Biden extiende decreto que considera a Venezuela una amenaza para la seguridad de EE. UU.

El presidente estadounidense, que mantiene las sanciones económicas decretadas por Donald Trump, ha ratificado este miércoles el decreto de Barack Obama de marzo del 2015 que considera a Venezuela “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”. La saga del intervencionismo de Trump continúa de la mano de Biden.

 

Joe Biden, extendió la duración del decreto de emergencia nacional con respecto a Venezuela, al considerar que la situación en el país “continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”.

El 8 de marzo del 2015, el entonces presidente estadounidense, Barack Obama, emitió una orden ejecutiva en la que implementaba y ampliaba las sanciones que venían siendo aprobadas por el Congreso ya a finales de diciembre del 2014, declarando al mismo tiempo una “emergencia nacional” ante lo que consideraban el “riesgo extraordinario” que supondría la situación de Venezuela para la seguridad de Estados Unidos.

En una carta al Congreso Biden manifiesta que “De acuerdo con esta disposición, he enviado al Registro Federal para su publicación el aviso adjunto en el que se declara que la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13692 del 8 de marzo de 2015, con respecto a la situación en Venezuela, continuará en efecto más allá del 8 de marzo de 2021″.

La misiva del presidente continúa, “La situación en Venezuela continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Por lo tanto, he determinado que es necesario continuar con la emergencia nacional declarada en el Decreto Ejecutivo 13692 con respecto a la situación en Venezuela.”

Una declaración de “emergencia nacional” y que un país constituya una amenaza para la seguridad nacional, es un instrumento que le permite al presidente estadounidense, en determinadas circunstancias, ir más allá de lo que haya aprobado el Congreso a la hora de dictar sanciones contra un país.

Todo el mundo sabe que un país del nivel de Venezuela, hundida en una de las mayores catástrofes económica y social, no constituye ninguna amenaza a la seguridad nacional de una de las potencias más importantes del mundo y con el mayor poderío militar del planeta. Que dicho sea de paso en estos momentos se encuentra en una agresión militar directa en Siria realizando la primera intervención militar de la era Biden.

Biden sigue con la política agresiva de Trump, gobierno durante el cual se vio una de las mayores injerencias contra Venezuela llegando incluso a usar la amenaza de una intervención militar en el país. Y su objetivo, con la extensión del decreto ejecutivo de Obama, no busca más que apuntalar a una oposición de derecha en la representación de Guaidó que desde hace ya tiempo, se encuentra en total debacle política y completamente dividida.

Esta extensión del decreto se da luego que el martes el nuevo jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, indicó que continúa considerando a Guaidó como “presidente interino” de Venezuela. Todo esto a través de una videoconferencia entre Blinken y Guaidó.

Sabemos del cinismo y la hipocresía del imperialismo cuando habla de derechos humanos que no pasa de utilizarlo para sus objetivos injerencistas o justificar escaladas para su intervencionismo. Vemos cómo incluso en su propio territorio, en pleno siglo XXI, Biden mantiene los centros de detención para niños migrantes en EE. UU. que son verdaderos campos de concentración, para solo mencionar un ejemplo entre miles de otros.

Jamás les ha interesado la situación del pueblo trabajador de Venezuela, quien es el que sufre en carne propia la más grande violación a sus derechos por parte del Gobierno de Maduro, un régimen autoritario y cuasidictatorial que mantiene decenas de trabajadores presos por luchar además de condenarlos a una de las mayores calamidades con salarios mínimos que no llegan a un dólar mensual.

Basta una demostración para ello. Mientras el pueblo ya sufre una de las mayores penurias y sufrimientos por las políticas antiobreras y antipopulares de Maduro, EE. UU. impone sanciones económicas imperialistas que solo llevan a agravar la situación agobiante. Y para ello no les tiembla el pulso.

Repudiar la política de injerencismo y agresión de Biden con la extensión de los decretos ejecutivos de Obama y la mantención de todas las sanciones económicas mantenidas por Donald Trump que siguen agravando los padecimientos del pueblo, es una cuestión fundamental. El enfrentamiento a Maduro y todas sus políticas autoritarias que violan los derechos democráticos más elementales del pueblo trabajador, no puede pasar por apoyarse en las políticas de la oposición de derecha, que no busca más que ataduras al imperialismo y políticas tan criminales contra los trabajadores como las de Maduro.

Redacción La Izquierda Diario Venezuela

Jueves 4 de marzo | 00:10

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Independentistas del Frente Polisario, quienes retomaron las armas en noviembre pasado, desfilaron con motivo del 45 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. El responsable del organismo, Khatri Addouh, responsabilizó a la ONU del bloqueo político y de apoyar a Marruecos en el Sahara Occidental, territorio disputado desde hace tres décadas tras la retirada de España. La imagen, en un campo de refugiados cerca de Tinduf, al sur de Argelia. Foto Ap / Afp

 

Tindouf. Los independentistas del Frente Polisario, que retomaron las armas en noviembre, responsabilizaron ayer a la Organización de Naciones Unidas (ONU) del "bloqueo político" y de apoyar a Marruecos en el Sáhara Occidental, territorio disputado desde hace tres décadas.

"Marruecos no podría haber hecho lo que hizo sin el apoyo de la comunidad internacional, el apoyo de la ONU, el Consejo de Seguridad, así como del secretario general de la ONU", sostuvo el responsable del Frente Polisario, Khatri Addouh.

Sus declaraciones tuvieron lugar en los campos de refugiados saharauis de Tindouf, en el oeste de Argelia, con ocasión del 45 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Las negociaciones de paz cuatripartitas (Marruecos, Polisario, Argelia y Mauritania), realizadas con auspicio de la ONU, están en punto muerto desde marzo de 2019.

Tras casi 30 años del alto el fuego, las tensiones resurgieron en noviembre cuando Marruecos desplegó sus tropas en el Guerguerat, en el sur del Sáhara Occidental, después de que un grupo de militantes bloqueó la única carretera hacia la vecina Mauritania.

Desde entonces, el Polisario, frustrado por el estancamiento del proceso auspiciado por la ONU, ha dicho que está "en estado de guerra legítima". Aun así, es complicado comprobar lo que sucede en el terreno, de difícil acceso.

"El Frente Polisario ha intentado durante 29 años evitar la guerra haciendo concesiones, pero hace frente a la falta total de cooperación tanto por parte de Marruecos como por parte de la ONU", criticó Addouh, citado por la agencia saharaui SPS. El dirigente del Frente Polisario responsabilizó a la ONU del "bloqueo político" de la cuestión saharaui por su "laxismo" frente a Marruecos.

El jueves, durante una reunión con el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, el secretario general del Polisario, Brahim Ghali, lamentó "el silencio de la comunidad internacional" e instó a las organizaciones de defensa de los derechos humanos a visitar la ex colonia española "para proteger a los ciudadanos saharauis indefensos".

Este sábado, el Polisario presentó a sus fuerzas armadas en un desfile en presencia de los dirigentes saharauis, como suele hacer en cada aniversario de la fundación de la RASD, autoproclamada el 27 de febrero de 1976. Columnas de soldados, equipados con mascarilla, presentaron armas, siguiendo a una mujer completamente envuelta en la bandera saharaui.

Referendo de autodeterminación

La cuestión del estatus del Sáhara Occidental, considerado "territorio no autónomo" por la ONU en ausencia de un acuerdo definitivo, ha opuesto a Marruecos y al Polisario durante décadas.

El Polisario reclama un referendo de autodeterminación previsto por la ONU, mientras Marruecos propone un plan de autonomía bajo su soberanía.

Rabat controla alrededor de 80 por ciento de este vasto territorio desértico, donde se han lanzado grandes proyectos de desarrollo marroquíes en años recientes.

Poco antes de dejar la Casa Blanca, el ex presidente estadunidense Donald Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental en su conjunto, a cambio de que Rabat normalizara sus relaciones con Israel.

Ahora, los saharauis esperan que la administración de Joe Biden dé marcha atrás al respecto, al considerar que la decisión de Trump vulnera "todas las decisiones y resoluciones de las instancias internacionales".

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Activos soberanos como garantía de compra: las insólitas exigencias que Pfizer habría puesto a los Gobiernos de América Latina para venderles vacunas

La farmacéutica estadounidense habría pedido eximirse de responsabilidades ante posibles resultados adversos en el uso de los fármacos, según una investigación periodística realizada por The Bureau of Investigative Journalism y Ojo Público.

