Jueves, 08 Abril 2021 05:44

Crece el peligro de guerra

Crece el peligro de guerra

Un análisis de la demencial estrategia de EEUU y sus servidores europeos

Para todas aquellas personas que se alegraron de la victoria electoral de Biden, me temo que hay malas noticias. Quienes ya advertimos que con los demócratas el peligro de guerra se dispararía parece que no hemos fallado. Los peores augurios que del discurso del nuevo presidente se pudieron extraer tras su toma de posesión se han ido materializando.

  1. Ha advertido (amenazado) a Alemania de no seguir adelante con su proyecto de abastecimiento energético (Nord Stream 2), y da marcha atrás en la retirada de tropas del territorio germano, lo que de paso deja claro que sigue siendo un país colonizado (la administración USA, riéndose una vez más del “libre comercio”, acaba de amenazar directamente con represalias a las compañías que participan en la construcción del gaseoducto, detectándose incluso hostigamiento militar al mismo).
  2. Ha llamado “asesino”a Putin, lo que en términos diplomáticos equivale a solamente medio escalón previo a una declaración abierta de guerra. Presiona cada vez más las fronteras rusas a través de la OTAN, poniendo en alarma tanto al Báltico (e incluso las latitudes polares) como a la Europa oriental, también desestabilizando el Cáucaso.
  3. Se permite invitar a China a su casa (Alaska) para acto seguido ponerse a insultar a los diplomáticos chinos sobre supuestas violaciones de derechos, sobre todo en territorio uigur (claro, los emisarios norteamericanos se cuidaron mucho de comentar cómo EE.UU. lleva infiltrando desde hace años redes terroristas y paramilitares en ese territorio para desunir China).
  4. Ha amenazado con sanciones a India si no revierte la compra y despliegue de misiles rusos S-400.
  5. Quiere renovar la unión contra Irán para doblegar a ese país y cortar el núcleo vital de la Ruta de la Seda china.
  6. Asedia a la propia China en el mar que la envuelve.
  7. Amenaza a Corea mediante nuevas maniobras militares navales.
  8. Frena la retirada de tropas de Asia occidental, y en el caso concreto de Siria (donde ocupa ilegalmente sus pozos petrolíferos), pretende reactivar la guerra con nuevas infiltraciones de paramilitares y yihadistas en el país.
  9. Está gestando una intervención contra Venezuela a través de tropas irregulares, paramilitares, narco-bandas y grupos delincuentes armados, con la colaboración del ejército colombiano, en la frontera entre ambos países.
  10. Pero lo más descabelladamente peligroso de todo es que está activando una nueva escalada bélica en Ucrania, de ominosas consecuencias. El ejército ucraniano ha comenzado a desplegar masivamente sus sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple en Donbass, para atacar las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, a las que vuelve a hostigar desde hace semanas. Y, más grave aún, ya ha declarado su intención de ir a por Crimea. Todo eso tras recientes conversaciones de alto nivel entre funcionarios estadounidenses y ucranianos. EE.UU. está abasteciendo de armas a Ucrania, al tiempo que despliega algunas de sus más mortíferos aparatos de combate en la zona.

Esto marca un peligro inminente de guerra total, especialmente sobrecogedor para las sociedades europeas, dado que Rusia parece tener superioridad militar sobre la OTAN. De desencadenarse un enfrentamiento podría destruir Europa en breve tiempo. Mientras, EE.UU. quedaría una vez más lejos del escenario bélico.

Antes de seguir, dejemos claras unas cuantas cosas:

En un capitalismo globalizado pero carente de una entidad política territorial global (algo así como un Estado mundial), buena parte de las estrategias de mando vienen ejercidas directa o indirectamente por la potencia dominante, un hegemón que se encarga en mayor medida que ningún otro de crear o recrear, organizar y dirigir el conjunto de instituciones mundiales necesarias para la regulación global del sistema.  Este sistema, el capitalista, sólo muy casualmente puede procurar “bienestar” y mejoras a las poblaciones del mundo, puesto que su principal fin es la reproducción ampliada de capital a través de altas tasas de beneficio empresarial. EE.UU. como potencia hegemónica, es el principal valedor de esa acumulación de capital y del beneficio privado de la clase capitalista, al coste que sea. Por eso, entre otras muchas cosas, a EE.UU. lo único que le preocuparía de los DD.HH. es que en realidad se cumplieran. De ahí que haya promovido y mantenido dictaduras en todo el planeta, desde las del Cono Sur americano, hasta las monarquías salvajes del Golfo, pasando por la Sudáfrica del “apartheid”. Por eso su principal aliado y destinatario de apoyo financiero-político-estratégico es Israel, el Estado que comete más violaciones de resoluciones de la ONU, que practica un sistemático ‘apartheid’ y limpieza étnica, que se basa en una constitución racista, que practica sistemáticamente el terrorismo y que es un continuo peligro para toda Asia occidental. Por eso tiene como aliado a Turquía, miembro de la OTAN, otro plusmarquista en limpiezas étnicas y en terrorismo contra su propia población y las adyacentes. Por eso su principal receptor de “ayuda” en América es Colombia, campeón del terrorismo de Estado, con matanzas sistemáticas de su población, y causa de un creciente riesgo de desestabilización de toda la región (ver este excelente informe al respecto: https://isrobinson.org/investigaciones/la-construccion-de-una-zona-de-guerra-difusa-en-la-frontera-colombo-venezolana/).

En cuanto al capítulo de invasiones y destrozo de países, estas han sido las intervenciones militares directas de EE.UU. (solo o con la OTAN) tras la caída de la URSS:           

Irak (1991): con sanción de la ONU

Somalia (1993): EE.UU. y algunos “aliados”, con sanción de la ONU

Yugoslavia (1995): OTAN, sin sanción de la ONU

Afganistán y Sudán (1998): ataque unilateral de EE.UU.

Yugoslavia (1999): OTAN, sin sanción de la ONU

Afganistán (2001): OTAN, sin sanción de la ONU [dura hasta hoy]

Irak (2003): EE.UU. y algunos “aliados”, sin autorización de la ONU

Pakistán, Yemen, Somalia (2002): ataques con aviones no tripulados, sin autorización de la ONU [dura hasta hoy]

Libia (2011): intervención de la OTAN, con sanción de la ONU

Siria (2014): EE.UU. – OTAN  [dura hasta hoy]

Intervenciones que Arthur K. Cebrowski, almirante y director de la Office of Force Transformation in the U.S. Department of Defense, concibió hechas sobre “países desechables” a los que había que destruir sus estructuras estatales. 

Fundamentalmente están en el punto de mira del hegemón aquellas formaciones sociales que se encuentran dentro del espacio territorial o la zona de seguridad de lo que fue la URSS y de sus alianzas. También los países susceptibles de consolidar la Ruta de la Seda china.

En cuanto al propio continente americano, recientemente, EE.UU. ha promovido golpes de Estado judiciales, con intervención de fuerzas policíaco-militares, en Paraguay, Brasil, Bolivia y Honduras. Ha destruido casi toda Centroamérica (a la que invadió o dio golpes de Estado en repetidas ocasiones en el siglo XX), con guerra contrainsurgencia, bandas paramilitares, promoción de Estados de terror y bandas de delincuencia armada por doquier, consiguiendo un empobrecimiento brutal de las poblaciones que ahora se le vuelve en forma de “caravanas migrantes”, masas desesperadas huyendo de la miseria y la muerte.

Dentro de esa estrategia de muerte se incluyen las llamadas guerras de cuarta generación o “híbridas”, que combinan el uso de la presión político-económica, los “levantamientos populares” y el terrorismo en sus diferentes expresiones (operaciones subversivas, actuaciones clandestinas y de falsa bandera, guerra por delegación…), incluida la utilización de cuerpos armados irregulares y redes terroristas potenciadas o creadas ad hoc. Se usa también la propaganda mediática, la cibernética y la inteligencia artificial. En buena parte con la inestimable ayuda de Gran Bretaña y su BBC.

