Así es la desigualdad en Latinoamérica: hasta 18 años menos de esperanza de vida

Un grupo de científicos mapea por primera vez la "extrema" magnitud de las disparidades en varias ciudades de América Latina

 

Una mujer que reside en una de las zonas menos favorecidas de Santiago de Chile vivirá 18 años menos que otra mujer que viva en la misma ciudad, pero en un barrio más pudiente. La vida de esta mujer —y de muchas otras— será casi dos décadas más corta por culpa de las brutales desigualdades que sufre la capital chilena, que estos días protagoniza numerosas revueltas contra su gobierno con estas injusticias como principal argumento.

"Suponíamos que en Panamá y en Santiago las diferencias iban a ser importantes porque son dos países con mucha desigualdad y las grandes ciudades suelen representar la desigualdad de los países", reconoce Usama Bilal, "pero en el caso de Santiago de Chile nos sorprendió la magnitud del problema". Este epidemiólogo español, investigador de la Universidad de Drexel, es el autor principal de un estudio que publica The Lancet Planetary Health y que pone cifras por primera vez a la desigualdad social en seis grandes ciudades latinoamericanas que suman más de 50 millones de habitantes.

"Ahora mismo en Santiago hay protestas y en el mismo centro de esas protestas está la desigualdad social. Nosotros damos datos a la gente para que puedan probar que es real, que existe. Y que sea la sociedad la que responda si esta desigualdad es socialmente aceptable", asegura Bilal. Y añade: "Estos datos pueden empoderar a los ciudadanos para plantearle demandas a sus gobernantes".

En Santiago, dependiendo de la zona de la ciudad, las diferencias de esperanza de vida son esos dieciocho años en mujeres y nueve en hombres; en la ciudad de Panamá, de unos quince años para ambos sexos; en Ciudad de México, de once para hombres y nueve para mujeres; en Buenos Aires (Argentina) y en Belo Horizonte (Brasil), de cuatro y seis; y de cuatro y tres en San José de Costa Rica.

“Estos resultados destacan la importancia de desarrollar políticas urbanas enfocadas a reducir desigualdades sociales y mejorar condiciones sociales y ambientales en los barrios más pobres de las ciudades de Latinoamérica”, señala Ana Diez Roux, coautora del estudio e investigadora principal del proyecto SALURBAL, que estudia cómo influyen las políticas y distribuciones urbanas en la salud de los latinoamericanos.

"Viendo los mapas observamos unos patrones muy claros en algunos lugares; por ejemplo, si observas un mapa de la pobreza de Santiago, tienes prácticamente nuestro mapa de esperanza de vida de la ciudad, pero al revés", afirma Bilal. "Estos patrones que aparecen en las ciudades nos muestran que no es aleatorio ese reparto de la esperanza de vida y que ese algo determina la segregación espacial", ahonda el especialista de 33 años.

En el caso de Santiago de Chile les sorprende la magnitud de la diferencia, casi 20 años, porque son desigualdades que se suelen encontrar en unidades urbanas más pequeñas: en el ámbito del barrio y no del distrito. Sin embargo, en Madrid (España) hay diferencias de 10 años de esperanza de vida entre los barrios más privilegiados y los más desfavorecidos (solo de cuatro años entre distritos), mientras que en Buenos Aires están en torno a la mitad. "Cuando hay pocas diferencias puede deberse a que las unidades urbanas sean muy heterogéneas", avisa Bilal, de modo que la segregación no esté tan segmentada. En este estudio no pueden difundir esperanzas de vida exactas asociadas a barrios concretos por cuestiones de confidencialidad.

Brecha educativa y económica

Para analizar el impacto del nivel socioeconómico en estas diferencias, estos científicos han usado datos del nivel educativo, que les han servido de indicador claro de los recursos de cada segmento de la población, que puede explicar gran parte de esta brecha. En el caso de Santiago, la diferencia en esperanza de vida entre las áreas con mayores y menores niveles de estudios puede llegar a ser hasta ocho años para hombres y doce años en el caso de las mujeres.

“Esta es la primera vez que se mapea la magnitud extrema de las desigualdades en esperanza de vida en varias ciudades de Latinoamérica, y constituye un primer paso fundamental para poder disminuirlas o erradicarlas en un futuro”, asegura el epidemiólogo. Ha empezado con seis, pero Bilal tiene dos millones de dólares de los Institutos Nacionales de Salud de EE UU (NIH) para estudiar la salud de los habitantes de las más de 700 ciudades con más de 100.000 habitantes de EE UU y diez países latinoamericanos.

Latinoamérica es una de las regiones más desiguales del planeta, pero muchas de estas injusticias permanecen sin concretar, o desconocidas, por falta de datos concretos que los materialicen en toda su crudeza encima de la mesa. Y las ciudades son buenos laboratorios en los que estudiar estos problemas sociales que lastran la salud de la población como la peor de las epidemias. De ahí que un equipo de epidemiólogos, coordinado por Bilal, se haya decidido a poner el microscopio en la desigualdad urbana latinoamericana, donde vive el 80% de la población.

Este estudio es la prueba de concepto de que sus mediciones funcionan, por eso escogieron ciudades que tuvieran buenos datos de gran cantidad de distritos distintos (o comunas). Más adelante irán reduciendo las dimensiones de las esas células mínimas de estudio a bloques más pequeños, lo que llamaríamos una sección censal en España, por ejemplo, con datos que les permitan georreferenciar las muertes y encontrar patrones y correlaciones más claras.

Los investigadores han observado mayor diferencia dentro de las urbes que entre ellas, como explica Bilal: "Si comparamos entre las ciudades, la desigualdad es menor que dentro de ellas, por eso no suele ser muy útil cuando hablamos de la esperanza de vida de una ciudad entera, menos si hablamos de la esperanza de vida de los países".

Por JAVIER SALAS

10 DIC 2019 - 18:52 COT

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La desigualdad enturbia el tímido avance de América Latina en desarrollo humano

Argentina, Venezuela y Nicaragua registran retrocesos en el indicador de la ONU. En el resto de la región las mejoras son escasas, con la inequidad penalizando sistemáticamente

 

 El desarrollo humano avanza en América Latina, aunque a un ritmo notablemente más bajo que en el resto del mundo y menor al de las últimas décadas. Todos los países de la región salvo tres —ArgentinaVenezuela y Nicaragua, todas ellas economías inmersas en crisis económicas y políticas— mejoraron el año pasado en el índice de desarrollo humano (IDH que aglutina un buen número de variables en todos los ámbitos) publicado este lunes por Naciones Unidas. La inequidad se ceba muy especialmente con el subcontinente —la región más desigual del mundo—, corrigiendo a la baja sistemáticamente las mediciones de prácticamente todos los países del área. El IDH es una fórmula de medición del bienestar de la población mucho más completa que la renta per cápita: no se queda en los factores económicos e incluye variables como la esperanza de vida o la calidad educativa.

"Aunque las medidas de desigualdad han mejorado en muchos países de la región, los niveles siguen siendo muy altos", analiza Pedro Concencião, director del informe. "Ha habido, también, progresos en salud y en educación. Pero el ingreso tampoco ha acompañado, en especial desde 2014". BrasilMéxicoColombiaChileParaguay o Panamá son algunos de los casos más paradigmáticos de cómo las amplias diferencias de ingresos merman el progreso social. El primero, responsable de la mayor parte del incremento de la pobreza extrema en la región durante el último lustro, se deja 23 puestos en la clasificación de Naciones Unidas cuando se incorpora el factor inequidad; Chile, durante décadas tomado como ejemplo de las políticas de liberalización económica en la región e inmerso ahora en el periodo social más convulso desde el final de la dictadura de Augusto Pinochet, con un alzamiento social contra la injusticia social y la ausencia de un Estado verdaderamente protector, retrocede hasta 14 lugares; México cae 17 puestos; Colombia, 16; y Paraguay y Panamá, 14 y 13 respectivamente. En todos estos países, la métrica más común de dispersión de rentas, el coeficiente de Gini, supera —con creces, en el caso de Brasil— la media mundial y del resto de países en vías de desarrollo.

En el caso latinoamericano, el administrador del PNUD y presidente del Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo, Achim Steiner vincula sin ambages la reciente oleada de protestas sociales en varios países de la región —Chile, Ecuador y Colombia, entre otros— con una "sensación generalizada de descontento en la población" y con la desigualdad misma. El caso chileno es, quizá, el más claro cuando se cruzan los datos de la ONU con las reclamaciones de los manifestantes que han tomado Santiago y el resto de grandes ciudades chilenas: en un país en el que las demandas sociales apuntan claramente a la ausencia (o mala calidad) de los servicios públicos, la prosperidad —es uno de los más ricos de la región— no lo es todo y las diferencias de renta y la discriminación social pesan —y mucho— sobre el bienestar general.

 

Monográfico sobre inequidad

El PNUD suele centrar una parte importante de su análisis anual en la influencia de la inequidad sobre el índice en todas las regiones del mundo. Esta vez, sin embargo, el énfasis es mucho mayor. Los datos justifican claramente el porqué de esta mayor preocupación del organismo: mientras el avance global en pobreza extrema es indudable, apuntan los técnicos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) —un punto en el que América Latina también ha pinchado en hueso en los últimos cinco años—, "las brechas de desigualdad siguen en niveles inaceptables". En un país de desarrollo humano muy alto, una persona de 40 años que pertenece al 1% más rico tendrá una esperanza de vida de entre 10 y 15 años más que alguien que pertenezca al 1% más pobre. Y mientras un niño nacido en el año 2000 tiene un 50% de probabilidades de estar hoy en la universidad, otro nacido el mismo año en un país de desarrollo humano bajo (como Haití, por citar un caso de la región) tiene un 83% de probabilidad de haber sobrevivido y solo un 3% de estar cursando hoy estudios superiores.

Más datos del PNUD que sustentan por qué en los últimos años el problema de la desigualdad no ha dejado de ganar peso en la escala de preocupaciones de los principales organismos internacionales: si el crecimiento económico sigue la pauta fijada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su cuadro de proyecciones, el número de personas en situación de extrema pobreza en todo el mundo se mantendrá por encima de los 550 millones —más que la suma de las poblaciones de EE UU y Brasil—; si, por el contrario, cada año se lograse reducir el índice de Gini en un 1%, 100 millones de personas más saldrían de la carestía extrema. En el caso de los países emergentes, el problema de desigualdad está, en gran medida, en la incapacidad redistributiva del Estado: la posición de partida es prácticamente la misma que la de las economías avanzadas, pero a diferencia de estas últimas, los impuestos y las transferencias públicas apenas logran corregir las diferencias de renta.

Pese a la lectura habitual de la inequidad como mera medida económica, la ONU anima a ir un paso más allá. "Tenemos todavía un sentido de la desigualdad del siglo XX, únicamente vinculado a la renta per cápita", apunta Steiner. "Pero estas desigualdades económicas iniciales han dado lugar a una nueva generación de inequidad: microdesigualdades que parten de la percepción de que 'mi hijo nace en una situación de desventaja'. Y eso revela una falta de movilidad social". En América Latina, esa ruptura del ascensor social se hace especialmente evidente.

