La Habana vieja, al anochecer. Joakim Eskildsen

A la extrema precariedad material de los últimos meses se superpone una sociedad civil tensada por el conflicto entre el empuje de las demandas de apertura y el inmovilismo autoritario de un modelo de partido único

Emilio Santiago Muiño 21/07/2021

Joakim Eskildsen

El pasado 11 de julio miles de cubanos salieron a las calles en unas protestas masivas e inéditas en la era revolucionaria, que tuvieron su foco inicial en los municipios de San Antonio de los Baños (Artemisa) y Palma Soriano (Santiago de Cuba) y a las pocas horas se extendieron por La Habana y por el resto del país. El gobierno cubano ha respondido a este estallido social con represión policial y un apagón digital que ha limitado el acceso a internet en la isla. Fuentes gubernamentales reconocen hasta ahora la muerte de una persona,  Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo. No hay cifras oficiales de detenidos, y se baraja un arco que comprende entre varios cientos y varios miles de represaliados.

Aunque aún es pronto para aventurar un desenlace, es evidente que las protestas del 11 de julio han cambiado para siempre la historia de la Revolución. El único precedente es el Maleconazo del 5 de agosto de 1994, en el momento más crítico del Período especial.  La crisis migratoria de los balseros fue su consecuencia más visible. Pero toda la batería de reformas que en los últimos treinta años han ido desmontando, con tiras y aflojas y muchas contradicciones, la ortodoxia socioeconómica socialista que la Revolución implementó durante sus primeras tres décadas, son inexplicables sin la señal de ingobernabilidad que enviaron los disturbios de aquel verano del 94.  Hoy Cuba se encuentra en una encrucijada análoga pero con una presión popular mucho mayor. Y menos margen de maniobra para circunscribir las transformaciones necesarias al ámbito de la economía dejando al margen la esfera política.

Entre 2012 y 2014 viví en Cuba nueve meses haciendo el trabajo de campo etnográfico de mi doctorado en Antropología, que versó sobre el proceso de sostenibilidad ecológica forzosa que impuso en la isla el Período especial. En este marco estudié durante seis años su realidad social con cierta profundidad. Durante esta etapa de mi vida hice grandes amigos. Hoy muchos viven en Cuba y otros han emigrado. Aunque mis investigaciones académicas han ido después por otros caminos, gracias a este contacto personal me he mantenido mínimamente al día sobre la realidad cubana y sus transformaciones recientes. Sin duda se me escaparán muchas cuestiones. Pero estas palabras son un intento, con sus limitaciones, de ayudar a clarificar ante la mirada extranjera que hoy está puesta en la isla una situación que no se deja abordar desde aproximaciones dicotómicas y simplistas. Esas que Cuba, como miniatura que concentra todas las tensiones y las pasiones políticas irresueltas del siglo XX, acostumbra a generar en el debate público. No pretendo ser equidistante o imparcial. Soy un ecosocialista que considera que las instituciones democráticas plurales son una conquista irrenunciable para las clases populares, y esto marcará mi análisis. A lo que sí aspiro es a intentar atender a la complejidad social como un prerrequisito sin el cual no se puede ni comprender el curso de los acontecimientos ni intervenir políticamente en ellos.

Tan cierto es que Cuba hoy está sufriendo injerencias externas que buscan desestabilizar como que la explosión de descontento popular es auténtica, legítima y compleja

Estas protestas no pueden coger por sorpresa a nadie que conozca mínimamente la realidad cubana y no esté cegado por sus anteojeras ideológicas. “Si se repiten los años noventa, aquí habrá un estallido social”. Durante mi investigación escuché en boca de muchos científicos sociales cubanos este juicio. Los textos más lúcidos de la crítica social cubana apuntan en esta línea. De lo que se deriva una primera idea básica: tan cierto es que Cuba hoy está sufriendo injerencias externas que buscan desestabilizar como que la explosión de descontento popular es auténtica, legítima, compleja y no se explica solo en términos de golpe blando, como si fuera un producto made in Miami. Tampoco como un efecto exclusivo del bloqueo, del que el gobierno cubano fuera un completo rehén y careciera de responsabilidad o iniciativa. Por supuesto el bloqueo existe, es real, y se trata de una política colonial de tintes genocidas, que siempre debe ser denunciada como condición primera al hablar de Cuba. No se puede relativizar. Su recrudecimiento concreto durante la administración Trump, que Biden no ha dado señales de revertir, ha contribuido a alimentar la difícil coyuntura del 2021. Pero del mismo modo el bloqueo no se puede convertir en una coartada para evitar analizar críticamente el desempeño del gobierno cubano. Por cierto, en la batalla ideológica entre los términos bloqueo y embargo, empleo bloqueo porque así es recogido por las declaraciones oficiales de condena aprobadas recurrentemente en la Asamblea General de Naciones Unidas.

La segunda idea que quiero subrayar es que en el debate sobre Cuba no pueden dar ninguna lección de democracia aquellos que no solo no condenan sino que jalean y celebran al mismo tiempo las masacres represivas que están teniendo lugar ahora mismo en Colombia, o el golpismo en Bolivia o Chile, por circunscribirnos a América Latina. Su interés por la falta de democracia en Cuba no es auténtico sino puramente instrumental: una herramienta propagandística en su guerra global contra el socialismo. Lo que añade un punto de dificultad extra en el posicionamiento de la izquierda internacional sobre Cuba. Con la extrema derecha mundial lanzándose sobre Cuba como hienas con sus hordas de bots y fakenews (la más viral ha sido la foto de las manifestaciones en Egipto como si fuera el Malecón, pero las mentiras propagandísticas que han circulado por las redes estos días se cuentan por decenas) puede parecer sensato cerrar filas con el gobierno cubano. Pero lo que menos necesita el pueblo cubano (y seguramente la revolución, aunque ese es otro debate, y la diferencia es importante) es otro atrincheramiento maniqueo entre revolucionarios-gusanos. Cuba hizo una revolución en 1959 para ser soberana y dejar de ser un país monoexportador de azúcar. Ciertas formas de apoyo incondicional operan rebajándola hoy a ser un país monoexportador de símbolos para consumo de una izquierda atrapada en las nostalgias y los traumas del siglo XX.

La derecha cubana y mundial está tratando de liderar el descontento popular en Cuba. Pero no tiene capacidad para provocarlo. Lo hará si se le regala. Y regalárselo pasa, en primer lugar, por no atender a las motivaciones de la frustración y el malestar de la sociedad cubana. Tanto las inmediatas como las larvadas, acumuladas en una olla a presión desde hace décadas. Unas motivaciones que tienen una dimensión económica muy evidente, pero que ya no se dejan desconectar de una creciente insatisfacción política que reclama derechos y libertades que hoy en Cuba no se cumplen. Por tanto, para entender la explosión social de estos días es preciso abordar el binomio economía-política en sus niveles coyunturales y estructurales.

Coyunturalmente, el pueblo cubano en 2021 está sufriendo un episodio muy dramático de escasez material y una situación pandémica descontrolada, especialmente en algunas provincias (Matanzas). Confluyen aquí, al menos, tres elementos:

- El menor, pero importante, y que se suma a un cúmulo de presiones históricas que genera serios perjuicios a la economía cubana, un endurecimiento del bloqueo por parte de la administración Trump, que ha incidido especialmente en las nuevas limitaciones al envío de remesas. Debe destacarse aquí que la recepción de remesas de cubanos en el extranjero es un pilar estratégico de la economía cubana postsoviética, y estas tienen un papel fundamental tanto en a) el aprovisionamiento de divisas por parte del Estado, en las que descansa el comercio exterior; b) el consumo cotidiano y el mantenimiento del nivel de vida de la parte de la población que las recibe y c) la financiación de los negocios vinculados al trabajo por cuenta propia y los emprendimientos privados.  

- El segundo es la propia pandemia, tanto en su vertiente de drama sanitario como de shock económico. Si bien Cuba ha tenido un éxito sobresaliente en el desarrollo de su propia vacuna, su sistema médico está casi colapsado ante la falta de insumos esenciales que normalmente eran importados. En este punto cabe destacar el modo en que la covid ha afectado al encarecimiento de muchas otras importaciones, como las alimentarias, y especialmente el frenazo que ha supuesto al turismo internacional, que es una de las vías cardinales de enganche competitivo de Cuba con el mercado mundial.

- La llamada “Tarea Ordenamiento”, esto es el fin del sistema de doble moneda. Este es un asunto técnicamente muy complejo que no se deja abordar bien en formatos de opinión o divulgativos como este texto. Intento decir algo al respecto. Desde los años noventa, en Cuba rige una dualidad monetaria: la moneda nacional (el peso cubano o CUP), que solo intermedia en la economía interna y con el que se pagan la mayoría de los salarios, y una divisa funcional en el mercado internacional, que inicialmente fue el dólar y luego el peso convertible o CUC, con un tipo de cambio equiparable al dólar en 1-1. Esta divisa circula por la isla por vía remesas, consumos turísticos y también en forma de complementos salariales en algunas empresas estratégicas. El Estado la recauda, entre otros dispositivos, a través de tiendas de recuperación de divisas donde ofrece productos de importación gravados con un fuerte impuesto.

Esta política fue imprescindible en la crisis de los años noventa como un colchón para combatir la devaluación salvaje del peso cubano y el proceso hiperinflacionario que se desató en aquel momento. La dualidad monetaria fue como un airbag que amortiguó el choque con el mercado mundial. Y permitió al Estado absorber la circulación de divisas que ya se producía de facto, y ejercer una suerte de racionamiento de las mismas, que fue imprescindible para estabilizar el tipo de cambio. De este modo Cuba pudo volver a importar y exportar en un marco de relaciones de intercambio previsibles, y así empezar a reordenar todo su entramado de comercio internacional, que había estallado con la caída del campo socialista.

Pero la dualidad monetaria tuvo muchas consecuencias negativas, reconocidas por el propio gobierno cubano. La desigualdad social (luego abordaré este tema) es una de ellas. Pero casi tan dañino ha sido la generación de una estructura de incentivos laborales perversa: la mano de obra altamente cualificada que ha generado la revolución (y que es uno de sus logros históricos más notables) ha ido desplazándose desde los puestos de trabajo público de perfil técnico, actualmente muy mal pagados en moneda nacional, a los empleos vinculados con la recepción de pesos convertibles, como pudieran ser los turísticos. Quien haya visitado La Habana tendrá su propia anécdota que ilustra este proceso tan problemático para la economía cubana, habiendo conocido a ingenieros o arquitectas trabajando como chóferes de bicitaxis o haciendo de guías turísticos.

