Viernes, 12 Febrero 2021 06:11

¿La crítica por la crítica misma?

¿La crítica por la crítica misma?

El síndrome de Sansón Carrasco: “El Caballero de los Espejos”

 

Desconectada de las luchas sociales, sin lugar beligerante contra la opresión, la crítica sirve de bastante poco. A lo sumo se reduce a una especie de “entretenimiento ingenioso” para encontrarle “peros” a todo y ganarse unas palmadas, o unos pesos, “espantando al burgués”. No se negarán aquí los talentos desplegados por algunos “críticos” reconocidos (y temidos) en territorios diversos. No obstante el brillo de los geniecillos críticos suele quedar eclipsado por el individualismo que sofoca al talento con cataratas de egolatría. Toda esa crítica solipsista conduce al aplauso de ellos mismos. Un tedio. 

Otra cosa es la crítica, y sus métodos, inflamando las inteligencias populares con escrutinios históricos, dialécticos, éticos y estéticos para fortalecer las tácticas y las estrategias emancipadoras en la lucha de clases. O dicho de otro modo: la fuerza de la crítica -que realmente importa- no está en las contorsiones de los silogismos (o sofismas) lenguaraces, sino en la efectividad de una fuerza del razonamiento sistematizado que esclarece el escenario de las batallas y permite, organizadamente, ascender a la praxis victoriosa, sin reclamar “derechos de autor” ni aplausos para la vanidad. 

Aunque estén de moda algunos centros promotores del “pensamiento crítico”, bajo modalidades diversas en cursos, conferencias, talleres o guruísmos… aunque se ofrezcan a crédito (o con “tarjetas de débito”) el asunto es, también, cuánta crítica promueven para ejercer la crítica sobre ellos mismos. Y generalmente no lo resisten. En las refriegas que libra el pueblo trabajador, cotidianamente, contra las condiciones objetivas y subjetivas, impuestas por el capitalismo, se necesita un arsenal creativo de dispositivos críticos capaz de confrontarse a sí mismo en el terreno decisivo de la práctica emancipadora. Crítica fraguada en la crítica de sí, como estrategia dialéctica de acción que garantiza confianza en las organizaciones para las luchas decisivas que se encadenan a diario. No sirven los corpus críticos escleróticos que tanto gustan a las instituciones burocratizadas. No sirven los guiños críticos, de autor, cincelados en el histrionismo de esgrimas lenguaraces. No sirve cualquier cosa en una lucha cruda con objetivos precisos. Especialmente, no sirve el santoral de los sabelotodo críticos, expertos en esconder o negar la lucha de clases.

La clase dominante se esmera en desactivar toda iniciativa de organización transformadora, parida por las bases para emanciparse. Atacan, ridiculizan y desfiguran todo aquello que toque las fibras íntimas de la propiedad privada y la ideología de la clase dominante. Todo aquello que enriquece a los pueblos con las armas de la crítica y la crítica de las armas. En esa guerra por perpetuarse, el capitalismo compra o crea “expertos”, universidades, liceos, academias, “think tanks”, iglesias y todo género de “opio” contra los pueblos. Es decir, los arsenales de guerra ideológica que nosotros debemos someter al campo de la denuncia y de la crítica científica y revolucionaria. O será nada. O seremos nada.

Por definición, todo autoritarismo es enemigo rabioso de la crítica que no puede controlar. Y ha convertido su enemistad en pedagogía para que, a los oprimidos, ni se les ocurra, por miedo o por ignorancia, cultivar las habilidades críticas necesarias para la supervivencia de la libertad. Alguna vez se consideró, incluso bajo el capitalismo, el desarrollo de las capacidades críticas como una virtud de la educación y un logro “civilizatorio” indispensable en las sociedades contemporáneas. Pero duró poco. El desarrollo de las industrias bélicas, la manipulación de conciencias con las industrias mediáticas y el saqueo económico global orquestado por las industrias bancarias… necesitó anular de las cabezas y los corazones todo fundamento o aliento crítico que pudiera exhibir la avaricia burguesa intoxicada de propiedad privada. Para eso han satanizado, perseguido y linchado públicamente a los mejores talentos críticos que han proliferado en las bases sociales y en las luchas emancipadoras. Pero acosada, desfigurada o prostituida, la crítica tiende a sobrevivir sacudiéndose los fardos ideológicos burgueses. Gracias a la fuerza de las luchas hartas de saqueo y humillaciones. 

Nuestros arsenales con métodos críticos, no pueden ser armatostes para reverenciar santorales ingeniosos. Por más que estén de moda en los corrillos iluministas. Necesitamos municiones de crítica creativa e inagotable, lúcida y accesible, profunda y portátil, perfectible y autosustentable. Que sea letal contra la economía y la ideología de la clase dominante; que sea fértil en la constitución dialéctica de nuestro programa humanista emancipatorio, que actúe también y sobre sí misma. Un arma inédita para la emancipación de la consciencia. La crítica, como herramienta en manos del pueblo trabajador, debe ser un organismo vivo y producto social, que se necesita a sí mismo para sobrevivir en el medioambiente idóneo que es el aporte y el avance. El acto creador. Por eso es indispensable mantener ajustadas las agujas de sus objetivos, mantener prístinas sus metas y no permitir las desviaciones o las deformaciones que se infiltran al confundir la crítica con el pleito. La crítica necesita sentido y dialéctica. Suele hacerse rancia si se la infecta con cánones repetitivos, si se la aleja de la ciencia y si se dogmatiza. El sentido de la crítica lo aporta la comunidad. La crítica no democratizada suele ser sospechosa y falsa. Nos ha costado mucho aprender que la falsa crítica sirve sólo para poner a la vista las partes que esconden a un todo. 

Guardemonos de incurrir en el error, añejamente encumbrado, de abrazar la crítica de los amargos, por más sesuda que parezca. La lucha emancipadora no consiste en propiciar torneos de odios razonados; no consiste en hacer de la amargura un baluarte ni de la revancha un mérito. Y aunque predominen los malestares como atmósfera tóxica donde prospera la crítica, es de urgencia advertir que su fase de realización, su ascenso a la práctica, se logra gracias a los combustibles de la alegría, del espíritu creativo, colaborativo, participativo… organizado, que los pueblos saben darle a todo lo que sueñan, y hacen, para el bienestar común. Se entronizó como un “cliché” la imagen del “crítico” como un mal-encarado espécimen proclive a la intolerancia y a la propagación de verdades a destajo. Pero la crítica debe ser, necesariamente, una alegría. “La creatividad es la inteligencia divirtiéndose” A. Einstein

Hay una crítica que nace, crece y se transforma con el fin de fortalecer a la especie humana en sus luchas y la hay, contrariamente, la que se infiltra para desmoralizar, inhibir y desactivar luchas, luchadores y luchadoras. Nosotros requerimos de un método de crítica fecundo y muy dinámico, generado en todos los frentes permanentemente para que sea capaz de aprovechar las mejores herencias sin caer en emboscadas canónicas. Método de crítica revolucionaria en manos de los pueblos como bandera, como escudo como poesía. De todos, para todos y desde todos. “Deseable, posible y realizable”. (Sánchez Vázquez)Dr. Fernando Buen Abad DomínguezDirector del Instituto de Cultura y Comunicacióny Centro Sean MacBrideUniversidad Nacional de Lanús.Miembro de la Red en Defensa de la Humanidad.Miembro de la Red Verdad contra las Fake News.Miembro de la Internacional Progresista.Miembro de REDS (Red de Estudios para el Desarrollo Social)

Por Fernando Buen Abad Domínguez | 12/02/2021

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EFE/EPA/NYEIN CHAN NAING

 

La junta militar de Myanmar (ex Birmania) impuso este lunes la ley marcial en varias ciudades en respuesta a la huelga general y las manifestaciones que, por tercer día consecutivo, inundaron las calles del país para protestar contra el golpe de Estado del 1 de febrero.

 

Después de que el país quedara este lunes prácticamente paralizado por la huelga general y protestas masivas, protagonizadas y dirigidas por trabajadoras de la salud, estatales, estudiantes y las combativas obreras textiles en primera línea, los militares declararon la Ley Marcial en al menos seis localidades.

Allí se impone un toque de queda y estarán prohibidas las reuniones de más de cinco personas y discursos públicos. Una nueva medida represiva junto al corte de internet y de redes sociales. La medida, que afecta a varios distritos de Rangún, la mayor ciudad y el centro económico del país, comenzó este lunes también en Mandalay, Monywa, Loikaw, Hpsaung y Myaungmya.

El anuncio llegó después de que los militares, a través del canal de la televisión estatal MRTV, amenazaran con tomar acciones contra los manifestantes a los que acusan de “dañar la estabilidad del país, la seguridad y el Estado de derecho”.

Las protestas a nivel nacional en Myanmar son las manifestaciones más grandes del país desde la “Revolución Azafrán” liderada por monjes budistas en 2007. En aquel entonces, los militares tomaron medidas represivas contra los manifestantes, matando al menos a 31 personas. En esta oportunidad las autoridades solo han recurrido a cañones de agua para dispersar a las multitudes evitando un alzamiento mayor.

La oleada de protestas públicas contra el golpe militar de la semana pasada -cuando gran parte de los líderes políticos democráticos del país fueron arrestados en redadas antes del amanecer- ha ido creciento durante estos días. El miércoles pasado, los trabajadores médicos de todo el país se declararon en huelga, lo que provocó una primera campaña de “desobediencia civil” que se ha extendido a otras ramas de trabajadores.

