Demandamos todo el sistema tributario ante la Corte Constitucional

Junto a un grupo de reconocidos economistas y constitucionalistas del país, le solicitamos a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad del Estatuto Tributario, y por ende de todo el sistema tributario, por no cumplir con los principios constitucionales que aseguran que este redistribuya el ingreso, sea equitativo y sea eficiente a la hora de recaudar.

 

Presentamos ante la Corte Constitucional una demanda solicitando declarar el actual Estatuto Tributario inexequible por no cumplir con los principios de progresividad, equidad y eficiencia tributaria consagrados en el artículo 363 de la Constitución Política de Colombia. Si bien consideramos que el Estatuto Tributario es inconstitucional, también le solicitamos a la Corte que le de tiempo al Gobierno y al Congreso para expedir uno nuevo sin afectar la situación fiscal del país.

Colombia es uno de los países con mayor desigualdad de ingresos de la región y del mundo. Si bien esta brecha se ha disminuido paulatinamente en los último 20 años, los niveles de desigualdad presentes son inaceptables en cualquier sociedad democrática. Los recursos con los que cuenta el Estado para disminuir la pobreza y financiar bienes y servicios públicos para igualar las oportunidades de los colombianos, son muy pocos, especialmente en tiempos de pandemia.

Es por esto que junto a un grupo de reconocidos economistas y constitucionalistas del país, le solicitamos a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad del Estatuto Tributario, y por ende de todo el sistema tributario, por no cumplir con los principios constitucionales que aseguran que este redistribuya el ingreso, sea equitativo y sea eficiente a la hora de recaudar.

Esta demanda le da una herramienta al Congreso y al Gobierno para que enfoquen el manejo económico de la crisis generada por el COVID-19, con criterios de justicia distributiva y progresividad tributaria. Esto no sólo conciliaría nuestro sistema tributario con los principios constitucionales de progresividad, equidad y eficiencia sino que evitaría que la crisis incremente la desigualdad y la pobreza. También es un llamado para que en el trámite del marco tributario colombiano, se tomen decisiones sensibles al contexto, a los efectos de la pandemia y a las necesidades de la población, en especial de los sectores más desfavorecidos y afectados. 

En ese sentido, expusimos a la Corte Constitucional las razones y evidencia para demostrar que en el país el ejercicio impositivo no disminuye la desigualdad de ingresos, y que esta falta de progresividad no se compensa con la priorización del cumplimiento de otros principios constitucionales, pues el sistema tributario impone tarifas diferentes a contribuyentes con las mismas características (equidad tributaria) y es ineficiente a la hora de recaudar, lo que facilita la evasión y elusión de impuestos (eficiencia tributaria).

¿Por qué demandamos todo el sistema tributario? 

Teniendo en cuenta que la Corte Constitucional ha señalado que el principio de progresividad, en conjunto con los principios de equidad y eficiencia, “constituyen los parámetros para determinar la legitimidad del sistema tributario y (…) se predican del sistema en su conjunto y no de un impuesto en particular”[1], es necesario hacer un análisis integral del sistema tributario colombiano para verificar con la evidencia producida hasta el momento si los impuestos en el país cumplen con estos tres principios en su conjunto. 

Esto quiere decir que para la Constitución, no basta con que un impuesto en particular no cumpla con estos principios para que sea inconstitucional, sino que debe ser todo el conjunto de impuestos que rompan estos principios para que pueda ser declarado inexequible.

El sistema tributario colombiano no disminuye la desigualdad y no cumple con principios de justicia tributaria

A partir del análisis de las tarifas efectivas de tributación de las personas naturales y jurídicas en Colombia y de las investigaciones que estudian la tributación de las personas con mayores ingresos del país, mostramos ante la Corte Constitucional que: 

  1. El sistema tributario colombiano no disminuye los niveles de desigualdad de ingresosmedidos a través del índice de Gini.
  2. Las personas naturales y jurídicas que pertenecen al 10%, 1% y 0,1% de mayores ingresos en Colombia, pagan en impuestos una proporción menor de sus ingresos que el resto de la población colombiana, por lo que el sistema tributario no cumple con el principio constitucional de progresividad tributaria.

Estos resultados provienen del diseño institucional y normativo del Estatuto Tributario, y no de una falta de aplicación de las normas, su incumplimiento o una mala interpretación.

Una vez demostrada la violación del principio de progresividad, presentamos evidencia que demuestra que la falta de progresividad del sistema tributario colombiano no se justifica con el argumento de que este privilegia el cumplimiento de los otros dos principios establecidos en el artículo 363 de la Constitución, los de eficiencia y equidad tributarias.

El sistema tributario colombiano no es equitativo

El principio constitucional de equidad tributaria se refiere a la equidad tributaria horizontal, es decir, que contribuyentes con la misma capacidad de pago y las mismas características, deben pagar lo mismo en impuestos. Sin embargo, el sistema tributario colombiano – como consecuencia de la proliferación de regímenes especiales que  se derivan de los múltiples beneficios y tratamientos especiales en materia tributaria que se encuentran en el Estatuto Tributario – grava de manera diferenciada a personas naturales con las mismas características y nivel de ingresos, y a empresas con la misma actividad económica y tamaño similar.

La consecuencia de esto es que personas que tienen el mismo nivel de ingresos, paguen en impuestos cantidades diferentes dependiendo si los ingresos provienen de actividades laborales (salarios, honorarios…etc) o si provienen de la tenencia de capital (dividendos, renta de inmuebles…etc). En el caso de las empresas, la evidencia muestra que la tarifa efectiva de tributación de empresas de un mismo sector y con tamaños similares es muy distinta entre empresas, ya sea porque se encuentran en una zona franca o porque acceden a distintos beneficios tributarios específicos.

El sistema tributario colombiano no es eficiente

El principio de eficiencia tributaria busca principalmente que se logre el mayor nivel de recaudo tributario posible con el menor costo, y que el diseño del sistema tributario no facilite o estimule la evasión y elusión tributaria. Esto implica que la recaudación sea sencilla para la DIAN y que los niveles de evasión sean relativamente bajos.

En nuestra demanda argumentamos que, por un lado, la multiplicidad de regímenes tributarios especiales que nacen de los más de 250 beneficios tributarios que existen actualmente, hacen que el sistema tributario sea muy complejo, lo que tiene impactos considerables en la eficiencia del recaudo. Al mismo tiempo esta complejidad facilita la evasión y elusión de tributos, tal y como se muestra con los estudios de evasión que se han hecho para Colombia en los últimos años.

Por otro lado, presentamos cómo la productividad del recaudo del IVA, uno de los impuestos más sencillos de recoger, es muy baja en comparación con países similares de la región y del grupo de países de la OCDE, lo que permite argumentar que el principio de eficiencia tributaria no se cumple en Colombia.

La pandemia por COVID-19 refuerza la necesidad que el sistema tributario sea progresivo, equitativo y eficiente

La pandemia del coronavirus ha exacerbado nuestras injusticias y desigualdades estructurales. Para mitigar los impactos del virus y de las medidas de confinamiento – que se concentran principalmente en la población de menores recursos – el país debe adoptar una serie de medidas fiscales redistributivas que sean lo suficientemente robustas para que el Estado pueda garantizar efectivamente los derechos de todos sus ciudadanos, especialmente los derechos de las personas más vulnerables.

Sin embargo, producto del sistema tributario actual, el país tiene muy pocos recursos públicos disponibles para poder implementar políticas acordes a las necesidades de la emergencia generada por el COVID-19. Es imperativo entonces que se lleve a cabo una reforma estructural del Estatuto Tributario que asegure el cumplimiento de sus principios constitucionales, reduciendo así la desigualdad de ingresos y elevando considerablemente el recaudo de impuestos.

Tenemos la posibilidad de salir de esta crisis con una sociedad más desigual e individualista, o por el contrario, con una sociedad más igualitaria, solidaria y justa. Esto depende mucho de la decisión de tener un sistema tributario que lo permita.

¿Quienes firman la demanda?

Vivian Newman

Rodrigo Uprimny

Luis Jorge Garay

Jorge Enrique Espitia

Clara Leonor Ramírez

Leopoldo Fergusson

María Margarita Zuleta

Salomón Kalmanovitz

Víctor Javier Saavedra

María Fernanda Valdés

Amaranto Daniels

Carlos Julio Salgado

Consuelo Corredor

Jorge Iván González

Juan Camilo Cárdenas

Valentina Rozo Ángel

Fernando Barberi Gómez

Astrid Martínez Ortíz

Catalina Botero

Mauricio García Villegas

Esteban Hoyos Ceballos

Andrés Abel Rodríguez

Magdalena Correa Henao

Maryluz Barragán

Mauricio Albarracín

Alejandro  Rodríguez Llach

Alejandro Jiménez

[1] Corte Constitucional. Sentencia C-643 de 2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño. Ver Corte Constitucional. Sentencia C-815 de 2009. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Corte Constitucional. Sentencia C-397 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional. Sentencia C-615 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional. Sentencia C-100 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa. Corte Constitucional. Sentencia C-260 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

Por: Dejusticia | Mayo 27, 2020

Publicado enColombia
Miércoles, 27 Mayo 2020 06:16

Sueños aprisionados

Fotografía (propia) de la obra de Tetsuya Ishida

Amanece, y se vislumbra en Madrid una capital ávida por retomar las calles. Camino por las inmediaciones de su palacio real, símbolo de la violenta desigualdad social, y me encuentro con un bellísimo balcón, rebelde él, que escandaliza el decoro del tradicional barrio monárquico al desplegar una bandera republicana y extender una sábana blanca que reivindica: “Sanidad pública; no se vende, no se recorta. Se defiende”.

