Colombia anuncia la llegada de tropas de EU para ayudar en el combate al narcotráfico

Bogotá. El ministro colombiano de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, informó ayer que un grupo del Comando Sur de Estados Unidos llegará al país en junio para asesorar al ejército en la lucha contra el narcotráfico, lo que fue rechazado por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (la antigua guerrilla de las FARC), que aseguró se trata de una estrategia de agresión contra Venezuela.

En ningún momento habrá tránsito de tropas extranjeras ni participarán en operaciones militares; éstas las desarrollan exclusivamente las fuerzas colombianas. Se trata de un grupo élite de carácter netamente técnico y de asesoría para mejorar la efectividad en la lucha contra el narcotráfico, explicó.

Trujillo destacó que Colombia y Estados Unidos suscribieron hace varias décadas un acuerdo de cooperación militar y recordó que la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas es una responsabilidad compartida, por eso para Colombia es fundamental la cooperación con las naciones aliadas.

La embajada de Estados Unidos indicó antier en un comunicado la llegada al país de una brigada estadunidense de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB, por sus siglas en inglés), que viene para ayudar a Colombia en su lucha antidrogas. Se trata de una unidad especializada del ejército de Estados Unidos formada para asesorar y ayudar en operaciones de naciones aliadas.

A su vez, el comandante de las fuerzas militares, Luis Navarro, indicó que los asesores castrenses estarán en el país durante cuatro meses en cuatro zonas y al llegar cumplirán todos los protocolos de prevención, contención y aislamiento establecidos por el Ministerio de Salud para evitar la propagación del nuevo coronavirus que ha contagiado a 24 mil 104 colombianos y ha dejado 803 muertos.

Se recibe la alarmante noticia de la puesta en marcha de un plan de desestabilización de la paz del continente... Nadie pone en duda que esta situación se desarrolle como parte de la estrategia de agresión militar del gobierno de Donald Trump contra Venezuela, advirtió el Consejo Político Nacional de la FARC en un comunicado.

Iván Cepeda, senador del partido de izquierda Polo Democrático, agregó: esto forma parte de toda una estrategia de intervención militar en la región, en particular en Venezuela, por la cual está siendo funcional el gobierno colombiano.

Según las fuerzas militares, desde enero pasado los decomisos de cocaína aumentaron 7 por ciento respecto del mismo periodo del año anterior, para totalizar 169 toneladas de cocaína. Además, se han erradicado más de 22 mil hectáreas de cultivos ilícitos.

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China aprobó una Ley de Seguridad para Hong Kong

Tras días de protestas en la ciudad semiautónoma

La norma modificará la Ley Básica de este territorio para exigirle que cumpla las medidas decididas por la Asamblea Nacional Popular de China. 

 

La Asamblea Nacional Popular (APN) de China aprobó una nueva Ley de Seguridad para Hong Kong ignorando las protestas en la ciudad semiautónoma. La norma modificará la Ley Básica de este territorio para exigirle que cumpla las medidas decididas por el comité permanente de la APN. Los críticos a la normativa consideran que viola el principio de “un país, dos sistemas”, pactado entre China y el Reino Unido en 1997. Además sostienen que le otorga el gobierno chino mayor control sobre Hong Kong tras 11 meses de protestas.

La norma fue aprobada en China por 2.878 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones. La APN es el máximo órgano legislativo de la República Popular China, controlado por el partido gobernante. Este maneja la mayor parte del trabajo legislativo. El primer ministro chino Li Keqiang, número dos del país, defendió la ley y dijo que es consistente con las promesas de Beijing. “La ley está diseñada para la implementación constante de 'un país, dos sistemas' y la prosperidad a largo plazo de Hong Kong", sostuvo Li.

Los activistas hongkoneses advierten que la norma socavará la autonomía prometida a la ex colonia británica cuando fue devuelta a China. Además señalan que podría utilizarse para suprimir la actividad política. El miércoles miles de manifestantes que protestaban contra la norma fueron reprimidos por la policía. La jornada dejó un saldo de 300 detenidos. Las movilizaciones en la ciudad semiautónoma se remontan a 2014 cuando dio inició la denominada "Revolución de los paraguas". En ese momento el gobierno chino había permitido que allí se elija el líder de la ciudad entre candidatos impuestos por Beijing.

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Hong Kong, algo más que una ficha en la disputa de China por la hegemonía global

Los medios occidentales amplifican las protestas en Hong Kong, un “problema interno” de China que confluye con los temores del establishment a que las sociedades europeas simpaticen más con el país dirigido por Xi Jinping.

 

La Unión Europea ha hablado de emitir una respuesta “contundente” ante lo que considera los derechos y libertades amenazados por el despliegue de miles de policías chinos en Hong Kong destinado a sofocar un movimiento de protestas que ha resurgido en los últimos días. La movilización en la isla, provocada inicialmente por una reglamentación que prohíbe “reírse” del himno chino, se enmarca en el contexto más amplio de una ley de Seguridad Nacional que se superpondrá a las leyes específicas de la isla y que está planteada para perseguir el secesionismo, el terrorismo y la subversión. 

Pero el mensaje de la UE, emitido por su comisario de política exterior, Josep Borrell, se produce también en mitad de un desencuentro global con China. La potencia ha mostrado los dientes a distintos países durante la crisis del covid-19. Sea por un movimiento defensivo ante las críticas de los medios occidentales sobre su responsabilidad en la difusión del virus o por una nueva estrategia global, la escalada de la tensión en Hong Kong está siendo utilizada por Estados Unidos y sus aliados para atacar a China.

Se sabe, porque lo ha dicho la policía china, que ya hay cientos de detenidos por “asamblea ilegal” y que se han disparado gases pimienta para sofocar las protestas. También que los principales medios occidentales están haciendo un seguimiento importante del conflicto, en cuanto la crisis gravita también sobre la guerra comercial —y en la disputa sobre la hegemonía mundial— que enfrenta a la administración de Donald Trump y al régimen chino de Xi Jinping. Una guerra exacerbada a raíz del covid-19 en la que los aranceles son solo un instrumento ya que, como explican Rubén Martínez e Isidro López en Ctxt, se trata de un conflicto entre distintos modelos de proteccionismo ante la crisis de los mercados financieros abierta desde 2008.