Hasta ahora, los medios estatales o próximos al Ejército habían evitado cualquier noticia sobre las movilizaciones pacíficas contra los uniformados, el nuevo anuncio hace temer una escalada de detenciones y represión que puede plantear una reacción de masas aún más fuerte.

En su primer discurso a la nación, el jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing, pidió hoy a los birmanos que permanezcan "unidos como país" y que se fijen "en los hechos y no en las emociones". El general golpista, que teniendo en cuenta los resultados electorales (7%) tiene poco apoyo popular, aún así continúa justificando el levantamiento militar, que calificó de "inevitable", por el supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre.

Richard Ehrlich en un artículo de Asia Times plantea que el general Hlaing llevó adelante el golpe para defender los intereses financieros de su familia y de la cúpula militar quienes controlan los principales resortes de la economía. Centralmente mantienen bajo su dominio los principales fondos de inversión vinculados a la extracción minera de jade y rubí, depósitos de contenedores, bienes raíces, construcción e industria militar entre otras ramas del país. Por otro lado, debemos tener claro que todos estos intereses fueron sostenidos por el gobierno de la Liga Nacional para la Democracia, el partido de la depuesta Aung San Suu Kyi.

Huelga General y la lucha de clases en el sudeste asiático

Millones de personas salieron a las calles a manifestarse en Myanmar culminando este lunes en un huelga general extendida por todo el país. Como señala Josefina Martínez, a la huelga se han sumado, además de los sectores textiles, médicos, enfermeras, el sector educativo, el transporte y muchos otros, como los bomberos, que participan de la movilización de Yangon.

La huelga de trabajadores que tuvo gran repercusión en Yangón, paralizó prácticamente la antigua capital mientras decenas miles de personas se concentraron en el casco histórico. Las manifestaciones estuvieron protagonizadas principalmente por jóvenes trabajadores y a trabajadores de todos sectores, incluidos bomberos y maestros uniformados, personal sanitario e incluso pancartas y banderas del colectivo LGTBI o de las minorías étnicas del país.

Una mención especial para las destacadas columnas de los jóvenes sindicatos del sector de la industria de la confección, una red de talleres que ocupan una mano de obra muy joven y super explotada, en su mayoría mujeres, que producen para las grandes marcas europeas o norteamericanas como Zara, Primark, H&M, o Dell.

Andrew Saks, un activo organizador sindical que reside en Yangon y que colabora con el movimiento de organización sindical en este sector, en una entrevista exclusiva con La Izquierda Diario nos dijo:

“Los trabajadores de la confección convocaron y dirigieron una protesta el sábado por la mañana que catalizó la ola de protestas en todo Myanmar que estamos viendo ahora. Había un cierto vacío de liderazgo, ya que la LND no convocó manifestaciones callejeras a pesar de la detención de sus líderes. El sindicato de trabajadores de la confección entró en ese vacío y asumió el liderazgo a pesar del extraordinario riesgo que supone hacerlo en este momento en Myanmar. La imagen del sindicato de trabajadores de la confección desplazando a cientos de trabajadores desde las zonas industriales al centro de Yangon inspiró y envalentonó a las masas de Myanmar”.

Esta reflexión de Sacks es muy interesante como punto de apoyo para superar a una dirección que en todo momento negoció con la dictadura y permitió que continuaran todos sus negocios y justificó la represión a las minorías étnicas como los rohingya.

La resistencia al golpe en Myanmar despertó la simpatía de los movimientos democráticos ya existentes en todo el sudeste asiático. Desde Tailandia a Corea del Sur e Indonesia se han organizado manifestaciones en apoyo con la participación de trabajadores migrantes de Myanmar. En este sentido puede ser la punta de lanza para que se levante la nueva clase obrera que sufre altos niveles de explotación y ve que los gobiernos se enriquecen extremadamente mientras sus salarios son los más bajos del planeta de toda la región. Es fundamental que los sindicatos rompan con política e ideológicamente con la líder Aung San Suu Kyi y el LND.

El tigre del sudeste asiático se está levantando.

 

Por Salvador Soler

@SalvadorSoler10

Lunes 8 de febrero | 22:20

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Carabineros reprimen en Santiago una manifestación en repudio al asesinato perpetrado el viernes por policías contra el malabarista Francisco Martínez Romero, de 27 años, cuando efectuaban un control de identidad. El joven, quien llevaba unos machetes para realizar sus actos, se negó a ser revisado. El caso pareció ahondar la crisis que viven las fuerzas de seguridad desde el estallido social de octubre de 2019, que dejó decenas de muertos. El agente acusado de disparar a quemarropa está detenido. Foto Ap / Ap

En las manifestaciones, enfrentamientos, barricadas y 10 edificios públicos incendiados

 

Santiago. El policía acusado de disparar a quemarropa y matar a un joven malabarista callejero el pasado viernes en una ciudad del sur de Chile permanacerá en prisión preventiva después de que manifestantes respondieron a este acto de brutalidad policial con protestas y la quema de 10 edificios públicos, barricadas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

El juez del juzgado de garantía de Panguipulli resolvió conceder dos días más de detención para que la fiscalía pueda recabar pruebas. El lunes se presentarán formalmente los cargos contra el detenido, cuya identidad se mantiene en secreto por su seguridad.

Tras el asesinato del malabarista, la noche del viernes fueron incendiados los principales edificios públicos de Panguipulli, en la Región de Los Ríos y a 800 kilómetros al sur de Santiago, donde ocurrió el asesinato.

El malabarista Francisco Martínez Romero, de 27 años, se encontraba en el centro de Panguipulli, pequeña localidad, de 32 mil habitantes, cuando dos policías realizaban un control de identidad, que obliga a todos los ciudadanos a mostrar sus documentos por ley. Al momento del control Martínez Romero, quien portaba unos machetes con los que realizaba sus actuaciones callejeras, se negó a ser revistado por los uniformados, a lo que dos policías respondieron disparando al suelo.

Un video que se viralizó en redes sociales muestra cómo uno de los policías continuó disparando al joven hasta que este cae, muerto, en la calzada. El malabarista recibió al menos cinco disparos, según información de la Policía de Investigaciones.

El coronel de Carabineros, Boris Alegría Michellod, argumentó en declaraciones a los medios de comunicación que el joven malabarista persistió en abalanzarse contra la policía, por lo que los uniformados actuaron “en resguardo de su propia integridad y de sus propias vidas” e hicieron uso de las armas de fuego en “legítima defensa propia”. Esta versión es desmentida por testigos en el lugar de los hechos y, el video que circuló en redes.

El caso pareció ahondar una crisis profunda de la policía chilena que data desde las documentadas violaciones a los derechos humanos ocurridas por este organismo del Estado desde el estallido social que inició en octubre de 2019 y que dejó un saldo de más de 450 personas con trauma ocular, más de 31 muertos y 4 mil denuncias por violaciones de derechos humanos, en situaciones que no han llegado a la justicia.

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Guerra de desgaste contra las comunidades zapatistas

 La estrategia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se completa con la instalación de nuevos campamentos y bases de la Guardia Nacional, en la región de Ocosingo, que va de la mano de las reactivación de grupos armados como la ORCAO que se desempeñan como paramilitares.

“No somos dueños de la tierra, somos sus guardianes. La tierra es para vivir no para hacer negocio”, dice un joven de la comunidad Nuevo San Gregorio, del Municipio Autónomo Lucio Cabañas, Caracol 10, en el municipio oficial de Ocosingo (Huixtán), Chiapas.

“Estamos cercados en nuestra propia tierra”, agrega una mujer de la misma comunidad que está siendo sitiada por 40 invasores armados con apoyo del Gobierno. Explica que pese al cerco, las familias han montado un taller de carpintería, hacen bordados y mecapal, como forma de resistencia.

Son testimonios recogidos por la “Caravana Solidaria”, integrada por más de 15 colectivos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, tanto en la comunidad Nuevo San Gregorio como en las cinco comunidades que integran la región Moisés Gandhi, en el municipio Autónomo de Lucio Cabañas, oficial de Ocosingo.

Integrantes de la Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq nos explican desde San Cristóbal de Las Casas que se trata de más de 600 hectáreas que fueron recuperadas por las bases zapatistas cuando la ofensiva de 1994 y que ahora están siendo cercadas por “medianos propietarios y personas aliadas de los gobiernos federal y del Estado de Chiapas” y por miembros de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO).

En Moisés Gandhi, habitada por cientos de familias, las agresiones comenzaron el 23 de abril de 2019, con disparos de armas de grueso calibre desde las 5h hasta las 21h, situación que el Gobierno no quiere ni tiene la voluntad de detener. Desde que comenzaron los ataques, en abril de 2019, en varias ocasiones llegaron grupos de 250 a 300 personas armadas en vehículos, queman viviendas, roban y destruyen cosechas. En varias ocasiones han secuestrado a comuneros, los golpean y amenazan y luego los sueltan.

El 22 de agosto quemaron una tienda de acopio de café zapatista en el crucero de Cuxuljá, un cruce estratégico de carreteras que conectan San Cristóbal con Palenque.

Se trata de nuevas modalidades de la contrainsurgencia que se van adaptando al crecimiento y expansión territorial del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que pasó a contar con 43 centros de resistencia. Integrantes de la caravana explican que los miembros de ORCAO son gente politizada que conoce bien al movimiento zapatista.

Desde hace años fueron atraídos por programas sociales que les ofrecen recursos si regularizan las tierras, pueden capitalizarse y pasar de campesinos pobres a campesinos ricos, adquiriendo poder. La ORCAO vende su café a grandes empresas vinculadas a Wall Mart, ya que tiene aspiraciones de conseguir grandes ganancias.