Salvo los citados casos de Argentina —que pierde dos lugares en la clasificación global pero que, pese a todo, sigue siendo el único representante latinoamericano junto con Chile entre los países con IDH muy alto—, Venezuela —que retrocede 26 puestos desde 2013, el mayor retroceso en todo el mundo y que suma su cuarta caída anual consecutiva— y Nicaragua, la evolución del indicador de desarrollo humano es positiva en la región. Con un importante pero: es la zona del mundo que registra el menor avance en este apartado desde 2010: menos del 0,5% anual, la mitad que Asia del Sur y el África subsahariana. En el lado opuesto, las mayores mejoras en 2018 se registran en Perú, que escala cuatro puestos, y en Bolivia, que ya se ha sumado al grupo de países con desarrollo económico alto y que es, de lejos, el país en el que más mejoran las condiciones de vida de sus ciudadanos en las tres últimas décadas. En ambos casos, matiza Concencião, buena parte de la mejora es achacable al crecimiento económico Dos buenas noticias, en todo caso, en un entorno marcadamente negativo por el efecto arrastre de la desigualdad sobre el desarrollo humano.

 

Por IGNACIO FARIZA

Madrid 9 DIC 2019 - 15:22 COT

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Lunes, 02 Diciembre 2019 06:35

Desigual

Desigual

En su reciente libro, titulado Capital e ideología, Thomas Piketty propone que esa investigación en torno a la desigualdad económica y social lo lleva a plantear que “la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de las ideologías y de la búsqueda de la justicia”.

Afirma que tiene la tentación de reformular así el famoso enunciado acerca de que dicha historia es la de la lucha de clases. Volvemos, pues, a febrero de 1848. No es claro lo que esta iniciativa aporta al conocimiento del tema, que centra buena parte del debate actual sobre la desigualdad en el capitalismo”.

Joaquín Estefanía, periodista español, expresa que la profusa investigación sobre la desigualdad realizada por el autor francés en este libro y el anterior, El capital en el siglo XXI, lanza la discusión hacia adelante, pues se enmarca en la universal Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 y no en una u otra discutible doctrina económica.

Claro está que ideas e ideología cuentan para la historia. Cabría, entonces, recordar a Keynes: “Las ideas de economistas y filósofos políticos, tanto cuando son correctas como cuando están equivocadas, son más poderosas de lo que comúnmente se cree. En realidad el mundo está gobernado por poco más que esto. Los hombres prácticos, que se creen exentos por completo de cualquier influencia intelectual, son generalmente esclavos de algún economista difunto”.

La notoriedad de Piketty es producto de un trabajo extenso y profundo, sin duda, y resulta provocador en una situación en la que la desigualdad se ha puesto en el centro de la discusión política en muchas sociedades, incluso en países con más alto nivel de desarrollo.

El paso hacia la transformación de los acuerdos esenciales, que configuran un entorno social y económico determinado y que ahora rebasa los espacios de índole nacional, es problemático.

En una entrevista publicada en el diario El País (24/11/19), Piketty no alienta un cambio radical del sistema vigente. Dice que no puede haber una hiperconcentración del poder en un número reducido de personas y que el poder debe circular.

Reconoce que hay una evolución hacia una mayor igualdad y que aunque las disparidades han crecido desde las décadas de 1980 o 1990, son menores que hace un siglo.

De ahí parte su visión acerca de cómo incidir, por la vía de las políticas públicas y los acuerdos políticos democráticos, en una redistribución del ingreso y la riqueza.

Cabe preguntar si ese conjunto extenso de medidas son una forma de ajustar un sistema social desgastado y que genera más desigualdad y conflictos. Un ajuste del tipo del New Deal, en Estados Unidos, luego de la crisis de 1929-1933, o del surgido con el Informe Beveridge, en Gran Bretaña, en 1942. Las condiciones no son las mismas. Eso es claro.

Hay muchas aristas en el planteamiento de Thomas Piketty que indican la complejidad real que entraña su enfoque. Apunta hacia la dirección que debe tomar el capitalismo. La propiedad privada, dice, es útil para el desarrollo económico, pero sólo en un marco de equilibrios con otro tipo de derechos.

Dice que sí a la propiedad privada mientras se mantenga en lo razonable y que, colectivamente, se establezcan sus límites. Observemos que las reformas económicas en China de las últimas décadas han sido, precisamente, un modo de redefinir los derechos de propiedad con fines económicos de potenciar el crecimiento productivo y retener el control político.

Y ahí está el problema, en convenir –y cómo hacerlo– sobre lo que es o no razonable y, por tanto, admisible, como un tipo de acuerdo social que se sostenga y sea funcional. No hay criterios económicos que se den en el vacío. Tienen siempre una consideración política.

La idea que expone Piketty es que se requiere participación social en la política, pero igualmente en la economía. El asunto se ha planteado ya desde distintos frentes. Amartya Sen, por ejemplo, ubica el problema en el campo de las oportunidades. Una forma alternativa y, tal vez, más general de plantearlo sería a partir de las condiciones de acceso de distintos grupos e individuos a una multitud de cuestiones que definen lo que se puede hacer y los resultados que se obtienen en materia de riqueza y también de influencia, y cómo es que esto se reproduce consolidando en acceso y poder. El acceso, ciertamente, está más distribuido.

Una discusión como la que se ha abierto a partir de las condiciones provocadas por el llamado neoliberalismo en las tres últimas décadas, junto con las repercusiones de la crisis financiera de 2008 y los entresijos que dejó expuestos en la arena política, tiene que ver con el aspecto moral de la desigualdad.

Esto entraña serias dificultades. Dice Harry Frankfurt, en su opúsculo titulado Sobre la desigualdad, que el enfoque en la desigualdad no es en sí mismo objetable. El asunto crucial reside en reducir tanto la pobreza como la afluencia excesiva. “La igualdad económica no es un ideal moralmente persuasivo. El objetivo primario debe ser reparar una sociedad en la que muchos tienen muy poco y otros el bienestar y la influencia que conlleva la concentración de la riqueza”.

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Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal

El pasado 24 de octubre conmemoramos el 74 aniversario desde la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, el esfuerzo multilateral más articulado que el mundo haya realizado en la búsqueda de la resolución pacífica de conflictos, del desarrollo y el bienestar para nuestros pueblos.

Hoy, cuando transitamos el ineludible camino hacia el desarrollo sostenible, es más urgente que nunca reafirmar que la igualdad debe ser motor del desarrollo regional y estrategia para cerrar las brechas estructurales que se han profundizado en América Latina y el Caribe.

Vivimos un cambio de época que exige una transformación de nuestro estilo de desarrollo que se base en el fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos, el multilateralismo, la paz, la igualdad y la sostenibilidad.

La región aún es la más desigual del orbe, y si bien la primera década de este siglo estuvo marcada por avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad de ingreso, quedan muchas brechas por cerrar.

Los rezagos estructurales en esta segunda década han quedado más evidentes que nunca en productividad, extractivismo, evasión fiscal, abusos y corrupción. Los gobiernos han optado por medidas de austeridad con recortes en el gasto social y baja inversión, limitando además los derechos laborales. Se han transversalizado los abusos de tal manera que el tráfico de influencias entre el poder económico y el político se ha generalizado en todo el espectro ideológico.

Es necesario renovar el pensamiento y la métrica sobre las desigualdades. Es necesario medir la riqueza y no sólo la pobreza. Incorporar la desigualdad en la propiedad y no sólo en el ingreso.

En Chile, por ejemplo, con un PIB per cápita de 25 mil dólares al año, la mitad de los trabajadores recibe un sueldo inferior a 550 dólares al mes y casi todos los servicios –educación, salud, medicación, transporte, electricidad, agua, etcétera– impactan en los salarios. En términos de patrimonio, el uno por ciento más rico detenta 26.5 por ciento de la riqueza, y el 10 por ciento más rico concentra 66.5 por ciento, mientras el 50 por ciento más pobre accede a un magro 2.1 por de la riqueza del país.

Se requiere erradicar la cultura del privilegio que caracteriza a la región, abordando las renuncias fiscales y la evasión fiscal en favor de los pocos. Simplemente la evasión cuesta 340 mil millones de dólares al año en la región (6.7 por ciento de su PIB).

Se requiere abordar a fondo la igualdad de género, pues las mujeres tienen menos posibilidades de participar en el mercado laboral debido a la alta carga de trabajo doméstico no remunerado. Su tasa de actividad es 24.2 por ciento menor a la de los hombres. Abordar, también, las brechas en capacidades humanas que menoscaban el desarrollo pleno de las personas y son ineficientes: 40 por ciento de los jóvenes de 20 a 24 años no concluyeron la secundaria y persisten las desigualdades étnicas.

Reconozcamos al fin que el actual estilo dominante de desarrollo es inviable y produce un desarrollo escaso y distorsionado por tres motivos fundamentales: porque produce poco crecimiento, genera y profundiza desigualdades y es ambientalmente destructivo. Un estilo de desarrollo que alentó expectativas de movilidad social y progreso y por ello, ante su fracaso, hay gran exasperación, impaciencia y desencanto hacia la clase política, especialmente en los jóvenes.

Lo hemos dicho: la desigualdad es ineficiente, se reproduce y permea el sistema productivo. Por el contrario, la igualdad no es sólo un principio ético ineludible, sino también una variable explicativa de la eficiencia del sistema económico a largo plazo. Debemos reconocer que las desigualdades son más profundas, duraderas, inelásticas y resilientes de lo que usualmente pensamos. Esta realidad estalla hoy en malestar en los pueblos de la región y demanda a escuchar sus voces y a construir propuestas de desarrollo que los incluya a todos.

Se abre para la región la oportunidad de un quiebre civilizatorio donde se replanteen los pactos sociales con amplia participación ciudadana y con mirada a mediano y largo plazo.

Llegó la hora de la igualdad y de un nuevo estilo de desarrollo. Es hora de replantear los pactos sociales y superar un modelo económico basado en la cultura del privilegio que prioriza el interés privado sobre el público, el capital sobre el trabajo, la acumulación sobre la redistribución, el crecimiento sobre la naturaleza, los privilegios sobre los derechos, la diferenciación social sobre la igualación, las jerarquías sobre las relaciones horizontales.

Hoy Naciones Unidas y la Cepal han de redoblar sus esfuerzos para construir propuestas basadas en evidencias que permitan superar el lastre de la desigualdad y que entreguen a nuestros pueblos la dignidad que merecen.