Por más que no se hayan salido del tono frío y burocrático habitual, las protestas de Borrell sobre las “reglas del orden internacional” contrastan con el silencio de la UE ante lo que pasa en otros países como Filipinas, donde el presidente Rodrigo Duterte ha instado a las fuerzas armadas y la policía a “disparar a matar” a quienes no cumplan con la cuarentena estricta impuesta desde el 17 de marzo. Tampoco se espera que la Unión Europea emita ninguna respuesta sobre la garantía de derechos y libertades en Estados Unidos, un país que en los últimos cuatro años ha emitido hasta 116 leyes “antiprotestas”, según un informe de PEN America.

En cualquier caso, las protestas son, por el momento, el principal reto del Partido Comunista de China (PCCh) en cuanto a su política “interna”. Una herida abierta desde 2014, con la llamada “revolución de los paraguas” que se transformó, cinco años después en propuestas masivas contra el proyecto de ley de extradición que habría permitido entregar a presuntos delincuentes a las autoridades de la China continental. 

Los meses de julio y agosto de 2019 fueron los del auge de un movimiento que mostraba el descontento de una generación ante la escalada de los precios de la vivienda y las condiciones de precariedad, inéditas hasta hace poco en un país-isla que se constituyó como un nodo de los intercambios financieros entre China y el resto del mundo. Un enclave que, por encima de otras consideraciones, tenía un nivel adquisitivo muy superior al de la China continental. Un peso específico que como señalaba el pasado verano el periodista Carl Zha, ha declinado significativamente: el PIB de Hong Kong, que en 1993 era el 23% de toda China hoy sólo representa el 2,9%.

Ese descontento de los hijos de la etapa más próspera de la historia de Hong Kong, sumado al interés por parte de las contrapartes en el mapa global (Estados Unidos y Reino Unido) genera en el régimen chino una problemática relativamente nueva: no puede extralimitarse en sus métodos de control —represión— de la insurgencia porque está en el foco de la opinión pública internacional.

Pero la potencia considera que la independencia de Hong Kong —un cántico  en las manifestaciones que no tiene encarnación en un movimiento político de masas, al menos por el momento— es innegociable y que el acuerdo que supuso la reintegración de Hong Kong —basado en la máxima “un país, dos sistemas” y una carta constitucional llamada Ley Básica— ha quedado desfasado a medida que China ha dado su otro salto adelante del siglo XXI.

Una evolución que ha hecho crecer los salarios en el gigante asiático (se han triplicado en once años), el alcance del sistema sanitario, que de 2008 a 2014 ha significado que ha pasado del 30 al 95% el porcentaje de población cubierto por el sistema público de salud, y ha aprovechado su papel como “fábrica del mundo”, para obtener una transferencia tecnológica que le permite comenzar a competir en los sectores en los que sigue siendo dependiente, como la alta tecnología o la industria aeronáutica.

Con la aprobación de la ley de Seguridad Nacional que será refrendada hoy jueves por Pekin y cuya aprobación definitiva en Hong Kong debe tener lugar este verano, China quiere terminar con la fase intermedia e integrar completamente a la isla en su programa político.

Pero las cargas contra las personas que protestan en Hong Kong no son las únicas muestras de la mano dura del Gobierno de Pekín. Esta semana, un artículo de The New York Times volvía a incidir en la rápida mejora que están experimentando los sistemas de vigilancia a raíz de las App de salud para rastrear el paso del coronavirus sobre la población china mediante un sistema de asignación por colores. Una mejora que ha abierto entre parte de la intelectualidad dudas el debate sobre el potencial uso de big data para la discriminación de población, en este caso, por motivos de salud. Una aplicación que coincide en el tiempo de la implantación del sistema de crédito social en todo el territorio, una medida de control social mediante el reparto de premios al buen comportamiento y castigo a quienes se muestren asociales.

 

Disputar la hegemonía

 

En el plano internacional, la tensión en Hong Kong es también un pretexto para que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, haya amenazado con presentar en las próximas horas nuevas sanciones contra China. Aunque el presidente solo dijo que serían sanciones “interesantes” se ha especulado que estas consistan en controlar las transacciones y congelar los activos de los funcionarios y las empresas chinas en Estados Unidos. Una amenaza que se produce un año y medio después de la detención de Meng Wanzhou, vicepresidenta de Huawei, en una prisión canadiense desde entonces.

A pesar de que en enero de 2020 se produjo una pequeña tregua en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, con la firma de un acuerdo que ponía fin a dos años de batalla arancelaria —acuerdo que tiene una dimensión de “ahorro” en aranceles de 140.000 millones de euros—, el objetivo de Trump sigue siendo cerrar en la medida de lo posible la expansión de China, muy especialmente de sus infraestructuras tecnológicas de quinta generación (5G).

A raíz de las protestas en Hong Kong, Estados Unidos ha requerido el apoyo de la Unión Europea, reacia a imponer sanciones a la que ya es la primera potencia económica mundial. Pero la puesta en marcha de las redes 5G —que Huawei tiene mucho más adelantada que las compañías estadounidenses— es la principal preocupación de Trump. En enero, Reino Unido abrió la puerta a Huawei, aunque su presidente Boris Johnson ha reculado en las últimas semanas. Los ataques por parte de EE UU se extienden a los dos partidos: demócratas y republicanos alertan de la “amenaza” por igual.

El tabloide Global Times —versión clickbait del Diario del Pueblo, medio oficial del Partido Comunista de China— explicaba esta semana en un editorial que la rivalidad a “largo plazo” entre China y Estados Unidos “es inevitable”.

El editorial muestra las distintas amenazas que el Gobierno chino teme: desde el enfrentamiento militar, al que el editorialista responde con un “China sabría defenderse”, a la intervención mediante ataques financieros, algo que “dañará la integridad del sistema financiero que lidera”, vaticina este editorial: “Si una guerra financiera se sale de control, son los Estados Unidos los que más sufrirán. Con la reducción de su economía real, la economía de Estados Unidos depende en gran medida del sector financiero, lo que significa que lanzar una guerra financiera equivale a hacerse daño a sí mismos”. La amenaza, poco sutil, remite al papel de China como el principal comprador de deuda pública estadounidense, una posición desde la que puede ejercer presión sobre el dólar, a día de hoy principal baza de Estados Unidos —junto con su potencia militar— para sostener la hegemonía mundial. También a la situación del dólar, moneda hegemónica en el globalizado sector de las finanzas pero en crisis en un interior de Estados Unidos inmerso en una depresión que ha aflorado a raíz del coronavirus.