Todo esto en un contexto histórico de decadencia capitalista, de crisis estructural sistémica sin perspectivas de recuperación sostenida.

Tenemos, entonces, un capitalismo degenerativo más una potencia hegemónica en declive: una situación perfectamente explosiva. Máxime si consideramos que esa potencia se niega a ser superada y se ha convertido en un monstruo que se revuelve contra todo, incluida su propia población, cada vez más parte de la cual queda ajena los mínimos derechos de ciudadanía [un peligro para el mundo como ya se indicó en EEUU contra el mundo (y contra sí mismo) – Dominio público (publico.es)].

Pero hay también un actor secundario, a la par triste y vil: la UE. Este “supra-Estado” paradigma de la institucionalidad del capitalismo financiarizado, ha decidido seguir sumisamente todos los planes del decadente hegemón, aun a costa de sus intereses vitales. Uno y otros están haciendo de las sanciones político-económicas su principal razón contra países emergentes a los que ya no pueden dominar con el “libre mercado”. Un arma de guerra sucia.

Alegan los líderes y lideresas de la UE que esas sanciones son para hacer respetar los Derechos Humanos. Sería para reír si detrás de eso no hubiera tanta muerte y dolor.

Si quieren sancionar a alguien por no cumplir con los Derechos Humanos, ahí tienen a EE.UU. por las acciones descritas. Si quieren un caso como el de Navalni, pero esta vez cierto, ahí tienen a Assange, perseguido, encarcelado y torturado por denunciar con pruebas los crímenes de EE.UU. (ante el apabullante silencio y complicidad de la mayor parte de la “prensa libre occidental”). Si quieren hablar sobre torturas, ahí tienen Guantánamo (además de las decenas de centros de tormento “clandestinos” que USA mantiene en todo el mundo, a veces a bordo de barcos de guerra). Pero parece que a la servil dirigencia europea no le salen los colores cuando se inventa excusas.

Desesperadas ante el caos sistémico que generan, con debacle económica incluida, y ante su inocultable ineptitud para salvaguardar ni siquiera la salud de sus poblaciones frente a la actual pandemia, las elites del capital global han anunciado en el último Foro Económico Mundial, el Gran Reinicio del capitalismo. Una vuelta de tuerca a la pérdida de democracia, al control poblacional, a la precarización de los mercados laborales, al empobrecimiento generalizado, al deterioro ambiental. Las mismas elites lo anuncian como la convergencia de los sistemas económicos, monetarios, tecnológicos, médicos, genómicos, ambientales, militares y de gobierno. En términos económicos y de política monetaria, el Gran Reinicio implica una consolidación de la riqueza, por un lado, y la probable emisión de una renta básica universal, por otro, para “mantener” a poblaciones sin empleo. Podría incluir el paso a una moneda digital, con una centralización de las cuentas bancarias y de los Bancos, una fiscalidad inmediata en tiempo real, tipos de interés negativos (cobrando cada vez más por tener dinero en el Banco) y una vigilancia y un control centralizados del gasto y la deuda. El Gran Reinicio significa también la emisión de pasaportes médicos, pronto digitalizados, incluyendo la historia médica, la composición genética y los estados de enfermedad. La covid-19 está suponiendo un entrenamiento ideal para que las poblaciones acepten cosas así. El Gran Reinicio acentúa además la guerra como instrumento económico, geoestratégico y de relaciones internacionales, especialmente contra Rusia y China.

Como es obvio, lo que está provocando de momento, por reacción, es un mayor acercamiento entre esos dos países, que intentan tejer también una diplomacia constructiva como contrapeso al caos. China acaba de estrechar lazos estratégicos con Irán; ha propuesto una coordinación con los países árabes, tentando también a Turquía para que se vuelva hacia Asia, y mostrando a India el interés de la Ruta de la Seda, basada en el comercio, la economía productivo-energética y, en definitiva, el beneficio mutuo. Rusia es una potencia energética, fulcro ya insoslayable de Eurasia.

Lamentablemente, todo indica que la UE ha decidido suicidarse al lado del hegemón en decadencia. Irse por el mismo sumidero de la historia que él. Eso quiere decir que la diplomacia “occidental” queda confinada cada vez más a acciones de guerra. Es decir, se niega a sí misma como “diplomacia”. Una loca “estrategia” que acerca precipitadamente al enfrentamiento militar y que pone en riesgo al planeta entero. Una nueva “Guerra Fría” con cada vez más posibilidades de convertirse en caliente y que se ceba en las propias poblaciones europeas como víctimas de otra guerra que acompaña indisociablemente a la anterior: la guerra de clases.

Por Andrés Piqueras | 08/04/2021

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El presidente iraní, Hasan Rohaní. EFE/EPA/PRESIDENTIAL OFFICE HANDOUT

 

"Todavía es pronto y no anticipamos un logro inmediato, ya que hay discusiones difíciles por delante, pero creemos que es un buen paso hacia adelante", ha señalado el Departamento de Estado

Tres años después, EEUU e Irán vuelven a iniciar conversaciones sobre el acuerdo nuclear. De momento no se sentarán en la misma mesa, pero hablarán a través de representantes de otros países en unas conversaciones que arrancan este martes en Viena. El objetivo es el de siempre: que Irán renuncie a desarrollar armas nucleares y que a cambio mejore su situación económica. El contexto, sin embargo, es diferente. Ya se llegó a un acuerdo en 2015, pero Donald Trump lo rompió en 2018. Ahora, en 2021, a Biden le toca recomponerlo.

"Todavía es pronto y no anticipamos un logro inmediato, ya que hay discusiones difíciles por delante, pero creemos que es un buen paso hacia adelante", señaló el portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Ned Price. "Actualmente no esperamos que haya conversaciones directas entre EEUU e Irán en este proceso, aunque EEUU permanece abierto a las mismas".

¿Qué es el acuerdo nuclear iraní y por qué se rompió?

El JCPOA, más conocido como el acuerdo nuclear iraní, es un texto complejo que tardó unos dos años en negociarse. Lo firmaron en 2015 los EEUU de Obama e Irán, además de Rusia, China, Alemania, Francia, Reino Unido y la Unión Europea. En términos generales, todos los países aceptaban levantar las sanciones económicas contra Irán mientras la República Islámica se comprometía a "no buscar, desarrollar o adquirir armas nucleares jamás y bajo ninguna circunstancia".

Para controlar que así fuera, se establecieron controles rutinarios de la Agencia Internacional de Energía Atómica, cuyos inspectores certificaron en todo momento que Irán estaba cumpliendo con su parte. Sin embargo, Donald Trump, cumpliendo una promesa electoral, decidió sacar a EEUU del acuerdo en 2018 y reinstaurar las sanciones. Su gobierno quería una "estrategia de máxima presión" para forzar a Irán a aceptar un "mejor acuerdo", pero la República Islámica respondió negándose a volver a negociar y acelerando, además, su programa nuclear.

¿Por qué ahora vuelven a negociar? ¿No basta con volver a cumplirlo?

Hay varios problemas al respecto. Para empezar, nadie quiere ser el primero en ceder. El negociador nuclear iraní Abbas Araghchi ha dicho que "el retorno de EEUU al acuerdo nuclear no requiere ninguna negociación y el camino está bastante claro", refiriéndose a la retirada de las sanciones. Sin embargo, el gobierno de Biden, que ya ha hecho algún gesto menor, habla de un primer paso que sería volver a la situación anterior, pero exige más.

En EEUU, el propio secretario de Estado ya dijo que el nuevo acuerdo debería ser "más largo y más fuerte" que el anterior, que expiraba en 2030. En Washington, lo que gustaría es que el nuevo texto fuera más allá de lo nuclear y comprometiera a Irán a dejar de apoyar a grupos armados en otros Estados como Siria, Líbano, Yemen... Un acuerdo que fuera algo menos exigente que los ‘12 puntos’ que reclamaba Trump, pero desde luego más ambicioso que el de Obama. El problema, por supuesto, es cómo convencer a los iraníes.