Hago una fotografía del balcón combativo y doy la espalda a la insignia real para adentrarme por una callejuela en cuyas esquinas, decoradas con rostros indígenas, se lee: “La Amazonía no se vende”. Calle abajo un puesto de flores colorea mi vista y entre la travesía de la primavera y la calle fe, un hombre pedalea en bicicleta paseando entre sus brazos un generoso ramo de flores, rojas todas ellas. Cada pétalo parece bailar aquella melodía que le dedicó George Moustaki a la revolución al describirla como una “hermosa flor del mes de mayo o fruta salvaje”.

Huele a café, a pan y dulces recién horneados que corretean por el vecindario y cosquillean el apetito de los clientes que esperan su turno. Eso sí, cada pequeño local está revestido de algún ingenioso truco (velas, incienso o música) que ameniza la tediosa fila del estado de alarma. No muy lejos despereza mis oídos el cumpleaños feliz que algunos vecinos le silban a una mujer en honor al día en el que nació.

El cronómetro marca el fin del paseo, es hora de retomar el confinamiento y revisar las noticias:

La pobreza y la discriminación se agudizan durante la pandemia, la ultraderecha hace ruido, la Amazonía para algunos sí está en venta, las flores reposan sobre las tumbas de los líderes sociales asesinados en Colombia, EE.UU sigue avivando su grito de guerra, Israel decide rematar al pueblo Palestino, los indígenas de Brasil, Ecuador y Bolivia sufren el abandono del Estado, la mayoría de la gente no cumple los años feliz y según los expertos, sufriremos una condena económica perpetua por lo que no habrá mañana con el que soñar.

Apago el televisor, internet, y me quedo mirando el blanco sin futuro de la pared. Trazo sobre ella las palabras que hiló Amin Maalouf en Los jardines de la luz: “Cuando el mundo haya abandonado a los sabios, los sabios lo abandonarán. Entonces el mundo se quedará solo y sufrirá por su soledad”.
Y así estamos, sufriendo las consecuencias de una pandemia que evidencia la dramática situación a la que ha llegado una sociedad rendida a los pies del neoliberalismo; abandonada y manoseada por la dinámica de políticas antisociales que anteponen las armas a los libros, la economía a la salud y el desprecio a la humanidad.

En este contexto, es un derroche de cinismo que los partidos políticos más neoliberales abanderen el fin del confinamiento en nombre de la “libertad”. ¿De qué libertad hablamos en un sistema redireccionado constantemente por los intereses de las élites y poderosos lobbies en detrimento de las necesidades primarias de la mayoría? ¿Qué poder de elección tiene más de la mitad de la población mundial que vive confinada eternamente en las redes de un neoliberalismo que ataca su dignidad y les impide realizarse como individuos?

Basta echar la vista unos meses atrás de la pandemia: los trayectos en metro durante la hora punta; cuerpos aplastados los unos contra los otros, ese cúmulo de miradas agotadas, ojos ciegos apuntando al suelo o al infinito, hundidos por el cansancio y aburrimiento. Todos en masa, formando un bloque hasta oír el silbato de la parada para salir en desbandada emprendiendo una obligada carrera a la competitividad, con un reloj casi tatuado en el pecho que nos vigila hasta el alma para fichar a tiempo. Y a fin de mes, unos pocos billetes en la cuenta con los que pagar un cubículo sin luz natural, la hipoteca para que el banco no embargue la casa, el agua, la luz, la compra, el teléfono, algo de ropa… No parece que tantas idas y venidas a través del túnel hayan sido prometedoras, sobre todo si añadimos que el gran porcentaje de la población realiza un trabajo que nada tiene que ver con lo que hubiera querido soñar, y eso, si trabaja.

Son muchas las voces que alertan sobre si este es el modelo económico que se pretende recuperar en la postpandemia, un sistema que como apuntaba Vicent Navarro: “se rige por unas leyes del mercado que priorizan sistemáticamente a aquellos individuos y sectores de la población que tienen mayor capacidad adquisitiva, a costa de todos los demás” (La falsa dicotomía entre mantener la salud o salvar la economía en Público).


Es recursivo recordar aquello que Albert Camus reflexionaba en el mito de un Sísifo condenado a empujar eternamente una desmesurada piedra hasta la cima de la montaña para una vez allí dejarla caer. “No hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza”: escribió Camus. Por supuesto, siempre que seamos conscientes de ello, hecho que no suele cumplirse ya que como explicó Byung-Chul Han en Psicopolítica: “quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace a sí mismo responsable y se avergüenza, en lugar de poner en duda a la sociedad o al sistema”.

Y ese es el gran logro de las nuevas técnicas de control y poder que nos embelesan con una falsa identidad de libertad donde el neoliberalismo se presenta como el edén; un paraíso de agua dulce, dátiles y palmeras bajo las cuales descansar en un mar de oro.

Un timo que destroza vidas, y donde al hombre se le etiqueta y pesa como si fuera un animal, en una balanza conforme a su nivel de rendimiento y utilidad; tal como revelan las imágenes del artista japonés Tetsuya Ishida al reflejar la opresión, soledad y cosificación de los individuos atrapados por un sistema que antepone el capital a la humanidad.

A este paso, las flores serán de plástico, el pan horneado exclusivamente por multinacionales, los cumpleaños felices solo se cantarán en inglés y las banderas de los balcones, como las paredes de las calles, estarán uniformadas conforme a la conducta de los colegios de pago.

Recuerdo un dibujo que cayó en mis manos en la década de los 90 en Bogotá. En él unos niños de la calle estaban siendo apaleados por agentes uniformados y posteriormente subidos a un camión. La “limpieza social”, la violencia premeditada e inhumana, la crueldad y desamparo, lo llevan padeciendo décadas de una u otra manera los de siempre: aquellos a quienes esa balanza neoliberal inclina hacia el abandono y desprotección… hacia la nada, como aquel vehículo cargado de niños que se perdió en el olvido y penumbra de la oscuridad de aquella desangelada madrugada.

Quizás sea hora de desalambrar los sueños aprisionados y como diría Julio Anguita, una de las voces de la sabiduría: “cuestionarse lo que hay”. Si como explicaba, la rebeldía es “un posicionamiento que nace de la mente y del corazón, del fuego de querer cambiar”, reclamar un mundo que defienda la dignidad e igualdad de oportunidades para todos y todas -sin distinción- es un acto, fundamentalmente, moral.

Publicado enSociedad
Martes, 19 Mayo 2020 06:30

El capital en su laberinto

El capital en su laberinto

 Nunca le hagas cosquillas a un dragón dormido. (Emblema de la Escuela de Hogwarts)

 

Todo era previsible con la Covid-19. Ocurrió como en cualquiera de las grandes pestes que asolaron a la humanidad, muchas de oriente a occidente también. Entre tantas cosas –cuarentenas, muertes, consternación-, hasta la incertidumbre era predecible, por más que parezca un contrasentido. Es difícil saber hacia dónde vamos. La crisis de sistemas sanitarios alimenta dudas sobre la hora final y el alcance real de la pandemia. Los estragos en la economía, evidentes pero con curso indeterminado, agravan la ansiedad.

El destino de cada nación está sujeto como nunca al rumbo sanitario y económico global. Y las previsiones de la economía mundial inquietan tanto como la caldera social de calles y aeropuertos vacíos, millones de desempleados y el apiñamiento humano ante tiendas, hospitales y cementerios.

Los gobiernos de no pocos países intentan reiniciar actividades económicas sin haber acorralado aún a este coronavirus. En gesto de desesperación, le han dado un giro a las políticas de confinamiento social. Se debaten entre pérdidas de vidas y pérdidas económicas. Y corren el riesgo de precipitarse en ambos sentidos. Un repunte de la epidemia sería costoso en términos financieros también.

Nada nuevo. El azote económico es una carta habitual de las plagas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé en 2020 contracciones récords del PIB en las economías líderes: zona euro (-7,5 por ciento), Estados Unidos (-5,9 por ciento) y Japón (-5,2 por ciento). Cinco de las principales economías europeas (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España) caerían entre un 6 y un 9 por ciento. El PIB de China apenas crecería un 1,2 por ciento. Con tal lastre, la economía global perdería un 3 por ciento.

Otros expertos pronostican desplomes mayores por la contracción simultánea de producción y consumo, de oferta y demanda. El economista Paul Krugman calcula que en EEUU “el PIB puede llegar a caer, aunque de forma temporal, entre un 20 y un 30 por ciento”. Este estudioso de recesiones de la historia, Premio Nobel de Economía, cavila que “posiblemente esta crisis será entre tres y cinco veces peor que la crisis financiera de 2008” . La mayoría de los expertos equipara la actual contracción con la Gran Depresión de los años 30.

Y eran previsibles las respuestas. Las grandes economías capitalistas volvieron a una fórmula aplicada en EEUU y la zona euro durante la crisis que comenzó en 2008: imprimir billetes sin miramientos. Ante las primeras señales de recesión con signos de Covid-19, los bancos centrales de las principales economías abrieron las compuertas de dólares, euros, yenes y libras esterlinas.

Mediante las llamadas inyecciones masivas de liquidez, la Reserva Federal planea agregar 2,3 billones de dólares a la economía estadounidense. El Banco Central Europeo (BCE), tradicionalmente mucho más cauteloso, no demoró esta vez para aprobar la inyección de 1,1 billones de euros. Esos montos equivalen a alrededor del 10 por ciento del PIB de EEUU y de la eurozona, respectivamente.
De manera casi simultánea, las autoridades monetarias de otros países, incluidas las economías con divisas de referencia -Reino Unido, Canadá, Japón y Suiza-, aplicaron una pauta similar.