 

Relaciones con la UE

 

Bajo el prisma de una disputa por la hegemonía que ha acelerado el covid-19 —inclinando la balanza a favor de China—, el papel de la Unión Europea es de interés para las dos potencias. Desde el final de la II Guerra Mundial, y bajo el programa del anticomunismo impulsado desde la administración Truman, Estados Unidos ha intervenido en la política de la Europa occidental con poca oposición (solo la de Francia, que estuvo fuera “simbólicamente” de la OTAN durante 43 años). Los tiempos, no obstante, están cambiando.

La Iniciativa de la Franja y la Ruta —también llamada “nueva ruta de la seda”— o un conjunto de infraestructuras marítimas y ferroviarias para conectar China y Europa es un plan lanzado en 2013 por el Gobierno de Xi Jinping que amenaza con perturbar ocho décadas de armonioso entendimiento entre EE UU y los poderes europeos y europeístas. Al menos así lo han interpretado Washington y Bruselas. Hace ahora un año, Italia llegaba a un acuerdo para integrar esa iniciativa a cambio de una importante inversión por parte de China. El acuerdo dejaba en suspenso la entrada de Huawei en el país alpino, pero el mensaje caló hondo en Bruselas y Washington.

El fondo de reuperación puesto en marcha a iniciativa de Alemania y Francia y presentado ayer, 27 de mayo, por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, incluye una cláusula específica para prohibir inversiones de “terceros países” en sectores estratégicos, como medio de evitar que se reproduzca una nueva ronda de compra de activos y ampliación de mercados como la que tuvo lugar desde 2008, que ha situado a China en posición de poder en 40 puertos internacionales, entre ellos los de Valencia, Algeciras, Barcelona y Cartagena.

España, no obstante, es uno de los países con menor dependencia en este momento de las inversiones chinas. Muy por debajo del Reino Unido, Alemania y la propia Italia. El Real Instituto Elcano, think tank en el que confluyen las políticas internacionales de Gobiernos del PP y del PSOE, publicó un informe a finales de abril en el que reseñaba que en los últimos dos años la percepción de China como una amenaza ha aumentado entre la población española. Al mismo tiempo, un 34% considera a este país como el aliado preferido fuera de la UE por detrás, eso sí, de Estados Unidos, que es el aliado perfecto para el 54% y por delante de América Latina (22%).

Los autores del artículo destacan tres factores que pueden suponer una tensión en las relaciones: la dependencia de suministros y tecnologías (en salud y redes 5g), la evolución de la política interna, con un Vox subsidiario de la política de ultraderecha estadounidense y polarizado hacia el racismo (sus líderes han hablado de “los malditos virus chinos” o “la peste china” para referirse al covid-19) y, en último lugar, las dudas que puede generar en el Gobierno acercar posiciones con China respecto a las relaciones de España “con sus aliados tradicionales”.

 

Cambio de actitud

 

El editorialista de Financial Times Wolfgang Münchau recordaba esta semana que el euroescepticismo crece en Alemania e Italia al mismo tiempo que aumenta el porcentaje de población que considera a China un socio más fiable que Estados Unidos: “La represión de Beijing en Hong Kong y el papel del gobierno chino en la supresión del flujo libre de información sobre covid-19 parece haber tenido poco efecto en la opinión pública en Europa”, se lamentaba.

En otra línea completamente distinta, el portal Politico especulaba recientemente con las razones de la ofensiva diplomática que China está siguiendo en el continente, que ha estado salpicada de críticas hacia la gestión de la pandemia por parte de los países europeos y de intentos de controlar los mensajes que acusan al país de provocar la expansión del virus.

Distintos medios han publicado de que los aranceles impuestos a la cebada y la carne australiana fueran una represalia por las palabras del premier australiano, el negacionista climático Scott Morrison, pidiendo una “investigación independiente” sobre el origen del virus. Esos aranceles —con un coste anual estimado de 500 millones de dólares— serían un aviso a navegantes a los socios europeos de China para que no extralimitasen sus comentarios sobre el papel de China en la pandemia.

Otra controversia ha tenido lugar en una declaración que paradójicamente quería celebrar la relación comercial entre China y la UE: el “partido” envió una versión sin referencia alguna al coronavirus y países como Francia optaron por publicar la versión “censurada” por el Gobierno asiático. Comparados con los ataques de Trump, que ha declarado que hay que abolir la Organización Mundial de la Salud por ser una marioneta de China, las advertencias y sospechas de la UE parecen caricias, pero los medios europeos están sorprendidos ante el cambio de posición de los dirigentes del PCCh, que ha pasado de la conciliación a posiciones más hostiles.

Uno de los posibles motivos que apunta Politico es el puro pánico a que el conflicto social provocado por el covid-19 pueda expandirse por la China continental, algo potencialmente más peligroso que las protestas en Hong Kong. La segunda conjetura es que los “ataques” a los países europeos sean simplemente una forma de hostigar a los aliados de Estados Unidos. La tercera de esas interpretaciones se basa en el hecho de que Europa necesita más a China que China a Europa y que tensar la cuerda con asuntos como la represión en Hong Kong o las distintas acusaciones sobre la expansión del virus no son más que fruto de un cálculo político.

Sea por miedo, ira o estrategia, el Gobierno chino ha acelerado en los últimos meses su agenda internacional ante los problemas serios que enfrentan los gobiernos occidentales en forma de desempleo y crisis social. Terminar con la adhesión de Hong Kong es solo un paso más en un programa de vigilancia y recorte de libertades, pero también de políticas keynesianas de estímulo de la demanda, que comenzó tras la crisis anterior y que, hasta ahora, está funcionando como un reloj.

Pablo Elorduy

@pelorduy

28 may 2020 06:51

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Juez de EEUU autoriza liquidación de CITGO valorada en 8.000 mdd

Los activos de CITGO en Estados Unidos están valorados en unos 8.000 millones de dólares.

23.05.20 - Un juez estadounidense autorizó el viernes avanzar con la liquidación de las refinerías venezolanas CITGO en Estados Unidos (EE.UU.), que fueron confiscadas por el Gobierno del presidente Donald Trump en 2019, para entregar ilegalmente su administración a una junta designada por el opositor derechista Juan Guaidó.

El juez Leonard P. Stark, del Tribunal de Distrito de EE.UU. en Delaware, emitió su fallo luego que la Corte Suprema de ese país avalara una decisión anterior suya en la cual ordenó la venta de CITGO para favorecer a la compañía minera canadiense Crystallex.