¿Cómo cae esto en Irán?

Los iraníes se sintieron engañados la última vez y eso no ayuda. Su líder supremo, el ayatolá Jamenei, ha dicho recientemente que su país no tiene prisa por revivir el acuerdo: "Ya confiamos en los americanos y cumplimos nuestros compromisos en el pacto nuclear, pero ellos no". Irán exige un levantamiento de las sanciones antes de hablar del resto de cuestiones y es su delegación la que se niega de momento a sentarse en la misma mesa que los negociadores estadounidenses.

La situación es aún más complicada por la cercanía de las elecciones en Irán, que se celebrarán en junio. La impopularidad del actual presidente Rouhani hace difícil que pueda impulsar un acuerdo en tan poco tiempo, pero un hipotético pacto que contara con el apoyo del líder supremo Jamenei sí que podría prosperar. El gran incentivo sigue siendo económico: se espera que el fin de las sanciones suponga un boom económico en un país actualmente ahogado.

¿Cómo cae esto en EEUU?

La oposición política a un acuerdo con Irán fue enorme en 2015 y se mantiene. Los enemigos del pacto nuclear no son sólo los republicanos o el poderoso lobby proisraelí. Entre los demócratas de Biden también hay figuras muy relevantes que lo rechazan. Hace una semana, un grupo de 43 senadores de ambos partidos (del total de 100) envió una carta reclamando al presidente un acuerdo más ambicioso que el anterior y recordándole que, más allá de su programa nuclear, Irán "continúa siendo una amenaza para la seguridad de EEUU y del mundo".

Por supuesto, la política exterior es la parcela en la que cualquier presidente de EEUU cuenta con más autonomía. Biden puede firmar un acuerdo como hizo Obama, pero si lo hace por la vía del decreto, el siguiente presidente puede anularlo en el momento que quiera como hizo Trump. Si quiere darle a ese pacto el valor de un tratado y asegurarse su continuidad después de su mandato, tendría que conseguir el apoyo del Senado para tramitarlo como un tratado y hoy por hoy eso es bastante difícil.

¿Y el resto del mundo?

Además de Irán y EEUU, el pacto de 2015 lo firmaron Rusia, China, Alemania, Francia, Reino Unido y la UE. Todos ellos se mantienen en el acuerdo y han tratado de mantenerlo vivo tras la retirada de EEUU primero y el incumplimiento de Irán después. Ha sido la Unión Europea la que ha confirmado oficialmente el regreso a la mesa de negociación, aunque sea indirectamente, de los dos principales implicados. Todos saben que el primer acuerdo tardó dos años en negociarse y que ahora pueden quedar meses.

Las mayores reticencias, sin embargo, las tienen países que no se sientan en la mesa en Austria, pero que sí cuentan con mucha influencia: los principales aliados de EEUU en la región son enemigos declarados de Irán y del acuerdo nuclear. Hablamos principalmente de Israel, Arabia Saudí y algunos Estados del Golfo. Desde 2015 el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha sido el oponente más activo, pero su actual situación no se lo pone fácil.

'Bibi’ acaba de salir de sus cuartas elecciones en dos años, incapaz otra vez de formar Gobierno. Es difícil calibrar los efectos de una gran pelea con Biden como la que tuvo con Obama. La influencia de su gobierno sobre el Partido Republicano en estos temas sigue siendo enorme. Ese factor, unido a la labor diplomática silenciosa pero efectiva de Arabia Saudí, podría tener cierto impacto sobre las negociaciones.

PorCarlos Hernández-Echevarría

5 de abril de 2021 22:34h

@carlos_hem

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Protección contra la propagación del coronavirus, ayer en La Habana.Foto Ap

Washington. Estados Unidos y Cuba intercambiaron ayer acusaciones de apoyo al terrorismo que derivaron en nuevas presiones a la isla, un día después de que La Habana exigió una "investigación exhaustiva" del reciente ataque contra su embajada en Washington.

El gobierno de Donald Trump incluyó a Cuba en su lista negra "por no cooperar plenamente" en la lucha antiterrorista, alejándose más de los esfuerzos de reconciliación propiciados por su antecesor, Barack Obama.

Cuba se agregó a otros cuatro adversarios (Irán, Siria, Corea del Norte y Venezuela) que no obtuvieron en 2019 la "certificación" requerida por una ley estadunidense contra el terrorismo, paso previo para cualquier venta de armas de Estados Unidos.

Es la primera vez que Cuba aparece en este listado desde 2015, cuando fue retirada en la administración de Obama, quien dio el histórico paso de restablecer las relaciones diplomáticas, rotas desde la revolución de Fidel Castro.

El gobierno de Trump acusó a Cuba de acoger a negociadores del Ejército de Liberación Nacional (ELN), última guerrilla activa de Colombia, quienes viajaron a La Habana en 2017 para sostener conversaciones de paz con emisarios de Bogotá, pero no han regresado.

"La negativa de Cuba a comprometerse de manera productiva con el gobierno colombiano demuestra que no está cooperando con el trabajo de Estados Unidos para apoyar los esfuerzos de Colombia para garantizar una paz, seguridad y oportunidades justas y duraderas para su pueblo", indicó el Departamento de Estado en su informe anual.

La certificación es diferente a la designación de patrocinio estatal del terrorismo, que tiene efectos legales de gran alcance. Cuba fue eliminada de la lista de estados que patrocinan el terrorismo en 2015, aunque la administración Trump ha insinuado que puede volver a ingresarla.

La nación caribeña, que no importa armas de Estados Unidos, se verá poco afectada en la práctica por esta nueva medida. Pero esto no impidió que La Habana rechazara la decisión.

"El Departamento de Estado pone a Cuba en lista espuria de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo, pero no impidió, ni condena, el ataque terrorista del 30 de abril", sostuvo el canciller Bruno Rodríguez, en referencia al ataque a la embajada cubana en Washington, y a la impunidad de grupos violentos en territorio estadunidense.

Alexander Alazo, cubano residente en Estados Unidos, fue arrestado por haber disparado contra la sede diplomática, donde sólo provocó daños materiales. El Servicio Secreto estadunidense, encargado de proteger a funcionarios extranjeros, explicó que a Alazo le habían recetado medicamentos siquiátricos después de quejarse de escuchar voces.

El director general de Estados Unidos de la cancillería cubana, Carlos Fernández de Cossio, tuiteó ayer que Cuba era "víctima del terrorismo", al aludir a acciones de los fallecidos anticastristas Luis Posada Carriles, Orlando Bosch y Guillermo Novo Sampolla.

Desde Bogotá, Miguel Ceballos, el alto comisionado para la paz del gobierno de Iván Duque, celebró la decisión de Estados Unidos.

Duque, aliado de Estados Unidos, interrumpió el diálogo con el ELN después de un ataque con coche bomba en enero de 2019 en una academia de policía de Bogotá que dejó 22 cadetes muertos. Desde entonces exige a Cuba la entrega del equipo negociador del ELN.

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Manifestantes en Hong Kong

Durante estos días se han juntado demasiados asuntos en un triángulo formado por China, Hong Kong y Estados Unidos. A la guerra arancelaria le ha salido una derivada en forma de guerra de divisas, todo esto mientras en Hong Kong se suceden unas protestas multitudinarias que reclaman no caer en la espiral hacia la autocracia que buscan en Pekín. Las dos primeras a menudo se leen como una cuestión económica; la segunda, como un asunto de libertades civiles. Sin embargo, todas ellas están relacionadas y tienen un nexo común: la geopolítica. Pero vayamos por partes.

