El dinero de la Iglesia El espíritu pagano de los 'negocios de Dios'

La Iglesia católica, pese a decirse al servicio de los pobres, maneja su patrimonio financiero con los mismos criterios que cualquier empresa. Compra títulos deuda pública, se beneficia de las sicav y busca ganar rentabilidad e influencia con sus multimillonarias inversiones.

 

Madrid
13/06/2017 21:55 Actualizado: 14/06/2017 08:39

Aunque su reino no sea de este mundo, la Iglesia católica nunca ha descuidado los asuntos terrenales. Como cualquier empresa, procura administrar su copioso patrimonio con criterios de rentabilidad y/o influencia. Sobre todo, el patrimonio financiero: los miles y miles de millones que cada año pasan por sus manos, procedentes de las arcas públicas o de las donaciones de sus fieles.


Los negocios de Dios son tan universales como su Iglesia y tienen su epicentro en la sede apostólica de Roma, aunque se extienden por los centenares de diócesis del planeta que cuentan con recursos para hacerlos. Hay ejemplos muy reveladores de hasta dónde llega el poderío económico y cuál la forma en la que gestiona su dinero una institución que se proclama al servicio de los pobres.


A finales de 2012, el Banco Vaticano no quiso quedarse al margen de los pingües beneficios derivados de la crisis de la deuda, que puso por las nubes la rentabilidad de los bonos del Estado. Para sumarse al festín, colocó en ese tipo de productos cerca de dos mil millones, la mayor parte en dos países sobre los que pendía la espada de Damocles de la intervención: Italia (1.179 millones) y España (589 millones).


Se trata sin duda de cifras modestas, comparadas con las que movilizaron por aquella época los grandes inversores institucionales, pero constituyen una prueba irrefutable de que el modus operandi de quienes gestionan la Iglesia no difiere del más habitual en las entidades con ánimo de lucro. A pesar de que, al menos en teoría, los fines que persiguen son radicalmente distintos.


Por supuesto, la Iglesia española no constituye ninguna excepción y, cuando opera en los mercados financieros, parece regirse por aquello de “a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”. De ahí que, durante años, no haya tenido el más mínimo pudor en utilizar unos de los instrumentos favoritos de los ricos para engordar su patrimonio con el menor coste fiscal.


A principios de 2008, la Iglesia controlaba varias sicav, las sociedades de inversión colectiva cuyos beneficios gozan del privilegio de tributar sólo al 1%. Umasges tenía como socios a los arzobispados de Madrid y de Burgos y a la Mutua Umas, perteneciente a la órbita de la Conferencia Episcopal. En Vayomer y Gran Premier había también una clara presencia eclesiástica, aunque el aliado era en este caso (quién mejor) el banco portugués Espirito Santo.


La crisis se llevó por delante algunas de estas sicav: Umasges fue disuelta en el mismo 2008 y Gran Premiere, en 2011. Vayomer cambió en 2012 su nombre por el de Naujirdam Inversiones, y otro tanto ocurrió con Finanzas Querqus, propiedad de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que pasó a llamarse Relian Capital. Pero el objetivo seguía siendo idéntico: sacar la máxima rentabilidad y pagar los mínimos impuestos.


Para saber en qué activos colocan sus activos estas sicav, basta con echar un vistazo a último informe de Naujirdam depositado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y correspondiente al primer trimestre de 2017. Títulos de renta fija y acciones de grandes empresas, como Banco Santander, Telefónica o Repsol, forman parte de su cartera, por un importe total que rondaba los cinco millones de euros a esa fecha.


Por cierto que la existencia de Naujirdam se compadece mal con el manual de inversiones financieras que aprobó el Plenario de la Conferencia Episcopal celebrado en noviembre de 2016. Según la información que trascendió entonces sobre su contenido, los obispos se comprometieron a no invertir en paraísos fiscales, ni realizar operaciones de carácter especulativo... ni utilizar sicav.


La afición de la Iglesia a poner su dinero bajo el sol que más calienta viene de antiguo y ha hecho que sobre ella caiga algún inesperado chaparrón. El más sonado fue, sin duda, el escándalo de Gescartera, la agencia de valores intervenida en 2001 por defraudar a sus clientes después de ofrecerles altas rentabilidades. Unos veinte millones de euros perdieron las instituciones religiosas que confiaron en ella.


Al menos dos diócesis figuraron entre los damnificados: la de Valladolid y la de Astorga. El ecónomo (administrador) de esta última, el sacerdote Ángel Lucio Vallejo Balda, fue nombrado tiempos después secretario de la Prefectura para Asuntos Económicos de la Santa Sede, seguramente en recompensa por su buen olfato. Ya con Francisco como papa, Vallejo Balda protagonizaría la filtración de documentos pontificios secretos bautizada con el nombre de Vatileaks 2, por la que fue condenado en 2016 a 18 meses de prisión.


Si Gescartera constituyó un ejemplo de las consecuencias de la avaricia en la gestión del patrimonio financiero de la Iglesia, el más reciente del Banco Popular refleja hasta qué punto organizaciones vinculadas a ella están dispuestas a arriesgar mucho dinero a cambio de mantener ciertas cuotas de influencia y de poder.
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Uno de los pesos del banco ha sido tradicionalmente la Sindicatura de Accionistas, que tenía el 9,8% del capital antes de la absorción por el Santander. Pertenecía a ella la Unión Europea de Inversiones (UEI), promovida por personas e instituciones cercanas al Opus Dei, el movimiento religioso que nutrió la alta dirección del Popular durante años, incluidos al menos un presidente (Luis Valls-Taberner) y un consejero delegado (Rafael Termes).


La participación de la UEI, que era del 3%, valía más de 260 millones de euros hace dos años. Para que no se diluyera en las tres ampliaciones llevadas a cabo desde entonces, tuvo que desembolsar una fuerte suma de dinero (74 millones en la última). Como parte lo obtuvo a crédito, el desplome posterior de la acción puso a la sociedad al borde de la quiebra técnica.


Todos estos asuntos, aunque estuvieran en juego fondos de distinta procedencia, han proporcionado argumentos a quienes defiende que la Iglesia debe estar sujeta fiscalización por el Tribunal de Cuentas, al ser perceptora de recursos públicos. Sólo a través de la asignación tributaria (la casilla del IRPF), recibe del orden de 250 millones de euros anuales, a los que hay que añadir las subvenciones de todo tipo provenientes de las distintas administraciones.


Sin embargo, el Tribunal de Cuentas se niega a entrar en las de la Iglesia, como quedó de manifiesto en la votación de su plan para 2017. Nunca antes se había visto el asunto en el pleno, y los siete consejeros nombrados a propuesta del PP hicieron valer su mayoría, frente a los cinco del PSOE. Eso impedirá que se sepa con detalle a qué dedica el dinero una institución como la Conferencia Episcopal, que incluso en los momentos más duros de la crisis ha gastado más en mantener su propia televisión (13TV) que en ayudar a Cáritas.

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Viernes, 26 Mayo 2017 06:20

El secreto de los laboristas

El secreto de los laboristas

Desde que se difundieron sus propuestas de aumentar el gasto social y nacionalizar los servicios públicos, subió el laborismo en las encuestas. La clave parece estar en que se detalla quiénes pagarán por ello: los paraísos fiscales y el sector financiero.


En el corazón de la popular plataforma electoral del laborismo se encuentra la lucha contra los paraísos fiscales y contra la hegemonía del sector financiero. Los esperados réditos de ese combate son las llaves para hacer realidad el anunciado incremento en la inversión social y llevar adelante un programa de nacionalización de los servicios energéticos, ferroviarios y agua.


La plataforma “más socialista en décadas” ha levantado la expectativa de voto por el laborismo que lucha por remontar la baja popularidad de su líder, Jeremy Corbyn. Desde su filtración a la prensa el 11 de mayo, los laboristas subieron cuatro puntos en la intención de voto y recuperaron el apoyo de muchos afiliados y simpatizantes que dudaban por primera vez en su vida si seguir la tradición de un partido con más de un siglo de historia.


El detallado financiamiento de los casi 50 mil millones de libras que insumirá el ambicioso programa de nacionalizaciones y masiva inversión en salud, educación y vivienda es uno de los aciertos de este manifiesto. Contrario a las acusaciones tradicionales de que los laboristas gastan lo que no tienen, el manifiesto publicó en un documento por separado cómo se financiarían cada una de estas promesas.


El llamado impuesto Robin Hood que se aplicará a las transacciones financieras recaudará en los cálculos laboristas casi cinco mil millones de libras anuales con el cierre de las actuales rendijas legales que le permiten a bancos y fondos de alto riesgo no pagar impuestos en una serie de transacciones financieras que incluye el poderoso mercado de derivados (comercio diario de 5 billones). La propuesta no es original: está por entrar en vigor en otros 10 países europeos. El valor agregado que tiene en el caso del Reino Unido es que golpea directo al corazón de ese centro financiero global que es Londres.


El laborismo prometió atacar la elusión fiscal que, según la organización líder en la lucha contra las guaridas fiscales y la evasión, la Tax Justice Network (TJN), se fagocita unos 19 mil millones de libras anuales. Si a esto se suman los 86 mil millones que TJN calcula de evasión fiscal se tiene el gasto total en educación, el 75 por ciento de lo que se invierte en salud o una séptima parte del presupuesto total británico.


