japón y una buena parte de la Unión Europea fueron permanentes en su negativa.


Sin embargo, en diciembre de 2018, y por una amplia mayoría, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó y adoptó la Declaración de los derechos de campesinos y de otras personas que trabajan en áreas rurales.


Brasil y Argentina habían apoyado todo el proceso, pero con la llegada al poder de Macri y Bolsonaro terminaron en abstención; a la inversa, México, que había puesto reparos, ya con Andres Manel López Obrador electo presidente, votó afirmativamente.


La adopción de esta Declaración termina con la idea neoliberal del “fin del campesinado” y hace un fuerte llamado a los Estados, no solo a reconocer la identidad campesina, sino su rol, y a trabajar para terminar con las violaciones a sus derechos. Eso en un contexto de grave violencia rural global, con situaciones extremas como la colombiana, donde en 2018 fueron asesinados 105 líderes campesinos y 44 líderes indígenas, o como Brasil donde en 2017 asesinaron a 71 campesinos por conflictos de tierra o ambientales.


Según el Grupo ETC, la agricultura campesina cuenta tan solo con ¼ de las tierras agrícolas, pero alimenta a más del 75% de la población mundial, mientras que la agroindustria subordinada al capital financiero, con ¾ de las tierras agrícolas, sólo llega al 25% de la población.


Garantizar la vida y modo de producción campesina es estratégico para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, y el proceso coincide con el lanzamiento del Decenio de la Agricultura Familiar, ratificando la importancia del sujeto en ese contexto.


Derechos campesinos y obligaciones de los Estados


La Declaración, en su Preámbulo y sus 28 artículos, consigna los derechos de los campesinos y obligaciones de los Estados; el texto es un compendio fundamental para la planificación y renovación de la política agraria mundial en todos sus niveles.


Algunos elementos para destacar:


El Artículo 15 resalta: “Los campesinos tienen el derecho a definir sus propios sistemas agroalimentarios, reconocido por muchos Estados y regiones como el derecho a la soberanía alimentaria”. De esta manera, la ONU reconoce y reivindica la propuesta política que Vía Campesina introdujo en 1996 en los debates del Consejo de Seguridad Alimentaria de ONU respecto a cómo abordar la crisis alimentaria que afecta a más de 1000 millones de personas en todo el mundo.


El Artículo 16 establece: “Los Estados adoptarán medidas apropiadas para reforzar y apoyar los mercados locales, nacionales y regionales en formas que faciliten y garanticen que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales accedan a esos mercados y participen en ellos de manera plena y en igualdad de condiciones para vender sus productos a unos precios que les permitan, a ellos y a su familia, alcanzar un nivel de vida adecuado”. Se destaca la importancia de la intervención estatal para garantizar precios justos e ingresos adecuados. En la Argentina, la diferencia de precio entre lo que se paga al campesino y lo que paga el consumidor ronda entre el 500 y el 1600%, situación que sólo es posible resolver con una política pública que intervenga en defensa de quienes producen y del pueblo que consume.


El Artículo 17 señala: “Los campesinos y otras personas que viven en zonas rurales tienen derecho a la tierra, individual o colectivamente, (…) y en especial tienen derecho a acceder a la tierra, las masas de agua, y los bosques, así como a utilizarlos y gestionarlos de manera sostenible para alcanzar un nivel de vida adecuado, tener un lugar en el que vivir con seguridad, paz y dignidad y desarrollar su cultura” y recomienda a los Estados “la Reforma Agraria, para facilitar el acceso equitativo a la Tierra y su función social evitando la concentración”.


Este artículo es vital en el actual contexto de concentración y acaparamiento de la tierra. En América Latina, el 1% de los propietarios concentra más de la mitad de las tierras agrícolas, y tiene la distribución de tierras más desigual de todo el planeta: el coeficiente de Gini –que mide la desigualdad, 0 para la igualdad y 1 para la extrema desigualdad– aplicado a la distribución de la tierra en el continente alcanza al 0,79, muy por encima de Europa (0,57), África (0,56) y Asia (0,55).


En Argentina, según OXFAM, el 83% de las Unidades Productivas Agropecuarias detentan solo al 13,3% del total de tierras productivas. Según otro estudio, la Agricultura Familiar representa a ⅔ de los productores, pero sólo accede al 13,5% de la superficie de tierra agraria. En 2014, el gobierno argentino, realizó un muestreo de casos de conflicto por la tierra campesina: el resultado arrojó 852 casos abarcando más de 9 millones de hectáreas en conflicto.


La concentración de la tierra es una barrera estructural al desarrollo de una nación y al disfrute pleno de los derechos de las campesinas y campesinos.


En el Artículo 19 sostiene: “Los campesinos tienen derecho a las semillas (…) El derecho a proteger los conocimientos tradicionales relativos a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura;(…) El derecho a participar en la toma de decisiones sobre las cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de los recursos filogenéticos para la alimentación y la agricultura”. Frente al permanente avance de las transnacionales en la apropiación de material genético y de fuertes presiones por leyes de semillas que las avalen en el ultraje, este artículo toma especial relevancia.


Otro dato preocupante de la actualidad refiere a los agrotóxicos. La utilización masiva de agroquímicos provoca la muerte por intoxicación de unas 200.000 personas al año en todo el mundo, según un Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación. Para la Organización Panamericana de Salud, en 12 países de América Latina y del Caribe, el envenenamiento por productos agroquímicos causa el 15% de las enfermedades registradas.