Pero además la dualidad monetaria ha sido una política altamente impopular, por ser autoritaria, intrincada y por representar de un modo muy gráfico la normalización de una desigualdad que rompía de hecho las bases del “contrato social” establecido en 1959. Aunque las brechas sociales que se están abriendo en Cuba no se explican solo por la doble moneda, para la mayoría de los cubanos este ha sido el símbolo que las concentra y las resume. Por todo ello el gobierno llevaba muchos años (desde el 2013) preparando la transición hacia la unificación monetaria. En esta hoja de ruta, el 1 de enero de 2021 debía ser el principio del fin del sistema CUC-CUP. Economistas cubanos me decían durante mi investigación que desarmar este sistema de doble moneda sería como desactivar una bomba. Siguiendo con esta metáfora, la coincidencia de esta reforma con la crisis del covid ha sido como haber cortado el cable equivocado. Sin duda, precipitar esta reforma en el contexto pandémico se entenderá con el tiempo como uno de los errores económicos más graves de la trayectoria de un gobierno revolucionario que no ha cometido pocos.

El resultado de esta triple conjunción (bloqueo recrudecido, pandemia global, fin de la dualidad monetaria) ha sido una crisis en la balanza de pagos de la economía cubana, que ha dado lugar a un proceso inflacionario durísimo que afecta la vida cotidiana de grandes masas de población. Este ha golpeado además en un contexto de progresivos pero sustanciales recortes sociales (eliminación de subsidios y gratuidades) dentro una línea de reformas promercado que necesariamente, a pesar de la retórica del gobierno (“nadie quedará desamparado”), ha generado más perdedores que ganadores, aunque esto supuestamente debía irse compensando con el tiempo.

Analizar la dimensión económica en las causas inmediatas del estallido social es necesario para entender su masividad, completamente inédita. Pero no agotan el fenómeno. A la extrema precariedad material de los últimos meses se superpone una sociedad civil tensada por un conflicto generacional entre el empuje de las demandas de apertura política de los sectores más jóvenes (muy plurales, muchas de ellas de izquierdas, con algunas victorias importantes como es el caso de las reivindicaciones del colectivo LGTBI-) y el inmovilismo autoritario de un modelo leninista de partido único. La Cuba que yo conocí personalmente (2012-2014) era ya una Cuba partida en dos entre la esclerosis ideológica de la oficialidad y el dinamismo e inteligencia colectiva desplegada por colectivos disidentes que, si bien eran pequeños en número, estaban ejerciendo de facto el liderazgo cultural de las fuerzas vivas de la sociedad cubana. Contra toda simplificación maniquea, muchas de estas iniciativas críticas compartían y comparten el ideario socialista, como pudieran ser los colectivos agrupados alrededor del Observatorio Crítico, el Taller Libertario Alfredo López o muchos intelectuales que escriben en webs como Havana Times o La Joven Cuba. Este divorcio entre el país oficial y el real ha ido a más a través de una proliferación polifónica de voces críticas que han empezado a articularse entre sí a través de las posibilidades que ha ofrecido la conectividad a internet que ha ido creciendo en la isla. Y lo ha hecho sin que el sistema político haya sabido-querido incorporar y atender a esta creciente complejidad política nacida de su base poblacional más joven.

En fechas recientes, todo lo acontecido alrededor del Movimiento San Isidro, organizado para reclamar la libertad de artistas y raperos disidentes, o la ocupación el pasado 27 de noviembre del Ministerio de Cultura por 300 manifestantes que exigían el fin de la censura, han sido la eclosión visible de más de una década oposición al régimen incubada a fuego lento. Una oposición cuya primera característica es su extrema diversidad, englobando desde posiciones derechistas y liberales que reciben fondos de USAID y persiguen un cambio de régimen, hasta anticapitalistas, anarquistas, socialdemócratas o feministas, cuyos reclamos tienden a apuntar hacia alguna forma de reinvención del proyecto revolucionario en términos de socialismo democrático. Este es el magma ideológico complejo que hoy se  disputa el liderazgo político del estallido de descontento social. Y sin su progresiva agitación durante años en forma de luchas pro-democracia, enunciadas desde coordenadas, compromisos ideológicos y formas de entender lo democrático muy distintas, no se podría entender el perfil explícitamente político que ha adquirido la revuelta popular.

Pero ambas dimensiones (la económica y la política) no se circunscriben a la coyuntura inmediata provocada por la covid o el fin de la dualidad monetaria. Ambas hunden sus raíces en procesos históricos de onda larga, de mayor calado estructural, que exigen una aproximación mínima para poder hacerse una idea de conjunto sobre lo que está pasando en Cuba y cuáles pueden ser sus posibles desenlaces. En la segunda parte de este texto intentaré abordar este nivel de análisis de mayor profundidad temporal.

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Huelguistas de hambre obligan al gobierno a negociar

En La Guajira, suspenden huelga de hambre y establecen hoja de ruta y mesas temáticas

Después de 20 días de una dura huelga de hambre, reclamando ser escuchados por el gobierno colombiano para negociar soluciones de los más sentidos problemas del Dpto. de La Guajira, al norte del país, los nueve jóvenes del Movimiento Juvenil Diverso de La Guajira, lograron sentar y comprometer en una mesa de negociación a varios representantes de los gobiernos nacional y regional entre los que se encuentran el Viceministro del interior Carlos Baena con quienes firmaron un acuerdo para la realización de unas mesas de trabajo temático y sectoriales donde participe la comunidad guajira a fin de y a partir de la misma el gobierno colombiano tome en serio y comience a solucionar los viejos problemas estructurales de los guajiros.

El acuerdo firmado entre los huelguistas de hambre que estuvieron viviendo en carpas y chinchorros en el parque de la Resistencia Simón Bolívar de Riohacha, desde el primero de julio y el gobierno nacional,  permitió suspender la protesta por el momento y es considerado como un triunfo parcial muy importante de los jóvenes guajiros que llenos de dignidad y valor a costa de sus propias vidas lograron el objetivo inicial de: Primero, demostrarles a sus paisanos guajiros que mediante la protesta pacifica, organizada y seria dentro del paro nacional, se pueden lograr objetivos de compromiso de parte de las autoridades nacionales que tienen olvidado y discriminado este departamento, Segundo, obligaron al gobierno central a venir a La Guajira a negociar ante la presión de la protesta, la solicitud y clamor de muchos dirigentes políticos, sindicales, sociales y hasta artistas nacionales y la misma prensa nacional e internacional que visibilizó la protesta tanto en Latinoamérica como en Europa.

El compromiso firmado entre los jóvenes del Movimiento Juvenil Diverso de La Guajira y el viceministro del interior Carlos Baena, lleva la rúbrica además de Cesar Fandiño de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías ; Consejería Presidencial para la Juventud, Agencia Nacional de Tierras ; Ministerio de Minas y Energía ; del ICBF, Gobernación de La Guajira, Alcaldía de Riohacha, y por parte de los manifestantes Emanuel Rangel, Luis Fernando Lobo, Yarley Molina, Andrés Barliza, Beatriz Salas, Eliel Castillo, Limbano Díaz ,Jissaac Gonzales y Jeferson Palmar y está respaldado por el Ministerio Público a través de la Defensoría del Pueblo, Procuraduría Regional de La Guajira y personería de Riohacha.

Logros con sacrificio, valentía y dignidad


Dentro de las estructuras a desarrollar dentro del compromiso firmado se acuerda que los jóvenes serán interlocutores y estarán presentes en las diversas mesas temáticas a llevarse a cabo al igual que la Gobernación de La Guajira y las  alcaldías municipales de acuerdo a la siguiente agenda:

1er Tema : Sentencia T 302 de 2017 y primera infancia cuya responsabilidad recae en el Ministerio de Interior , Consejería Presidencial para las Regiones Dpto., municipios e ICBF. Se llevará a cabo el día martes 27 de julio del presente año en Riohacha, la cual será la sede de todas las mesas, con la socialización de la ruta de preconsulta y consulta previa.

2o Tema : Agricultura, Territorio, Agua y Medio Ambiente , estarán bajo la responsabilidad del Ministerio del Medio Ambiente, Agricultura, ANT, Viceministerio de Agua , Corpoguajira, Dpto y municipios, esta mesa se desarrollará el día 3 de agosto.

3er Tema : Sector Minero Energético , estarán presentes el Ministerio de Minas y Energía el martes 10 de agosto.

4o Tema: Sector Salud , estará funcionarios del Ministerio de Salud, Supersalud, Dpto y Municipios y será el 17 de agosto.

5o Tema : Sector Educación , Ciencia y Tecnología , con la responsabilidad del Ministerio de Educación , Ciencia y Tecnología , así como el Dpto y los Municipios y se debe desarrollar el 24 de agosto.

6o Tema : Cultura, deben responder el Ministerio de Cultura, el Dpto y los municipios y está prevista se lleve a cabo esta mesa el día 31 de agosto.

7o Tema : Mesa étnica, otros pueblos indígenas, Wayuu, Wiwa,kogui, Arhuaco y Cariachiles, Zenu, kankuamos, Inga, Kansa y comunidades negras, afrocolombianas, con asiento en el Dpto de La Guajira. Estará bajo la responsabilidad del MinInterior y otras entidades del orden nacional y se invitará a la ONIC , esta mesa estará desarrollándose el día 7 de septiembre.

8o Tema : Mujer y Género , con la responsabilidad de la Consejería presidencial para la mujer, Dpto y municipios, tiene fecha de realización el día 14 de septiembre.

9o Tema : Deporte, con la presencia del Ministerio del Deporte, el Dpto y los municipios se tiene prevista para el día 21 de septiembre.

10o Tema : Juventud , la cual debe responder La Consejería Presidencial para la Juventud , ICBF, Dpto y municipios y se debe realizar el día 28 de septiembre.

En el marco de cada mesa se definirán los indicadores respecto a los compromisos que sean acordados , se tienen como garantes al Ministerio Público , defensoría del pueblo, procuraduría Regional , Personería , Contraloría y se extenderá invitación a un organismo internacional . Así mismo se tiene previsto hacer seguimiento en mesas posteriores previo cronograma acordado en cada mesa, igualmente  se garantiza y compromete al  gobierno nacional a prestar el apoyo logístico necesario a los huelguistas para participar cuando se tenga que desarrollar una mesa fuera de Riohacha.

Finalmente se creó una Coordinación y Secretaría técnica la cual estará bajo la responsabilidad de Ellis Gómez Mendoza y por los huelguistas Luis Fernando Lobo y Yarlein Molina. Para varios dirigentes guajiros y nacionales el hecho de llevar a cabo la huelga de hambre durante 20 días por parte de estos nueve jóvenes guajiros y lograr sentar al gobierno nacional y comprometerlo a negociar es muy significativo dentro de la historia del Dpto, ya que varios sectores sociales, políticos, sindicales del Dpto, de Colombia y desde el extranjero recibieron apoyo moral y solidaridad, aunque no faltaron las críticas y hasta amenazas contra los manifestantes que de forma pacífica permanecieron en el parque de la Resistencia Simón Bolívar de la capital guajira.