La estrategia laborista en este campo es cerrar las rendijas legales y atacar el sistema de empresas fantasmas, prestanombres y testaferros que saturan las guaridas fiscales, muchas de ellas conectadas por un cordón umbilical con la City de Londres. Las compañías y los individuos con ingresos de más de un millón de libras tendrán que informar públicamente su declaración impositiva y se potenciará el número de inspectores e investigadores de la HM Revenue and Customs (AFIP británica).


El portavoz en temas económicos del laborismo, John Mc Donnell, señaló que el impuesto sobre la City sirve para recuperar el masivo rescate que recibió el sector financiero en 2008. “Los trabajadores y el ciudadano medio todavía están pagando por una crisis que ellos no causaron y que llevó al peor recorte de los servicios públicos y sociales en décadas. Solo estamos buscando reequilibrar la balanza de manera más justa. Con que los que comercian con derivados paguen una pequeña fracción de las ganancias que obtienen, podríamos financiar nuestros servicios públicos”, señaló McDonnell.


El laborismo incorpora también una propuesta que se retrotrae a iniciativas de la primera presidencia de Rafael Correa en Ecuador, retomadas por unos 50 municipios españoles, liderados por Barcelona, que declararon su intención el año pasado de estar “libres de paraísos fiscales”. En la versión laborista la propuesta excluye de la licitación de contratos públicos a empresas que incurran en mecanismos de elusión o evasión fiscal: las operaciones o presencia en guaridas fiscales será fundamental para determinar si una compañía cualifica para una licitación.


El director de Tax Justice Network, Alex Cobham, saludó la iniciativa del laborismo. “Estas medidas para combatir el secreto financiero y los abusos impositivos son muy importantes. El sistema impositivo es hoy el menos redistributivo de las últimos 40 años y el impacto se siente en el deterioro de los servicios públicos por falta de financiamiento y en el aumento de pobreza infantil. Desde ya que estamos hablando de un problema que no se limita al Reino Unido. Ustedes lo saben muy bien en Argentina”, indicó Cobham a PáginaI12.


El director de TJN no habla de oído. En marzo fue el co-autor de un informe auspiciado por la ONU sobre la evasión fiscal de las multinacionales que colocaba a Argentina, con unos 24 mil millones de dólares anuales, en el quinto lugar a nivel mundial, detrás de Estados Unidos, Japón, China e India. “En Argentina es más grave aún porque en proporcionalmente afecta mucho más que a un país desarrollado en términos de la inversión social que no puede realizar debido al monto que se evade”, agregó Cobham.


En el Reino Unido, la City reaccionó airadamente contra la propuesta laborista criticándola porque “muchos piensan que la City es un cofre del que sacar dinero, pero no se dan cuenta que lo que se saca lo terminarán pagando los Fondos de Pensión y los jubilados que verán caer sus ingresos”. Pero entre el electorado hay consenso desde hace rato que la laxitud fiscal respecto a las maniobras de multinacionales y grandes fortunas es inaceptable. Los Panama Papers ayudaron a crear esta conciencia. El estallido financiero de 2008, sumado al impacto que tuvo sobre el gasto social británico y los subsiguientes ajustes allanaron el camino.

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Estos son los bancos que financian la industria militar

BBVA, Santander, Bankia, CaixaBank y Sabadell invierten en los principales productores de armas

 

Fabricar armas es legal. Solo unas pocas, como las bombas de racimo, las químicas o biológicas son consideradas inaceptables, al ser imposible argumentar en contra de que su uso afecta tanto a civiles como a combatientes. El resto, incluidas las nucleares, son perfectamente legales.


En un mundo en guerra, fabricar armas es un negocio lucrativo. Los conflictos abiertos de Siria, Irak, la franja de Gaza, Ucrania, Yemen, Libia, Sudán, Somalia o la guerra contra el narcotráfico en México necesitan abastecimiento continuo de armamento. Sumando a la ecuación a los señores de la guerra en África o lasguerrillas que operan en latinoamerica el resultado es un jugoso pastel a repartir.


España entró fuerte en ese mercado espoleada por la crisis económica. Es desde hace años el séptimo exportador de armas a nivel mundial, solo por detrás de los grandes fabricantes como EEUU, Rusia, China y las potencias militares europeas, Alemania, Francia y Reino Unido.


Fabricar y exportar armas es legal, y financiarlas también lo es. Las grandes entidades bancarias españolas participan en el negocio, lideradas por el BBVA y el Santander. "Los bancos, aseguradoras y empresas de inversión españolas han dedicado entre 2011 y 2015 casi 5.900 millones de euros al sector de las armas", revela Jordi Calvo, investigador del Centre Delàs d'Estudis per la Pau.


Calvo, autor del informe Los bancos que invierten en armas, advierte de que las entidades financieras españolas han apostado claramente por el negocio de la muerte. Apoyándose en el crecimiento de España como exportadora, están "poniéndose a la altura de los mayores inversores de la industria armamentística".


Teniendo en cuenta que el ratio de endeudamiento de las empresas de armas es del 73%, similar a la del resto de la industria española, el "floreciente negocio armamentístico no solo beneficia a las empresas de armas sino también a los bancos y aseguradoras", recoge el investigador en el informe.
La investigación internacional Don't Bank on the Bomb de la organización neerlandesa PAX arroja cifras similares. Incluyendo datos de 2016, PAX —que audita las actividades que favorecen la proliferación de las armas nucleares en el mundo— eleva la inversión española en la industria militar por encima de los 6.500 millones de euros desde 2013.


Amnistía Internacional (AI) ha interpelado en varias ocasiones a gobiernos y entidades sobre la importancia de cerrar el grifo de la financiación. Al menos si están interesados en evitar "violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional" como las que ocurren casi a diario en Siria.


"La financiación y la inversión no son actividades neutrales; determinan y facilitan la actividad económica, incluso en el sector armamentístico. Los bancos y otras instituciones financieras desempeñan un papel crucial en los esfuerzos globales para frenar la fabricación, transferencia y uso de armas", explica David Pereira, presidente de AI en Luxemburgo. Pereira encabezó un estudio que analizó la importancia de la falta de restricciones en ese país —gran centro financiero europeo— para la distribución de la inversión mundial en la industria militar.


El estudio del Centre Delás, que también recoge las inversiones de entidades internacionales, señala que empresas como Airbus y Boeing (aeronaves militares), Maxam (explosivos), Navantia (buques), Finmeccanica (aeroespacial) o General Dynamics (propietaria de la española Santa Bárbara Sistemas) son las principales destinatarias de la inversión.


"BBVA, Santander, Deutsche Bank, Citibank e ING son los más importantes financiadores armas, seguidos en un segundo nivel de importancia por Banca March, Bankia, Caixabank, Banco Popular, Banco Sabadell y Bankinter. Sin olvidar que Unicaja, Banco Mare Nostrum (BMN), Caja Rural, Ibercaja, Kutxabank, Liberbank, Banco Alcalá, Banco Caminos, Caja de Arquitectos y Banco Mediolanum invierten en armas, aunque en cuantías menores", concluye Jordi Calvo.


Las armas, un rastro imposible de seguir


Cuando no es directamente secreto, el negocio de las armas está oculto, desdibujado con eufemismos. El Gobierno, encargado de evitar que las armas españolas terminen en países en conflicto —lo que sería ilegal— no concede licencias para la exportación de armas, sino de material de defensa. Dentro de este, la mayor parte es material de doble uso.

Las actas de la junta interministerial responsable de autorizar las ventas al exteriorson secretas. Además, para el Gobierno el concepto de "en guerra" no es tan claro como podría parecer, puesto que sigue autorizando ventas a Arabia Saudí, que lidera una coalición de países árabes que bombardea a discreción Yemen. Todo ello da forma a un entramado que resulta muy útil cuando se encuentran armas españolas sobre el campo de batalla yemení, ya que hace casi imposible exigir responsabilidades.


La misma táctica que el Gobierno utilizan las empresas productoras de armas. El gigante español Maxam, el mayor fabricante de explosivos de Europa y segundo del mundo asegura que solo el 20% de su negocio es militar, y que este "se ocupa de la destrucción y reciclaje de todo tipo de municiones y explosivos, de la descontaminación y de la limpieza y mantenimiento de vehículos aéreos". Maxam es un importante cliente de las inversiones de BBVA, Santanter o Bankia. Factura 1.000 millones de euros al año.


"Los bancos intentan evadir su responsabilidad diciendo que no trabajan con armas prohibidas y que siempre siguen la legislación en vigor, que no financian armas que van a acabar en conflictos armados. Pero ¿cómo lo saben? El problema de las armas es su trazabilidad. Es imposible saber si un banco ha financiado un arma que acaba en Yemen", alerta Audrey Esnault.


"Se escudan en que las empresas hacen de todo"


Esnault es activista. Forma parte de la campaña de la campaña Banca Armada, que pretende "concienciar", visibilizar una situación "sobre la que normalmente hay mucho secretismo" como es la de la financiación del sector armamentístico.


Miembros de la campaña participarán este viernes en la junta de accionistas del Banco Santanter para denunciar la colaboración de la entidad con los fabricantes de armas. Será la quinta y última junta de 2017, tras tomar la palabra en las de CaixaBank, Bankia, BBVA y Sabadell. La reacción del presidente y los accionistas depende de cada banco, "desde lo más frío como Santander o BBVA donde haces la intervención y no dicen nada, hasta la de junta del Sabadell de la semana pasada, en la que aplaudieron", relata Esnault a Público.