“La forma de operar consiste en cercar las viviendas, las clínicas y las escuelas de las familias y comunidades zapatistas, y de ese modo les impiden seguir produciendo, configurando una guerra integral de desgaste que busca quebrar la economía autónoma”, explican miembros de la Ajmaq y de las caravanas solidarias.

Imposible no conectar esta situación con lo que fueron las políticas sociales de los gobiernos progresistas en Sudamérica. No sólo transferían recursos a los barrios y comunidades pobres, sino que buscaban que los intermediarios fueran organizaciones y movimientos populares que antes habían luchado contra los gobiernos neoliberales. De esa manera, incorporaban a las políticas oficiales personas que conocían a fondo a los movimientos, saberes a que los Estados desconocían.

 “No es casualidad que la ORCAO esté atacando a las nuevas Juntas de Buen Gobierno y centros de resistencia, porque allí la mayoría son jóvenes y mujeres y buscan desanimarlos y atemorizarlos”, dicen miembros de las caravanas.

Por eso además de cercar con alambres las tierras comunitarias, rompen tuberías de agua, cercan manantiales, pastos donde se alimenta el ganado y les impiden cosechar. En Nuevo San Gregorio, las bases de apoyo reconocen que este año apenas pudieron cosechar el 50% del año pasado. El objetivo es crear una crisis humanitaria que fuerce a las familias zapatistas a abandonar las tierras que recuperaron luchando.

La estrategia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se completa con la instalación de nuevos campamentos y bases de la Guardia Nacional en la región de Ocosingo, que va de la mano de las reactivación de grupos armados como la ORCAO que se desempeñan como paramilitares.

“No nos rendimos, aquí seguimos organizando nuestros trabajos colectivos”, aseguran las comunidades. Para mantener la resistencia organizan trabajos colectivos, para asegurarse la alimentación y la salud. La decisión de resistir de forma pacífica, sin violencia pero sin abandonar la lucha, tiene enormes costos que las bases zapatistas están dispuestas a afrontar.

Desde arriba buscan el enfrentamiento entre pueblos, apoyando organizaciones sociales que cuentan con la complicidad de los gobiernos municipal, estatal y federal, con el objetivo de minar la autonomía zapatista que es una de las principales esperanzas que ilumina el planeta.

5 feb 2021 09:50

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Marcha de granjeros hacia la ciudad de Nueva Delhi en noviembre de 2020. Foto de Randeep Maddoke

El primero ministro Modi, exponente del nacionalismo hindú y abanderado del neoliberalismo, afianza su poder en una India cada vez más desigual.

 

La “oleada colectiva de protestas” que se están produciendo en India a día de hoy es la mayor lucha por la democracia que tiene lugar en el mundo. Los planes autoritarios de Modi, apoyándose en la retórica nacionalista más desbocada, suponen un peligro para la democracia y un enorme sufrimiento para un pueblo que vive desesperado entre una pobreza y desigualdad económica galopante. La epidemia del coronavirus ha amplificado el sufrimiento que ya vivían cientos de millones de personas, no solo por el alto coste humano de la pandemia, sino por el desplome económico que ha originado una gestión pésima por parte del gobierno. Por si fuera poco, las perspectivas no son nada halagüeñas y las condiciones de vida para muchas familias van a continuar agravándose, dada la intención de seguir con la senda neoliberal del gobierno más autoritario y antidemocrático desde tiempos de Indira Gandhi.

La gota que ha colmado el vaso es el último plan para liberalizar el sector agrario. Es cierto que tiene fallos estructurales, pero eso no quita que la reforma sea vista tanto interna como externamente como un cheque en blanco más al sector privado. La pésima gestión de la crisis sanitaria solo ha beneficiado a un selecto grupo de millonarios y milmillonarios que han visto incrementado su poder durante la pandemia. El último informe de Oxfam lanza una sentencia categórica y a la vez muy inquietante: “la desigualdad en India cayó después de la independencia, pero ha subido recientemente a niveles vistos en la era colonial”.

Como bien dice el célebre economista Amartya Sen, India “no era un lugar muy feliz antes de la llegada del gobierno de Modi. Había grandes desigualdades. Estas desigualdades se han magnificado y se han convertido en una parte estándar de la vida”. Sen, aparte de ser muy crítico con las políticas económicas del gobierno, lo es también con sus políticas racistas y de odio. Esto “puede tomar una forma religiosa, como ser anti-musulmán, puede ser de clase, o puede adoptar una forma de casta y de género” .

Desde la independencia de India en el 1947, el nacionalismo hindú apenas había gobernado el país y “estaba representado por el BJP [antes BJS], que ha sido, desde 1980, el frente político del RSS, la organización madre” del movimiento nacionalista. La historia sobre cómo el odio y el nacionalismo han proliferado entre la democracia más grande del mundo se hace imposible de entender si no nos remontamos hasta el año 1925 cuando el RSS fue formado. Durante varias décadas, fracasaron en sus intentos de propagar su discurso de odio hasta que en la década de los 80 empezaron a tener cada vez más impacto en la sociedad, encontrando, después, al líder adecuado para aumentar su popularidad, L.K. Advani. De esta forma el nacionalismo hindú iría ocupando cada vez más un espacio mayor. Pocos años más tarde, en el 92, las presiones de gente como Advani convencieron a “voluntarios nacionalistas hindúes” para derribar la mezquita histórica Babri Masjid. Esto fue, sin ningún tipo de dudas, un punto de inflexión y “marcó el apogeo de la polarización política en torno al nacionalismo hindú y la violencia entre las comunidades hindúes y musulmanas”.

Anand Patwardhan, célebre y premiado documentalista y autor de Reason, nos recuerda que M.S Golwakar, “gurú de la RSS” y su “jefe durante 33 años”, decía “abiertamente en su libro que debíamos aprender de los nazis, especialmente lo que les hacen a las minorías” . Este discurso de odio no pasó desapercibido después de la independencia. De hecho, cuando el 30 de enero de 1948 Nathuram Godse asesina a Mahatma Gandhi, días después, el gobierno central prohibiría temporalmente el RSS  “para erradicar las fuerzas del odio y la violencia que actúan en nuestro país y poner en peligro la libertad de la Nación y oscurecer su hermoso nombre” .

La comunidad musulmana en la india representa el aproximadamente el 14 % de la población, en un país de más de 1.300 millones de habitantes esto supone casi 200 millones de personas. Los discursos de odio llegan hasta tal punto que es el propio Modi el que tiene que pronunciarse para rebajar la tensión a la vez que juega (él, su partido y las organizaciones nacionalistas) a criminalizar a la población con políticas y discursos marcadamente racistas. El mayor ejemplo está precisamente en la figura de Mahatma Gandhi —quien murió a manos de un antiguo miembro de la RSS, aunque hayan intentado desvincularlo—, pues el auge del fascismo ha llevado a la proliferación de discursos que justifican o se muestran equidistantes con su asesinato. Esto condujo a Modi a escribir un artículo en The New York Timesen el 2019 reivindicando su figura , en un buen ejercicio de cinismo.

La independencia del imperio británico trajo la instauración de una república “secular” en una connotación diferente a la que le damos en Occidente. La Constitución recoge muy bien los ideales del momento en el que se pretendía respetar y promover la buena convivencia en un país plural en todos los ámbitos. Asimismo, era un objetivo obligado después de la partición traumática y de la formación de Pakistán. La partición en 1947 entre Pakistán y la India creó “una de las mayores migraciones en la historia de la humanidad” produciendo el desarraigo de 35 millones de personas y la muerte de entre 1 y 2 millones. Según William Dalrymple, la comparación con los campos de exterminio no es tan descabellada como parece. “La partición es fundamental para la identidad moderna en el subcontinente indio, como el Holocausto es para la identidad entre los judíos” .

En los primeros años de la nueva república, la influencia del RSS y del nacionalismo hindú sobre la política nacional no fue determinante y su auge espectacular empieza a partir de los años 80 tal como hemos dicho. No obstante, el asalto a la democracia de Modi no es la primera vez que la democracia más grande del mundo vive una amenaza existencial. La vivida en tiempos de Indira Gandhi fue especialmente severa y acabó con la declaración del Estado de Emergencia (conocido como la “Emergencia”) durante los años 75 y 77, en la que Gandhi “asumi[ó] poderes extraordinarios, encarcel[ó] a líderes de la oposición y silenci[ó] a la prensa”.

Los planes de Gandhi fracasaron después de convocar unas elecciones en el año 77 que perdería frente a una oposición que se unió para derrotarla. De todas formas, volvería en el año 80 al poder y gobernaría el país hasta el año 84 cuando fue asesinada. Los paralelismos que se pueden trazar con la actualidad son bastante inquietantes, a pesar de que la naturaleza e ideología de los gobiernos no tienen nada que ver. En esta misma línea, el estudioso del nacionalismo hindú, Christophe Jaffrelot, apuntó a que “mucha gente apoyó el Estado de Emergencia y vio en ella [I.Gandhi] un desarrollo positivo”, entre otros el sector empresarial. Indira Gandhi, al igual que Modi, contaba con una gran popularidad debido, en buena medida, al uso de los medios de comunicación para sus fines.

En la actualidad, no son pocos lo que señalan a las grandes empresas y a los medios de comunicación como grandes responsables del deterioro democrático que vive el país. Expresado con gran rotundidad por la escritora y activista Arundhati Roy:

“No viviríamos en un estado de fascismo si no fuera por los medios de comunicación indios [...]. Todo se está desmoronando, pero estamos unidos por una tubería de odio que es canalizado por los principales medios de comunicación. No finjamos más que estamos en una democracia y que hay debate y libertad. No hay libertad. Y pondré una gran responsabilidad en los medios financiados por las corporaciones, en las corporaciones que financian estos medios tóxicos [...] La historia se acabó a menos que cada uno de nosotros, independientemente de nuestras diferencias, se den cuenta de que nos enfrentamos al fascismo”.