Los bancos centrales no encuentran otra salida ante la contracción generalizada de ventas e ingresos, la ruptura de cadenas globales de valor y la paralización casi total de grandes empresas, como las aerolíneas. Se persignan por el peligro inflacionario latente en el aumento desproporcionado de la masa monetaria, pero confían porque después del 2008 la inflación nunca estalló, ni siquiera amenazó a pesar de que la Reserva Federal inyectó 3,8 billones de dólares entre ese año y 2014 mediante la denominada “flexibilización cuantitativa”. En la rancia Europa los indicadores de inflación se mantuvieron más bien deprimidos a pesar de aplicar igual recurso monetario. Es previsible que en esta oportunidad se arriesguen a inyectar montos de dinero mayores en sus economías.

Con esa droga monetaria, los impresores de dinero prometen socorrer a empresas, gobiernos y consumidores. Pero si la partitura es la misma que interpretaron después de 2008, los verdaderos beneficiados serán los grandes bancos y empresas que integran el gran capital, mientras el resto de la sociedad permanece narcotizado.

 

Neoliberales en confinamiento temporal

 

La mayoría de los gobiernos han adoptado planes para socorrer a empresas, autoridades territoriales, hospitales, desempleados y familias. Unos les llaman eufemísticamente programas de estímulo económico, pero en casi todos los casos se trata de planes de emergencia o sobrevivencia. El límite de los montos depende del nivel de endeudamiento que tenían cuando el Sars-Cov-2 entró en escena, pero las economías dominantes en la red financiera global no conocen de frenos.

En EEUU este programa fiscal llegó a casi 3 billones de dólares en abril, cuatro veces el paquete aprobado tras la recesión de 2008. Los gobiernos europeos también han movilizado volúmenes inéditos de dinero en planes de emergencia. Pero los expertos prevén que la crisis económica y sanitaria se tragaría el socorro fiscal en pocos meses. El protagonismo mayor quedará entonces para los bancos centrales y sus políticas monetarias ultraexpansivas, como después de 2008. O para programas de gasto fiscal más agresivos, acorde con el manual que popularizó John M. Keynes en la Gran Depresión de los años 30.

Después de ser desplazados por la tendencia neoliberal durante casi medio siglo, los economistas de la escuela keynesiana han encontrado una oportunidad de oro con la crisis de la Covid-19 . Krugman, uno de los más conocidos, aboga incluso por duplicar el monto previsto en el programa de emergencia fiscal de EEUU frente a la pandemia. Piden compensar la caída del gasto privado con un aumento del gasto gubernamental, dirigido a inversiones en infraestructura, proyectos de investigación y desarrollo (I+D) y programas de asistencia social. Es el recurso para levantar economía y empleo en medio de la crisis.

Krugman admite, sin embargo, que se convertiría en una “gran bomba de tiempo fiscal”, al gravitar sobre una economía con alto endeudamiento y un peligroso déficit presupuestario ya. La deuda pública de EEUU trepó a poco más del 100 por ciento del PIB en 2019 y puede llegar al 131 por ciento este año, según el FMI.

A pesar de que esta fórmula traslada las amenazas para el futuro, los economistas de casi todas las escuelas postulan la intervención protagónica del Estado ante la actual crisis. El francés Pierre-Olivier Gourinchas habla de medidas o “candados de seguridad” disponibles por los gobiernos para aplanar la curva de la pandemia primero, limitar los daños económicos y levantar luego la economía de manera gradual. Este estudioso delinea una inteligente relación entre solución de la pandemia y recuperación económica, en que el apuntalamiento del sistema de salud, la protección de los desempleados y el sostén de la actividad crediticia serían prioridades para el fisco.

El británico Michael Roberts acepta esa idea, aunque advierte que fuera de las economías del G-7 quedan pocas posibilidades de maniobra a países con elevado endeudamiento y alto déficit fiscal. Como buen marxista, Roberts tuerce el timón más a fondo que los keynesianos: “Esta depresión solo puede revertirse con medidas similares a las de la guerra, a saber, la inversión masiva del gobierno, la propiedad pública de los sectores estratégicos y la dirección estatal de los sectores productivos de la economía”.

Hasta los neoliberales aprueban esta vez la intervención de los gobiernos para apagar un incendio sanitario, económico y social ante el cual el mercado se mostró incompetente.

¿Una derrota del pensamiento neoliberal? Sería ingenuo creerlo. Si hablamos en términos militares, se trata apenas de un repliegue táctico, similar al adoptado en 2008. Aquella vez, ante la incapacidad del mercado para enfrentar los riesgos que amenazaban con congelar a la economía mundial, el recurso fue “obligar a los Estados a asumirlos”, razonó el filósofo John Gray.

 Asustados por la quiebra de uno de los bancos aparentemente imbatibles de la época, el Lehman Brothers, las economías neoliberales tocaron a la puerta de los estados, y postularon las peligrosas inyecciones de liquidez con el fin explícito de salvar de la ruina a otros bancos y empresas de gran porte.

El beneficio mayor de los billones de dólares y euros que la Reserva Federal y el BCE inyectaron a partir del 2008 quedó en las cajas fuertes de Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup y otros grandes bancos y empresas financieras. A las inversiones productivas, a la economía real, llegó muy poco. Tras provocar la crisis financiera con el festín de las hipotecas subprime o hipotecas basura, el gran capital global tomó los préstamos casi regalados de los bancos centrales para limpiar sus balances contables y hacer nuevos negocios, pero sin salir de su paraíso bursátil.

La recompra de acciones y el juego sucio de los llamados derivados financieros se generalizó en las bolsas de valores después de 2008, como un hueco negro que absorbía el dinero que imprimían los bancos centrales. Las grandes empresas financieras y no financieras emiten nuevas acciones para recomprarlas y elevar artificialmente su valor, fieles a la sacrosanta lógica capitalista: ganar más, con el menor gasto posible, en el menor tiempo posible. En mercados cada vez más desregulados por la pauta neoliberal, la especulación financiera resulta más tentadora que las inversiones a mediano y largo plazo en producciones o en el desarrollo de tecnologías.

Empresas mundialmente conocidas por su liderazgo tecnológico amasan sus ganancias más jugosas a cuenta de la llamada financiarización: recompra de acciones, de títulos de deuda y derivados financieros. Alphabet (dueña de Google), Facebook, Amazon, Hewlett Packard, IBM, Motorola, Xenox y Symantec (NortonLifeLock ahora) invierten más en la especulación financiera que en el desarrollo tecnológico. Microsoft se enganchó en 2019 con una recompra de acciones por valor de 40.000 millones de dólares. Entre dos tercios y tres cuartas partes de los activos de Apple, Oracle y Ebay son créditos a otras empresas: piden préstamos a la gran banca para ofrecer a su vez préstamos con tasas de interés más altas a otras compañías de mayor riesgo. General Electric, General Motors, Ford y Pfizer también se sumergen en laberintos financieros cada vez más retorcidos, para mantener las ganancias que se les escapan en los mercados de la economía real.

“En el mundo imaginario del sistema capitalista enseñado en los manuales de economía –concluía Eric Toussaint ante tales evidencias-, las empresas emiten acciones en Bolsa para recaudar capital a fin de invertirlo en la producción. En el mundo real, las empresas capitalistas piden prestado capital en los mercados financieros o a los bancos centrales para recomprar sus acciones en Bolsa a fin de aumentar la riqueza de sus accionistas y dar la impresión de que la salud de la empresa es excelente”.

El analista Brian Reynolds estima que desde 2009 la recompra de acciones ha sido la "única fuente neta de dinero que entra en el mercado de valores". Otro economista estadounidense, William Lazonick, calcula que estas recompras equivalen al 52 por ciento de todas las ganancias corporativas, con dividendos en acciones que representaron otros 3,3 billones de dólares en 2016 y 2017, monto muy cercano, por cierto, a los 3,8 billones que la Reserva Federal inyectó entre 2008 y 2014 en samaritano socorro de Wall Street.

¿Renunciarán estas empresas a ese pastel ahora? ¿Quién garantiza que no se repita la historia cuando se diluyan los nubarrones de la Covid-19? ¿O se estará repitiendo ya, en plena tormenta, mientras la población global delira tras una vacuna que ponga fin a la catástrofe sanitaria?

 

Bomba de tiempo: la deuda global


El juego sórdido de las bolsas tiene el atractivo del bajo riesgo para los mayores especuladores. Cuando los enredos de un gran banco o empresa no financiera se van de rosca y llegan a un punto de quiebra y crisis como la de 2008, cuentan con la protección de un banco central dispuesto a inyectar, prestar, imprimir, inventar dinero, bajo el criterio de que la quiebra de un gigante pondría en riesgo al resto de la economía. “Too big to fail” (demasiado grande para dejarlo fracasar) es la filosofía pública de la Reserva Federal y del BCE.

La especulación, por tanto, no tiene frenos ni miedos. Las respuestas de las autoridades monetarias tampoco. En forma de títulos de deuda soberana y otros activos, los mayores bancos centrales del mundo imprimen dinero con fervor que deja como niños de teta a los asaltantes de la popular serie española Casa de Papel.

Entre 2008 y 2014, la Reserva Federal triplicó la base monetaria en EEUU y llevó las tasas de interés casi a cero. Pero el efecto sobre la economía real fue pobre. En la zona euro y en EEUU, las políticas monetarias cayeron en esos años en un saco roto que Keynes definió como trampa de liquidez en la década del 30: ni las inyecciones masivas de dinero ni las tasas de interés reducidas a mínimos consiguieron reanimar la actividad crediticia ni la economía empresarial. Los analistas más agudos observan que el alza de las bolsas en esos años tuvo expresión mínima en la industria y el comercio de EEUU y la eurozona. China también dio señales de desaceleración.

Ante evidentes síntomas de agotamiento de la economía –visibles antes de la pandemia-, la Reserva Federal tuvo que acudir a fines del 2019 a otra inyección de liquidez, justo cuando se suponía que debía maniobrar para retirar del mercado las anteriores. Ni los bancos prestaban, ni las empresas invertían. Optaban por conservar el dinero líquido en cuentas de ahorro o en negocios bursátiles sin impacto en la economía real. Los bancos centrales de otros países acudieron a igual salvavidas monetario.