Cuando Trump se lanzó a la carrera por la Casa Blanca hace prácticamente cuatro años, una de sus fijaciones durante la campaña fue China. Se aprovechaba comercialmente de Estados Unidos, no respetaba la propiedad intelectual, manipulaba la moneda y otro sinfín de ventajas que, más allá del histrionismo trumpiano, eran ciertas. Por ello se propuso revertir todo eso si alcanzaba a la presidencia. Y lo hizo. Uno de sus objetivos ha sido renegociar todos los acuerdos comerciales posibles en favor de Estados Unidos, y China no ha sido una excepción. Como Pekín se ha resistido a esta solución, el presidente simplemente optó por algo que a un hombre de negocios como él se le da bien hacer: apretar a su oponente. Lanzó así a lo largo de 2018 una batería de aranceles sobre casi cualquier producto chino que Estados Unidos importe, algo que no ha hecho sino escalar desde entonces, alternando réplicas chinas y contrarréplicas norteamericanas.

En paralelo a este pulso comercial han surgido protestas en Hong Kong por la polémica ley de extradición a China, que acabó siendo retirada por el enorme rechazo social que generó. Sin embargo, más allá de esta cuestión de derechos políticos, Hong Kong y sus avatares internos son una pieza fundamental en estas dinámicas entre Estados Unidos y China. La pugna política se fundamenta en que los sectores prochinos quieren ir asimilando el sistema hongkonés, que hoy día goza de gran autonomía y bastantes libertades impensables en China, precisamente a ese sistema que impera en la potencia asiática. Por el contrario, la parte más liberal de la sociedad quiere mantenerse en la situación de autonomía actual o bien avanzar hacia la independencia para alejarse todo lo posible de China. Sin embargo, esta situación favorece a la larga a Pekín, ya que el acuerdo de autonomía de Hong Kong entró en vigor cuando este territorio pasó de ser una colonia británica a manos chinas en 1997, y donde se estipulaba que esta autonomía se mantendría durante 50 años –hasta 2047–. Por tanto, ese año China podrá simplemente asimilar de forma total el territorio.

En el contexto de la guerra comercial la importancia de este territorio no es menor: Hong Kong recibe un trato especial en términos comerciales por parte de Estados Unidos gracias a una ley de 1992, la Hong Kong Policy Act. Esta ley se fundamenta en la autonomía del territorio y, a cambio de que se sigan garantizando los buenos niveles de libertad política y económica que existen allí, Estados Unidos se compromete a tratar a Hong Kong como si fuese un país distinto de China en el aspecto comercial. Y de esta situación se beneficia también la República Popular, y mucho. Hong Kong es el segundo destino de las exportaciones chinas tras Estados Unidos, y es que las compañías chinas utilizan este enclave como intermediario para vender su mercancía a otras multinacionales radicadas en el territorio autónomo, que a su vez lo usan para penetrar en la China continental. El gran problema para Pekín de la guerra comercial es que Estados Unidos grava cualquier importación procedente de China. Pero gracias a Hong Kong, los productos chinos pueden esquivar, al menos parcialmente, esos aranceles y así mitigar su impacto gracias a un sistema llamado first-sale rule.

Hasta aquí el panorama no parece excesivamente perjudicial para China. Sin embargo, desde mediados de junio –al poco de empezar las protestas en Hong Kong–, demócratas y republicanos han impulsado en el Congreso estadounidense una nueva ley –aún no aprobada– llamada The Hong Kong Human Rights and Democracy Act para exigir que se identifique a aquellas personas que han cometido violaciones de derechos humanos en la autonomía para poder sancionarlas, así como para crear un procedimiento por el cual, de manera anual, Estados Unidos avale mantener el acuerdo de 1992 vigente teniendo en cuenta que el nivel de autonomía en el territorio hongkonés no se ha visto mermado. Si no, Washington se reserva el derecho de revocar esa prerrogativa comercial y equiparar a nivel comercial la China continental y Hong Kong. En ese supuesto, China perdería una de sus grandes cartas para esquivar los aranceles estadounidenses. Sin embargo, si Estados Unidos llevase a cabo este movimiento, China asumiría muchos menos costes acelerando la asimilación total de Hong Kong. Por el contrario, en Pekín saben que deben ser cuidadosos con no excederse atrayendo al régimen autónomo para no activar la cláusula de Estados Unidos y perder así su gran baza, al mismo tiempo que tiene que evitar que en la excolonia británica prospere un movimiento independentista que pueda hacer que Hong Kong se le acabe escapando de las manos.

En este sentido, China, a pesar de tener la carta hongkonesa, está en clara desventaja en su guerra comercial con Estados Unidos por el hecho de que su balanza comercial con el país norteamericano es enormemente asimétrica: la potencia asiática exporta mucho más a EEUU que al contrario, por lo que está mucho más expuesta a los aranceles que su rival. Así, en vez de seguir escalando en un pulso que tiene perdido, ha optado por llevarse la batalla a otro terreno en el que juega con algo más de ventaja: las divisas.

Para que nos entendamos, el Banco Central Chino tiene bastante más poder de control sobre el tipo de cambio del yuan –la moneda china– que el que tiene la Reserva Federal con el dólar. El primero no flota libremente –su tipo de cambio no viene determinado por la oferta y la demanda del mercado de divisas–, mientras que el segundo sí. Y esa diferencia hace que China pueda devaluar su moneda para ganar cierta competitividad comercial por una vía en la que Estados Unidos no dispone de tal herramienta. Además, esta devaluación supone un reto a Trump de primer nivel: el mandatario había acusado a China de que manipula su moneda para ganar competitividad comercial de forma injusta –porque es cierto–, pero esta jugada de China supone aceptar el órdago de Trump e ir a hacer daño en una herida que, quizás, en la Casa Blanca no se esperaban que Pekín podía atreverse a hacer.

La gran esperanza de China para acabar con este conflicto comercial es que Trump pierda las presidenciales de noviembre de 2020. Hasta el momento, todas las rondas de negociación que se han sucedido entre ambos han sido infructuosas. Es una jugada arriesgada, porque las encuestas no aseguran una derrota del actual presidente y el panorama de candidatos demócratas tampoco apunta a que vayan a presentar una figura de carisma arrollador y visión privilegiada. Por tanto, en este lapso de tiempo hasta los comicios –y quién sabe si con una prórroga de cuatro años más gracias a un nuevo mandato del neoyorquino–, China parece que solo tiene dos opciones: o capitular ante Estados Unidos o continuar la escalada hacia un límite que nadie sabe dónde está.

Por Fernando Arancón - El Orden Mundial

06/08/2019 - 21:13h

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Lunes, 24 Junio 2019 06:41

Cuba: Los conceptos y los hechos

Cuba: Los conceptos y los hechos

 

“Los hechos no pueden ser destruidos por los conceptos”, afirmaba Boileau, poeta y crítico literario francés que vivió entre los siglos XVII y XVIII. Le asistía toda la razón; sin embargo, su comentario puede ser glosado con esta observación: los conceptos sí pueden encubrir, al menos por un tiempo, a los hechos.

El caso del profesor René Fidel González García es una demostración evidente de ocultación, tras el flamante concepto de Estado Socialista de Derecho acabado de aprobar a inicios de año en la nueva Constitución, de una cadena de violaciones conscientes y sistemáticas no solo de la legislación cubana, sino también de convenios sindicales internacionales.

Si se hubiera declarado en huelga de hambre, o se hubiera instalado frente al Consejo de Estado u otra instancia con un cartel que denunciara los atropellos cometidos contra su persona, ya sería tendencia en las redes sociales y quizás se hubieran dignado a atenderlo. Pero este doctor en Ciencias del Derecho, comunista por convicción, ha tenido la paciencia de recurrir a los “canales correspondientes”. Aún espera.

Sus demandas de justicia han llegado al Ministerio de Educación Superior, a la Fiscalía General de la República y a la oficina del Presidente Miguel Díaz- Canel. No obstante, todos los plazos que la Constitución establece para que reciba respuesta se han extinguido.