Uno de los aspectos que más inquieta de Modi es como está utilizando cualquier acción contra los musulmanes para aumentar su popularidad. Modi tiene el mérito de haber empeorado el penoso historial de violaciones de los derechos humanos en la región de Cachemira y de haber elevado aún más la tensión con Pakistán, algo que debería preocuparnos desde nuestras sociedades occidentales porque los dos países tienen armas nucleares. En agosto de 2019, Modi dio un paso más en sus agravios hacia la población musulmana revocando el artículo 370 de la constitución que garantizaba un status especial para el Estado de Cachemira. El artículo otorgaba “al estado cierta autonomía y reconocía sus diferencias históricas y culturales con el resto de la India”.

Una medida así debía venir de la mano de restricciones a la libertad de circulación, prohibición de las reuniones públicas, cierres de las telecomunicaciones, de detención y desaparición forzadas de miles de personas. El desastre a día de hoy continúa y ha sido agravado por la crisis del coronavirus y por el apagón mediático del que se ha quejado amargamente A. Roy en The Guardian: “es comprensible que un mundo traumatizado por el coronavirus no haya prestado atención a lo que el gobierno indio le ha hecho al pueblo de Cachemira. El toque de queda y el corte de las comunicaciones, y todo lo que conlleva tal asedio (sin acceso a médicos, hospitales, trabajo, sin negocios, sin escuela, sin contacto con seres queridos) duró meses. Ni siquiera Estados Unidos hizo esto durante su guerra contra Irak” .

Entender lo que está haciendo Modi significa también recordar lo que hizo mientras era gobernador en Gujarat. No nos olvidemos del papel que jugó el actual mandatario en la masacre del año 2002. Los hechos quedan perfectamente resumidos por Aditya Chakrabortty:

“El 27 de febrero de 2002, un vagón de tren que transportaba a peregrinos hindúes se incendió en la estación de Godhra en Gujarat. Murieron 58 personas. En cuestión de horas y sin más evidencia, Modi declaró que los servicios secretos paquistaníes eran los culpables; luego hizo desfilar los cuerpos carbonizados en la ciudad principal de Ahmedabad; y dejó que su propio partido apoyase una huelga estatal durante tres días. Lo que siguió fue un derramamiento de sangre masivo: 1.000 muertos según estimaciones oficiales, más de 2.000 según recuentos independientes. La vasta mayoría de ellos eran musulmanes”.

La escandalosa responsabilidad de Modi en la matanza llevó a los Estados Unidos a prohibir el visado a Modi durante varios años hasta que la prohibición se levantó con Obama poco antes de que llegara a la presidencia. Los grandes intereses de Estados Unidos en India explican el acercamiento a Modi. Tanto es así que el mandatario indio se tomó el lujo de declarar que: “es cierto que Obama y yo tenemos una amistad especial, una sintonía especial”. Un hecho bochornoso que explica la existencia de este artículo del New York Times defendiendo o encubriendo a Obama al hablar de la improbabilidad de que se hubiera formado una amistad entre ambos mandatarios. 

Los gobiernos españoles también han apoyado a Modi, a pesar de su deriva autoritaria en consonancia con la normalización de los movimientos de extremaderecha o neofascistas en Occidente. En el año 2017, Mariano Rajoy, aprovechando la visita de Modi a España, expresó su deseo de que “sirviera para impulsar la relación entre nuestro dos países de forma decisiva mediante el establecimiento de una hoja de ruta”. De igual forma, el expresidente español elogió “el programa de reformas económicas”, una manera eufemística de referirse a las medidas neoliberales que las élites económicas y políticas indias defienden. Si atienden el registro, verán la misma complicidad en el gobierno de Pedro Sánchez que parece seguir la misma estrategia de Macron de intensificar lazos con cualquier extremista al que pueda venderle armas. El mayor ejemplo lo ha vuelto a dar este gobierno. En el primer semestre de 2020 autorizó 68 millones de euros en armamento a India y 2,5 millones de euros a Pakistán.

Otro ejemplo más del conflicto que se genera entre seguridad nacional y la industria armamentística, pese a que no lo quieran reconocer nuestros líderes políticos. Recordemos que tanto India como Pakistán están armados hasta las trancas y que, si bien Pakistán no tiene ni mucho menos “una democracia fantástica”, el peligro de que estalle un conflicto entre estas dos potencias nucleares sigue siendo muy real. Para colmo, los 68 millones de euros autorizados en los pasados seis meses no tienen en cuenta que Modi cuenta con uno de los peores historiales de violaciones de los derechos humanos de la democracia india.

Volviendo a las declaraciones de Rajoy sobre las reformas económicas, la ruta neoliberal ha encontrado un rechazo manifiesto en estos últimos meses a raíz de la reforma del sector agrario que quiere realizar Modi a espaldas de los agricultores. La pretensión del gobierno de presentarlas como una conspiración es un síntoma inequívoco de fascismo. Otro síntoma, presenciado por el famoso periodista indio y uno de los mayores expertos en este tema, Palagummi Sainath, es que el régimen ha aprovechado el coronavirus para sacar adelante esta reforma. El gobierno ha aprovechado el “shock” de la pandemia para aprobar una medida que es altamente impopular. Al fin y al cabo, no es nada nuevo. En Occidente hemos podido comprobar como estos shocks han favorecido la implementación de las políticas neoliberales durante las últimas décadas.

Los problemas que viven los agricultores no son nada nuevos. Ni para la población india, ni para Occidente. Cada año, miles de agricultores se suicidan debido a la pobreza y explotación extrema que es cada vez más aguda por los efectos de la crisis climática. Observadores internacionales ya habían alertado hace mucho tiempo sobre los grandes problemas que enfrentaba el sector agrario como es el caso de la escritora y periodista, Mira Kamdar. Muchos de estos problemas siguen a día de hoy y deben ser resueltos, con especial urgencia, los efectos secundarios que trajo la Revolución Verde: explotación económica de los pobres y daños ecológicos brutales por la utilización masiva de fertilizantes químicos y pesticidas.

La insistencia en implementar la reforma agraria sin el consenso suficiente de los agricultores, utilizando a unos medios de comunicación cómplices e indulgentes con Modi es una pésima noticia y un mal augurio. Más que nunca, la democracia depende de la eficacia de la resistencia social y de la organización de un pueblo que está cada vez más movilizado frente a un autócrata racista que quiere convertirse en tirano.

Por Isa Ferrero

@isaferrero2

5 feb 2021 06:21

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La Rusia que se rebela Entrevista a Andrey Schelchkov

La detención de Alekséi Navalny abrió un nuevo frente para Vladímir Putin. Con la mirada puesta en las protestas de la vecina Bielorrusia y en la estrategia para enfrentarlas, el gobierno apuesta a responder con violencia a las manifestaciones y esperar su desgaste. El costo es mostrarse como un régimen abiertamente represivo. Navalny, entretanto, se reafirma como la principal figura de la oposición.

 

El envenenamiento, la salida del país y el regreso y detención de Alekséi Navalny han reactivado las protestas en las calles a lo largo y ancho de Rusia. Con una popularidad que comenzó hace años con sus denuncias anticorrupción, Navalny, de 44 años, se transformó en la principal figura de la oposición, con un apoyo particularmente significativo entre los jóvenes. El gobierno respondió a las protestas con una inusitada escenificación de poder y no menos represión. En esta entrevista, el historiador de la Academia de Ciencias de Rusia Andrey Schelchkov analiza la coyuntura, el liderazgo de Navalny y sus posturas ideológicas -algunas de ellas, paradójicamente, no tan lejanas a las de Putin- y el escenario que abre esta nueva ola de protestas.

¿Cuál es la estrategia del gobierno ruso frente al caso Navalny? ¿Cuánto incide lo que ocurre en la vecina Bielorrusia, con las persistentes protestas en las calles, en la escenificación de la fuerza y la fuerte represión de las protestas?

Parece que el gobierno dejó al lado todas las apariencias. La arbitrariedad es absoluta, la represión es brutal y ejemplarizadora, lo que a los ojos de la gente menos involucrada políticamente contrasta con la imagen paternalista que siempre buscó proyectar Vladímir Putin. Ahora el gobierno optó por la variante de la violencia abierta, al estilo de Aleksandr Lukashenko en Bielorrusia. Está cortando sus vías de comunicación con amplias capas de la sociedad, inclusive con los partidarios de Putin. La represión acelera la radicalización de la protesta, lo que podría acortar las posibilidades de supervivencia del régimen. Nunca la policía tuvo una imagen positiva, pero ahora está por debajo del suelo. La cantidad de arrestados sobrepasa lo imaginable: entre el 23 y el 31 de enero han sido casi 10.000 personas en todo el país. Ni en la época soviética hubo algo parecido. En la URSS, la policía era disciplinada y no arbitraria o abusiva. Claro, hablamos de la época de Leonid Brézhnev, con Stalin no existía la ley. Cuento esto porque aún ahora hay una cierta confianza e ilusión en la justicia, que de todos modos se fue evaporando en estos años. Hoy solamente los más ancianos tienen estos espejismos. Por ejemplo, una vecina mía de más de 80 años y muy favorable a Putin me dijo «¿Por qué Navalny protesta en vez de ir a denunciar la corrupción en la fiscalía?». Santa simplicitas.