Crystallex fue nacionalizada en 2011 por el Gobierno venezolano tras el incumplimiento de una serie de medidas ambientales. La empresa minera canadiense inició una demanda contra el Estado venezolano en cortes de EE.UU.

Tras conocerse la decisión del magistrado estadounidense, el corresponsal de teleSUR en Caracas, Rolando Segura, tuiteó que Guaidó, quien en 2019 se autoproclamó presidente del país suramericano, “sirve, en bandeja de plata al mejor postor, activos de #Venezuela en #EEUU”.

“Juez autoriza liquidación de #CITGO para favorecer a minera de #Canadá, nacionalizada por Chávez. Junta designada por oposición había tomado control de la petrolera valorada (en) 8 mil millones usd”, escribió Segura en el tuit.

Gustavo Borges, director del grupo de investigación Misión Verdad, comentó por su parte en Twitter que “la operación Guaidó se diseñó exactamente para esto: saquear y piratear los preciados activos venezolanos en beneficio de los grandes capitales”.

Por: TeleSUR | Sábado, 23/05/2020 08:06 AM |

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Foto: Celebración del Día de Jerusalén que conmemora el 52 aniversario de la captura de Jerusalén Este por Israel en la Guerra de los Seis Días de 1967. 2 de junio de 2019 (Yonatan Sindel/Flash 90)

 

Un paso más en el proyecto colonial israelí

Las pasadas semanas, muchos lectores de los medios de comunicación mayoritarios se habrán hecho la impresión de que Israel se está preparando para poner en marcha un drástico plan de anexión de la Cisjordania ocupada, tras firmar el acuerdo de coalición de gobierno y conocer el llamado “Acuerdo del Siglo” de Estados Unidos.

Pero los palestinos saben demasiado bien que la anexión anunciada por Israel no supone ninguna novedad espectacular. Si acaso, les indigna que la comunidad internacional haya reaccionado con tanto asombro.

Para comprender el abismo entre los titulares informativos y la realidad sobre el terreno, hay que ponerse en la piel de un ciudadano israelí que decida viajar desde su apartamento en Tel Aviv hasta el Mar Muerto, atravesando territorios ocupados de Cisjordania.

Dicho ciudadano solo tendrá que tomar una carretera que se dirige al este para llegar en menos de media hora a la orilla del río Jordán. No hay puestos de control ni es necesario cambiar de ruta en ese breve recorrido (tampoco existe indicador alguno que informe de que el viajero ha entrado en Cisjordania). A lo largo de toda la ruta las señales de carretera están escritas en hebreo, la policía israelí vigila que se cumplan las normas de tráfico y la Autoridad de Parques nacionales da la bienvenida a los visitantes que se dirigen a puntos de interés cercanos.

El conductor israelí deberá tener cuidado para no entrar por error en las zonas donde viven los palestinos residentes en Cisjordania. Pero eso no ofrece ninguna dificultad, pues tras los Acuerdos de Oslo el ejército colocó grandes carteles rojos a la entrada de las poblaciones palestinas, advirtiendo a los israelíes que penetrar dichas áreas es peligroso. Por su parte, un palestino que se encuentre al otro lado de estos carteles no puede tomar esa misma carretera para ir a Israel ni visitar esos centros turísticos del Mar Muerto a los que se dirige el conductor israelí.

En realidad, a pesar de las aparentemente complejas estructuras políticas del territorio, el mapa físico de Palestina-Israel en 2020 es muy simple: pese a la existencia de unos pocos enclaves palestinos semiautónomos en Cisjordania y la Franja de Gaza, es Israel quien controla todo, de norte a sur y de este a oeste.

Esa es la realidad que ha estado presente durante décadas. Y, a pesar de ello, el mundo se muestra alarmado porque Israel quiera hacer “oficial” la realidad mediante una anexión formal. Lo que la comunidad internacional considera un movimiento ilegal por parte de un ocupante militar, o como una disputa territorial  sobre fronteras entre dos gobiernos, los palestinos lo ven como un paso más en el proyecto colonial de asentamientos que Israel lleva un siglo practicando.

El error demográfico

La exclusión y el control, que siempre han sido rasgos esenciales del sionismo, son los elementos básicos de la geografía del territorio. La meta de crear un país solo para judíos en el que residen otros pueblos ha supuesto la interminable opresión de los palestinos. El sionismo les planteó dos opciones: o bien la expulsión y el exilio o bien aceptar el dominio de Israel sin tener ningún derecho. Todos los palestinos, con independencia del lugar del mundo en qué se encuentren, están sujetos a uno de estos dos destinos.

Cuando se fundó el Estado en 1948, muchos israelíes quedaron decepcionados porque ciudades como Hebrón, Nablus o la antigua Jerusalén, consideradas lugares sagrados por los judíos, quedaran fuera. Pero ese anhelo fue finalmente satisfecho en 1967, cuando Israel tomó el control de la totalidad del territorio del Mandato Británico de Palestina. Pero, exceptuando Jerusalén Este, el Estado nunca llegó a anexionar esos territorios bajo la ley israelí.

Hasta el día de hoy, Israel siempre ha lamentado el error demográfico que cometió al ofrecer en 1948 la ciudadanía israelí a algunos palestinos. Situados bajo la ley militar hasta 1966 y siempre discriminados, la simple existencia de ciudadanos palestinos ha frustrado los planes de Israel: crear un Estado exclusivamente judío. En ese sentido, siempre se les ha recordado que no son deseados: Netanyahu declaró claramente el año pasado que “Israel no es un Estado para todos sus ciudadanos”, y el “Acuerdo del Siglo” se atreve a proponer el traslado de sus comunidades a una futura entidad palestina.

Obsesionado por su error, Israel decidió llevar a cabo una política de “provisionalidad permanente” en Cisjordania y Gaza: su táctica de escape fue la anexión de facto a falta de una anexión de jure. Así, creó nuevas categorías para esa población indeseada: tarjetas de “residencia permanente” para los habitantes de Jerusalén Este (miles de las cuales han sido revocadas desde 1967), y tarjetas de identidad naranjas o verdes para quienes viven en Gaza o en Cisjordania, todas ellas bajo el control del Ministerio de Defensa.

Al mismo tiempo, el Estado animó a la población judía a instalarse en los territorios ocupados. A medida que progresaban los asentamientos, Israel fue construyendo carreteras de circunvalación, muros y vallas, no solo para asegurar que estos quedaran interconectados entre sí y con Israel, sino también como un instrumento para controlar y limitar los movimientos de la población palestina.

