Una imagen de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Nova Santa Rita, del MST, fundada el 30 de junio de 1995.Acervo Coopan

El mayor movimiento social del mundo pretende recaudar 3,5 millones de dólares ofreciendo bonos con una rentabilidad del 5,5% anual, superior a las cuentas de ahorros, en un momento en que se recrudecen los conflictos rurales

 

El mayor movimiento social del mundo quiere plantar su bandera en la meca del capitalismo: el mercado de capitales. El estandarte rojo del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), con la bandera brasileña sobre un fondo blanco, ondeará ahora en las carteras de inversiones. El MST tiene previsto recaudar 3,5 millones de dólares con la emisión de un Certificado de Recibibles de la Agroindustria (CRA), un tipo de título de renta fija utilizado para financiar al productor o a la cooperativa agrícola y que está respaldado por la economía real, es decir, la propia producción. En la práctica, quien esté interesado en financiar las actividades del movimiento puede comprar títulos y tendrá, como retorno, una remuneración prefijada que ronda el 5,5% anual, pagada con el beneficio de la venta de los productos agrícolas. El interés es superior al de las cuentas de ahorro, por ejemplo, que de enero a diciembre de 2020 fue del 2,11%.

En todo el mundo, las iniciativas a favor de un capitalismo consciente están ganando fuerza como aliados en la lucha contra la pobreza y la desigualdad social. Democratizar y diversificar las inversiones es una de las formas de combatir la concentración de dinero en manos de unos pocos, justifican quienes creen en la iniciativa. La oferta pública del MST aceptará inversiones a partir de 100 reales (20 dólares). Se trata de bonos a cinco años, exentos de tributar al IRPF y que incluso pueden negociarse en el mercado secundario de la Bolsa de Valores de São Paulo, en función de su liquidez.

No es la primera vez que el movimiento explora esta alternativa de financiación, considerada más atractiva que los tradicionales (y burocráticos) préstamos bancarios, pero hasta hace poco era un privilegio de los grandes productores. El año pasado, el MST recaudó 294 millones de dólares en una oferta privada para finalizar una fábrica de procesamiento de productos agrícolas de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Nova Santa Rita (Coopan), en el estado de Río Grande del Sur. La cooperativa se fundó legalmente en junio de 1995 y hoy cuenta con 29 familias y 80 socios (40 veteranos y 40 jóvenes), que trabajan principalmente en la producción de arroz ecológico y carne de cerdo, pero también de leche, pan y otros productos para el consumo doméstico.

Ahora el objetivo es más ambicioso: financiar la producción, casi mayoritariamente ecológica, de arroz, maíz, leche, soja, zumo de uva y azúcar moreno de siete cooperativas: Coana, con 231 familias implicadas en la producción; Coapar, con 455 familias; Coopaceres, con 39; Cooperoeste, con 1.700; Cootap, con 609; Copacon, con 350; y Copavi, con 138. El MST no pudo ofrecer una entrevista a EL PAÍS porque se encuentra en período de silencio, durante el cual están prohibidas las manifestaciones en los medios de comunicación que puedan influir en posibles inversores.

La emisión de CRA la llevará a cabo la sociedad gestora de fondos de titulización Gaia Impacto, encargada de transformar los pagarés de productos rurales, emitidos por las cooperativas, en valores mobiliarios. La estrategia, sin embargo, forma parte de un movimiento más amplio de recaudación de fondos llamado Finapop: Programa de Financiación Popular de la Agricultura Familiar para la Producción de Alimentos Sanos. Concebido en colaboración con el economista y exbanquero Eduardo Moreira, declaradamente de izquierdas, el programa Finapop se inspira en iniciativas internacionales alineadas con una economía ética y sostenible. Los interesados podrán reservar sus acciones a partir del 26 de julio en la web de la empresa de corretaje Terra o registrándose en la web de Finapop. “La página ya ha recibido casi 4.000 mensajes de personas que quieren que se les avise cuando se lancen nuevas operaciones”, dice Moreira.

“Finapop es una idea, un deseo, que se basa en el principio de saber qué financian nuestros ahorros. Puede ser que estemos financiando a Taurus cuando somos pacifistas, la cárnica JBS cuando somos veganos o la minera Vale cuando somos ecologistas. ¿Por qué no financiar el mundo en el que creemos?”, argumenta Moreira. El economista también cree que la emisión tendrá una función educativa: mostrar a la gente que las cooperativas agrícolas del MST cumplen con todos los requisitos legales para satisfacer la demanda del mercado financiero. “En este mundo capitalista, donde el mercado es una entidad casi sagrada, la gente verá que no tiene motivos para odiar al MST”, dice.

Moreira es un crítico del modelo de capitalismo que cobró impulso a partir de los años 80 con la desregulación de los mercados y que hoy vive un momento de revisión. “La experiencia de los años 80 mostró una secuencia de crisis sin precedentes. No soy un entusiasta del sistema capitalista actual, pero será difícil deshacerse de él. Por eso hay que limitar la codicia, que roba la productividad y concentra el poder político en manos de unos pocos”, dice el economista, que no está solo en esta cruzada. Cabe recordar la famosa frase que Nicolas Sarkozy, entonces presidente de Francia, dijo en plena crisis financiera internacional de 2008 sobre el fin de la autorregulación: “Hay que refundar el capitalismo (...) porque estamos a dos dedos de la catástrofe”.

En función de la acogida que tenga el MST entre los inversores, existe todo un universo potencial de agricultores familiares que podrían estar interesados en estrechar lazos con el mercado de capitales. El MST cuenta con 160 cooperativas y más de 1.000 asociaciones que agrupan a 450.000 familias en 24 Estados. Desde los años 90, muchas de estas cooperativas han exportado productos como arroz, zumos, frijoles, café y derivados de la caña de azúcar a países de América Latina, Europa y Asia. También en esa época, las cooperativas comenzaron a desarrollar productos agroindustriales a gran escala, que hoy se venden en mercadillos y mercados municipales, especialmente en el sur del país y en São Paulo. Las cooperativas también abastecen a más de 200 municipios a través del Programa Nacional de Alimentación Escolar, así como a cuarteles, prisiones y hospitales. Y han desarrollado su propia red de distribución, las tiendas Armazém do Campo, que atienden a una media de 21.000 personas al mes, como forma de sortear la resistencia de las grandes marcas de supermercados.

Violencia en el campo

La incursión del MST en el mercado financiero se produce en un momento de extrema hostilidad en Brasil hacia los movimientos sociales del campo. Jair Bolsonaro fue elegido en 2019 repitiendo el discurso de que trataría al movimiento que defiende la reforma agraria como una “organización terrorista”. Y eso es lo que ha ocurrido en la práctica. Los datos de la Comisión Pastoral de la Tierra muestran que en el año 2020 los asesinatos a sueldo, expulsiones, desahucios, amenazas de expulsión, amenazas de desahucio, invasiones, destrucciones de campos, casas y propiedades en el campo batieron el récord de la serie histórica iniciada en 1985. Hubo 2.054 sucesos de violencia, un aumento del 8% en comparación con 2019, de los cuales 1.576 fueron conflictos por la tierra, lo que representa una media diaria de 4,31 conflictos y un aumento del 25% en comparación con 2019. Estos conflictos afectaron a 171.625 familias en plena pandemia de coronavirus. Solo entre los pueblos indígenas hubo 656 sucesos (41,6% del total), con 96.931 familias (56,5%) implicadas.

“A la virulencia mortal de la peste se sumó la violencia del capital, avalada por la omisión y la connivencia del Estado”, informa la Comisión Pastoral de la Tierra en su informe anual. Del total de conflictos, el 62,5% se produjeron en la Amazonia Legal, que comprende todos los estados de la región norte, más parte de Maranhão y todo el Estado de Mato Grosso. La región vive un desmantelamiento de las políticas públicas en un momento en que los datos de deforestación acumulan récords. El mes pasado fue el junio con mayor número de incendios de los últimos 14 años en la Amazonia: 2.308, según el Instituto Nacional de Estudios Espaciales. La Comisión Pastoral de la Tierra también registró el asesinato de 18 personas en conflictos rurales el año pasado, entre ellos siete indígenas. Otras 35 personas sufrieron intentos de asesinato (12 indígenas) y 159 fueron amenazadas de muerte (25 indígenas).

“El informe sobre los conflictos de 2020 de la Comisión Pastoral de la Tierra revela que el Brasil de hoy está más cerca de 1500 que de 1988 [año de la Constitución]. En varias regiones del país, los indígenas, los trabajadores rurales sin tierra, los quilombolas [descendientes de esclavos rebeldes], los ribereños [de la Amazonia], los geraizeiros [pueblo tradicional del norte del estado de Minas Gerais], los pescadores artesanales, los vazanteiros [ribereños del cerrado] y los campesinos de fundo e fecho de pasto [que cultivan y pastorean en tierras comunes] son víctimas de procesos de criminalización por sus luchas, especialmente por la tierra y el agua”, afirma Deborah Duprat, abogada y subfiscal general de la República jubilada, en una declaración para el informe. La Comisión Pastoral de la Tierra registró 84 casos de criminalización de los movimientos en 2020, que tuvieron como objetivo a los sin tierra (40), los ocupantes ilegales (24) y los quilombolas (9).

Por Regiane Oliveira

São Paulo - 16 jul 2021 - 0:36 CEST

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Stiglitz celebra las medidas que promuevan al menos una reducción de los paraísos fiscales. . Imagen: AFP

Aseguró que es una oportunidad para potenciar la equidad

El premio Nobel consideró que la tasa de al menos el 15 por ciento es un gran paso adelante. “Pero el diablo está en los detalles", agregó. 

 

El premio Nobel de economía Joseph Stiglitz publicó una columna de opinión a favor del impuesto mínimo global a las multinacionales. En el portal Project Syndicate aseguró que es necesario reforzar los esfuerzos para evitar que las grandes corporaciones se aprovechen de grises legales y fiscales para eludir el tributo. La apuesta para poder reducir el rol de los paraísos fiscales e imponer un impuesto mínimo a las grandes multinacionales puede considerarse como una gran oportunidad para potenciar la equidad global.

“Las empresas pueden evitar pagar su parte justa de impuestos al registrar sus ingresos en jurisdicciones de impuestos bajos. En algunos casos, si la ley no les permite pretender que una parte suficiente de sus ingresos se origina en algún paraíso fiscal, han trasladado algunas partes de su negocio a estas jurisdicciones”, aseguró el premio Nobel.

El ex economista jefe del Banco Mundial consideró que un acuerdo para establecer un impuesto mínimo global de al menos el 15 por ciento es un gran paso adelante. “Pero el diablo está en los detalles. El tipo oficial medio actual es considerablemente más alto. Por tanto, es posible, incluso probable, que el mínimo global se convierta en la tasa máxima”, consideró.