En Argentina, informes del SENASA detallan que el 63% de los controles realizados en frutas, verduras y hortalizas en el mercado, entre 2011 y 2013, detectaron la presencia de residuos de químicos. Estos datos destacan límites al derecho a la salud, al ambiente y a la alimentación saludables, planteado en la Declaración.


La adopción de la Declaración enriquece el sistema de derechos humanos, logrando poner el debate democrático de los Estados por encima del lobby y los intereses del capital, actualizando el sistema desde una perspectiva pluricultural y respetando a las miles de millones de personas que conciben los derechos colectivos como fundamentales para el disfrute de los derechos individuales.


Nuevos desafíos


Ahora iniciamos una etapa de nuevos desafíos, en la cual esperamos que la Declaración sea una herramienta para las luchas campesinas. Es por eso que debemos trabajar para que las organizaciones campesinas puedan apropiarse de la misma, articulando con académicos, sindicatos, legisladores y funcionarios para que la misma pueda ser adoptada a nivel municipal, provincial y nacional, además de convertirse en un instrumento de diálogo entre organizaciones y Estados para avanzar en nuevas legislaciones que traduzcan las obligaciones de los Estados en políticas agrarias adecuadas. También la Declaración será un importante insumo para la dimensión jurídica de los conflictos agrarios.
Al instalar la Declaración en todos los rincones del mundo, vamos a avanzar en procesos de mayor incidencia global, pues se abren ahora horizontes para nuevos mecanismos de promoción y seguimiento de ésta al interior de Naciones Unidas, así como la posibilidad futura de construir una Convención Internacional de los derechos de las campesinas y campesinos.


En el actual contexto de crisis global del capitalismo, donde el imperialismo norteamericano no se resigna a perder porciones de mercado y pretende profundizar sus lazos coloniales con América Latina, los derechos campesinos sólo serán posibles si logramos articular luchas permanentes y prolongadas. La Declaración que conquistamos en Naciones Unidas es también una herramienta para el trabajo de base, la agitación y la organización de las campesinas y campesinos en todo el mundo. Además de servir de articulación para la unidad y la formación política de los líderes y lideresas del campo.


Los derechos campesinos, para ser efectivos, requieren Reformas Agrarias en todo el mundo, que garanticen la Agricultura Campesina y Agroecológica para alcanzar la Soberanía Alimentaria, fundamental para la justicia y la paz mundial; por eso, podemos afirmar que esta Declaración, de fuerte contenido humanista, es un paso adelante para la gobernanza global y los pueblos del mundo. Lejos de ser el “fin del campesinado”, podemos afirmar que las campesinas y los campesinos son protagonistas de las luchas por justicia social en todo el mundo y parte indiscutible de la solución a la crisis alimentaria y de migración que provoca y agudiza el desarrollo del capital financiero y los agronegocios.

24 mayo 2019
Por Diego Montón- Colectivo Internacional de Derechos Campesinos, La Vía Campesina. Movimiento Nacional Campesino Indígena Vía Campesina MNCI

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Hoy, huelga mundial de jóvenes para atender emergencia climática

La segunda Huelga Global por el Futuro convocada por estudiantes para exigir acciones con las cuales enfrentar la “emergencia climática”, espera más de 4 mil acciones en unos 150 países este viernes, al continuar la ola inspirada por la adolescente sueca Greta Thunberg y sus aliados, quienes detonaron este movimiento con sus sencillas protestas cada viernes frente a sus parlamentos.

Según el sitio Los Viernes para el Futuro, hoy habrá manifestaciones, marchas, vigilias y otras acciones en todo el mundo.


Al mismo tiempo, Thunberg y 45 de sus colegas emitieron un llamado a que los adultos se sumen a los jóvenes por una huelga general mundial en septiembre para exigir acción inmediata en paralelo con una cumbre de la Organización de las Naciones Unidas sobre la emergencia ambiental marcada por el cambio climático.


“Necesitamos a todos”, afirman en su invitación a los adultos para una movilización mundial a partir del 20 de septiembre. Declaran que “han sido años de pláticas, innumerables negociaciones, acuerdos vacíos sobre cambio climático y las empresas de combustibles fósiles ofrecidas con paso libre para perforar bajos nuestras tierras y quemar nuestro futuro en beneficio sólo de sus ganancias. Los políticos han sabido del cambio climático durante décadas. De manera voluntaria han entregado nuestro futuro a los especuladores, cuya búsqueda de dinero rápido amenaza nuestra propia existencia. Hemos aprendido que si no empezamos a actuar por nuestro futuro, nadie más hará la primera movida. Somos los que estábamos esperando”.


Continúan: “Estamos solicitando que los adultos nos acompañen” al pedirles que abandonen sus trabajos y salgan a las calles ese día. “Esto se trata de cruzar líneas; es sobre rebelarse donde uno pueda… Hoy los niños estamos luchando por nosotros mismos, pero muchos de nuestros padres están ocupados discutiendo si nuestras calificaciones son buenas, sobre una nueva dieta o lo que ocurrió en el final de Juego de Tronos mientras el planeta arde.