 

Una publicación de la organización periodística The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ), en conjunto con el medio peruano Ojo Público, revela que Pfizer, la farmacéutica multinacional con sede en EE.UU., impuso condiciones abusivas a Gobiernos de Latinoamérica al momento de negociar millonarias compras de vacunas contra el covid-19. 

La investigación afirma que, entre las exigencias de la empresa, se pidió colocar en forma de garantía activos soberanos de países, incluyendo propiedades públicas, como embajadas y bases militares, o reservas de bancos federales. Esto, como forma de resguardo ante eventuales demandas por posibles resultados adversos tras la aplicación de las dosis. Frente a ello, una fuente anónima calificó la postura de Pfizer como una "intimidación de alto nivel".

"Una exigencia extrema"

El caso de Argentina, donde los diálogos quedaron truncados, fue uno de los más llamativos. Es que, aunque sea común que los fabricantes de vacunas planteen condiciones para eximirse de la mayor cantidad de responsabilidades legales posibles, desde el Gobierno de Alberto Fernández sostienen que la firma norteamericana se pasó del límite.

"En lugar de ceder en algunos puntos, Pfizer exigía más y más"

En junio, empezaron las conversaciones, y el Congreso aprobó una ley especial para que se indemnizara a Pfizer en caso de demandas civiles, a pedido de la contraparte. Igualmente, para la clase política argentina la compañía sí debía ser responsable ante cualquier conflicto por negligencia o malicia, algo que el grupo privado rechazaba. "En lugar de ceder en algunos puntos, Pfizer exigía más y más", le dijo un funcionario argentino al medio ya citado.

Entre los inesperados planteos, la farmacéutica le solicitó al país que contratara un seguro internacional ante eventuales conflictos. Y en diciembre, llegó la condición que terminó resquebrajando la negociación: pidieron que Argentina colocara sus activos en forma de garantía, algo que podía incluir inmuebles estratégicos y fondos del Banco Central. "Era una exigencia extrema que solo había escuchado cuando había que negociar la deuda externa, pero tanto en ese caso, como en este, la rechazamos inmediatamente", comentó un miembro de la administración peronista. 

De forma pública, el entonces ministro de Salud, Ginés García González, ya había expresado"Pfizer se portó mal con Argentina". En efecto, el país sudamericano fue usado como sede para los ensayos clínicos de la vacuna, pero hoy la ciudadanía no puede contar con ese producto para combatir la pandemia por la falta de acuerdo. 

"Abusivos"

Según la publicación, un conflicto similar se produjo en las negociaciones entre Pfizer y Brasil. Al 'Gigante de Sudamérica' le habrían planteado que, además de disponer de activos soberanos, tendría que depositar dinero en una cuenta bancaria del extranjero para crear otro fondo de garantía. Estos requisitos fueron definidos como "abusivos" por el Ministerio de Salud. Igualmente, el ente regulador brasileño ya aprobó el uso de estas inyecciones a gran escala, aunque la compra está trabada. 

De todos modos, en América Latina y el Caribe Pfizer logró vender su vacuna a nueve países: Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Uruguay y Perú, aunque los detalles de los acuerdos no se hicieron públicos.

Desde Lima, fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaron que los planteos de Pfizer fueron distintos a los de otros laboratorios, a pesar del pacto logrado. Por eso, las negociaciones del convenio para adquirir 9,9 millones de dosis —se requieren dos aplicaciones— se extendieron por más de seis meses, en medio de pactos de confidencialidad. Finalmente, el precio se fijó en 12 dólares por cada inyección, es decir, 24 por la vacuna completa. 

Por otro lado, Perú cedió parte de su soberanía y aceptó que ante controversias, otra jurisdicción pueda ejecutar decisiones de un tribunal arbitral. "Un Estado, por regla general, no se somete a que otro Estado pueda decidir sobre la confiscación de su propiedad", subrayó el abogado especialista Eduardo Iñiguez.

Con este marco, son varios los políticos latinoamericanos que se quejan por una presunta mala fe de la compañía para negociar con países no desarrollados. Consultado para esta investigación, Pfizer manifestó: "A nivel mundial, también hemos asignado dosis a países de ingresos bajos y medianos bajos a un precio sin fines de lucro, lo que incluye un acuerdo de compra anticipada con Covax para suministrar hasta 40 millones de dosis en 2021".

Entre tanto, esa empresa espera vender este año vacunas contra el coronavirus a un valor total de 15.000 millones de dólares. BioNTech, la firma asociada a Pfizer, ya recibió subvenciones del Gobierno alemán por alrededor de 445 millones de dólares. 

Publicado:24 feb 2021 17:49 GMT

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Domingo, 21 Febrero 2021 06:15

El bloqueo es un crimen de lesa humanidad

El bloqueo es un crimen de lesa humanidad

Según la ONU, son crímenes contra la humanidad los que constituyen ataques generalizados o sistemáticos a la población civil, así como los exterminios, la esclavitud, la deportación o expulsión forzosa, la privación de la libertad física e intelectual que viola el derecho internacional o las torturas, las violaciones, la prostitución y la violencia sexual, la persecución de un colectivo (incluido su “linchamiento mediático”) por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género; la desaparición forzada de personas, el apartheid y otros actos que atenten contra la integridad de las personas y de los grupos sociales. Por ejemplo el bloqueo, aunque lo llamen “embargo”. Antes de que los “puristas” de las clasificaciones leguleyas alienten esperanzas de ensayar elocuencias escolásticas, sepan que no tendrán lugar aquí. Es delito de lesa humanidad todo cuanto atente contra la vida, la libertad, los derechos y la dignidad de las personas… y los bloqueos son una de las formas de las guerras más alevosas, ilegales e ilegítimas, del capitalismo, aunque inventen ideólogos, tratados y legislaciones para camuflarse.

Combatir al bloqueo no es asunto sólo “legal”, de poco han servido el repudio en Naciones Unidas ni las proclamas airadas de las voces más indignadas. La batalla contra el bloqueo es una lucha política que no se detiene a las puertas de las burocracias y que implica una batalla radical contra el capitalismo, su modo y sus relaciones de producción. Sin duda el capitalismo, en su desarrollo, luego de la Segunda Guerra Mundial, produjo iguales o peores horrores contra la especie humana. Produjo usurpaciones, invasiones y hurtos. Todo tipo de engañifas, manipulaciones y humillaciones. Destrucción de países y de culturas. Miseria y desamparo, secuestros, usurpaciones y bloqueos. ¡Imposible maquillar tantos horrores! Las consecuencias empeoran y se comportan como pandemia. No hay futuro para la humanidad bajo un sistema así. Y para castigar a quienes se niegan a aplaudir sus horrores, el imperio impone “embargos” y bloqueos. Formas de una guerra despiadada contra los pueblos. Por ejemplo, el bloqueo contra Cuba es el más prolongado que se conoce en la historia moderna. Aunque ha sido condenado sinnúmero de ocasiones nada pasa; lo mismo sucede contra Venezuela y contra todo aquel que intente desarrollar nexos con ambos países.

Algunos se conduelen sólo por los “daños económicos” ocasionados por el bloqueo, pero es insuficiente para comprender y denunciar los estragos en salud, educación, vivienda, trabajo y cultura. El bloqueo es parte de la guerra sicológica imperial contra toda rebeldía. No olvidemos la obligación ética que tenemos todos de denunciar el ataque sistemático contra el estado de ánimo de los pueblos sometidos al bloqueo. Está más clara que nunca la urgencia de una nueva proclama planetaria por los derechos humanos; que despeje toda huella de individualismo para ascender a una práctica humanista que aprenda a no reducir los derechos y, a cambio, aprenda a expandir todas sus nociones a su carácter social necesario. Es hora de habilitarnos con un programa humanista mundial nuevo, con carácter vinculante, en todos los cuerpos constitucionales y jerarquías éticas con que debe armarse una justicia social verdadera que nos ponga a salvo de las formas despiadadas de desigualdad, desamparo y marginación reinantes.