"Siempre dicen que las empresas son muy grandes y hacen de todo. Por ejemplo Indra, como es una empresa española, tienden a defenderla. Son empresas que hacen muchas cosas, pero Indra tiene un 20% de producción militar", expone la activista sobre la multinacional española, a la que el Instituto para la Paz de Estocolmo, referencia mundial en esta cuestión, llegó a colocar en su top 100 de productores de armas: "Fabrican electrónica militar. Un arma no es solo una pistola o una bomba, es todo lo que se usa para matar como destino final. El software de un misil que destruye un edificio es un arma. Indra diseña ese tipo de software".


"Los bancos forman parte de este negocio. Es imposible negar su corresponsabilidad. Para estar seguro al 100% de no financiar un arma que será utilizada contra la población civil en Yemen, la única solución es no financiar armas, dar préstamos o tener acciones en empresas que las producen".

06/04/2017 22:52 Actualizado: 06/04/2017 22:53
CARLOS DEL CASTILLO
@CdelCastilloM

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Trumponomics militarizada: cogobierno con Goldman Sachs

Más allá de que el historiador Eric Zuesse maneje un escenario de destitución (impeachment) de Trump –el Deep State, hoy encabezado por Obama, desea colocar en su lugar al vicepresidente Mike Pence, quien cada día acumula mayor poder ejecutivo (https://goo.gl/VTPnvP)–, su gabinete exhibe traslapes y círculos concéntricos (https://goo.gl/yl1Vlh), cuyos ejes representan una omnipotente mezcla de intereses militares/petroleros/financieros, donde resalta su alianza con el grupo israelí-estadunidense Goldman Sachs, que había apoyado a la malhadada Hillary y hoy ha permutado su preferencia sin rubor.

El vilipendiado banco de inversiones Goldman Sachs colocó a dos de sus potentados ex funcionarios en las entrañas del gabinete de multimillonarios de Trump: los israelí-estadunidenses Steven Mnuchin (SM), secretario del Tesoro, y Gary Cohn (GC), principal asesor económico de la Casa Blanca a cargo del Consejo Económico Nacional.


Durante su campaña, Trump había criticado acerbamente los lazos de Goldman Sachs con Hillary y ahora ha operado una voltereta aparatosa al incorporar en su gabinete a figuras prominentes del banco al que acusó de “robar a la clase trabajadora” (https://goo.gl/3JCJyG).


Si en un análisis superficial abunda la “confusión” en materia de política exterior de Trump –quizá deliberada, para desarmar al mundo entero, con la notable excepción de la anglósfera, Japón e Israel: hasta hoy su núcleo operativo predilecto–, en materia económico-financiera la trumponomics despliega con toda nitidez su musculatura global cuando Wall Street ha horadado el techo de las cotizaciones y el superdólar impera frente al resto de divisas alicaídas.


Desde el día de la elección del hoy deslactosado Trump, las acciones bursátiles de la otrora insolvente banca de Wall Street se han revaluado en forma fenomenal y el valor de las cotizaciones ha descolgado, en un poco más de cuatro meses, una azorante fortuna de 3.5 billones de dólares (trillones en anglosajón) debido al optimismo por los proyectos de gasto colosal en manufactura/infraestructura y al incremento del gasto militar en 54 mil millones de dólares al año para “modernizar” al ejército estadunidense, que en muchos rubros ha sido rebasado por la remarcable resurrección militar de Rusia en la etapa del zar Vlady Putin.


Los megabancos de Wall Street se han recuperado desde la grave crisis financiera de 2008, en gran medida por la desregulación mediante la orden ejecutiva contra la Enmienda Dodd-Frank, que Trump ha calificado de “desastre” (https://goo.gl/nVUnBe).


En el discurso de su triunfo Trump enfatizó su voluntad de invertir un billón de dólares en manufactura y en la deteriorada infraestructura de EU.
La trumponomics comporta mucho parecido con la reaganomics y su polémica “curva de Laffer”, que en su paradójica fase inicial eleva los ingresos mediante la disminución de los impuestos.


No será sencillo planificar y luego implementar este año la promesa de Trump de invertir en infraestructura con el fin de crear “millones de nuevos empleos” cuando gravita la clásica pregunta: ¿de dónde provendrá un billón de dólares (https://goo.gl/zoL9Ys)?


Una cosa son las promesas demagógicas de campaña y otra es lidiar con la realpolitik cuando ni siquiera existe un cronograma de la trumponomics.


El militarizado gabinete de Trump se llevará la tajada presupuestal del león mediante un dramático incremento de 54 mil millones de dólares en gasto militar: 10 por ciento mayor al del año pasado, que será compensado con una equivalente reducción acrobática en el Departamento de Estado y en otras agencias federales, como la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), cuyo flamante mandamás, Scott Pruitt, colisiona con los lineamientos previos de Obama (https://goo.gl/Lw1LoY).


Neil Irwin, del NYT, comenta que el alza de 12 por ciento del índice S&P 500 desde el día de la elección –al unísono del incremento en el rendimiento de los Bonos del Tesoro, que pasaron de 1.85 por ciento a 2.45 por ciento– “sugiere que los inversionistas creen que son más probables mayores crecimiento e inflación”, ya que “la mayor parte del optimismo boyante de Wall Street se debe a las expectativas de desregulación y de recortes de impuestos a las empresas” (https://goo.gl/edL9Um) –lo que, a mi juicio, se refleja en la disminución del desempleo y obliga a la Reserva Federal a elevar las tasas de interés para evitar que se desboque la inflación.


Wall Street es presa de los “espíritus animales”, como bautizó el célebre economista británico John Maynard Keynes al entusiasmo que estimula la actividad empresarial.


Sarah Jaffe, del rotativo británico The Guardian, rememora las contradicciones de Trump, quien había prometido en su campaña “drenar el pantano” del que formaba parte supuestamente Goldman Sachs, que ahora es “premiado por colocar sus ganancias por encima de la gente”(https://goo.gl/5n6fnq). ¡Se siguen empantanando los drenajes bursátiles de Trump!


Con las presidencias respectivas de demócratas y republicanos, Goldman Sachs se ha caracterizado por constituir “un oleoducto para el gobierno” al “alimentar con sus banqueros los puestos gubernamentales de alto rango”, a juicio de Sarah Jaffe.


Presidentes van y vienen, pero siempre pervive el vilipendiado megabanco de inversiones Goldman Sachs, lo cual desnuda que “Wall Street es un oportunista bipartidista”.


¿Gobierna Trump para la plutocracia que mezcla con su oclocracia retórica?


Un editorial del NYT, basado en un análisis no partidista de la Oficina del Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), alega que la “promesa del presidente Trump” de “brindar seguro para todos” es hueca, ya que “permuta el cuidado médico para los pobres a cambio de los recortes de impuestos para los ricos”(https://goo.gl/k6cM7U).


El análisis del CBO (https://goo.gl/dnsMU2) afirma que el Trumpcare, que sustituye al Obamacare, ahorrará 337 mil millones de dólares al disminuir los costos en 10 años, pero “24 millones (¡supersic!) pudieran no recibir cobertura médica”, cuando “el primer año afectaría a 14 millones”.


Más que Trumpcare, se trata de un Ryancare, ya que su autor es Paul Ryan, poderoso líder camaral del Partido Republicano, que hoy se encuentra bajo el fuego cruzado de tirios y troyanos.


Hasta Breitbart, vinculado a Trump, ha protestado por el Ryancare debido a que perjudica a sus partidarios WASP (White Anglo-Saxon Protestants).
Con el Ryancare, Trump compra su seguro de vida para inmunizarse frente a cualquier veleidad de defenestración por la mayoría del Partido Republicano, que no lo aprecia mucho, pero con la que ha llegado a una volátil coexistencia pacífica.


Pero tampoco Trump puede abandonar a su base conservadora cuando Obama ha llevado su “presidencia oculta (sic) a SiliconValley”, donde tuvo una “reunión secreta con los ejecutivos de la tecnología” (https://goo.gl/jUoCbn). ¿Qué trama Obama?


El pleito sin cuartel entre Trump y Obama se ha exacerbado. ¿Quien ganará?


Una de las claves radica en la ambigua “lealtad” del Partido Republicano, donde opera el pugnaz senador John McCain, lubricado por Soros, gran aliado de Obama.


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Muro Trump: ¿arma geopolítica de Exxon Mobil vs el “México neoliberal itamita”?

El "muro Trump" –programado por Bill Clinton y construido en su tercera parte por Baby Bush ante las narices anósmicas de los panistas locuaces Fox y Calderón (https://goo.gl/n7UF65)– comporta lecturas multifactoriales, como la contención de la epidemia de heroína/fentanilo (https://goo.gl/WCp3aj), que supera el vulgar mercantilismo unidimensional del fracasado TLCAN (https://goo.gl/5QEUMA).

Steve Horn aporta su hermenéutica: “el muro de Trump en la frontera con México puede ser el caballo de Troya para incrementar las exportaciones petroleras de EU (https://goo.gl/v2haKx)”.

Trump califica la terminación del ignominioso muro transfronterizo de "grande, bello, poderoso", avalado por un tuit del premier israelí Netanyahu, quien opera el supremacismo racista del sionismo, similar al de los WASP (blancos protestantes anglosajones) del presidente 45.