Guajiros a dejar la apatía, la pereza y aprovechar para obtener lo que les corresponde.

Así mismo se espera que la sociedad guajira rompa la apatía, deje la pereza y aproveche está oportunidad abierta por estos jóvenes para exigirle al gobierno nacional se ponga serio con este departamento olvidado y sumido en la extrema pobreza y cumpla su deber como gobierno y como Estado devolviéndole algo de lo mucho que se han llevado y explotado de sus recursos naturales, Estado colombiano que « siempre le ha bailado el indio a los guajiros » como se dice en el lenguaje popular caribe ,  ya que no es posible que en medio de la riqueza los niños, jóvenes y adultos mayores se mueran de hambre, desnutrición y sed, mientras su juventud deambula por las calles polvorientas y arenosas sin esperanzas de estudios y trabajo, sin futuro en medio del desierto, el sol y la brisa marina, mientras la corrupción campea y las empresas del interior del país y multinacionales se llenan los bolsillos dejando solo migajas y promesas a los guajiros.

Por Eliécer Jiménez Julio | 22/07/2021

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Cuba: el estallido social como crimen político

La lógica excepcionalista del sistema cubano tiende a considerar cualquier protesta como una provocación al servicio de la agresión foránea. Y ese discurso se repite frente a protestas inéditas en la isla.

El pasado 12 julio, al día siguiente de la mayor protesta popular contra el gobierno cubano que se haya producido en décadas, el presidente Miguel Díaz-Canel envió un mensaje a la nación acompañado de varios miembros de su gabinete. Allí estaba el primer ministro Manuel Marrero y el ministro de energía y minas Liván Arronte Cruz. Cada uno de estos funcionarios, sin reconocer nunca el sentido ni la magnitud de la protesta, intentó explicar las razones del descontento popular: cortes de electricidad, desabastecimiento de medicinas y alimentos, rebrotes de contagios por la endemia de covid-19.

Aquella mañana habló otro funcionario cubano que, más que explicar las causas de las protestas, expuso la lógica política y jurídica con que serían enfrentadas. Rogelio Polanco, Jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, fue presentado por el presidente Díaz-Canel como la persona indicada para conceptualizar «los sucesos» ya que había sido por muchos años embajador de La Habana en Caracas. De hecho, fue embajador cuando se desataron las más intensas protestas de amplios sectores de la sociedad venezolana entre 2017 y 2019.

Polanco señaló que lo que había sucedido en Cuba era un intento más de «golpe continuado» o «revolución de colores», organizado por los enemigos de la Revolución, como parte de la «guerra no convencional de Estados Unidos contra Cuba». En Venezuela, dijo, le tocó vivir algo similar cuando, tras el desconocimiento oficial de la legitimidad de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y la creación de una Asamblea Constituyente paralela, muchos venezolanos salieron a las calles para protestar contra el régimen de Nicolás Maduro.

Según Polanco, aquellas protestas, que se agudizaron en 2019 y desataron choques violentos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, son antecedentes a tomar en cuenta en la situación cubana. Aunque en Cuba no se vieron fenómenos como las «guarimbas» venezolanas, hubo actos violentos como asaltos a tiendas y agresiones contra la policía. Las manifestaciones, sin embargo, fueron mayoritariamente pacíficas y no estuvieron convocadas o lideradas por la oposición, como en Venezuela.

La confirmación de que las protestas fueron asumidas por el gobierno cubano como un ataque del «enemigo» –categoría difusa donde las haya, ya que eventualmente incluye actores tan disímiles como el gobierno de Estados Unidos, toda la dirigencia política republicana o demócrata cubanoestadounidense, el exilio, la oposición interna, el activisimo cívico o artístico y buena parte de la comunidad internacional- llegó con los primeros editoriales de Granma y Juventud Rebelde, que anunciaron que el «odio no quedará impune» y que «se llegaría al fondo» en una investigación sobre la protesta, que identificaría a sus responsables.

La criminalización del estallido se completó con el posicionamiento de diversos funcionarios como el canciller Bruno Rodríguez y el presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto, en medios oficiales y redes sociales, a propósito de que los ejecutores de las protestas eran «vándalos, delincuentes, marginales e indecentes». A la acusación de que eran actores manipulados por campañas adversas al gobierno en medios alternativos y redes sociales se sumó un perfil sociológico de los manifestantes como parte del lumpen proletariado.

Decenas, tal vez cientos de jóvenes cubanos han permanecido presos desde el 11 de julio. Funcionarios del poder judicial de la isla han explicado que se les abrirá procesos por el cargo de desorden público. Dado que el estallido no se entiende como estallido sino como intento de golpe de Estado, otra línea de la investigación buscará establecer vínculos de esos jóvenes con grupos del exterior de la isla, especialmente de Miami, a los que el gobierno responsabiliza por las manifestaciones.

La criminalización de la protesta adquiere, así, su más completo esbozo. Manifestarse es criminal porque formaría parte de un acto de agresión foránea, contra el régimen político, y porque recurriría a delitos comunes contra el orden público. Tanto en gobiernos de izquierda como de derecha, en América Latina, hemos visto este tipo de criminalización. El sistema político cubano, que constantemente se legitima a partir de un discurso excepcionalista, no se aparta un milímetro del modus operandi regional cuando se trata de judicializar una protesta.

En Cuba existe, desde los años 90, un dispositivo jurídico de criminalización de la oposición política, como contrapartida de la enmienda Helms-Burton (1996) del Congreso de Estados Unidos, que reforzó el embargo comercial. La Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, o Ley 88, de 1999, aprobada por el parlamento de la isla, establece una serie de figuras delictivas a partir del posible respaldo a las sanciones económicas de Estados Unidos contra Cuba en que puedan incurrir los ciudadanos al ejercer sus derechos de expresión, reunión o manifestación.

La ley está pensada en un rango de discrecionalidad interpretativa tan amplio que una crítica al sistema político de partido único o al desempeño de un gobernante puede ser asumida como suscripción a la Ley Helms-Burton. Comúnmente llamada «Ley Mordaza», este mecanismo jurídico fue utilizado en los procesos contra 75 opositores pacíficos en la denominada «Primavera Negra» de 2003. Aunque muchos de aquellos opositores, especialmente los afiliados al Movimiento Cristiano de Liberación y varios medios de prensa independientes, se oponían públicamente al embargo comercial de Estados Unidos, fueron juzgados y encarcelados como cómplices de esa política punitiva por ejercer la crítica al gobierno.

En los últimos meses, a raíz de las acciones del Movimiento San Isidro y el «27-N», el Estado cubano y los medios oficiales han rescatado la Ley 88 de 1999. Se ha dicho que algunos activistas de ambas organizaciones podrían ser procesados de acuerdo con esa norma jurídica. De por sí es irregular y arbitraria la existencia de una ley que está ahí, no para ser aplicada al pie de la letra, sino para ser utilizada como amenaza contra el ejercicio de las libertades públicas garantizadas y relativamente ampliadas en la última Constitución de 2019.

En los dos gobiernos latinoamericanos más unidos geopolíticamente a Cuba, el venezolano de Nicolás Maduro y el nicaragüense de Daniel Ortega, se han adoptado dispositivos jurídicos muy similares. Toda la ofensiva contra la oposición venezolana, desde 2019, ha seguido la misma premisa. Los arrestos de activistas, periodistas y líderes políticos en Nicaragua, en los últimos meses, se han basado en una ley que copia la letra y el espíritu de la cubana: Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz o Ley 1055 de 2020.

¿Estaría dispuesto el gobierno cubano a aplicar la Ley 88 de 1999 a cientos o miles de personas involucradas las manifestaciones del 11 y el 12 de julio? ¿Cómo avanzará ese gobierno en el procesamiento criminal y político de un grupo tan amplio de manifestantes? Cualquiera que sea la vía escogida, es evidente que de querer hacerlo, nada impediría a la máxima dirigencia cubana armar un caso de justicia masiva y proyectarlo, una vez más, sobre el conflicto bilateral con Estados Unidos.

Como en 2003, la justicia sería ejercida contra un grupo de cubanos que el gobierno ve como peones del imperialismo. Procesarlos como cómplices de la hostilidad de Washington permitiría focalizar el conflicto cubano, no en la acumulación de agravios internos (aumento de contagios de covid-19, desabastecimiento de medicinas y alimentos, cortes de electricidad, represión y privaciones de los jóvenes de menores recursos, como gran parte de los afrocubanos) que provocó el estallido, sino en las sanciones de Estados Unidos.

Esas sanciones, que deberían ser levantadas por su injusticia implícita, acaban siendo convertidas en la excusa perfecta para ejercer la represión en la isla. A todas las objeciones posibles al embargo comercial de Estados Unidos podría sumarse la de formar parte de la estructura jurídica del estado de excepción en Cuba. El embargo ya es un componente orgánico de la maquinaria represiva del Estado cubano y un argumento a favor de la criminalización de la protesta en la isla.

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 Una persona posa junto a una pancarta del presidente electo de Perú, Pedro Castillo, en Lima. — Paolo Aguilar / EFE

Impugnaciones, denuncias de fraude sin pruebas, manifestaciones, amenazas, insultos, acoso, violencia contra funcionarios, periodistas y críticos. Así ha sido, y seguirá siendo, la guerra sucia del fujimorismo contra el recién proclamado presidente de Perú. El maestro rural de izquierdas tomará posesión el 28 de julio.

 

"Iremos a Palacio con el voto popular. Quiero que quede bien claro, que me escuche el señor Castillo, el señor Cerrón y el señor Sagasti. ¡Este partido recién empieza!". La voz de Keiko Fujimori retumbaba a través del sistema de sonido frente a algunos cientos de personas y dejaba claro que no aceptaba la derrota. La hija del dictador Alberto Fujimori (1990-2000), encarcelado por corrupción y violaciones de los derechos humanos, se dirigía así en el centro de Lima a sus seguidores el 10 de julio, más de un mes después de que tuviera lugar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y con el conteo oficial de votos concluido: el ganador era su contrincante, Pedro Castillo.

Solo el lawfare al que Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, sometió a los organismos electorales, con petición de nulidades e impugnaciones de los votos –ninguna de las cuales prosperó– y acusaciones de fraude –sobre las que no presentó una sola prueba irrefutable–, pospuso la proclamación de Castillo más de lo debido, hasta este martes. Pero, en su realidad paralela, la candidata seguía comportándose como si aún estuviera en campaña y fuera posible su victoria.