Necesitamos una declaración de los derechos humanos de nuevo género que condene al bloqueo, esta vez democrática, suscrita por las organizaciones de los trabajadores, aceptada por los movimientos sociales en pie de lucha contra la separación de la humanidad en clases sociales. Un sistema humanista nuevo, de capítulos subordinados a una concepción dinámica e integral, capaz de perfeccionarse con su práctica objetiva y con la organización democrática permanente de veedores, supervisores y controladores organizados en comités éticos para el desarrollo de los derechos y las responsabilidades colectivas. Romper con toda “letanía de falsa democracia” para democratizar la Declaración Universal de Derechos Humanos, renovarla desde los consensos. Es un paso obligado en el corto plazo. Romper con la idea de que tal declaración ha de mantenerse enjaulada en la verborrea diplomática, para ascender a una que se vuelva “carne de las luchas” humanistas de base socialista y que sea sinónimo de fortaleza práctica sostenida con pensamiento crítico. Necesitamos una declaración que incluya debates y escrutinio de los pueblos contra sus opresores.

Hasta hoy, “los derechos humanos –escribe Marx– son los de miembros de la sociedad burguesa, es decir, de individuos egoístas, separados de sí y de la comunidad”… pero los derechos del ciudadano “sólo pueden ejercerse en comunidad. Su contenido es la participación en ella, y concretamente en la comunidad política, en el Estado”. Ninguno de los derechos humanos trasciende en individuos replegados en sí mismos. Necesitamos una declaración que sea herramienta de crítica cotidiana, cercana y en acción cuyas proclamas luchen en el sentido fundamental del respeto inalienable por el trabajo: “todos los miembros de la sociedad tienen igual derecho a percibir el fruto íntegro del trabajo” o a un “reparto equitativo del fruto de éste”.

Necesitamos un acuerdo internacionalista, de las bases, para refundar los derechos humanos de manera crítica contra el carácter limitado e inhumano de la lógica del capital. Para luchar contra toda forma de bloqueo, que constituye un crimen, flagrante y sistemático. Humanismo que sea más que un compendio de “buenos propósitos” filantrópicos; que sea una manera más de ascender a la práctica emancipadora. Como lo pensaba Marx, a la luz de la historia, inseparable del contenido insuflado por las fuerzas sociales en sus luchas emancipadoras. Humanismo de “nuevo género” como acción deseable, posible y realizable para las fuerzas que se fundamentan en la democracia participativa. Humanismo para no sucumbir a la opresión ideológica más feroz implícita en la sustracción de plusvalía. Humanismo que no se detenga ante nada, que defienda a la naturaleza, que proteja al patrimonio cultural, que combata a los negocios de las guerras, de los bancos buitres y de los mass media, máquinas de guerra ideológica. No traguemos más engaños, el bloqueo es un crimen de lesa humanidad. Y hay que frenarlo, sancionarlo y obligarlo a reparar los daños, globalmente.

Por Fernando Buen Abad Domínguez, Director del Instituto de Cultura y Comunicación y Centro Sean MacBride Universidad Nacional de Lanús

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El experimento de qué pasa si un país y un gigante tecnológico chocan: la confrontación entre Facebook y Australia

La red social reacciona con un apagón informativo a la intención del gobierno australiano de hacerle pagar por las noticias que comparten sus usuarios. Los algoritmos han censurado también decenas de páginas del gobierno y la sociedad civil

 

En los últimos tiempos los gobiernos han subido el tono con las multinacionales digitales. La cosa empezó con la manipulación informativa de Cambridge Analytica y los rusos pero siguió con la precarización que impone su economía a escala, con los gastos extra que suponen para los estados, con su ingeniería financiera para pagar menos impuestos, con sus prácticas monopolísticas, con sus algoritmos sesgados o con sus estrategias para mantenernos enganchados.

En ese tira y afloja con las GAFAM (Google, Apple, Amazon, Facebook y Microsoft), Australia ha sido la primera en probar hasta dónde puede estirarse la cuerda antes de romperse. Los resultados preliminares de ese experimento son: 1) a los países no va a serles fácil torcer la voluntad de estas multinacionales; y 2) hay varias y todas son monopolios en sus sectores, por lo que un conflicto con solo una de ellas puede llevar a problemas.

Una exigencia made in Australia

El problema que ha elegido Australia para lanzar el órdago es, curiosamente, una disputa aletargada desde los primeros pasos de Internet: ¿cómo deben remunerar las multinacionales tecnológicas a los medios de comunicación por el uso de sus contenidos en sus plataformas?

Tras años de tregua, parlamentos de todo el mundo han retomado el debate sobre esto. También en España. El dominio de la publicidad digital de Google y Facebook está tan consolidado que ya no hay dudas sobre la necesidad de regulaciones a medida. Las compañías por su parte han aceptado que ha llegado el momento de pagar, después de muchos años usando las noticias como vía para extraer datos sobre los intereses de sus usuarios con los que rellenar sus perfiles publicitarios.

El punto medio donde gigantes digitales y empresas editoras se están encontrando son los acuerdos individuales con cada medio para llevar a cabo esa remuneración, que ya se han firmado en varios lugares del mundo.

El Gobierno y el Parlamento australiano quieren ir un paso más allá: pretenden establecer tasas reguladas por ley a negociar entre las plataformas y los medios. Si no se ponen de acuerdo, entra en acción un organismo de mediación. El problema es que las plataformas no quieren ni oír hablar de estos entes intermediarios, ni en Australia ni en ningún otro lugar. España, por ejemplo, es el único país europeo sin Google News y el motivo es que Google se negó a negociar con un intermediario, una SGAE de la prensa, llamada Cedro. Ante el ultimátum del canon AEDE, la multinacional desactivó el servicio de agregación de noticias. Y así lleva desde 2014.

Australia también quiere que tanto Google como Facebook informen a los editores sobre los cambios que vayan a introducir en los algoritmos, con el fin de que puedan estar preparados de antemano. Estas modificaciones en la forma en la que las tecnológicas muestran la información pueden resultar dramáticas para los medios, que sufren una gran dependencia de la visibilidad que obtienen de Google y Facebook.

Si los entes intermediarios son una línea roja para las plataformas, lo de abrir sus algoritmos a los medios locales australianos y darles en exclusiva una información por la que negocios de todo el mundo –mucho más allá de la industria mediática– estarían dispuestos a pagar millones, a las multinacionales les suena ya a exigencia de otro planeta.

Apagón informativo

Google amenazó con bajar la persiana y abandonar totalmente Australia si esta insistía en sus demandas, aunque finalmente ha llegado a un acuerdo con News Corp., la multinacional editora de un buen número de cabeceras en el país, y con otros medios locales. El trato es similar al alcanzado con editores de Francia, Reino Unido o Brasil y no incluye ninguna cláusula sobre algoritmos.

Facebook, en cambio, ha decidido cortar por lo sano y vetar todos los enlaces de noticias y las páginas de Facebook que publican información para los 16 millones de australianos que usan sus servicios. Antes incluso de que Australia apruebe la ley.

La decisión ha producido un caos informativo este jueves. Un apagón informativo que recuerda a esos que los que protagonizan las dictaduras o cuando se llevan a cabo golpes de Estado como el de Birmania, donde lo primero que se hace es cortar el acceso a las redes sociales. La diferencia es que en esta ocasión ha sido una multinacional la que ha dejado a oscuras a los ciudadanos.

El debate ha trascendido rápidamente de disputa comercial a las libertades fundamentales. "Es extremadamente preocupante que una empresa privada esté dispuesta a controlar el acceso a la información de la que dependen las personas. La acción de Facebook demuestra claramente por qué permitir que una empresa ejerza un poder tan dominante sobre nuestro ecosistema de información amenaza los derechos humanos", ha denunciado Amnistía Internacional, que pide a la empresa de Zuckerberg que "revoque inmediatamente la decisión".

Uno de los aspectos más graves es que la acción de Facebook ha arrasado un gran número de páginas que no son medios de comunicación. El periodista Kevin Ngouyen ha ido recopilando en Twitter los casos en los que los algoritmos han censurado páginas meramente informativas, que se cuentan por decenas. Entre ellos hay páginas oficiales del Gobierno australiano, de sindicatos, de ONG, de asociaciones deportivas, benéficas, de víctimas de violencia de género, metereológicas, de aviso de incendios...

por Carlos del Castillo

18 de febrero de 2021 23:03h

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La relevancia de Gandhi en tiempos de crisis globales

Cuando llega el 2 de octubre los líderes políticos, religiosos y de los negocios en India y otros lugares recuerdan al Mahatma Gandhi, cantan sus alabanzas y juran vivir según los ideales que él apoyaba. Un día después, o quizás esa misma noche, se le deja atrás tan rápidamente como fue recordado esa mañana. Peor aún, vuelven a asesinarlo a él y a los ideales de no violencia, autodependencia y bienestar universal por los que vivió y murió. Y sin embargo, vale la pena preguntarse: ¿en este mes de su 151 aniversario, sigue teniendo relevancia en un mundo cada vez más desgarrado por conflictos y crisis de todo tipo?