Las mayores economías no han logrado salir de esa trampa de liquidez por más que inyectaban billones y más billones. El BCE ha recortado actualmente las tasas de interés por debajo de cero, para presionar a los bancos comerciales a que no escondan en sus cuentas o negocios los recursos financieros que reciben.

Pero con la severa contracción global de oferta y demanda que generó la Covid-19 es poco probable que las empresas se arriesguen en inversiones en la economía real. El sentimiento empresarial dominante en una coyuntura de crisis alienta a reducir gastos, suspender inversiones, reducir créditos. Los billones de dólares y euros que se están sumando a una circulación monetaria que ya estaba desbordada en 2019 corren el riesgo de permanecer en un limbo bancario, si no se los traga la especulación bursátil de nuevo y en particular la recompra de acciones, como advertía en abril una investigación publicada por el Wall Street Journal.

La economía se contrae en el mundo, el dinero se desborda sin límites y la deuda global crece a escalas incontroladas.

El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés) alertó en un reciente informe que la deuda global había escalado en 2019 hasta 255 billones de dólares, equivalente al 322 por ciento del PIB del planeta, o sea, más de tres veces la dimensión de la economía mundial. Y teme que ascienda a 342 por ciento en 2020 en un contexto de recesión en que la mayoría de las economías no encuentran otra alternativa que no implique mayor endeudamiento. En abril, la emisión de deuda trepó a 2,1 billones de dólares, frente a una media mensual de 700.000 millones entre 2017 y 2019, según el IIF.

Para mayor conflicto, las tasas de interés ancladas en cero en las mayores economías favorecen que las grandes empresas financieras y no financieras se refugien en el negocio de vender y revender deuda.

Toussaint, opuesto a echar las culpas de la actual crisis económica a la pandemia, advirtió el año pasado sobre el peligro de estallido de la burbuja especulativa que se ha formado en el mercado de valores por las políticas de los bancos centrales. “La deuda pública contraída para rescatar a los bancos es claramente ilegítima”, concluyó.

El bombillo rojo lo perciben no solo los analistas de izquierda. El Banco de Pagos Internacional (BPI), con sede en Basilea, Suiza, advirtió a mediados de 2019 el peligro de una nueva crisis financiera , esta vez a cuenta de la abultada deuda corporativa. Esta suerte de comisario de los bancos centrales del mundo alertó por el sobrecalentamiento visible en el mercado de préstamos “apalancados”, como le llaman a los préstamos a empresas endeudadas en exceso. Sectores económicos completos, como la industria del petróleo y el gas y el comercio minorista en EEUU, están totalmente amarrados a este respirador artificial, estimado en 3,5 billones de dólares.

La filosofía capitalista dominante ya resolvió el problema: ha optado por dejar a las generaciones políticas del futuro la solución del peligroso enredo financiero.
Si la historia se repite, la gran banca mundial y las mayores empresas volverán a hacer su agosto bursátil con el mar de dinero barato que les proporcionan los bancos centrales. Las bolsas resistirán como refugio perfecto, en momentos en que el colapso global de la producción y del comercio arrastra a las economías de menor porte –países y empresas que no saben contar todavía en escala de billones.

Con sibilina habilidad para flotar y ganar siempre, el gran capital financiero quedó como principal beneficiado en la crisis financiera que provocó en 2008. Y apunta a serlo de nuevo, en este desastre de salud y de economía causado, más que por un coronavirus, por la destrucción previa de sistemas sanitarios a cuenta de la doctrina neoliberal que tiene al gran capital como defensor mayor. Todo es previsible con la Covid-19.

Publicado enEconomía
“La desigualdad de la propiedad crea una enorme desigualdad de oportunidades en la vida”

Thomas Piketty (Clichy, Francia, 1971) propone un pago estatal para todos los ciudadanos, la modificación de la estructura de la riqueza para cambiar el poder de negociación de los actores, discute las consecuencias políticas de la desigualdad. En esta entrevista, el economista expone los puntos más salientes de un posible programa de izquierdas para salir del actual atolladero histórico.

 

Uno de los principales argumentos de su libro Capital e ideología es que “la desigualdad es una ideología”. La desigualdad no es un proceso natural, sino que se funda en decisiones políticas. ¿Cómo llegó a esa conclusión?

 

En mi libro, el término “ideología” no tiene una connotación negativa. Todas las sociedades necesitan la ideología para justificar su nivel de desigualdad o una determinada visión de lo que es bueno para ellas. No existe ninguna sociedad en la historia donde los ricos digan “somos ricos, ustedes son pobres, fin del asunto”. No funcionaría. La sociedad se derrumbaría inmediatamente.

Los grupos dominantes siempre necesitan inventar narrativas más sofisticadas que dicen “somos más ricos que ustedes, pero en realidad eso es bueno para la organización de la sociedad en su conjunto, porque les traemos orden y estabilidad”, “les brindamos una guía espiritual”, en el caso del clero o del Antiguo Régimen, o “aportamos más innovación, productividad y crecimiento”. Por supuesto, estos argumentos no siempre resultan del todo convincentes. A veces son claramente interesados. Guardan algo de hipocresía, pero al menos este tipo de discurso tiene algo de verosimilitud. Si fueran completamente falsos, no funcionarían.

En el libro, investigo la historia de lo que llamo regímenes de desigualdad, que son sistemas de justificación de distintos niveles de desigualdad. Lo que demuestro es que en realidad hay un aprendizaje de la justicia. Hay una cierta reducción de la desigualdad a largo plazo. Hemos aprendido a organizar la igualdad a través del acceso más igualitario a la educación y de un sistema impositivo más progresivo, por dar algunos ejemplos.

Pero este progreso y el conflicto ideológico continuarán. En la práctica, el cambio histórico proviene de las ideas e ideologías en pugna y no solo del conflicto de clases. Existe esta vieja concepción marxista de que la posición de clase determina por completo nuestra visión del mundo, nuestra ideología y el sistema económico que deseamos, aunque en verdad es mucho más complejo que eso, porque para una posición de clase dada existen distintas formas de organizar el sistema de las relaciones de propiedad, el sistema educativo y el régimen impositivo. Existe cierta autonomía en la evolución de la ideología y de las ideas.

 

Aun así, en las democracias el pueblo decide colectivamente a través del voto vivir en ese tipo de sociedades desiguales. ¿Por qué?

 

En primer lugar, es difícil determinar el nivel exacto de igualdad o desigualdad. La desigualdad no siempre es mala. La gente puede tener objetivos muy diferentes en su vida. Algunos valoran mucho el éxito material, mientras que otros tienen otro tipo de metas. Alcanzar el nivel adecuado de igualdad no es algo sencillo.

Cuando digo que los factores determinantes de la desigualdad son ideológicos y políticos no quiero decir que deban desaparecer y que mañana tengamos una igualdad completa. Me parece que encontrar el equilibrio adecuado entre las instituciones es una tarea muy complicada para las sociedades pese a que, insisto, en el largo plazo la desigualdad se ha reducido un poco. Creo que deberíamos tener un acceso más igualitario a la propiedad y a la educación y que deberíamos continuar en esa dirección.

Hemos aprendido que la historia es un proceso no lineal. Con el tiempo avanzamos hacia una mayor igualdad y esto es lo que también ha creado una mayor prosperidad económica en el siglo XX. Sin embargo, también ha habido reveses. Por ejemplo, el colapso del comunismo produjo una desilusión sobre la posibilidad de establecer un sistema económico alternativo al capitalismo, y esto explica en gran medida el aumento de la desigualdad desde finales de la década de 1980.

Pero hoy día, 30 años más tarde, comenzamos a darnos cuenta de que tal vez hemos ido demasiado lejos en aquella dirección. Entonces, comenzamos a repensar cómo cambiar el sistema económico. El nuevo desafío introducido por el cambio climático y la crisis medioambiental también ha puesto el foco en la necesidad de cambiar el sistema económico. Se trata de un complejo proceso en el que las sociedades intentan aprender de sus experiencias.

A veces se olvidan del pasado lejano, reaccionan de manera exagerada y avanzan demasiado lejos en una dirección. Pero me parece que si ponemos la experiencia histórica sobre la mesa –y ese es el objetivo del libro– podemos entender mejor las lecciones y experiencias positivas del pasado.

 

Usted dice que la desigualdad deriva en nacionalismos y populismos. En Alemania y en otros países, los partidos de derecha están en alza. ¿Por qué la derecha suele tener más éxito que la izquierda?

 

La izquierda no se ha esforzado por proponer alternativas. Después de la caída del comunismo, la izquierda ha atravesado un largo periodo de desilusión y desánimo que no le ha permitido presentar alternativas para modificar el sistema económico. El Partido Socialista en Francia o el Partido Socialdemócrata en Alemania no han intentado realmente cambiar las reglas del juego en Europa tanto como debieran haberlo hecho.

En algún momento aceptaron la idea de que el libre flujo de capital, la libre circulación de bienes y servicios y la competencia por los mercados entre países eran suficientes para lograr la prosperidad y que todos nos beneficiemos de ella. Pero, en cambio, lo que hemos visto es que esto ha beneficiado principalmente a los sectores con un elevado capital humano y financiero y a los grupos económicos con mayor movilidad. Los sectores bajos y medios se sintieron abandonados.

También hubo partidos nacionalistas y xenófobos que propusieron un mensaje muy simple: vamos a protegerlos con las fronteras del Estado-nación, vamos a expulsar a los migrantes, vamos a proteger su identidad como europeos blancos, etc. Por supuesto, al final esto no va a funcionar. No se reducirá la desigualdad ni se resolverá el problema del calentamiento global. Pero dado que no existe un discurso alternativo, una gran parte del electorado se desplazó hacia estos partidos.