Quien piense que esto se trata de un asunto relativo al ámbito del derecho laboral es muy ingenuo. La sanción aplicada a René Fidel González García, profesor titular hasta hace tres años de la Universidad de Oriente, le impide trabajar en cualquier otro centro de enseñanza superior de su país, de ese modo lo imposibilitan para ejercer influencia directa sobre la educación de los jóvenes que se forman como futuros juristas en Cuba. ¿Qué delito cometió para recibir tan enorme castigo?

La explicación es sencilla. Decía un profesor latinoamericano de antes de la reforma universitaria: “Nuestra misión no consiste en ayudar a los estudiantes a pensar por sí mismos… Nuestro deber es hacer de modo que piensen como nosotros, o a lo menos como nosotros creemos útil decir que pensamos”. Pues bien, la terrible transgresión cometida por René Fidel González García fue desmarcarse totalmente de una postura como esa e intentar preparar a sus estudiantes con un pensamiento crítico, con un sentido de responsabilidad como ciudadanos y como profesionales del Derecho.

Y lo peor, trató de ser ejemplo de lo que preconizaba. Por ello también publicó artículos en sitios de la blogosfera como este propio blog de La Joven Cuba, sus trabajos defendían una opción marxista de gobierno para Cuba, pero resultaban incómodos para la burocracia política.

La pérdida de prestigio que le atribuyen como pretexto para retirarle su categoría docente y aislarlo de la enseñanza superior es un torpe recurso, negado por las declaraciones de sus antiguos alumnos que han reclamado el regreso del maestro y amigo a la docencia. ¿Ante quién perdió prestigio realmente René Fidel González García? Responder esa pregunta es crucial para entender que aquí de lo que se trata es de un ejemplo clarísimo de discriminación laboral por las ideas políticas del sancionado.

Cuando se debatía el proyecto de constitución publiqué el post Disonancia, en el que manifestaba mi preocupación porque, aun cuando el artículo 1 del proyecto reconocía: “Cuba es un Estado socialista de derecho, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad y la ética de sus ciudadanos, que tiene como objetivos esenciales el disfrute de la libertad política, la equidad, la justicia e igualdad social, la solidaridad, el humanismo, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva”; se apreciaba que en el artículo 40, entre los derechos, libertades y oportunidades que recibían la protección de las autoridades y que no podían ser objeto de discriminación se habían omitido las creencias políticas.

Allí advertía: “Esta incongruencia no puede ser justificada por ningún argumento. Todas las ideologías deben tener igual protección ante la ley, más si el propio artículo 1 reconoce su disfrute como uno de los objetivos de la República”. El modo en que nuestra burocracia resolvió la susodicha incoherencia puede pasar al libro de Récords Guinness de la desvergüenza. Simplemente omitieron una palabrita, una simple palabrita del artículo 1. Donde antes se decía libertad política, quedó escrito así en el documento definitivo de la Constitución: “para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva”.

Saber qué entiende la burocracia por libertad a secas es más de lo que puedo discernir. Lo cierto es que el cambio de redacción parece haberle dado ínfulas para ejercer la discriminación sin ningún tipo de límites. Una de las muchas definiciones de discriminación la considera como: “toda aquella acción u omisión realizada por personas, grupos o instituciones, que produce y reproduce desigualdades en el acceso a recursos y oportunidades —como la salud, la alimentación, la educación o el empleo— en favor o en contra de un grupo social y sus miembros, con base en la pertenencia a una determinada categoría social en lugar de las cualidades o méritos individuales”.

En filosofía moral se define la discriminación como un trato o consideración »desventajosa”. Una persona no tiene que ser dañada para ser discriminada. Simplemente tiene que ser tratada peor que otros por razones arbitrarias. Y arbitrariedad discriminatoria es algo que abunda en el tratamiento que se le ha dado a René Fidel González García.

Estas arbitrariedades desconocen el Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, o convenio n.º 111, uno de los ocho acuerdos fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los Estados partes del convenio se comprometen a promover una legislación que prohíba todo tipo de discriminación y exclusión en cualquier forma, incluyendo “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”.

Cuba es miembro de la Federación Sindical Mundial (FSM), que a su vez es fundadora de la OIT. La oficina regional de la FSM para América Latina se encuentra precisamente en La Habana. Debieran tomar nota los directivos de esa organización acerca del modo en que en este país se discrimina a las personas y se les separa de sus empleos por sus opiniones políticas, incluso cuando estas opiniones sean ideológicamente marxistas y comunistas.

Es posible que muchos de los altos dirigentes que no se han molestado en responder las peticiones de justicia de René Fidel González García piensen que con su actitud están prestando un servicio a la defensa de la Patria. Al parecer siguen a Maquiavelo, que retomaba el concepto planteado por Tito Livio en sus discursos, cuando señalaba: “la patria se debe defender siempre con ignominia o con gloria, y de cualquier manera estará defendida”.

Yo les aseguro que no es así, si la Patria se defiende con ignominia se la ofende. Todos los que no responden a René Fidel González García están ofendiendo a Cuba. Y son muchos los que esperamos respuesta junto a él. Los conceptos ya no pueden encubrir los hechos

 

Por Alina Bárbara López Hernández

(Matanzas, 1965). Doctora en Ciencias Filosóficas. Profesora, ensayista y editora. Trabaja actualmente en Ediciones Matanzas. Es autora de textos sobre el pensamiento político y cultural republicano. Sus artículos y ensayos han sido publicados en revistas especializadas, como Temas, Islas, Matanzas, Calibán, Perfiles de la Cultura y Debates Americanos, entre otras. Ganó el concurso de ensayos de la revista Temas en el año 2007 en la modalidad de ciencias sociales con “Crónica de un fracaso anunciado. Los intelectuales de la República y el socialismo soviético”, y el Concurso Nacional de Ensayos Juan Marinello in Memoriam, 2008. Obtuvo mención del concurso de ensayos de Temas en 2012 por: “Con cristales de larga duración: una mirada a la política cultural comunista anterior a 1959”

Fuente:

https://jovencuba.com/2019/06/14/conceptos-y-hechos

16/06/2019

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Sanciones punitivas contra el pueblo de Venezuela

Los medios televisivos del mundo transmiten el mensaje de que el gobierno de Nicolás Maduro ha provocado una crisis humanitaria. La narrativa es que la mala gestión de la economía que acompaña cualquier proyecto socialista conduce al caos. En muy pocas ocasiones se habla de la historia del régimen que comenzó con Hugo Chávez y de la larga lista de intentos para sabotearlo y derribarlo, comenzando con el frustrado golpe militar de 2002, apoyado por el gobierno estadunidense, como revelan muchos estudios bien documentados.

Venezuela tiene hoy las reservas probadas de petróleo más importantes del planeta: más de 300 mil millones de barriles. Es un crudo pesado, caro de extraer y refinar, pero Estados Unidos no le quita la vista de encima a este recurso. Las exportaciones de crudo generan 98 por ciento de las divisas extranjeras utilizadas por esa economía.

Durante años a nadie pareció preocuparle cuál era el destino de la renta petrolera en Venezuela. El monto del gasto social como proporción del PIB promedió 8 por ciento entre 1990-1998. Cuando accedió Chávez al poder, en 1998, el gasto social se incrementó hasta alcanzar 14.7 por ciento del PIB en 2005. Para entonces todas las alarmas en Washington se habían activado. Desde el principio Chávez fue visto como un enemigo peligroso, en especial porque tuvo apoyo popular masivo.