Agregó que una iniciativa que comenzó como un intento de obligar a las multinacionales a contribuir con su parte justa de impuestos podría generar ingresos adicionales muy limitados, mucho más bajos que los 240 mil millones de dólares pagados anualmente. Y algunas estimaciones sugieren que los países en desarrollo y los mercados emergentes también verían una pequeña fracción de estos ingresos.

“La prevención de este resultado depende de garantizar una definición amplia y completa de las ganancias corporativas, por ejemplo, una que limite la deducción de los gastos relacionados con los gastos de capital más los intereses y todos los recursos que agregan la empresas para evitar cumplir sus obligaciones. Probablemente sería mejor acordar una contabilidad estándar para que las nuevas técnicas de elusión fiscal no reemplacen a las antiguas”, consideró.

El economista se mostró muy crítico contra las multinacionales y en una segunda columna de opinión en el mismo portal continuó su crítica mencionando que estas empresas no sólo buscan maximizar ganancias sino que alientan prácticas inmorales en sus operaciones fuera de Estados Unidos. “Los peores abusos cometidos hoy por las corporaciones codiciosas se encuentra la esclavitud infantil. Es posible que los amantes del chocolate de todo el mundo no lo sepan, pero algunos de sus placeres culpables pueden haber sido producidos por niños esclavos”, mencionó.

Detalló que Nestlé, Cargill y otras compañías de alimentos que enfrentan tales acusaciones han evitado responder en audiencia pública. Como estas empresas o sus subsidiarias tienen su sede en los Estados Unidos, argumentó que no son responsables de las “fechorías cometidas en la lejana África”.

“Lo hacen sabiendo muy bien que no existe un sistema legal efectivo en los países donde se explota a los niños. Además, incluso si se emitiera un juicio legal contra estas empresas en el extranjero, pagarían poco. Simplemente trasladarían sus operaciones a otra parte, y sería difícil, si no imposible, para un país pequeño y pobre hacer cumplir cualquier sentencia dictada”, indicó el premio Nobel.

El economista mencionó que junto con Oxfam se presentó un amicus brief a la Corte Suprema norteamericana argumentando que es de interés económico de Estados Unidos responsabilizar a las empresas estadounidenses por conductas ilícitas dondequiera que se cometan. “La responsabilidad social corporativa da sus frutos a largo plazo, tanto para los consumidores como para las empresas, en los países que insisten en ella”, dijo.

Destacó que “los países y las empresas con buena reputación pueden atraer más capital y mejores trabajadores que los competidores menos éticos, y sus productos atraerán a una generación de consumidores más consciente. Los trabajadores jóvenes son especialmente sensibles a lo que hacen y defienden sus empleadores”. 

Stiglitz no dejó lugar a las dudas respecto de su posición de incrementar las regulaciones contra las grandes corporaciones. “¿Cómo podemos asegurarnos de que las empresas no hagan en el extranjero lo que nunca intentarían hacer en casa? La globalización ha impuesto esta cuestión en la agenda a medida que las empresas occidentales han ampliado su dependencia de países pobres con marcos legales muy limitados. La extraterritorialidad no es el problema. Lo que más importa es que terminemos la carrera hasta el fondo. Estados Unidos debería asegurar al mundo que él y sus empresas defienden la decencia”, precisó.

13 de julio de 2021

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El G20 interviene tarde y tibiamente pero es mejor que nada

Impuesto a las multinacionales, distribución de dólares del FMI y acceso a las vacunas

En la peor crisis económica y sanitaria global de los últimos cien años no hubo hasta ahora voluntad de coordinación y cooperación de las potencias para atenuar los inmensos costos de la pandemia. El G20 avanza lento en dar respuestas. La mayoría de los países, entre ellos Argentina, padece agobio financiero y trabas para conseguir vacunas.

Aumentó la concentración de la riqueza, la recuperación económica es divergente y el acceso a las vacunas es desigual entre los países. Estas derivaciones de la peor crisis económica y sanitaria de, por lo menos, los últimos cien años no tuvo y, hasta el momento, no tiene una reacción contundente de coordinación y cooperación global.

Recién 18 meses después del estallido del coronavirus, el G20 intenta abordar las consecuencias dramáticas de la pandemia pero, por ahora, con tibias iniciativas que igualmente habrá que esperar si se concretan y cómo.

En este contexto pésimo para la periferia y, más aún, para países muy endeudados en moneda extranjera, la economía argentina arrastra la inmensa mochila de una deuda impagable con el Fondo Monetario Internacional, y suma también el daño de cuatro años de neoliberalismo del gobierno de la alianza macrismo-radicalismo. El entramado productivo y social debilitado recibió además el rigor de la pandemia, que agudizó la distribución regresiva del ingreso.

Como si todo eso fuera poco, la coalición política-mediática de derecha despliega un obsceno lobby a favor de laboratorios estadounidenses, en especial el de Pfizer (es fundamental tener todas las vacunas sin importar el origen y, ante la emergencia, por ahora no es motivo de debate público los tradicionales manejos turbios del negocio de los laboratorios).

Si no fueran por los oportunos acuerdos del gobierno de Alberto Fernández con Rusia (Sputnik V), China (Sinopharm) y con la alianza Oxford-AstraZeneca, casi el 60 por ciento de la población mayor de 18 años hoy no estaría protegida con una efectiva primera dosis.

El incumplimiento de los contratos de abastecimiento por parte de los laboratorios estadounidenses, especialmente Pfizer en América latina, y las restricciones aplicadas por las potencias a las exportaciones de insumos para la producción de vacunas y de vacunas, con una fuerza política de derecha desatada fomentando los contagios, hubiesen convertido la situación sanitaria local en un drama aún más terrible sin contar con la notable estrategia oficial para conseguir vacunas en cantidad.

El fracaso para mitigar la crisis

En esa debilidad relativa, Argentina participa en el G20, ámbito que empieza a debatir proyectos para salir de la crisis global pero que, por el momento, sólo da respuesta, directa e indirectamente, a los intereses de los países ricos, ya sea la ampliación del capital en DEG del Fondo Monetario Internacional o la definición de un impuesto mínimo a las multinacionales.

Este fin de semana se reunieron los ministros de Economía de los países miembros del G20, y a fines de octubre habrá una cumbre de los respectivos Jefes de Estado, en Italia.

El objetivo argentino junto a otros es ampliar el alcance de esas iniciativas para aliviar la situación financiera y sanitaria de países pobres y también la de ingresos medio. Guzmán consiguió incluir en el comunicado final de ministros del G20 que el FMI revise los "sobrecargos" a la tasa de interés de sus préstamos, que para el caso argentino suman unos 1000 millones de dólares anuales por el crédito inédito y político entregado al gobierno de Mauricio Macri

El G20, club que está bajo el mando de las potencias y que al interior es conducido por el G2 (Estados Unidos y China), fracasó en estos meses trágicos en atenuar los inmensos costos económicos, sociales y humanos causados por la covid-19.

A diferencia de la debacle financiera de 2008 que colocó las economías desarrolladas de Occidente al borde de la cornisa, esta crisis no convocó a los miembros del G20 a buscar una salida conjunta. Por el contrario, las respuestas fueron individuales y esos comportamientos han sido uno de los principales motivos de la prolongación de la pandemia y la actual incertidumbre que existe para la superación plena en el corto plazo.

A nivel discursivo el G20 y el FMI intentan reparar en parte el actual descontrol ante la crisis económica y sanitaria, pero las propuestas que están deliberando son paliativos con escaso impacto para atender los profundos daños de la pandemia.

El debate se concentra en tres planes:

  1. Aplicar un impuesto mínimo global a multinacionales.
  2. Ampliar el capital en DEG del FMI.
  3. Discutir la forma de distribución de vacunas.

Qué países se beneficiarán con el impuesto a las multinacionales

Como se explicó aquí el domingo pasado, la idea de un impuesto mínimo global a las multinacionales altera el escenario de privilegio de los más poderosos, que además evaden el pago de ganancias transfiriendo gran parte de sus utilidades a guaridas fiscales.

Es un avance considerable para una estructura de poder económico mundial concentrada y para interpelar el consenso construido por la derecha acerca de que los ricos o grandes firmas no tienen que pagar muchos impuestos.

Este cambio se explica en que los Estados de los países ricos, luego de instrumentar multimillonarios paquetes de salvataje, quieren sumar recursos para la recuperación de sus economías, además de neutralizar la competencia fiscal de las guaridas. En esa lógica irrumpe el impuesto a las multinacionales.

En esta instancia, luego de remarcar la relevancia histórica de ese proyecto, aparece la discusión sobre cómo será y quiénes se beneficiarán de lo recaudado. Aquí la iniciativa empieza a flaquear en términos de los intereses de la periferia.

Por un lado, existen diferencias acerca de cuál debe ser la alícuota impositiva: el 15 por ciento plantea la OCDE, el 21 por ciento propone Estados Unidos (Argentina apoya esta moción) y el 25 por ciento reclaman países en desarrollo y organismos internacionales independientes. La diferencia de recaudación de cada uno de esos porcentajes es inmensa, que Marcelo Justo precisó en Página/12. Por ahora predomina la idea de una alícuota de 15 por ciento.

Por otro, no hubo avances en definir quiénes van a recibir los fondos que se recauden. Las potencias quieren que sea en los países de origen, mientras el resto sostiene que debe haber un mayor equilibrio en la distribución de esos recursos adicionales con los países en donde las multinacionales desarrollan sus actividades. De este modo, los países más vulnerables captarían parte de esos fondos fiscales, además de que los necesitan más que los países ricos.

Para qué quieren los DEG los países ricos

El FMI ampliará su capital en DEG por el equivalente de 650.000 millones de dólares. Los Derechos Especiales de Giro son la unidad de cuenta del Fondo, cuya cotización surge de una canasta de monedas integrada por el dólar, euro, yen, yuan y libra esterlina. Esos recursos están destinados para la recuperación pospandemia y para fortalecer la red de emergencia covid-19. Ese monto se repartirá entre 190 países y constituye la emisión de capital más elevado de la historia del Fondo.

El detalle no menor es que gran parte de esos recursos se girará a los países ricos. Si bien es mejor recibir esos dólares del FMI sin ningún costo que nada, por caso Argentina sumará unos 4550 millones a las reservas, la distribución es muy desigual.

El reparto se realizará de acuerdo a la cuota (participación) de cada país en el FMI. Estados Unidos posee el 16,52 por ciento, le siguen China con el 6,15, Japón con el 6,09, Alemania con el 5,32, Francia y Gran Bretaña con el 4,03 cada uno, e Italia con el 3,02 por ciento.

Siete países concentran 45,16 por ciento de las cuotas del FMI. O sea, se repartirán cerca de 294.000 millones de dólares del total de esos 650.000 millones, recursos que, en realidad, no necesitan.