“Para cambiar todo, necesitamos a todos. Es hora de que todos desencadenemos la resistencia masiva… júntense con nosotros en la huelga por el clima este septiembre... tenemos que actuar… Estamos contando con ustedes”, concluyen en su llamado publicado en The Guardian.

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Extinction Rebellion: reinventando la desobediencia civil

Les puedes ver con llamativos trajes de época rojo en el metro de Londres, “muriendo” por intoxicación en un establecimiento de comida rápida, cubriendo de sangre las escaleras del Trocadero, impidiendo la entrada y salida de trabajadores de la BBC o cortando el tráfico en las principales capitales europeas. Extinction Rebellion han cambiado la forma en que se manifiestan y, para ello, también la forma de organizarse.

Asistir a un pleno de Extinction Rebellion recuerda mucho a esos primeros días del 15M en que todo parecía posible. Hay las mismas ganas de cambiar las cosas, la misma ilusión y también muchas de las estrategias que entonces se veían en las plazas: asambleas, listas de correo, mucho trabajo voluntario, descentralización y un uso de las redes sociales y los medios como altavoz que no resulta ajeno, pero que ahora es mucho más crítico y global. Annemarie Botzki, de XR Berlín, explica cómo gestionan esas dos vertientes tan opuestas pero sin las que no pueden desarrollar su labor: “Estamos descentralizados y no tenemos jerarquía, nadie dice qué hay que hacer. Todas las decisiones importante se discuten en un pleno y se tienen que tomar de forma unánime. Basta con que una persona se oponga firmemente para no hacerlo. También discutimos cosas online, pero somos un poco escépticos: no nos oponemos a trabajar con nadie, no nos negamos a hablar con ningún medio aunque evidentemente somos muy críticos con algunos, pero hablamos con todo el mundo para tratar de cambiar algo. Y en las comunicaciones online utilizamos código abierto o creamos nuestros propios canales. También usamos Twitter, Facebook e Instagram, y hay gente que lo gestiona muy bien, como Fridays for Future. No son perfectos, pero estamos en una emergencia y es lo que hay”.


Extinction Rebellion (XR) surgió hace poco más de un año, pero es desde abril cuando ha ganado una notoriedad sin precedentes. El corte de tráfico en Londres ocupando Marble Arch, que se saldó con centenares de detenidos, es quizás la acción que más público ha atraído. Hasta 3D de Massive Attack decidió mostrar su apoyo pinchando para los manifestantes bajo el pseudónimo de The Stroud Village Green Band. Sin embargo, el modus operandi de XR suele poner el foco en el impacto e incluso en el aspecto visual en vez de en la cantidad: saben que unas escaleras teñidas de sangre o unas plañideras en el metro se viralizarán en medios y redes más que una marcha de mil personas. Buscan el impacto y la concienciación, y, para ello, están dando una vuelta de tuerca a la desobediencia civil y la guerrilla de comunicación.


Desobediencia civil


Para XR no se trata tanto de convocar cada fin de semana a decenas de miles de personas como de ganar acólitos e imponer su agenda, y, para ello, no dudan incluso en declararse en rebeldía, tal y como hicieron en Berlín a mediados de abril: “Declaramos la rebeldía al gobierno alemán porque no están haciendo nada contra el cambio climático —explica Annemarie Botzki—, amenazamos con actos de desobediencia civil y a continuación bloqueamos el puente Oberbaum de forma pacífica. La prensa reaccionó bien y se nos empezó a unir mucha gente”.


La curiosidad que despiertan las protestas de XR se repite en todas partes. Nicolás Elíades, coordinador de Comunicación de XR en España, cuenta a El Salto que la estrategia de hacerse los muertos en Callao provoca mejores resultados que cortar las calles: “Es impactante ver una plaza llena de cadáveres, causa curiosidad y hace que la gente se acerque y pregunte. Con la crisis había protestas por todas partes, ya no llama la atención y hay que cautivar los ojos y las mentes y los corazones de las personas, hay que pertenecer a nuestra época”.


Plañideras en el metro, bloquear medios de comunicación, bicicríticas… todo vale con tal de llamar la atención, pero en Extinction Rebellion son conscientes de que la desobediencia civil tiene consecuencias: solo en Londres ya han sido arrestados más de mil activistas, así que no basta con convocar a la acción, además hay que educar y asesorar: “No somos el típico movimiento de activistas jóvenes enfadados con todo, tenemos gente muy diversa —cuenta Botzki—, organizamos workshops en los que explicamos quiénes somos, por qué hacemos esto y cómo lo hacemos, cuáles son las consecuencias legales y hasta cómo dejarse retirar de un espacio por la policía. Tuvimos el caso de esta abuela de unos 70 años que quiso aprender cómo enfrentarse a la policía porque nunca lo había hecho antes”

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Comunicación guerrilla


La otra gran pata de XR es la comunicación. Si bien las redes sociales juegan un papel importante, el mail encriptado y las reuniones a puerta cerrada y sin móviles a la vista son fundamentales: “Tenemos cuidado de no comunicar algunas acciones en internet y somos conscientes de que puede haber policías en las reuniones, pero hay muchas razones para ser críticos con el Estado y el poder aunque tratemos de tener una buena relación con ellos”, reconoce Annemarie. Pese a todo, cada región tiene sus particularidades, como admite Elíades: “Para cuestiones de desobediencia civil usamos redes encriptadas, hay que apagar dispositivos y no compartir información de las acciones antes de tiempo, pero eso es aquí en España; en Londres no, son bastante claros y avisan a la policía con anticipación. Claramente en grupos de Brasil es todo mucho más secreto porque saben que hay escuchas de los gobiernos y que los gobiernos son asesinos y es otra realidad”.