De todos modos, durante estas protestas, no en todas las ciudades hubo confrontación con la policía. Por ejemplo, en mi ciudad natal, Krasnodar, que cuenta con un millón de habitantes y es tradicionalmente muy conservadora, salió muchísima gente. El 23 de enero hubo alrededor de 7.000 personas, un número nunca visto allí desde que se recuerde, y nadie les puso trabas a las marchas. Hay que recordar que todas las manifestaciones fueron prohibidas, lo que hace más importante el número de manifestantes. Tal vez las fuerzas especiales se fueron a Moscú y no tenían con qué reprimir en ciudades más pequeñas. Las autoridades apuestan a la estrategia de Bielorrusia: la gente se cansará y la represión va a cumplir su función. Creen que si mantienen preso a Navalny el gobierno podría aguantar algunas semanas de protestas. El problema es si esto se convierte en una especie de intifada rusa. Por primera vez la policía se enfrentó a la resistencia violenta de quienes protestan. Y además vienen elecciones al Parlamento que puede causar otras conmociones.

El gobierno no puede dejar en libertad a Navalny sin que ello sea considerado una muestra de debilidad, algo que Putin teme más que nada porque sería una señal a los servicios de seguridad de que el jefe está débil, y esto podría causar una crisis en la elite gubernamental. El gobierno prefiere una crisis corta ahora que una crisis sin fin con Navalny en libertad. La incógnita es qué sucede si esta situación dura demasiado tiempo. Ya nadie escucha la propaganda por la TV, excepto gente mayor que no sale ni para protestar ni para apoyar a Putin. Los medios oficialistas dicen que las protestas fueron insignificantes. Pero todo el mundo ve la histeria de las autoridades, que cerraron el centro de Moscú para peatones (algo inédito), frente a lo cual los manifestantes se dispersaron por barrios más periféricos mostrando que están «por todos los lados». El centro, donde hasta las estaciones de metro fueron cerradas, parecía parte de una ciudad bajo estado de sitio. Pero el drama no es Moscú, siempre rica y acomodada, y siempre de oposición, sino las provincias, pobres o ricas pero siempre leales, donde sorprendió la dimensión de la protesta.

¿Cómo está hoy la popularidad de Putin? Hasta ahora había un clivaje claro entre «las capitales» (Moscú-San Petersburgo) y el resto de Rusia, pero desde hace tiempo se ven protestas en otros sitios, incluyendo el extremo oriente.

No tiene sentido seguir las encuestas oficiales, pero incluso ellas registran una caída de la popularidad de Putin hasta 53%. Más o menos independiente, el Levada Center llevan la caída hasta 39%, pero lo más interesante es su nivel de apoyo entre los jóvenes (hasta 35 años): en un año, cayó de 36% a 20% de apoyo. En realidad, el problema está además en que Putin aparece como mentiroso e incluso ridículo. Surgieron miles de chistes, una forma de reacción popular tradicional en política en Rusia. Putin pasa a ser objeto de burlas, incluso cae en el ridículo, y esto es lo peor que le puede pasar desde punto de vista de su imagen. Incluso muchos de los que lo saludaron como gran líder nacional durante la epopeya de la anexión de Crimea ya no lo apoyan.

Lo que se denomina «la provincia» es un mundo heterogéneo, y las grandes ciudades del interior (Novosibirsk, Ekaterimburgo y muchas otras) son un gran problema para el gobierno, incluso electoral. En el oriente, en el Pacífico, la población fue siempre rebelde, muchos son descendientes de los deportados, ahí la violencia es muy posible y no hay temor. Ya provocaron grandes sorpresas electorales, allí las autoridades se sienten débiles, pero las preocupan más Moscú y San Petersburgo, donde se decide la suerte del poder; por eso tanto dinero va a estas dos ciudades. En Siberia oriental (Jakasia, Jabárovsk, Vladivostok), en las pasadas elecciones, ganaron los candidatos spoilers (postulados no para ganar, sino para obstaculizar el triunfo opositor), y la política de Navalny denominada «opción inteligente» llamó a la gente a votar por cualquier candidato con posibilidades de ganarle al oficialismo. En varias regiones ganaron los opositores. En Vladivostok simplemente anularon las elecciones, en Jabárovsk en un año detuvieron al gobernador, provocando masivas protestas diarias y semanales que las autoridades no se atrevieron a reprimir. Estas protestas duraron seis meses. Y las consignas pasaron lentamente de un espirito anti-Moscú, que es inherente a todas las provincias rusas, a las consignas anti-Putin. Pero sin tener liderazgo político ni idea de cómo seguir, las protestas se desvanecieron. Y lo más preocupante es que Navalny, desde su regreso, se convirtió en un instante en un héroe sin temor y en figura unificada de la oposición, que consolida todo el descontento en el interior ruso, que realmente está social y económicamente mal.

Navalny es un nacionalista, aunque parece más abierto a temas como los derechos LGBTI, de las mujeres, etc. ¿Qué lo diferencia ideológicamente de Putin?

Navalny es un nacionalista light. Es un político nato, se apoya en los sentimientos que existen en la sociedad: nacionalismo antiinmigrante, sobre todo contra los provenientes de Asia central, de religión islámica y social-liberal. Sabe que Rusia es un país de izquierda, pero donde los social-liberales ya son derecha, por eso tiene discurso de justicia social y de igualdad, en esencia es un «socialista» en lo social y es liberal en lo económico y en la política, una combinación complicada. El problema no es tanto qué lo diferencia de Putin sino lo contrario, qué tiene de parecido con el presidente. Y esto es el caudillismo, un liderazgo personalista. Por eso algunos lo llaman «joven Putin». Navalny consiguió formar un numeroso grupo de seguidores jóvenes, muy abnegados y sacrificados. En cuanto a la agenda social de feminismo, derechos LGBTI, etc., tiene el discurso muy liberal. Pero su nacionalismo preocupa a muchos porque es antiinmigrante (la inmigración es un gran problema cultural y religioso en Rusia), aunque entronca con la sensibilidad de muchos simpatizantes de Putin. Por ejemplo, Navalny acusa a los oligarcas putinistas de fomentar la inmigración de Asia central para mantener salarios bajos. Tampoco les gusta a los liberales su posición sobre el problema de Crimea, que coincide con la de Putin. Hay que recordar que Navalny fue expulsado a principio de 2000 del partido social-liberal Yabloko por sus posiciones nacionalistas. Sin embargo, la mayoría de los opositores, en la derecha y en la izquierda no oficialista (Frente de Izquierda), apoyan a Navalny por ser capaz hoy de enfrentar a Putin.

¿Qué elementos explican la dimensión de la protesta? No parece ser solo la libertad de Navalny... 

Navalny, en su confrontación con Putin, se convirtió en la figura unificadora contra el régimen, y eso ayuda a aumentar la cantidad de personas dispuestas a salir a las calles por su libertad. Lo que sorprende es que un tercio de ellas salió por primera vez. Se junta el cansancio por la pandemia, la crisis, la erosión de los niveles de vida, lo que contrasta con la opulencia gubernamental. Por eso, el video que publicó el equipo de Navalny sobre un un lujoso palacio en las costas del mar Negro, supuestamente perteneciente a Putin, fue una especie de chispa. De ahí la indignación de Putin. Muchos creen que la detención de Navalny sin ninguna justificación legal es una venganza por esa denuncia. De ser cierto, esto colocaría a Putin ya no en el papel de un líder autoritario, lo que parece no molestarlo mucho, sino en el de un vulgar político corrupto. Después de 20 años de poder personal de Putin, muchos sienten ya mucho hastío.

En un comienzo, Putin tenía una base de apoyo también entre los jóvenes, ¿eso está cambiando?

Es cierto, era más popular entre los jóvenes, pero era la época en que el petróleo estaba a 100 dólares por barril; ahora no hay nada de eso. Los jóvenes se enfrentan a varios problemas: (a) tienen mayor información por internet, viven en internet y no ven televisión, que es pura propaganda; (b) en Rusia casi 90% de los jóvenes (de hasta 35 años) son graduados de la universidad y 80% trabajan en puestos que no corresponden a su especialidad profesional, es decir que la frustración laboral entre jóvenes es muy grande; además, el sistema de Putin, que conforma una elite cerrada, acortó todos los canales de ascenso social; (c) hay también un conflicto de tipo estético: los valores putinistas de la guerra, la masculinidad y el imperio no pegan en la mayoría de los jóvenes, que se muestran bastante sordos a todo eso. Las tentativas de crear un movimiento pro-Putin entre los jóvenes en 2005-2010 fracasó. Sus líderes terminaron apropiándose de los recursos y no cuajó. En el ciclo de protestas anti-Putin de 2011-2012, ellos ni aparecieron… Un gran problema con los jóvenes es que no conocieron la URSS, por eso no tienen el temor a una repetición de las épocas estalinistas que tuvimos todos los que vivimos la época soviética. Ellos no tienen miedo a las policías y salen a enfrentarse de manera abierta.

Muchos cantan «Abajo el Zar» en las protestas... ¿quiénes salen a las calles? ¿Puede formarse allí un nuevo bloque opositor con más suerte que los anteriores en los 20 años de putinismo?