Por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal

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El estómago de los pobres tiene un límite, la codicia de los ricos no

El Gobierno de Estados Unidos planea eliminar o reducir al máximo la ayuda a los pobres, lo cual incluye asistencia a la salud y cupones de alimentación. Su argumento es que la economía está mucho mejor que en el 2008 y, por lo tanto, los pobres ya no necesitan esta ayuda. Nótese, una vez más, el factor racial que lo permea casi todo. No por casualidad, el patrón histórico de pobreza en este país se ha ensañado especialmente con los negros, los latinos, los niños, las mujeres y todo grupo fuera de la órbita del poder. De los multimillonarios subsidios que reciben los agricultores en EE.UU. desde que fueron implementados como ayuda durante la Gran Depresión de los años treinta no se habla porque esos Estados rurales son votantes de los de arriba. Los de arriba siempre se aprovecharon de estas limosnas selectivas y del temor de los del medio por los de bajo.

Ahora, a las desventajas históricas de ser pobres se suma el estrés social del neonazismo. Si antes la narrativa social tenía algún respeto por los más débiles, ahora son objeto de acoso y bullying, lo cual hace de la objetiva condición de ser mujer, negro, mestizo, joven y pobre un motivo más de estrés psicológico, moral y social. Esa es la pobreza que no se puede medir: la pobreza moral.

Resulta que el país más poderoso del planeta necesita ahorrar U$ 2.000 millones en comida para los más pobres poco después de pasar una ley de recorte de impuestos que “alivió” a los supermillonarios en una cifra 1.000 veces superior.

Es lógico que alguien que nació en la insensibilidad de la opulencia del dinero y del poder como Donald Trump piense así (esto de la mayor insensibilidad de los ricos no es una opinión sino que ha sido demostrado por diversos estudios). Para este tipo de gente, si los números macros están bien, todo el mundo debe estar bien porque todos se benefician en algún grado de la misma economía. No importa si unos se llevan un millón de dólares y otros agradecen las monedas que caen en el desbande.

Ahora, si es cierto que los salarios se han recuperado 1,5% en el último año, y suponiendo que esa mejoría también llegó a las clases más necesitadas, pues entonces descontémosle un 1,5% de la comida que reciben los pobres (un vaso menos de agua, una miga de pan menos). Pero no los dejemos sin comer.

La mentalidad insensible que gobierna el mundo supone que un trabajador mendiga un cupón de alimento por holgazán o que millones acuden a los comederos públicos por diversión. ¿Que los pobres ya no necesitan tanto? Los pobres tienen un límite estomacal cuando el Estado les “regala” un plato de comida al día. Los ricos no tienen un límite en codicia cuando ese mismo Estado gasta billones de dólares protegiendo sus intereses de las maneras más diversas.

Desde el Gobierno hasta la prensa opositora resumen la situación actual del país como de “una sobresaliente fortaleza y prosperidad económica”. Debajo de esos titulares y fuera de esos mismos medios, uno de cada cinco jóvenes vive en la pobreza mientras el 40% de la población está a un mes de caer en la pobreza si pierde su trabajo. ¿Contradicción? No. Situación ideal para los grandes negocios.

El masivo recorte de impuestos de 2017 pasó desapercibido para la mayoría. En la macroeconomía provocó un estímulo que duró un año y un endeudamiento que durará décadas. La “responsabilidad fiscal” ha sido una bandera histórica de los republicanos al mismo tiempo que han sido gobiernos republicanos (desde que el partido adoptó el neoliberalismo como ideología en los 70) los que han aumentado las deudas del gobierno de forma masiva. El Gobierno actual no es la excepción. En dos años y medio aumentó el déficit fiscal en un 17% (U$779. 000.000.000) y la deuda externa (hoy en U$ 22.000.000.000.000) un 30% al final de 2020.

Nada de esto es invento de Trump. En 2013 el 0,1% de la población ya había pasado a tener más capital que el 90%. En 2016, 40 millones (12,7%) vivían en situación de pobreza. Hoy se cuentan con los dedos de una mano los hombres que tienen más dinero que la mitad más pobre del país mientras medio millón de personas viven en las calles. En 2017, ya en la administración Trump, 140 millones de estadounidenses vivía en “inestabilidad económica” según la Oficina de Estadísticas Laborales.

Estos datos y esta práctica ideológica tienen otros derivados directos: en Estados Unidos, cada año mueren 50.000 personas por sobredosis solo de opioide. La famosa epidemia fue iniciada y sostenida por la codicia de las grandes farmacéuticas, como ya ha quedado demostrado (el negocio suma U$78.500.000.000, más que el PIB de Uruguay o Guatemala).

A este panorama de canibalismo, desprotección y vulnerabilidad hay que agregar que la FED no está preparada para la recesión de 2020 o 2021, ya que no cuenta con un mínimo de 5% de tasas para reducir. Tampoco la población está preparada. Hay más gente sin seguros de salud. Hay más estudiantes con más deudas. Aunque la pobreza se redujo un 2,5% desde 2015 (12,3%) simplemente ha seguido un patrón histórico muy obvio: con cada recesión se borran todos los progresos de reducción de pobreza (hoy el porcentaje es el mismo que en 1965) y todos los progresos salariales de los trabajadores que, además, no pueden ahorrar sino endeudarse.

En el mayor periodo de expansión macroeconómica de las últimas generaciones, la reducción de la pobreza en unos pocos puntos porcentuales y el alto grado de precarización de la mayoría de los habitantes del país que imprime la divisa global y todavía domina la geopolítica indica que en la próxima recesión (en 2020 el censo nacional agregará cientos de miles de puestos de trabajos temporales) el número de quienes caigan en pobreza será doloroso. La falta de contención de programas sociales (educación, salud, movilidad social) harán el resto.

Las redes de protección sociales no sólo son justas sino, además, convenientes, incluso para los de arriba. Un caso demasiado obvio fue la Argentina de Mauricio Macri (la de Menem y la de tantos otros). Los efectos del neoliberalismo alegre son más obvios allí porque Argentina es una economía sensible, ya que no puede imprimir la divisa global ni imponerle nada a nadie, además de su tendencia genética a la rebeldía intermitente.

Las sociedades no cambian ni reaccionan ante su propia explotación sino por grandes crisis. Medias crisis nunca son suficientes. A la orgía neoliberal en Estados Unidos todavía le espera el Big One, un temblor social mucho más dramático que el terremoto que desde hace décadas espera California.

Una forma de aplazar unas décadas más ese quiebre será una fuerte reacción de la izquierda en algún momento de la próxima década. Los nuevos años 60. De lo contrario estaremos condenados a revivir los años 30 justo un siglo después.

Por Jorge Majfud

Rebelión

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Enfrentan hambre más de 821 millones de personas en el orbe, informa la FAO

Por tercer año consecutivo se incrementó ese índice // En AL, 42 millones están subalimentadas

 

En todo el mundo, casi 821 millones 600 mil personas sufrieron hambre en 2018, lo que representa un crecimiento de 10 millones 6 mil sobre la cifra registrada en 2017, de acuerdo con un informe publicado por varias instituciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que deploran el tercer año consecutivo de aumento.

 

El número de habitantes que carecían de alimentos suficientes para comer el año pasado fue de 513 millones 900 mil en Asia, 256 millones 100 mil en África y 42 millones 5 mil en América Latina y el Caribe, detalla el documento El estado de seguridad alimentaria y nutrición en el mundo.

 

"En América Latina y el Caribe, las tasas de subalimentación aumentaron en los años recientes, en gran parte a consecuencia de la situación en América del Sur, donde el porcentaje de personas con hambre aumentó de 4.6 por ciento en 2013 a 5.5 por ciento en 2018", señala un comunicado de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

 

América del Sur es afectada por la extensa y profunda crisis económica que vive Venezuela. En los años pasados, la prevalencia de la subalimentación en el país caribeño se multiplicó casi cuatro veces, al pasar de 6.4 por ciento en 2012-2014 a 21.2 por ciento en 2016-2018, puntualiza el documento.

 

En América Central y el Caribe los porcentajes de individuos afectados por hambre siguen en retroceso, con 6.1 por ciento y 18.4 por ciento, respectivamente, pero aún por encima del dato de América del Sur, 5.5 por ciento.

 

Con estos números "tenemos que rescatar, en promedio, a más de 3 millones 500 mil personas del hambre cada año desde ahora hasta 2030 si queremos alcanzar la meta de hambre cero del Objetivo de Desarrollo Sostenible", aseguró Julio Berdegué, representante regional de la FAO.

 

Naciones Unidas destaca que el aumento del hambre refleja la desaceleración económica que vive la región, afectada en los años recientes por la caída en los precios de productos básicos que son motores del producto interno bruto (PIB) de la mayoría de los países latinoamericanos.

 

La caída del PIB y el aumento del desempleo en muchos países provocaron que retrocediera el ingreso en los hogares, causando una recaída en la lucha contra la pobreza.

 

Tras varios años de caída en los índices de miseria, "el número de personas pobres aumentó de 166 millones a 175 millones entre 2013 y 2015, creciendo de 28.1 por ciento a 29.2 por ciento de la población", puntualiza la FAO.

 

A escala global, África presenta la situación más alarmante, ya que la región tiene las tasas de hambre más altas del mundo, que aumentan lenta pero constantemente en casi todas las subregiones. En África oriental cerca de un tercio de la población tiene una dieta insuficiente.

 

Además de los fenómenos climáticos y los conflictos, la crisis económica impulsa este aumento. Desde 2011, casi la mitad de los países en los que el hambre aumentó debido a la desaceleración o al estancamiento de la economía se encuentran en África, señala el texto.

 

Sin embargo, el mayor número de personas subalimentadas, más de 500 millones, vive en Asia, sobre todo en los países del sur del continente.

 

Los datos señalan que las probabilidades de padecer inseguridad alimentaria son mayores para las mujeres que para los hombres a escala global, con mayor acentuación en América Latina.

 

Al mismo tiempo, el documento apunta a la tendencia de la "creciente obesidad" en el mundo, que afecta especialmente a los niños.

 

El informe completo puede consultarse aquí: https://bit.ly/2NBjSdA

Desinformémonos

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Pregunta siempre vigente. ¿Qué hacer?

I

Hace ya más de un siglo, en 1902, Vladimir Lenin se preguntaba cómo enfocar la lucha revolucionaria; así, parafraseando el título de la novela de su compatriota Nikolai Chernishevski, de 1862, igualmente se interrogaba ¿qué hacer? La pregunta quedó como título de la que sería una de las más connotadas obras del conductor de la revolución bolchevique. Hoy, 117 años después, la misma pregunta sigue vigente: ¿qué hacer?