Internet se ha convertido en un elemento clave para un movimiento fuertemente influenciado por el lema “piensa globalmente, actúa localmente” que parecía en desuso en los últimos años. “A veces nos conectamos por conferencia —cuenta Annemarie— y hay gente de Nueva Zelanda, EE UU, Reino Unido… tratamos de comunicarnos de forma internacional para coordinarnos, pero cada semana se unen 60, 70, 80 personas, y para nosotros es importante pensar en cómo comunicarnos con todo el mundo, cómo informar a todos, así que hay que empezar por ocuparse por la gente de tu ciudad, y luego coordinarse”.


“Hablo mucho del tema con mis amigos y mi familia también —continúa Botzki—, y a veces me preguntan por qué me tomo el tema tan en serio, y sé que no puedo cambiar todo a todo el mundo, por eso es importante que nos centremos en la gente que sí quiere unirse, que les demos información, no podemos estresarnos por la gente que no lo entiende”. Sin embargo, reconoce que el gran objetivo es global, y aunque quede por hacer, las demandas medioambientales empiezan a filtrarse en el discurso político: “Si te fijas en los carteles electorales, vas a ver la palabra ‘clima’ en todas partes; no es que vayan a hacer gran cosa, porque aún no entienden que hace falta un nuevo modelo económico y aún hay que aumentar la presión; ya no se trata de salir a la calle una hora a una manifestación y volver a casa, se trata de una situación de vida o muerte, hay gente en huelga de hambre o yendo a prisión por esto y va a llevar tiempo que la gente se dé cuenta de la importancia del tema, pero en muchas ciudades y países se está declarando la emergencia medioambiental, así que, aunque sea algo simbólico, algo está cambiando”.

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Sábado, 18 Mayo 2019 07:10

Quinua de cien colores

Quinua de cien colores

Para el poder económico y político, la minería es la única actividad económica viable en las regiones andinas. Así ha sido en Perú desde la conquista. Pese a los inocultables daños que produce, los críticos suelen ser acusados de “enemigos del desarrollo”, y las comunidades que se oponen a la megaminería son perseguidas bajo la figura legal de “organización criminal”.


La luminosidad del Cusco lacera la vista. Pero también retiene la atención, seduce la mirada que se va posando ingenua sobre las piedras incas, primero, y tuerce hacia las montañas mágicas, poco después. Los suaves valles cusqueños van dando paso, carretera arriba y abajo, a profundas gargantas tapizadas de los más variados cultivos según los diferentes pisos ecológicos que recorremos. Las tierras altas y frías, a más de 3.500 metros, pobladas por pastores de alpacas, llamas y ovejas, dialogan e intercambian con las tierras bajas y cálidas, productoras agropecuarias y de frutos tropicales.


La despiadada geografía del Ande, en uno de sus nudos centrales, permite contemplar, en una sola mirada, desde la profundidad del valle hasta las cumbres nevadas. La región de Apurímac es crucial por lo abrupta y extrema. La llegada a Andahuaylas, la ciudad más poblada, con 100 mil habitantes, implica bajar casi dos mil metros en apenas diez kilómetros de carretera. Una caída vertical, con mil vericuetos, desde el páramo hasta un valle cálido y húmedo a poco más de dos mil metros sobre el nivel del mar. Por algo el geógrafo Antonio Raimondi comparó la región con un papel arrugado.


Recorriendo el cañón del río Apurímac, que nace a 5 mil metros y se vierte en el Amazonas, trepamos por laderas verticales pinceladas de parcelas verdes y amarillas, aferradas a las pendientes, donde las familias comuneras cultivan en condiciones sólo explicables por la obstinación que exige la sobrevivencia. Allá arriba sólo papas y habas desafían el frío y las ventiscas; en la zonas templadas intermedias, las espigas de trigo van mudando del verde al ocre, anunciando la inminente cosecha; más abajo, en la calidez de la hondonada, el maíz generoso y la infinita variedad de frutas, mangos, granadillas, aguacates y papayas.

En alguna vuelta del camino, en general cerca de las decenas de caseríos que bordeamos, los pisonays majestuosos se yerguen frondosos, ostentando un tapiz de flores coloradas. En pequeños grupos, emergiendo de improviso, con cierta timidez, islotes de quinuas destacan por la multiplicidad de colores, desde el verde marcial hasta un verdoso que chilla cuando lo ilumina el sol en las alturas, pasando por morados brillantes, rojos frenéticos y ocres amarillentos de múltiples variantes, tan bien retratados por el poeta nacido en Andahuaylas: “Las cien flores de la quinua que sembré en las cumbres hierven al sol en colores”.


ABUSO MINERO.


El llamado “corredor minero” atraviesa tres regiones: Cusco, Apurímac y Arequipa. Son 500 quilómetros desde la mina de cobre Las Bambas, a 4 mil metros de altura, hasta el puerto de Matarani en el Pacífico, por donde se exporta el mineral con destino al continente asiático. La carretera atraviesa 215 centros poblados en los que viven 50 mil personas; está militarizada porque cualquier alteración del transporte tiene costos millonarios para la empresa.