"¡Vamos a defender la democracia en el Perú!", "¿Se van a rendir?", gritaba o preguntaba alternativamente a sus seguidores en aquella y otras movilizaciones. Mientras Keiko seguía con el micrófono en la mano, sus operadores políticos trabajaban contrarreloj para ensuciar –o evitar– la más que segura proclamación de Castillo. Recordemos que, tras conocerse los primeros resultados del conteo rápido, Keiko salió ya salió a denunciar irregularidades.

En ese escenario, Fujimori se remitió al manual de Goebbels y a su principio del método de contagio y reunió a varios adversarios en uno solo: Pedro Castillo, Vladimir Cerrón (el polémico líder del partido Perú Libre) y el presidente saliente,  Francisco Sagasti, tenían que convertirse, ante su público, en una suma, en un solo villano que representara el "fraude", el "comunismo" o la "dictadura", según fuera el caso.

Mientras tanto, en otro mundo paralelo al juego sucio del fujimorismo, ese mismo 10 julio, el Ministerio de Salud confirmaba que 194.249 peruanos habían fallecido de covid. Este país ha sido uno de los más afectados por la pandemia en el mundo.

El fujimorismo y sus malas artes

"La defensa de la democracia no termina con la promulgación ilegítima de Pedro Castillo. Esta defensa recién empieza". Como si fuera un déjà vu de junio de 2016, cuando también perdió la carrera presidencial, esta nueva frase de Fujimori recordó al momento en el que una altiva Keiko aseguraba, de la boca para afuera, que aceptaba los resultados "democráticamente", pero mostraba una simbología opuesta: ella, de pie, con sus 73 congresistas detrás, mostrando al entonces presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, el poder que lo amenazaría desde ese mismo momento. "Esta defensa recién empieza" volvió a decir hace dos días, horas antes de la proclamación de Castillo, con una actitud de perdedora hostil.

Desde aquella declaración, hace ahora cinco años, Perú "pagó" no haber elegido presidenta a Keiko Fujimori con la mayor inestabilidad política de las dos últimas décadas. ¿Cómo le mostró su poder a PPK?: humilló y censuró ministros, obstruyó con alevosía las propuestas del Ejecutivo desde el Congreso y terminó sacándole del poder pese a que había ganado en las urnas. En 2016, el fujimorismo había obtenido la mayoría de los asientos en el Congreso.

El primero que derrotó a Keiko fue Ollanta Humala, en 2011. Curiosamente, los tres (Humala y Kuczynski –PPK–) comparten un rasgo común: enfrentan procesos judiciales por sus vínculos con Odebrecht, la constructora brasileña que pagó coimas a diestro y siniestro en Latinoamérica (también Keiko Fujimori está acusada de corrupción y se encuentra en libertad provisional). Pero la crisis de los últimos años queda latente en que, desde 2016, en Perú han juramentado cinco presidentes (PPK, Martín Vizcarra, Mercedes Aráoz, Manuel Merino y Francisco Sagasti), aunque solo los dos primeros y el último han sido considerados oficialmente jefes de Estado. Y, para colmo, llegó la covid y las protestas sociales, todo junto. Nadie sabe qué le espera a Perú en esta nueva revancha fujimorista.

La semana pasada, mientras Pedro Castillo seguía esperando que se hiciera oficial su victoria para iniciar la transición con el gobierno de Sagasti, el abogado de Fuerza Popular Julio César Castiglioni aseguró a la emisora RPP que tenía derecho a "seguir apelando", a pesar de que el número de votos en las actas impugnadas no fuera a cambiar los resultados finales. Preguntado sobre el perjuicio y la demora que eso estaba causando en la transición entre las distintas carteras ministeriales, Castiglioni respondió: "No es mi tema". La lectura que hicieron millones de peruanos fue que la grave crisis económica, la mortal pandemia y el proceso de vacunación no era, para el fujimorismo, "su tema".

Regresando al pasado siempre se encuentran paralelismos: En 2017, la excongresista fujimorista Yesenia Ponce aseguró que Keiko le había dicho, sobre la postergación de un proyecto de irrigación que beneficiaría a miles de pobladores de Ancash: "No me importa si se perjudican diez mil, cien mil personas, si favorece al Ejecutivo no va". Para el psicoanalista Jorge Bruce, la frase "No es mi tema" ha ingresado "sin lentitudes burocráticas a la historia universal de la infamia".

El acoso de los violentos

Como parte de su campaña por el "fraude", la candidata fujimorista y sus aliados organizaron diversas manifestaciones en el centro de Lima. La del miércoles 14 de julio mostró la peor cara de los grupos violentos que apoyan a Fuerza Popular y manejan su misma retórica. Los miembros de una de esas organizaciones ultraderechistas, que se hace llamar ‘La Resistencia’, realizan el saludo fascista, difunden fake news y atacan a fiscales, periodistas o funcionarios que consideran "enemigos", "caviares" o "comunistas" –aunque no lo sean– desde hace meses. Esta vez, las víctimas fueron tres periodistas, incluso de canales que le han otorgado una generosa cobertura a cada movimiento o declaración de Fujimori.

Ante la llegada de la policía montada al lugar de los disturbios, los grupos profujimoristas llegaron al extremo de azuzar para que se matara a los caballos. Otros grupos violentos intentaron acceder a la Plaza de Armas de Lima e, incluso, llegar hasta la sede de Gobierno. El objetivo, según el periodista Marco Sifuentes, era "tomar Palacio", en un intento de imitar a los seguidores de Donald Trump que tomaron el Capitolio de EEUU en enero pasado, cuando también alegaron, sin pruebas, un fraude contra el candidato republicano.

En el momento más tenso de la jornada del miércoles 14 de julio, los vehículos oficiales en los que viajaban, por un lado, el ministro de Salud, Óscar Ugarte y, por otro, la ministra de Vivienda, Solangel Fernández, fueron atacados por una turba con palos y piedras, y retenidos en una avenida por varios minutos. La noche del jueves 15, una cuenta de Twitter asociada a esos grupos radicales, "La resistencia Reporteros", publicó un video de una nueva escena de acoso contra el jefe de la Organización Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, esta vez en la puerta de su domicilio. Unas 80 personas se plantaron allí a gritarle durante más de dos horas. Los insultos, que incluían ofensas contra su madre, iban desde "ladrón" hasta "terrorista".

El presidente saliente, Francisco Sagasti, condenó los ataques y anunció medidas. Justo acababa de rechazar intervenir en el pedido de convocar a una "auditoría internacional", tal y como le exigía el fujimorismo. "Estaría violando la Constitución (...), pedir una intervención de esta naturaleza no tiene ningún sentido", afirmó. Desde ese día, troles fujimoristas crean hashtags diarios en redes sociales atacando a Sagasti con términos como "genocida", a pesar de que cumplió una de sus misiones más importantes: cerrar contratos por más de 98 millones de vacunas hasta enero del 2022.

Si bien Keiko Fujimori rechazó los actos de violencia a través de un tuit, las reacciones a su pronunciamiento fueron, en su mayoría, negativas. Hay abundante material fotográfico que prueba la cercanía de ‘La Resistencia’ con el fujimorismo –además de con Renovación Popular, partido del ultraderechista Rafael López Aliaga– y, en sus arrebatos de violencia, el grupo maneja el mismo discurso de la candidata, con el "fraude", el "comunismo" y el "terruqueo" como mantras.

La Fiscalía ha anunciado que les abrirá investigación a los responsables de los ataques. Audios, afiches y cuentas de Twitter y Facebook llamando a la violencia prueban que se trató de una estrategia coordinada.

¿Qué le espera a Perú?

El viernes 16, fujimoristas y aliados dieron un manotazo de ahogado –y es de esperar que no sea el último–, al presentar en los instantes finales del plazo legal nuevas apelaciones para seguir postergando la proclamación de Castillo. El pasado lunes, a primera hora de la mañana, todas las solicitudes fujimoristas habían sido declaradas improcedentes de forma unánime por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Tras la proclamación, sus seguidores viralizaron el hashtag #CastilloPresidenteIlegitimo, a pesar de que la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y mandatarios de diversos países ya habían saludado la elección democrática del profesor de Cajamarca.

Tras las falsas denuncias de fraude, impugnaciones y otras argucias legales que incluyeron un gasto millonario, Keiko solo logró variar 205 votos en su diferencia con Castillo. Curiosamente –y según ha contado el programa independiente La Encerrona, del periodista Marco Sifuentes–, estos fueron 205 votos más, pero para él. Su ventaja ascendió, finalmente, a 44.263 votos sobre Fujimori. En definitiva, Fuerza Popular presentó más de 1.300 recursos legales y gastó  en ello alrededor de un millón de soles (más de 200.000 euros), según medio digital independiente Ojo Público.

Sin precedentes en la historia de Perú, ahora el presidente electo sólo tiene una semana –hasta el 28 de julio– para realizar la transición en los distintos departamentos y ministerios.

El capítulo de esta historia que acaba de concluir se llamaba suspenso. El que comienza hoy, con Castillo al mando, se llama incertidumbre. Y así entra Perú en una nueva era marcada por el bicentenario de la independencia, que se celebrará el mismo día en que Castillo será investido presidente

Lima

21/07/2021 22:12 Actualizado: 22/07/2021 10:03

Ricardo Hinojosa Lizárraga@
santoschilcano

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De Cuba y Estados Unidos, tiranías y dictaduras

En 1997 un amigo cubano me dijo “Fidel es un dictador, mas no un tirano”. Estábamos en una provincia de Mozambique donde él trabajaba como médico y yo como arquitecto. Esa tarde, en un patio de tierra roja africana, no comprendí su idea. Parecía contradictoria. Por alguna razón, nunca la olvidé hasta que, unos años después, revisando documentos desclasificados, pensé que Washington no era una dictadura, pero sí una tiranía.

La trampa de las palabras no estaba en la aparente contradicción de la frase de Javier sino en el habitual engaño que llevan los ideoléxicos, por ejemplo, cuando palabras como “democracia” o “dictadura” se usan como si fuesen la Luna y el Sol: dos cuerpos claramente diferenciados, pero no la única luna ni el único sol del Universo. De esa forma, una potencia hegemónica que dicta su voluntad fuera de fronteras y carece de igual representación para todos sus ciudadanos (sobre todo para quienes no son millonarios) como Estados Unidos, un régimen paramilitar como el colombiano, un neoliberalismo impuesto con sangre como el chileno, o un sistema como el noruego o el islandés se llaman por igual “democracias”. Por razones estratégicas, no se llama “capitalismo” a Haití o a Honduras, aunque sean más capitalistas que Estados Unidos. No quisiera volver a insistir en que no es el capitalismo, sino la hegemonía la que define el poder y la riqueza (material) de un país.