La arquitectura financiera internacional se reafirma así desigual y regresiva. La titular del FMI, Kristalina Georgieva, lo reconoce aunque no en toda su magnitud, porque solicita que la reasignación sea en forma voluntaria por unos 100 mil millones de los DEG de los países con solvencia financiera hacia los países vulnerables y de bajo ingreso. De esa forma deja fuera de ese reparto a los países de ingreso medio, como Argentina.

Guzmán llevó a la reunión de ministros de Economía del G20 la propuesta de una redistribución que incluya a economías de ingreso medio. El G20 respaldó la ampliación del capital, a la vez que pidió al FMI una propuesta de reasignación que, en realidad, ya la tiene, como se mencionó arriba. Argentina tendrá que seguir insistiendo para ser incluida en ese reparto adicional.

Sin vacunas para todos no hay salida

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el mundo puede enfrentarse a un "catastrófico fracaso moral" si los países ricos acaparan las vacunas contra el coronavirus en detrimento de los países pobres

El precio de este fracaso será pagado con vidas en los países más pobres del mundo, además dejando abierto el peligro de mutaciones del virus que eludan la efectividad de las vacunas y, por lo tanto, afecten la recuperación de la economía global.

No se trata sólo de la inmoralidad de los países ricos de acumular dosis por encima de sus necesidades, sino que exhiben una impactante miopía acerca del horizonte económico si no hay un control global de la pandemia.

Antes del encuentro de ministros del G20, Georgieva escribió en el blog del FMI "Urgent action needed to address a worsening ‘two-track’ recovery" ("Se necesitan medidas urgentes para abordar un empeoramiento de la recuperación de 'dos ​​vías'). En el texto advierte que las diferencias en la salida económica de los países "son dramáticas" por la disponibilidad de vacunas y las tasas de infección. Reclamó que "es un momento crítico que requiere una acción urgente por parte del G20 y los responsables políticos de todo el mundo".

El FMI estima que un acceso más rápido a las vacunas para las poblaciones de alto riesgo podría potencialmente salvar más de medio millón de vidas sólo en los próximos seis meses. Pone como ejemplo el África subsahariana (49 países)donde menos de 1 adulto de cada 100 está completamente vacunado, en comparación con un promedio de más del 30 por ciento en las economías desarrolladas.

"Las poblaciones no vacunadas en cualquier lugar aumentan el riesgo de que surjan variantes aún más mortales, lo que socava el progreso en todas partes e inflige más daño a la economía mundial", dice Georgieva.

Plantea que el G20 debe tomar como objetivo la vacunación de al menos el 40 por ciento de la población en todos los países para fines de 2021, y el 60 por ciento para la primera mitad de 2022.

Mientras los actuales liderazgos de las potencias no tomen conciencia de que no hay salvación individual en la pandemia parece que ese reclamo sólo es una simple expresión de deseos.

Por Alfredo Zaiat

11 de julio de 2021

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Buscando quitarle atractivo a los paraísos fiscales

El G20 dio su respaldo al impuesto mínimo global

Con la adhesión de 132 países, de los 139 del Grupo de Trabajo de la OCDE, se acordó establecer una tasa mínima global del impuesto a las ganancias a grandes corporaciones del 15%. 

 

Los ministros de Finanzas del G20 aprobaron este sábado en Venecia un acuerdo "histórico" para la imposición de un impuesto a las multinacionales, con el objetivo de poner fin a los paraísos fiscales y que deberá entrar en vigor en el 2023. Se trata de un acuerdo para una arquitectura tributaria internacional "más estable y más justa", que establece un impuesto global de "al menos el 15%" sobre las ganancias de las multinacionales. El Gobierno argentino reconoció que "aunque queda mucho camino por recorrer, estamos frente a un momento histórico, una verdadera oportunidad para coordinar globalmente y terminar con las guaridas fiscales que perjudican a los pueblos de todo el mundo y a sus posibilidades de desarrollo".

Por supuesto, más sería mejor”, recalcó Martín Guzmán durante las deliberaciones. El ministro de Economía aseguró que el acuerdo por una tasa mínima corporativa global es "un paso importante en la dirección correcta, pero todavía quedan aspectos por definirse antes de nuestra próxima reunión".

“Creemos que este año los acuerdos multilaterales tienen más contenido, ciertamente celebramos los avances en el frente de la tributación internacional, también hemos planteado una serie de inquietudes que esperamos se puedan abordar entre estas reuniones y las reuniones de presidentes en octubre", sostuvo el ministro. "A la hora de definir los detalles, las reglas específicas para la revolución fiscal global, pensamos que la idea de un impuesto global mínimo de al menos 15 % es un paso positivo. 

En reuniones anteriores, Argentina había planteado la conveniencia que la tasa que se fijara como impuesto mínimo global a las ganancias fuera del 21%, más lejos de la tasa que cobran algunas jurisdicciones para atraer la radicación de grandes corporaciones no operan desde esa localización, y más cerca de la tasa de impuestos que se cobran en los países donde esas empresas obitenen sus ganancias. 

El mecanismo de aplicación del futuro impuesto mínimo global busca dar respuesta a las maniobras de elusión fiscal que practican grandes corporaciones. Dado los acuerdos entre países para evitar la doble imposición, se contempla que una empresa que obtiene ganancias en un determinado país pero está radicado en otro, si paga su impuesto a las ganancias en el país de radicación, no deba hacerlo también en el que desarrolla su actividad. Ante esta facilidad, muchas grandes empresas globales se radican en países con muy baja tributación (guaridas fiscales), donde pagan un tributo mínimo (un país, por ejemplo, que cobre 6 %) y evitan pagar donde cobran más (Argentina, por ejemplo, 35%, o Estados Unidos, 28%). La radicación en un país de baja tributación resulta, en la mayor parte de los casos, una ficción para simplemente eludir el pago de parte del impuesto. 

El futuro impuesto mínimo obligará a la empresa a declarar cuánto paga en el país de radicación (en el ejemplo dado, 6 %), y estará obligado a pagar en el país donde se genere la ganancia una tasa equivalente a la diferencia entre esa tasa y la tasa mínima del 15% (en el ejemplo, 9 %). La propuesta de elevar la tasa mínima al 21% promovería, entonces, que aumente la obligación fiscal de la empresa multinacional con el país donde obtiene la ganancia (en el caso referido, pagaría 15%, la diferencia entre el 21 de tasa mínima y el 6 que pagará en el país de radicación).

Al exponer en la sesión sobre Tributación Internacional del G20, en Venecia, Guzmán destacó "el compromiso para celebrar este paso importante a nivel internacional para combatir la elusión fiscal por parte de corporaciones multinacionales".

Desde el punto de vista de las economías en desarrollo, afirmó, "un aspecto que debe abordarse es la prohibición de medidas unilaterales para el universo de corporaciones internacionales, que es más grande que el alcanzado por la propuesta". Guzmán confió en "poder trabajar juntos los detalles y crear un sistema que se adapte al mundo actual".

"Sin duda respaldaremos esa propuesta. Al final, todos queremos tener más capacidad de política pública para mejorar el bienestar de los pueblos de todas las naciones", concluyó.

Apoyo global

Los países que representan el 85% del PIB mundial quieren gravar de forma justa a los gigantes digitales que evaden en gran medida los impuestos.

Varios miembros del G20, como Francia, Estados Unidos y Alemania, hicieron campaña por una tasa superior a 15%, pero varios miembros del grupo de trabajo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), como Irlanda o Hungría, siguen sin dar señales de respaldo.

Durante la jornada, las islas de San Vicente y Granadinas, en cambio firmó el acuerdo, según la página de OCDE, por lo que se llegaría a 132 países a favor.

En la declaración, los ministros lanzaron un llamamiento para que se obtenga la aprobación de todos los 139 miembros del grupo de trabajo de la OCDE que agrupa a países avanzados y emergentes.

La reforma se propone distribuir equitativamente entre países el derecho a gravar las ganancias de las multinacionales y apunta a las "100 empresas más rentables del mundo, que por sí solas realizan la mitad de las ganancias mundiales", explicó Pascal Saint-Amans, director del Centro de política y administración fiscal de la OCDE.

El impuesto mínimo global afectaría a menos de 10.000 grandes empresas, es decir aquellas cuya facturación anual supere los 750 millones de euros (US$ 890 millones).

Una tasa mínima efectiva del 15% generaría ingresos adicionales de US$ 150.000 millones de dólares al año, según la OCDE.

10 de julio de 2021


Países emergentes con el FMI

Un mundo asimétrico

11 de julio de 2021

"La mayor preocupación a la que se enfrenta la economía mundial son las asimetrías entre las economías avanzadas y las economías en desarrollo para lograr una recuperación sostenible", afirmó el ministro de Economía, Martín Guzmán, en la reunión de los países emergentes del G20 con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

Los ministros y presidentes de bancos centrales respaldaron la propuesta del Directorio del FMI de una nueva asignación general de Derechos Especiales de Giro (DEG) por un importe equivalente a 650 mil millones de dólares que contribuirá a inyectar liquidez internacional para potenciar la recuperación de la economía mundial post pandemia. Instaron a su rápida implementación antes de finales de agosto.

Además, pidieron al FMI que para incrementar significativamente el impacto de la asignación, presente rápidamente opciones viables para que los países canalicen voluntariamente una parte de sus DEG asignados para ayudar a los países vulnerables a financiar recuperaciones económicas más resistentes, inclusivas y sostenibles y gastos relacionados con la salud, por ejemplo, mediante la creación de un nuevo fondo fiduciario.

En su intervención, Guzmán subrayó: "Vemos un mayor apoyo, un apoyo más fuerte para incluir a los países de ingresos medios en el grupo que consigue reasignaciones de los DEG (derechos especiales de giro)".

"¿Qué podemos hacer al respecto desde el multilateralismo?", se preguntó, y señaló en ese sentido la cuestión de las asignaciones de DEG: "Celebramos una nueva asignación de US$ 650.000 millones y celebramos el liderazgo positivo que lo hizo posible y ahora es un momento en el que estamos discutiendo cómo se reasignarán los nuevos DEG", dijo.

Sobretasas

Pero también advirtió que "la política de sobrecargos está penalizando a los países que se encuentran en circunstancias más adversas y es cada vez más problemática para los países de ingresos medios". Según el ministro argentino, "esta política es regresiva y procíclica, y depende de nosotros hacer ese cambio".

"El FMI impone sobrecargos de 200 puntos básicos para los créditos pendientes de pago por encima del 187,5 por ciento de la cuota y también de hasta 100 puntos básicos que dependen del tiempo que se tarda en pagar el crédito pendiente". "En algún momento, esta política fue una forma de abordar las preocupaciones sobre el riesgo moral; esto no es lo que está sucediendo ahora", consideró.