De manera interesante, en los últimos años parece haberse reavivado la atención por su vida, ideas y acciones. Varios movimientos locales y globales están aplicando principios como la desobediencia civil y la no violencia, con el reconocimiento explícito e implícito de su inspiración en Gandhi. Otros recuerdan su visión clarividente sobre los impactos ecológicos del ‘desarrollo’ sin restricciones. Pero está también la atención adversa sobre él por algunos de los movimientos antiracistas que recuerdan los puntos de vista racistas que parecía haber apoyado en sus primeros años como activista en Sudáfrica. Y en India se ha convertido en un símbolo cínicamente conveniente de los programas preferidos del gobierno sobre limpieza y, más recientemente, autodependencia; ¡aunque algunas personas animadas implícitamente por el actual régimen hipernacionalista celebran incluso a su asesino Nathuram Godse como un patriota!

Sea lo que sea lo que uno piense sobre la naturaleza en contraste del interés recientemente revivido por su figura, no hay duda de la relevancia de Gandhi en las luchas e iniciativas diarias de gentes de todo el mundo. Directa o indirectamente, sus ideas de swarajsatyagrahasarvodaya y ahimsa están vivas, y se han vuelto aún más importantes en un mundo desgarrado por desigualdades crecientes, devastación ecológica y formas antiguas y nuevas de privación de las necesidades básicas para más de dos miles de millones de personas.

Satyagraha: decirle la verdad al poder

Múltiples crisis globales preexistentes se han exacerbado con la pandemia del covid 19 y todavía más por las respuestas de los estados ante ella. En muchos países, el gobierno la ha utilizado como excusa para incrementar las tendencias autoritarias, entre las que se incluye la vigilancia de los ciudadanos en nombre de la seguridad. Además, se ha utilizado como una oportunidad para la toma de decisiones que van abiertamente contra los trabajadores y contra el medio ambiente, sabiendo que la capacidad de disentir se ha reducido mucho entre poblaciones que se supone no deben aventurarse en las calles. Es aquí donde la idea gandhiana de satyagraha, de decir la verdad al poder de forma no violenta, es tan importante.

De muchas maneras diferentes, Gandhi practicaba satyagraha, resistiéndose al poder colonial o a la marginación de los musulmanes en una sociedad con mayoría hindú. Es también interesante que lo usó como un medio para conseguir una base ética para la transformación. Por ejemplo, cuando desconvocó el movimiento nacional de no cooperación contra el dominio colonial como señal de expiación por un incidente en el que miembros del movimiento quemaron una comisaría y mataron a varios policías. Esto está estrechamente relacionado con su constante insistencia en la ahimsa o no violencia, especialmente relevante tanto en la resistencia a las fuerzas de opresión como a no albergar sentimientos de venganza violenta.

Nelson Mandela estuvo inspirado por este llamamiento a un proceso de ‘verdad y reconciliación’ que permitió una transición pacífica para salir del apartheid en Sudáfrica, en lugar de un periodo de actos de venganza sangrienta contra los colonos blancos (que hubiera sido totalmente comprensible dados los horrores del apartheid). Otro discípulo de este enfoque, Martin Luther King, es uno de los predecesores del actual movimiento antiracista en los EEUU, incluida la última rebelión por George Floyd, que es explícitamente no violenta. (Como comentario al margen es interesante que la conexión más explícita con Gandhi parece ser la demanda entre algunos elementos del movimiento antiracista de derribar sus estatuas para protestar por lo que es visto como una actitud racista por su parte cuando estuvo en Sudáfrica, un punto de vista que ha sido matizado por diversos especialistas en Gandhi, incluso profundizando en el periodismo del movimiento negro de ese periodo).

Entre otros que han recogido el enfoque de satyagraha se incluye Extinction Rebellion, un movimiento global de ruptura no violenta que llama la atención sobre la devastación masiva del planeta y de la vida humana por la crisis climática causada por el sistema político y económico dominante. En India, jóvenes de todo el país convocaron una satyagraha el 25 de agosto para protestar por el intento descarado por parte del gobierno de debilitar la legislación que obliga a una valoración del impacto medioambiental de los proyectos de desarrollo. Muchos movimientos de base de resistencia en India han tenido una inspiración similar. El Movimiento Chipko en el Himalaya, organizado por antiguos gandhianos, intentó salvar los bosques de la tala por parte de la industria en los años 70. Como uno de los movimientos medioambientales y de protección de los medios de bida más icónico del mundo, ha inspirado iniciativas similares para salvar bosques en los EEUU y otros lugares. El Narmada Bachao Andolan contra megapantanos en India central ha sido explicitamente no violento, y ha inspriado a movimientos similares en otras partes del mundo. El movimiento global por la paz, la desnuclearización y el desarmeo tiene un legado similar. Esto incluye la Carta de las Naciones Unidas y el multilateralismo, en el que negociadores indios influenciados directamente por Gandhi tuvieron un papel importante.

Sarvodaya: elevar el bienestar colectivo de todos

Para Gandhi, sin embargo, la satyagraha era solo una caja de herramientas de enfoques para conseguir justicia. Viajando a lo largo y ancho del país, comprendió que los niveles abismales de privación y marginación, nacidos de una historia intensamente colonial y feudal, debían ser abordados. No solo se tenía que decir la verdad al poder, sino también dirigirse hacia una acción fundamentada hacia la sarvodaya, la elevación de todos de una manera justa, o como dijo Gandhi en Young India, no «la fórmula utilitaria del mayor bien para el mayor número (sino) … el mayor bien para todos». Esto se podía conseguir mediante nirman, o reconstrucción. Él mismo, y alguno se sus seguidores o consejeros, como el economista JC Kumarappa, inspiraron varios experimentos en generación de medios de vida locales dignos y autodependencia, siendo el hilado de tejido khadi un símbolo crucial.

En la actualidad, diversas iniciativas para conseguir medios de vida dignos y la autodependencia se han inspirado en enfoques gandhianos de una ‘economía no violenta’. El trabajador gandhiano (y conocida personalidad teatral) Prasanna, inició Charaka, una cooperativa de khadi gestionada por mujeres que ha proporcionado medios de vida dignos a 200 mujeres a la vez que promocionaba el trabajo a mano, la autodependencia, y la producción con sensibilidad medioambiental. Ha aparecido recientemente en las noticias (septiembre-octubre de 2020) al ejercer la satyagraha denunciando el impago de cuotas por parte del gobierno, por lo que tuvieron que cerrar durante un mes. No lo han hecho mediante la típica protesta callejera, sino limpiando públicamente las oficinas de la administración local, distribuyendo ropa a los pobres y otros métodos para ‘cambiar el corazón’ de aquellos en el poder.

Elango R., un sarpanch [jefe de la administración local] dalit cerca de Chennai, combina explícitamente los principios gandhianos y marxistas y el anticastismo del icono dalit Babasaheb Ambedkar (quien encabezó el comité para la redacción de la Consitución de India) en su intento de transformar la aldea de Kuthambakkam, donde vive, para dar más dignidad y seguridad de medios de vida a familias dalit. Él ha abogado por una ‘economía en red’ en la que grupos de unas 20 aldeas puedan ser autosuficientes respecto a sus necesidades básicas. Una idea puesta en marcha de una manera algo diferente por otra trabajadora social de inspiración gandhiana, Ela Bhatt, con su idea de una autodependencia ‘en un radio de 100 millas‘. Todas estas ideas son cada vez más discutidas en una India afectada por el covid, mientras las historias de respuesta comunitaria durante el periodo de confinamiento muestran que donde hay comida y autodependencia de medios de vida, hay la máxima resiliencia.

Por todo el mundo hay ejemplos extraordinarios de alternativas constructivas al actual sistema dominante: agricultura sostenible y holística, soberanía comunitaria sobre agua/energía/alimentación y conservación de la naturaleza, solidaridad y economía del compartir, ocupación obrera de instalaciones productivas, recursos y conocimientos comunes, gobernanza local, salud comunitaria y aprendizaje alternativo, fomento de la paz intercomunitaria, reafirmación de la diversidad cultural, pluralismo sexual y de género, y muchas más (véase por ejemplo Vikalp Sangam para cientos de ejemplos de India; para otros lugares, véase Democracia Ecológica Radical. La mayor parte de ellos no tienen necesariamente una inspiración directa en Gandhi, pero el clima de sus ideas y prácticas es probable que haya influido en muchas de ellas, como por ejemplo en los movimientos campesinos de anna swaraj (soberanía alimentaria).