Es decir: qué hacer para cambiar el actual estado de cosas. Si vemos el mundo desde el 20% de los que comen todos los días, tienen seguridad social y una cierta perspectiva de futuro, las cosas no van tan mal. Si lo miramos desde el otro lado, no el de los “ganadores” sino del restante 80% de la población planetaria, la situación es patética. Un mundo en el que se produce aproximadamente un 40% de comida más de la necesaria para alimentar a toda la humanidad sigue teniendo al hambre como principal causa de muerte; mundo en el que el negocio más redituable es la fabricación y venta de armamentos y donde un perrito hogareño de cualquier casa de ese 20% de la humanidad que arriba mencionábamos come más carne roja al año que un habitante de los países del Sur. Mundo que está buscando agua en el planeta Marte mientras la niega a la gran mayoría de la población mundial en esta Tierra. Mundo en el que es más importante seguir acumulando dinero, aunque el planeta se torne invivible por la contaminación ambiental que esa misma acumulación conlleva. Mundo, entonces, que sin ningún lugar a dudas debe ser cambiado, transformado, porque así, no va más, porque es el colmo de la irracionalidad, de la injusticia, de la asimetría.

Entonces, una vez más surge la pregunta: ¿qué se hace para cambiarlo? ¿Por dónde comenzar? Las propuestas que empezaron a tomar forma desde mediados del siglo XIX con las primeras reacciones al sistema capitalista dieron como resultado, ya en el siglo XX, algunas interesantes experiencias socialistas. Si las miramos históricamente, fueron experiencias balbuceantes, primeros pasos. No podemos decir que fracasaron; fueron primeros pasos, no más que eso. Nadie dijo que la historia del socialismo quedó sepultada. En la Rusia actual, por ejemplo, ahora que abrazó el capitalismo, mayoritariamente la población desea retornar a la era soviética, donde las condiciones de vida eran muy superiores. No se puede decir que ahí el socialismo fracasó; fueron los primeros pasos, simplemente. Pasos que dieron resultado, por cierto. “Hay 200 millones de niños de la calle en todo el mundo. Ninguno de ellos vive en Cuba”, pudo afirmar orgulloso Fidel Castro. Quizá habría que considerar esas experiencias del siglo XX (Rusia, China, Cuba) como la Liga Hanseática, allá por los siglos XII y XIII en el norte de Europa, en relación al capitalismo: primeras semillas que germinarían siglos después.

Los procesos históricos son insufriblemente lentos. Alguna vez, en plena revolución china, se le preguntó al líder Lin Piao sobre el significado de la Revolución Francesa, y el dirigente revolucionario contestó que… “aún era muy prematuro para opinar”. Más allá de la posible humorada, hay ahí una verdad: los procesos sociales van lentos, exasperantemente lentos. De la Liga Hanseática al capitalismo globalizado del presente pasaron varias centurias; hoy, terminada la Guerra Fría, se puede decir que el capitalismo ha ganado en todo el mundo, dando la sensación de no tener rival. Para eso fue necesaria una acumulación de fuerzas fabulosas. Las primeras experiencias socialistas –la rusa, la china, la cubana– son apenas pequeños movimientos en la historia. Apenas ha pasado un siglo de la Revolución Bolchevique, pero la semilla plantada no ha muerto. Y si hoy nos podemos (debemos) seguir planteando ¿qué hacer? ante el capitalismo, ello significa que la historia continúa aún. El sistema capitalista, más allá de su derroche consumista y su continuo bombardeo ideológico-propagandístico anticomunista, no puede solucionar problemas ancestrales de la humanidad: hambre, enfermedades previsibles, dignidad de vida para todos, seguridad.

II

El mundo, como decíamos, para la amplia mayoría no sólo no va bien sino que resulta agobiante. Pero el sistema global tiene demasiado poder, demasiada experiencia, demasiada riqueza acumulada, y hacerle mella es muy difícil. La prueba está con lo que acaba de suceder estas últimas décadas: caída la experiencia de socialismo soviético y revertida (¿apaciguada?) la revolución china con su tránsito al capitalismo (o socialismo de mercado), los referentes para una transformación de las sociedades faltan, se han esfumado. ¿Es acaso China el modelo a seguir? Ese país puede experimentar esa rara combinación: mercado capitalista y planificación socialista, con un Partido Comunista férreo que ya tiene planes para el siglo XXII, haciendo que las cosas le marchen viento en popa. Pero China tiene 1,500 millones de habitantes y 4,000 años de historia. ¿Podrá un país como Cuba, por ejemplo, seguir ese modelo? La pregunta está abierta y es parte del debate en torno a ese ¿qué hacer?

Movimientos armados que levantaban banderas de lucha y cambios drásticos algunos años atrás ahora se han amansado, y la participación en comicios “democráticos” pareciera todo a cuanto se puede aspirar. Lo “políticamente correcto” vino a invadir el espacio cultural y la idea de lucha de clases fue reemplazándose por nuevos idearios “no violentos”. La idea de transformación radical, de revolución político-social, no pareciera estar entre los conceptos actuales. Pero las condiciones reales de vida no mejoran para las grandes mayorías; aunque cada vez hay más ingenios tecnológicos pululando por el mundo, las relaciones sociales se tornan más dificultosas, más agresivas. Las guerras, contrariamente a lo que podía parecer cuando terminó la Guerra Fría, siguen siendo el pan nuestro de cada día desde la lógica de los grandes poderes que manejan el mundo. La miseria, en vez de disminuir, crece. No está de más agregar que las guerras pasaron a constituir uno de los más redituables negocios del sistema capitalista. De hecho, la inversión en armamentos es el rubro comercial más desarrollado y que más ganancias otorga en este momento (se gastan 35,000 dólares por segundo en la industria bélica, lo cual favorece solo a un minúsculo grupo. Las mayorías siguen postergadas, hambrientas… ¡y muriendo en esas guerras!).

Una vez más entonces: ¿qué hacer? Hoy, después de la brutal paliza recibida por el campo popular con la caída del muro de Berlín y el retroceso sufrido en las condiciones laborales (pérdidas de conquistas históricas, desaparición de los sindicatos como arma reivindicativa, condiciones cada vez más leoninas, sobre-explotación disfrazada de cuentapropismo) las grandes mayorías, en vez de reaccionar, siguen anestesiadas. Una vez más también: el sistema capitalista es sabio, muy poderoso, dispone de infinitos recursos. Varios siglos de acumulación no se revierten tan fácilmente. Las ideas de transformación que surgen a partir del pensamiento labrado por Marx y Engels, puntales infaltables en el pensamiento revolucionario, hoy día parecieran “fuera de moda”. Por supuesto que no lo son, pero la ideología dominante así lo presenta.

Hoy es más fácil movilizar a grandes masas por un telepredicador o por un partido de fútbol que por reivindicaciones sociales. ¡Pero no todo está perdido! Los mil y un elementos que el sistema tiene para mantener el statu quo no son infalibles. Continuamente surgen reacciones, protestas, movimientos contestatarios. Lo que sí pareciera faltar es una línea conductora, un referente que pueda aglutinar toda esa disconformidad y concentrarla en una fuerza que efectivamente impacte certeramente en el sistema. ¿Por dónde golpear a ese gran monstruo que es el capitalismo? ¿Cómo lograr desbalancearlo, ponerlo en jaque, ya no digamos colapsarlo? Los caminos de la transformación se ven cerrados. Quizá el presente es un período de búsqueda, de revisiones, de acumulación de fuerzas. Hoy por hoy, no se ve nada que ponga realmente en peligro la globalidad del sistema-mundo capitalista. Las luchas siguen, sin dudas, y el planeta está atravesado de cabo a rabo por diversas expresiones de protesta social. Lo que no se percibe es la posibilidad real de un colapso del capitalismo a partir de fuerzas que lo adversen, que lo acorralen. El proletariado industrial urbano, que se creyó el germen transformador por excelencia –de acuerdo a la apreciación absolutamente lógica de mediados del siglo XIX cuando el auge de la revolución industrial– hoy está en retirada (la robotización lo va supliendo). Los nuevos sujetos contestatarios –movimientos sociales varios, campesinos, etnias, reivindicaciones puntuales por aquí y por allá– no terminan de hacer mella en el sistema. Y las guerrillas de corte socialista parecen hoy piezas de museo. ¿Quién levantaría la lucha armada en la actualidad como vía para el cambio social?

En medio de esa nebulosa, sin embargo, siguen surgiendo protestas, voces críticas. La historia no ha terminado, definitivamente. Si eso quiso anunciar el grito victorioso apenas caído el muro de Berlín con aquellas famosas frases pomposas de “fin de la historia” y “fin de las ideologías”, el estado actual del mundo nos recuerda que no es así. Ahora bien: ¿qué hacer para que colapse este sistema y pueda surgir algo alternativo, más justo, menos pernicioso?

III

Es más fácil decir qué no hacer que proponer cuestiones concretas. En otros términos: es más fácil destruir que construir. Pero sabido eso, y asumiendo que no resulta nada fácil marcar un camino seguro (por el contrario ¡es tremendamente difícil!) se puede señalar, en todo caso, por dónde no ir. Eso, al menos, ya nos recorta un poco el panorama, y nos dice lo que no debemos hacer. Luego, quizá, surja la hoy día ausente propuesta concreta de qué hacer, por dónde ir.

Hoy, dada las circunstancias históricas, de ningún modo es posible:

Impulsar la lucha armada. Las condiciones nacionales de ningún país, e incluso la coyuntura internacional, tornan imposible levantar esa propuesta en este momento. El agotamiento de esta opción, la respuesta absolutamente desmedida de que fueron objeto por parte del Estado con su estrategia contrainsurgente los distintos sitios donde aparecieron focos guerrilleros, el descrédito y el miedo que dejaron estas luchas en el grueso de la población, hacen imposible, en la actual coyuntura, volver a levantar esa iniciativa. La cuestión técnica, es decir: la enorme diferencia de poderío que se ha establecido entre las fuerzas regulares de cualquier Estado y las fuerzas insurgentes, no es el principal obstáculo para proponer esta salida. Los ideales, está probado, pueden ser más efectivos que el más impresionante dispositivo técnico. De todos modos, llegado el caso, esa diferencia de potencial bélico hoy es tan grande que habría que replantear formas de lucha. Por ejemplo: ¿puede llegar a plantearse seriamente como una opción que desestabilice al sistema una “guerrilla informática”, los hackers? Quizá eso no serviría como propuesta de transformación, y debería pensarse en otras opciones, como guerra popular prolongada con una vanguardia armada. Lo cierto es que hoy, dado la reciente historia, ésta no se vislumbra como una vía posible.

Participar como partido político buscando la presidencia en elecciones generales para, desde allí, generar cambios. Sin descartar completamente la opción de la vía electoral, la opción transformadora no pasa por ocupar la administración del Estado capitalista. La experiencia lo ha demostrado infinidad de veces, a veces de manera trágica, que tomar el gobierno no es, en modo alguno, tomar el poder. Los factores de poder pueden admitir, a lo sumo, que un gobierno con tinte socialdemócrata realice algunos cambios no sustanciales en la estructura; si se quiere ir más allá, al no contarse con todo el poder real (las fuerzas armadas, el aparato de Estado en su conjunto, la movilización popular efectiva que representa un movimiento de masas siendo quien en verdad insufla la energía transformadora), al no haberse producido un cambio en las correlaciones de fuerzas reales en la sociedad, las posibilidades de cambio son nulas. Quizá pueda ser útil, sólo como un momento de la lucha revolucionaria, optar por ocupar poderes locales (alcaldías por ejemplo) o algunas bancas en el Poder Legislativo, para hacer oposición, para organizar, para constituirse en un referente alternativo. Pero en todo caso no hay que olvidar nunca jamás que esas instancias de la institucionalidad capitalista son muy limitadas: no están hechas para la democracia genuina, de base, revolucionaria. Son, en definitiva, instrumentos de dominación de clase, por eso no puede apuntarse a trabajar en ellas con la “ingenuidad” de creer poder transformar algo con instrumentos destinados a no cambiar.