Theodore Roosevelt, entre muchos otros, lo puso de forma clara: “La democracia de este siglo no necesita más justificación que el simple hecho de que ha sido organizada para que la raza blanca se quede con las mejores tierras del Nuevo mundo”. Esa democracia se fue adaptando una y mil veces para servir a una minoría, ya no tan blanca pero sí económica y financieramente dominante. En las democracias formales, las clases dominantes no censuran como en una dictadura tradicional; se reduce a los críticos al silencio de los grandes medios o, cuando estos trascienden de alguna forma, se los demoniza como en tiempos de la Inquisición.

En las democracias formales, al uno por ciento le basta con convencer a la mitad más uno de los votantes para mantenerse en el poder político. Tarea nada difícil cuando, por ejemplo, se mete a Dios en el paquete de sus “valores y principios”. Pero la micro elite de arriba no depende de la mitad de abajo para mantenerse en el poder económico. Sólo cuando ese poder está en cuestionamiento, la democracia formal es reemplazada por dictaduras fascistas, como las apoyadas por Washington y las transnacionales a lo largo de una larga historia. Hasta mediados del siglo XIX, los esclavistas habían logrado convencer a una mayoría (incluyendo esclavos) que la esclavitud era el mejor régimen para expandir la libertad y la civilización. Cuando la democracia se hizo inevitable, la secuestraron con ideas similares: la riqueza de los ricos es la mejor forma de expandir el bienestar y la libertad de los trabajadores.

Aun así, esa idea vaga y contradictoria que llamamos “democracia” sigue siendo la mejor utopía y el mejor recurso de los de abajo. Pero que quede claro: ninguna, por chueca que sea, existe gracias a los poderosos de turno, sino a pesar de ellos. Lo mismo los derechos y las libertades individuales y colectivas; todas son producto de interminables (y demonizadas) luchas de los de abajo.

En Estados Unidos, los principios racistas y clasistas, banderas de la derrotada Confederación, se consolidaron fronteras adentro y se extendieron a América latina, donde impusieron decenas de dictaduras, siempre en complicidad con la eterna oligarquía criolla, generaciones antes de que apareciera la maravillosa excusa del comunismo.

Desde entonces, Washington y las megacorporaciones han sido los principales promotores del comunismo y de otras alternativas de izquierda en el continente. Uno de los primeros casos se remonta a los años 30 con las masacres de indios y campesinos en El Salvador, pero el pie en el acelerador ocurre luego de la Segunda Guerra, cuando el más importante aliado de Estados Unidos, la Unión Soviética, se convierte en el único opositor con poder y en posible inspiración para el Tercer Mundo contra la vieja tiranía anglosajona. Es, en este momento, cuando nace la CIA (1947) y, poco después crean, entre muchos otros y sin advertirlo, al Che Guevara.

Cuando la CIA y la UFCo lograron destruir “el régimen comunista de Jacobo Árbenz” en 1954, uno de los únicos indicios de democracia en la región, el joven médico Ernesto Guevara debió huir a México, donde se encontró con otros exiliados, los hermanos Raúl y Fidel Castro. Cuando la Revolución cubana triunfó en 1959, Guevara advirtió: “Cuba no será otra Guatemala”. Es decir, su independencia del imperio estadounidense no sería boicoteada con bombardeos mediáticos primero, movilizaciones inducidas y ataques militares después, como en Irán, como en Guatemala. Cuando cuatro meses después Fidel Castro visitó la Casa Blanca para confirmar las relaciones comerciales y diplomáticas con Washington, Nixon, Eisenhower y la CIA ya tenían otra invasión en mente. La costumbre de derrocar alternativas independentistas era tan larga y la arrogancia por una abrumadora fuerza militar y mediática tan ciega, que no pudieron prever ni una derrota vergonzosa y ni un trauma insuperable en Bahía Cochinos. El agente de la CIA encargado de las operaciones de Guatemala y Cuba, David Atlee Phillips escribió que el problema del fracaso fue que El Che y Castro habían aprendido de la historia y Washington no.

Pero el Che Guevara es descrito como un asesino por haber ordenado la ejecución sumaria de 200 criminales del régimen de Batista (la CIA informó que ni por lejos se aproximó al número de ejecutados por el régimen anterior) mientras que los terroristas cubanos como Posada Carriles, Orlando Bosch y tantos otros que se dedicaron a poner bombas en aviones, barcos, hoteles, en autos diplomáticos, como el de Orlando Letelier, y colaboraron con mafias genocidas como la Operación Cóndor, fueron protegidos por Washington. Las masacres de cientos de miles de víctimas en unas pocas décadas sólo en América Central por la gracia de Washington y la CIA fueron para llevar la paz, la democracia y la libertad a esas tierras. (Luego de Stalin, los asesinados por razones políticas en América Latina superaron con creces las víctimas de los países comunistas bajo la influencia de la Unión Soviética.)

La misma práctica, los mismos intereses, el mismo discurso de los esclavistas del siglo anterior con nuevos ideoléxicos. Desde la lógica de la historia, Fidel Castro y las decenas de Augusto Pinochet no son la misma cosa, aunque en el lenguaje simplificado se puedan etiquetar a los dos como dictadores. También Cuba y el Che son consecuencia directa del imperialismo de Washington, pero por razones opuestas.

Por esa razón, aunque según todos los estándares occidentales se puede decir que Cuba es una dictadura, es necesario recordar que Estados Unidos es la tiranía que la creó, una tiranía brutal que lleva por lo menos doscientos años. Cuba fue la primera gran derrota de esa arrogancia y, por alguna razón, ha sabido resistir 60 años.

¿Es necesaria una dictadura inversa para lograr vencer a la tiranía de dos siglos? La respuesta de la historia no nos gusta a nadie. Pero es clara. Aunque (o porque) somos demócratas radicales, no vamos a salir a tirar piedras sobre la isla estrangulada en nombre de la libertad. Jamás podríamos estar del lado de los mercenarios.

 Para más detalles, ver el último libro de Jorge Majfud, "La frontera Salvaje. 200 años de fanatismo anglosajón en América latina".

19 de julio de 2021

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Charco en una calle de La Habana

Este no es un análisis sobre las protestas y su instrumentalización política, sino un llamado a escuchar voces soberanistas y críticas, voces incómodas tanto para el Gobierno cubano como para la derecha anticastrista.

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La muerte de Hugo Chávez me pilló en Nicaragua. Mis amigas nicas la lloraron porque creían en su proyecto político. Esas mismas amigas nicas apoyaron en 2018 a las y los estudiantes y pensionistas reprimidos brutalmente por manifestarse contra el enésimo recorte en el seguro social del gobierno dizque socialista de Ortega y Murillo. Desde entonces, sobreviven a la creciente criminalización de los movimientos sociales autónomos; otras se exiliaron. Sí, son chavistas y antiorteguistas, porque la realidad es más compleja que las narrativas binarias que se imponen siempre.

Me resulta imposible escribir sobre Cuba sin pensar en Nicaragua. En ambos casos, el Gobierno y sus comparsas han negado el estallido social, lo han presentado como parte de un golpe blando de Estados Unidos y han caricaturizado a las y los manifestantes como mercenarios vendepatrias. En ambos casos, la amenaza de intervención es real (aunque solo sea por memoria histórica) y una parte de la derecha la reclama. Y, en ambos casos, buena parte de la izquierda internacional ha repetido los mismos mantras para no cuestionar ni un poquito a los últimos bastiones del socialismo. Porque para represión, la de Colombia y, para libertad, la que grita el pueblo palestino. Y porque en Cuba no hay niños ni niñas cosiendo nuestras deportivas.

Y sí, todo eso es verdad. Y sí, es una broma pesada que el Gobierno colombiano pida al cubano que respete el derecho a la protesta pacífica. Y sí, hablemos de Sudáfrica, donde hay más de un centenar de víctimas mortales de la represión policial de protestas. Y sí, exijamos a Estados Unidos que levante el bloqueo a Cuba y que deje de torturar en la base de Guantánamo. Y sí, me da náuseas escuchar al sionista Josep Borrell hablando sobre crisis política y humanitaria. Y sí, hablemos del Sáhara y de la Franja de Gaza. Y sí, no olvido las cargas de la Policía Nacional en la concentración en Madrid por el asesinato de Samuel Luiz. Ni la muerte de Iñigo Cabacas en mi propia ciudad, Bilbao. Ni las torturas a detenidas y detenidos en régimen de incomunicación, en muchos casos por orden del juez y actual Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Y no, yo tampoco quiero compartir lemas y carteles con Vox, ni con Donald Trump, ni con Keiko Fujimori. Y sí, es jodido que sea la derecha la que apoye las iniciativas institucionales de solidaridad con Nicaragua ante la represión orteguista, porque sus objetivos políticos al hacerlo son antagónicos a los míos.

Si escribo sobre Cuba y sobre Nicaragua es, precisamente, porque soy socialista, porque creo en las revoluciones populares. Y por eso me resisto a decir “dictadura” y “régimen” salvo si es para respetar las palabras de quienes están denunciando su autoritarismo. Porque dar lecciones de democracia desde el Reino de España es un ejercicio de una arrogancia colonial y un cinismo insorportable. Y por eso me cuesta también usar la palabra “libertad”, porque ha sido secuestrada por la derecha.

Pero me escribe por Twitter el activista gay, ambientalista y libertario, Isbel Díaz, “June, nos están matando. La policía cubana ya tiene sangre en sus manos”. Y me niego a aceptar que escuchar su grito sea hacerle el juego al imperialismo.

Defender la autonomía

En 2013, pasé un mes en Cuba realizando un proyecto periodístico sobre la izquierda crítica y los movimientos sociales autónomos. Estaba entusiasmada de haber encontrado voces que rompían con esa polarización que me da alergia: marxistas, trotskistas, anarquistas, feministas, ecologistas, antirracistas, LGTBI, que criticaban el autoritarismo del gobierno desde su compromiso revolucionario y antimperialista. Conocí el Observatorio Crítico, un paraguas de pequeñas iniciativas autogestionadas (Proyecto Arcoiris, la Cofradía de la Negritud, El Guardabosques…) que organizaba debates sobre temas como los transgénicos, el cooperativismo o el auge del reguetón. Constaté las dificultades que tenían para organizarse, para formalizarse como asociaciones, para celebrar actividades en el espacio público sin que se les infiltrasen agentes del Estado. También constaté, como después con las activistas en Nicaragua, su potentísima formación política e intelectual, y su sentimiento de orgullo hacia las revoluciones que hicieron sus madres y sus padres.