Apurímac es el corazón del corredor, la región más pobre del país y la que cuenta con el mayor porcentaje de quechuahablantes. Campesinos humildes de manos arrugadas y pies encallecidos, pero no tan pobres como sus elites, que recién se avinieron a crear universidades, en la capital Abancay y en Andahuaylas, hace poco más de una década para calmar a las mujeres del mercado que reventaron las calles para demandar educación terciaria para sus hijos.


Entre febrero y marzo de este año, la carretera estuvo cortada durante 68 días por los comuneros de Fuerabamba, la comunidad más cercana a una de las mayores minas del mundo, que produce 140 mil toneladas diarias de cobre. La mina está a 75 quilómetros al sur de Cusco y comenzó a operar en 2015, pero los primeros pasos para su instalación se dieron una década atrás de la mano de la minera suiza Xstrata Copper, que en 2014 la vendió a la estatal china Minerals and Metals Group (Mmg).


Cuando la minera china compró Las Bambas, decidió modificar el proyecto que ya contaba con el permiso ambiental. Lo más grave fue el abandono del mineroducto destinado a transportar el cobre hasta Espinar, Cusco, donde sería procesado por el traslado del mineral en camiones. Es el principal motivo de conflicto, ya que todos los días pasan por las comunidades y pueblos 600 camiones articulados que se desplazan en convoyes de 35 unidades, levantando impertinentes nubes de polvo.


Los campesinos se quejan de que las chacras fueron invadidas por el polvo, que ya no pueden sacar su ganado y que el ruido que hace “el gusano de tráilers” les impide conversar con los vecinos. Peor aun porque la carretera de la empresa atraviesa sus tierras, sin la autorización de los comuneros. Además, pasan decenas de cisternas con combustibles, por lo cual la carretera se convirtió en un verdadero peligro.

El anterior presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, actualmente en prisión preventiva por lavado de activos, ocupó la presidencia del directorio de Servosa, una empresa que en la actualidad cuenta con 400 camiones y tiene el monopolio del transporte del mineral de Las Bambas. El economista, empresario y banquero presidente jugó fuerte a favor del proyecto minero, escondiendo sus intereses en el transporte del mineral. En 2015, el congresista Justiniano Apaza denunció que Kuczynski recibía financiamiento de la minera y que su empresa obtuvo “sin licitación el cien por ciento del transporte del mineral en varias zonas del sur del país”. Al año siguiente, fue elegido presidente sin que nadie investigara las denuncias.


COMUNEROS SIN COMUNIDADES.


La lógica del modelo extractivo es implacable. Para hacer posible la explotación de Las Bambas, las 450 familias de la comunidad Fuerabamba debieron ser trasladadas, porque vivían justo encima de una fabulosa riqueza que supuso la mayor inversión minera del mundo, con 11 mil millones de dólares para poner en marcha la quinta mina del mundo. El nuevo asentamiento fue levantado con viviendas “estilo suizo” y se compensó a los comuneros con elevadas cifras, y en el nuevo asentamiento (a dos quilómetros del original, a 3.800 metros de altitud) se construyeron un centro de salud, instituciones educativas y hasta un cementerio, completamente trasladado del sitio original.


Pero ya no cultivan la tierra, se sienten “como palomas encerradas” en la nueva localización y los ancianos no saben qué hacer sin sus ovejas; deambulan sin norte entre las modernas viviendas en hileras que parecen prisiones. Sin embargo, sobrellevan el dolor y el abandono en silencio, porque en Perú uno de los epítetos más difíciles de aceptar es el de “antiminero”.


En la región minera, el 80 por ciento de la población es pobre y la mitad de los menores de 5 años padece desnutrición crónica. La capital del distrito donde se asienta Las Bambas, Challhuahuacho, a dos quilómetros de la mina, creció de dos a 16 mil habitantes en pocos años, un verdadero tsunami demográfico con hondas consecuencias sociales. Según Ruth Vera, de Derechos Humanos Sin Fronteras, ahora “abundan los problemas de violaciones, violencia doméstica y delincuencia que fueron desencadenados por la presencia minera”.


La mayoría de los varones prestan servicios a empresas que operan para la mina y acceden a cantinas y bares, lo que trastoca la vida familiar y comunitaria, en una sociedad profundamente patriarcal en la que la violencia cuenta con amplia legitimidad social.


El otro problema es la represión estatal. Según la Ong CooperAcción, las 50 mil personas que viven cerca de la carretera “tienen suspendidos sus derechos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio”, por la aplicación del estado de emergencia cada vez que se produce algún conflicto.


El corredor vial se ha convertido en pieza estratégica en Perú, ya que incluye cinco grandes unidades mineras en explotación (entre ellas, Las Bambas) y conecta no menos de cuatro proyectos exploratorios importantes. En ese marco, la Policía Nacional firmó, en secreto, 31 convenios con empresas mineras para la protección de sus negocios. Los policías se trasladan en camionetas de las empresas y tienen bases en los campamentos de las mineras, lo que los convierte en una guardia privada empresarial. Estos mecanismos permiten hablar de un “gobierno minero” en la región, en el que participan el Estado y las empresas.