____________

Sin tener claro por dónde, podemos ver algunos elementos interesantes, que deben llamar al análisis pormenorizado. En ese sentido, lo que sí se van dibujando como alternativas antisistémicas, rebeldes, contestatarias, son los grupos (en general movimientos campesinos e indígenas) que luchan y reivindican sus territorios ancestrales.

Quizá sin una propuesta clasista, revolucionaria en sentido estricto (al menos como la concibió el marxismo clásico), estos movimientos constituyen una clara afrenta a los intereses del gran capital transnacional y a los sectores hegemónicos locales. En ese sentido, funcionan como una alternativa, una llama que se sigue levantando, y arde, y que eventualmente puede crecer y encender más llamas. De hecho, en el informe “Tendencias Globales 2020 – Cartografía del futuro global”, del consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, dedicado a estudiar los escenarios futuros de amenaza a la seguridad nacional de ese país, puede leerse: “A comienzos del siglo XXI, hay grupos indígenas radicales en la mayoría de los países latinoamericanos, que en 2020 podrán haber crecido exponencialmente y obtenido la adhesión de la mayoría de los pueblos indígenas (…) Esos grupos podrán establecer relaciones con grupos terroristas internacionales y grupos antiglobalización (…) que podrán poner en causa las políticas económicas de los liderazgos latinoamericanos de origen europeo. (…) Las tensiones se manifestarán en un área desde México a través de la región del Amazonas”. [1] Para enfrentar esa presunta amenaza que afectaría la gobernabilidad de la región poniendo en entredicho la hegemonía continental de Washington y afectando sus intereses, el gobierno estadounidense tiene ya establecida la correspondiente estrategia contrainsurgente, la “Guerra de Red Social” (guerra de cuarta generación, guerra mediático-psicológica donde el enemigo no es un ejército combatiente sino la totalidad de la población civil), tal como décadas atrás lo hiciera contra la Teología de la Liberación y los movimientos insurgentes que se expandieron por toda Latinoamérica.

Hoy, como dijo algún tiempo atrás el portugués Boaventura Sousa Santos refiriéndose al caso colombiano en particular, pero aplicable al contexto latinoamericano en general, “la verdadera amenaza no son las FARC. Son las fuerzas progresistas y, en especial, los movimientos indígenas y campesinos. La mayor amenaza [para la estrategia hegemónica de Estados Unidos, para el capitalismo como sistema] proviene de aquellos que invocan derechos ancestrales sobre los territorios donde se encuentran estos recursos [biodiversidad, agua dulce, petróleo, riquezas minerales], o sea, de los pueblos indígenas”. [2] Anida allí, entonces, una cuota de esperanza. ¿Quién dijo que todo está perdido?

IV

No hay dudas que la contradicción fundamental del sistema sigue siendo el choque irreconciliable de las contradicciones de clase, de trabajadores y capitalistas (empresarios industriales, terratenientes, banqueros), más allá que ahora se hayan “puesto de moda” los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos: MARC’s. Es decir: Marc’s en vez de Marx. Esa contradicción –que no ha terminado, que sigue siendo el motor de la historia, amén de otras contradicciones paralelas sin dudas muy importantes: asimetrías de género, discriminación étnica, adultocentrismo, homofobia, etc.– pone como actores principales del escenario revolucionario a los trabajadores, en cualquiera de sus formas: proletariado industrial urbano, proletariado agrícola, trabajadores clase-media de la esfera de servicios, amas de casa, intelectuales, personal calificado y gerencial de la iniciativa privada, subocupados varios, campesinos. Lo cierto es que, con la derrota histórica de este round de la lucha y el retroceso que, como trabajadores, hemos sufrido a nivel mundial con el capitalismo salvaje de estos años, eufemísticamente llamado “neoliberalismo” (precarización de las condiciones generales de trabajo, pérdida de conquistas históricas, retroceso en la organización sindical, tercerización, etc., etc.), los trabajadores estamos desorganizados, vencidos, quizá desmoralizados.

De ahí que estos movimientos campesinos-indígenas que reivindican sus territorios son una fuente de vitalidad revolucionaria sumamente importante.

La pregunta era: ¿por dónde ir? Sin dudas, la organización popular sigue siendo vital. Ningún cambio puede darse si no es con poblaciones organizadas, conscientes de su realidad, dispuestas a cambiar las cosas. Las élites esclarecidas no sirven para modificar una sociedad; más allá de su lucidez, la verdadera mecha del cambio está en la fuerza de la gente, no en el trabajo intelectual de una vanguardia (sin desmerecer lo intelectual en lo más mínimo, por supuesto). Evidentemente la potencialidad de este descontento que en muchos países latinoamericanos se expresa en toda la movilización popular anti industria extractivista (minería, hidroeléctricas, monocultivos destinados a la agroexportación) puede marcar un camino. Hoy día, en que pareciera que no hay ninguna claridad respecto a las sendas a transitar para lograr cambios reales, profundos y sostenibles, hoy día en que el sistema global parece tan monolítico y sin ningún resquicio por donde atacarlo, tal vez sea oportuno recordar al poeta (¿y quién dijo que el arte no puede ser infinitamente revolucionario?): “Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar”.

 

Por Marcelo Colussi

Rebelión


Notas

[1] En Yepe, R. “Los informes del Consejo Nacional de Inteligencia”. Versión digital disponible en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=140463

[2] Boaventura Sousa, S. “Estrategia continental”. Versión digital disponible en https://www.uclouvain.be/en-369088.html

Publicado enPolítica
La profesora de la Universidad de Harvard, Stefanie Stantcheva. Belinda Soncini/ZUMA Wire

La profesora de Economía de la Universidad de Harvard, Stefanie Stantcheva, reclama que se "escuche" a la gente "y sus circunstancias" antes de aprobar impuestos

"Está bien gravar los combustibles, pero si no hay alternativa al transporte privado, afectará a las personas pero no reducirá la contaminación", explica Stantcheva

 

Stefanie Stantcheva es economista. Búlgara de nacimiento, francesa de nacionalidad y estadounidense de vida, en cuanto a que vive y trabaja como profesora en Harvard. En mayo pasado, esta profesora de 41 años recibió el premio de la mejor economista joven concedido por Le Monde y Le Cercle des Économistes de París. Estos días ha estado en Bruselas hablando de impuestos dentro del Brussels Economic Forum.

¿Hay una preocupación sobre cómo poner impuestos?

Es un asunto muy común. Hay muchas preocupaciones sobre ello, sobre la equidad. Estamos dándole vueltas, tanto en la UE como en EEUU y en el mundo en general.  Por eso creo que hay tanto interés en estos momentos en los que, además, estamos afrontando nuevos desafíos en todo el mundo. Es muy diferente cómo quieres poner impuestos en una economía cerrada o en una economía globalizada. Hay muchos desafíos y los habrá todo el tiempo, por lo que los sistemas impositivos no pueden ser estáticos, tienen que adaptarse y evolucionar.

¿Qué opina del debate europeo sobre la armonización fiscal?

Déjame abordar la pregunta desde el punto de vista de un economista, hay pros y contras en la uniformidad de la política fiscal. Los pros es que evitas que la gente y las empresas se muden por razones de impuestos, eso es una ganancia. Por otro lado, la política fiscal es mejor si se hace de forma local, está mejor afinada y diseñada si atiende a las consideraciones locales.

Ahora, eso no significa que no haya que tener políticas coordinadas. Es posible tener una jurisdicción a escala comunitaria con una política fiscal coordinada que te permita hacer políticas diferentes en lo local, pero como está coordinada evita que esas políticas acaben empobreciendo al vecino con carreras para bajar los impuestos. Por tanto, los economistas recomendarían una política coordinada, en la que puedas dejar un margen para ajustes locales, reducciones por circunstancias económicas...

¿Por qué los impuestos son de izquierdas y no de derechas?

¿Cuál es el nivel apropiado de impuestos? Los economistas te dirán que hay una fórmula fiscal, en la que en un lado están los costes de los impuestos en cuanto a la actividad económica, y cómo afecta a la mano de obra y la innovación. Y, en el otro lado, tenemos los beneficios de los impuestos: la recaudación y la redistribución. Y la gente puede, con mejores datos y estudios, estar de acuerdo con los costes de los impuestos. Es una cuestión empírica, tenemos que estudiarlo.

Pero en el lado de los beneficios de los impuestos, en realidad depende de tus preocupaciones en justicia social y en tus estándares de justicia. Cuánta desigualdad eres capaz de tolerar o no. Y esto es algo que los economistas no pueden decirte. Es algo que realmente depende de tu sentido de la justicia y la equidad. Y ahí es donde la gente difiere mucho, y en diferentes países la polarización es profunda entre gente que piensa que es justo o no tener más o menos desigualdad.

Los impuestos no son la única herramienta para redistribuir. En algunos lugares se piensa que esta redistribución se hace mejor a través de la caridad privada o empresarial, y que el Gobierno no debe intervenir mucho. Pero sí, al final todo reside en la diferencia sobre los conceptos de justicia.

¿Y de cuánta desigualdad se puede soportar?

Sí, de cuanta desigualdad puedes tolerar. Pero déjame también decir algo interesante desde el punto de vista de los negocios y la economía, la gente no sólo difiere en los puntos de vista de la justicia en tanto que no tenemos la respuesta de cómo afectan los impuestos.

Hice un estudio para comprender lo que la gente de derechas y la gente de izquierdas piensan de las consecuencias de los impuestos. Y puedes ver que la gente de derechas piensa que tienen más costes, más incidencias en el empleo, en las pérdidas de puestos de trabajo, que la gente tendrá que cambiar de país... 

Y esto es algo que deberíamos resolver, con mejores datos y mejores estudios, es la pregunta que debemos responder. No sobre opiniones, tiene que ser con hechos y datos, pero aún no estamos ahí porque necesitamos más investigaciones.

En la última campaña en España, hubo un debate en torno a Amancio Ortega, y su caridad, en torno a los impuestos que pagaba como empresa y a las donaciones voluntarias.

Es un asunto muy interesante. Y los países tienen diferentes actitudes hacia ello. Realmente la cuestión es si prefieres un dólar o un euro en manos de un rico filántropo o si queremos que ese dólar o euro esté sujeto a impuestos y en manos del Estado. 

Y tienes que confiar en el Estado.