El principio de sarvodaya, y el concepto relacionado de fideicomiso (trusteeship) que defendía Gandhi, puede llevarnos a un cambio radical de foco sobre lo común en lugar de sobre la propiedad privada. En 2013, el gram sabha (asamblea de aldea) de Mendha-Lekha (distrito de Gadchiroli, Maharashtra), tomó la decisión histórica de convertir toda su tierra agrícola privada en tierras comunes de la aldea. Para darle respaldo legal usaron la prácticamente olvidada Ley Gramdan [literalmente ‘donación de tierra’], que fue inspirada por el discípulo de Gandhi Vinoba Bhave.

Gandhi ha sido criticado (quizá de manera justa) por no ser explícitamente anticapitalista, como por ejemplo con sus súplicas a los empresarios industriales para que adoptasen la idea de fideicomiso. Pero también dijo:

«Todo el mundo debería poder conseguir trabajo suficiente como para permitirle llegar a fin de mes. Y este ideal solo se puede conseguir de manera universal si los medios de producción de las necesidades elementales de la vida permanecen bajo control de las masas. Deberían estar disponibles libremente para todos, como deberían estarlo el aire y el agua de Dios. No deberían convertirse en un vehículo de tráfico para la explotación de otros. Su monopolización por cualquier país, nación o grupo de personas sería injusta.»

Esto indica que estaba claramente en contra de que un puñado de individuos (o incluso el estado) poseyese o controlase los medios de producción, como también contra la concentración de riqueza en las manos de unos pocos. Defendía también un enfoque más oriental para conseguir «un socialismo más verdadero y un comunismo más verdadero que el que el mundo haya soñado hasta ahora». Recientemente se han presentado una serie de propuestas para la distribución radical de la riqueza desde la horriblemente perversa concentración a la que se enfrenta hoy el mundo mediante los impuestos, la abolición de la herencia e incluso de la propiedad privada, y otros medios. Estos se pueden ver como medios para conseguir la sarvodaya.

También en el sector de la salud se ven ecos del foco fuertemente articulado de Gandhi sobre la autocuración, sobre facilitar los poderes naturales del cuerpo, sobre el uso de tratamientos con hierbas, etc. en los numerosísimos centros ayurvédicos y de naturopatía por toda India. El Instituto Nacional de Naturopatía radicado en Pune ha construido su extenso programa y alcance según el enfoque de Gandhi sobre la salud. En tiempos de covid, la necesidad de tener cuerpos sanos para estimular la imunidad usando estos enfoques, para una recuperación más rápida y más plena ha sido ampliamente demostrada. Como también la necesidad de ser autodependiente para las necesidades personales en lugar de la debilitante dependencia de hoy de los ‘profesionales’. Un enfoque defendido con fuerza por el brillante académico Ivan Illich, quien estuvo influenciado por el economista gandhiano JC Kumarappa.

Swaraj: verdadera democracia

Para Gandhi, la máxima expresión de autodependencia era swaraj, traducido de manera bastante inadecuada como autogobierno. Swaraj tiene en realidad un enfoque profundamente democrático y ético que avergüenza a las democracias liberales de hoy, incorporando la libertad y la autonomía pero con responsabilidad hacia la libertad y autonomía de otros, posible únicamente si uno también vive la ética de la autocontención en lugar del loco consumismo promovido por la economía de hoy.

Esta idea de una democracia directa, radical, tiene que ser un eje central de la respuesta a las crisis globales. La mayor parte de los movimientos progresistas políticos y sociales se han orientado a la ‘toma del estado’, a intentar reemplazar los partidos políticos retrógrados por progresistas y hacer que el estado sea responsable. Aunque esto es necesario mientras el estado exista, no supone en lo fundamental un desafío a la naturaleza del estado, o, de hecho, a si es necesario que exista un estado centralizado o no. Ni se ha planteado un desafío adecuado a la centralidad del estado-nación en nuestras vidas, a pesar de los enormes fracasos de esta estructura al abordar tanto problemas internos de su población como asuntos globales (siendo el clima un ejemplo espectacularmente escalofriante). Diversas formas de anarquía, marxistas o gandhianas, han sido básicamente relegadas a los márgenes.

En India, el gobierno solo ha dado algunos pasos titubeantes hacia la democracia directa, y se ha movido muy lejos del ideal de autodependencia para las comunidades (o el país en su conjunto). Las enmiendas constitucionales 73 y 74 prometieron la descentralización del poder de toma de decisiones a aldeas y centros urbanos, pero lo restringieron gravemente al no proporcionar financiación y traspaso de competencias legales. En cualquier caso, su aplicación ha sido, en el mejor de los casos, vacilante. El proceso de Kerala de planificación a nivel de aldea y la iniciativa de comunalización de Nagaland en la que una parte de los fondos del estado (para educación, salud, electricidad, carreteras) van directamente a los consejos de aldea, son ejemplos de estados que se han acercado a las intenciones de la Enmienda 73. Pero incluso ellas han tenido fallos o no es han mantenido el tiempo suficiente.

Para Gandhi swaraj se tiene que construir de abajo arriba, desde la aldea hacia afuera a lo largo del paisaje en lo que él denominaba ‘círculos oceánicos’. Por toda India, diversos individuos que formaron parte del movimiento juvenil del activista gandhiano Jayaprakash Narayan, Chhatra Yuva Sangharsh Vahini, han trabajado con comunidades de aldea para crear autodependencia local en áreas como el agua y la alimentación, y para luchar por la toma de decisiones basada en los gram sabha (asambleas de aldea). En la India central y del este, adivasis y otras comunidades locales han intentado diversos grados de autogobierno. Como declaró hace tres décadas Mendha Lekha (citado más arriba) ‘nosotros elegimos el gobierno en Delhi, pero en nuestra aldea nosotros somos el gobierno’. Unas 90 aldeas en esa misma parte de India han formado una Maha Gramsabha (federación de asambleas de aldea) con una orientación similar.

Paralelos cercanos a estos son las luchas por la autodeterminación de pueblos indígenas y otras comunidades locales en muchas partes del mundo, incluido el derecho a aceptar o rechazar cualquier propuesta externa para un proyecto en sus territorios. Los zapatistas en México y el movimiento kurdo en Asia occidental han conseguido una democracia radical de este tipo a una escala relativamente grande. Muchos otros pueblos en América Latina han proclamado y conseguido el reconocimiento de una plena autodeterminación, y movimientos que reclaman soberanía territorial para las Primeras Naciones en la Isla Tortuga (Canadá / EEUU) y Australia tienen una base similar. Muchas de ellas emanan de cosmologías indígenas que están próximas (aunque la mayoría de manera inconsciente) con los principios gandhianos de swarajsarvodaya y satyagraha… y pueden incluso ir más allá en su inmersión completa en la naturaleza.

Se puede plantear por tanto una extensión de swaraj y sarvodaya para abarcar toda la vida, una ‘eco-swaraj‘ o ‘prakritik (natural) swaraj‘, o una democracia ecológica radical. Una avalancha de resoluciones judiciales y legales y demandas de ciudadanos y comunidades en muchas partes del mundo han proclamado que la naturaleza (o algunos de sus elementos, como ríos y montañas) tienen un derecho intrínseco, similar al de una ‘persona jurídica’. Aunque formuladas a menudo dentro del discurso formal occidental y por tanto con tendencia a tener serias limitaciones, estas pueden estar alineadas con visiones del mundo indígenas que reconocen que todos los aspectos de la naturaleza tienen su propio espíritu, que merece tanto respeto como el de los humanos. Viene a la mente el comentario de Gandhi de que el valor de una civilización se puede medir por cómo trata a los animales.

Estas perspectivas han surgido también desde dentro del ‘vientre de la bestia’, por así decir. Movimientos basados en enfoques ecofeministas, por ejemplo, destacan con fuerza la necesidad de acabar con un dominio milenario de una mitad de la humanidad sobre la otra mitad, sanando simultáneamente la ‘brecha metabólica’ entre los humanos y el resto de la naturaleza. Los retos a patrones insostenibles de producción y consumo, incluida la creciente demanda de decrecimiento radical de las economías llamadas ‘desarrolladas’, tendrían una clara relación con la perspectiva gandhiana de autocontención inherente a swaraj, y su crítica mordaz al industrialismo como explotador tanto de la naturaleza como de los humanos.