En el conflicto minero en torno a Las Bambas, sobresalen dos cuestiones. Por un lado, 500 comuneros tienen procesos abiertos por haber participado en protestas contra la empresa minera. Tres campesinos purgarán más tiempo de prisión por cortar la ruta que el ex presidente por robarse millones. El mes pasado, los abogados asesores de la comunidad fueron sentenciados a tres años de prisión preventiva tras ser acusados mediante la figura legal de “organización criminal” que “extorsionaba a la empresa minera”. Pero la represión es apenas una cara del conflicto. Las consecuencias más profundas de la presencia minera pueden resumirse en el desmembramiento de las comunidades por la desarticulación del tejido comunitario que provocan los emprendimientos.


LA UTOPÍA DE SEGUIR SIENDO.


Apurímac es la región donde nacieron Micaela Bastidas (esposa de Túpac Amaru) y José María Arguedas, dos grandes de la lucha social y de las letras de este continente. En casi todas las plazas de Abancay, la tierra natal de Micaela, hay alguna estatua blanca que la recuerda, con sus trenzas largas y una mano alzada al cielo. La tumba de Arguedas fue erigida en una plaza en la que se reúnen, desde tiempos remotos, los campesinos que llegan al mercado de Andahuaylas, donde nació un siglo atrás.


El martirio de Bastidas debería haber sido motivo de alguna compasión por los herederos de la conquista. Fue llevada junto con sus hijos, Hipólito, de 18 años, y Fernando, de 10, y su esposo, a la plaza de armas de Cusco, luego de ser torturados, para ejecutarlos de uno en uno. Micaela fue obligada a presenciar la muerte de su hijo mayor, al que primero le cortaron la lengua por hablar mal de los españoles. La estrangularon en público, le dieron garrote y la remataron a patadas.


Sería excesivo decir que el episodio es sólo historia, a la luz de los relatos de la antropóloga quechua Gavina Córdova, nacida en Ayacucho y residente en Andahuaylas. La minería a cielo abierto actualiza el hecho colonial o, por mentar al más importante sociólogo latinoamericano, Aníbal Quijano, refuerza la “colonialidad del poder”, que permaneció intacta pese a la desaparición de la colonia. El derecho de pernada sigue funcionando en la sierra, ya sea como abuso sexual, o bien adaptado a las nuevas relaciones laborales, que permiten, por ejemplo, que los patrones no paguen el salario durante los primeros meses de “prueba” de los nuevos trabajadores.


Pero el colonialismo tiene una cara más fétida aun: la que muestran las propias organizaciones sociales y políticas que resisten a la minería, pero también los partidos de izquierda. El periodista Jaime Borda, presidente de Derechos Humanos Sin Fronteras, asegura que “desde 2006 hasta 2014 la mayoría de los dirigentes comunales han terminado mal su mandato, con acusaciones de aprovechamiento del cargo, de malos manejos económicos y de negociar sólo a favor de sus familiares”. Las empresas mineras operan con cuantiosos recursos para que las comunidades elijan personas afines a sus intereses, lo que hace que los cargos de dirección sean ferozmente disputados.


En muchos casos, asegura el periodista, “la comunidad ya no reacciona como un grupo coherente, sino como una suma de individuos que velan cada uno por sus propios intereses”. Por su parte, Córdova destaca que los terrenos comunales se están parcelando y se titulan como propiedad privada, porque para la empresa minera es más fácil negociar con las familias que con la comunidad.


La simbiosis entre modernidad y minería, entre desarrollo y colonialidad del poder está provocando mayores daños que los ya cuantiosos enhebrados por la colonia y la república durante cinco siglos. Poco más de medio siglo después de haber escrito “Llamado a algunos doctores”, un desgarrador poema de Arguedas en el que denunciaba la discriminación de la cultura quechua, la “quinua de cien colores” que amaba y celebraba se ha convertido en mercancía altamente estimada en los restaurantes de los países centrales, pero se ha convertido en lujo inalcanzable para las familias comuneras.


“Siembro quinua de cien colores, de cien clases, de semilla poderosa. Los cien colores son también mi alma, mis infaltables ojos”, versea el poeta. Arguedas no vivió para ver la destrucción de sus sueños regeneradores, prefirió marcharse por propia voluntad, antes que contemplar impotente la destrucción del mundo que amaba.

Por Raúl Zibechi
16 mayo, 2019

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Una tribu ecuatoriana gana el juicio contra el Gobierno y salva miles de hectáreas en la Amazonia

Un tribunal determinó que el Ejecutivo ecuatoriano no realizó una consulta previa con los waorani sobre la posibilidad de subastar el bloque petrolero 22 de la provincia de Pastaza.
La tribu de los waorani que vive en la Amazonia —al noreste de Ecuador—, ganó el pasado 26 de abril un juicio contra varias compañías petroleras, salvando de esa manera más de 200.000 hectáreas de selva tropical de esa vasta región de América del Sur, informan medios locales.


Un tribunal local falló a favor de los waorani tras determinar que el Gobierno ecuatoriano no realizó en 2012 una consulta previa con ellos sobre la posibilidad de subastar el bloque petrolero 22 de la provincia de Pastaza, pese a que desde el Ejecutivo aseguraron que los indígenas dieron su consentimiento para permitir dicha actividad extractora.


Los waorani denunciaron presuntos fraudes por parte de las autoridades durante el proceso de negociación y declararon que no comprendieron del todo que los encuentros tuvieran como finalidad entregar su territorio ancestral.