Para Guzmán, esta política está "penalizando" a los países que se encuentran en circunstancias más adversas y es cada vez más problemática para los países de ingresos medios, porque prácticamente todos los países de ingresos medios que soliciten un programa del FMI estarán pidiendo un acceso excepcional. "No vemos nada excepcional en el llamado acceso excepcional, por lo que es regresiva y procíclica, y depende de nosotros hacer ese cambio", enfatizó.

Guzmán sostuvo que "estas son acciones ciertas que podemos llevar a cabo para tener unas condiciones de recuperación más equitativa".

Desigualdad y vacunas

También hubo referencias durante el encuentro entre países emergentes y la conducción del FMI al impacto de la pandemia en la economía global. "Todos queremos volver a la normalidad, una mejor normalidad que la que teníamos antes del Covid-19", sostuvo Guzmán al respecto.

"Cuando se trata de políticas para la recuperación, queremos enfatizar que ahora estamos viviendo tiempos de tremenda incertidumbre, pero también tiempos de esperanza". Y remarcó que las mismas asimetrías que se dan entre economías avanzadas y en desarrollo para enfrentar la crisis económica, se replican frente a la crisis sanitaria. "Asimetrías en términos de acceso a vacunas, pero también en términos de capacidad de financiamiento de políticas para la recuperación económica en el corto y mediano plazo".

 

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Wall Street. Henry Han

La economía imperante ignora las cuantiosas intervenciones públicas que requiere el capitalismo de ‘libre mercado’

 

El principio más básico que sustenta la economía neoliberal mantiene que el capitalismo de libre mercado –o al menos una buena aproximación a él– es el único marco eficaz para lograr un bienestar económico generalizado. Desde este punto de vista, solo los mercados libres pueden aumentar la productividad y el nivel de vida medio, al tiempo que proporcionan altos niveles de libertad individual y resultados equitativos en materia social: los grandes gastos públicos y las regulaciones estrictas son, simplemente, menos efectivos.

Estas premisas neoliberales han dominado la política económica de Estados Unidos y de todo el mundo durante los últimos cuarenta años, empezando con la elección de Margaret Thatcher en el Reino Unido y de Ronald Reagan en Estados Unidos. La máxima de Thatcher de que “no hay alternativa” al neoliberalismo se convirtió en un grito de guerra que reemplazó lo que había sido, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el predominio del keynesianismo en la creación de políticas económicas globales que, por el contrario, consideraba que las intervenciones gubernamentales a gran escala eran necesarias para lograr estabilidad y un nivel razonable de justicia bajo el sistema capitalista. Esta ascendencia neoliberal ha sido respaldada por una abrumadora mayoría de economistas profesionales, incluidos lumbreras como los premios Nobel Milton Friedman y Robert Lucas.

En realidad, el neoliberalismo ha dependido de unos niveles enormes de apoyo gubernamental durante toda su existencia. En múltiples ocasiones, el orden económico neoliberal global podría haberse venido fácilmente abajo y haber alcanzado los niveles de la Gran Depresión de la década de 1930, de no ser por las numerosas intervenciones estatales. Para su supervivencia, han sido esenciales los rescates estatales y las inyecciones de gasto público de emergencia financiadas con préstamos –es decir, gasto deficitario–, así como las acciones de los bancos centrales para apuntalar a las entidades financieras y los mercados al borde de la ruina.

Por lo tanto, los rescates no solo han salvado repetidamente al capitalismo neoliberal durante períodos de crisis, sino que también, en consecuencia, han reforzado las tendencias más malignas del neoliberalismo. En 1978, justo antes del auge del neoliberalismo, los directores ejecutivos de las 350 corporaciones estadounidenses más importantes ganaban 1,7 millones de dólares, 33 veces los 51.200 dólares que ganaba el trabajador medio no supervisor del sector privado. A partir de 2019, los directores ejecutivos ganaban 366 veces más que el trabajador medio, 21,3 millones de dólares frente a 58.200 dólares. Dicho de otro modo, bajo el modelo neoliberal, el salario de los grandes directores ejecutivos corporativos de Estados Unidos aumentó más de diez veces respecto al del trabajador medio estadounidense. Esta curiosa conjunción –un desprecio teórico hacia el Estado junto con una dependencia práctica de él– se ha convertido en un socialismo de boquilla para las grandes corporaciones, Wall Street y los ricos, y en un capitalismo que replica aquello de “que coman pasteles” para los demás. 

La pandemia y la recesión provocadas por la  covid-19 han demostrado con creces cómo funciona el neoliberalismo en la práctica. Durante la pandemia, el empleo y la actividad económica general cayeron precipitadamente en todo el mundo, ya que importantes sectores de la economía mundial se vieron obligados a entrar en modo confinamiento. Según el Fondo Monetario Internacional, la actividad económica general (PIB) se contrajo un 3,5 % en 2020 en un “grave hundimiento… que ha tenido profundos efectos adversos en las mujeres, los jóvenes, los pobres, los trabajadores empleados de forma irregular y aquellos que trabajan en sectores que requieren un contacto estrecho con otras personas”. Sin embargo, durante el mismo período, los mercados globales se dispararon. En Estados Unidos, casi el 50 % de la población activa solicitó prestaciones por desempleo entre marzo de 2020 y febrero de 2021. Sin embargo, durante este mismo período, los precios de las acciones de Wall Street –medidos, por ejemplo, por el índice Standard and Poor’s 500, un indicador del mercado global– aumentaron un 46%, uno de los incrementos más acusados registrados en un año. Además, este aumento no reflejó simplemente la recuperación experimentada  por el mercado de valores estadounidense tras la pandemia y el confinamiento. En febrero de 2021, el índice Standard and Poor's 500 también era un 38 % más elevado que dos años antes, en marzo de 2019, nueve meses antes de que la covid-19 fuera reconocida como patógeno humano. Y el ascenso del mercado de valores de 2020 comenzó meses antes de que hubiera alguna evidencia clara de que la economía se estaba recuperando del confinamiento. Todas estas ganancias son el resultado de intervenciones gubernamentales a gran escala: se concedieron rescates, sobre todo, para impulsar los mercados financieros y ayudar a los ricos.

Neoliberalismo de manual versus iniciación al rescate financiero

En la economía de manual se supone que los movimientos de los mercados financieros reflejan las condiciones subyacentes en la economía real en la que se generan bienes y servicios, se contrata y se paga a los trabajadores, y las empresas se benefician o no al tratar de vender sus productos. En este escenario, cuando las empresas despiden trabajadores, estos sufren pérdidas de ingresos y reducen gastos, lo que significa que es probable que las empresas tengan dificultades para vender sus productos. En consecuencia, sus ganancias deberían caer. A medida que aumenta el desempleo y disminuyen las ganancias, el valor de estas empresas, expresado en sus cotizaciones bursátiles, debería disminuir. Este no ha sido el caso durante el año pasado –puesto que las disparidades entre las condiciones de la economía real y los mercados financieros aumentaron– porque los gobiernos emprendieron operaciones de rescate generalizadas ante la pandemia.

En marzo de 2020, con Donald Trump en el poder y los republicanos con el control del senado de Estados Unidos, el Gobierno federal promulgó la Ley CARES, un programa de estímulo de dos billones de dólares equivalente a aproximadamente el 10 % del PIB de Estados Unidos. Más del 40 % de la financiación total –alrededor de 850.000 millones de dólares– se destinó a préstamos y subvenciones para empresas, con vagos requisitos como el modo en que se emplearían estos fondos. Por ejemplo, las grandes empresas podrían recibir un préstamo y aun así despedir hasta el 10 % de sus empleados, mientras que las empresas más pequeñas podían recibir préstamos o subvenciones sin el compromiso de mantener a ningún empleado. A discreción del secretario del Tesoro, las corporaciones podrían incluso participar en recompras de acciones para aumentar el precio de sus acciones con los fondos. La Ley CARES proporcionó una ayuda única en efectivo a las personas que ganaban 75.000 dólares o menos y una cantidad significativa, aunque temporal, de ayudas al seguro de desempleo para trabajadores despedidos. En diciembre, a la ley CARES le siguió la ley COVID Relief 2020, presupuestada en 900.000 millones de dólares, otra inyección del 4 % del PIB. Aproximadamente el 33 % de los fondos de la ley se destinó a una ronda adicional de crédito y subvenciones a empresas.

Juntas, las leyes de Ayuda CARES y COVID Relief supusieron cerca del 14 % del PIB de Estados Unidos en 2020, un aumento sin precedentes del gasto deficitario del gobierno federal en tiempos de paz. Sin embargo, estas medidas de estímulo generalizado fueron superadas por los casi cuatro billones de dólares gastados en intervenciones de la Reserva Federal –casi el 20 % del PIB de Estados Unidos– para garantizar que Wall Street se mantuviera a flote. Más significativo todavía: la Reserva Federal compró activos financieros –incluidos bonos del Tesoro de Estados Unidos, valores respaldados por hipotecas e incluso bonos basura corporativos en poder de fondos del mercado monetario, agentes de capital privado y bancos– que garantizaran que estas empresas estuvieran bien abastecidas para sobrevivir a la crisis. Esta gigantesca inyección de efectivo impulsó el mercado de valores y otros mercados financieros de Estados Unidos, lo que a su vez reprimió el pánico incipiente y provocó un repunte en los precios de las acciones. El aumento del mercado de valores fue avivado aún más por la Reserva Federal, que eliminó casi totalmente el tipo de interés a corto plazo que controla. Por lo tanto, los operadores de Wall Street podían pedir prestado dinero barato para comprar acciones.

Las políticas de intervención en otros países de ingresos altos siguieron trayectorias muy similares durante la pandemia. El Banco de Pagos Internacionales (BPI) describió estas medidas como “sin precedentes” en “tamaño y alcance”. Al igual que en Estados Unidos, las intervenciones proporcionales más importantes consistieron en reforzar directamente los mercados financieros a través de medidas como la compra de activos y la garantía de préstamos frágiles. El BPI calculó que estas intervenciones superaron el 30 % del PIB en Alemania e Italia, más del 20 % en Japón y aproximadamente el 15 % en el Reino Unido y Francia.

Es cierto que estas operaciones de rescate global de 2020 se debieron a la pandemia de covid, no por el fracaso de las políticas económicas neoliberales. Pero las mismas operaciones de rescate desplegadas para contrarrestar los confinamientos por el virus también se han utilizado con frecuencia, y cada vez con mayor fuerza, desde el comienzo de la era neoliberal, a principios de la década de 1980.

De hecho, solo hace trece años, en 2008, que la hiperespeculación de Wall Street puso de rodillas a la economía mundial durante la Gran Recesión. Para evitar una depresión similar a la de la década de 1930, en ese momento, los responsables de las políticas económicas de todo el mundo –incluidos Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, China, India y Brasil– promulgaron medidas extraordinarias para contrarrestar la crisis que provocó Wall Street. Al igual que en 2020, entre estas medidas figuraban rescates financieros, políticas monetarias que prácticamente eliminaban los tipos de interés controlados por el banco central y programas de estímulo fiscal a gran escala, financiados por grandes aumentos del déficit del gobierno central.