Es importante destacar que los movimientos de base de resistencia y las alternativas no están atrapados necesariamente en un campo ideológico u otro. Esto es más la preocupación de académicos y activistas profesionales. Más bien, estos movimientos consciente o inconscientemente toman prestado de diversas figuras inspiradoras de la historia, incluidos aquellos en su propio pasado que lucharon por la justicia. Ni habría que presionarlos para una única ‘alternativa’ homogénea para todo el mundo. Una integración continua de tales legados diversos, y el entretejido de un pluriverso de visiones del mundo y prácticas, es lo que nos guiará para dejar atrás un mundo desgarrado por las crisis.

Por Ashish Kothari | 19/12/2020 

Traductor: Carlos Valmaseda
Fuente: https://wsimag.com/economy-and-politics/63741-gandhis-relevance-in-the-time-of-global-crises

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El Sahara Occidental, una excolonia española en disputa

El conflicto entre el Frente Polisario y Marruecos vive su peor momento desde el alto el fuego de 1991

El reconocimiento de Trump a la soberanía marroquí en este enclave en el desierto significa un revés a las aspiraciones independentistas alentadas durante casi medio siglo.

 

 “Más se perdió en Cuba” es la expresión habitual que el riquísimo refranero español encuentra para relativizar cualquier contratiempo de la vida cotidiana. En el imaginario popular, la independencia de la isla en 1898, que puso punto final a lo que durante siglos fue el imperio más poderoso y extendido de la historia, sigue apareciendo como la referencia del final de una época de esplendor colonial que se prolongó durante cuatro siglos y el símbolo de una pérdida irreparable.

Sin embargo, no fue la isla caribeña la última colonia, ni 1898 el año en el que desapareció el postrero vestigio del imperio español. El Sahara Occidental, una vasta extensión desértica de 266.000 kilómetros cuadrados, con una población de medio millón de personas, riquísima en minerales, principalmente fosfato, y con mil kilómetros de costa sobre uno de los caladeros de pesca clave para abastecer a los países europeos, estuvo bajo la administración de Madrid hasta bien entrado el siglo XX. Concretamente, hasta 1975.

En noviembre de ese año, la parte más occidental del desierto del Sahara, delimitada por las fronteras de Mauritania, Argelia y Marruecos, se hallaba en pleno proceso de descolonización y en España la dictadura vivía sus últimos días. El entonces rey marroquí, Hassan II, hasta entonces uno de los pocos legitimadores del franquismo en la escena internacional, entendió que el vacío de poder que creaba el estado de salud de Francisco Franco, que moriría el 20 de ese mes, le ofrecía una oportunidad para expandirse hacia el sur y apoderarse de los recursos del territorio hasta entonces gobernado por España.

El 3 de noviembre de 1975, 350.000 civiles marroquíes movilizados por la corona iniciaron lo que se conoció como la 'marcha verde'. Ante la impotencia de la entonces potencia colonial, entraron en el Sahara Occidental, que acabó en su mayor parte anexionada por Marruecos. Mauritania hizo lo mismo e invadió desde el sur. La mayoría de la población autóctona huyó de la franja costera hacia el desierto, en dirección al Este y se instaló en campamentos cercanos a la frontera con Argelia, país que desde entonces ha respaldado su reivindicación de recuperar el hogar perdido.

España se retiró en medio de un silencio tan estruendoso que el episodio ni siquiera encontró hueco en el refranero popular. Desde entonces, la diplomacia española se ha debatido entre la obligación de defender el derecho a la autodeterminación del pueblo antiguamente colonizado y la necesidad de mantener buenas relaciones con Marruecos, el siempre conflictivo vecino del sur cuya capacidad para cerrar y abrir el grifo de la inmigración ilegal supone un arma de gran poder de fuego diplomático. Históricamente, a cada gesto de respaldo español a las aspiraciones del pueblo saharaui le ha seguido una llegada masiva de inmigrantes a las costas mediterráneas del país ibérico, con el consiguiente conflicto interno que eso supone para la administración española.

El Frente Polisario de Liberación Nacional, una organización que había nacido en 1973 bajo la inspiración de las revoluciones anticoloniales africanas, especialmente la argelina, para luchar por la independencia del Sahara Occidental, proclamó al año siguiente de la invasión la República Árabe Saharaui Democrática y entró en guerra con Mauritania y con Marruecos, conflictos en los que sólo encontró el respaldo de Argelia y Cuba.

Con Mauritania alcanzó un acuerdo de paz en 1979, pero el conflicto armado con Marruecos se ha prolongado hasta hoy. En 1980, los marroquíes iniciaron con asesoramiento técnico israelí y financiación de Arabia Saudí la construcción de un muro de 2.700 kilómetros en el desierto, que se sembró de radares y minas antipersonas, para protegerse de las incursiones del Polisario y que se mantiene hasta hoy como símbolo de la ocupación de la corona alauita, que mantiene desplazada a la zona una fuerza militar de 100.000 hombres.

No fue hasta 1991 cuando tras una mediación internacional ambas partes alcanzaron un alto el fuego y firmaron un acuerdo que incluía como punto sustancial la celebración de un referéndum de autodeterminación que Marruecos nunca se avino a convocar.

No obstante, los esfuerzos diplomáticos marroquíes por conseguir reconocimiento internacional a lo que considera sus provincias del sur siempre chocaron con el criterio de Naciones Unidas, según la cual el Sahara Occidental es uno de los escasos territorios pendientes aún de descolonizar. Hasta la pasada semana, cuando Donald Trump reconoció la soberanía marroquí a cambio de que el reino alauita estableciera relaciones plenas con el Estado de Israel, ningún país occidental consideraba a este territorio como parte de Marruecos. La decisión del mandatario saliente en la Casa Blanca da un giro inesperado a un conflicto que lleva casi medio siglo enquistado y que en el último mes ha visto recrudecido uno de los conflictos bélicos más invisibilizados del mundo.

El pasado 13 de noviembre, tras esperar durante casi 30 años el cumplimiento del acuerdo que dio lugar al alto el fuego, el Polisario retomó sus acciones bélicas. Lo hizo después de que el Ejército de Marruecos penetrara en la zona desmilitarizada del Guerguerat, en la parte sur del territorio, junto a la frontera con Mauritania, para expulsar a unos 50 civiles saharauis que en una acción de protesta pacífica bloqueaban la carretera de acceso a ese país y reclamaban la celebración del referéndum. Desde entonces se han producido enfrentamientos armados entre el Frente y el ejército marroquí sobre los que las informaciones suministradas por una y otra parte difieren en el número de bajas. En todo caso, el Frente considera roto el alto fuego acordado en 1991.

El Frente Polisario controla aproximadamente un 20 por ciento del territorio, el situado en la parte oriental, junto a la frontera con Argelia, donde desde hace más de cuatro décadas malvive buena parte de la población autóctona hacinada en campamentos de refugiados sostenidos gracias a la ayuda internacional y de organizaciones no gubernamentales, la mayor parte españolas. Ahora, con la decisión adoptada por Trump y el recrudecimiento de la guerra, un eventual acuerdo de paz que les permita volver a su tierra después de más de 40 años parece estar más lejos que nunca. 

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Lunes, 30 Noviembre 2020 05:33

Una guerra desde el limbo

Soldado marroquí en una carretera entre Marruecos y Mauritania en la localidad de El Guerguerat, Sahara Occidental, el 23 de noviembre Afp, Fadel Senna

EL REGRESO DE LOS ENFRENTAMIENTOS EN EL SAHARA OCCIDENTAL

A mediados de mes volvieron los combates al territorio saharaui, donde vive más de medio millón de personas y que permanece ocupado ilegalmente por Marruecos desde 1975. La región, testigo de un proceso de descolonización inacabado, tiene una importancia estratégica como vía de comunicación entre Europa y el turbulento Sahel.

 

El recuerdo la deja sin habla. Tenía 15 años cuando corrían los rumores de una posible invasión marroquí en el Sahara Occidental. Después de la que sería la última visita a sus amigas, Suelma Beiruk regresó a la casa de sus padres, en el centro de El Aaiún. Su madre hablaba con el resto de las vecinas y la conversación mezclaba desconfianza e incredulidad: los civiles marroquíes, acompañados por tanques y militares, habían llegado a la capital en noviembre de 1975. Le rogó que se refugiase en el interior del edificio, pero por aquel entonces Beiruk ya militaba en el Frente Polisario y decidió que lo más seguro era huir a pie por el desierto con su marido y su hijo. «Vuelvo mañana», fueron sus palabras, y no ha podido hacerlo hasta la fecha. A su madre y sus hermanas las ha vuelto a ver en una única ocasión.