Un 16% del terreno en cuestión contiene dieciséis comunidades de este pueblo amerindio. Tras el fallo, se ha paralizado indefinidamente la subasta de cualquier bloque extractivo en la zona hasta que no tenga lugar una consulta previa bajo los estándares internacionales.


"Queríamos que quedara claro que el Estado ecuatoriano siempre ha venido a nuestros territorios a engañar y manipular a cambio de explotación petrolera", dijo Oswando Nenquimo, portavoz de los waorani, subrayando que esta decisión judicial es un símbolo histórico de la lucha de sus reivindicaciones. "Le pedimos al Estado que nos deje vivir en nuestro territorio sano […] Nuestro territorio no está en venta, es parte de nuestra vida y cultura", aseveró Nenquimo.


No obstante, desde el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable del Ecuador anunciaron que apelarán el fallo alegando que en la consulta "se respetaron los derechos de los pueblos y nacionalidades".

17 may 2019 02:12 GMT

 

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Primera revuelta masiva contra Jair Bolsonaro

En las concentraciones primaron los llamados a la unidad de los gremios, partidos y movimientos para resistir los embates a la enseñanza del gobierno.

Estudiantes y profesores encabezan la primera revuelta masiva contra Jair Bolsonaro en los 27 estados brasileños. Una multitud ocupó más de seis cuadras de la Avenida Paulista, en el centro de San Pablo. Primaron los discursos en favor de la unidad de las organizaciones gremiales, partidos y movimientos para resistir el ataque del régimen contra la educación. Una de las ovaciones fue dedicada a una maestra jubilada de 96 años que saludó al público desde el palco montado junto al Museo de Arte de San Pablo. La consigna “Bolsonaro que papelón hay plata para las milicias y no para la educación” (traducción libre para ajustar la rima) fue coreada en San Pablo y Río de Janeiro. El paro coincidió con un nuevo coletazo del escándalo que vincula a un hijo del presidente con las “milicias” paramilitares. Entre trompetas, carros con altoparlantes y petardos, fueron repudiados el recorte del presupuesto educacional y la reforma previsonal.


Por la mañana se realizó una concentración en la Universidad de San Pablo (USP), la más importante del pais, cuyos participantes luego se trasladaron a pie (7 kilómetros) hasta la Avenida Paulista. “Libros sí, armas no” y “Fuera, fuera (Bolsonaro)”.


El paro tuvo alto acatamiento en la USP, la Universidad Estadual de San Pablo y la Universidad de Campinas. las más importantes del sistema público. También pararon algunas cátedras de la Universidad Católica, privada, con una larga tradición de enfrentamiento a la dictadura militar.


En Río de Janeiro la protesta se concentró, bajo una lluvia persistente, en la plaza de la Candelaria y de allí las columnas se trasladaron a la Central do Brasil.


El primer balance indica que en la mayoría de las provincias hubo cese de actividades en las universidades, escuelas primarias y secundarias sumadas a concentraciones muy concurridas. No fue un día de lucha sectorial sino de defensa de la educación por parte de amplios sectores como lo demostró la presencia de padres de chicos de escuelas primarias y secundarias.


La bronca popular comenzó a crecer desde hace semanas: el seis de mayo estudiantes de colegios secundarios, padres y profesores de colegios secundarios de Río protestaron frente al Colegio Militar donde Bolsonaro prometió abrir más escuelas de ese tipo y ensalzó la formación castrense.


Ayer una de las primeras concentraciones se realizó en Brasilia a partir de las 10 de la mañana cuando miles se reunieron en torno a la estructura semiesférica del Museo de Arte y de allí partieron hacia el Congreso.


“Esta marcha es una victoria para los trabajadores porque es el primera que se le planta de frente a un gobierno debilitado por los escándalos. Salimos fortalecidos para la huelga general del 14 de octubre” declaró a PáginaI12 Claudio Lorenzo, secretario general de la Asociación de profesores de la Universidad de Brasilia.


“Este es un gobierno que tiene todas las características de los fascistas. El presidente y el ministro de Educación (Abraham Weintraub), son dos oscurantistas, están contra el saber crítico, atacan a los universitarios por puro macartismo”.


“Bolsonaro se dio un tiro a sí mismo haciendo provocaciones contra los universitarios que al final unificaron a la izquierda y el centro. Tenemos junto a nosotros profesores que apoyaron el impeachment contra Dilma que ahora están apoyando el paro”, acotó el profesor y gremialista Lorenzo.


La columna donde había banderas de la Unión Nacional de Estudiantes, del PT, y otras fuerzas de izquierda ocuparon los seis carriles de la avenida principal de la capital, el Eixo Monumental, junto al cual se encuentran los ministerios.


“La orden es que nadie se pare frente al Ministerio de Educación porque están las tropas federales, sabemos que el gobierno quiere reprimir y va tratar de infiltrarnos con provocadores”, explica el gremialista Lorenzo.


Bolsonaro y el ministro de Justicia, el ex juez de Lava Jato Sergio Moro, firmaron un decreto para movilizar la Guardia Nacional de Seguridad Pública para ocupar el centro de Brasilia desde las movilizaciones de los pueblos indígenas, de hace dos semanas, hasta el acto de este miércoles.