Es un gran enigma… Lo más lógico sería que el partido Yabloko, que tiene personería jurídica para presentar las listas para elecciones, aproveche las protestas y acepte la colaboración con los navalnistas. Ahí cambiaría el panorama político, pero es posible que prefieran mantener su mísera existencia sin conflicto con el Kremlin que pujar por ganar las elecciones (en 2021 hay elecciones legislativas). Es la única opción, porque los demás partidos no oficialistas deben juntar firmas para obtener su personería y las autoridades frenan siempre su registro. Si Yabloko no acepta el apoyo de los navalnistas, el voto de protesta va a ser aprovechado por el Partido Comunista, que hace algunas cosas críticas al gobierno pero es antinavalnista. Sin embargo, las bases del PC y de Yabloko (sus diputados municipales, por ejemplo) ya están con los navalnistas y en pleno conflicto con la cúpula de sus partidos. En perspectiva, no veo lo que muchos siempre quisimos: el pluralismo en el espacio opositor. Navalny sin duda va a monopolizar la posición del líder único, incluso desde la prisión.

En una de las fotos desde la comisaría, justo atrás de Navalny se ve en la pared una foto de Genrikh Yagoda, quien estuvo a la cabeza del KGB entre 1934 y 1936, en pleno estalinismo. ¿Se le dio alguna significación particular a esa imagen en Rusia? Hoy en el país parece haber libertad de expresión por fuera de los canales oficiales. ¿Cómo es la situación?

Pues sí, y es una especie de ironía, ya que Yagoda también fue fusilado por Stalin. Aquí lo comentaron mucho, fue más bien un pretexto para comparaciones con el pasado a mi juicio inadecuadas. De momento se conservan pocos medios absolutamente opositores, como el canal de TV Dozhd (Lluvia) que transmite solamente por internet y es de pago, pero tiene mucha audiencia y casi las 24 horas habla del caso Navalny. Las radios y los periódicos conservan cierta libertad y los hay de línea opositora. Ahora bien, las autoridades ya se enteraron de que los millones invertidos en la propaganda por televisión sirven solamente para convencer a las personas de mucha edad y no sirven ya nada para atraer a los jóvenes, que no ven televisión y menos aún los canales oficialistas, con un discurso y una estética tan anticuados. Por eso el gobierno está buscando formas de controlar las redes sociales y YouTube, Telegram, etc. Y es muy posible que cierren más medios. Mucho depende de que les importe la reacción internacional que siempre puede amenazar su pecunia, que es lo más sagrado. Por eso dan un paso y esperan la reacción interna y externa. Pero Occidente prefiere, como siempre, obtener grandes ganancias con Rusia antes que defender los derechos humanos o civiles, por eso ahora es más importante en Europa la presión de la opinión publica frente a sus gobiernos, sobre todo el alemán y el francés, y ni hablar del italiano, que siempre elige una posición prorrusa, para que corrijan su política hacia Moscú.

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Alexéi Navalni durante la vista judicial en el Tribunal Municipal de Moscú, este martes.AP

El activista llama en la vista judicial celebrada en Moscú a mantener la presión en la calle contra Putin

Un tribunal de Moscú ha condenado este martes al destacado opositor ruso Alexéi Navalni a ingresar en prisión por violar repetidamente los términos de una sentencia por fraude de 2014 y la libertad condicional impuesta entonces, por no presentarse a las revisiones judiciales. A esa condena la jueza le ha restado casi un año por el tiempo que pasó en un arresto domiciliario que cumplió en su momento. La pena efectiva se queda así en dos años y ocho meses. La sentencia supone un desafío a los reiterados llamamientos internacionales que insistían en la liberación de Navalni y puede inflamar la ya alta tensión entre el Kremlin y los seguidores del activista anticorrupción. Las autoridades han desplegado un gran número de antidisturbios en el centro de Moscú y de San Petersburgo y han cargado con gran fuerza contra las personas que han salido a la calle de forma pacífica para protestar por el veredicto. Hay más de un millar de detenciones, según la organización especializada Ovd-Info.

Tras conocer la sentencia, el destacado opositor, que ha pasado el juicio haciendo gestos de cariño a su esposa, Yulia Naválnaya, presente en la sala, solo ha atinado a dedicarle unas palabras. “No estés triste, todo va a salir bien”, ha remarcado antes de que se lo llevasen de la sala, cuando Naválnaya ha roto a llorar. Sus abogados han informado de que recurrirán la condena hasta la última instancia. Se espera que esta semana Navalni sea ya trasladado a una colonia penal (un tipo de cárcel en la que los reclusos deben por lo general trabajar, entre otras cosas). La condena ha suscitado la crítica de Estados Unidos y de la Unión Europea, que han reclamado la liberación inmediata del opositor y se ha mostrado profundamente preocupados por la deriva del caso, cuyo fallo llega, además en vísperas de la visita a Moscú del Alto Representante para Política Exterior de la UE, Josep Borrell. El Kremlin había recalcado ya este martes por la mañana que no admitiría “sermones” de nadie sobre el asunto, ni ningún tipo de injerencia.

El activista anticorrupción, de 44 años, que fue arrestado tras regresar a Moscú desde Alemania, donde se recuperó de un envenenamiento grave sufrido este verano en Siberia por el que culpa directamente al presidente ruso, Vladímir Putin, ha afrontado el juicio con todas las cartas sobre la mesa: sabiendo que lo más probable es que fuese condenado. Así, ha utilizado la vista para lanzar un impetuoso discurso político. Desde la cabina acristalada en la que tradicionalmente se sientan los acusados, el disidente ha asegurado que seguirá luchando y ha cargado contra Putin: “Por mucho que pretenda ser un gran geopolítico, su principal amargura es que pasará a la historia como un envenenador”.

Las protestas multitudinarias en apoyo al líder opositor de las pasadas semanas no han logrado su objetivo. Tampoco la crítica y la presión de los países Occidentales que habían exigido la liberación de Navalni, convertido en el crítico más visible contra el presidente ruso y el hombre que ha logrado impulsar las mayores movilizaciones de la última década. Las autoridades rusas, que también han procesado a sus principales aliados, ya habían señalado que no se dejarían influir por la presión pública. Y lo han cumplido. Navalni queda ahora no solo apartado de la política ―ya fue vetado en las elecciones presidenciales de 2018― sino también de la calle. La sentencia puede hacer que las movilizaciones sociales se desinflen, pero también dar todavía más altura al opositor e impulsar las protestas.

“Espero de veras que este proceso no sea percibido por la gente como una señal de que deben tener miedo”, ha insistido ante la juez Navalni, vestido con un jersey azul marino con capucha. El activista anticorrupción ha elogiado a las decenas de miles de personas que han salido a las calles en numerosas ciudades de Rusia, pese a las amenazas de las autoridades y los duros arrestos, y ha asegurado que no cesará la lucha política. Y ha vuelto a llamar a nuevas protestas. Este martes, decenas de sus seguidores han acudido a apoyarle en un día crucial a las inmediaciones del Tribunal Municipal de Moscú, que ha amanecido completamente cercado por los antidisturbios y la policía.

Caso ‘congelado’ desde 2014

El hecho de que el caso detrás de los cargos contra el destacado opositor fuese declarado “injusto y arbitrario” por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2017 ha aumentado todavía más el malestar entre la ciudadanía rusa. El tribunal, con sede en Estrasburgo, condenó a Rusia por violar el derecho a un juicio justo de Alexéi Navalni y de su hermano, Oleg. Ambos fueron condenados en el mismo proceso por malversación de fondos (unos 500.000 euros) en dos firmas rusas, incluida la sucursal en el país euroasiático del gigante de cosméticos francés Yves Rocher.

Estrasburgo falló que Rusia debía pagar 10.000 euros a cada uno de los hermanos Navalni por daños y perjuicios y reembolsar sus costos legales: 45.000 euros para Alexéi Navalni y 18.000, para Oleg. Navalni no tuvo que entrar en prisión, sino que recibió lo que se denomina una “condena suspendida”; su hermano, Oleg sí cumplió la pena completa: tres años y medio en una colonia penal (un tipo de cárcel en la que los recursos deben trabajar por lo general).

Pese a la antigüedad del proceso y el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el caso siguió quedando ahí, como una bala en la recámara contra el opositor. La sentencia señalaba que Navalni debía permanecer limpio durante seis años tras el veredicto para que la condena fuese anulada definitivamente, pero el opositor ha acumulado desde entonces en su expediente otros delitos, sobre todo relacionados con su participación y organización de protestas anti-Kremlin. Así que el caso denominado Yves Rocher nunca dejó de estar en la nevera. Hasta finales del año pasado, cuando el proceso resucitó y derivó en una nueva causa judicial contra el opositor.

Navalni ha respondido con cierta ironía en el juicio a las acusaciones de la Fiscalía, que defendió que no hay justificación para que el opositor no acudiese a las revisiones judiciales establecidas sobre su caso y ha tratado de argumentar no solo que ya incumplió las citas antes de salir del país sino también que no tenía forma de saber que el activista se encontraba en Alemania, donde fue trasladado sin conocimiento en un avión medicalizado. “Estaba en coma”, ha remarcado Navalni. “¿Podría explicarme cómo pude haber cumplido mejor con mis obligaciones? Primero estaba inconsciente, luego consciente, más tarde tuve que aprender a caminar de nuevo”, ha señalado el destacado opositor, que ha recalcado que incluso el presidente ruso —que se ha referido a él en ocasiones como “el paciente de Berlín” por su hospitalización allí— sabía que estaba en Alemania.

Los abogados de Navalni han argumentado que no se les notificó que se buscaba al activista hasta pocas horas antes de que este fuese inscrito en la lista de personas buscadas por las autoridades rusas. Desde que recuperó el conocimiento, el opositor siempre había asegurado que tenía intención de volver a Rusia. Y así lo hizo pese a la seguridad de que sería arrestado nada más pisar Moscú y que la probabilidad de ser condenado era inmensa.