Según Horn, "Trump ha citado la penetración de drogas en la frontera, el incremento de crímenes y otras preocupaciones de seguridad nacional como la razón de su construcción". El inicuo pago del "muro Trump" por México puede ser "resuelto" mediante la aplicación de un 20 por ciento de impuestos a las importaciones mexicanas: el famoso "ajuste fronterizo" del Partido Republicano, que retribuye las materias primas exportadas por EU con un "impuesto de rembolso" mientras golpea las importaciones con una tarifa de 20 por ciento. A juicio de Horn, parte de esos impuestos "podría ser generada ofreciendo incentivos al incremento de las exportaciones petroleras de EU a México".

Marc Thiessen, del ultraconservador neoliberal AEI, arguye que el "ajuste fronterizo" aliviaría el "amplio déficit comercial" de EU con México al recaudar 13 mil millones de dólares al año (https://goo.gl/XOtZu0). Así el "muro Trump" podría ser pagado en dos años.

Sin muro de por medio, en Alemania, primera potencia geoeconómica de Europa, el gobierno de Angela Merkel sufre también las consecuencias de su déficit comercial con EU por 59 mil millones de dólares, que Trump amenazó corregir (https://goo.gl/Pn1qac).

La contraparte del "ajuste fronterizo" radica en las "exportaciones de petróleo" de EU, y uno de sus proponentes es el representante texano por el Partido Republicano Kevin Brady, mandamás camaral del Comité Medios y Métodos, con poderosos vínculos con la gigante petrolera Exxon Mobil, que le ha gratificado su campaña electoral (https://goo.gl/0ysmbK).

Viene la parte fina, a juicio de Horn: “EU posee un puñado de gasoductos propuestos para atravesar la frontera de EU con México, varios propiedad del constructor TransCanada, de Keystone XL, y otro, el gasoducto Dakota Access, propiedad de Energy Transfer Partners, que enviaría el gas natural obtenido mediante fracking al sur de la frontera (https://goo.gl/lWR3CA)”.

En forma caústica, Horn había bautizado a TransCanada como "TransMéxico" cuando ganó la licitación para el gasoducto submarino a lo largo del Golfo de México (https://goo.gl/HhXAiU).

Por cierto, el premier de Canadá, Justin Trudeau –quien vendió al “México neoliberal itamita” como lo han hecho Israel y Japón hasta ahora–, cambió su gabinete con antelación a su renegociación comercial bilateral con EU, y su primera medida fue dar a Trump el acceso a los gasoductos Keystone XL/Dakota Access que había prohibido Obama.

Según US IEA, México es el mayor importador de los productos (sic) de petróleo crudo de EU en el mundo.

Horn rememora cómo la secretaria de Estado Hillary Clinton abogó por la privatización de Pemex, según filtración de Wikileaks (https://goo.gl/HK8tNA).

Según Desmog, a partir de las reformas constitucionales de diciembre del 2013, “las llaves de la industria de petróleo y gas de México están ahora abiertas a las trasnacionales (https://goo.gl/c6u9Uz)”, a lo que contribuyeron "varios funcionarios importantes de EU" que “ahora trabajan de cabilderos, consultores y analistas de think tanks”, con la fauna de entreguistas locales aglutinados en el Wilson Center/ITAM por los súbditos "mexicanos" de Condy Rice, ex secretaria de Seguridad Nacional con Baby Bush y hoy accionista de Chevron (https://goo.gl/DfhRdO).

De acuerdo con el esquema de "ajuste fronterizo", las pocas exportaciones que quedan en el entreguista “México neoliberal itamita” se verían afectadas con 20 por ciento de impuestos, mientras las exportaciones de Exxon Mobil a México gozarían de la retribución generosa de EU con rembolsos por sus exportaciones.

El déficit comercial global de EU es de 500 mil millones de dólares y el trumpismo se lo hará pagar al mundo y, en imitación al reaganomics y su polémica curva de Laffer, recortaría los impuestos a sus megatrasnacionales.

Rex Tillerson, ex mandamás de Exxon Mobil ahora a cargo de la Secretaría de Estado, apoya la política exportadora de petróleo, mientras se oponen los refinadores American Fuels and Petrochemical Manufactures y Koch Industries.

Durante su confirmación en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Tillerson declaró que apoyaba “usar las exportaciones de petróleo y gas como instrumento geopolítico (¡supersic!, https://goo.gl/lIaZ35)”.

En el Comité de Finanzas del Senado el Partido Demócrata se opone al "ajuste fronterizo",mientras el megabanco Goldman Sachs juzga que “serviría como una bendición (sic) para las exportaciones petroleras, que perjudicaría a los consumidores y a los refinadores domésticos, al elevar potencialmente el precio global del petróleo en 25 por ciento (https://goo.gl/isYgLa)”.

Uno de los beneficiarios de las dos órdenes ejecutivas de Trump para aprobar los gasoductos de Dakota Access y Keystone XL es el mandamás de Continental Resources –que opera el fracking del gas esquisto en Bakken (Dakota del Norte)–, Harold Hamm, uno de los mayores donadores a la campaña del presidente 45.

Así, Dakota Access transportará el gas/petróleo esquisto del polémico fracking desde Bakken hasta las refinerías, así como al mercado global de exportación, al conectarse con el gasoducto de Energy Transfer Crude Oil Company (https://goo.gl/qC2vKa).

Según The Economist, portavoz de la agónica globalización financierista, el "ajuste fronterizo" tendrá dos consecuencias: 1) una apreciación de 25 por ciento del dólar, lo cual pondrá en peligro el valor de las deudas en dólares de los mercados emergentes, entre los que destaca el “México neoliberal itamita”, que pondrá en riesgo a sus economías, y 2) beneficiaría "irónicamente" el portafolio de 3 billones de dólares de China, que se apreciaría en su cuarta parte (https://goo.gl/DTNxoS).

En sincronía con la geopolítica del trumpismo petrolero en conjunción con Exxon Mobil, desde Rusia (la gran triunfadora) hasta el “México neoliberal itamita (el supremo perdedor)”, el Partido Republicano “se ha apresurado a abolir las reglamentaciones/regulaciones restrictivas del petróleo y gas (https://goo.gl/dQENHN)”.

Global Witness resalta “el gran regalo del Partido Republicano a la megaindustria petrolera de EU (https://goo.gl/ivvSLL)” y opina que la industria del petróleo/gas/minas es “la más corrupta del planeta (https://goo.gl/ohKHRQ)”.

El Partido Republicano, apuntalado por el trumpismo WASP, regresó a sus orígenes petroleros geopolíticos.

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Jueves, 09 Febrero 2017 06:45

2017 + Trump = 1984

2017 + Trump = 1984

Ahora que el double speak, la "realidad alternativa", las "falsas verdades", las "noticias falsificadas" y los "hechos debatibles" se han adueñado de la interlocución política en Estados Unidos, en las tres inverosímiles semanas que Donald Trump ha ejercido el poder, 1984, de George Orwell, puede leerse como una crónica de actualidad. En una reseña fuera de temporada de un libro aparecido casi 70 años atrás, se explica su actual relevancia por la similitud entre su personaje central, Winston Smith, quien debe aceptar que "dos y dos son cinco", porque así lo dice el Partido, y el estadunidense de hoy, que debe creer que el cociente intelectual del gabinete presidencial es "el más alto en la historia" –como si hubiese registros comparables– o que la multitud que presenció la toma de posesión fue "la más numerosa jamás reunida" –como si no hubiese fotografías–, porque así lo afirma el presidente.

El mundo de Orwell asume también otras manifestaciones, en las que lo improbable se torna verdadero. El 3 de febrero Trump señaló: “Esperamos eliminar gran parte de la [ley] Dodd-Frank, debido a que, francamente, conozco a muchas personas, amigos míos, que poseen buenos negocios y no pueden recibir crédito, simplemente no pueden obtener dinero alguno porque los bancos no les prestan, debido a las reglas y reglamentaciones de la Dodd-Frank. Reconoce sin ambages que el "capitalismo del compadrazgo" –el crony capitalism que ha alcanzado carta de naturalización en Wall Street– es lo que origina una acción ejecutiva que borra un conjunto de regulaciones establecidas tras la crisis financiera de 2008-2009 para evitar las acciones especulativas de bancos y otras instituciones financieras que provocaron esa misma crisis. “Lo último que necesitamos –declaró Mario Draghi ante el Parlamento Europeo– es debilitar la regulación [financiera]. Preocupa que se intente restablecer las condiciones prevalecientes antes de la crisis.”

Motivación similar explica la ofensiva republicana en el Congreso contra reglas en materia ambiental de las industrias petrolera y del carbón. Esta nota alude a estos dos retrocesos que, en la óptica orwelliana dominante, se presentan como avances para empresarios y trabajadores, que Trump y los republicanos dicen defender.