El capitán retirado y jefe de Estado viajó ayer por segunda vez en menos de dos meses a Estados Unidos. Aterrizó en Dallas poco después del mediodía hora de Brasilia, cuando unos 50 mil manifestantes (según los sindicatos) llegaban al cantero ubicado frente al Parlamento.


Atacó a los estudiantes y profesores con la misma virulencia mostrada hace un mes cuando dijo que las universidades no son lugares para albergar “militantes” y que haría lo posible para que éstos sean expurgados.


Los que participaron en el paro “son idiotas útiles usados como masa de maniobra por una minoría” dijo en Dallas antes de ir a un encuentro con el ex presidente George W. Bush.
Bolsonaro optó por viajar a esa ciudad tejana luego de dejar sin efecto una visita a Nueva York para evitar las protestas de ambientalistas y la comunidad LGBT.


En París unos cincuenta brasileños y algunos estudiantes franceses se sumaron al repudio contra el régimen de extrema derecha. La voz cantante del acto la tuvieron becarios preocupados con la posibilidad de que el ajuste los deje sin recursos para concluir sus doctorados, mayoritariamente en ciencias humanas, el área hacia donde Bolsonaro dirigió sus críticas más desatinadas

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Gobierno minero, resistencia indígena

Durante 68 días cientos de campesinos de las comunidades vecinas a la mina Las Bambas (Apurímac, Perú), cortaron la carretera por la que empresa estatal china Minerals and Metals Group (MMG) exporta cobre a través del “corredor minero” hasta el puerto de Matarani en el océano Pacífico. Los comuneros de Fuerabamba levantaron pequeñas chozas de paja a los lados de la vía, desde las cuales resisten a la minera para forzarla a negociar.

Las Bambas se instaló en 2004 de la mano de la empresa minera suiza Xstrata Cooper pero en 2014 fue traspasada a la china MMG por casi seis mil millones de dólares. Poco después, el conflicto entre comunidades y empresa se dispara. En febrero de 2015, un grupo de 400 comuneros retuvo durante cinco horas a cien trabajadores y en setiembre se realiza un paro provincial con un saldo de tres muertos y 23 heridos (15 civiles y 8 policías), por enfrentamientos entre policías y comuneros.


El estado de emergencia y la represión son el núcleo del repertorio estatal frente a las comunidades. En enero pasado el conflicto volvió a dispararse con enfrentamientos entre los comuneros de Fuerabamba, que dejaron 11 policías heridos y un campamento de la policía quemado. Los comuneros rechazan la construcción de una carretera que atraviesa su territorio sin haberlos siquiera consultado.


La comunidad de Fuerabamba fue trasladada de lugar, ya que se asentaba justo en lugar donde se instaló la mina de cobre. Se trata de 450 familias comuneras a las que se construyeron nuevas viviendas “estilo suizo”, se las compensó con dinero y en el nuevo asentamiento (a dos kilómetros del original, a 3.800 metros de altitud) cuentan con centro de salud, instituciones educativas y hasta el cementerio que fue completamente trasladado.


El caso Las Bambas puede servir de termómetro de lo que sucede en todo el “corredor minero”, una carretera de 500 kilómetros que atraviesa tres provincias (Apurímac, Cusco y Arequipa) y 215 centros poblados donde viven 50 mil personas, en su mayoría pertenecientes a comunidades indígenas quechuas, que “tienen suspendidos sus derechos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio”, por la aplicación de estados de emergencia, según la ONG CooperAcción.


El corredor vial se ha convertido en pieza estratégica en el Perú, ya que incluye cinco grandes unidades mineras en explotación (entre ellas Las Bambas) y conecta no menos de cuatro proyectos exploratorios importantes. En ese marco, la Policía Nacional firmó en secreto 31 convenios con empresas mineras para la protección de sus negocios. Los policías se trasladan en camionetas de las empresas y tienen bases en los campamentos de las mineras, lo que convierte a la PN en una guardia privada empresarial. Estos mecanismos permiten hablar de un “gobierno minero” en la región, en el que participan Estado y empresas.


En una mirada amplia del conflicto minero en torno a Las Bambas, sobresalen dos cuestiones. Por un lado, 500 comuneros tienen procesos por haber participado en protestas contra la empresa minera. Pero la represión es apenas una cara del conflicto. Las consecuencias más profundas de la presencia minera pueden resumirse en el desmembramiento de las comunidades por la división que provocan los emprendimientos.


El periodista Jaime Borda, director de la ONG Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco, asegura que “desde 2006 hasta 2014 la mayoría de los dirigentes comunales han terminado mal su mandato, con acusaciones de aprovechamiento del cargo, de malos manejos económicos y de negociar sólo a favor de sus familiares”. Por los cuantiosos recursos que manejan las empresas, los cargos de dirección en las comunidades son altamente disputados, pero además las mineras operan en las comunidades para que elijan personas afines a sus intereses.


Borda concluye que en muchos casos “la comunidad ya no reacciona como un grupo coherente sino como una suma de individuos que velan cada uno por sus propios intereses”. Además, los terrenos comunales se parcelan y se titulan como propiedad privada, porque para la empresa minera “es más fácil negociar con las familias que con la comunidad”.
Al parecer, este es el destino que le aguarda a las regiones donde los mega emprendimientos extractivos se imponen. Toda una cultura y una historia son transformadas para favorecer al capital.


13 mayo 2019

Publicado enMedio Ambiente