Entonces, ¿por qué tras más de cincuenta años de “provisionalidad permanente” Israel ha decidido hacer oficial esta realidad? ¿Cuál debería ser la respuesta de los palestinos?

La respuesta palestina

Tal vez esas preguntas se resuelvan cuando Israel anuncie su plan definitivo: no solo la incorporación de los asentamientos y tierras circundantes, que ya tiene bajo su control, sino también la limpieza étnica de los palestinos que permanecen en dichas áreas. Ese plan lleva años desarrollándose en lugares como el valle del Jordán, E1 y las colinas de Hebrón Sur, pero podría proseguir a más velocidad una vez se declare la anexión formal.

Dada la impunidad con la que Israel ha violado el derecho internacional en los territorios ocupados, los palestinos no tendrán mejor oportunidad para abandonar el discurso legalista de la “ocupación”. Durante mucho tiempo, los palestinos han dado a este marco internacional la oportunidad de contribuir a su lucha, a pesar de su limitación y la tergiversación de su causa, pero ha sido en vano.

Parte de este fracaso se debe a los propios líderes palestinos. Hasta finales de la década de los 80, la dirección nacional palestina consideraba a Israel como un Estado colonial que usurpaba las tierras palestinas; exigía el retorno de los refugiados y estaba a favor de un único Estado democrático para todos. Pero desde entonces la Organización para la Liberación de Palestina ha reconocido formalmente a Israel y adoptado la solución de los dos estados, en buena medida para satisfacer el punto de vista de la comunidad internacional, que actúa bajo la falsa premisa de un “conflicto” entre dos partes iguales.

Este entramado político vino a sustituir a la demanda de descolonización del Mandato Británico de Palestina y aceptó la Línea Verde como frontera dentro de la cual encerrar a los palestinos en un cuasi-estado. Casi treinta años después de los Acuerdos de Oslo, los programas de asentamiento de colonos siguen tratando a los palestinos como el mismo grupo indeseado y colonizado, ya sean ciudadanos de Israel, sujetos ocupados o refugiados expulsados.

El presidente palestino Mahmud Abbas parece reconocer este hecho cuando amenaza una y otra vez con el desmantelamiento de la Autoridad Palestina o la retirada de los llamados acuerdos de seguridad con Israel. Pero nunca ha tenido el suficiente coraje como para llevar adelante sus amenazas. Si la Autoridad Palestina no hace nada por rectificar sus errores, se limitará a aceptar los planes de Israel y a gobernar en los reducidos enclaves en nombre del Estado.

Así pues, mientras Israel afina la siguiente fase de su proyecto colonialista, es hora de que los palestinos vuelvan a reivindicar la descolonización total y un único Estado democrático en el que todos los seres humanos tengan los mismos derechos, además de diseñar nuevas estrategias para conseguir dicha meta. Hasta entonces, la comunidad internacional no tiene derecho a lamentarse por la próxima anexión, fruto de los esfuerzos coloniales de Israel, que la propia comunidad internacional nunca hizo nada por detener.

 

Por Ahmad al-Bazz | 23/05/2020

Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

Fuente: https://www.972mag.com/israel-settler-colonial-annexation/

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Palestina dio por finalizados los acuerdos con Israel y Estados Unidos

Ante el avance de Israel en Cisjordania

El presidente Mahmud Abbas manifestó que Israel no está respetando los acuerdos de paz de Oslo de 1993, y en consecuencia los palestinos tampoco lo harán

 

El presidente de Palestina Mahmud Abbas decidió poner fin a todos los acuerdos con Israel y Estados Unidos. Sus declaraciones tienen lugar en un momento de tensión, con el avance de los planes israelíes de anexionar parte del territorio ocupado de Cisjordania. El plan de paz propuesto por Washington el pasado enero avala el avance israelí. Abbas manifestó que Israel no está respetando los acuerdos de paz de Oslo de 1993, y por tanto los palestinos tampoco lo harán. Hace algunos días asumió el nuevo gobierno de coalición israelí entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y su ex rival electoral Benny Gantz.

La decisión del gobierno palestino fue publicada por la agencia estatal Wafa. "La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y el Estado de Palestina quedan desde hoy absueltos de todos los acuerdos y entendimientos con los gobiernos americano e israelí y todas las obligaciones contempladas en estos, incluyendo las de seguridad", sostuvo el ejecutivo palestino. Abbas pidió que Israel cumpla con lo pactado en la legislación internacional. "Con todas las consecuencias y repercusiones en base a la ley internacional y humanitaria, en particular la Cuarta Convención de Ginebra", sostuvo el gobierno palestino. La misma establece responsabilidades sobre la seguridad de la población civil ocupada y sus propiedades, prohíbe el castigo colectivo, el robo de recursos, la anexión de tierras y transferencias de población del ocupante al ocupado, ya que suponen graves violaciones y crímenes de guerra.

El presidente palestino ya había adelantado la ruptura de relaciones con ambos países después del anuncio del plan de paz de Washington para Medio Oriente. En este caso Abbas reiteró su rechazo a la propuesta norteamericana. También condenó la decisión de la administración Trump de trasladar su embajada a Jerusalén y reconocer la ciudad como capital israelí. El mandatario insistió en la necesidad de apoyar a un estado palestino independiente, contiguo y soberano en las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como su capital. "Una paz justa y completa basada en la solución de dos estados”, sostuvo el presidente. En Cisjordania viven 2,7 millones de palestinos. En tanto que 450 mil israelíes residen allí en colonias consideradas ilegales por el derecho internacional.

Por su parte, el emisario de Naciones Unidas para el conflicto de Oriente Próximo, Nickolay Mladenov, dijo que Israel debe abandonar sus amenazas de anexiones. También pidió a los dirigentes palestinos retomar conversaciones con los países implicados en el proceso de paz en la región. Se espera que el nuevo gobierno israelí se pronuncie sobre la estrategia para llevar a cabo el plan de Trump a partir del 1 de julio.

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Viernes, 15 Mayo 2020 06:41

El "Colonavirus"

El "Colonavirus"

“Si el coronavirus discrimina –bien apuntaba Rebecca Solnit, una ensayista estadunidense (bit.ly/3f3Pdkf)− es porque los seres humanos discriminan: la gente que sufre el racismo, el sexismo y la desigualdad es más propicia a enfermarse (y/o a morir)” (bit.ly/2xNlU4v). "Y el colonialismo..., ¡no nos olvidemos del colonialismo!" –suena de repente la voz en off.