En la vista blindada de este martes, la juez ha atendido a la propuesta de la fiscal, que había reclamado que se restablezca la condena original de tres años y medio en régimen penitenciario que se le suspendió en 2014, aunque finalmente ha restado el tiempo que el opositor cumplió en arresto domiciliario.

La indignación por el nuevo proceso a Navalni, que desde el 18 de enero se encuentra cumpliendo 30 días de prisión preventiva, sumada al descontento ciudadano por la corrupción, la desigualdad y una situación económica complicada, han encendido las protestas contra el Kremlin, que han sacudido Rusia los dos últimos fines de semana. El domingo, un despliegue policial inédito en las principales ciudades de Rusia y la dura represión de las fuerzas de seguridad no lograron, sin embargo, reducir las manifestaciones, que terminaron con más de 5.100 detenidos en todo el país, algunos bajo una fuerte violencia, el uso de porras y de pistolas eléctricas.

Entre los detenidos está Yulia Naválnaya, la esposa del opositor, que recibió una multa de 20.000 rublos (220 euros) por participar en la manifestación, y que ha estado presente este martes en el juicio contra su esposo. “Te vi en la televisión en mi celda. Dicen que estás violando constantemente el orden público. ¡Chica mala! Pero estoy orgulloso de ti”, le ha dicho Navalni desde el acuario en un costado de la sala de vistas, revestida de paneles de madera, donde el opositor ha permanecido todo el juicio.

Navalni, que se ha hecho conocido por sus revelaciones de la corrupción de la élite política y económica de Rusia, se ha convertido en el crítico más visible de Vladímir Putin. A él y a su supuesto palacio multimillonario dedicó precisamente su último informe difundido en YouTube, que ha espoleado las protestas.

Por María R. Sahuquillo

Moscú - 02 feb 2021 - 17:14

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Manifestación de Madrid con motivo del Día Internacional por la Despenalización del Aborto./ EFE

Ojalá no tuviéramos que seguir dándole vueltas a este derecho fundamental para las mujeres, ojalá llegara el día que pudiéramos decir "aborto, fin de la historia", pero ese momento está aun muy lejos. Vamos y venimos. Nos hemos llevado la inmensa alegría de ver cómo se aprobaba en Argentina y el disgusto de ver cómo se restringía aún más en Honduras y acabamos de ver cómo se restringe también hasta la casi prohibición total en Polonia, un país de la Unión Europea, un espacio que se supone que vela por los derechos de las mujeres, como tiene que hacerlo una democracia. En España vivimos hace relativamente poco tiempo un ataque frontal a este derecho y, en todo caso, lo que seguimos viendo es que la derecha sigue sin aceptarlo con normalidad democrática.

Hace pocos días se ha producido un debate en nuestro país a cuenta de la supuesta intención del Ministerio de Sanidad de facilitar el aborto farmacológico o de privilegiar este sobre el quirúrgico. No voy a entrar aquí en ese debate pero hay cuestiones que merece la pena analizar. La IVE es un derecho conquistado por las mujeres y ampliamente asumido y defendido por la sociedad española y sin embargo…no dejamos de tener la percepción de que sigue estando en riesgo. Esto es porque, a pesar de las leyes, naturalidad con la que la sociedad lo asume y los avances legales…hay cuestiones que siguen pendientes y es verdad que los poderes públicos, quizá, a veces lo damos por hecho y no lo defendemos lo suficiente.

En algunos aspectos sigue tratándose como si fuera algo vergonzoso, sigue cayendo sobre dicha práctica un estigma que desde las instituciones no contribuimos lo suficiente a levantar. Lo explicaba Marisa Kohan en un artículo: no se informa suficientemente de cómo acceder a este derecho; lo que contribuye a mantener el estigma y lo aleja de la normalidad de cualquier otra prestación sanitaria. La información sobre dónde abortar y cómo debería estar fácilmente accesible y debería figurar como una prestación sanitaria más dentro de las que ofrece el Sistema Nacional de Salud. Normalizar dicha práctica es una de las mejores maneras de defenderla. A veces parece que más bien se esconde.

Otro de los problemas que arrastra desde su despenalización, relacionado con el anterior,  es que no se ha conseguido que las intervenciones se realicen con normalidad en la sanidad pública. Los sucesivos gobiernos (incluso los muy favorables a este derecho) se han venido despreocupando de que se pueda realizar dentro del Sistema Nacional de Salud, y esto tiene consecuencias importantes que a veces pasan desapercibidas. Por una parte, no todas las mujeres españolas pueden acceder en las mismas condiciones a la prestación, sino que depende de la provincia en que se encuentren, lo que supone una discriminación según el lugar de residencia. Por otra parte, el hecho de que la IVE no se haga prácticamente nunca en la Sanidad Pública, de que se haga siempre fuera, no contribuye a que socialmente se considere una prestación más. Se mantiene siempre en una especie de régimen de excepcionalidad que tampoco contribuye a su normalización.

No hay que entender con esto un menosprecio a las clínicas concertadas que llevan años atendiendo a las mujeres. Estas no han sido nunca meros negocios. Garantizaron ese derecho cuando nadie lo hacía, muchas y muchos de sus profesionales afrontaron presiones e incluso cárcel; ofrecieron a las mujeres asesoramiento y acompañamiento y muchas de ellas fueron fundadas y dirigidas por feministas de amplia trayectoria. Así que todo el reconocimiento para ellas.  Pero el estado debería garantizar que el derecho al aborto se pueda ejercer en la sanidad pública y en condiciones de igualdad en todo el territorio. Que esto no se hiciera se debió en parte a las presiones de los grupos ultras que desde el principio han venido señalando a cualquier profesional que en los hospitales públicos se prestara a realizar abortos; y esto, así como una muy mala regulación de la objeción  de conciencia, ha expulsado, literalmente, la IVE de la sanidad pública. Vamos a reconocer que la batalla no se ha dado quizá asumiendo que el derecho al aborto estaba asegurado de cualquier forma y que lo importante es poder acceder a él, y no en qué condiciones. Pero no, esta batalla es material pero también ideológica, y  hay que darla cada día; lo estamos viendo.

Además,  este "extrañamiento" de la sanidad pública va más allá. Y como si las técnicas de aborto fuesen algo vergonzoso éstas no son materia que se enseñe en las carreras de Medicina ni Enfermería ni se enseña tampoco durante la especialización.  El estado de nuevo renuncia a la obligación que tiene de formar profesionales en dichas técnicas para así garantizar que las mujeres reciban la mejor atención cuando ejercen su derecho. Y esto  a pesar de que la obligatoriedad de esa formación figura en la ley; no se cumple. Unas de las cosas que aprendí mientras fui diputada y me ocupé de este tema es que existe el miedo entre los y las profesionales de que llegue un momento en que no haya especialistas con la suficiente formación en esta materia. Es un riesgo real y puede que la escasez de profesionales formados pueda llegar a poner en peligro el ejercicio del derecho; al menos el ejercicio del derecho en igualdad de condiciones para todas las mujeres o su capacidad para elegir.  Ni se garantiza la formación, ni se garantiza que se pueda realizar en la sanidad pública con normalidad. No se combate el estigma ni el secretismo y, por el contrario, parece que se da la razón a los ultras antifeministas que quieren que sea una práctica estigmatizada dentro de la medicina, señalada, apartada.

Por último, y muy importante, hasta ahora no hemos sido capaces de garantizar que desaparezcan las presiones e intimidaciones a las puertas de las clínicas. Es descorazonador la poca importancia que los gobiernos autonómicos siguen prestando a que las mujeres puedan ejercer su derecho con seguridad y privacidad; es un desprecio absoluto a los derechos de las mujeres el hecho de que no haya manera de entrar en las clínicas con absoluta discreción, libertad, y confianza en no ser molestada.  Desde distintas instituciones y partido y Unidas Podemos hemos impulsado iniciativas en este sentido, muchas de ellas aprobadas con amplio consenso (incluso con el apoyo de Ciudadanos) pero que nunca se cumplieron.  Estamos trabajando desde el Ministerio en la reforma de la ley 2/2010, pero muchas de estas cuestiones que he comentado corresponden a las CC.AA y otras al Ministerio de Sanidad.

La interrupción voluntaria del embarazo es un derecho y todas las administraciones tenemos que ponernos de acuerdo para garantizarlo en condiciones de igualdad y seguridad. Sabemos que el retroceso es posible y a veces está más cerca de lo que pensamos. No podemos asumir que ya está todo conseguido porque estamos frente a una reacción antifeminista muy profunda. No avanzar puede ser, a la larga, retroceder y en este tema, ni un paso atrás.


Detienen a 14 personas en el segundo día consecutivo de manifestaciones en Varsovia.

Polonia restringe el derecho al aborto

La justicia polaca declaró inconstitucional la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por malformación del feto. La medida prohibiría un 98 por ciento de los abortos realizados en el país.

Personas con pañuelos verdes y tapabocas con el rayo rojo -que identifica la lucha a favor de la interrupción voluntaria del embarazo en Polonia- llegaron a las inmediaciones de la Corte para protestar (foto) la medida que restringe el derecho a decidir de las personas gestantes. Al menos 14 personas fueron detenidas en la segunda noche de manifestaciones en rechazo a la promulgación de la sentencia judicial.

"Nos reuniremos aquí ya que este Estado piensa que puede apropiarse de nuestra libertad", dijo a la multitud Marta Lempart, una de las fundadoras de Huelga de Mujeres, una de las fuerzas populares que apoyan el derecho a decidir.  En octubre del año pasado, el Tribunal Constitucional (TC) declaró “inconstitucional” la ILE por malformación fetal. La medida tuvo que ser suspendida por el rechazo que llevó a manifestaciones multitudinarias y que duraron semanas en las calles Varsovia, capital polaca. En ese momento, un estimado de 150 mil personas (la manifestación más grande desde el movimiento por la solidaridad con los trabajadores en la década de 1980) salieron a las calles para oponerse a las medidas que restringen el derecho al aborto.