En Estados Unidos, el déficit fiscal alcanzó los 1,4 billones de dólares en 2009, lo que equivale al 9,8 % del PIB. Del mismo modo, el déficit rondó los 1,3 billones de dólares en 2010 y 2011, lo que representa cerca del 9 % del PIB en ambos años. Se trata de los mayores déficits en tiempos de paz antes de la recesión de 2020 por la covid. El déficit fiscal del gobierno federal había alcanzado un promedio del 1,7 % del PIB en los cincuenta y ocho años anteriores, entre 1950 y 2008. Como porcentaje del PIB, el déficit de 2009 a 2011 se disparó más de cinco veces en relación con el promedio posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Al igual que con la crisis de 2020, las intervenciones de la Reserva Federal para apuntalar a Wall Street y a las empresas estadounidenses fueron incluso más importantes que las políticas de gasto deficitario del gobierno federal. Un cuidadoso estudio de 2017, llevado a cabo por Better Markets, calculó que el nivel general de apoyo al mercado financiero entre 2009 y 2012 fue de 12,2 billones de dólares, cerca del 20 % del PIB por año. Además, esta cifra total no incluye la financiación total activada en 2009 para rescatar a General Motors, Chrysler, Goldman Sachs y el gigante de los seguros AIG, que se enfrentaban a una caída en picado en ese momento. Es difícil imaginar la forma en que el capitalismo estadounidense podría haber sobrevivido en ese momento si, siguiendo los verdaderos preceptos del libre mercado en contraposición a la práctica real del socialismo de boquilla neoliberal, se hubiera permitido que estas y otras firmas estadounidenses icónicas se hundieran.

Durante la Gran Recesión, en Europa prevalecieron patrones similares. Entre los entonces veintisiete países de la UE, los déficits fiscales para 2009 alcanzaron un promedio del 6,8 % del PIB, en comparación con un promedio del 1,8 % entre 2001 y 2007. De acuerdo con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE, establecido en 1997 como un medio para consagrar un proyecto neoliberal en todo el continente, no se permitió que los déficits fiscales anuales superaran el 3 % del PIB, salvo en recesiones profundas. Se esperaba que tales recesiones fueran escasas y espaciadas, con la expectativa adicional de que adherirse a los preceptos de la política neoliberal era la mejor manera de garantizarlo.

El Banco Central Europeo también llevó a cabo un programa de rescate general para apuntalar a los mercados financieros europeos. El entonces presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, describió estas medidas como “un conjunto excepcional de herramientas políticas no convencionales” que tuvieron que implementarse porque “la especulación y el juego financiero se habían generalizado”. Estas medidas incluían la práctica eliminación de los tipos de interés del Banco Central y la entrega de lo que Trichet describió como cantidades “ilimitadas” de efectivo a los bancos europeos en dificultades prácticamente sin intereses.

Las operaciones de rescate de este tipo han tenido lugar con una regularidad mecánica a lo largo de la era neoliberal, empezando con Reagan. En 1983, con Reagan, el gobierno de los Estados Unidos alcanzó un máximo de gasto deficitario federal en tiempos de paz, el 5,7 % del PIB. En ese momento, Estados Unidos y la economía mundial todavía estaban sumidos en la segunda fase de la doble recesión que duró de 1980 a 1982, mientras que Reagan se enfrentaba a la campaña de reelección de 1984. Por supuesto, tanto como candidato político como durante su presidencia, Reagan predicó que el gobierno intervencionista era el problema, no la solución. Sin embargo, Reagan no dudó en ignorar su propia retórica al dirigir un rescate fiscal masivo cuando lo necesitaba.

Después del rescate de 1983, vimos que los precios del mercado de valores mundiales cayeron aún más bruscamente que en 1929: el Lunes Negro de octubre de 1987; la crisis del ahorro y el préstamo de 1989 y 1990; el colapso de los “mercados emergentes” de 1997-1998; y el estallido de la burbuja de Wall Street de las empresas puntocom en 2001. Sin las operaciones de rescate a gran escala del gobierno, todos y cada uno de esos momentos habría provocado fácilmente una quiebra al estilo de la década de 1930.

De hecho, en febrero de 1999, la revista Time publicó un efusivo artículo de portada inmediatamente después del desplome de los mercados emergentes que hundió, entre otros, a Long-Term Capital Management, el superfondo de inversión dirigido por dos premios Nobel especializados en finanzas. El artículo denominó al entonces presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan; al secretario del Tesoro, Robert Rubin; y al subsecretario del Tesoro, Lawrence Summers, “el comité para salvar al mundo”, debido a su capacidad para ejecutar operaciones de rescate global. Describía el modo en que “un fondo de inversión bendecido por dos premios Nobel saltaba por los aires en una tarde, casi llevándose por delante a Wall Street” y que “Brasil está en vilo, lo que significa que también lo está el resto de América Latina”, y sin embargo, “estos chicos” evitaron “un desastre casi ineludible”.

Greenspan, Rubin y Summers lograron apuntalar el neoliberalismo global durante tan solo dos años más antes de que la burbuja de las puntocom requiriera otro rescate. Pero la intervención de 2001 terminó siendo un mero precalentamiento para la operación de rescate de 2008-2009. Aun así, Greenspan, Rubin y Summers siguieron siendo fervientes defensores del orden neoliberal global, y aparentemente no vieron ninguna contradicción entre el requisito persistente de rescatar al neoliberalismo de los desastres inminentes y su creencia fundamental de que “tratar de desafiar las fuerzas del mercado global es, en última instancia, inútil”.

Su punto de vista fue compartido entonces y sigue siendo compartido hoy por la abrumadora mayoría de economistas en activo, dentro y fuera del ámbito académico. Por ejemplo, en sus muy influyentes estudios sobre las causas de la Gran Depresión de la década de 1930, el fallecido economista ganador del premio Nobel y ferviente defensor del libre mercado, Milton Friedman, argumentó que la Reserva Federal de Estados Unidos debería haber intervenido después del hundimiento de Wall Street en 1929 para estabilizar el sistema bancario. Sostenía que la Reserva Federal podía operar como un “prestamista de última instancia”, es decir, podía proporcionar fondos de rescate a los bancos en quiebra cuando ningún prestamista privado estuviera dispuesto a otorgarles crédito. Sin embargo, Friedman nunca cuestionó cómo esta observación podría entrar en conflicto con su posición general de que las economías capitalistas operan más eficazmente con niveles mínimos de intervención gubernamental, incluido un papel mínimo de la Reserva Federal.

De manera similar, Robert Lucas –otro economista muy influyente ganador del premio Nobel y defensor del libre mercado– comentó, durante el desplome financiero global de 2008, que en ese momento apoyaba los rescates de acreedores de último recurso, ya que “todo el mundo es keynesiano en una trinchera”. Sin embargo, como Friedman, Lucas nunca integró esta posición en sus modelos analíticos que pretenden demostrar que las economías capitalistas funcionan mejor en ausencia de la intervención del gobierno. Al igual que figuras contemporáneas de la talla de Friedman y Lucas, no existe, que sepamos, un solo manual de economía convencional que reconozca los rescates como una herramienta de política indispensable para permitir que el capitalismo continúe funcionando.

El ‘paradigma de Wall Street’ de Minsky

Ha habido economistas fuera de la corriente principal que, claramente, argumentan la importancia fundamental de las políticas de rescate. La figura más importante en este campo es Hyman Minsky. Minsky pasó la mayor parte de su carrera académica en la Universidad de Washington, en St. Louis, y permaneció activo profesionalmente hasta su muerte en 1996: fue el analista más perspicaz de su generación especializado en mercados y crisis financieras.

Minsky sostenía que los rescates son fundamentales para el capitalismo en el contexto de su enfoque general sobre macroeconomía, al que denominó el “paradigma de Wall Street”. Dentro de su paradigma de Wall Street, Minsky formuló una “hipótesis de inestabilidad financiera” mediante la cual explicaba que permitir que los mercados financieros operen libremente produce inevitablemente recesiones y crisis graves. Estas no tienen lugar como resultado de errores políticos y de cálculo, aunque estos errores son ciertamente frecuentes. Para Minsky, la inestabilidad financiera y las crisis surgen de la lógica de la propia actividad del mercado capitalista.

La clave de Minsky para comprender la inestabilidad financiera fue investigar los cambios en la psicología de los inversores a medida que la economía sale de un período de crisis y recesión (o depresión) y entra en una fase de aumento de las ganancias y el crecimiento. Al salir de una crisis, los inversores tienden a ser cautelosos, ya que la recesión que acaba de terminar habrá dejado a muchos de ellos damnificados. Por ejemplo, mantendrán grandes reservas de efectivo como colchón para protegerse contra futuras crisis.

Sin embargo, a medida que la economía sale de su depresión y aumentan los beneficios, las expectativas de los inversores se vuelven cada vez más positivas. Crecen ansiosas por emprender operaciones altamente especulativas debido a la promesa de generosos rendimientos, al mismo tiempo que están más dispuestos a dejar que sus reservas de efectivo disminuyan, ya que el efectivo inactivo no genera ningún beneficio. Pero estos movimientos también debilitan las defensas de los inversores contra la próxima recesión. Por eso, según Minsky, los repuntes económicos sin regulaciones fomentan inevitablemente los excesos especulativos que provocan burbujas financieras. En un entorno no regulado, explicó Minsky, la única forma de eliminar las burbujas es dejarlas estallar. Los mercados financieros luego entran en crisis, lo que resulta en una recesión o depresión.

Aquí llegamos a una de las ideas cruciales de Minsky: las crisis financieras y las recesiones tienen un propósito en las operaciones de una economía de libre mercado, incluso cuando causan estragos en las vidas de cientos de millones de inocentes que nunca invierten un centavo en Wall Street. A su juicio, sin crisis, una economía de libre mercado no tiene forma de desalentar las inclinaciones naturales de los inversores hacia mayores riesgos en la búsqueda de mayores ganancias.

A raíz de la Gran Depresión, el economista británico John Maynard Keynes lideró la revolución intelectual que tenía como objetivo diseñar un marco de políticas dentro del capitalismo que pudiera suplantar las crisis financieras como regulador incorporado del sistema. Este fue el contexto en el que se creó un capitalismo de gobierno intervencionista tras la Segunda Guerra Mundial. El paquete incluía dos elementos básicos: regulaciones diseñadas para limitar la especulación y canalizar los recursos financieros hacia inversiones socialmente útiles, como viviendas asequibles, y operaciones de rescate del gobierno para prevenir depresiones al estilo de los años treinta cuando estallaran las crisis.