Ahí conocí a Isbel y trabé amistad con otra de sus integrantes, Yasmín Portales Machado, escritora de ciencia ficción, bloguera, marxista, feminista, bisexual, negra. Exdirigente estudiantil, exmilitante de la Unión de Jóvenes Comunistas, extrabajadora de organismos de cultura. Luchaba por una Cuba socialista en la que pudiera plantarse en la marcha del 1 de Mayo con carteles contra las discriminaciones racistas y LGTBfóbicas en el empleo público, sin que los funcionarios del Estado la invitasen amablemente a irse, como le pasó un año. Yasmín ha asumido la contradicción política de emigrar a Estados Unidos para hacer un posgrado y respirar un poco. “Si el único lugar seguro para el desacuerdo, del signo político que sea, está fuera de los límites geográficos del archipiélago de Cuba, seremos en verdad una diáspora”, escribió en una ponencia.

En Cuba conocí también las pocas iniciativas feministas que escapaban del control de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC). Supe que en 1993 nació Magín, una asociación formada por más de un centenar de comunicadoras cubanas. Duró tres años; no consiguieron ser legalizadas y la FMC les informó de que no podían seguir funcionando, bajo el argumento de siempre: que podía dar oportunidad a la penetración del enemigo. En 2014, el Ministerio de Cultura venezolano me invitó a un congreso de intelectuales, artistas y activistas, y en el debate sobre feminismo, una escritora cubana poco sospechosa de anticastrismo, insistió a las feministas chavistas ahí presentes que, sobre todo, defendieran su autonomía.

En la actualidad, destaca la plataforma contra la violencia machista YoSíTeCreoCuba, que se activó en 2019 para apoyar la denuncia pública de una cantante hacia un músico que la había sometido a violencia psicológica, física, emocional y sexual durante su trabajo en una popular banda de timba. Ese año presentaron ante la Asamblea nacional del Poder Popular un proyecto de ley integral contra la violencia de género, porque Cuba carece de una normativa específica. El pasado viernes denunciaron en sus redes sociales la situación de al menos 383 personas desaparecidas y presas luego de las protestas masivas del 11 de julio (entre las que hay 72 mujeres y seis chicas y chicos menores de edad). En su comunidado recuerdan que la brutalidad militar y policial suele venir acompañada de violencia sexual, como vienen denunciando las feministas nicas desde 2018.

Reconocer el disenso

Yasmín me aporta mediante mensajería instantánea discurso, lecturas y vídeos. Le frustra no poder participar en las protestas, como le frustró no hacerlo en dos anteriores, que también fueron desalojadas por la policía y tildadas por los dirigentes cubanos como shows montados desde Miami: una marcha LGTB en 2019 y un plantón de 200 artistas, intelectuales y activistas frente al Ministerio de Cultura de Cuba en 2020: “Repudiamos, denunciamos y condenamos la incapacidad de las instituciones gubernamentales en Cuba para dialogar y reconocer el disenso, la autonomía activista, el empoderamiento de las minorías y el respeto a los derechos humanos y ciudadanos”, expresó la organización del plantón.

 “Hay consenso a la izquierda y derecha en que la crisis sanitaria de Matanzas la semana pasada fue el detonante, pero el problema es de fondo: la avanzada neoliberal del gobierno, que deja una creciente precarización y desigualdad en la población”, me escribe Yasmín. “Otra cosa es el discurso producido alrededor de las protestas. La élite política de Miami se apresuró a tratar de atribuirse el liderazgo de estas protestas. Sus pedidos de intervención humanitaria / militar son, para mí, evidencia de su desinterés por el bienestar del pueblo cubano. Mientras que el gobierno insiste en una construcción clasista de las personas que protestan: son delincuentes”. El Gobierno cubano, ha lamentado la única muerte en las protestas, la de Diubis Laurencio Tejeda, para después destacar que tenía antecedentes por desacato, hurto y alteración del orden público.

Me dice Yasmín que sus analistas de referencia son Ailynn Torres Santana y Julio César Guanche. La primera ha dirigido al presidente Miguel Díaz-Canel una propuesta de hoja de ruta para abrir “un diálogo nacional real, sin tokenismos (recordando al universal Martin Luther King), sin intervencionismo, con la fuerza y la honestidad que permitan a Cuba, y sobre todo a cada cubana y cubano, ser un territorio de soberanía”. Guanche llama en un artículo de opinión a “distinguir y separar el uso instrumental” del sector extremista del exilio cubano de las demandas legítimas de parte del pueblo cubano. Critica que el presidente Joe Biden haya continuado con la política de sanciones, incluso en medio de la pandemia, pero señala el “gran peligro político” de los enfoques que atienden solo a las amenazas externas: “Reconocer la legitimidad de demandas que están hoy en juego es un golpe fuerte contra cualquier pretensión de golpe blando”, sostiene.

Sus mensajes coinciden con los que está publicando el medio socialista independiente La Joven Cuba, que también llaman a superar el binarismo revolucionarios/mercenarios: “La parte del pueblo de Cuba que salió a pedir cambios y que los quiere desde el respeto a la soberanía de la nación, merece ser escuchada y el presidente es quien debe propiciarlo”, escribe José Manuel González Rubines.

Yasmín también me manda una declaración unitaria por la liberación de las y los detenidos en las protestas, firmada por un centenar de intelectuales antimperialistas e internacionalistas como Noam Chomsky o Gayatri Spivak. Destacan los nombres de varios detenidos que son académicos o estudiantes marxistas.

Me enlaza un reportaje en vídeo de la revista sobre mujeres, afrodescendientes, y personas lgbti+ Tremenda Nota en el que mujeres trans manifestantes expresan el acoso policial que viven a diario: “Nos piden carne, nos llevan por prostitución, no podemos vestirnos de mujer. Además vine en compañerismo con todas las personas que hay aquí, por el hambre, la necesidad, no hay medicamentos, no hay agua, no hay nada. Las casas en La Habana se están cayendo. Y esos están construyendo hoteles”, critica Adriana Díaz. Conecto sus palabras con un reportaje que recoge voces de economistas cubanos: “Entre enero y marzo de 2021, en medio de la pandemia y con hoteles prácticamente vacíos, el 50,3% de las inversiones se hicieron en el sector inmobiliario, mientras que en innovación tecnológica se invirtió el 0,6%, en la agricultura el 2,6% y en la industria el 9,5%”. Y con este tuit:

El discurso de Residente enfureció tanto a castristas como a anticastristas: “Entre la ineficacia del Gobierno Cubano y el bloqueo de USA tienen al pueblo jodido en medio de una pandemia”.

Me dice Yasmín que, por encima de todo, subraye las siguientes dos cosas (así que copio y pego):

1- Las personas desaparecidas. No sabemos cómo lidiar con eso como sociedad, simplemente era algo que “no pasa en Cuba”. Sin embargo, entre domingo y lunes escaló de praxis puntual [recuerda la detención de Isbel y su pareja, Jimmy, por organizar la marcha LGTB de 2019] a masiva. Cargaron con entre 100 y 200 personas a las que ahora dice el gobierno van a juzgar “con justicia” por vandalismo.

2- El antes y el después de la etiqueta #SOSCuba y lo que significa en términos de organización popular autónoma. La cosa empezó entre el 6 y 7 de julio con la revelación de los números de contagios y muertes en Matanzas y denuncias en redes del colapso de sus hospitales. Las etiquetas #SOSMatanzas y #SOSCuba se usaron entre el 7 y 10 de julio para organizar redes de donaciones. La comunidad migrada empezó a reunir recursos y pedir al gobierno que dejara entrar donaciones privadas. El gobierno y sus clarias que no, porque lo que querían era entrar medicinas y revenderlas. El día 9, [la influencer] Mia Khalifa y [el músico] Residente usaron la etiqueta. En especial, fue llamativo que la cuenta oficial de la Presidencia respondiera a Residente y no a otras cuentas cubanas. El día 10 la etiqueta fue levantada por cuentas robots y viralizada. Luego llegaron las protestas. El gobierno aprovechó para criminalizar la etiqueta y pretende que solo existe para provocar las protestas, pero la manipulación funcionó porque tenía base real. Las personas la usan enfatizando que siempre fue acerca de la solidaridad.

Salirse del binarismo tiene algo que ver con lo que cuenta Elisa Coll en su libro Resistencia bisexual: el mensaje social que recibimos quienes, en vez de elegir acera, intentamos habitar la carretera, es que seremos atropelladas.

Ailynn Torres Santana vuelve a compartir estos días el artículo que escribió en 2019, titulado “La novela Cuba”, sobre el extrañamiento que le producen las narrativas sobre su país: “La mirada sobre Cuba está capturada por el fatalismo de los polos. Odias o amas, amigo o enemigo, dentro o fuera, conmigo o contra mí, Cuba inmaculada o Cuba podrida”. Concluía con una frase lacerante: “La brújula de la Cuba impoluta es mi perdición; es la imposibilidad de construir una distinta, a muchas voces”.

Por eso escribo estas líneas, sabiendo que tal vez reciba más fotos de gusanos enmarañados como la que me mandó por Twitter un comunista español cuando recomendé seguir a Yasmín.

Por eso y porque mi primer viaje a Cuba, en mayo de 2011, coincidió con el 15M. En la guagua, la gente me decía con una sonrisa: “¡Viva la spanish revolution!”. Sirva este artículo para corresponderles.

17 jul 2021 08:22

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Domingo, 18 Julio 2021 05:16

La revolución como problema

La revolución como problema

Pertenezco a la generación que creció influenciada por el clima político y cultural de la revolución cubana. Me contagié del entusiasmo que generaba, en particular, la figura del Che, quien no dudó en dejar las comodidades de la vida urbana posrevolucionaria para caminar selvas y montañas, porque «el deber de todo revolucionario es hacer la revolución».

Hoy Cuba atraviesa una situación compleja, que me lleva a reflexionar en varios tiempos sobre la coyuntura, la estructura y el concepto mismo de revolución.

I

La soberanía nacional es intocable, tanto como el derecho de las naciones a su autodeterminación. La soberanía de una nación no depende de quién esté en el gobierno. Nadie tiene derecho a intervenir o subvertir el gobierno de una nación ajena.

El bloqueo a Cuba es inaceptable, como los intentos por derrocar la revolución, sistemáticos y continuos desde hace seis décadas. Nunca pedimos una intervención extranjera para poner fin a las dictaduras del Cono Sur, porque confiamos en que los pueblos deben decidir su futuro. Por eso tampoco pedimos que regímenes oprobiosos y genocidas (como el de Arabia Saudita, entre muchos otros) sean derrocados con invasiones militares.

Cuba tiene derecho a que se la deje en paz, como sucede con todas las naciones del mundo. Solo dos países apoyan el bloqueo: Israel y Estados Unidos.

II

La crisis actual tiene causas precisas. En 2020 la economía registró una contracción del 8,5 por ciento, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La industria cayó 11,2 por ciento y el agro, 12 por ciento. La crisis del turismo es tremenda y repercute en toda la sociedad: en 2019 Cuba recibió 4,2 millones de turistas, en 2020 apenas 1,2 millones. En el primer semestre de este año solo recibió 122 mil turistas, según datos recabados por la periodista chilena Francisca Guerrero.