El asalto contra la regulación ambiental de la industria de combustibles fósiles no ha sido sorpresivo. Fue anunciado desde etapas tempranas del proceso electoral, cuando el precandidato republicano pugnaba por distinguirse dentro de una docena de aspirantes en aguda pugna por ser visto como el más reaccionario, intolerante y claridoso. Fue actualizado, tras el triunfo de Trump, por "Freedom Partners" –una ONG patrocinada por los notorios hermanos Koch– mediante una "hoja de ruta" que enumera las regulaciones, establecidas en su mayoría durante el gobierno de Obama, cuya pronta eliminación se busca por parte del Ejecutivo y del Congreso. Para que el Legislativo actúe, se ha invocado una ley (denominada congressional review act) que faculta al Congreso para derogar, por mayoría simple, reglamentaciones aprobadas en los 60 días anteriores al inicio de la Legislatura. A principios de febrero, el Legislativo eliminó una disposición que prohíbe el venteo de gas a la atmósfera desde pozos situados en tierras federales e inició los trámites para derogar otras, entre ellas la que evita la contaminación de corrientes de agua por explotaciones carboníferas.

El documento mencionado enlista otras 12 disposiciones. Siete de ellas, que tienen su origen en decisiones ejecutivas del anterior presidente, pueden ser borradas de un plumazo por Trump, como la moratoria a nuevas licencias para producción de carbón en tierras federales, el Acuerdo de París sobre cambio climático y diversas disposiciones del Plan de Energía Limpia. Las acciones orientadas a reducir y eventualmente eliminar las emisiones de metano a la atmósfera y las restricciones más estrictas a las emisiones de GEI por los motores y vehículos pesados, adoptadas antes de mediados de junio de 2016, se eliminarían con recurso a la ley arriba mencionada.

Un reportaje sobre este tema señala: “Otro reglamento que se desea derogar de inmediato fue aprobado por la Comisión de Valores y Bolsas (SEC) y establece que las empresas petroleras, de gas y mineras deben dar a conocer los pagos que efectúan a gobiernos extranjeros para obtener derechos de explotación, con la finalidad de evitar la corrupción en países de África y Latinoamérica (...) Exxon Mobil, cuyo anterior ejecutivo jefe, Rex Tillerson, es ahora secretario de Estado, fue uno de los primeros oponentes de esta norma, argumentado que fuerza a las empresas a divulgar ‘información comercialmente delicada’, colocándolas en desventaja de competencia”. (Eric Lipton, "GOP hurries to slash oil and gas rules", NYT, 4/2/2017.)

En el área financiera, el afán desregulador ha provenido de la Casa Blanca. El 3 de febrero se anunciaron, con gran fanfarria, nuevos criterios para acotar el alcance de la reglamentación financiera, mediante de una serie de nuevos "principios básicos". Según el resumen semanal de la Casa Blanca: A) la acción ejecutiva adoptada permite "reglamentar el sistema financiero en una forma que protege a los consumidores, al tiempo que fomenta el crecimiento de la economía y la creación de empleos" y B) el memorando complementario "previene consecuencias indeseables de las reglas para los fideicomisos financieros que podrían limitar las oportunidades económicas y las inversiones estadunidenses".

La lectura de la prensa financiera mundial fue un tanto diferente. Por ejemplo, el Financial Times (3/2/2017) hizo notar que las acciones para desmontar el aparato regulador en torno de la ley Dodd-Frank, "que incluye prohibiciones para que las instituciones financieras persigan en el mercado su propio beneficio [más que el de sus clientes], puede resultar en la mayor acción desregulatoria en seis años y provocó un salto inmediato en la cotización de las acciones de los bancos". Recuerda también que, como presidente del Consejo Económico Nacional, el antiguo funcionario de Goldman Sachs Gary Cohn, muy probablemente "propondrá cambios que propicien mayores utilidades para los bancos". Quizá actúe de concierto con el nuevo presidente de la SEC, Jay Clayton –quien también proviene de Wall Street– que podría proceder a "una hoguera de regulaciones". Recuerdo, para terminar, La hoguera de vanidades, el despiadado retrato que Tom Wolfe ofreció de Nueva York en los años 80, del que Donald Trump podría ser figurante destacado.

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Goldman Sachs, el banco que gobierna el mundo

La entidad, fundada en 1869, ha colocado a sus ejecutivos tanto en Gobiernos demócratas como republicanos

 

Desde lo alto del cuartel general de Goldman Sachs, la vida abajo parece una maqueta. Los coches, las obras o la gente adquieren dimensiones liliputienses y el bullicio se queda mudo, como si todo fuera la simulación algo deficiente de una ciudad. No hay un solo letrero, dentro o fuera, que indique que uno se halla ante la sede de ese famoso banco, en el número 200 de la calle Oeste, en el bajo Manhattan. El vestíbulo es enorme y austero y las salas de pisos más altos son pulcras y sin excesos, o quizá, sin más excesos que las imponentes vistas de la Estatua de la Libertad, del Empire State y de casi todo Nueva York.


Donde acaba la calma, empiezan las tripas de Goldman, en los pisos más bajos del edificio: seis plantas de trading (correduría bursátil) del tamaño de un campo de fútbol americano cada una de ellas, donde hileras de intermediarios de valores con triples pantallas dan las órdenes de comprar y vender, de mover dinero a un ritmo de maquila. A diferencia del resto del edificio, la vestimenta allí es algo más informal y la gente más joven (el 70% de la plantilla global del banco son millennials). El año que viene, aproximadamente el 10% de ellos, los que tengan el balance anual más pobre, tendrá que dejar la empresa. Y eso que allí está lo mejor de lo mejor, según le gusta presumir al banco: la tasa de aceptación de Goldman es del 3%, más baja que en Harvard.


Dicen que es el banco de inversión más poderoso del planeta, que paga los mejores sueldos de Wall Street y sufre la mayor tasa de divorcios, que las jornadas de trabajo exceden lo humano, que en la crisis financiera sacó petróleo mientras los demás se hundían, que no hay rincón de la Tierra a donde no lleguen sus tentáculos, que ningún Gobierno los ignora, que quien entra allí abraza un sacerdocio, que una vez se es goldmaniano, se es goldmaniano para siempre. Dicen que Goldman Sachs gobierna el mundo.


En casi todos los Gobiernos de EE UU, incluso desde antes de que comenzara el capitalismo moderno tras la II Guerra Mundial, ha habido un goldmaniano en las esferas más altas del poder público.


Donald Trump aludía a ello con frecuencia durante la campaña electoral estadounidense. Acusó a Hillary Clinton, la candidata demócrata, de haberse “vendido” al banco, del que habría cobrado jugosas cantidades como conferenciante. Aseguró también que Ted Cruz, el senador texano con el que rivalizó en las primarias republicanas, estaba bajo su control. En su último vídeo de campaña, al más puro estilo Ocupa Wall Street, señalaba a los culpables de empobrecimiento de los trabajadores y, aparte de Clinton u Obama, George Soros o el G20, destacaba a Lloyd Blankfein, el primer ejecutivo de la entidad financiera.


Poco antes de que Trump tomara posesión de la presidencia de EE UU, a mediados de enero, algunos manifestantes se apostaron ante la torre de Goldman Sachs con pancartas que rezaban “Gobierno Sachs”. El presidente, después de todo, había colocado en puesto clave de su equipo a una terna de goldmanianos.


Gary Cohn, número dos del grupo financiero, será el jefe del Consejo Económico de la Casa Blanca (previa indemnización del banco de 124 millones de dólares); Steven Mnuchin, un conocido inversor que había pasado 17 años en la casa, es el elegido como secretario del Tesoro (cargo equivalente al ministro de Economía), y el agitador derechista Steve Bannon, consejero de Trump y miembro del Consejo de Seguridad Nacional, también fue un hombre del banco.


El gran poder en la sombra, el titán, el gran calamar vampírico, el guardián de Wall Street... Pocas entidades en el mundo tienen tantos sobrenombres —y casi siempre tenebrosos— como Goldman Sachs. No es el mayor banco (ocupa un discreto puesto trigésimo segundo en la clasificación por activos) y se disputa el liderazgo de la banca de inversión con JPMorgan, pero nadie aparece tanto en las campañas electorales de cualquier país o en los carteles de manifestaciones, de Madrid a Nueva York, pasando por Atenas o Londres. Es común ver a banqueros en puestos de política económica, pero Goldman es el gran símbolo de la influencia del poder financiero en la política en EE UU.


“Trump necesitaba convencer a los mercados de que no era un loco, que puede serlo, pero necesitaba convencerlos de que no, y la mejor forma de hacerlo es contratar a gente de Goldman”, opina William D. Cohan, que pasó 17 años en la banca de inversión y luego se convirtió en autor de varios libros sobre las entretelas de Wall Street, uno de ellos, dedicado a Goldman. “Creo que, hasta cierto punto, a Trump le gusta el hecho de que todos esos tipos de Goldman, que no hubiesen hecho negocios con él por el tipo de cliente que es, estén ahora en su Gabinete. Debe decir ‘ahora están besando mi anillo y reclinándose ante mí...’. Qué irónico es el giro de los acontecimientos”, añade.


El constructor neoyorquino también ha elegido a Jay Clayton, que fue abogado de Goldman, como presidente de la SEC (el ente supervisor de la Bolsa de Nueva York) y a Dina Powell, del área de inversión filantrópica, como asesora de la presidencia. Hay quien escribió en estos primeros días de 2017 que Goldman Sachs volvía a Washington. ¿Pero alguna vez se fue? Desde hace un siglo, Gobiernos tanto conservadores como demócratas han abrazado la fe de la institución fundada en 1869 por un judío alemán llamado Marcus Goldman que había llegado dos décadas antes a Estados Unidos y empezado como comerciante de ropa (Sachs es el apellido del yerno con el que se asoció).