Minsky vio este sistema de regulaciones y operaciones de rescate como un gran éxito. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de la década de 1970, los mercados de Estados Unidos y el extranjero fueron mucho más estables que en cualquier período histórico anterior. Pero incluso durante los años del New Deal y el período inicial posterior a la Segunda Guerra Mundial, los titanes de los mercados financieros de todo el mundo lucharon con vehemencia para eliminar, o al menos modificar, las regulaciones. En la década de 1970, casi todos los políticos –demócratas y republicanos por igual– se habían vuelto dóciles. Las regulaciones se debilitaron inicialmente y luego se abolieron por completo en 1999 bajo el gobierno del presidente Bill Clinton y la dirección de sus principales asesores económicos: Alan Greenspan, Robert Rubin y Lawrence Summers.

Operaciones bancarias en la sombra y financiarización

Para Minsky, las consecuencias eran predecibles. Pero aquí llegamos a otra de sus principales ideas: en ausencia de un sistema regulatorio financiero complementario, la efectividad de los rescates disminuirá con el tiempo. Esto se debe a que los rescates, al igual que las crisis financieras, son de doble filo. Aunque previenen las depresiones, también limitan los costes de los excesos financieros a los especuladores. Tan pronto como la próxima expansión económica comience a cobrar fuerza, los actores del mercado financiero buscarán oportunidades de ganancias como lo hicieron durante el ciclo anterior.

Puesto que los rescates han evitado cracs bursátiles a gran escala –y, por lo tanto, han permitido que los especuladores bursátiles se libren de las consecuencias de sus excesos–, con el neoliberalismo, las instituciones financieras y el comercio bursátil han crecido exponencialmente. Por ejemplo, en 1980, el mercado bursátil estadounidense era el doble de lo que gastaban las empresas en inversiones productivas, como máquinas, edificios, terrenos e I + D. A partir de 2019, el mercado de valores de Estados Unidos se había disparado a 30 veces la cantidad gastada en inversiones productivas. Dicho de otro modo, en la era neoliberal, la proporción entre el mercado bursátil y las inversiones productivas se ha multiplicado por quince.

Ha tenido lugar una expansión igualmente explosiva en lo que se denomina el sistema de “operaciones bancarias en la sombra” en Estados Unidos bajo el modelo neoliberal. Los bancos en la sombra incluyen una variedad de instituciones –incluidos fondos mutuos, holdings, fondos del mercado monetario y casas de bolsa– que prestan dinero, proporcionan fondos fácilmente accesibles para los titulares de cuentas y participan en actividades que se asemejan mucho a las de los bancos tradicionales. Sin embargo, los bancos en la sombra pueden operar con regulaciones mucho menos estrictas que los bancos tradicionales. En 1980, las operaciones bancarias en la sombra apenas existían. Los fondos mutuos, la categoría más importante de tales instituciones, poseían menos del 0,3 % de los activos de todas las instituciones financieras estadounidenses, incluidos los bancos tradicionales. A partir de 2019, los fondos mutuos por sí solos poseían más del 16 % de todos los activos de las instituciones financieras de Estados Unidos. En total, el sector bancario en la sombra contabilizabael 36 % de todos los activos de las instituciones financieras estadounidenses.

De hecho, se ha incorporado un nuevo término en el léxico económico –la financiarización– que pretende evocar estos patrones de crecimiento explosivo en la banca en la sombra y el mercado financiero durante la era neoliberal. La financiarización ha surgido precisamente porque las regulaciones financieras menos estrictas permiten que emerjan burbujas especulativas como una característica habitual del capitalismo neoliberal, mientras que las operaciones de rescate evitan que estas burbujas provoquen desastres económicos a gran escala a nivel de la década de 1930.

Tres escenarios

Lo cierto es que el paradigma de Wall Street de Minsky no aborda todas los males del capitalismo neoliberal. En particular, su modelo ignora las enormes disparidades en ingresos, riqueza y poder que son tan endémicas del neoliberalismo como lo son su tendencia a la inestabilidad financiera. Minsky también trabajaba antes de que los problemas ecológicos, en particular el cambio climático, se entendieran en general como cuestiones que debe abordar la macroeconomía. Sin embargo, su esquema sigue siendo una herramienta muy valiosa para aclarar las alternativas generales de política económica que tenemos ante nosotros hoy, tras cuarenta años de era neoliberal.

De hecho, al contrario de lo que pensaba Margaret Thatcher, son posibles tres escenarios. Primero, podemos permitir que continúe el reinado del neoliberalismo. Este es el camino de menor resistencia, ya que continuaría otorgando jugosos beneficios a los titanes financieros y los ricos. Por supuesto, como hemos visto, mantener el rumbo del neoliberalismo requerirá intervenciones de rescate con regularidad. Es probable que la escala de tales rescates futuros continúe aumentando, ya que las vulnerabilidades del sistema continuarán profundizándose a través de la financiarización. Pero con toda seguridad, nunca faltarán economistas dispuestos a defender el neoliberalismo en estas circunstancias e incluso a proponerse a sí mismos para formar parte del actual comité para salvar al mundo.

Las dos alternativas implicarían abandonar la premisa esencial del neoliberalismo: socialismo de boquilla para las grandes corporaciones, Wall Street y los ricos; y un capitalismo que replica lo de “que coman pasteles” para los demás. A la primera de estas dos alternativas se la puede denominar capitalismo que predica con el ejemplo. En esta alternativa, el gobierno debe cumplir con los preceptos de la economía de libre mercado no solo cuando las cosas van bien para el gran capital y Wall Street, sino también cuando fracasan estrepitosamente. Cuando las grandes corporaciones y las empresas de Wall Street se desplomen debido a sus excesos especulativos o malas decisiones –incluido el hecho de no mantener suficientes reservas de efectivo para superar las recesiones económicas–, estas firmas podrán quebrar. Al permitir que las empresas, incluso las grandes, quiebren, volveríamos a una variante autorregulada del capitalismo. El principio rector aquí es que cuando los capitalistas se den cuenta de que ellos también deben asumir todas las consecuencias de las malas decisiones, tomarán menos.

El problema con el capitalismo que predica con el ejemplo es que se ha intentado y los resultados están bien documentados. Con este criterio, los mercados financieros se hundieron con regularidad a lo largo de la mayor parte de la historia del capitalismo. Charles Kindleberger describió este patrón en su obra clásica de 1978 Manías, pánicos y cracs, en la que enmarca su análisis histórico dentro del paradigma de Wall Street de Minsky. La exposición de Kindleberger comienza con la conocida burbuja de los Mares del Sur de 1720, durante la cual la South Sea Company, una empresa británica de comercio de esclavos en quiebra, obtuvo unos enormes, aunque breves, beneficios al conseguir información privilegiada acerca del modo en que el gobierno británico estaba gestionando su deuda. Kindleberger revela que entre este fiasco de la burbuja de los Mares del Sur de 1720 y el crac de 1929 de Wall Street, el promedio de crisis financieras en Estados Unidos y Europa fue de aproximadamente cada 7,5 años (un patrón que Karl Marx reconoció 100 años antes). Entre los informes de prensa que abordaron las crisis durante esos aproximadamente 200 años cabe destacar: “Una de las tormentas financieras más virulentas del siglo”, Gran Bretaña en 1772; “Nunca antes se había visto un pánico tan absoluto y colosal”, Alemania en 1857; y “El mayor ciclo de auge y caída especulativos de los tiempos modernos, desde la burbuja de los Mares del Sur”, Estados Unidos en 1929.

En nuestra coyuntura histórica actual, se requeriría un gran acto de fe para presuponer que los atributos autorreguladores de los mercados libres podrían ofrecer una versión estable del capitalismo. Nunca lo han logrado en el pasado. Además, el grado en que el capitalismo contemporáneo se ha financiarizado haría que cualquier experimento de autorregulación del mercado fuera mucho más arriesgado de lo que nunca fue en los 200 años que describe Kindleberger.

De este modo, la única alternativa que queda es crear una versión renovada y actualizada del modelo de capitalismo de gobierno intervencionista que prevaleció en la era inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, antes del surgimiento del neoliberalismo. De hecho, precisamente para evitar que se repitiera el desastre de la década de 1930, John Maynard Keynes, otros economistas y Franklin D. Roosevelt lideraron el movimiento para construir versiones alternativas del capitalismo de gobierno intervencionista. Esta idea derivó en el New Deal en Estados Unidos y la socialdemocracia en Europa Occidental, con las diferentes configuraciones específicas que surgieron en las diversas economías avanzadas tras la Segunda Guerra Mundial.

Las regulaciones exhaustivas de los mercados financieros, la propiedad pública de instituciones financieras importantes y unos elevados niveles de inversión pública fueron características propias del New Deal y el capitalismo socialdemócrata. Se dispuso de políticas de rescate según las necesidades, pero los mercados financieros fueron más estables y las recesiones menos profundas durante este período que durante los 200 años anteriores del capitalismo. El crecimiento económico medio también fue mayor y los beneficios generados se compartieron de forma más amplia.

Por supuesto, seguía siendo capitalismo. Las disparidades de ingresos, riqueza y oportunidades siguieron siendo intolerablemente grandes, junto con las malignidades sociales del racismo, el sexismo y el imperialismo. La destrucción ecológica, y el calentamiento global más específicamente, también estaban comenzando a cobrar fuerza durante este período, aunque  entonces pocas personas prestaron atención. Sin embargo, el New Deal y la socialdemocracia generaron versiones del capitalismo radicalmente más igualitarias que el régimen neoliberal que suplantó a estos modelos.

Será necesaria una versión renovada del New Deal y del capitalismo socialdemócrata que aborde activamente los problemas que han seguido agravándose con los modelos originales. Sin embargo, la enseñanza fundamental que podemos extraer de las operaciones de rescate masivo de la era neoliberal es que los gobiernos de Estados Unidos y otras economías avanzadas pueden movilizar recursos formidables para hacer frente a las crisis.

Si nos centramos en Estados Unidos, es fácil imaginar cómo funcionaría una nueva versión del New Deal –de hecho, lo que se ha denominado el Green New Deal–. El eje debe ser un programa de inversión masivo liderado por el gobierno y enfocado en sustituir nuestro sistema energético dominante de combustibles fósiles que está destruyendo el planeta por un sistema de energía limpia que pueda situarnos en un camino viable de estabilización climática. Este proyecto de inversión para toda la economía generará millones de puestos de trabajo dedicados, directa e indirectamente, a la creación de una nueva infraestructura energética. Esto, a su vez, abrirá oportunidades para reactivar una organización sindical que pueda generar trabajos de mayor calidad y mejorar los niveles de vida. Estos trabajos deberán estar disponibles para mujeres y personas negras, la población base que ha sido excluida de forma sistemática de los mercados laborales de Estados Unidos durante generaciones.