Lo que la gente puede decir es que el beneficio de dárselo al Gobierno es que el Gobierno representa la voluntad democrática y la canalizará a causas que le importan a la gente, y lo cierto es que en EEUU ha habido estudios sobre a qué se dedica la caridad privada y suele ir a destinos diferentes de a donde invierte el Gobierno. El dinero privado va mucho más a arte, por ejemplo, y menos a la gente con rentas bajas. Claramente no se destina a lo mismo, aunque pueda haber excepciones.

El otro asunto es cuál es más costoso. El Gobierno puede tener grandes costes administrativos, pero puede ser eficiente al tener ya una estructura. Una entidad privada, sin embargo, quizá pueda dominar un área, pero también puede caer en duplicidades. 

Por tanto, estas son las cosas que hay que sopesar y los países tienen diferentes ideas al respecto. En EEUU la caridad privada está muy incentivada por deducciones fiscales muy fuertes. En Europa no lo es tanto, así que entiendo que en Europa se tiende a preferir el dinero en las manos de los gobiernos en lugar de donarlo. Y en EEUU tendemos a querer el dinero en manos de filántropos privados.

Usted suele repetir que los políticos y los gobiernos deberían escuchar a los ciudadanos y a los investigadores.

Los investigadores y los políticos tienen que escuchar a la gente, y por gente me refiero a la ciudadanía y los votantes. Y no me refiero a hacer políticas aprobadas en referendos, no estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que necesitamos comprender las percepciones de la gente, sus ideas sobre justicia y sus propias circunstancias económicas. 

La herramienta que propongo eran los estudios y las investigaciones, que pueden hacerse online y llegar a mucha gente. Gracias a la psicología sabemos cómo diseñarlos de un modo cuidadoso para que sean intuitivos, claros e interactivos, bien enfocados  y calibrados para que podamos conocer las percepciones de la gente.

He hablado de percepciones del sistema económico y las políticas económicas, qué idea tienen de justicia y aspectos sobre sus circunstancias personales que pueden ser difíciles de ver con otros datos. Pongo por ejemplo el impuesto sobre el carbono o los seguros sanitarios.

En el caso del impuesto sobre el carbono puede haber gente a favor hasta que, como en Francia, afecta al bolsillo de gente de la calle y se movilizan los chalecos amarillos por lo que supone llenar el depósito de la furgoneta.

El impuesto sobre el carbono es un ejemplo de porqué necesitamos realmente comprender y preguntar a la gente directamente acerca de sus circunstancias económicas, porque los datos del transporte u otros datos que podamos consultar nos dan respuestas incompletas o que generan confusión.

Por tanto, sin necesidad de centrarnos en los chalecos amarillos, es un asunto fundamental. 

Déjame hablar sobre los impuestos al combustible: la teoría económica nos dice que los impuestos pueden funcionar para reducir el consumo de combustibles... Pero sólo si la gente puede dejar de utilizar combustible. Por ejemplo, pueden dejar de usar el coche e ir en autobús, pero ha de ser posible ese cambio. Si no es posible, si estás atrapado con el medio de transporte, entonces no es un impuesto correctivo, es un fracaso que daña a la gente sin reducir la polución: van a reducir otros gastos, pero no se reducirá la contaminación.

Puedes ver los datos de transporte y que hay una gran red de autobús que puede usar la gente. Pero luego empiezas a preguntar y te das cuenta de que tienen que llevar los niños al cole, que los doctores están muy lejos, que tienen turnos de noche... Hay que comprender estos impedimentos para aplicar bien los impuestos. Hay que tener en cuenta todo paisaje. Por eso defiendo que hay que comprender las circunstancias de la gente y para eso lo mejor es preguntar directamente.

Además, estos impuestos son indirectos, afectan por igual a todos los bolsillos. No son progresivos. 

En general, los impuestos indirectos sobre bienes, tabacos... son regresivos, porque la gente con menos ingresos dedican un porcentaje mayor de su salario a pagarlos. Así, en teoría económica uno de los primeros resultados es que no debería jugarse con productos, precios, etc... Deberías hacer la redistribución con impuestos progresivos y, después, dejar actuar al mercado.

Pero hay excepciones a esta regla, y a veces hay buenas razones para gravar ciertos productos de manera diferente, y uno de ellos es un impuesto correctivo por la contaminación, el medio ambiente, lo cual está bien justificado. Pero, de nuevo, sólo puede funcionar si la gente puede cambiar de medio transporte.

Usted ha trabajado también sobre la percepción de la migración, y ha constatado que suelen exagerarse sus efectos.

Cuando la gente decide qué políticas apoyar, incluidas las políticas redistributivas como los impuestos progresivos, tienen consideraciones complejas. Y una es que la generosidad no viaja bien a través de las fronteras.

La gente es más favorable a redistribuir más entre gente parecida y menos entre gente diferente. Y los inmigrantes aparecen en las cabezas de las personas cuando se piensa en redistribución, el problema es que las percepciones de la gente sobre los inmigrantes suelen ser equivocadas. 

Hicimos un gran estudio en seis países donde preguntábamos a la gente su opinión sobre el número de migrantes, sis circunstancias económicas, sus orígenes, etcétera, y lo que vimos es que en todos los países sistemáticamente la gente piensa que hay más inmigrantes de los que hay, que hay más migrantes musulmanes de los que hay y que son más débiles económicamente y con menos estudios y ocupaciones laborales de lo que son y, por tanto, más dependientes de las políticas públicas de lo que realmente son. Por tanto, sí, todo el mundo está equivocado. Algunos grupos están más equivocados que otros, pero todos están bastante equivocados, y quien tiene una percepción menos acertada es la que tiene menos nivel educativo, la gente que trabaja en sectores con más proporción de migrantes en trabajos menos formados, y los que se sitúan más a la derecha del espectro ideológico también tiene una visión más equivocada sobre los inmigrantes.

Es muy importante porque si haces que la gente piense sólo en inmigrantes, que puede estar ocurriendo en una parte del debate político, tenderán a ser menos defensores de la redistribución, querrán menos impuestos progresivos, etcétera. Por tanto, es una preocupación grande de la gente.

Porque piensan que los impuestos van directamente a ellos.  

No estoy segura de que exista ese canal directo. Pero claramente hay un vínculo entre cuántos migrantes crees que hay, lo económicamente fuertes que crees que son y lo partidario que seas en la redistribución, según los resultados de nuestro estudio, que sostienen que simplemente hacer pensar a la gente en inmigrantes reduce su apoyo a la redistribución.

Pero, al margen de los impuestos, ¿qué otra manera efectiva hay para corregir desigualdades? 

Hay herramientas diferentes para los Gobiernos. Están los impuestos directos, que son ingresos automáticos. También están las regulaciones para intervenir en el mercado de una manera u otra; la otra es la iniciativa privada a través de la caridad o donaciones, lo que para algunos es buena idea; y están los impuestos indirectos progresivos que son una gran herramienta, con efectos poderosos en toda la economía.

Y es importante acertar. Si te pasas, puedes afectar en la actividad económica y en la innovación; y si te quedas corto puedes tener una sociedad en la que los grandes ingresos crezcan y los bajos se queden bajos. Hay que buscar el equilibrio. 

Hablábamos antes de los impuestos sobre los combustibles. Pero, ¿cómo puede ayudar la política fiscal a abordar la emergencia climática?

Es extremadamente urgente actuar contra el cambio climático. Los economistas tienen muchas sugerencias, como una acción sobre el carbono mundial, o sobre el comercio local, regulación sobre empresas, impuestos a los hogares... Estoy a favor de buscar todo tipo de intervenciones posibles. Pero lo único que quiero es alertar contra la aplicación de impuestos sin escuchar a la gente y cómo puede responder, y que tienen que ver con las redes de transporte público, por ejemplo, para que los impuestos no queden sin efecto.

En España también ha habido debate en las últimas campañas electorales con los impuestos de sucesiones. ¿Qué opina de su eliminación?

Sí, el debate está en todas partes. Depende del enfoque interno. Lo importante es saber qué es para ti justo y tolerable y según se plantee la pregunta: ¿Se debe gravar el trabajo de toda una vida que se lega a los hijos? ¿Es justo ser desigual desde el día de nacimiento, desde la cuna? Es un asunto complicado porque vincula dos generaciones, dos miradas desde una hacia la otra.

 

Por Andrés Gil- Corresponsal en Bruselas

29/06/2019 - 22:02h

Publicado enEconomía
Sábado, 29 Junio 2019 06:20

El viejo cuento de la corrupción

El viejo cuento de la corrupción

La narrativa política que justifica cualquier opción como forma de acabar con la corrupción es tan antigua como la política y como la narrativa. En América Latina es un género clásico y sólo gracias a la poca memoria de los pueblos es posible repetirla, generación tras generación, como si se tratase de una novedad.

 Pero esta narrativa, que sólo sirve a la consolidación o a la restauración de una determinada clase en el poder, se centra exclusivamente en la corrupción menor: un político, un senador, un presidente recibe diez mil o medio millón de dólares para favorecer a una gran empresa. Rara vez un pobre ofrece medio millón de dólares a un político para que le otorgue una pensión de quinientos dólares mensuales.

 Es corrupto quien le paga un millón de dólares a un político para ampliar los beneficios de sus empresas y es corrupto el pobre diablo que vota por un candidato que le ha comprado las chapas para el techo de su casita en la villa miseria.

 Pero es aún más corrupto aquel que no distingue entre la corrupción de la ambición y la corrupción de quien busca, desesperadamente, sobrevivir. Como decía la mexicana Sor Juana Inés de la Cruz a finales del siglo XVII, antes que el poder del momento la aplastara por insumisa:

 ¿O cuál es más de culpar,

 aunque cualquiera mal haga:

 la que peca por la paga

 o el que paga por pecar?

 Rara vez las acusaciones de corrupción se refieren a la corrupción legal. Ni importa si, gracias a una democracia orgullosa de respetar las reglas de juego, diez millones de votantes aportan cien millones de dólares a la campaña de un político y dos millonarios aportan sólo diez millones, una propina, al mismo candidato. Cuando ese político gane las elecciones cenará con uno de los dos grupos, y no es necesario ser un genio para adivinar cuál.

 No importa si luego esos señores logran que el congreso de sus países apruebe leyes que benefician sus negocios (recortes de impuestos, desregulación de los salarios y de las inversiones, etc.), porque ellos no necesitarán violar ninguna ley, la ley que ellos mismos escribieron, como un maldito ladrón que no le roba a diez millones de honestos e inocentes ciudadanos sino a dos o tres pobres trabajadores que sólo sentirán la ira, la rabia y la humillación por el despojo que ven y no por el que no ven.

 Pese a todo, aún podemos observar una corrupción aún mayor, mayor a la corrupción ilegal y mayor a la corrupción legal. Es esa corrupción que vive en el inconsciente del pueblo y que no procede de otro origen sino de la persistente corrupción del poder social que, como una gota, cava la roca a lo largo de los años, de los siglos.