En 2017 el gobierno de Washington impuso una primera serie de sanciones económicas contra Venezuela. El componente más importante consistía en la prohibición de realizar operaciones financieras en el mercado estadunidense. Como resultado, Venezuela no podía emitir bonos en ese mercado y no podía restructurar su deuda externa. La deuda de la empresa estatal petrolera PDVSA estaba siendo renegociada, pero la restructuración se interrumpió. La empresa venezolana Citgo, con más de 5 mil gasolineras en Estados Unidos, fue impedida de remitir sus ganancias a Venezuela. Se cerraron cuentas de instituciones venezolanas en bancos y entidades financieras estadunidenses, y se terminaron las líneas de crédito. La falta de crédito frenó las operaciones de mantenimiento, compra de refacciones e inversiones que se necesitan para mantener la producción. Estas medidas y sus efectos pasaron casi desapercibidas por el gran público, lo que permite transmitir ahora la impresión de que fue la mala gestión económica del gobierno lo que provocó la crisis. En especial, la caída del flujo de divisas impactó la capacidad de comprar medicinas y alimentos, lo que trajo aparejado un fuerte aumento de la inflación.

El castigo más brutal vino en enero de 2019, cuando Washington cerró a Caracas su mercado más importante de petróleo. Estados Unidos compró un promedio de 586 mil barriles de crudo diariamente en 2018, pero para el 15 de marzo de este año esa cifra se redujo a cero. Y Washington presionó a otros países y empresas para que cancelaran sus operaciones con Venezuela o se hicieran acreedores a sanciones adicionales.

En Venezuela la producción de crudo se colapsó, porque no se puede comercializar el producto y porque ese país carece de instalaciones para almacenar este gigantesco inventario. Pero tanto CNN y MSNBC, como el New York Times y el Washington Post, insisten en que la caída de la producción de crudo revela la incompetencia de Maduro y su gobierno.

Debido a las sanciones de enero de 2019 los activos de PDVSA en Estados Unidos fueron incautados. Con el reconocimiento del señor Juan Guaidó como presidente interino, Washington intensificó la presión y tomó el control de los recursos de Citgo en Estados Unidos. Otras ramificaciones incluyen el embargo de recursos venezolanos por el gobierno de Reino Unido y la suspensión de la cuenta de derechos especiales de giro de Caracas por el Fondo Monetario Internacional.

La falta de divisas impide comprar medicinas y muchos artículos de primera necesidad. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), administrada por tres universidades venezolanas, revela que entre 2017 y 2018 hubo un incremento de 31 por ciento en la tasas de mortalidad general. Este es el resultado directo de la guerra económica contra Venezuela.

Una pregunta clave: ¿son legales las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el gobierno de Venezuela? La respuesta es negativa. La Carta de la Organización de Estados Americanos prohíbe en sus artículos 19 y 20 la interferencia en los asuntos internos de otro país y la imposición de medidas coercitivas. Las sanciones son también ilegales desde otro punto de vista: la Ley de Emergencias Nacionales de Estados Unidos establece que para imponer sanciones debe haber una emergencia nacional en ese país. Pero nada de lo que ha sucedido en Venezuela entraña una emergencia para Estados Unidos.

Toda guerra está basada en el engaño, dice Sun Tzu en su Arte de la guerra. El objetivo de las sanciones en contra del gobierno de Caracas no es iniciar una negociación. Lo que busca esta guerra es castigar a la población para doblegar al gobierno.

Twitter: @anadaloficial

 

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"No hay fuerza, amenaza o bloqueo que pueda apartarnos de nuestros principios martianos" dijo Díaz Canel.

La medida del gobierno de Trump permite reclamar ante cortes estadounidenses propiedades en la isla que fueron expropiadas tras la revolución cubana.

 

Estados Unidos endureció ayer el embargo que pesa sobre Cuba al implementar en su totalidad la ley Helms-Burton. La medida, que no se aplica desde 1996 y desde entonces es repudiada por la Unión Europea, permite reclamar ante cortes estadounidenses propiedades en la isla que fueron expropiadas luego de la revolución cubana. 

Pero la decisión de Estados Unidos de activar por primera vez en23 años el título III de la Ley Helms-Burton no puede leerse si no es a la luz de la crisis política que hoy vive Venezuela. El mismo Trump dijo el miércoles en una entrevista con Fox Business que le proponía a Cuba una nueva apertura si dejaba de ayudar al país caribeño. “A Cuba le espera un embargo muy duro si sigue apoyando a Maduro”, afirmó Trump en referencia al apoyo dirigido a Maduro mientras que Estados Unidos apoya al opositor y autoproclamado presidente Juan Guaidó.


El mandatario cubano, por su parte, ratificó ayer que el bloqueo de Estados Unidos no hará que se aparten de sus principios. “No hay fuerza, amenaza o bloqueo que pueda apartarnos de nuestros principios solidarios, internacionalistas, latinoamericanistas, bolivarianos y martianos”, afirmó Miguel Díaz Canel. Desde su cuenta en Twitter, el presidente subrayó que América Latina y el Caribe es una zona de paz, proclamación que tuvo lugar en La Habana el 29 de enero de 2014 durante la celebración de la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. El gobierno de Trump, en tanto, cree que en Venezuela hay cerca de 25 mil cubanos que presuntamente actúan dentro de la estructura de inteligencia y del sector del militar, algo que Cuba desmintió a la par que acusó a Washington de “mentir descaradamente”. “Mentiras y calumnias que constituyen ofensas contra el pueblo cubano, ofenden también y amenazan la soberanía de los pueblos. A esa perversa práctica acude el imperio para justificar su descalabro en Venezuela. No más mentiras y amenazas. Nuestros pueblos no se rinden”, tuitió Díaz Canel. Pero Cuba no fue el único país en repudiar la aplicación del título III de la ley Helms-Burton sino que también la Unión Europea lamentó “profundamente” la decisión de Estados Unidos.


“La entrada en vigor hoy de esa ley, que estaba suspendida desde su promulgación por el rechazo causado a nivel internacional, supone una violación de los compromisos asumidos en los acuerdos UE-EEUU de 1997 y 1998, que ambas partes han respetado sin interrupción desde entonces”, indicó la alta representante comunitaria para la Política Exterior, Federica Mogherini. La funcionara afirmó además que el nuevo movimiento de Washington originará fricciones innecesarias y debilita la confianza de la asociación transatlántica. Según afirmó Mogherini, la Unión Europea considera que la aplicación extraterritorial de medidas restrictivas unilaterales contraviene el derecho internacional, por lo que aseveró que recurrirá a todas las medidas adecuadas para abordar las consecuencias de la aplicación de la ley Helms-Burton. “Seguiremos trabajando con nuestros socios internacionales, quienes también han manifestado su preocupación a este respecto”, finalizó Mogherini.


La embajadora de Cuba ante la Unión Europea, Norma Goicochea, coincidió con Mogherini. “Nosotros no tememos una fuga de inversiones. Nosotros confiamos en que la UE tomará todas las medidas para proteger a sus inversionistas (...) y prevalezca la decisión de continuar los negocios con Cuba”, aseguró Goicochea.


La entrada en vigor del título III de esta ley da luz verde a las demandas contra empresas multinacionales que operan en terrenos o inmuebles expropiados en Cuba luego de la revolución. Es por eso que desde ahora los ciudadanos estadounidenses (gran parte de origen cubano) que vieron confiscadas sus propiedades en Cuba podrán demandar en los tribunales del país norteamericano a cualquier empresa extranjera que se beneficie de ellas. Esa disposición, activada por la administración de Trump, había sido sistemáticamente suspendida desde su adopción por todos los presidentes estadounidenses para no causar fricciones con sus aliados. “Nosotros esperamos que no existan afectaciones y que la decisión del empresariado de continuar las relaciones con Cuba se mantenga”, aseguró la embajadora ante la UE, que afirmó no tener cifras de las posibles empresas afectadas.


La inversión extranjera es una de las prioridades de la isla caribeña para desarrollar una economía afectada por el bloqueo de Estados Unidos. La UE fue en 2017 el primer inversor extranjero en sectores como el turismo y la construcción.


La Unión Europea, en tanto, prometió llevar el caso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y recordó que cuenta con el llamado estatuto de bloqueo para esquivar la ejecución de sentencias estadounidenses y permitir a las empresas europeas resarcirse. Goicochea expresó su confianza en la eficacia de este estatuto de bloqueo, pero expresó además el interés de Cuba en cualquier instrumento que proteja las relaciones económicas, financieras y comerciales.