A principios de noviembre de 1975 y a finales de la dictadura franquista, Marruecos invadió la entonces provincia española con la llamada Marcha Verde. Estalló una guerra con el Polisario, facción política que ya reclamaba la independencia bajo el dominio español. El conflicto cesó con el alto el fuego de 1991, que consolidó la división del Sahara en una zona ocupada por el reino alauita y otra liberada, donde se construyó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). La separación se materializó con un muro minado que divide la región de norte a sur.

El viernes 13 de noviembre, el Polisario consideró roto el alto el fuego con Marruecos tras una acción militar contra civiles saharauis. El Ejército marroquí disolvió una protesta pacífica que exigía la autodeterminación del Sahara Occidental (donde viven unas 600 mil personas, según varias estimaciones) y bloqueaba una carretera en un área desmilitarizada en la frontera con Mauritania, conocida como «el tapón de El Guerguerat». El sábado 14 el Ejecutivo saharaui decretó oficialmente el estado de guerra y así dejó atrás los años de reivindicación pacífica.

Beiruk ejerce hoy como ministra de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer en la RASD. Como la mayor parte de los saharauis exiliados, ha madurado su vida en los campos de refugiados en el oeste de Argelia, en los que hoy viven más de 170 mil personas, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Desde hace 45 años tres generaciones viven en un limbo. La construcción de los campos en mitad del desierto era una solución temporal a la espera de un referéndum de autodeterminación, que aún no ha tenido lugar, prometido por España como potencia administradora y reconocido por la ONU. Los relatos de los habitantes de los campamentos y las ciudades saharauis mostraban esperanza en esta votación, pero tras la reciente injerencia militar las voces se alzan a favor de la lucha armada.

EL PRIMER DÍA

Aún era de noche cuando Bala Salama caminaba hacia la mezquita con su padre. El bullicio era ya abrumador. Su padre le contaba lo que había escuchado en la radio. «Estamos en guerra. Lo ha anunciado el Polisario tras un incidente en El Guerguerat», aseguraba. Los coches recorrían las calles y sólo se oían sus bocinas. Cuatro días más tarde, el joven de 29 años ya estaba ubicado en una academia militar con otros cientos de saharauis para ser formado como soldado. No conoce a nadie de su entorno que no se haya presentado voluntariamente. «En los últimos 29 años, la situación se calmaba con negociaciones y en los despachos, pero ahora [las autoridades marroquíes] han roto el alto el fuego», opina. Bala nació en el campamento de El Aaiún, pero trabajaba en Madrid. Viajó hace meses a Argelia para visitar a sus familiares, pero, debido a la emergencia sanitaria, ese país africano cerró sus fronteras, por lo que tuvo que quedarse. Hace unas semanas que nació su primer hijo. «Me atormenta pensar que cuando crezca deba decirle que tiene que luchar por recuperar su hogar. Que él fuera refugiado sería muy frustrante», cuenta desde el cuartel.

Beiruk olvidó las pésimas condiciones de vida de sus 45 años en el exilio esa mañana de viernes. Conoce el sufrimiento de la guerra y perdió a su marido en el primer conflicto, pero considera la lucha como «la única solución al haberse agotado la paciencia y el diálogo». Recuerda que la población de los campamentos se despertó con la noticia y la gente salió a la calle en masa. Cuenta que los padres aplaudían la decisión de los más jóvenes de alistarse y que diariamente «llegan solicitudes desde el extranjero y las zonas ocupadas».

En cuanto comprendió la situación, Jalil Naama comunicó su reincorporación al Ejército. Pasó el servicio militar al cumplir la mayoría de edad y ahora, con 34 años, ha sido reubicado en el frente. Todavía no se ha despedido de su mujer y sus hijas, de 2 y 3 años. Es funcionario público y posee su propia clínica dental, pero concibe como un deber responder al llamamiento a filas. Hijo de un excombatiente, vive desde niño la desesperación «de no pertenecer a ninguna parte». «A nadie le gusta la guerra. No hay vencedores. Pero en nuestro caso son 45 años en el exilio con promesas de paz y de un referéndum», confiesa. Habla de su generación, que ha vivido en carne propia la falta de avances y «la mentira». «Las organizaciones internacionales no han garantizado la votación. Vivimos en un limbo eterno. Quiero que mis hijas se sientan en su tierra, que no sientan lo que sentí yo. Lo dejo todo por la causa», concluye.

PREOCUPACIÓN EN LA CRUZ ROJA

El Comité Internacional de la Cruz Roja reconoce la gravedad de la situación y teme por las consecuencias humanas que conllevaría una escalada de violencia en el Sahara. Aun así, no ha planificado una estrategia para garantizar la seguridad del colectivo saharaui en los territorios bajo dominio marroquí. Mantiene, no obstante, «diálogos de carácter confidencial con los dos frentes implicados».

Esos territorios, al oeste y al norte del muro, se han convertido en un correccional a cielo abierto. Las libertades de expresión y movimiento no tienen cabida, de ahí que sean pocas las familias que han podido reencontrarse. Los activistas se ven sometidos a vejaciones, detenciones ilegales, torturas bajo custodia policial y violencia económica. Las asociaciones saharauis denuncian la brutalidad de las autoridades marroquíes incluso ante agentes de la Misión de las Naciones Unidas para la Organización de un Referéndum en el Sahara Occidental.

Durante la primera semana del estado de guerra aumentó con creces la presencia policial, se detuvo a decenas de personas y las manifestaciones fueron reprimidas con gran violencia, según informan medios locales. En octubre Amnistía Internacional insistió a la ONU que se debía realizar una «supervisión efectiva de los derechos humanos» en la zona. Recordó que las autoridades marroquíes restringen el acceso a las organizaciones que los defienden y subrayó la necesidad de garantizar los derechos universales en los campamentos, alegando que tampoco el Polisario había esclarecido ciertos abusos cometidos bajo su control.

LA SOMBRA DEL NARCOTRÁFICO

La carretera que atraviesa El Guerguerat une el norte de África con Sahel y es fundamental para las rutas que conectan el continente con el sur de Europa. Desde 2001, Marruecos ha asfaltado la zona de forma intermitente para conectarla con su red de carreteras y conseguir «una vía con salida a Mauritania para llegar al África central», lo que el Frente Polisario considera, y así lo ha venido comunicado, una violación de los acuerdos.

Asimismo, el Polisario denuncia que la carretera es un punto estratégico para el narcotráfico. Recientes investigaciones en Malí, llevadas a cabo por un panel de expertos creado por el Consejo de Seguridad de la ONU, revelan que el flujo de estupefacientes en el Sahel tiende a ser cada vez más estable y regular. El documento se refiere, entre otros temas, al contrabando de hachís procedente de Marruecos, cuyo destino final es Libia, tras ser transportado por Mauritania, Malí y Níger. En abril de 2019, la Policía marroquí incautó 12 toneladas de hachís en El Guerguerat. La droga era transportada en un camión y estaba escondida en cajas que contenían envases plásticos. Además, la región se caracteriza, desde hace décadas, por el intenso tráfico de armas.

Según el derecho internacional, España todavía es la responsable de proteger los derechos del pueblo saharaui, ya que nunca renunció a su papel como potencia administradora. De hecho, los acuerdos de Madrid de 1975 con Marruecos y Mauritania, en los que se establecía una gestión tripartita del territorio, carecen de validez legal. Todavía se puede pasear por las ciudades saharauis y hablar en castellano con algún anciano que cuenta cómo fue esa despedida tan agria, en la que vio marchar a cientos de conocidos hacia el desierto.

Ana Cortéz
27 noviembre, 2020

(Tomado de El Salto, por convenio. Brecha reproduce fragmentos.)

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Simpatizantes del Frente Polisario responden a una arenga en uno de los campos de refugiados saharauis en Rabuni, Argelia, el viernes 13 de noviembre.Javier Martín Rodríguez / EFE

La organización saharaui sostiene que ha bombardeado cuatro bases militares y dos puestos de vigilancia marroquíes y ha causado bajas. Rabat guarda silencio

 

El secretario general del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Democrática Saharaui (RASD), Brahim Ghali, anunció este sábado la ruptura del alto el fuego firmado con Marruecos en 1991 y decretó el estado de guerra. Desde la otra parte, el Estado marroquí guardó silencio. Mientras el Frente Polisario informaba sobre ataques contra posiciones del “enemigo”, varios medios marroquíes se centraron en los mensajes de apoyo que Rabat ha recibido desde países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Jordania.