Henry Goldman, el hijo del fundador, ya asesoró en la creación de la Reserva Federal en 1913, en la II Guerra Mundial Franklin Delano Roosevelt fichó al primer ejecutivo del banco, Sidney J. Weinberg, para su Consejo de Producción de Guerra. Weinberg, uno de los personajes más legendarios de Goldman, conocido como Mister Wall Street, colaboró también con los Gobiernos de Eisenhower y Lyndon B. Johnson. John C. Whitehead, socio y copresidente, sirvió como subsecretario de Estado en los ochenta con Reagan, y Robert Rubin, también copresidente, fue jefe del Tesoro de Clinton. George Bush (el hijo) fichó al goldmaniano Stephen Friedman para el Consejo Económico y a Henry Paulson para el Tesoro. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, también es de la casa.


Un acto de servicio


Tras muchas críticas, Blankfein, el patrón del banco, ha descrito el salto de la entidad a la política como un acto de servicio a la sociedad por parte de quienes antes han amasado una cantidad considerable de dinero en el banco. “La mayor parte se va a los 48 o 50 años, para entonces ya has ganado bastante”, dijo en una entrevista reciente en The New York Times, “y la expectativa es que te vuelques en la filantropía o en servir a la Administración”. “Es falsa la percepción de que van a Washington y nos ayudan. Lo contrario sí es cierto”, ha dicho Blankfein, preguntado por la posible connivencia.

Cuando se cruza la puerta giratoria en sentido inverso, en retorno a la sociedad, es más difícil de vislumbrar. Este verano en Europa causó estupor el fichaje de José Manuel Durão Barroso (presidente de la Comisión Europea entre 2004 y 2014, es decir, durante la burbuja y la crisis financiera y de deuda) como presidente no ejecutivo de su filial en Londres. Mario Monti y Romano Prodi también han cobrado de Goldman.


Después de la gran crisis financiera, aparecieron dos libros sobre el banco con un título muy similar, El banco: cómo Goldman Sachs dirige el mundo (2010), del belga Marc Roche, un veterano corresponsal financiero, y Dinero y poder. Cómo Goldman Sachs acabó gobernando el mundo (2011), el de William Cohan. Un poco antes, en 2009, la revista Rolling Stone lanzó un largo y famoso artículo —hoy convertido en una referencia de la época— en el que se refería a Goldman como: “Un gran calamar vampiro envuelto en la cara de la humanidad, metiendo inexorablemente su embudo de sangre en cualquier cosa que huela a dinero”.


Clima de opinión


Todo esto es una muestra del clima de opinión en torno a la entidad tras aquella debacle financiera con tintes de cine de suspense (de la que, de hecho, se han escrito varios thrillers). En los late night shows, era común oír chistes sobre Goldman. Por si no hubiese bastante, a Blankfein no se le ocurrió otra cosa que decir, en medio de una entrevista de 2009, cuando la sociedad estadounidense aún estaba abierta en canal por la crisis, que el banco estaba haciendo “el trabajo de Dios”.


Poco después, la SEC le multó con 550 millones de dólares por “distorsión grave”: creó y vendió un producto muy complejo (los luego famosos CDO) cuando empezaba a derrumbarse el sector inmobiliario sin contarle que uno de sus clientes (el inversor John Paulson) había participado en la selección y estructuración de estos y que, mientras se lo estaban vendiendo, Paulson estaba apostando a la baja contra esos valores. El bajo coste de esa multa se interpretó como una victoria. Y hace un año, llegó a un acuerdo extrajudicial para pagar 5.000 millones en reclamaciones por vender activos de deuda asegurando que estaban respaldados por hipotecas solventes cuando eran conscientes de que estaban a punto de caer en el impago.


En el imaginario popular, Goldman encarna el símbolo de los excesos; en el ideario menos profano, los méritos están algo más repartidos. La factura de Bank of America, por ejemplo, sumó 16.600 millones de dólares en un pacto similar, mientras que JPMorgan desembolsó 18.000 millones, además de otras penalizaciones por otros desmanes.


Para Cohan, Goldman es, aun así, “una institución única, el banco más respetado del planeta”, mientras que Marc Roche, en su libro, es implacable: relata su papel en la crisis, desgrana las conexiones políticas del grupo y detalla algunas operaciones que dieron la campanada, como el asesoramiento para el maquillaje de las cuentas públicas de Grecia. Ambos coinciden, con todo, en la intensa cultura de empresa que hay en la institución, también en la competitividad descarnada o el desprecio al estrellato individual. Roche habla de “monjes banqueros” dispuestos a salir disparados de la casilla de salida del tablero con la “sangre fría suficiente” como para ganar.


Seis años después de publicar el libro, Marc Roche cree que “el banco, en esencia, no ha cambiado, solo lo ha hecho en cuestiones cosméticas. Siguen siendo los mejores contratando personal, de los mejores en gestión de fortunas...”, y siguen, añade después, “teniendo esa red de influencia”.


En 2010 crearon un comité que revisara sus estándares y acordaron una batería de medidas para reforzar la transparencia de sus gestiones, el control de sus productos, los conflictos de intereses de sus agentes y directivos. Un empleado del banco, contratados después de este proceso, asegura que el escrutinio sí es, al menos hoy, exhaustivo.


Un lavado de imagen


El banco también muestra una cara más amable y ha dado algún paso para combatir su reputación de secretista: hay más información en su página web, se ha abierto a las redes sociales... El pasado abril, The New York Times publicó un largo artículo bajo el título ‘Un socio gay y latino pone a prueba la cultura tradicional de Goldman Sachs’. Se trataba de Martin Chávez, próximo director financiero, impulsor de un proyecto de software que da a los clientes más acceso a una información de negociación muy específica que antes solo estaba disponible para goldmanianos.


Un tercio de los empleados de Goldman en todo el mundo son ingenieros, y la tecnología, según la firma, es la división más importante del grupo. Han invertido en nuevas compañías como Symphony, una plataforma de mensajería instantánea, o ¬Kensho, otra base ingente de datos, ámbitos en los que hasta ahora dominan Bloomberg o Thomson Reuters.


A los bancos les gusta cada vez más presentarse como firmas tecnológicas, y detrás de este afán hay una búsqueda de eficiencia en los procesos. La regulación resultante de 2008 y los nuevos requerimientos de capital hacen más difícil el negocio a todo el sector y la intermediación ha ido a la baja. Los ingresos del banco son hoy un 25% inferiores a los de 2009, en parte por las dificultades de crecer y en parte por la venta de algunos negocios de volumen. Las decisiones de recorte de gastos en esa casa se toman con rapidez: este año, en apenas seis meses, el banco hizo ajustes por valor de 900 millones de dólares.


“En 2006, Goldman tenía 33.000 millones en capital ordinario, en 2016 tenían 76.000, más del doble. Si más que duplicas el volumen de capital que tienes que tener, para lograr el mismo nivel de retorno de ese capital, debes duplicar también los ingresos netos, lo que es obviamente casi imposible”, explica Christian Bolu, de Credit Suisse, que lleva seis años en el equipo que analiza el banco. “Pero en términos de ROE [retorno sobre fondos] está mejor que sus rivales”, añade.


Más beneficios


Los beneficios del año pasado engordaron un 22% respecto al anterior (hasta los 7.400 millones de dólares), mientras los ingresos se encogían un 9% (hasta los 30.600 millones de dólares). Y el beneficio por acción, que es lo que interesa sobre todo en Wall Street, se disparó hasta el 34%. Desde la noche electoral, las acciones han subido un 27% en Bolsa, gracias a la expectativa de una menor regulación con el Gobierno de Trump, entre otros factores.


Tras la caída de Lehman Brothers, fue obligado a constituirse como un grupo bancario para poder acceder a las rondas de liquidez de la Reserva Federal. El pasado octubre abrió una plataforma online de créditos para el consumo pequeño, un área aún muy reducida de negocio, bajo el nombre de Marcus (el nombre del fundador). El corazón del banco sigue siendo la intermediación de valores, la inversión.


Lloyd Blankfein no ha vuelto a decir que están haciendo el trabajo de Dios. Pero hace poco, en una entrevista en CNN, dejó entrever que no estaba a años luz de ello. “Me muero de miedo de que se cometan errores en mi organización”, dijo, “¿y sabe qué? El mundo quiere que yo esté muerto de miedo”, como si Goldman Sachs gobernara el mundo.


Recuadro

El trío republicano


Gary Cohn, número dos del grupo financiero, será el jefe del Consejo Económico de la Casa Blanca; Steven Mnuchin, un conocido inversor que había pasado 17 años en la casa, es el elegido como secretario del Tesoro, y el agitador derechista Steve Bannon, consejero de Trump y miembro del Consejo de Seguridad Nacional, también fue un hombre del banco.

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El presidente Trump inicia el proceso para reducir la regulación financiera

La conocida como Dodd-Frank Act incluye reglas para evitar episodios como el derrumbe de Lehman Brothers


Donald Trump sigue al pie de la letra las promesas que hizo durante la campaña electoral, al firmar este viernes dos decretos que inician el proceso de revisión del paquete de medidas reglamentarias conocido como la Dodd-Frank Act. La Ley se adoptó por iniciativa de la Administración de Barack Obama tras la pasada crisis financiera desatada por el desplome de Lehman Brothers para poner a raya a los grandes bancos y evitar abusos. El nuevo presidente considera, sin embargo, que el exceso de regulación afecta a los negocios y a la economía.