Mientras escribimos este artículo, la administración de Biden ha dado importantes pasos positivos para promover dicho programa. El Plan de Empleo Estadounidense que Biden presentó en marzo es una propuesta seria, aunque aún insuficiente. Está diseñado precisamente para construir una economía de energía limpia al tiempo que amplía las buenas oportunidades laborales. Por supuesto, surge la pregunta de cómo podemos pagar este ambicioso proyecto liderado por el sector público. Hay muchas formas de responder con verosimilitud a esta pregunta, pero la forma más sencilla de comenzar es refiriéndonos a la experiencia del neoliberalismo. Como hemos visto, nunca ha habido escasez de medios financieros disponibles para rescatar un sistema que es manifiestamente injusto e inestable y ecológicamente desastroso. No debería ser difícil encontrar los recursos financieros para organizar un Green New Deal satisfactorio en Estados Unidos y el mundo para la próxima generación.

Por Robert Pollin / Gerald Epstein (Boston Review) 8/07/2021

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Este artículo se publicó en inglés en Boston Review.

Traducción de Paloma Farré.

Autor >

Robert Pollin / Gerald Epstein (Boston Review)

Publicado enEconomía
Escándalo por los ingresos en el PSG francés: ¿cuánto ganan Neymar y Mbappé?

Este jueves se conoció cuánto ganan los astros del fútbol en ese club. Se trata de montos estrafalarios que desnudan los enormes negocios que hay detrás de ese deporte.

 

El París Saint-Germain (PSG) fue noticia en las últimas horas. No por lo logros deportivos sino por las cifras millonarias que perciben algunos de sus máximos astros. Kylian Mbappé o Neymar están entre ellos y reciben cifras que revelan el enorme negociado que se mueve al compás de la pelota.

Este jueves el sitio especializado Salary Sport publicó las cifras de toda la plantilla. Al hacerlo dejó al descubierto no solo los ingresos millonarios sino también la abismal diferencia que hay dentro del vestuario entre unos pocos futbolistas y el resto de los jugadores.

Neymar se lleva USD 61,5 millones anuales. Equivale a USD 168.628 por día o USD 7.026 por hora. Increíblemente, es más del doble de lo que recibe Mbappé, quien a pesar de estar segundo, cobra USD 28,8 millones.

La lista sigue con el argentino Ángel Di María, que se lleva USD 16,8 millones. Mauro Icardi, recibe USD 12 millones y Leandro Paredes, “solo” USD 10 millones. Cifras nada despreciables.

Las cifras, más allá de los destinatarios, ponen al desnudo los montos millonarios que se mueven de la mano del fútbol y sus grandes astros. Un gigantesco negocio que, muchas veces, poco y nada tiene que ver con la pasión que despierta ese hermoso deporte en multitudes.

Jueves 8 de julio | 19:58

Publicado enSociedad
El Salvador regala bitcoines a los ciudadanos para impulsar su uso

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que en apoyo de la nueva ley que convierte al bitcóin en moneda de curso legal, el Gobierno ofrecerá 30 dólares equivalentes en la criptomoneda a cualquier ciudadano que se inscriba en una cartera digital.

El Gobierno creará su propia billetera de bitcóin llamada Chivo, anunció Bukele durante un discurso. Los fondos se depositarán en la cuenta de cualquier ciudadano que la descargue y se registre como usuario con su número de teléfono y su número de identificación, especificó.

La wallet del Gobierno de El Salvador se llama Chivo. ???

Estos son los pasos que debes seguir una vez la hayas descargado:

✔️ Debes regístrate con tu número de teléfono y DUI
✔️ Tiene reconocimiento facial o una verificación por medio de call center para crear la cuenta pic.twitter.com/aDQhxBSB7e

— Casa Presidencial (@PresidenciaSV) June 25, 2021

El monedero Chivo podrá descargarse en septiembre y será compatible con otras billeteras de bitcóin, dijo Bukele.

Será dentro de la app Chivo donde te depositaremos los $30 equivalente en #Bitcoin para promover su uso en la economía y para que la gente tenga un incentivo para utilizar la aplicación. pic.twitter.com/bi3zr6I93p

— Casa Presidencial (@PresidenciaSV) June 25, 2021

Bukele reiteró sus argumentos de que el uso de la criptomoneda ayudará a atraer inversiones, impulsar el consumo y reducir el costo del envío de remesas para millones de salvadoreños que trabajan en el exterior.

"Todo esto hace muy beneficiosa a la wallet del Gobierno para todos los que reciben remesas. Millones de salvadoreños van a ser beneficiados con la Ley, por eso no entiendo cómo pueden atacar una ley que beneficiará a la gente que envía y recibe remesas”, Presidente @nayibbukele. pic.twitter.com/GuwTMgporD

— Casa Presidencial (@PresidenciaSV) June 25, 2021

Además subrayó que el uso del bitcóin será opcional. Los consumidores pueden pagar a los negocios con bitcoines desde sus carteras por artículos cotizados en dólares. Pero si los propietarios de los negocios quieren recibir el pago en dólares, pueden pulsar un botón en la aplicación Chivo para convertir los bitcoines inmediatamente en dólares, según Bukele. "Será totalmente opcional. El dólar seguirá siendo de curso legal", dijo.

El Presidente @nayibbukele explica, con un ejemplo, como un comercio y un consumidor pueden hacer uso de la wallet y recibir o pagar con dólares o bitcoin según sea su decisión. pic.twitter.com/7OtiQDAbFi

— Casa Presidencial (@PresidenciaSV) June 25, 2021

Las cuentas bancarias en dólares seguirán siendo en dólares, y los sueldos y pensiones se seguirán pagando en dólares, agregó.

Riesgo potencial

Sin embargo, no todos comparten el entusiasmo de Bukele por el plan bitcóin.

Fitch Ratings reveló en un informe que la legislación que establece el bitcóin como moneda de curso legal aumentaría los riesgos regulatorios para las instituciones financieras, incluyendo la posibilidad de violar las normas internacionales contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

"Una implementación apresurada de la nueva plataforma del sistema de pago alternativo afectará al marco de gestión de las instituciones financieras en cuanto a los riesgos operativos, cibernéticos, monetarios y de liquidez", escribieron los analistas de Fitch.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) también ha criticado la medida y señaló que se enfrentaba a "retos macroeconómicos, financieros y legales" con el paso de El Salvador al bitcóin. Por su parte, el Banco Mundial rechazó una solicitud del Gobierno para ayudar a la implementación de la criptodivisa.

El 26 de junio, un bitcóin perforó el piso de 30.500 dólares.

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, saluda después de una conferencia de prensa el 6 de junio de 2021. REUTERS / Jose CabezasJOSE CABEZAS / Reuters

El Fondo Monetario Internacional alerta de los riesgos que surgen a partir de que El Salvador ponga en marcha legislación que obliga al uso de Bitcoin como moneda nacional

 

Tres días después de que el Congreso de El Salvador aprobase el uso oficial y obligatorio de la criptomoneda bitcoin en el país centroamericano, el Fondo Monetario Internacional alertó de los riesgos y aseguró que “en este contexto” el equipo del Fondo se reunirá con el presidente Nayib Bukele el jueves. “La adopción del Bitcoin como moneda genera una serie de cuestiones macroeconómicas, financieras y legales que requieren un análisis muy cuidadoso”, dijo Gerry Rice, portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), en conferencia de prensa.

El Gobierno de El Salvador está buscando la aprobación de un préstamo para invertir en lo que considera una “oportunidad de oro” para que el país impulse su economía al salir de la pandemia. El monto y la duración se negocia entre las partes y ese proceso se está llevando a cabo actualmente, señaló Rice. En medio del proceso, Bukele envió al Congreso el fin de semana pasado una propuesta de ley que obliga al país a ofrecer bitcoin como forma de pago y a bancos a canjear deuda en dólares, la moneda que usa el país, por deuda en bitcoin, una criptomoneda sin regulación ni autoridad centralizada. Estados Unidos tiene la mayor participación de decisión en el FMI y la Casa Blanca ha alertado de los riesgos de ciberseguridad y confiabilidad de las criptomonedas.

 “La adopción del Bitcoin como moneda de curso legal plantea una serie de cuestiones macroeconómicas financieras y legales que requieren un análisis muy cuidadoso”, dijo Rice. “Estamos siguiendo de cerca los desarrollos y continuaremos la consulta con las autoridades. En ese contexto, puedo decirles que el equipo del FMI se reunirá con el presidente de el salvador hoy”.

“Lo que hemos dicho en general es que los activos cripto pueden traer riesgos significativos”, por lo que sugirió que debería haber “medidas efectivas de regulación”, agregó Rice.

Bukele anunció la propuesta el sábado en una conferencia sobre bitcoin, la criptomoneda mejor establecida en el mercado, cuyos precios se han disparado durante la pandemia de la covid-19 por ofrecer atractivos rendimientos. La moneda virtual no tiene un banco emisor central, como lo tienen la mayoría de los países y es, en muchas ocasiones, imposible de rastrear, por lo que se utiliza como moneda para cobrar rescate en casos de ciberataques.

 Por Isabella Cota

México - 10 jun 2021 - 13:12 COT

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Bitcoin y ethereum, de estrellas a estrelladas

La montaña rusa de las cotizaciones de las criptomonedas

El bitcoin tuvo un desplome de más del 30 por ciento en pocas horas y se acercó a los 30 mil dólares. Su pico había sido hace unas pocas semanas cuando cotizó por encima de los 63 mil dólares. Con el correr de la tarde revirtió algo de la pérdida para posicionarse en 38 mil. 

 

Las criptomonedas dieron una nueva muestra de la volatilidad extrema. El bitcoin tuvo un desplome de más del 30 por ciento en pocas horas y se acercó a los 30 mil dólares. Su pico había sido hace unas pocas semanas cuando cotizó por encima de los 63 mil dólares. Con el correr de la tarde revirtió algo de la pérdida para posicionarse en 38 mil.

El resto de las monedas digitales como ethereum también marcaron fuertes caídas de más del 20 por ciento, que se suman a pérdidas de más del 15 por ciento en los últimos días. En el mercado empezaron a aparecer las voces que alertaban de una burbuja en el mundo de las criptomonedas y aseguran que así como valían cero volverán a valer cero.

En las últimas jornadas se sumaron distintas noticias que potenciaron el desplome de valor de estos activos digitales. Por un lado la empresa Tesla que había sido la primera firma grande en el mercado internacional que aseguró que aceptaría bitcoin para la compra de sus autos dio marcha atrás en la decisión con la excusa del daño medioambiental.

Luego se supo que en China sancionaron una nueva regulación para limitar el uso de los criptoactivos como el bitcoin. El país impulsa una moneda digital propia que se llamará yuan digital y muchos la consideran como la próxima gran alternativa al dólar a nivel global.