 Es la corrupción que vive en el mismo pueblo que la sufre, en ese hombre cansando, de manos curtidas o de títulos universitarios, en esa mujer sufrida, con ojeras, o en esa otra de naricita levantada. Es esa corrupción que se va a la cama y se levanta con cada uno de ellos, cada día, para reproducirse en el resto de su familia, de sus amigos, como la gripe, como el ébola.

 No es simplemente la corrupción de unos pocos individuos que aceptan dinero fácil por los misteriosos atajos de la ley.

 No, no es la corrupción de quienes están en el poder, sino esa corrupción invisible que vive como un virus de la frustración de quienes buscan acabar con la corrupción con viejos métodos probadamente corruptos.

Porque corrupción no es solo cuando alguien da o recibe dinero ilícito, sino también cuando alguien odia a los pobres porque reciben una limosna del Estado.

 Porque la corrupción no es sólo cuando un político le da una canasta de comida a un pobre a cambio de su voto, sino cuando quienes no pasan hambre acusan a esos pobres de corruptos y holgazanes, como si no existieran los holgazanes en las clases privilegiadas.

 Porque la corrupción no es sólo cuando un pobre holgazán logra que un político o el Estado le den una limosna para dedicarse a sus miserables vicios (vino barato en lugar de Jameson Irish whiskey), sino también cuando quienes están en el poder se convencen y convencen a los demás que sus privilegios lo ganaron ellos solos y en la más pura, destilada, justa ley, mientras que los pobres (esos que lavan sus baños y compran sus espejitos) viven del intolerable sacrificio de los ricos, algo que sólo un general o un Hombre de Negocios con mano dura puede poner fin.

 Porque corrupción es cuando un pobre diablo apoya a un candidato que promete castigar a otros pobres diablos, que son los únicos diablos que el pobre diablo resentido conoce, porque se ha cruzado con ellos en la calle, en los bares, en el trabajo.

 Porque corrupción es cuando un mulato como Domingo Sarmiento o Antonio Hamilton Martins Mourão siente vergüenza de los negros de su familia y odio infinito por los negros ajenos.

 Porque corrupción es cuando un elegido de Dios, alguien que confunde la interpretación fanática de su pastor con los múltiples textos de una Biblia, alguien que va todos los domingos a la iglesia a rezarle al Dios del Amor y al salir tira unas monedas a los pobres y al día siguiente marcha contra el derecho a los mismos derechos de gente diferente, como los gays, las lesbianas, los trans, y lo hace en nombre de la moral y del hijo de Dios, Jesús, sí, ese mismo que tuvo mil oportunidades de condenar a esa misma gente diferente, inmoral, y nunca lo hizo, sino lo todo contrario.

 Porque corrupción es apoyar a candidatos que prometen la violencia como forma de eliminar la violencia.  

Porque corrupción es creer y repetir con fanatismo que las dictaduras militares que asolaron América Latina desde el siglo XIX, esas que practicaron todas las variaciones posibles de corrupción, pueden alguna vez ser capaces de terminar con la corrupción.

Porque corrupción es odiar y, al mismo tiempo, acusar al resto de sufrir de odio.

Porque la corrupción está en la cultura y hasta en el corazón de los individuos más honestos de una sociedad.

Porque la peor de las corrupciones no se lleva un millón de dólares, sino aquella otra que no deja ver ni escucha los alaridos de la historia, ni se escucha ni deja que se vea hasta que es demasiado tarde.

Por Jorge Majfud, profesor uruguayo-estadounidense. 

Tequila y El mismo fuego son sus dos últimas novelas. 

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Instalación de Chevron Texaco en Ecuador. Edu León

Las políticas neoliberales, con sus privatizaciones y tratados de libre comercio, provocan enormes desastres humanos y ambientales. Los grandes procesos de privatización en todos los sectores de la economía han dado a las multinacionales un poder ilimitado. Si bien en estos momentos los movimientos sociales globales no suponen una amenaza real para las grandes empresas, cuentan con una ventaja: no paran.


Cuando los noticieros televisivos muestran imágenes de pueblos africanos padeciendo severas hambrunas, desde la comodidad material del primer mundo se tiende a creer que el hambre es un problema provocado únicamente por fenómenos como las sequías o la incapacidad de determinadas regiones de producir alimentos. Si bien es cierto que en África, como en otras partes del planeta, ha habido hambrunas, grandes sequías y otras situaciones complicadas, estas se han dado en momentos concretos de la historia. Tal como se desprende al leer Crímenes de hambre (Alrevés, 2018), la última novela negra de denuncia social del escritor y antropólogo Miguel Pajares, los principales causantes del hambre en África y en otras regiones del planeta no son los desastres naturales sino las políticas de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial.


Antes de la irrupción de estas instituciones, allá por la década de 1970, en países como Somalia o Níger no se pasaba hambre de manera continua. Según sostiene Pajares, que es también presidente de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado (CCAR), “en África, como en otros lugares del mundo, cuando se sale de la colonización, se sale con deuda. Los nuevos gobiernos de la descolonización, de la liberación, tienen que asumir la deuda de los gobiernos anteriores. Y resulta además que la generosidad del FMI y el Banco Mundial es muy amplia, de manera que permiten que los gobiernos aumentan la deuda. Inicialmente, esto no tendría que suponer un grave problema. Pero la deuda es aprovechada para imponer las políticas neoliberales del FMI y el Banco Mundial”.


¿Cuáles son estas políticas? “Por un lado, consiguen que la deuda sea impagable. De ello se asegura la Reserva Federal de EEUU, que sube los tipos de interés por encima del 20%. Con semejante subida, las deudas son impagables. Porque los gobiernos, a pesar de ir pagando, solo pagan intereses. Y continuamente necesitan más dinero para seguir amortizando la deuda, de manera que se van endeudando cada vez más”, aclara Pajares.


Cuando llegan los plazos de amortización, el FMI y el Banco Mundial se ofrecen a prestar más dinero, pero con una serie de condiciones. Y es ahí donde imponen una políticas que, tal como afirma Pajares, “básicamente vienen a decir que las empresas tienen que poder expandirse por el mundo, que tienen que poder ganar dinero; que eso es bueno para todos porque así se desarrolla la economía; que las empresas no han de tener trabas para entrar en los países, no ha de haber aranceles y los impuestos tienen que ser los más bajos posibles. Desde la filosofía neoliberal se supone que, si las empresas funcionan bien, se invierte, se crea empleo y todos salen beneficiados”

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Tratados de libre comercio


Desde Justícia i Pau, una organización cristiana que desde Catalunya lucha por la defensa de los derechos humanos de las personas y los pueblos, se afirma que se ha puesto la economía en el centro de toda importancia y los beneficios económicos dentro del ámbito del comercio no regularizado se han convertido en lo más perseguido por las empresas transnacionales. Quienes son capaces de reducir costos lo hacen porque, sencillamente, dejan de pagar los costos reales de sus acciones.


Según Núria Carulla, responsable de la Comisión Norte Sur, integrada en el eje de desarrollo humano integral de Justícia i Pau, “las empresas transnacionales están protegidas por los tratados de libre comercio e inversión, que se consideran un elemento esencial para el desarrollo y la obtención de recursos necesarios para la vida actual y para el desarrollo de la tecnología tanto necesaria”.


Lejos de cumplir una función social, cosa que tratan de hacer entender a través de sus políticas de Responsabilidad Social Corporativa, lo que buscan la mayoría de empresas es reducir al mínimo los costes que generan sus actividades extractivas, industriales y energéticas. Como es sabido, esta reducción se consigue a base de desplazar las industrias hacia países con legislaciones laborales más débiles donde se puede explotar sin restricciones una mano de obra sin derecho ni a seguridad social, ni a medidas higiénicas y de seguridad laboral.
Tener productos abundantes y baratos significa que alguien, en algún otro lugar del planeta, lo está pagando muy caro. Tal como asegura Carulla, “las empresa también reducen costos en la protección del medio ambiente, se contaminan, tierras, agua y aire sin asumir los costes de reparación ni siquiera el coste de vidas humanas que ha provocado algún accidente por no invertir en medidas de seguridad”. Como ejemplo, recordemos el caso de la fábrica de productos químicos en Bhopal, India, donde una fuga de gas provocó la muerte de 25.000 personas que vivían en el entorno de las instalaciones.


El ejemplo de Níger


A partir de las peripecias del teniente Samuel Montcada, que trata de esclarecer las causas del asesinato en Barcelona de una activista reconocida internacionalmente, en Crímenes de hambre van asomando situaciones que permiten apreciar el verdadero alcance de las políticas neoliberales a escala mundial. Vemos, por ejemplo, el caso de Níger, un país que tenía la Oficina Nacional Veterinaria, una institución del Estado que, en situaciones de dificultad, repartía vitaminas y antiparasitarios a los pastores y los ganaderos.


Este país disponía también de una reserva de cereales para ser repartidos en casos de sequía o dificultades, y permitir a los agricultores hacer la siembra del año siguiente. Según Pajares, que se documenta a fondo para escribir sus novelas, “el gobierno fue obligado por el FMI y el Banco Mundial a desmantelar todo eso, ya que se supone que ese tipo de iniciativas o mecanismos van contra el libre mercado. En este contexto, en que no hay ningún tipo de restricción, quienes pueden penetrar mejor en el libre mercado son precisamente las grandes multinacionales, que se hacen con todo. Y a partir de ahí, sucede que los agricultores se arruinan, los pastores pierden sus ganados y no pueden comprar antiparasitarios y vitaminas a los precios de mercado”.


Luego viene el acaparamiento de tierras por parte de las multinacionales. Tal como remarca Pajares, “en los países africanos no hay títulos de propiedad sino que se rigen por un sistema consuetudinario en que los agricultores y los pastores tienen el uso de la tierra de generación en generación. Y lo que ha pasado es que los gobiernos han dicho que la tierra es suya y han empezado a venderla a las multinacionales, cosa que ha acarreado la expulsión de los agricultores de esos terrenos. Todo esto es lo que ha provocado el hambre. La mayor parte de las personas que pasan hambre en África habían sido agricultores que hasta antes de que se impusieran las condiciones del FMI y el Banco Mundial tenían más o menos resueltos los medios de subsistencia”, sentencia Pajares.


Las tierras, cedidas sin costo o compradas a bajo precio, sirven a las multinacionales para instalar explotaciones agrícolas intensivas o extractivas de minerales o combustibles fósiles. Movidos por el afán deobtener divisas, los gobiernos dan facilidad para la explotación de recursos naturales, pero no tienen en cuenta el derecho de las poblaciones que habitan ni el respeto al ecosistema. 

Privatización imparable


Durante las últimas décadas hemos asistido a grandes procesos de privatización en todos los sectores de la economía. Como consecuencia de ello, las multinacionales han acumulado poder hasta el punto de convertirse en el principal sujeto para vehicular las relaciones entre los países del norte y los del sur.