El Frente Polisario aseguró el sábado por la mañana haber causado víctimas mortales a Marruecos y “considerables pérdidas materiales” en la madrugada del viernes al sábado mediante bombardeos efectuados contra cuatro bases militares (entre ellas, las de Mahbes, Hauza, Auserd) y dos puestos de vigilancia. Al caer la tarde del sábado, la organización saharaui emitió su segundo parte de guerra, en el que informaba de que había continuado con los bombardeos contra las bases militares de Mahbes y Bagari y hostigado al “ocupante” en la zona de Guerguerat.

Desde El Aaiún, capital administrativa del Sáhara Occidental, Ahmed Tanji, fundador del grupo de periodistas saharauis Equipe Media, indicó en conversación telefónica: “Aquí han puesto más policías y militares por todas partes. El viernes reprimieron una manifestación de saharauis. Y hoy sábado, algunos agentes marroquíes han lanzado piedras contra algunas casas de activistas saharauis”.

Los 240 observadores que integran la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso) no han podido evitar las hostilidades sobre el terreno. La labor de la ONU se ha visto sobrepasada más que nunca en los últimos 29 años, desde la firma del alto el fuego

El ministerio de Exteriores de la RASD emitió el sábado un comunicado en el que indicaba que, tras llevar 29 años a la espera de que se celebre un referéndum de autodeterminación, el pueblo saharaui ha perdido su confianza en las Naciones Unidas y en su misión sobre el terreno. Para la organización saharaui, la misión de la ONU se ha convertido en “custodio” de la explotación por parte de Marruecos de los recursos naturales del Sáhara Occidental, lo que considera un “expolio”.

La comunidad internacional también asiste impotente al desarrollo de los hechos. El ministerio de Exteriores de España, antigua potencia colonial del Sáhara, instó a las partes a través de un comunicado difundido el viernes por la noche a reanudar las negociaciones. Lo mismo hicieron varios representantes de la Unión Europea y de la ONU.

La situación en el Sáhara Occidental vivió el viernes el momento de mayor violencia desde 1991. Fuerzas del ejército marroquí disolvieron una protesta de civiles saharauis que mantenían cerrada desde el 21 de octubre la carretera que une el Sáhara Occidental con Marruecos. El ejército marroquí señala que en ningún momento tomó contacto con civiles, pero ambas partes reconocen que durante la operación de desalojo intercambiaron disparos, sin que se registrara en principio ningún herido. El sábado por la tarde el tráfico en el paso de Guerguerat quedó restablecido por el Ejército marroquí, según indicó informó la agencia oficial MAP. El comunicado no mencionó ningún ataque del Frente Polisario.

Marruecos no reconoce bajas por ahora

Ante el hecho de que Rabat no haya reconocido hasta el momento ninguna baja mortal, una fuente del Frente Polisario alegó: “Marruecos no va a reconocer ni que estamos en guerra ni que han sufrido bajas mortales. Solo lo reconocerán cuando entremos en algunas de sus bases militares. Marruecos nunca reconoció que tuvimos presos a 4.000 de sus soldados durante la guerra que mantuvimos [1976-1991].

Respecto a la desproporción que hay entre los dos bandos, la citada fuente añadió: “Somos conscientes. Nunca hemos negado que ellos son mucho más poderosos que nosotros. Pero el muro que ellos construyeron en el desierto juega a nuestro favor. Porque el muro [construido a lo largo de 2.500 kilómetros en el desierto] les obliga a atrincherarse. Y esa posición nos da la ventaja de marcar el ritmo de las ofensivas”.

Mientras el Frente Polisario señala abiertamente que la guerra se ha desatado en el Sáhara Occidental al cabo de 29 años, Rabat no se expresa en los mismos términos. El Estado Mayor de Marruecos indicó en un comunicado el viernes por la tarde que, frente a los disparos recibidos de la parte del Frente Polisario, sus fuerzas decidieron responder y provocaron la huida de los “milicianos”.

Por Francisco Peregil

Rabat - 14 nov 2020 - 15:23 COT

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Putin lamentó el sentimiento antirruso en el Partido Demócrata.Foto Ap

La Doctrina Estrada, promulgada en 1930 por México, enaltece los principios de libre autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos domésticos de otros países.

Otorga mayor margen de maniobra geopolítica a México, frente a la degradante sumisión esclavista al fracasado decálogo neoliberal del "Consenso de Washington" (https://bit.ly/2TjIg4X) que le supedita(ba) practicar una política decimonónica de "ejes".

Para México, la Doctrina Estrada es la consecuencia de la tormentosa relación con EU desde el siglo 19 y constituye un imperativo protector diplomático: al carecer de armas nucleares, con un ejército muy endeble y después de múltiples invasiones (https://bit.ly/31zmApG).

En la fase de la 4T, México regresó sabiamente a los fundamentos de la Doctrina Estrada cuando carece de anticuerpos de toda índole en su interface con EU.

El zar Vlady Putin, con la mayor dotación de armas nucleares del planeta y su portentosa panoplia de armas hipersónicas, adopta los principios fundamentales de la Doctrina Estrada, sin citarla, debido a la participación de Rusia al "equilibrio estratégico" global para así tratar civilizada y diplomáticamente con EU, en lugar de llegar a una confrontación nuclear inevitable que constituiría el Apocalipsis de todas las especies vivientes de la creación.

En una entrevista a Rossiya TV (https://bit.ly/34lGiXT), declaró: "Trabajaremos con cualquier futuro presidente de EU, a quien el pueblo estadunidense otorgue su voto de confianza".

Después del sonoro fracaso del fake Russiagate, ahora con la fétida exposición de los correos de Hunter, hijo del ex vicepresidente y candidato presidencial Joe Biden, los demócratas alegan que se trata de "desinformación rusa" que fomenta su "títere" Rudolph Giuliani, ex alcalde de Nueva York durante el 11/9 y abogado particular de Trump, mientras que los republicanos exhuman los lazos mafiosos de los demócratas y de la familia Biden con Ucrania/Kazajistán/China.

Tanto la virulenta rusofobia como la patógena sinofobia forman parte del maniqueísmo primario que practican los decadentes políticos estadunidenses para atizar la ya muy aburrida "imagen del enemigo".

A propósito, el zar Vlady expresó que los "ideales socialdemócratas" del Partido Demócrata se parecen a los que llevaron al ascenso del comunismo, por lo que Rusia pudiera conformar una "base ideológica" para una relación de trabajo en caso del triunfo de Joe Biden, hoy favorito de las encuestas, que no suelen ser muy rigurosas ni precisas en EU. Y que conste que ahora Rusia ya no practica el comunismo, sino más bien un capitalismo con cobertura estatal.

El zar lamentó la antipatía antirrusa que predomina en los circuitos del Partido Demócrata, a lo cual se dice "lamentablemente estar acostumbrado". Luego añadió que "el Partido Demócrata está más cercano tradicionalmente a los valores liberales (sic), más cercano a las ideas socialdemócratas, si se compara a Europa". Recalcó que fue en ese "ambiente socialdemócrata donde evolucionó el Partido Comunista".

El zar comentó que "todavía le gustan varios de esos valores de izquierda (sic)" y enfatizó que la "igualdad y fraternidad" son "muy afines a los valores cristianos", aceptando que "son difícil de implementar, pero son muy atractivos (sic)".

Alexander Dugin –autor de La cuarta teoría política (https://bit.ly/37BIv3q) y uno de los principales ideólogos de Rusia– enaltece los valores de la "cristiandad ortodoxa" como pilar de la Rusia resurrecta, tesis que ha adoptado el zar Vlady.

El zar rechaza que Rusia interfiera en el proceso electoral: "Lo que sucede en EU es el resultado de sus procesos políticos internos y sus problemas" y se dijo halagado cuando Biden se refiere a Trump como la "marioneta de Putin". Sobre las "humillaciones o insultos" que le profiere Biden, comentó que ello "mejora el prestigio de Rusia".

Finalmente, criticó el retiro de EU del sensible Tratado de Fuerzas Nucleares Intermedias (INF), y recordó que EU y Rusia colaboran para estabilizar el mercado petrolero global.

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