 “El estado quiere limitar aún más los derechos, arriesgar vidas y condenarlas a la tortura” sostuvo Adam Bodnar, defensor de derechos humanos en Polonia tras la prohibición casi total de la interrupción legal del embarazo (ILE). El fallo del Tribunal Consititucional eliminó la ILE en casos de malformación fetal, contemplado como una de las tres excepciones que permite acceder a un aborto en el país. Según datos del ministerio de Salud, el 98 por ciento de los 1.100 abortos practicados en 2019 fueron por malformación fetal.

Hace casi 90 años que Polonia fue el pionero en legalizar el aborto por la causal de violación en Europa, con la promulgación del fallo pasó a tener una de las legislaciones que más restringe el derecho a decidir. De acuerdo con datos oficiales del país, se realizan unos dos mil abortos legales anualmente, sin embargo, esta cifra contrasta la brindada por organizaciones feministas que estiman que la cifra es cien veces mayor -cerca de 200 mil- si se contabilizaran los realizados de forma clandestina o en el extranjero.

Por Beatriz Gimeno

Directora del Instituto de las Mujeres

Página12

30/01/2021

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Policías detienen a un manifestante en Rotterdam por violar el toque de queda.  ________________________________________ Imagen: AFP

Al menos unas 180 personas fueron detenidas en Ámsterdam y Rotterdam por la policía de Países Bajos durante las manifestaciones contra el toque de queda que estableció el gobierno desde el sábado pasado. Las principales ciudades del país vivieron jornadas intensas en las que las autoridades reportaron saqueos e incendio de vehículos. Las autoridades neerlandesas señalaron que se trataba en gran parte de adolescentes.

Si bien Países Bajos ha controlado las infecciones de coronavirus, el parlamento decretó un paquete de medidas para evitar el contagio de la nueva variante detectada por primer vez en el Reino Unido. El sábado entró en vigor el primer toque de queda en los últimos 75 años. El mismo establece que entre las 21:00 y 4:30 horas las personas deberán permanecer en sus casas, de lo contrario deberán pagar una sanción por incumplimiento que ronda los 95 euros. La medida se extiende hasta el nueve de febrero.

Asimismo, el ministro de Finanzas neerlandés Wopke Hoekstra confirmó que a pesar de las manifestaciones el gobierno no suspenderá el toque de queda establecido desde el sábado. "No se capitula ante las personas que rompen los frentes de las tiendas” dijo Hoekstra en referencia a los disturbios. En las imágenes divulgadas en redes sociales mostraron a un grupo de personas saqueando un comercio en la ciudad de Bolduque y a un reportero gráfico golpeado con un ladrillo en la cabeza por varios manifestantes que lo perseguían en Haarlem, un suburbio de Ámsterdam.

En Hertogenbosch, una localidad unos 100 kilómetros al sur de la capital, hubo saqueos en tiendas, supermercados, también hubo daños a vehículos. El alcalde de Hertogenbosch, Jack Mikkers calificó los incidentes como un “inimaginable rastro de destrucción”. En Rotterdam, otra de las ciudades más afectadas, el intendente Ahmed Aboutaleb emitió un decreto para ampliar los poderes de arresto de la policía. “Se llevaron a cabo arrestos por parte de la policía antidisturbios”, reportó la alcaldía en Twitter e instó a la población a “abandonar la zona” de la protesta. 

Por su parte, el intendente de Haarlem, Jos Wienen describió las manifestaciones como un “disturbio serio del orden público” y agregó que “todos queremos se libres de movernos. Pero eso no le da el derecho a nadie de incendiar o cometer vandalismo”. Las principales ciudades de los Países Bajos empezarán a tomar medidas de emergencia para prevenir más disturbios.

Además, el jefe de la Policía de Rotterdam, Fred Westerbeke, denunció que los participantes en los disturbios evitaron en un primer momento que los bomberos actuaran para atender a varias personas que necesitaban ayuda, incluidas una niña con discapacidad y un anciano. 

El Primer Ministro neerlandés, Mark Rutte, condenó los disturbios en los que manifestantes anti-cuarentena atacaron a la policía e incendiaron automóviles. “Lo que motivó a estas personas no tiene que ver con protestas, esto es violencia criminal”, afirmó Rutte.  "Debemos ganar juntos la batalla contra el virus, porque sólo entonces podremos recuperar nuestra libertad", agregó.

 Henk Ferwerda, especialista en criminología, dijo que la manifestación fue "secuestrada" por violentos. "Había negadores del virus, manifestantes políticos y chicos descontrolados. Se juntaron los tres grupos", añadió.

Según informó el diario británico The Guardian, el pasado fin de semana la policía detuvo unas 300 personas luego de que jóvenes lanzaron piedras -y en un caso cuchillos- a los oficiales, atacaron un hospital. El domingo en la ciudad de Urk, ubicada a unos 60 kilómetros al noreste de Ámsterdam, un grupo de jóvenes incendió una estación de testeo de Covid-19. Al menos unas 5,700 multas fueron emitidas por incumplir el toque de queda.

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Ola de violencia callejera en Holanda contra el toque de queda

El primer ministro en funciones, Mark Rutte, tildó ayer de “violencia criminal” los disturbios que convirtieron Holanda en escenario de una batalla campal entre policías y jóvenes amotinados contra el toque de queda entre las 21 h y las 4.30 h, la primera restricción a la movilidad que se aplica contra la pandemia desde marzo y que llega a unas semanas de las elecciones legislativas.

La Policía neerlandesa detuvo al menos a 151 personas durante choques entre los agentes y grupos de jóvenes, en la que es ya la tercera noche consecutiva de disturbios en Países Bajos.

Aunque el toque de queda en la práctica no afecta a la rutina social de un país donde se cena temprano y en el que toda la actividad no esencial está cerrada, Rutte no se había atrevido hasta ahora a restringir la movilidad y apostó siempre por apelar al “característico” sentido de la responsabilidad y la “madurez social” de los ciudadanos.

Pero ayer el país amaneció con calles llenas de cristales rotos, comercios saqueados y un hospital apedreado por los manifestantes, que incendiaron un centro de pruebas PCR, quemaron coches y contenedores, lanzaron piedras y fuegos artificiales a los agentes, destrozaron bicicletas, e interrumpieron el tráfico. La policía reaccionó con todos sus medios para dispersar las protestas y utilizó cañones de agua, caballos, perros, gases lacrimógenos y porras.

Los disturbios fueron obra de grupos integrados por algunos cientos de jóvenes que se repartieron a lo largo y ancho del
país, convocando protestas a través de las redes sociales contra el toque de queda, vigente desde el sábado.

Al menos una decena de municipios se vieron afectados por la ola de violencia, en particular Eindhoven, Ámsterdam y La Haya. Se espera que la cifra de detenciones sea aún mayor porque los choques en Bolduque (Den Bosch) y Róterdam fueron especialmente violentos. También hubo movimiento en otros puntos del país, como en Haarlem, Geleen, Helmond, Zwolle, Almelo, Breda y Tilburgo, pero la policía logró controlar la situación de forma más rápida.

El director del sindicato de la policía, Koen Simmers, teme que lo ocurrido solo sea un presagio de lo que vendrá si continúan en vigor las restricciones vigentes desde mediados de diciembre y cree que el malestar social podrá durar “días o semanas”. No se había visto una violencia similar en Holanda desde los enfrentamientos entre la policía y los okupas en los años ochenta. “En Eindhoven, la situación se fue tanto de las manos que los alborotadores han atacado con cuchillos”, añadió Simmers.

Los alcaldes y los diputados han subrayado su preocupación por la nueva noche de disturbios, la tercera desde que entró en vigor el toque de queda el sábado. El alcalde de la ciudad de Eindhoven, John Jorritsma, llamó “la peor escoria del mundo” a los alborotadores, y alertó de que, si la sociedad no está “unida contra esto (la pandemia), estaremos de camino a una guerra civil”. Al menos 55 personas fueron detenidas al final de la noche.

El alcalde de Tilburgo, Theo Weterings, condenó por “reprobable” e “inaudito” el comportamiento de los jóvenes que se dieron cita en el municipio, y subrayó que las tiendas afectadas “pertenecen a empresarios que ya lo están pasando mal” por el confinamiento. La policía detuvo a 19 personas en esta ciudad.

“Ladrones sin vergüenza, no puedo decir otra cosa. Tuvimos que amenazar con el uso de gas lacrimógeno, una medida de gran alcance, me parece triste porque nunca he tenido que hacer algo así en toda mi carrera”, respondió el alcalde de Róterdam, Ahmed Aboutaleb. 

El edil de Bolduque, Jack Mikkers lamentó también lo ocurrido. “Es inaudito lo que ha sucedido esta noche. Esta gente no se da cuenta para nada del miedo, la preocupación, el daño y la vergüenza que producen a los vecinos de la ciudad. Un montón de malhechores lo arruinan todo para muchas otras personas. Somos muchos los que no entendemos nada de este comportamiento”, dijo.

El líder de la izquierda verde, Jesse Klaver, señaló a la ultraderecha por haber “incitado a la violencia” con una declaración de una facción del Partido de la Libertad contra el toque de queda, algo que el populista Geert Wilders señaló como “¡inaceptable, antidemocrático y francamente peligroso!”

Agencias

La Haya

26/01/2021 01:27Actualizado a 26/01/2021 09:01

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