Aun así, una gran parte incluso más grande del electorado decidió quedarse en casa. Simplemente no votan, no debemos olvidar eso. Si los grupos socioeconómicos más bajos demostraran entusiasmo por Marine Le Pen o por Alternativa por Alemania, la tasa de participación ascendería a 90%. Eso no es lo que está ocurriendo. Tenemos un nivel muy reducido de participación, especialmente entre los grupos socioeconómicos más bajos, los cuales están a la espera de una plataforma política o una propuesta concreta que realmente pueda cambiar sus vidas.

 

Usted propone un pago estatal único (“herencia para todos”) de 120.000 euros para todos los ciudadanos cuando alcancen la edad de 25 años. ¿Qué se conseguiría con eso?

 

En primer lugar, este sistema de “herencia para todos” sería un paso más de un sistema de acceso universal a bienes y servicios públicos fundamentales, incluidos la educación, la salud, las pensiones y un ingreso ciudadano. El objetivo no es reemplazar estos beneficios, sino sumar esta herramienta a las ya existentes. ¿Para qué serviría?

Si uno tiene una buena educación, una buena salud, un buen empleo y un buen salario, pero necesita destinar la mitad de su salario a pagar un alquiler a los hijos de propietarios que reciben ingresos por alquileres durante toda su vida, creo que hay un problema. La desigualdad de la propiedad crea una enorme desigualdad de oportunidades en la vida. Algunos tienen que alquilar toda su vida. Otros reciben rentas durante toda su vida. Algunos pueden crear empresas o recibir una herencia de la empresa familiar. Otros nunca llegan a tener empresas porque no tienen siquiera un mínimo de capital inicial para empezar. Más que nada, es importante darse cuenta de que la distribución de la riqueza se ha mantenido muy concentrada en pocas manos en nuestra sociedad.

La mitad de los alemanes tiene menos del 3% de la riqueza total del país y, de hecho, la distribución empeoró desde la reunificación de Alemania. ¿Es esto lo mejor que podemos hacer? ¿Qué proponemos para cambiarlo? Esperar que llegue el crecimiento económico y el acceso a la educación sin hacer nada no es una opción. Eso es lo que hemos estado haciendo durante un siglo y la mitad inferior de la escala de distribución de los ingresos todavía no posee nada.

Cambiar la estructura de la riqueza en la sociedad implica cambiar la estructura del poder de negociación. Quienes no tienen riqueza están en una posición de negociación muy débil. Se necesita encontrar un empleo para pagar el alquiler y las cuentas cada mes, y se debe aceptar lo que se ofrece. Es muy distinto tener 100.000 o 200.000 euros en lugar de 0 o 10.000. La gente que tiene millones tal vez no se da cuenta, pero para aquellos que no tienen nada o que a veces solo tienen deudas, significa una gran diferencia.

 

En su país natal, Francia, el impuesto al carbono derivó en la protesta de los chalecos amarillos. ¿Cuál fue en este caso el error de cálculo político?

 

Para que los impuestos sobre el carbono sean aceptables, deben ir acompañados de la justicia tributaria y fiscal. En Francia, el impuesto al carbono solía ser bien aceptado y se aumentaba año tras año. El problema es que el gobierno de Emmanuel Macron utilizó los ingresos fiscales del impuesto sobre el carbono para hacer un enorme recorte de impuestos para el 1% más rico de Francia, suprimiendo el impuesto sobre la riqueza y la tributación progresiva sobre las rentas del capital, los intereses y los dividendos.

Esto enervó a la gente porque se le dijo que la medida era para la lucha contra el cambio climático pero, de hecho, fue solo para hacer un recorte impositivo a aquellos que financiaron su campaña política. Así es como se destruye la idea de los impuestos sobre el carbono. Uno debe ser muy cuidadoso en Alemania porque también puede haber muchos sentimientos negativos, especialmente en los grupos socioeconómicos más bajos. Para que un impuesto al carbono funcione, tiene que incluir los costos sociales y debe ser aceptado por el conjunto de la sociedad.

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Por Thomas Piketty es director de investigación en la École des Hautes Études en Sciences Sociales, profesor en la Paris School of Economics y codirector de la World Inequality Database. Es autor de los libros El capital en el siglo XXI y de Capital e Ideología.

Este artículo se publicó anteriormente en Nueva Sociedad

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La renta básica deja de ser una utopía

La pandemia lleva a diversos países a ensayar planes de transferencias directas no universales para compensar la reducción en los ingresos de sus ciudadanos

En su punto álgido, todas las crisis parecen llamadas a cambiar el mundo. La Gran Recesión de 2008 iba a ser la de la refundación del capitalismo. La de deuda soberana del sur de Europa, la que sentaría las bases de una nueva Unión más solidaria. Y esta, la del coronavirus, “escribirá un nuevo mundo con otras reglas”, según apuntaba la semana pasada el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton. Lo más probable es que, como en las dos ocasiones anteriores, ese axioma se lo acabará llevando el viento y el giro de timón se quedará en apenas buenas palabras.

Sin embargo, lejos de los discursos altisonantes y fuera de los grandes focos, algunas ideas hasta ahora consideradas de nicho comienzan a enraizar: la renta básica (universal o no), una suerte de garantía de ingresos a los ciudadanos por el mero hecho de serlo, ha sumado más adeptos en apenas unos días que en años, dando un salto exponencial en el debate público y presentando una sólida candidatura en el menú de posibles soluciones para salir del atolladero económico y social de la pandemia. Y, algo aún más importante, empieza a calar en el terreno de los hechos, con distintos Gobiernos poniendo en marcha sus versiones propias de esta herramienta para combatir una recesión que ya es, en palabras de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, “tan mala o peor como la de 2009”.

Estados Unidos, un país en el que el debate sobre la renta básica quedaba recluido a ámbitos académicos relativamente estancos y a propuestas electorales minoritarias, como la del excandidato demócrata a la nominación presidencial Andrew Yang, ha dado un primer y decisivo paso en esa dirección: dará a sus ciudadanos 1.200 dólares (unos 1.100 euros) de una tacada, una cuantía que se reduce gradualmente para quienes ganan más de 75.000 dólares al año y que solo deja fuera a aquellos que ingresan 99.000 dólares o más. El objetivo, según la Casa Blanca, es tratar de paliar la merma de ingresos y asegurar lo esencial. “Los fundamentos son idénticos [a lo que propongo]: es una transferencia directa a individuos y hogares”, ha reconocido Yang en declaraciones a la radio pública NPR. “La gran diferencia es que yo sugiero que sea a perpetuidad, como un derecho básico de ciudadanía para cubrir las necesidades básicas y el paquete de estímulos está diseñado para durar solo unos meses”.

En paralelo, Brasil acaba de anunciar un esquema de pagos —en este caso, mucho más lejos de la universalidad— de casi 115 euros mensuales (la mitad del salario mínimo) durante un trimestre para 60 millones de trabajadores informales. Y España ultima estos días una renta mínima que, parece, estará en el entorno de los 440 euros al mes, en línea con la ayuda aprobada la semana pasada para los trabajadores temporales que se queden sin empleo por el parón económico desatado por el virus y con lo que propuso la autoridad fiscal (la Airef) el verano pasado. El objetivo será, de nuevo, proteger a los colectivos más vulnerables. En otros países europeos, como el Reino Unido, el “ingreso universal de emergencia” también ha irrumpido en la Cámara de los Lores y en la de los Comunes, pero aún no ha permeado en el tan conservador como heterodoxo primer ministro, Boris Johnson.

¿Por qué una renta básica y por qué ahora? Sus cada vez más numerosos defensores ven en ella una herramienta útil para contener la emergencia social que sufren quienes de la noche a la mañana se han quedado sin ingresos. Y, añaden los paladines de la idea, sería también una herramienta útil para reactivar la demanda cuando se puedan ir levantando las cuarentenas.

Hasta ahora, en el Viejo Continente la contingencia se ha abordado con ayudas por colectivos y, como en Italia, hasta con bonos alimentarios para tratar de rebajar la creciente tensión social en el sur del país. Pero en América Latina y en el resto del bloque emergente, donde la informalidad (personas que trabajan, pero son totalmente invisibles para el Estado) alcanza cotas infinitamente más altas que en Occidente, la gestión de la crisis está siendo y será mucho más complicada.

“En estos países, que todavía están en una fase inicial de la pandemia, la renta básica debe aplicarse tan rápidamente como sea posible: no puedes comprar jabón ni tener agua limpia sin el dinero necesario para ello, y es más sencillo transferirlo directamente a la gente que organizar un esquema complejo de subsidios”, apunta Guy Standing, profesor de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres y autor de La renta básica: un derecho para todos y para siempre (Editorial Pasado y Presente).

Todos los esquemas diseñados o puestos en marcha desde el inicio de la pandemia están, sin embargo, pensados para desaparecer tan pronto baje la marea, como destaca Philippe van Parijs, profesor de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). “Tienen un propósito útil y pueden ser la mejor herramienta disponible, pero son intrínsecamente temporales”, recalca el quizá mayor embajador global del concepto.

“Muchos de los que la criticaban, ahora la defienden”

La renta básica no ha dejado de ganar enteros con el paso de los años ante el avance de la desigualdad y la merma del Estado de bienestar. Pero no es, ni mucho menos, una idea nueva: empezó a sonar, aunque en círculos muy reducidos, en el siglo XVIII y en su travesía ha logrado reunir en torno a sí a economistas de extracción ideológica tan diversa como John Kenneth Galbraith, Milton Friedman o James Meade, entre otros. Y ha cautivado a pensadores separados por dos siglos como Thomas Paine (1737-1809) y Bertrand Russell (1872-1970). Nunca, sin embargo, ha estado tan cerca de convertirse en realidad como hoy. “Creo en el utopismo oportunista. Las crisis pueden proporcionar oportunidades para grandes avances y debemos aprovechar el impulso”, anima Van Parijs, coautor de Ingreso básico. Una propuesta radical para una sociedad libre y una economía sensata (Editorial Grano de Sal).