El turismo aporta en torno al 10 por ciento del PBI, emplea al 11 por ciento de la población activa y es la segunda fuente de divisas. La escasez de divisas crea enormes dificultades para la importación de alimentos: Cuba debe importar el 70 por ciento de la comida que consume, mientras los precios internacionales crecieron un 40 por ciento en un año.

El llamado ordenamiento cambiario, que eliminó las tasas diferenciadas con las que se cambiaban los pesos cubanos por dólares, decidido en enero, aunque necesario y deseable, llegó tarde y en un momento de aguda escasez de dólares. Lo cierto es que la población tiene grandes dificultades para acceder a bienes básicos.

Inflación y apagones son el corolario de viejos problemas nunca resueltos (como el deterioro de las infraestructuras) y de improvisaciones en la aplicación de cambios largamente postergados.

El bloqueo es un gran problema para Cuba. Pero no todos sus problemas pueden reducirse al bloqueo. Un problema del que no se quiere hablar, no solo en Cuba, es el de la revolución como problema. O sea, del Estado como palanca de un mundo nuevo.

III

Creíamos que la revolución era la solución a los males del capitalismo. No fue. Quizá la obra mayor de las revoluciones haya sido empujar al capitalismo a reformarse, limando durante cierto tiempo sus aristas más extremas, aquellas que todo lo confían al mantra del mercado autorregulador, que lleva a millones a la pobreza y la desesperación.

Revolución fue siempre sinónimo de conquista del Estado, como herramienta para caminar hacia el socialismo. Originalmente el socialismo debía ser, ni más ni menos, el poder de los trabajadores para superar la alienación que supone la separación entre los productores y el producto de su trabajo. Sin embargo, socialismo se volvió sinónimo de concentración de los medios de producción y de cambio en el Estado, controlado por una burocracia que, en todos los casos, devino en una nueva clase dominante, casi siempre ineficaz y corrupta.

El pensamiento crítico se sometió a esta nueva burguesía, o como quiera denominarse a esa casta burocrática que, no siendo propietaria, tiene la capacidad de gestionar los medios de producción a su antojo, sin rendir cuentas más que a otros burócratas, sin que los trabajadores, privados de formas de organización y de expresión autónomas, puedan incidir en las decisiones. Sin libertades democráticas, los Estados socialistas (contradicción semántica evidente) devinieron en Estados autocráticos y totalitarios, no muy diferentes a las dictaduras que sufrimos y a las democracias que no nos permiten elegir el modelo económico que nos gobierna, sino apenas a representantes ungidos gracias a costosas campañas publicitarias.

Las revoluciones socialistas y de liberación nacional, y aun los movimientos emancipatorios, se autodestruyeron en el rompeolas de los Estados: al institucionalizarse y perder su carácter transgresor y superador del estado actual de cosas; al relegitimar un sistema-mundo que pretendían desbordar; al trasmutar, por la vía institucional, la potencia rebelde de las clases populares en impulso para la conversión de los burócratas en nuevos opresores.

Como sostuvieron Fernand Braudel e Immanuel Wallerstein, y ahora Abdullah Öcalan, el Estado nación es la forma de poder propia de la civilización capitalista. Por lo tanto, dice el líder kurdo, la lucha antiestatal es más importante que la lucha de clases, y esto no tiene nada que ver con el anarquismo, sino con la experiencia de más de un siglo de socialismo. Es revolucionario el trabajador que se resiste a ser proletario, que lucha contra el estatus de trabajador, porque esa lucha apunta a superar y no a reproducir el sistema actual.

Para hacer política centrada en el Estado, las categorías de hegemonía y homogeneidad son centrales. La primera es una forma de dominación, sin más, aunque el progresismo y la izquierda crean que supera al leninismo. La segunda es una pretensión de quienes, desde arriba, quieren llevar a los pueblos de las narices. Agrietados el patriarcado y el colonialismo interno, hoy es imposible una sociedad homogénea, porque las mujeres, los jóvenes y todo tipo de disidencias (desde las culturales hasta las sexuales) rechazan el aplanamiento de las diferencias y diversidades.

Imponer homogeneidad con base en la hegemonía es una apuesta al autoritarismo, ya sea a través del mercado o del partido de Estado. La forma ideal de dominación es aquella que se presenta como democrática (simplemente porque hay elecciones), pero encarcela a la población en un modelo económico que vulnera su propia vida.

IV

La revolución socialista es cuestión del pasado, no es el futuro de la humanidad. Tampoco lo es el capitalismo. El binarismo capitalismo/socialismo ya no funciona como organizador y ordenador de los conflictos sociales.

Mientras las izquierdas siguen prisioneras de su visión estadocéntrica, los sectores más activos y creativos de las sociedades latinoamericanas (feministas, pueblos originarios, jóvenes críticos) ya no se referencian en Cuba, como lo hizo mi generación, sino en luchas concretas como las revueltas chilena o colombiana, en el zapatismo y en los mapuches, en ritmos raperos y en sueños de libertad imposibles en la Nicaragua de Ortega y en la Cuba del Partido, en la Colombia de los paramilitares o en el Brasil de Bolsonaro.

17 julio 2021

 

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Sábado, 17 Julio 2021 06:41

Inédita situación

Inédita situación

En una situación inédita desde que se proclamó independiente en 1991, la república ex soviética de Moldavia –que ostenta el tristemente célebre récord de ser el país más pobre de Europa– tendrá presidenta, gobierno y mayoría en el parlamento unicameral sin contrapesos de ningún tipo.

Las recientes legislativas así lo determinaron. El partido liberal Acción y Solidaridad de la presidenta Maia Sandu tendrá 63 de los 101 diputados del Congreso y podrá nombrar primer ministro y gabinete sin tener que negociar con otras fuerzas políticas ni, como pasaba casi siempre, verse obligado a repartir las cuotas de poder entre europeístas y pro rusos, al margen de quién ocupase la presidencia o la jefatura del gobierno nombrado por el parlamento, lo cual bloqueaba cualquier iniciativa de ley de unos y otros, mientras los clanes mafiosos –simbiosis de empresarios y funcionarios corruptos– saqueaban el país.

La coalición de socialistas y comunistas, que promueve mayor acercamiento con Rusia, será minoría con 32 escaños, y apenas seis ocupará el partido conservador Shor. Los llamados unionistas, que buscan la reunificación con Rumania, carecerán de representación parlamentaria al no sacar ni 2 por ciento del voto.

Las regiones separatistas de Transdniester y Gagauzia, que forman parte de Moldavia pero no reconocen el gobierno de Chisinau, votaron más por la coalición de socialistas y comunistas, sin poder influir en esta ocasión en equilibrar los resultados.

Sandu, quien se jugó su permanencia en el cargo al forzar el adelanto electoral para poner fin a la paralizante convivencia de proyectos de país antagónicos, obtuvo una victoria abrumadora para sacar adelante su propuesta de integración con la Unión Europea. Su meta es lograr el respaldo de 70 por ciento de la población y la más reciente encuesta sobre un hipotético referendo arrojó 57 por ciento en favor de solicitar el ingreso a la UE frente a 28 por ciento que prefiere la integración económica con Rusia.

Por lo pronto, la mayoría oficialista permitirá a Sandu gobernar cuatro años sin sobresaltos y, al mismo tiempo, es insuficiente para modificar la Constitución, eventualidad que sólo podrá llevar a la realidad sumando al menos los votos de cinco diputados de oposición, los que le faltan para alcanzar los dos tercios requeridos.

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Protestas en La Habana en julio de 2021.

 

La desaceleración económica, el nuevo y alarmante índice de contagios de covid y el aumento del malestar con el Gobierno avivan las mayores protestas en décadas

 

Nunca, desde el triunfo de la Revolución cubana de 1959, habían organizado los manifestantes antigubernamentales protestas multitudinarias y simultáneas en varias ciudades a lo largo de la isla como las vividas el pasado fin de semana. Algunas de las concentraciones fueron pacíficas; otras, poco más que disturbios y una excusa para saquear. Sin embargo, todas eran manifestaciones de la desesperación económica del pueblo y de la frustración ante la incapacidad del Gobierno de paliar el sufrimiento que padecen.

El Gobierno cubano está arruinado. En los dos últimos años, ha perdido todas las principales fuentes de ingresos de divisas que tenía. La caída en la producción de crudo en Venezuela ha reducido a la mitad la exportación de petróleo barato a Cuba. La presión que ejerce Estados Unidos ha convencido a otros gobiernos latinoamericanos de que cancelen los contratos de servicios médicos con La Habana y manden a los facultativos cubanos a casa. La pandemia de covid ha cerrado el sector turístico y ha reducido los ingresos en 3.200 millones de dólares. Justo antes de dejar el cargo, Donald Trump hizo prácticamente imposible que los estadounidenses de origen cubano pudiesen realizar envíos de dinero: una pérdida de otros 3.500 millones de dólares anuales y un golpe directo a más de la mitad de las familias cubanas.

Cuba importa el 70 % de la alimentación, el 69 % del petróleo y la mayor parte de los suministros médicos. La escasez de divisas implica que el país ha tenido que reducir las importaciones de forma drástica: casi un 40 % solo el año pasado y más este año. Las estanterías de los comercios están vacías. Las farmacias, también. Encontrar comida puede llevar horas de búsqueda y de hacer cola. Hasta los establecimientos que solo aceptan pago en moneda extranjera tienen poco que ofrecer. Los últimos cortes de luz desatan en la gente los peores recuerdos del “Período Especial”, la depresión económica que sufrió Cuba en los años noventa tras la caída de la Unión Soviética.

La tensión social ha ido aumentando a medida que la economía se deterioraba, y se ha hecho patente en pequeños incidentes de protesta, confrontaciones entre la policía y los ciudadanos y altercados en las colas de las tiendas. Y aunque el alcance de estas manifestaciones es sorprendente, el hecho de que haya estallado la tensión no lo es.

Solo en los últimos meses, la situación ha empeorado sensiblemente. La unificación de la doble moneda y el sistema de cambio que el Gobierno llevó a cabo en enero –un paso necesario hacia la reforma económica, según los expertos– desencadenó la inflación, lo que redujo los ingresos reales a pesar del intento del Gobierno de aumentar los salarios para compensar. La covid, que parecía estar controlada antes de la llegada de la variante delta, ha vuelto a estallar, con un número de casos récord, y amenaza con sobrepasar un sistema de salud que cuenta con escasos recursos.