"Y el colonialismo... y el colonialismo..." –resuena todavía el eco, mientras una mano (¿serán efectos secundarios del día 43 del confinamiento?) pasa un papelito donde se lee: ‘todo aquel modo de dominación basado en la degradación ontológica de las poblaciones dominadas por razones etnorraciales’ en el cual ‘a los cuerpos racializados no se les reconoce la misma dignidad humana que se atribuye a quienes los dominan’ y que ‘son existencialmente considerados como inferiores en la escala de ser’” (bit.ly/2Ydmm6S).

En Estados Unidos los afroestadunidenses son los más vulnerables. El racismo sistemático significa peor acceso a la salud, agua limpia, alimentación o vivienda; la población carcelaria –en gran parte negra− es particularmente expuesta. Diabetes o tensión alta, asma o problemas respiratorios −por habitar áreas industriales− significan más chances de desarrollar complicaciones. En Chicago casi 70 por ciento de muertos por SARS-Cov-2 son negros, a pesar de constituir sólo 30 por ciento de la población ( wapo.st/3eYTnK7). Integrantes de grupos indígenas –allí donde quedan propiamente catalogados− igualmente mueren en proporciones alarmantes, pero más a menudo quedan tildados como "otros" (bit.ly/2KsqGqZ), algo que tras siglos de exterminación, despojo y colonialismo de asentamientos ( settler colonialism) los degrada y vuelve aún más invisibles.

Uno de los primeros efectos del coronavirus –aparte de miles de muertos y millones de desempleados– fue exacerbar el típicamente trumpiano odio racista blanco hacia dentro y hacia afuera (los asiáticos, los refugiados). Pero esto está lejos de ser un american excepcionalism: el Covid-19 exacerbó igual −bien apunta Joseph Massad, intelectual palestino y discípulo del gran E. W. Said, al margen de su análisis sobre el american hate (bit.ly/2xXofdq)− el odio israelí hacia los palestinos colonizados. El cuerpo palestino considerado "inferior en la escala del ser" pasó por un lado de "una amenaza terrorista" a "una amenaza epidemiológica" y, por otro, a un objeto de una bizarra guerra biológica. En Cisjordania ocupada, los soldados y colonos israelíes empezaron a escupir masivamente a los palestinos y sus propiedades con la esperanza de contagiarlos (bit.ly/3azPLe3). En Gaza, "la más grande cárcel al aire abierto en el mundo" (allí están también los presos palestinos en cárceles israelíes confinados en condiciones alarmantes), la situación sanitaria, falta de agua limpia e insumos médicos a causa del inhumano bloqueo israelí y las periódicas "operaciones punitivas" es una tragedia por consumarse (algo que también está ocurriendo en campos de refugiados palestinos).

“¡He aquí tu quintaesencial ‘población colonizada, dominada por razones etnorraciales’”! – suena otra vez la voz en off.

"Razones etnorraciales... razones etnorraciales...", resuena todavía el eco mientras una mano (¡caray!, los gajes del confinamiento) pasa otro papelito donde se lee: “la línea abisal (que separa los cuerpos racializados y ‘blancos’) no cesó con el fin del colonialismo de ocupaciónterritorial y permanece igual que el ‘colonialismo bajo nuevas formas’ que justifica hoy el racismo, la xenofobia, la islamofobia, el encarcelamiento masivo de los jóvenes negros estadunidenses, el tratamiento inhumano de refugiados o ‘la solución final’ de Palestina” (bit.ly/3cXZdtq).

Corrección: el colonialismo territorial no llegó a su fin. Está "vivito y coleando" en Palestina, acelerado de hecho hoy por el virus. Israel −el último residuo del colonialismo de asentamientos− usa la contingencia para seguir asesinando a los palestinos, demoler sus casas –clínicas para el Covid-19 incluidas (bit.ly/2VQpTFu)− y despojarlos de sus tierras empujando la anexión ilegal de un 30 por ciento de Cisjordania en el marco de The Deal of the Century trumpiano (bit.ly/2Wa3bsf). Concebido a finales del siglo XIX –la cumbre de las "ciencias raciales" y el colonialismo−, el sionismo, bien apunta Massad en otro lugar, "aprendió" de ambos y aún se guía por sus principios (bit.ly/3eVSJwW). Así, el coronavirus agrava aún más la discriminación en Palestina haciendo de la respuesta israelí "una culminación de sus políticas racistas y colonialistas, no algo separado de ellas" (bit.ly/2S4Y1fL).

Viendo como Benjamin Netanyahu trató de aplicarles a los israelíes portadores del virus el mismo panóptico digital "antiterrorista" aplicado a los palestinos colonizados (bit.ly/2xmQe5V) o como Donald Trump designó a su yerno, Jared Kushner, el "arquitecto" de The Deal of the Century aka. "la solución final de Palestina" que con ignorancia y prepotencia colonial decimonónica decidió sobre la suerte de los palestinos, para "combatir la pandemia" (bit.ly/2zFaIHD) y decidir ahora −igualmente gracias al nepotismo, no sus competencias (bit.ly/3eAcZUJ)− sobre la suerte de los cuerpos estadunidenses, uno casi tiene que contenerse para no sentir un Schadenfreude.

"La violencia colonial siempre retorna a la casa", remarcó al estallar la Primera Guerra Mundial Rosa Luxemburgo. ¿Por qué los tiempos del coronavirus tendrían que ser diferentes?

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Viernes, 15 Mayo 2020 06:17

La pandemia de las transnacionales

La pandemia de las transnacionales

La expansión de la pandemia de Sars-Cov-2 ha puesto de manifiesto muchos problemas en este mundo globalizado donde en la mayoría de las naciones impera el sistema neoliberal, con énfasis en la proliferación de las privatizaciones, impuesto por los países capitalistas desarrollados.

Con la propagación del nuevo coronavirus esas compañías han sufrido algunas pérdidas que después de aminorar la enfermedad resarcirán con creces debido a los grandes capitales, el financiamiento que poseen y el control que ejercen sobre los países donde están ubicadas.

Los grandes perdedores, como ya se ha hecho habitual desde que se expandieron estos monopolios, son los trabajadores y los países donde se han instalado.

Los primeros porque son ciudadanos que enfrentan una gran explotación capitalista bajo constantes amenazas de despido sin poder recurrir a un sindicato que los represente, pues esas organizaciones están prohibidas en esos centros. Los segundos perjudicados son las naciones donde se asientan, ya que extraen sus riquezas y envían las ganancias hacia sus sedes principales.