La vertiente universal del ingreso básico —la más interesante, pero también la más compleja por los costes que lleva asociados— está atrayendo un interés mayor en un momento de indefinición económica, como reconoce Louise Haagh, del departamento de Ciencias Políticas la Universidad de York (Reino Unido). “Está quedando patente el fallo de nuestro sistema tanto para responder específicamente a esta crisis como, más en general, para ofrecer una seguridad económica real”, apunta por correo electrónico. “Es solo una pieza del puzle, pero al menos sería un intento serio de reconocer los derechos y el estatus económico de todos”. También Standing ve un cambio de patrón: “Muchos políticos, economistas y medios de comunicación, que en el pasado han sido hostiles a la idea, ahora la defienden”.

El coste de un ingreso básico permanente y no únicamente de emergencia varía, y mucho, entre latitudes. La renta mínima propuesta en España por el hoy ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, cuando estaba al frente de la Airef costaría 3.500 millones de euros si se descuentan los solapamientos con otros programas sociales y reduciría la pobreza en entre un 46% y un 60%. Una solución más ambiciosa, como una renta básica auténticamente universal y permanente de algo más 620 euros al mes por residente, supondría una carga de casi 190.000 millones anuales, algo menos del 18% del PIB, según calculó en 2017 el servicio de estudios del BBVA. Para ponerla en marcha, tanto en países europeos como emergentes, habría que empezar por librar “un combate frontal contra la evasión y la competencia fiscal [entre territorios], y repensar el objetivo de la austeridad”, incide Haagh, presidenta de la Red Global de Renta Básica (BIEN, por sus siglas en inglés).

En Latinoamérica, una región atravesada por la desigualdad y la pobreza, y donde, por tanto, su sentido se multiplica, entregar a todos los hogares el equivalente al umbral de pobreza tendría un coste para el erario equivalente al 4,7% del PIB, según un reciente estudio de la Cepal, el brazo de la ONU para el desarrollo económico del subcontinente. “No costaría tanto y daría seguridad económica en un momento de enorme incertidumbre”, remarca la secretaria ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena. “Esta crisis nos invita a repensar la economía, la globalización y el capitalismo. Se requieren soluciones innovadoras y la renta básica es una de ellas”. La utopía está más cerca que nunca de convertirse en realidad.

 

Por Ignacio Fariza

Madrid - 06 abr 2020 - 02:49 COT

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Martes, 21 Enero 2020 06:18

La reforma neoliberal

La reforma neoliberal

No me refiero a la reforma del capitalismo global construida a partir de las ideas de Hayek, Von Mises, Friedman et al. a partir de los años 1970, que inauguró la era neoliberal. Me refiero a parte de lo que está ocurriendo hoy: la reforma que los mismísimos neoliberales buscan llevar a cabo, para salvar al capitalismo neoliberal de sus propios demonios.

Como en toda formación social que se ago­ta, bajo la tensión que produce una le­gi­timidad agonizante, la hegemonía se desestabiliza y sucumbe frente a la mul­tiplica­ción de miríadas de demandas so­ciales in­satisfechas. Los excluidos, que durante demasiado tiempo otorgaron lealtad al neo­liberalismo, desobedecen aquí y allá el or­den existente. El convencimiento, que va generalizándose, de que la raíz del desastre económico, social y político se halla en el ideario neoliberal, abre la posibilidad de una transformación de las bases en que puede fundarse una formación social distinta.

El consenso sobre la crisis del neoliberalismo es amplio y recorre el mundo occidental, donde reinó a sus anchas por más de 40 años. El reino está agrietado por do­quier, se debilita continuamente y ya las alarmas aúllan cada día a mayores decibeles entre sus poderosos beneficiarios. Hasta donde puede advertirse, el populismo de derecha puede tener también los días contados: su nacionalismo antiglobalización, basado en valores étnicos y rechazo a los inmigrantes, está destinado a la debacle.

Como en toda crisis social generalizada se abre el espacio social que Gramsci llamó interregno: un espacio de lucha entre relatos distintos o antagónicos. Con el propósito de retener el gobierno sobre el rumbo del capitalismo, un grupo de capitalistas se alista para formular un discurso ad hoc, para vestir al capitalismo neoliberal “reformado”. El flanco izquierdo está ante un interregno abierto.

Durante más de 40 años los empresarios, especialmente los estadunidenses, han sostenido que la única responsabilidad de las empresas era maximizar sus ganancias. Lo lograron como nunca aplastando los salarios en todas partes, configurándose así una de las más poderosas tendencias generadoras de la desigualdad del siglo XXI. Pero están asustados de su criatura: la Mesa Redonda de Negocios de EU ha dicho que adoptará, en la reunión del 50 aniversario del Foro Económico Mundial (FEM), que comienza hoy en Davos, un enfoque que llama “capitalismo de las partes interesadas” ( stakeholder capitalism), centrado no sólo en los accionistas, sino también en los clientes, empleados, proveedores y comunidades, a los que considera “esenciales” para el desempeño de sus negocios.

Laura Tyson, ex presidenta del Consejo de Asesores Económicos del presidente de EU, y Lenny Mendonca, asesor económico y empresarial, jefe y director de la Oficina de Desarrollo Económico y Empresarial de California, en reciente colaboración en el Daily Maverick, escriben que los empresarios discutirán “cómo dar un significado concreto al capitalismo de las partes interesadas, un concepto articulado por primera vez por el fundador del FEM, Klaus Schwab”, quien propondrá, en ese foro, otro “Manifiesto de Davos”, con todo y su capítulo “verde”. Ya veremos si sale adelante el nuevo relato y cuáles son sus principios.

Por supuesto, los tiempos que corren plantean un reto enorme al pensamiento alternativo. Ningún programa alterno al capitalismo neoliberal podría prosperar sin una amplia base social de sustentación. Y, al mismo tiempo, ese programa es indispensable como relato alternativo para articular esa base social que, por necesidad, tendría una historia particular en cada Estado-nación. Aunque las cosas son así, los movimientos sociales de cualquier parte deben contar con una idea estratégica sobre la globalización. Lo más pernicioso para la sociedad globalizada y para las sociedades nacionales es, evidentemente, el predominio del sector financiero, un fardo incomensurable.

Será de verse qué hará Donald Trump con ese nuevo ideario que quieren impulsar sus colegas los empresarios de la Mesa Redonda de Negocios de su país. El éxito del neoliberalismo en su implantación y desarrollo, fue avasallador. Las oposiciones keynesianas y quienes habían cabalgado del lado del Estado de bienestar entregaron la plaza íntegramente. La reconversión de todo mundo a la idea de la “libertad individual”, detrás de la cual apareció la soberanía del consumidor y el mercado libérrimo, convenció a las mentes más progresistas (la reflexión sobre la izquierda marxista requeriría un espacio aparte).

No sé si en el 50 aniversario del Foro de Davos saldrá avante un nuevo manifiesto, pero el stakeholder capitalism (whatever that means) parece la propuesta que buscará crecer en los años venideros. Los retos del pensamiento alternativo son enormes, no sólo para la elaboración programática sino, especialmente, para crear las bases sociales organizadas capaces de sostener y luchar por un mundo distinto.

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Escandalosa brecha entre ricos y pobres en el mundo, según Oxfam

Informe global de la ONG Oxfam Internacional en la antesala del Foro económico de Davos

Los 2.153 multimillonarios más ricos del mundo poseen una riqueza equivalente a la de 4.600 millones de personas, es decir, el 60 por ciento de la población mundial. Entre las razones, el auge de un modelo económico sexista e hiperproductivista. 

La brecha entre ricos y pobres, llamada también “desigualdad económica”, que empezó a crecer a pasos agigantados cuando en el mundo se difundió la “globalización”, por el contrario de lo que algunos pensaban parece no tener límites y sigue creciendo cada día más. Según el informe anual “Time to care” (Tiempo de cuidar) elaborado por la organización no gubernamental Oxfam Internacional (comité Oxford contra el hambre) difundido el lunes, los 2.153 multimillonarios más ricos del mundo poseen una riqueza equivalente a la de 4.600 millones de personas, es decir, el 60 por ciento de la población mundial.

Basada en datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial, del Credit Suisse Research Institute y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), entre otras instituciones, el informe fue difundido el lunes porque esta semana precisamente se realiza en Davos (Suiza) el Foro Económico Mundial, la reunión anual de políticos, gobernantes, industriales y empresarios en general, economistas e intelectuales famosos del mundo.

“La desigualdad en el mundo está profundamente arraigada y ha alcanzado un nivel escandaloso”, dijo el informe. Y agregó: “En América Latina y el Caribe, el 20 por ciento de la población concentra el 83 por ciento de la riqueza y el númeo de multimillonarios en la región ha pasado de 27 a 104 desde el año 2000. En 2019, 66 millones de personas, es decir el 10,7 por ciento de la población vivía en extrema pobreza, de acuerdo a datos de la Cepal”.

“A nivel global, la desigualdad aumenta porque estamos viviendo un modelo económico del capitalismo que ya no es el capitalismo como fue concebido originalmente. Es un modelo evolutivo que no pone en el centro de sus preocupaciones las necesidades de las personas y es cada vez más dependiente de una sola cosa: la maximización de las ganancias en breve tiempo”, explicó a PáginaI12 Elisa Bacciotti, Directora de las Campañas de Oxfam Italia. “Esto lleva a comprimir el costo del trabajo y lleva al surgimiento de la llamada Gig Economy, es decir una economía basada en el trabajo temporáneo, free lance, flexible”, agregó.

 “Con la globalización y la apertura de los mercados y mayores inversiones, la posibilidad de tener trabajo aumentó. Pero hay que ver qué tipo de trabajo. Si es un trabajo digno. O por el contrario es un trabajo que no da beneficios a los trabajadores. Si no da los beneficios que se requieren, la desigualdad no disminuye”, subrayó Bacciotti.