“Tengo amigos con buenas empresas que no pueden pedir prestado debido a las normas”, comentó Donald Trump al recibir en la Casa Blanca al grupo de empresarios que le asesorarán desde el sector privado en cuestiones económicas. Entre los asistentes se encontraba el consejero delegado de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, la mayor entidad financiera por activos de Estados Unidos y que fue muy crítico en el pasado con el exceso de regulación.


La Dodd-Frank Act, que debe su nombre al exsenador Christopher Dodd y al exrepresentante Barney Frank, los dos demócratas, fue firmada en julio de 2010 por el entonces presidente Barack Obama para elevar la regulación y la supervisión sobre las grandes bancos sistémicos. El objetivo de las medidas que integra la legislación es evitar que asuman riesgos excesivos, como los que llevaron a la crisis financiera de 2008, la más grave desde la Gran Depresión.


La firma de las dos órdenes ejecutivas que marcan el inicio del proceso de revocación de la reforma impulsada por Obama entra, sin embargo, en contradicción con el ataque que lanzó durante la campaña contra los grandes titanes de Wall Street, por los excesos que llevaron a la crisis. Esos mismos ejecutivos, a los que demonizó y acusó de corromper el sistema político, son los que más se van a beneficiar de este eventual recorte porque relajará el control.


Los valores financieros respondieron al alza a la firma del decreto, en la mejor jornada desde mediados de noviembre, y auparon así de nuevo al índice Dow Jones hasta colocarlo por encima del nivel de los 20.000 puntos. Los más críticos con la maniobra desde las filas demócratas en el Congreso de EE UU, como la senadora Elizabeth Warren, consideran que el equipo del presidente tiene “amnesia” y olvidó cuál era la situación hace ocho años por los excesos de Wall Street.
Paso simbólico


Trump promete rebajar la regulación de manera “masiva”, como un incentivo a hacer negocios en EE UU. La firma de los decretos que marcan el inicio de revisión de la Dodd-Frank es, en cualquier caso, un paso simbólico porque corresponde a los legisladores reescribirla y es un trabajo de gran complejidad. En el momento de la firma de la orden ejecutiva estuvo presente Gary Cohn, que hasta hace unas semanas fue el segundo de mando en Goldman Sachs.


"La Dodd-Frank es una política desastrosa que está entorpeciendo los mercados y reduciendo la disponibilidad de crédito", aseguró el portavoz presidencial, Sean Spicer. La primera de las órdenes firmadas por Trump urge a una revisión integral de esta Ley, como pide la industria financiera. La segunda busca revertir una norma que fija las condiciones de inversión de los planes de pensiones de los trabajadores, un mercado que mueve tres billones de dólares.


La directriz de la Casa Blanca va a provocar en la práctica que las diferentes agencias que regulan y supervisan el sistema financiero procedan a examinar posibles cambios en la legislación, para simplificarla. El secretario del Tesoro tendrá que presentar un informe al respecto en 120 días con el detalle del plan que se va a seguir. En cualquier caso, no se espera que sea una revocación como la que Donald Trump quiere para la reforma del seguro médico Obamacare.


La legislación financiera es mucho más compleja y lo que buscaría es eliminar costes, más que dejar margen a los bancos para que asuman riesgo. La Dodd-Frank incluye reglas para evitar episodios como el que protagonizó Lehman Brothers, que incluyen el incremento de los colchones de capital que deben tener los bancos, las pruebas en situaciones de estrés y se creó una agencia para la protección del consumidor. La revisión no estará exenta de batalla en el Capitolio.

 

Nueva York 3 FEB 2017 - 17:29 COT

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Sábado, 10 Diciembre 2016 06:53

Trump al gobierno, Goldman Sachs al poder

Trump al gobierno, Goldman Sachs al poder

El presidente electo ofreció al titular del banco de inversiones hacerse cargo del Consejo Económico Nacional.

 

Gary Cohn es un veterano directivo de Goldman Sachs que dirige en la actualidad las operaciones del banco de inversiones, y aún no está claro si aceptará el ofrecimiento. Otro hombre de la firma fue nominado para secretario del Tesoro.

 

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció al presidente de Goldman Sachs, Gary Cohn, hacerse cargo del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, según informó ayer, sin citar fuentes, el canal de televisión NBC News.


Cohn es un veterano directivo de Goldman Sachs que dirige en la actualidad las operaciones del banco de inversiones. La propuesta ya está encima de la mesa pero todavía no está claro que Cohn vaya a aceptarla, según las mismas fuentes, que añadieron que a finales de noviembre pasado el presidente de Goldman Sachs empezó a barajar la posibilidad de abandonar el banco. El Consejo Económico Nacional es el principal órgano económico del presidente de Estados Unidos que se encarga de coordinar la política económica de la administración, un puesto con gran influencia dentro de la Casa Blanca.


Cohn, de 56 años, fue presidente y director de operaciones de Goldman Sachs durante diez años. Comenzó su carrera en Wall Street en 1983 en la Bolsa Mercantil de Nueva York, donde vendía acciones. En 1990, se unió al grupo de Renta Fija, Divisas y Materias Primas de Goldman Sachs y siguió a Lloyd Blankfein (Director General de Goldman Sachs) en posiciones gerenciales en la División de Valores de la compañía. Cohn se reporta con Blankfein y ha sido un candidato claro para sucederle, aunque Blankfein no ha dado indicios de que planea renunciar y finalmente no padece cáncer tras someterse el año pasado a quimioterapia por un linfoma.


El nuevo papel de Cohn en el gobierno vendría con un gran beneficio, más allá de ocupar uno de los dos papeles más importantes de la política económica en la administración entrante de Trump. Bajo una regla de 1989, Cohn puede vender sus 190 millones de dólares en acciones de Goldman Sachs, lo que, gracias a un aumento en las acciones de los bancos después de las elecciones, está en su punto más alto. En la tasa más alta de impuestos, es un beneficio por valor de $38 millones en pagos atrasados a la hacienda. En 2013, Susana Craig del diario The New York Times, describió a Cohn como “El Príncipe Carlos de Wall Street”, un hombre para quien la corona parece estar más allá de su alcance. De aceptar finalmente la oferta, Cohn se convertiría en otro hombre de Goldman Sachs en entrar en la próxima administración, después de que Trump propusiera a Steven Mnuchin, ex directivo del banco, para el cargo de secretario del Tesoro. También trabajó durante años en Goldman Sachs Stephen Bannon, que fue elegido por el presidente electo como estratega jefe y consejero principal de su administración unos días después de su victorias en las elecciones del 8 de noviembre.


A su vez nombró al inversor privado multimillonario, Wilbur Ross, como Secretario de Comercio. Ross es propietario de una mina de carbón que tenía citaciones por más de 200 violaciones de seguridad, antes de que un accidente matase una docena de trabajadores. Además, es miembro de una fraternidad secreta de Wall Street, en la cual vestido con zapatillas de terciopelo, cantaba canciones de teatro burlándose de la gente pobre. Al mismo tiempo, Trump eligió a una millonaria para dirigir el Departamento de Educación, Betsy DeVos, y a un multimillonario con casi ninguna cualificación más allá de ser un multimillonario como subsecretario de comercio, Todd Ricketts, un hombre de negocios que es dueño del equipo de béisbol Chicago Cubs.


La decisión de Trump de invitar a varios empleados de Goldman Sachs a unirse a su administración, ciertamente desafía la imagen populista que cultivó mientras se postulaba para el cargo presidencial. El presidente electo cerró su campaña con un anuncio que golpeó el establishment político y financiero, emparejando clásicamente frases antisemitas con imágenes del presidente y CEO de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, el multimillonario George Soros, la presidenta de la Reserva Federal Janet Yellen y otras figuras financieras.


Cohn es el último de una larga lista de ex ejecutivos de Goldman Sachs para asumir cargos gubernamentales en materia de política económica y regulación financiera y se convertirá en el tercer socio de Goldman Sachs en liderar el Consejo Económico Nacional. Robert Rubin y Stephen Friedman, que sirvieron juntos como co-jefes de Goldman a principios de la década de 1990, también tuvieron el mismo trabajo. Rubin sirvió a la administración de Clinton de 1993 a 1995 y Friedman sirvió a la administración de George W. Bush de 2002 a 2004. Rubin dejó el Consejo Económico Nacional para convertirse en secretario del tesoro, un papel que tuvo otro presidente anterior de Goldman Sachs, Hank Paulson, llenado durante el Presidencia de George W. Bush.


Fuera de la rama ejecutiva, la Reserva Federal está llena de banqueros Goldman. Cuatro de las 12 sucursales regionales del banco central están dirigidas por ex ejecutivos de Goldman. La Reserva Federal es responsable de elaborar la política monetaria estadounidense y tiene importantes obligaciones regulatorias.

 

 


 
Trump nombró a dos aliados de las petroleras a cargo del medio ambiente

 

Dos zorros para el gallinero

 

La diputada McMorris, campeona de las perforaciones en tierras públicas, y Scott Pruitt, un fiscal del estado petrolero de Oklahoma que descree del cambio climático, encabezarían la secretaría y la agencia reguladora del área, respectivamente.