“Con el tema de las privatizaciones —sostiene Núria Carulla— se ha repetido como un mantra aquello de que las empresas públicas no funcionan porque son un nido de corrupción, porque los funcionarios son poco trabajadores o porque no cuentan con técnicos potentes. Bajo estos pretextos han querido hacer calar en la sociedad la idea de que las empresas privadas resultan más eficientes y salen más baratas a los estados”. Pero a esta incansable activista no les salen las cuentas ya que “la empresa pública, por muy mal que vaya, no deriva ni busca beneficios, mientras que la privada, sí. Por tanto, si las empresas privadas hacen las cosas más baratas, es sencillamente porque las hacen más mal. Y si las hacen bien, resulta que son más caras”.


En el ámbito de lo que se ha dado en llamar el Tercer Mundo, la cosa es mucho más grave. Según afirma Carulla, “las multinacionales y los grandes poderes actúan movidos por la idea de que los territorios son libres y que ellos pueden hacer lo que quieren porque los autóctonos son ignorantes e incapaces de oponer resistencia”.


Desastres medioambientales


El 25 de enero de 2019 quebró el dique de contención de una presa de residuos mineros de la compañía Vale, en Minas de Gerais, en el sudeste de Brasil. La tragedia se saldó con cerca de 200 muertos y más de 150 desaparecidos. Dos millones de toneladas de residuos contaminaron 305 quilómetros del río Paraopeba, dejando inservible sus aguas para todos los pueblos a los que abastecía.

Vale era una empresa pública brasileña que a partir de la primera década de 2000 comenzó a ser privatizada. Actualmente es la mayor empresa mundial en exportación de hierro. A pesar de la presión que puede ejercer la Agencia Nacional de Minería de Brasil, Vale, que tal como informaba hace algunas semanas Europa Press, ha instado a las compañías mineras a adoptar una serie de medidas de precaución y congelado más de 800 millones de reales (unos 191 millones de euros) de Vale para compensar a las víctimas, en general las multinacionales no están obligadas a rendir cuentas ante nadie, cosa que no pasaría si habláramos de empresas pública.


Según Núria Carulla, que ha realizado varias estancias en las comunidades indígenas de países latinoamericanos para visitar proyectos de cooperación y colaborar con organizaciones locales, “el problema de reclamar a las grandes empresas los males ambientales, el acaparamiento de tierra o las vulneraciones de derechos humanos que causan, es que se ha de pasar por un juicio de acuerdo con las leyes del país donde suceden los hechos. Lo que pasa es que muchas empresas multinacionales se rigen por las leyes en países donde tienen el capital. Entonces se amparan en que no pueden ofrecer compensaciones económicas porque en aquellos países no tienen capital”. Sus capitales se encuentran básicamente en paraísos fiscales.


Muchos recuerdan el caso de Chevron (antigua Texaco), la empresa petrolera norteamericana que contaminó miles de kilómetros en la amazonía ecuatoriana y provocó la desaparición de dos pueblos. Según ha informado recientemente el Observatorio Petrolero Sur, “la Corte de Justicia de Canadá negó la posibilidad a las comunidades ecuatorianas afectadas por Chevron-Texaco que buscaban continuar con el proceso judicial en el país”. Tras esta decisión, Chevron extiende su impunidad, mientras que la contaminación y las afectaciones de la amazonía ecuatoriana se agravan con el tiempo.

Carulla opina que las comunidades afectadas por Chevron se han organizado de un modo encomiable. “Hace más de veinte años que están de juicios y en todas partes, salvo en Canadá recientemente, les habían dado la razón; pero la compañía aún no ha pagado las indemnizaciones. Y luego hay otro problema: a pesar de que el Tribunal Supremo de Ecuador ha dado la razón a las comunidades, hay una figura curiosa que son los tribunales de arbitraje, un invento de las grandes empresas para que haya un tribunal que valore los litigios entre gobiernos y empresas. Son unos tribunales privados con muy pocos jueces que, con la legislación en la mano, siempre dan la razón al inversor o empresa ya que no existe una legislación internacional que compense. La cuestión de la privatización lleva todos estos males”. Y por otro lado, Carulla aclara que debemos tener presente que “la privatización, si se ha de realizar, debe ser en siempre el caso de subsidiariedad, es decir, cuando un ente público no puede llevar a cabo un trabajo determinado por una razón apremiante. Pero privatizar de manera sistemática y porque sí, no aporta ningún bien en principio”.


Plantando cara a las multinacionales


Puede que en estos momentos los movimientos sociales no sean una amenaza real para las grandes empresas. Pero cuentan con una ventaja: no paran. Cada vez son más quienes claman por el empoderamiento de los sectores más desfavorecidos y forman un frente común, desde campañas globales, a las multinacionales y al agronegocio, al capitalismo internacional y al libre comercio.


Nada menos que 200 millones de campesinos y campesinas de 81 países y agrupados en 182 organizaciones forman parte de La Vía Campesina, un movimiento internacional nacido en 1993 en Mons (Bélgica) con el afán de defender la soberanía alimentaria, los derechos campesinos, la promoción de agroecología, la defensa de las semillas locales y la descentralización del poder. “Globalicemos la luchas, globalicemos la esperanza”, es el lema de una organización “construida sobre un fuerte sentido de unidad, la solidaridad entre estos grupos, que defiende la agricultura campesina por la soberanía alimentaria como una forma de promover la justicia social y dignidad”.


Dos décadas después, en 2012 se inició otra campaña global, Dismantel Corporate Power, que pretende acabar con el poder y la impunidad de las empresas transnacionales. Según se afirma en el manifiesto del movimiento, “el 99% de los y las habitantes del planeta nos vemos afectados por la creciente concentración del poder en manos del 1 por ciento más rico. Este poder queda manifiestamente ilustrado con las 737 grandes transnacionales, muy conectadas entre sí, que controlan el 80 por ciento del capital de las mayores empresas del mundo. La mitad de ese capital está concentrado en las manos de apenas 147 empresas, la mayoría de las cuales son corporaciones financieras”. A esta campaña, que es una valiente respuesta por parte de las comunidades afectadas, se han adherido hasta ahora más de 200 organizaciones que luchan para parar los pies a estas grandes empresas. ¿Consiguen atemorizar a las grandes corporaciones estos movimientos? En opinión de Carulla, “por sí solos no representan ninguna amenaza preocupante para estas compañías”.


Fijémonos en Pablo Fajardo, el abogado de las comunidades afectadas en el caso Chevron. Además de afrontar constantemente el riesgo de ser asesinado, Fajardo tiene que luchar contra los 2.000 abogados contratados por Chevron, mientras que él solo cuenta con el apoyo de unos diez letrados, los cuales, por otra parte, no pueden ofrecerles ayuda a tiempo completo puesto que tienen que trabajar para poder mantenerse. Según manifiesta Carulla, “la amenaza para las compañías es que, gracias a las redes internacionales, todos nos enteramos de lo que pasa, por lo que podemos llevar a cabo acciones como hacer preguntas a un parlamento determinado, escribir cartas a las empresas, hacer un boicot a una marca y cosas por el estilo Y, si hay la posibilidad, también podemos dar apoyo económico y técnico a todos estos movimientos”.


Ante el poder de las empresas transnacionales, las comunidades de campesinos e indígenas de todo el mundo se pueden ver como la lucha de David contra Goliat, una lucha totalmente desproporcionada en la que el campesinado y los pueblos indígenas cuentan con pocas posibilidades de ganar. Sin embargo, la conciencia de la defensa de los derechos y la dignidad ha crecido mucho en los últimos años. Tal como recuerda Carulla, “cada vez más, las acciones para defender el territorio, el agua, y la naturaleza de la que depende la propia vida, así como sus derechos económicos, sociales y culturales se coordinan con otras organizaciones y redes que apoyan a las luchas locales”.


Decía Noam Chomsky que los pueblos indígenas están salvando el planeta de un desastre ambiental. Sin embargo, la defensa de los derechos humanos es, en opinión de Carulla, una tarea global en la que toda la ciudadanía consciente se debería implicar. “El cambio climático tiene causas muy diversas pero el medio ambiente es frágil y la contaminación de la tierra, agua, mares y aire no tiene fronteras, por lo que termina afectando a todo el planeta además de causar dolor y pérdida de calidad de vida a las poblaciones directamente afectadas. Hay muchas maneras de apoyar la lucha de las comunidades que están en primera línea, hay oenegés aquí que trabajan con estas comunidades y que con esta ayuda, difusión y denuncia pueden continuar este enfrentamiento tan desigual”.


Precariedad y pobreza


Hacia el final de Crímenes de hambre, Mario, el entrañable y pedagógico economista que acompaña al teniente Montcada, plantea una inquietante reflexión acerca de la pobreza y la precariedad. Viene a decir que en países como España, cada vez hay más gente que vive en situación de pobreza a pesar de tener un empleo. Sin embargo, a pesar de la precariedad creciente en que vivimos, no nos gusta pensar en la idea de que somos pobres o que corremos el riesgo de serlo en algún momento.
En la UE tenemos el paradigmático caso de Grecia, un país en cierto modo equiparable a España. Dada la situación que se vivía en sus fronteras con la llegada masiva de migrantes, al gobierno griego le concedieron unos préstamos muy importantes para “armarse” frente al problema migratorio. Con la llegada de la crisis, el país heleno no pudo pagar la deuda. ¿Y qué hizo la UE? Según afirma Carulla, “Europa dejó a Grecia en una situación bastante comprometida. Si bien hubo una especie de condonación de la deuda, esta se llevó a cabo con unas condiciones neoliberales brutales. Una de esas condiciones fue la de reducir las pensiones a la mitad. Una simple orden de la UE ha llevado a todo un país a una situación desesperada. De manera que el riesgo es real”.


Si bien Carulla considera que no se trata de meter miedo en el cuerpo, sí cree, en cambio, que la ciudadanía debe ser consciente de ciertas cosas y movilizarse: “Democráticamente, los ciudadanos únicamente decidimos quiénes queremos que sean nuestros gobernantes, aunque bien es cierto que muchas veces los resultados electorales no nos satisfacen. Pero aceptamos las reglas del juego democrático. Ahora bien, lo que no es tan aceptable es que el único poder de la ciudadanía resida en votar una vez cada cuatro años. El ciudadano ha de ser más activo en el tejido democrático. Por ejemplo, tenemos la cuestión de las pensiones: los pensionistas del país vasco se están manifestando constantemente y la sociedad responde llamándolos yayoflautas con cierto sentido despectivo. Ante cualquier situación contraria al statu quo y a la tranquilidad, la sociedad responde con una especie de desprecio hacia quienes de algún se muestran insistente reivindicando sus derechos. A los ecologistas, por ejemplo, hasta que no se ha demostrado que lo del cambio climático es completamente real, les han dicho de todo. Quienes se mueven y protestan son quienes hacen que una democracia sea más activa”, sentencia.

2019-04-10 06:36:00

 

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