En el China las transacciones de criptomonedas estaban prohibidas desde 2019 para evitar la salida de capitales del país. Pero ahora se refuerza esta situación a través de un comunicado de tres entidades chinas: la Asociación Nacional de Financiamiento de Internet, la Asociación Bancaria y la Asociación de Pagos y Compensación.

Aseguraron que “los precios de las criptomonedas se han disparado y caída y las actividades de especulación rebotaron. Estas fluctuaciones violan gravemente la seguridad de los activos de las personas y alteran el orden económico y financiero normal”.

El comunicado fue difundido a través de las redes sociales por el Banco Popular de China. En la publicación se mencionó además que “las pérdidas causadas por estas transacciones de inversión son asumidas por los propios consumidores”. Con ello se reiteró que los bancos y los proveedores de pago tienen prohibido ofrecer servicios basados en criptomonedas. 

Algunos de los inversores de Wall Street más importantes de las últimas décadas vienen vaticinando hace tiempo un colapso para las criptomonedas. Por ejemplo Warren Buffet fue uno de los más críticos sobre estos activos digitales y asegura que su precio no tiene ningún fundamente. En otras palabras plantea que pueden llegar a valer "cero" luego de haber sido una gran estafa para muchos inversores minoristas.

Sin embargo no todos los economistas e inversores se muestra escépticos del valor de las criptomonedas. En Wall Street comenzó a operar un de las plataformas de intercambio de criptoactivos más grande del mundo. Se llama Coinbase y batió record en su salida al mercado. El gran interrogante es si occidente seguirá siendo igual de flexible con las regulaciones de estas monedas digitales o avanzará en una línea similar a la que tomaron países como China o incluso India. 

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Mauricio Weibel: “Los fondos privados de pensiones son el ícono del modelo económico instaurado por Pinochet"

El periodista chileno investigó los desfalcos hechos a la luz del sistema de las AFP

El autor de "La Caída de las AFP" indagó sobre los efectos de este instrumento creado por José Piñera -hermano de Sebastián Piñera- en dictadura: ilegalidad, dineros en paraísos fiscales y fraudes. 

Una contundente derrota para el gobierno del empresario Sebastián Piñera fue el rechazo del Tribunal Constitucional a revisar el proyecto del tercer retiro del 10% de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que ya había sido aprobado por el Congreso de Chile. Esto se suma al inicio de la revisión en el Congreso de una reforma constitucional para establecer un impuesto a los “súper ricos” para establecer una renta básica de emergencia (aunque sólo por una vez).

Para un país sumergido hace meses en una crisis institucional, sanitaria y económica, que el propio presidente se haya negado al retiro del dinero que los propios ciudadanos han ido ahorrando era un error político que el fallo del TC ratificó. De hecho, desde ayer que está reunido con su comité de emergencia y donde diversas fuentes coinciden en que el gobierno está más quebrado incluso más que el 18 de octubre de 2019 cuando comenzaron las protestas masivas en lo que se conoció como el “Estallido Social” que arrojó decenas de muertos, 500 jóvenes con daño ocular producto de los disparos al rostro de carabineros y un plebiscito donde se aprobó el cambio de la Constitución.

Y tal como el TC es reconocido como uno de los enclaves autoritarios que dejó la dictadura de Pinochet y que permite “atajar” cualquier ley aprobada por el Congreso, la otra institución heredada de la Constitución de 1980 —que deberá comenzar a reescribirse tras la elección de los constituyentes este 15 y 16 de mayo— son las AFP. Un instrumento creado nada menos que por el hermano del presidente, José Piñera que permite a diversas empresas privadas invertir con el dinero depositado obligatoriamente por los trabajadores para retirar en la jubilación.

Un intrincado sistema que, en términos simples, hace a los cotizantes elegir distintos tipos de fondos de mayor o menor riesgos y las administradoras cuyos propietarios son norteamericanos (Cuprum, ProVida), italianos (Plan Vital), colombianos (Capital), chilenos (Modelo, Uno) y chileno-estadounidense (Habitat) que a su vez permiten a otras empresas o holdings “jugar” con ese dinero en el mercado. Por supuesto, los cotizantes no participan de las ganancias, pero si de las pérdidas, dando como resultado jubilaciones bajas y que no se condicen con lo ahorrado. Por cierto, Las fuerzas armadas y carabineros tienen un sistema de pensiones distinto hasta el día de hoy.

El periodista Mauricio Weibel, se sumergió en este sistema en el libro La Caída de las AFP (Aguilar) pero no tanto en su estructura sino en sus efectos: ilegalidad, dineros en paraísos fiscales y fraudes. Sus primeras páginas son reveladoras: una ex jefa de beneficios de Provida que había trabajado durante 28 años exigía recibir su pensión de invalidez. Llevaba dos años postrada, sin recibir el pago de su licencia médica y la AFP tenía la orden expresa de evitar que sus afiliados obtuvieran esa pensión, aunque el caso fuera terminal. Y por supuesto su intento, abogado mediante, fue rechazado. Un tipo de práctica totalmente normal en este sistema.

Pero eso es sólo lo más “suave” de una investigación que ordena y expone malos usos de estos fondos en personeros militares, lo normalizado de los paraísos judiciales, diversos actos de corrupción y personajes como el empresario Julio Ponce Lerou —yerno de Pinochet— ideólogo de una serie de operaciones de compraventa de acciones a través de sociedades anónimas y de inversiones cerradas, organizadas en torno a la compañía minera SQM. En este “juego” llamado “Caso Cascadas” por la estructura de la estafa, sólo la AFP principal (Habitat) perdió más de 11 millones de dólares, mientras que el resto entre 20 o 30 millones, consigna el libro. El empresario ganó nada menos que 128 millones de dólares, debiendo pagar una multa en 2020 de 3 millones de dólares, la multa más cara de la historia chilena.

La captura del estado

“Las AFP son, desde siempre el ícono del modelo económico instalado en dictadura”, señala Weibel. “Extraen y retienen los ahorros previsionales de los trabajadores, para invertirlos en instrumentos financieros, casi la mitad de ellos fuera del país. En otras palabras, miles de millones de dólares depositados en acciones o bonos de las grandes empresas, a través de operaciones que en muchas ocasiones sirvieron para socializar pérdidas de grupos económicos. ¿Cómo puede ser sensato sacar 85,000 millones de dólares de la economía para comprar títulos o monedas fuera de Chile? Si se repatriaran esos recursos, y se invirtieran en la economía real, tendríamos una sociedad con más empleo y, eventualmente, más justa”.

—Desde las primeras páginas del libro se refleja muy bien la ideología de la elite chilena que diseñó este sistema: autoritaria, tutelar y clausurada en si misma.

—En Chile y América latina, las elites han realizado largos procesos de captura del Estado, de sus recursos, de sus estructuras y de sus capacidades represivas. No es un problema sólo de Chile. O sólo de un sector ideológico. La captura del Estado, el ataque a la sociedad civil y la precarización de la democracia han ocurrido en casi todo el continente, salvo la excepción de Uruguay y Costa Rica.

—¿Qué cosas son las que más te impactaron e hicieron ruido en tu investigación?

—El robo a los inválidos y a los enfermos terminales, a quienes se negaba su pensión fraudulentamente. Creo que ese acto muestra la profunda falta de humanidad del sistema neoliberal

—La imagen exterior de Chile, pero también la que se nos impuso es la de un país serio, sin grandes corrupciones, donde la fiscalización ocurría.

—La impunidad y el abuso, por desgracia, son situaciones extendidas en nuestro continente, las que han pervivido por décadas y siglos. La justicia nunca fue un pilar de nuestro desarrollo. Eso permitió desde las desigualdades hasta las masacres.

—¿Cual es la responsabilidad de la Concertación que gobernó durante la transición a la democracia?

—La centroizquierda chilena optó por convivir con el modelo, beneficiándose privadamente de él, en desmedro de amplios sectores de trabajadores y trabajadoras. Los parlamentarios llegaron a tener dietas hasta casi 40 veces más grandes que el nivel del salario mínimo. El modelo de la dictadura se naturalizó apoyado en un modelo político excluyente, un sistema de medios con graves problemas de pluralismo y una concentración de la riqueza creciente, en medio de una cada vez mayor segregación social y territorial de las capas medias y pobres.

Weibel reconoce que la masividad y la forma autogestionada del “Estallido Social” lo sorprendieron. “Sin la revuelta, no estaríamos cambiando la Constitución y abriendo un nuevo ciclo social y político”, aunque también acepta que esta máquina de defraudar impuesta por la elite económica chilena, seguro que seguirá dándonos sorpresas en el futuro. “Ellos creen que son dueños de la vida de los demás, no sólo de su riqueza”.

Espionaje y monstruos en democracia

Weibel, que destapó también los casos de corrupción militar en el libro Traición a la Patria (2016) fue espiado junto a otros periodistas como Alejandra Matus, Pascale Bonnefoy Javier Rebolledo, quienes también han investigado las cloacas del poder. Según consignó el Centro de Investigación Periodística Ciper, la DINE (Dirección de Inteligencia del Ejército) intervino teléfonos y solicitó información personal, incluyendo además a funcionarios que supuestamente estaban prestando testimonio a los periodistas.

—¿Qué efectos tuvo profesionalmente el saber que hubo espionaje a tu trabajo en plena democracia? 

—Siempre lo sospechamos, mientras investigamos la corrupción militar. Hubo robos de equipos, amenazas a nuestras fuentes, seguimientos.

—En El Mercurio hace dos domingos apareció una carta de un contraalmirante justificando esto, ya que es para proteger la institución de sus propios funcionarios que pueden revelar información sensible.

—El trabajo de investigación periodística que hice abrió la puerta para que la Justicia investigara a 850 militares activos y en retiro, incluidos los últimos cuatro comandantes en jefe, Además permitió recuperar para el Presupuesto de la Nación unos 4,500 millones de dólares. El espionaje y las amenazas a la libertad de expresión fueron para acallar ese esfuerzo.

—¿Crees que es miedo de los militares o amedrentamiento o ambas? A mí me preocupa, considerando la persecución y violencia contra periodistas, sobre todo de medios independientes, durante el Estallido. 

—Siempre he creido que el que usa la violencia es porque es profundamente débil, porque tiene miedo. Y sí, hoy tenemos problemas muy graves en Chile con la seguridad de los periodistas.

—¿Qué simboliza este espionaje a periodistas -sé que no es solo contigo- en plena democracia? ¿Que el fantasma de la dictadura sigue materializándose?

—Como decía Gramsci, son los monstruos que emergen cuando el viejo orden cae y el nuevo aún no termina de nacer. Lo importante es que vamos a exigir verdad y justicia, además de construir memoria. La libertad de expresión esencial, pues su ejercicio permite demandar todos los demás derechos humanos.

Por Juan Carlos Ramírez Figueroa

29 de abril de 2021

Desde Santiago, Chile

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