Pese a la férrea oposición de grupos ambientalistas el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, eligió a la congresista republicana Cathy McMorris para el cargo de secretaria del Interior, encargada entre otras cosas del uso del vasto territorio federal, informaron medios estadounidenses. Los grupos vinculados al medio critican a McMorris, por no apoyar la protección de las tierras públicas. “En el Congreso, la diputada McMorris votó en forma consistente para priorizar la perforación en nuestras tierras y aguas públicas, incluso en áreas sensibles como el Ártico, e incluso para abrir nuestras tierras públicas para la venta al mejor postor”, dijo el presidente de League of Conservation Voters, Gene Karpinski, en un comunicado.


La nominación de McMorris llega 24 horas después del nombramiento de Scott Pruitt para encabezar la Agencia de Protección Ambiental. Pruitt es el procurador general de Oklahoma y escéptico de la ciencia del clima. Con este nombramiento Trump animó a la industria petrolera pero enfureció a los grupos ambientalistas y legisladores demócratas que prometieron luchar contra su nombramiento. Pruitt demandó a la Agencia de Protección Ambiental repetidamente y es parte de un esfuerzo coordinado de varios estados para bloquear el Plan de Energía Limpia de Obama para limitar las emisiones de dióxido de carbono.


Con respecto a la secretaría de Interior, a cargo de temas medioambientales, fuentes consultadas por los diarios The New York Times y Wall Street Journal, aseguran el equipo de Trump se inclinó por McMorris. Durante más de una década McMorris fue congresista por el estado de Washington y presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes, lo que la convierte en la mujer de más alto rango dentro de la jerarquía republicana.


La congresista se reunió el pasado 20 de noviembre con el presidente electo y pese a votar por él durante las primarias “sin mucho entusiasmo” se fue acercando a Trump, hasta pasar a integrar el equipo de transición. McMorris podría ponerse al mando de una agencia con 70 mil empleados, un presupuesto de 12 mil millones de dólares, y encargada de las gestión de Parques Nacionales, proyectos energéticos, prospecciones y la gestión de inmensas extensiones de terrenos federales, la mayor parte concentrados en el oeste.


Trump expresó su oposición a la moratoria de la administración de Barack Obama y de su Departamento de Interior al alquiler de terrenos federales para explotaciones carboníferas, al tiempo que se mostró favorable a un aumento de las prospecciones petroleras marítimas y terrestres en áreas controladas por el estado.


Como representante de un estado con un alto porcentaje de terrenos federales y con un gran patrimonio natural, McMorris promovió legislación para incentivar la energía hidroeléctrica y la protección de bosques. No obstante, también votó a favor de aumentar la exploración de hidrocarburos en zonas marítimas bajo control federal y defendió que se vendan terrenos federales para la minería. Si finalmente es confirmada por el Senado, donde no debería encontrar gran oposición entre sus colegas republicanos, su salida obligaría a un relevo dentro de la jerarquía conservadora en el Congreso.


McMorris apoyó los esfuerzos para expandir la industria de petróleo y gas de Estados Unidos. Votó a favor de la Ley de Energía de los Nativos Americanos, un proyecto de ley que fue vetado por Barack Obama en 2015, que habría hecho más fácil perforar en los territorios tribales. En su sitio web, también reafirma su apoyo a la reciente derogación de la prohibición de décadas de exportación de petróleo, y por un proyecto de ley para rechazar la Ley de Aguas de los Estados Unidos de la Agencia de Protección Ambiental, como algunos de sus logros clave en energía y medio ambiente.


A su vez, expresó escepticismo sobre el cambio climático, consistentemente oponiéndose a las medidas de Obama para combatirlo, y una vez argumentando que el ex vicepresidente Al Gore, un defensor desde hace mucho tiempo de las medidas para combatir el calentamiento global, merece una “F” en ciencia y una “E” en escritura creativa (haciendo alusión al sistema de evaluación educativo).


El Center for Western Priorities, un grupo ambientalista, dijo que también estaba preocupado de que McMorris seguiría los esfuerzos para vender tierras federales después de que ella copatrocinó un proyecto de ley en 2011 para colocar más de tres millones de acres (1,21 millones de hectáreas).


Trump prometió durante su campaña que iba a deshacer las medidas de Obama contra el cambio climático y sacar al país de un acuerdo global para frenar el calentamiento, acordado en París el año pasado, diciendo que pone a las empresas estadounidenses en una desventaja competitiva.

 

 

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Miércoles, 07 Diciembre 2016 06:18

Referendo a la italiana y crisis bancaria

Referendo a la italiana y crisis bancaria

El sistema bancario en Italia es como un espagueti súpercocinado y mal sazonado. No se encuentra el comienzo ni el fin de cada fina tira de pasta. Todas enredadas parecen una serpiente de mil cabezas, pero todas están infectadas de un mismo mal, su cartera vencida. Lo grave es que, como Italia es la tercera economía de la Unión Europea, una crisis bancaria en ese país sería una amenaza mortal para el euro y no podrá ser barrida abajo de la alfombra.

Para el primer ministro Matteo Renzi el referendo del domingo pasado sobre reformas constitucionales habría otorgado un diseño más dinámico a la administración pública para salir de la parálisis política y el estancamiento económico. Pero los críticos de las reformas objetaron la mayor centralización del poder político y económico que resultaría de ganar el sí. El resultado fue aplastante: alrededor de 60 por ciento de los votantes rechazaron las reformas propuestas. En algunas regiones donde el desempleo es más elevado (por ejemplo en el Mezzogiorno) el rechazo alcanzó 70 por ciento.

¿Qué tiene que ver esto con los bancos italianos y el euro? Sumida en el estancamiento y el desempleo, Italia afronta además la más grave inestabilidad bancaria de su historia. La verdad es que la economía italiana no se ha recuperado de la crisis de 2008. Desde 2009 la economía italiana ha sufrido una contracción mayor a 10 por ciento y el año pasado apenas creció 0.8 por ciento, lo que ha ido agravando el problema de la cartera vencida que hoy alcanza los 400 mil millones de euros (alrededor de 20 por ciento del PIB).

Después de varios intentos fallidos para rescatar y colocarlos nuevamente en pie, los bancos italianos siguen su descenso al infierno de los números rojos. Entre los bancos más importantes con problemas graves se encuentran Monte dei Paschi di Siena (el banco más antiguo del mundo), Banco Popolare y Unicredit. Todos tienen coeficientes de cartera vencida a capital (más reservas) superiores a 100, lo que significa que no tienen suficientes recursos para cubrir sus pérdidas.

Cuando estalló la crisis financiera muchos bancos italianos estuvieron comprando bonos del gobierno, práctica promovida en su momento por el Banco Central Europeo (BCE). Pero la crisis en Grecia demostró que esa no era una buena idea y el BCE y la Unión Europea (UE) dieron marcha atrás cuando se percataron que el nivel de apalancamiento del gobierno italiano era excesivo. Hoy la política sobre rescates en la UE busca impedir que un gobierno preste ayuda para recapitalizar sus propios bancos y fomenta la idea de que en caso de crisis los primeros en absorber pérdidas sean los inversionistas de dichos establecimientos. Las nuevas reglas pretenden evitar los rescates perversos en los que la irresponsabilidad de los dueños de bancos es recompensada con recursos fiscales mientras la deuda privada se convierte en deuda pública. Esto tiene algo de sentido pero los rescates privados ignoran las interdependencias del sistema bancario y las consecuencias sistémicas de un colapso en uno de los grandes bancos.

La irritación que las nuevas reglas han provocado en Italia es considerable porque existen cientos de miles de pequeños inversionistas que compraron papeles de los bancos deteriorados y hoy ven sus ahorros amenazados. Esto explica una parte del voto de castigo en contra del primer ministro italiano en el referéndum pasado.

Para superar el obstáculo impuesto por las nuevas reglas de la UE, Renzi y su ministro de finanzas Pier Carlo Padoan adoptaron la idea de crear un banco "malo", es decir, un banco privado capaz de comprar la cartera tóxica de los bancos italianos más expuestos. El resultado fueron dos fondos especiales, Atlante I y II, para recapitalizar y comprar cartera vencida, respectivamente. Pero los Atlantes no tienen los recursos suficientes para afrontar un problema de esta magnitud. Además de la falta de transparencia en sus decisiones sobre cuáles bancos debían ser ayudados, los fondos no pudieron tranquilizar a los mercados que suponen tendrá que venir tarde o temprano otra inyección de fondos públicos, con lo que la deuda pública aumentará y con ello los problemas de su financiamiento en los mercados de capitales internacionales.

El gobierno italiano y el euro afrontan un serio dilema. Los fondos Atlante (el "banco malo") no han podido llevar a cabo el salvamento de los bancos. Pero tampoco es evidente que un gobierno que se ahoga en un pantano de deudas pueda seguir operando este rescate con fondos públicos (la relación deuda-PIB en Italia supera 132 por ciento, lo que ubica a este país en segundo lugar después de Grecia). Y tampoco se ve la salida por el lado de una inyección de recursos de países como Alemania.

La crisis de la banca italiana es también la crisis de los bancos europeos cuyas acciones se han desplomado este año. Así que aunque ya no es válido aquello de que todos los caminos conducen a Roma, lo cierto es que hoy la crisis de los bancos europeos pasa por Italia.

Twitter: @anadaloficial

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