“La gran parte de la ganancias van a parar al vértice de la pirámide social. Una estadística que publicó el Informe Oxfam dice que un trabajador, que hoy esta ubicado en el 10 por ciento de los trabajadores más pobres, debería trabajar tres siglos y medio para conseguir el mismo rédito que un trabajador que se ubica en el 10 por ciento de los trabajadores más ricos”, explicó la experta.

El informe subrayó por otro lado que el modelo económico sexista profundiza la desigualdad y que las mujeres son a menudo una suerte de “motor oculto” de la economía. “En América Latina y el Caribe, aun cuando las mujeres logran conseguir y mantener un empleo, es en condiciones precarias: el 49 por ciento de las mujeres empleadas en la región, ganan menos del salario mínimo mensual correspondiente a su país”, dijo el informe, añadiendo que “las mujeres constituyen dos terceras partes de la mano de obra que se ocupa del trabajo de cuidados remunerado. Empleos como el de enfermera, trabajadora del hogar o cuidadora a menudo están mal remunerados, proporcionan escasos beneficios, conllevan un horario irregular y pueden suponer un importante desgaste físico y emocional”.

 “Para que las personas puedan conducir la propia vida, trabajando, y llegar a fin de mes, alguien debe hacer otros trabajos en casa, que no son retribuidos, ni están contabilizados -explicó Bacciotti- . Haciéndolos permite que la familia vaya adelante. Al no ser retribuido no es ni siquiera reconocido y no goza de aportes jubilatorios. Es el caso generalmente de las mujeres, que a veces trabajan menos horas retribuidas para poder hacer los trabajos de casa no retribuidos. Al hacer esta elección se encontrarán con menos dinero en mano al final del mes y menos aportes jubilatorios por lo cual esta elección está más asociada a la pobreza”.

La pregunta clave ante esta situación descripta por Oxfam es saber qué pueden hacer los gobiernos, si es que realmente quieren cambiar esta situación.

El informe habló, entre otros puntos, de la necesidad de que las empresas y las personas ricas paguen su justa parte de impuestos y que con ese dinero el Estado haga inversiones en infraestructuras y servicios públicos.

“Seguramente los gobiernos podrían hacer más y no lo hacen. Una cosa muy eficaz sería una lucha sin cuartel contra la evasión fiscal para que el dinero recuperado pueda ser invertido en beneficios de los sectores menos pudientes”, concluyó Bacciotti.

Por Elena Llorente

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Así es la desigualdad en Latinoamérica: hasta 18 años menos de esperanza de vida

Un grupo de científicos mapea por primera vez la "extrema" magnitud de las disparidades en varias ciudades de América Latina

 

Una mujer que reside en una de las zonas menos favorecidas de Santiago de Chile vivirá 18 años menos que otra mujer que viva en la misma ciudad, pero en un barrio más pudiente. La vida de esta mujer —y de muchas otras— será casi dos décadas más corta por culpa de las brutales desigualdades que sufre la capital chilena, que estos días protagoniza numerosas revueltas contra su gobierno con estas injusticias como principal argumento.

"Suponíamos que en Panamá y en Santiago las diferencias iban a ser importantes porque son dos países con mucha desigualdad y las grandes ciudades suelen representar la desigualdad de los países", reconoce Usama Bilal, "pero en el caso de Santiago de Chile nos sorprendió la magnitud del problema". Este epidemiólogo español, investigador de la Universidad de Drexel, es el autor principal de un estudio que publica The Lancet Planetary Health y que pone cifras por primera vez a la desigualdad social en seis grandes ciudades latinoamericanas que suman más de 50 millones de habitantes.

"Ahora mismo en Santiago hay protestas y en el mismo centro de esas protestas está la desigualdad social. Nosotros damos datos a la gente para que puedan probar que es real, que existe. Y que sea la sociedad la que responda si esta desigualdad es socialmente aceptable", asegura Bilal. Y añade: "Estos datos pueden empoderar a los ciudadanos para plantearle demandas a sus gobernantes".

En Santiago, dependiendo de la zona de la ciudad, las diferencias de esperanza de vida son esos dieciocho años en mujeres y nueve en hombres; en la ciudad de Panamá, de unos quince años para ambos sexos; en Ciudad de México, de once para hombres y nueve para mujeres; en Buenos Aires (Argentina) y en Belo Horizonte (Brasil), de cuatro y seis; y de cuatro y tres en San José de Costa Rica.

“Estos resultados destacan la importancia de desarrollar políticas urbanas enfocadas a reducir desigualdades sociales y mejorar condiciones sociales y ambientales en los barrios más pobres de las ciudades de Latinoamérica”, señala Ana Diez Roux, coautora del estudio e investigadora principal del proyecto SALURBAL, que estudia cómo influyen las políticas y distribuciones urbanas en la salud de los latinoamericanos.

"Viendo los mapas observamos unos patrones muy claros en algunos lugares; por ejemplo, si observas un mapa de la pobreza de Santiago, tienes prácticamente nuestro mapa de esperanza de vida de la ciudad, pero al revés", afirma Bilal. "Estos patrones que aparecen en las ciudades nos muestran que no es aleatorio ese reparto de la esperanza de vida y que ese algo determina la segregación espacial", ahonda el especialista de 33 años.

En el caso de Santiago de Chile les sorprende la magnitud de la diferencia, casi 20 años, porque son desigualdades que se suelen encontrar en unidades urbanas más pequeñas: en el ámbito del barrio y no del distrito. Sin embargo, en Madrid (España) hay diferencias de 10 años de esperanza de vida entre los barrios más privilegiados y los más desfavorecidos (solo de cuatro años entre distritos), mientras que en Buenos Aires están en torno a la mitad. "Cuando hay pocas diferencias puede deberse a que las unidades urbanas sean muy heterogéneas", avisa Bilal, de modo que la segregación no esté tan segmentada. En este estudio no pueden difundir esperanzas de vida exactas asociadas a barrios concretos por cuestiones de confidencialidad.

Brecha educativa y económica

Para analizar el impacto del nivel socioeconómico en estas diferencias, estos científicos han usado datos del nivel educativo, que les han servido de indicador claro de los recursos de cada segmento de la población, que puede explicar gran parte de esta brecha. En el caso de Santiago, la diferencia en esperanza de vida entre las áreas con mayores y menores niveles de estudios puede llegar a ser hasta ocho años para hombres y doce años en el caso de las mujeres.

“Esta es la primera vez que se mapea la magnitud extrema de las desigualdades en esperanza de vida en varias ciudades de Latinoamérica, y constituye un primer paso fundamental para poder disminuirlas o erradicarlas en un futuro”, asegura el epidemiólogo. Ha empezado con seis, pero Bilal tiene dos millones de dólares de los Institutos Nacionales de Salud de EE UU (NIH) para estudiar la salud de los habitantes de las más de 700 ciudades con más de 100.000 habitantes de EE UU y diez países latinoamericanos.

Latinoamérica es una de las regiones más desiguales del planeta, pero muchas de estas injusticias permanecen sin concretar, o desconocidas, por falta de datos concretos que los materialicen en toda su crudeza encima de la mesa. Y las ciudades son buenos laboratorios en los que estudiar estos problemas sociales que lastran la salud de la población como la peor de las epidemias. De ahí que un equipo de epidemiólogos, coordinado por Bilal, se haya decidido a poner el microscopio en la desigualdad urbana latinoamericana, donde vive el 80% de la población.

Este estudio es la prueba de concepto de que sus mediciones funcionan, por eso escogieron ciudades que tuvieran buenos datos de gran cantidad de distritos distintos (o comunas). Más adelante irán reduciendo las dimensiones de las esas células mínimas de estudio a bloques más pequeños, lo que llamaríamos una sección censal en España, por ejemplo, con datos que les permitan georreferenciar las muertes y encontrar patrones y correlaciones más claras.

Los investigadores han observado mayor diferencia dentro de las urbes que entre ellas, como explica Bilal: "Si comparamos entre las ciudades, la desigualdad es menor que dentro de ellas, por eso no suele ser muy útil cuando hablamos de la esperanza de vida de una ciudad entera, menos si hablamos de la esperanza de vida de los países".

Por JAVIER SALAS

10 DIC 2019 - 18:52 COT

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La desigualdad enturbia el tímido avance de América Latina en desarrollo humano

Argentina, Venezuela y Nicaragua registran retrocesos en el indicador de la ONU. En el resto de la región las mejoras son escasas, con la inequidad penalizando sistemáticamente

 

 El desarrollo humano avanza en América Latina, aunque a un ritmo notablemente más bajo que en el resto del mundo y menor al de las últimas décadas. Todos los países de la región salvo tres —ArgentinaVenezuela y Nicaragua, todas ellas economías inmersas en crisis económicas y políticas— mejoraron el año pasado en el índice de desarrollo humano (IDH que aglutina un buen número de variables en todos los ámbitos) publicado este lunes por Naciones Unidas. La inequidad se ceba muy especialmente con el subcontinente —la región más desigual del mundo—, corrigiendo a la baja sistemáticamente las mediciones de prácticamente todos los países del área. El IDH es una fórmula de medición del bienestar de la población mucho más completa que la renta per cápita: no se queda en los factores económicos e incluye variables como la esperanza de vida o la calidad educativa.