La situación económica de Cuba todavía no es tan mala como en los noventa: el año pasado el PIB cayó un 11 % y sigue cayendo, pero en los noventa bajó un 35 %. La situación política, sin embargo, es muy diferente hoy en día a la que era entonces. La generación que vivió la Revolución de 1959 y los primeros tiempos dorados de exuberancia revolucionaria fue un pilar de apoyo al régimen en aquel entonces. Ahora, que rondan los setenta u ochenta, suponen un colectivo pequeño y que cada vez se va haciendo menor.

La franja de edad predominante hoy en día la representan personas que alcanzaron la mayoría de edad después de la caída soviética. Su experiencia de “la Revolución” es una de interminable desabastecimiento y promesas de reforma incumplidas. Fidel y Raúl Castro, cuyo prestigio como fundadores del régimen apuntaló el apoyo popular entre los cubanos más mayores, ya no están, y los ha sustituido una nueva generación de dirigentes que tienen que demostrar su derecho a gobernar mediante resultados. Tienen que repartir las mercancías, literalmente, y de momento, no han sido capaces de hacerlo.

La desigualdad es otra fuente más de frustración y resentimiento. Las reformas económicas del Gobierno, orientadas al mercado, han agravado la desigualdad, sobre todo en términos raciales, y en los últimos años se ha hecho más notorio. Los cubanos de ascendencia africana tienen menos posibilidades de tener familia en el extranjero que les envíe dinero, tienen menos posibilidades de tener trabajos que les proporcionen parte de sus salarios en moneda extranjera y tienen menos posibilidades de vivir en barrios bonitos y atractivos para turistas que buscan paladares (restaurantes en casas particulares) o alquilar una habitación. Por lo tanto, no sorprende que las últimas protestas empezaran en algunos de los vecindarios más pobres de Cuba.

Las redes sociales han jugado un papel clave en la envergadura nacional de las manifestaciones. En 1994, cuando se produjeron disturbios en el Malecón, la avenida principal de La Habana, las noticias se propagaban de boca en boca. El pasado fin de semana, las redes sociales corrieron la voz de las primeras manifestaciones entre los cubanos de todo el país y desencadenaron protestas similares en otra docena de ciudades. El Gobierno, sin mucho éxito, intentó restringir la difusión cortando el acceso a internet durante casi todo el día.

Durante años, Cuba ha estado rezagada con respecto a sus vecinos en cuanto a acceso a internet, pero la rápida expansión del wifi y de la tecnología 3G ahora les ofrece conectividad a los cubanos –sobre todo a los jóvenes– a través de sus teléfonos inteligentes. Las redes sociales les permiten conectar en línea con otras personas con las que comparten intereses. Estas redes sociales virtuales han demostrado ser una forma eficaz de movilizar a las personas a emprender acciones reales. Hasta ahora, se trataba de manifestaciones a pequeña escala centradas en asuntos específicos como los derechos LGTBI, la libertad artística y los derechos de los animales, pero presagiaron el papel que iban a jugar las redes sociales a la hora de catalizar las manifestaciones antigubernamentales de mayor calado que estallaron la semana pasada.

La respuesta de la administración Biden a la agitación social en Cuba ha sido la que cabría esperar: ha transmitido su solidaridad con los manifestantes y ha instado a la moderación al Gobierno cubano frente a las protestas pacíficas. Ningún funcionario del Gobierno estadounidense se ha pronunciado para reconocer que Estados Unidos esté exacerbando la crisis actual al continuar con las políticas de Trump de bloquear los envíos de dinero y suspender la emisión de visados de inmigrante. No obstante, el senador Marco Rubio (republicano por Florida) denunció la respuesta de Biden, lo que demuestra que diga lo que diga o haga lo que haga Biden con respecto a Cuba, los republicanos lo acusan de mostrarse blando con el socialismo.

Durante la campaña presidencial, Biden prometió revocar las sanciones que impuso Trump y que perjudican a las familias cubanas, restablecer los viajes a la isla y retomar las conversaciones diplomáticas con el Gobierno cubano. De momento, no ha hecho nada de esto. Su administración parece paralizada por miedo a repercusiones políticas en Florida, donde los demócratas fueron derrotados en 2020, y por la necesidad de tener contento al presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Robert Menéndez (demócrata por Nueva Jersey).

Sin embargo, priorizar la política interior de Estados Unidos en detrimento de la crisis humanitaria en Cuba conlleva sus propios riesgos. Una escalada en las protestas antigubernamentales bien podría desencadenar una violencia mayor, como ha ocurrido en otros lugares de América Latina. Si los cubanos que se sienten marginados deciden que no tienen “voz”, puede que su alternativa sea la “salida”. La última vez que la situación económica de Cuba fue así de mala, en el verano de 1994, 35.000 cubanos decidieron marcharse y partieron hacia Estados Unidos en balsas y embarcaciones precarias.

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Por William M. LeoGrande (The Nation) 16/07/2021

William M. LeoGrande es profesor de gobierno en la American University, autor de Our Own Backyard: The United States in Central America (Nuestro patio trasero: Estados Unidos en Centroamérica) y coautor junto con Peter Kornbluh de Diplomacia encubierta con Cuba. Historia de las negociaciones secretas entre Washington y La Habana.

Este artículo se publicó originalmente en The Nation.

Traducción de Ana González Hortelano.

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Líbano, en caída libre económica y política

Hasta hace poco, la descomposición de Líbano podía apreciarse de mes a mes, pero el país ha alcanzado ahora una descomposición que se aprecia de hora a hora, con disturbios más violentos protagonizados por una población que observa a una clase política y económica corrupta e incapaz de sacar al país del pozo sin fondo donde continúa en caída libre.

 

Los datos económicos de Líbano se deterioran de un día a otro para sugerir un inminente caos general. Pocos dudan de que el colapso está a la vuelta de la esquina. La libra se ha devaluado hasta un 90% en año y medio, el precio de los alimentos se ha incrementado en un 400% en pocas semanas, y en el mercado negro el dólar costaba el jueves por la noche más de 21.000 libras, frente a un cambio oficial artificialmente fijado en 1.570 libras.

Los salarios están por los suelos y el desempleo supera el 40%. En realidad muy pocos libaneses pueden sobrevivir debido a que sus ingresos son insuficientes. Quien tiene familia en el extranjero, debe depender de ella, y lo más terrible es que el horizonte no es halagüeño. Al contrario, el pequeño país tiene que hacer frente a la presencia de cientos de miles de refugiados sirios que carecen de lo más elemental.

Buena parte de sus seis millones de habitantes debe contentarse con suerte con dos horas diarias o poco más de electricidad, lo que obliga a la población a adquirir generadores que normalmente funcionan con diésel a precios estratosféricos. La mayoría de los servicios públicos o no funcionan o lo hacen sin satisfacer las necesidades de la gente.

¿Quién es responsable de esta situación? Naturalmente todos miran a los políticos, una clase privilegiada que controla el país desde un tiempo inmemorial participando en una gigantesca corrupción que llega hasta los rincones más alejados del Estado, que perjudica a todos y sostiene una amplia red clientelar que obra como una infección gangrenosa que destruye las pocas células sanas que todavía quedan.

Quienes tienen empleo trabajan por salarios miserables, incluidos los militares, a quienes las pocas libras que les dan no les bastan para alimentarse. Muchos oficiales y soldados cuentan con uno o dos empleos adicionales. Los jefes temen que los soldados se enrolen en milicias privadas, una actividad bien conocida en Líbano donde se cobra bastante más que en el Ejército.

El mismo Ejército ha habilitado helicópteros militares para sobrevolar partes del país por 150 dólares a quien tenga dinero y ganas de hacer turismo. El montante que se recauda se destina a productos alimenticios para oficiales y soldados. En este contexto, el que puede, joven o mayor, emigra sin pensárselo dos veces.

Los mayores recuerdan la gloria del país y de Beirut que se prolongó hasta mediados de los años 70, cuando estalló una terrible guerra civil que duró 15 años y de la que Líbano no se recuperó. El endeudamiento, el mayor del mundo, y la pobreza actuales pronostican que se tardará muchos años en enmendar el rumbo, y para ello será preciso dar un vuelco completo para el que el país no está preparado.

Fundamentado en la religión, Líbano cuenta con un reparto de poder que se adscribe a cada una de las confesiones presentes en el país, siendo las más importantes la chií, la suní y la cristiana. Se trata de un sistema disfuncional que no está basado en los votos sino en las distintas confesiones religiosas, una herencia del periodo de colonización francesa.

Para complicar las cosas, el analista Ibrahim Haidar considera que existe una serie de problemas internacionales que repercuten directamente sobre la crisis, empezando por las difíciles relaciones entre Irán y EEUU. Teherán tiene un gran ascendiente sobre Hizbolá, una formación chií clave para la estabilidad de Líbano.

Otra incidencia notable es el conflicto entre israelíes y palestinos. La ocupación israelí incide de una manera u otra en los conflictos de la región, y el de Líbano no es una excepción. Sin embargo, ni franceses ni alemanes ni americanos están por la labor de enfrentarse a la ocupación israelí, una circunstancia que seguirá dificultando la resolución del problema. "Mientras los problemas regionales sigan ahí, será imposible resolver la crisis libanesa", sostiene Haidar.

En las calles de Beirut se observan enormes colas ante las gasolineras, las señales de tráfico no funcionan, el número de comercios cerrados crece a diario, e incluso las estanterías de las farmacias abiertas están semivacías. Muchos comerciantes dicen que no les merece la pena vender el género que tienen porque al día siguiente les costará mucho más caro adquirirlo debido a la inflación.

Varias iglesias y ONG ayudan como pueden distribuyendo alimentos básicos como arroz o aceite. No es extraño ver en esas colas a personas que conducen un mercedes o un BMW, es decir, gente que hasta hace poco pertenecía a la clase media y que ahora no tiene para comer. Naturalmente, quienes ya eran pobres antes ahora lo son mucho más. Según Unicef, el 70% de los libaneses no dispone de suficiente dinero para alimentarse.

Francia y Estados Unidos se están implicando a fondo en Líbano, pero sus intenciones solo serán eficaces de una manera aparente, incluso aunque logren resolver la crisis política. A medio plazo es evidente que solo se podrá avanzar si se resuelven otras crisis regionales, como la de Irán y la de los palestinos, algo que no parece estar al alcance de franceses y americanos.

La situación, que algunos califican de "más que peligrosa", se complicó un poco más el jueves cuando el presidente cristiano Michel Aoun rechazó la distribución de carteras propuesta por el nominado primer ministro suní Saad Hariri. Hariri ha dimitido y ahora otro político deberá intentar formar gobierno, una empresa harto complicada a cuyo frente deberá figurar un suní con amplio apoyo dentro de su rama religiosa.

17/07/2021 08:27

Por Eugenio García Gascón

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