En reiteradas ocasiones se ha comprobado el poder de estas transnacionales que al tener gran influencia en la economía de un país presionan a los gobiernos y hasta en ocasiones, cuando no les convienen, ayudan a derrocarlos.

En estos días se han conocido represalias y excesos de varias  transnacionales contra empleados que protestan por la desatención sanitaria y la poca protección que le ofrecen los dueños para evitar contagiarse con el coronavirus.

Ante las demostraciones, empresas como Amazon, Walmart o JBS Cactus (especializada en empaque de carnes) expulsaron a varios trabajadores al catalogarlos de “revoltosos”.

En estas tres empresas decenas de empleados están enfermos con la covid-19 y siguen trabajando sin las mínimas condiciones de resguardo, lo cual aumenta la proliferación del virus entre los que están sanos. 

En los dos últimos meses éstas y otras compañías han cerrado filiales y despedido a numerosos empleados sin que los mismos tengan derecho a una compensación.

Como se conoce, sus matrices o sedes casi siempre se hallan en naciones desarrolladas como Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Australia y Japón, y en la actualidad también en Brasil, México o India.

Los abundantes capitales y movilidad de que disponen les permiten lanzarse sobre las ventajas que les ofrecen diversos países del mundo y de esa forma obtener fabulosas ganancias.

Bajo las leyes neoliberales exigen y obtienen facilidades como bajos salarios, impuestos y obligaciones tributarias bajas o nulas, acceso fácil y barato a recursos naturales y energías, normas ambientales, laborales y prebendas financieras permisivas en algunos Estados con sistemas judiciales débiles y vulnerables.

Las transnacionales operan en todos los sectores de los países y en todos los ámbitos de nuestras vidas. Destacadas en la producción, distribución y venta de alimentos aparecen, Coca-cola, Walmart, Monsanto, Cargill, Nestlé, PepsiCo, Mars, Unilever. En la elaboración y expendio de medicamentos e insumos para la salud: Johnson and Johnson, Bayer, Novartis, Pfizer, Roche, Merk.  

En las energías y petróleo sobresalen, Exxon-Mobil, BP, Chevron, Shell, Petrobrás, Gazprom, Total y en comunicaciones y tecnología, Apple, Telefónica, Samsung, Microsoft, Facebook. 

En la rama del transporte se pueden citar, Daimiel, GM, Volkswagen, Toyota, Alstom, y en educación y libros, Kroton, Alfaguana, Person, Amazon.

En la industria extractiva y minera, Glencore, BHP Bilinton, Anglo American, y en la banca y fondo de inversiones, HSBC, JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup.

En la mala política social que aplican algunos estados y los beneficios que otorgan a estas transnacionales se encuentran los orígenes de la pobreza, exclusión, impunidad, violación de derechos humanos, deterioro del medio ambiente e incertidumbre laboral.

Resulta innegable que las inversiones extranjeras son necesarias para el desarrollo, pero deben realizarse con estricto control y sin permitir convenios leoninos en contra de la mayoría de la población.

Un informe del año 2018 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) asegura que las transnacionales extraen de los países hasta el 60 % de las ganancias y solo dejan unas migajas a los gobiernos.

El crecimiento tan marcado de estas utilidades, indica el organismo regional, tiende a neutralizar el efecto positivo que produce el ingreso de la inversión extranjera directa sobre la balanza de pagos.

En los últimos años, con la imposición en América Latina de gobiernos dóciles a Estados Unidos, se han incrementado las privatizaciones a favor de esas poderosas compañías que lejos de ayudar a los ciudadanos los impulsan al desempleo, al hambre y la miseria.

Medios de prensa hegemónicos y organismos financieros internacionales han propagado en estos días que las transnacionales han sufrido grandes pérdidas por la covid-19 pero no dicen que como tienen gran control mundial sobre productos de consumo, alimentación, medicinas, vestuario, transporte, recursos energéticos y hasta del agua, sus riquezas crecerán rápidamente tras la eliminación de la pandemia, mientras millones de personas padecerán más hambre y pobreza si los gobiernos no son capaces de ayudarlos.  

Por Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano.

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¿Por qué los militares brasileños se pliegan a Bolsonaro?

El nacionalismo y el desarrollo industrial fueron las señas de identidad de las Fuerzas Armadas de Brasil desde la dictadura militar hasta los Gobiernos de Luiz Inacio Lula. Pero el sueño de convertirse en potencia global relativamente independiente se fue evaporando luego de la crisis de 2008 y terminó sepultado bajo el Gobierno de Jair Bolsonaro.

 

El nacionalismo y el desarrollo industrial del país para cimentar su progreso fueron las señas de identidad de las Fuerzas Armadas de Brasil desde la dictadura militar (1964-1985) hasta los Gobiernos de Luiz Inacio Lula (2003-2010). Pero el sueño de convertirse en potencia global relativamente independiente se fue evaporando luego de la crisis de 2008 y terminó sepultado bajo el actual Gobierno de Jair Bolsonaro.

Aunque el presidente es un obstáculo para garantizar la gobernabilidad del país, no todos los problemas se reducen a su polémica figura. El viraje de Brasil hacia su subordinación a Washington y al Pentágono hay que buscarlo en la deriva pragmática de las Fuerzas Armadas y en su falta de proyección estratégica.

Mucho se ha hablado sobre un supuesto malestar entre los militares con las declaraciones y actitudes abiertamente golpistas de Bolsonaro. El 19 de abril, el presidente convocó a sus partidarios a manifestarse frente al Cuartel General del Ejército, en contra del Congreso y del Supremo Tribunal Federal, llamando a una intervención para clausurarlos.

Sin embargo, nada indica que la cúpula de las Fuerzas Armadas haya cambiado su fidelidad por el presidente, al que contribuyeron a elegir y en cuyo Gobierno hay nada menos que 2.897 uniformados, un número superior al que hubo durante toda la dictadura militar.

La crisis del coronavirus y la crisis de Bolsonaro: ¿Quién manda en Brasil?

Una prueba de que los militares son profundamente bolsonaristas es lo sucedido entre el ahora exministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, y el presidente por la posición de Bolsonaro contra la cuarentena para no perjudicar la economía. Aunque la sociedad, los medios, los médicos, gobernadores y políticos apoyaban masivamente al entonces ministro, los militares se inclinaron por el presidente.