En 2017, la isla registró 600 millones de euros en inversión directa procedente de la UE, según la Comisión Europea. Ese mismo año, Cuba atrajo 2.000 millones de dólares, casi la mitad de lo necesario para estimular su economía.

 


 Demanda contra Carnival

Viaje a los tribunales de Miami

 

La empresa de cruceros Carnival fue la primera en ser demandada en los tribunales federales de Miami en el primer día de aplicada en su totalidad la ley Helms-Burton. Las demandas fueron interpuestas por Javier García Bengoechea, que afirma ser el legítimo propietario del puerto de Santiago de Cuba, y Mickael Behn, cuya familia originaria de Kentucky poseía la compañía Havana Docks Corporation en el puerto habanero. En una improvisada rueda de prensa a las afueras de los tribunales de Miami, ambos expusieron las razones de sus demandas acompañados de sus respectivos abogados, pero no dijeron cuánto reclaman a Carnival como compensación. Behn, por su parte, se mostró conmocionado e incluso lloró al mencionar la propiedad “robada” a su abuelo. “Somos los primeros en anunciar demandas en virtud de la ley Helms Burton contra Carnival que fue la primera línea de cruceros en beneficiase de nuestra propiedad robada, por lo que merecen la ignominiosa distinción de ser los primeros en ser demandados bajo esta ley”, declaró Behn. Portavoces de Carnaval, en tanto, se limitaron a señalar que continúan operando los cruceros a Cuba con el calendario que tienen previsto. Según John Kavulich, presidente del Consejo Comercial y Económico EE.UU.-Cuba, las autoridades estadounidenses certificaron 5.913 casos de ciudadanos y empresas de ese país que pueden acogerse en la nueva implementación de la ley por un total de 1.900 millones de dólares, que con los intereses desde hace más de 60 años ascenderían a 8.521 millones. Pero además, afirmó Kavulich, hay otros muchos que podrían demandar incluso sin certificación.


Según afirmó hace pocos días el abogado Bengoechea, tanto su cliente como el otro demandante Behn cumplieron con una suerte de mecanismo de conciliación que ofrece el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Se trata de una carta oficial que se envía a los potenciales demandados advirtiéndoles de que tienen un plazo de 30 días para llegar a algún arreglo extrajudicial. “Todos estamos dispuestos a acordar si nos ofrecen una compensación”, subrayó el abogado Nicolás Gutiérrez. Según la ley Helms-Burton, para poder presentar una demanda la propiedad confiscada debe tener un valor igual o superior a los 50.000 dólares.

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Trump declara la guerra comercial a Cuba

En su larga lista de enemigos internacionales, Donald Trump ha puesto a Cuba en el centro de la diana y parece dispuesto a chocar con los intereses de sus aliados europeos con tal de provocar la caída del gobierno de La Habana. Washington anunció la semana pasada que desbloqueará la totalidad del título III de la ley Helms-Burton que permite denunciar en cortes de Estados Unidos a los norteamericanos o cubanoamericanos que perdieron sus propiedades tras las expropiaciones que tuvieron lugar en el inicio de la Revolución, hace casi 60 años.

La ley, de 1996, consolidó el bloqueo a la isla porque estableció que el Congreso y el Senado deberían autorizar su levantamiento. A pesar de su antigüedad, ni Clinton, ni Bush ni Obama se habían atrevido a llegar al extremo de poner en funcionamiento el título III que se iba suspendiendo cada tres meses. El principal motivo era porque atentaba directamente contra algunos países europeos -teóricamente aliados- con intereses en la isla, pero también porque las demandas potenciales oscilan entre las 75.000 y las 200.000, según el gobierno de Estados Unidos y pueden llegar a colapsar el sistema judicial.


Hace apenas un mes, Trump ya lanzó un aviso con un desbloqueo parcial del título III de la Helms-Burton pero que solo afectaba a unas 200 entidades estatales vinculadas a las fuerzas armadas que mayoritariamente cuelgan del conglomerado militar-industrial GAESA. Estas compañías ya estaban incluidas en la Lista de Entidades Cubanas Restringidas que Washington sancionó hace dos años prohibiendo a sus ciudadanos realizar cualquier tipo de negocio con ellas.


En ese momento, el Departamento de Estado aseguró que la medida no afectaría a la contraparte extranjera de las empresas mixtas como por ejemplo la fábrica del ron Havana Club –con la francesa Pernord Ricard- o, en el caso de España, cadenas como Meliá o Iberostar que operan en hoteles incluidos en la lista en un régimen de explotación. Pero la semana pasada la Casa Blanca hizo extensivas las denuncias a todas las propiedades confiscadas y sin dejar al margen a los socios europeos.


La medida entrará en vigor a partir del 2 de mayo y por el momento ha generado inquietud entre el empresariado europeo que está sujeto a miles de denuncias. Hasta ahora se trataba más bien de una medida simbólica porque, aunque las cortes fallaran a favor de los reclamantes, la justicia americana no tenía forma de obligar a las autoridades cubanas a pagar las indemnizaciones. Con las empresas europeas, podrían ir contra sus activos en Estados Unidos. De aquí la contundente reacción de la Unión Europea que intentará evitar a toda costa este escenario y asegura estar preparada contra estas medidas comerciales que considera "dañinas" e "injustas".


Asimismo, para el experto en relaciones entre Cuba y Estados Unidos, Arturo López-Levy, el propósito de la administración Trump es "distorsionar el clima inversor" en la isla, muy necesitada de capital extranjero después del colapso de Venezuela su principal socio comercial y el retroceso de las relaciones con Estados Unidos. Según López-Levy, esta incertidumbre afectará más a quienes estén pensando en invertir en la isla que no a aquellas que ya llevan tiempo aquí y están acostumbradas a lidiar con este tipo de situaciones.
En declaraciones a EFE, el presidente de la Asociación de Empresarios Españoles en Cuba, Xulio Fontecha, afirmó que todavía es "muy difícil y muy prematuro saber qué va a pasar" y destaca que las principales compañías españolas tienen muy estudiada la situación.


Castigo por Venezuela


Washington justifica la aplicación de estas medidas como un castigo contra Cuba por la ayuda que la isla esta prestando a Nicolás Maduro para ayudarle a mantenerse en el poder. La visión de la administración republicana es que con el acercamiento de Obama el régimen se reforzó por la mejora económica que supuso la llegada de turistas americanos y las oportunidades de inversión que se generaron.


Según López-Levy, Trump está intentando dibujar en la opinión pública un nuevo enemigo exterior con Cuba y Venezuela que le ayude a crear un marco electoral favorable de cara a las presidenciales de 2020. "Si la nueva amenaza es el socialismo, una parte del centro electoral es susceptible de votar republicano solo para evitar que ganen los demócratas que tienen una posición más suave con estos países". Además, añade que algunas de las nuevas figuras del partido demócrata hablan abiertamente de 'socialismo' y que no es difícil que una parte de la población se deje asustar.


Medidas contra la población


Además de las referentes a la Helms-Burton, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, anunció restricciones que afectarán directamente al día a día de los cubanos pese a la intención declarada por Washington de ir con el gobierno y no contra el pueblo.


La más destacada y grave es la limitación del envío de remeses al país a 1.000 dólares por persona cada tres meses que puede tener un efecto devastador para una gran parte de la gente de a pie que buena parte de su bienestar depende de los ingresos que les hacen llegar sus familiares en Estados Unidos. Las remesas son el principal flujo de dinero al país por delante del comercio con Venezuela o Rusia, los principales socios comerciales. Según un informe del think tank con sede en Miami Havana Consulting Group, los cubanos el envío de remesas en efectivo de Estados Unidos a Cuba entre 2008 y 2018 fue de 30.000 millones de dólares.