"Aunque las medidas de desigualdad han mejorado en muchos países de la región, los niveles siguen siendo muy altos", analiza Pedro Concencião, director del informe. "Ha habido, también, progresos en salud y en educación. Pero el ingreso tampoco ha acompañado, en especial desde 2014". BrasilMéxicoColombiaChileParaguay o Panamá son algunos de los casos más paradigmáticos de cómo las amplias diferencias de ingresos merman el progreso social. El primero, responsable de la mayor parte del incremento de la pobreza extrema en la región durante el último lustro, se deja 23 puestos en la clasificación de Naciones Unidas cuando se incorpora el factor inequidad; Chile, durante décadas tomado como ejemplo de las políticas de liberalización económica en la región e inmerso ahora en el periodo social más convulso desde el final de la dictadura de Augusto Pinochet, con un alzamiento social contra la injusticia social y la ausencia de un Estado verdaderamente protector, retrocede hasta 14 lugares; México cae 17 puestos; Colombia, 16; y Paraguay y Panamá, 14 y 13 respectivamente. En todos estos países, la métrica más común de dispersión de rentas, el coeficiente de Gini, supera —con creces, en el caso de Brasil— la media mundial y del resto de países en vías de desarrollo.

En el caso latinoamericano, el administrador del PNUD y presidente del Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo, Achim Steiner vincula sin ambages la reciente oleada de protestas sociales en varios países de la región —Chile, Ecuador y Colombia, entre otros— con una "sensación generalizada de descontento en la población" y con la desigualdad misma. El caso chileno es, quizá, el más claro cuando se cruzan los datos de la ONU con las reclamaciones de los manifestantes que han tomado Santiago y el resto de grandes ciudades chilenas: en un país en el que las demandas sociales apuntan claramente a la ausencia (o mala calidad) de los servicios públicos, la prosperidad —es uno de los más ricos de la región— no lo es todo y las diferencias de renta y la discriminación social pesan —y mucho— sobre el bienestar general.

 

Monográfico sobre inequidad

El PNUD suele centrar una parte importante de su análisis anual en la influencia de la inequidad sobre el índice en todas las regiones del mundo. Esta vez, sin embargo, el énfasis es mucho mayor. Los datos justifican claramente el porqué de esta mayor preocupación del organismo: mientras el avance global en pobreza extrema es indudable, apuntan los técnicos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) —un punto en el que América Latina también ha pinchado en hueso en los últimos cinco años—, "las brechas de desigualdad siguen en niveles inaceptables". En un país de desarrollo humano muy alto, una persona de 40 años que pertenece al 1% más rico tendrá una esperanza de vida de entre 10 y 15 años más que alguien que pertenezca al 1% más pobre. Y mientras un niño nacido en el año 2000 tiene un 50% de probabilidades de estar hoy en la universidad, otro nacido el mismo año en un país de desarrollo humano bajo (como Haití, por citar un caso de la región) tiene un 83% de probabilidad de haber sobrevivido y solo un 3% de estar cursando hoy estudios superiores.

Más datos del PNUD que sustentan por qué en los últimos años el problema de la desigualdad no ha dejado de ganar peso en la escala de preocupaciones de los principales organismos internacionales: si el crecimiento económico sigue la pauta fijada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su cuadro de proyecciones, el número de personas en situación de extrema pobreza en todo el mundo se mantendrá por encima de los 550 millones —más que la suma de las poblaciones de EE UU y Brasil—; si, por el contrario, cada año se lograse reducir el índice de Gini en un 1%, 100 millones de personas más saldrían de la carestía extrema. En el caso de los países emergentes, el problema de desigualdad está, en gran medida, en la incapacidad redistributiva del Estado: la posición de partida es prácticamente la misma que la de las economías avanzadas, pero a diferencia de estas últimas, los impuestos y las transferencias públicas apenas logran corregir las diferencias de renta.

Pese a la lectura habitual de la inequidad como mera medida económica, la ONU anima a ir un paso más allá. "Tenemos todavía un sentido de la desigualdad del siglo XX, únicamente vinculado a la renta per cápita", apunta Steiner. "Pero estas desigualdades económicas iniciales han dado lugar a una nueva generación de inequidad: microdesigualdades que parten de la percepción de que 'mi hijo nace en una situación de desventaja'. Y eso revela una falta de movilidad social". En América Latina, esa ruptura del ascensor social se hace especialmente evidente.

Salvo los citados casos de Argentina —que pierde dos lugares en la clasificación global pero que, pese a todo, sigue siendo el único representante latinoamericano junto con Chile entre los países con IDH muy alto—, Venezuela —que retrocede 26 puestos desde 2013, el mayor retroceso en todo el mundo y que suma su cuarta caída anual consecutiva— y Nicaragua, la evolución del indicador de desarrollo humano es positiva en la región. Con un importante pero: es la zona del mundo que registra el menor avance en este apartado desde 2010: menos del 0,5% anual, la mitad que Asia del Sur y el África subsahariana. En el lado opuesto, las mayores mejoras en 2018 se registran en Perú, que escala cuatro puestos, y en Bolivia, que ya se ha sumado al grupo de países con desarrollo económico alto y que es, de lejos, el país en el que más mejoran las condiciones de vida de sus ciudadanos en las tres últimas décadas. En ambos casos, matiza Concencião, buena parte de la mejora es achacable al crecimiento económico Dos buenas noticias, en todo caso, en un entorno marcadamente negativo por el efecto arrastre de la desigualdad sobre el desarrollo humano.

 

Por IGNACIO FARIZA

Madrid 9 DIC 2019 - 15:22 COT

Publicado enEconomía
Lunes, 02 Diciembre 2019 06:35

Desigual

Desigual

En su reciente libro, titulado Capital e ideología, Thomas Piketty propone que esa investigación en torno a la desigualdad económica y social lo lleva a plantear que “la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de las ideologías y de la búsqueda de la justicia”.

Afirma que tiene la tentación de reformular así el famoso enunciado acerca de que dicha historia es la de la lucha de clases. Volvemos, pues, a febrero de 1848. No es claro lo que esta iniciativa aporta al conocimiento del tema, que centra buena parte del debate actual sobre la desigualdad en el capitalismo”.

Joaquín Estefanía, periodista español, expresa que la profusa investigación sobre la desigualdad realizada por el autor francés en este libro y el anterior, El capital en el siglo XXI, lanza la discusión hacia adelante, pues se enmarca en la universal Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 y no en una u otra discutible doctrina económica.

Claro está que ideas e ideología cuentan para la historia. Cabría, entonces, recordar a Keynes: “Las ideas de economistas y filósofos políticos, tanto cuando son correctas como cuando están equivocadas, son más poderosas de lo que comúnmente se cree. En realidad el mundo está gobernado por poco más que esto. Los hombres prácticos, que se creen exentos por completo de cualquier influencia intelectual, son generalmente esclavos de algún economista difunto”.

La notoriedad de Piketty es producto de un trabajo extenso y profundo, sin duda, y resulta provocador en una situación en la que la desigualdad se ha puesto en el centro de la discusión política en muchas sociedades, incluso en países con más alto nivel de desarrollo.

El paso hacia la transformación de los acuerdos esenciales, que configuran un entorno social y económico determinado y que ahora rebasa los espacios de índole nacional, es problemático.

En una entrevista publicada en el diario El País (24/11/19), Piketty no alienta un cambio radical del sistema vigente. Dice que no puede haber una hiperconcentración del poder en un número reducido de personas y que el poder debe circular.

Reconoce que hay una evolución hacia una mayor igualdad y que aunque las disparidades han crecido desde las décadas de 1980 o 1990, son menores que hace un siglo.

De ahí parte su visión acerca de cómo incidir, por la vía de las políticas públicas y los acuerdos políticos democráticos, en una redistribución del ingreso y la riqueza.

Cabe preguntar si ese conjunto extenso de medidas son una forma de ajustar un sistema social desgastado y que genera más desigualdad y conflictos. Un ajuste del tipo del New Deal, en Estados Unidos, luego de la crisis de 1929-1933, o del surgido con el Informe Beveridge, en Gran Bretaña, en 1942. Las condiciones no son las mismas. Eso es claro.

Hay muchas aristas en el planteamiento de Thomas Piketty que indican la complejidad real que entraña su enfoque. Apunta hacia la dirección que debe tomar el capitalismo. La propiedad privada, dice, es útil para el desarrollo económico, pero sólo en un marco de equilibrios con otro tipo de derechos.

Dice que sí a la propiedad privada mientras se mantenga en lo razonable y que, colectivamente, se establezcan sus límites. Observemos que las reformas económicas en China de las últimas décadas han sido, precisamente, un modo de redefinir los derechos de propiedad con fines económicos de potenciar el crecimiento productivo y retener el control político.

Y ahí está el problema, en convenir –y cómo hacerlo– sobre lo que es o no razonable y, por tanto, admisible, como un tipo de acuerdo social que se sostenga y sea funcional. No hay criterios económicos que se den en el vacío. Tienen siempre una consideración política.

La idea que expone Piketty es que se requiere participación social en la política, pero igualmente en la economía. El asunto se ha planteado ya desde distintos frentes. Amartya Sen, por ejemplo, ubica el problema en el campo de las oportunidades. Una forma alternativa y, tal vez, más general de plantearlo sería a partir de las condiciones de acceso de distintos grupos e individuos a una multitud de cuestiones que definen lo que se puede hacer y los resultados que se obtienen en materia de riqueza y también de influencia, y cómo es que esto se reproduce consolidando en acceso y poder. El acceso, ciertamente, está más distribuido.

Una discusión como la que se ha abierto a partir de las condiciones provocadas por el llamado neoliberalismo en las tres últimas décadas, junto con las repercusiones de la crisis financiera de 2008 y los entresijos que dejó expuestos en la arena política, tiene que ver con el aspecto moral de la desigualdad.

Esto entraña serias dificultades. Dice Harry Frankfurt, en su opúsculo titulado Sobre la desigualdad, que el enfoque en la desigualdad no es en sí mismo objetable. El asunto crucial reside en reducir tanto la pobreza como la afluencia excesiva. “La igualdad económica no es un ideal moralmente persuasivo. El objetivo primario debe ser reparar una sociedad en la que muchos tienen muy poco y otros el bienestar y la influencia que conlleva la concentración de la riqueza”.

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