El vicepresidente, general Hamilton Mourao, se pronunció en contra de Mandetta, afirmando que "cruzó la línea roja", que quien toma las decisiones es Bolsonaro, que "no está tutelado por los militares" y, por el contrario, "tiene extrema preocupación con la población más desasistida".

La pregunta es cómo se llegó a esta situación, en la cual las Fuerzas Armadas subordinan su prestigio y su integridad a un presidente errático, aislado y enfrentado a todas las instituciones del país, desde la Justicia hasta la Orden de Abogados.

Los problemas no comenzaron ahora. En 2018 ya se podía constatar el retroceso brasileño, de la mano de la venta de la empresa de aviación Embraer, creada por los propios militares, a la estadounidense Boeing. En marzo de 2019, tras la primera visita de Bolsonaro a la Casa Blanca, Brasil recibió el estatus de "aliado privilegiado" fuera de la OTAN.

Este año, Trump y Bolsonaro firmaron el acuerdo RDT&E —la sigla en inglés de investigación, desarrollo, tests y evaluación— que ayudará a abrir la industria brasileña al mayor mercado de defensa del mundo.

Entre tanto, el Parlamento dio luz verde a la utilización de EEUU de la base de cohetes espaciales de Alcántara, en el estado de Maranhao, cerca de la línea ecuatorial. En octubre de 2019 se aprobó el Acuerdo de Salvaguardas Tecnológicas, la base legal que permite el lanzamiento de cohetes y satélites con tecnología estadounidense, pese a que la oposición considera que viola la soberanía nacional.

Según José Luis Fiori y William Nozaki, investigador y director del Instituto de Estudios Estratégicos de Petróleo, Gas y Biocombustibles, respectivamente, el viraje más importante fue la definición de Francia como enemigo estratégico de Brasil en el escenario de la defensa hacia 2040.

Según Nozaki y Fiori, la elección de Francia es "coherente con el objetivo central e inmediato de las Fuerzas Armadas brasileñas, que es Venezuela y ahora también Guyana, debido al descubrimiento reciente de inmensas reservas de petróleo 'offshore'". 

Según los analistas, Francia como enemigo estratégico podría cumplir tres objetivos. En primer lugar, permitiría "la denuncia del acuerdo de cooperación militar de Brasil con Francia en torno a la construcción del primer submarino nuclear brasileño, que probablemente sea sustituido por un nuevo proyecto con EEUU".

Arreaza critica que Bolsonaro apoye a EEUU mientras Brasil afronta COVID-19

El segundo aspecto es la conversión de Brasil en un "protectorado militar de EEUU", como lo anticipa la venta de Embraer a Boeing, la liberación del uso de la base de Alcántara y la conversión del gigante sudamericano en aliado preferencial de Washington.

La tercera cuestión es la "ofensiva final" contra Venezuela, apoyada por Brasil. En este sentido debe entenderse "el nombramiento del general Mourao para el Comando Unificado de la Amazonía, del cual fueron excluidos todos los gobernadores de la región, apartándolos de informaciones y decisiones, incluso en el caso de que Brasil sea convocado para formar un cerco fronterizo" contra Venezuela. 

Aún resta responder cómo fue posible que Brasil pasara de contar con una Estrategia Nacional de Defensa, delineada en 2008 —que establece la prioridad de proteger las reservas de petróleo offshore y de la Amazonía de cualquier potencia extracontinental, de promover un complejo militar-industrial independiente y una alianza con países como Suecia y Francia para el desarrollo de naves y submarinos—, a convertirse en un protectorado militar de EEUU.

A mi modo de ver, hay tres razones básicas:

  1. Las elites brasileñas (el empresariado, las cúpulas militares y los altos cuadros administrativos del Estado) tienen mucho más temor, y rechazo, a la izquierda, a Venezuela y a los sectores populares que a cualquier otra eventualidad. Este rechazo se debe a una profunda integración con el mundo de las empresas multinacionales, de la gran banca y de los lobbies empresariales y militares afines al Pentágono.
  2. Dejaron de creer en Brasil como país llamado a jugar un papel destacado en el mundo, de la mano de los BRICS y de los demás países emergentes. No tienen, por lo tanto, un proyecto de país capaz de integrar a los 210 millones de brasileños en un impulso nacional que, tarde o temprano los llevaría a chocar con EEUU. También dejaron de interesarse en la integración regional.
  3. La sociedad brasileña está desorientada ya que durante los 13 años de Gobiernos del Partido de los Trabajadores le dijeron, una y otra vez, que "Brasil no tiene enemigos". Era la frase predilecta de Lula y mostró que en un mundo como el actual, el ascenso de cualquier país al rango, incluso de potencia regional, choca inevitablemente con los defensores de la estrategia del "patio trasero" de los EEUU.
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Venezuela denunció ante la ONU el "bloqueo naval" de EEUU

Venezuela presentó una queja formal contra Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La carta presentada por el gobierno venezolano denuncia el envío que hizo el presidente Donald Trump de buques de guerra a la región del Caribe. Días atrás el gobierno norteamericano había emitido una orden de detención contra Nicolás Maduro . Venezuela calificó las acciones de Estados Unidos como una "monstruosa agresión". Además sostuvieron que la administración Trump busca una transición política forzosa en el país.

Según Trump el despliegue de tropas forma parte de una operación antinarcóticos diseñada para frenar el tráfico de drogas en la región. La iniciativa militar está bajo el control del Comando Sur de las Fuerzas Armadas, y supuso la intervención de buques de guerra, aeronaves y tropas en la zona del Caribe y el Pacífico. Para Venezuela, en cambio, es una plan genocida coordinado entre la administración Trump y Colombia. "Desvían recursos financieros, materiales y humanos que deberían usarse para salvar a sus propios pueblos", denunció el embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, en su cuenta de Twitter.

El funcionario publicó una copia de la carta al Consejo de Seguridad de ONU en la que señala que la operación tendrá "desastrosas consecuencias". "Denunciamos la monstruosa campaña de agresión militar de Trump y (el presidente de Colombia, Iván) Duque contra Venezuela en momentos en que todos los pueblos del mundo son azotados por la peor pandemia en cien años", añadió el embajador. Venezuela exige al Consejo que actúe contra la política "belicista" de Estados Unidos. Además sostienen que ese país hizo acusaciones "infames" contra el presidente Maduro, y califican como  una "irresponsabilidad suprema" desviar la atención de la pandemia por el coronavirus.

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