Trump también ha decidido eliminar los viajes de norteamericanos a Cuba si no es por motivos familiares ya que las otras 11 categorías que permitía la ley se usaban para hacer un tipo de "turismo encubierto". Empresas que organizan visitas de americanos a la isla destacaron que todavía hay mucha "confusión" sobre cómo se llevará a cabo esta medida y que busca sobre todo desincentivar el turismo al país caribeño pero que definitivamente se trata de "una mala noticia para el sector".


El gobierno cubano respondió a estas medidas con una apelación a la soberanía nacional y rechazando el injerencismo norteamericano, pero al mismo tiempo se lanzó un mensaje a la población de que se avecinan tiempos complicados. El mismo Raúl Castro, ya expresidente, salió a la palestra para concienciar a los ciudadanos de lo que se acerca. Aún así, también lanzó un mensaje de optimismo diciendo que no se volvería a un nuevo 'Período Especial' de los años noventa gracias a la mayor diversificación de la economía.


Por el momento, las complicaciones económicas de Cuba se notan en la escasez de algunos productos de primera necesidad, pero que de alguna manera tampoco es del todo ajeno al día a día de los cubanos. El mayor efecto se nota en las perspectivas de los propios cubanos que albiran un futuro complicado, todo lo contrario al optimismo que se respiraba durante los años de la apertura de Obama.

23/04/2019 11:03 Actualizado: 23/04/2019 11:03
Por santi piñol

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Miércoles, 09 Enero 2019 06:02

EU castiga a los venezolanos

John Bolton, durante una comparecencia ayer en la Casa Blanca.

En línea con el afán de Estados Unidos (EU) de derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de imponer en ese país un gobierno favorable a sus intereses, el Departamento del Tesoro del país vecino anunció ayer un nuevo paquete de sanciones contra la nación sudamericana. Entre las medidas económicas hostiles destacan diversas restricciones, prohibiciones y persecuciones comerciales y financieras contra 23 empresas venezolanas y siete personas físicas.


Poco después, el gobierno de Caracas presentó un recurso ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), y advirtió que tanto las restricciones comerciales como la prohibición de viajes a ciudadanos venezolanos incluidos en la “lista negra” de Washington son violatorias de las normas internacionales.


Más allá de tales señalamientos es claro que las represalias económicas y comerciales –que han sido por tradición uno de los instrumentos favoritos del intervencionismo estadunidense en el mundo–, suelen ser un mecanismo políticamente ineficaz, pero terriblemente lesivo para las poblaciones, las cuales acaban pagando las consecuencias en forma de penurias y caídas en sus niveles de vida y bienestar. El caso emblemático de esta consideración es el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba desde hace casi seis décadas: esa medida, universalmente condenada año con año en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ha impedido, en efecto, el crecimento económico de la isla y se ha traducido en un sufrimiento indecible para su población, pero no ha logrado que los cubanos depusieran su determinación de vivir en un modelo político y económico distinto al que Washington pretendía imponerles.


En la circunstancia actual de Venezuela, es evidente que las restricciones a los intercambios internacionales de dos decenas de empresas de ese país incrementarán las carencias, el desempleo y los problemas internos del país sudamericano. Y es paradójico que tales sanciones hayan sido adoptadas bajo el paraguas propagandístico e ideológico que le dio a Washington la declaración emitida el viernes anterior por el Grupo de Lima –que honrosamente la representación mexicana se abstuvo de firmar– en la que se tachó de “ilegítima” la presidencia venezolana, habida cuenta que ese cónclave dice actuar movido por el propósito de ayudar a los venezolanos a superar la crisis política y económica que padecen.
El injerencismo de los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía llegó al colmo de pedir que Maduro se abstuviera de tomar posesión mañana, cuando empieza su nuevo mandato.


Los problemas de Venezuela deben ser resueltos por los ciudadanos de ese país en forma pacífica, mediante el diálogo y la negociación política. La imposición de sanciones comerciales y financieras, así como las agresiones diplomáticas de gobiernos extranjeros no sólo no contribuyen a ello, sino que dificultan el entendimiento entre los venezolanos.

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Emite la ONU-DH resolución contra el gobierno de Maduro

El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó en Ginebra la primera resolución de su historia sobre Venezuela, en la que apremia al gobierno de Nicolás Maduro a aceptar ayuda humanitaria y expresa su profunda preocupación por las "graves violaciones" a los derechos humanos en el país.

La resolución fue adoptada por 23 votos en favor, siete en contra y 17 abstenciones. Cuba –junto a Venezuela– fue el único país americano que votó en contra de la resolución en el organismo intergubernamental de la ONU, integrado por 47 estados.

La resolución expresa la "más profunda preocupación" del organismo "por las graves violaciones a los derechos humanos en un contexto de crisis política, económica, social y humanitaria".

Según la ONU, 2.3 millones de personas han abandonado Venezuela desde 2014.

La resolución fue aprobada justo un día después de que seis países americanos (Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú) oficializaron en Nueva York una petición a la Corte Penal Internacional (CPI) para que investigue a Venezuela por crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014. Canadá se sumó a la iniciativa, pese a que dicho tribunal fue descalificado por Estados Unidos al considerarlo "ilegítimo" y "sin autoridad".

En su resolución, el organismo llamó al gobierno de Venezuela "a aceptar asistencia humanitaria para enfrentar la escasez de alimentos, medicinas y suministros médicos, el aumento de la malnutrición, especialmente entre los niños, y el brote de enfermedades que habían sido erradicadas o controladas en Sudamérica".

La resolución fue impulsada por 11 de los países miembros del Grupo de Lima, que nació el año pasado para presionar a Maduro ante la falta de resultados en la Organización de los Estados Americanos.

Pide además a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que prepare un informe escrito sobre la situación en Venezuela para que lo presente ante el consejo en su 41 periodo de sesiones.

Al cierre de esta edición no se conocía respuesta de Venezuela al texto.

La resolución "marca un punto de inflexión para el pueblo venezolano, poniendo el foco en la crisis humanitaria y de derechos humanos en el país", manifestó el director de Human Rights Watch, John Fisher, quien aseguró que permitirá "presionar" al gobierno de Maduro para que afronte "la crisis de la que es responsable".

Pese al argumento de que los patrocinadores necesitaron descafeinar la resolución para ganar mayoría en un consejo poblado por numerosas no-democracias cercanas a Caracas, el resultado es un "texto embarazoso que tapa abusos manifiestos del régimen de Maduro", manifestó Hillel Neuer, director ejecutivo de UN Watch, organismo que observa a la ONU.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo que Venezuela tiene un gobierno que no respeta ni la libertad ni los derechos humanos.

Maduro se reúne con Rohani y Lavrov

En ese contexto, Maduro se reunió con el presidente de Irán, Hassan Rohani, y con el canciller de Rusia, Serguei Lavrov, el pasado miércoles, al margen de la Asamblea General de la ONU.

Tanto Rusia como Irán han condenado enérgicamente las explosiones provocadas por dos drones durante un desfile militar en Caracas el 4 de agosto pasado, que Maduro asegura tenía como objetivo atentar contra su vida.

"Venezuela e Irán han sido blancos de agresiones y sanciones unilaterales por el gobierno de Estados Unidos, hecho que ambas naciones han rechazado en reiteradas oportunidades haciendo un llamado al respeto por la autodeterminación de los pueblos venezolano e iraní", señaló la cancillería del país sudamericano en un comunicado.

Ambos presidentes conversaron sobre "petróleo, geopolítica y cooperación entre ambas naciones para afianzar las alianzas estratégicas", agregó la cancillería.

Lavrov "trajo muestras de amistad y solidaridad del presidente, Vladimir Putin para afianzar los lazos y objetivos comunes de ambas naciones", tuiteó Maduro tras el encuentro.

A su vez, la embajadora estadunidense ante la ONU, Nikki Haley participó en una manifestación contra el gobierno de Maduro.

 

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