Viernes, 22 Marzo 2013 05:42

¿Puede el Estado ser lo común?

¿Puede el Estado ser lo común?

Las reflexiones y análisis rigurosos y comprometidos son imprescindible en este periodo turbulento y caótico, en el cual las fuerzas antisistémicas tienen dificultades para orientarse y definir un rumbo. Algunos de esos análisis han jugado un papel destacado en los debates que realizan los movimientos, porque iluminan los temas más importantes para orientarse en el largo plazo.

 

Los trabajos del geógrafo David Harvey, en particular aquellos que permiten comprender mejor los modos de acumulación del capital, han sido incorporados por numerosos movimientos para analizar la realidad que desean transformar. El concepto de “acumulación por desposesión”, que puede traducirse también como acumulación por despojo, formulado en su libro El nuevo imperialismo (Akal, 2004), es una de las ideas-fuerza aceptadas por quienes integran organizaciones antisistémicas.

 

En otros trabajos Harvey se empeña en comprender más a fondo los movimientos del capital y su impronta en los espacios geográficos y en los territorios, destacando cómo han reconfigurado la trama urbana en las últimas décadas. En El enigma del capital y las crisis del capitalismo (Akal, 2012), constata la estrecha relación entre urbanización, acumulación de capital y eclosión de las crisis. Desde la posguerra (1945), apunta, la suburbanización jugó un papel importante en la absorción de los excedentes de capital y de trabajo.

 

El consumo explica el 70 por ciento de la economía estadunidense (frente al 20 por ciento que representaba en el siglo XIX), lo que lo lleva a concluir que “la organización del consumo mediante la urbanización se ha convertido en algo absolutamente decisivo para la dinámica del capitalismo” (p. 147). Consecuente con sus trabajos anteriores, coloca en un lugar central la creación de nuevos espacios y territorios, y los considera el aspecto fundamental de la reproducción del capitalismo, destacando las categorías de “renta de la tierra” y “precio del suelo” como las bisagras entre capital y geografía.

 

El análisis de la “lógica territorial” del capitalismo, complementaria y convergente con los flujos del capital que atraviesan los espacios con “una lógica más sistemática y molecular que territorial” (p. 171), conduce a Harvey a abordar el poder, los estados y las resistencias, recordando que en este periodo “el Estado y el capital están más estrechamente entrelazados que nunca” (p. 182). Ingresa aquí en un terreno mucho más delicado. Aunque parezca contradictorio con esa afirmación, defiende “la utilización del Estado como instrumento principal de contrapoder frente a capital” (p. 173).

 

En todo caso, Harvey hace un reconocimiento a las juntas de buen gobierno zapatistas como organizaciones territoriales capaces de crear un nuevo orden social. En este punto no establece ninguna diferencia entre organización territorial y Estado, ni entre poder instituido y contrapoderes. Aunque no trabaja en esa dirección, el debate acerca de si todo poder territorial es sinónimo de Estado sigue abierto y aún no hemos avanzado mucho al respecto.

 


No creo que sea lo más adecuado continuar un debate de carácter ideológico sobre el Estado –aunque sabemos la posición de Marx al respecto, siempre sostuvo la necesidad de destruir el aparato estatal–, sin abordar previamente los caminos para salir del capitalismo y transitar hacia un mundo diferente. En su más reciente trabajo, Rebel cities ( Ciudades rebeldes, aún no traducido), Harvey dedica un capítulo a “La creación de los comunes urbanos”, donde critica frontalmente tanto la organización centralizada de inspiración leninista como el “horizontalismo”, al que acusa de centrarse en prácticas de pequeños grupos que resultan imposibles en escalas mayores y a escala global.

 

Harvey cuestiona también las “autonomías locales” como los espacios adecuados para proteger los bienes comunes, porque en los hechos “demandan algún tipo de cercamiento” ( enclosure, p. 71). El razonamiento de Harvey está anclado en las “escalas”: tener un huerto comunitario en tu barrio es algo bueno, dice, pero para resolver el calentamiento global, la calidad del agua y del aire o problemas a escala global, no podemos apelar a asambleas ni a las formas de organización que tienen hoy los movimientos. Para eso no hay otro camino que apelar al Estado, en escala nacional, regional o municipal.

 

Tres consideraciones al respecto. Lo que propone Harvey se inscribe en una profunda tendencia histórica que ha recobrado vigor en los últimos años. Aunque quien suscribe no la comparta, el grueso de los movimientos latinoamericanos migraron de las posiciones autónomas a las prácticas estatistas y electorales. No reconocer esta tendencia no contribuye a profundizar los debates.

 

La segunda tiene que ver con el carácter del Estado: ¿puede el Estado, que no es lo común sino la expresión de una clase social, tener alguna utilidad para proteger lo común? La comunidad, verdadera expresión de lo común, es la organización humana más adecuada para proteger los bienes comunes. No es casual que allí donde esos bienes han sido preservados es donde predominan los modos comunitarios en sus más diversas formas.

 

En tercer lugar, es necesario deshacer un malentendido que ha ganado enorme predicamento en los últimos años: asumir la administración del Estado, el gobierno, se convirtió para muchos activistas en el camino para transitar hacia un mundo nuevo. Más allá de cómo se evalúan las gestiones de los gobiernos progresistas, no existe en el mundo ninguna experiencia de construcción de nuevas relaciones sociales desde el Estado heredado por el capitalismo.

 

“La clase obrera no puede limitarse simplemente a tomar posesión de la máquina del Estado tal y como está y servirse de ella para sus propios fines”, escribió Marx en 1872, al hacer balance de la Comuna de París. Que aún no tengamos fuerza material para hacer lo que recomendaba Marx no quiere decir que nuestro horizonte deba ceñirse a luchar por administrar lo existente, porque de ese modo nunca superaremos el capitalismo.

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Jueves, 21 Marzo 2013 18:14

El BID bautiza a los “vulnerables”

El BID bautiza a los “vulnerables”

ALAI AMLATINA, 21/03/2013.-  Las instituciones financieras internacionales anuncian todos los días el fin de la recesión global. Desde 2008, están enviando mensajes de que EEUU ya superó la crisis. Igualmente, los europeos aseguran que la recuperación ya está tomando forma y pronto se abrirá camino hacia la prosperidad. El Banco Mundial se encuentra en la vanguardia de este movimiento.

 

En el caso de América Latina, el Banco Mundial y las demás instituciones financieras no pueden decir mucho porque todavía no entienden porque en gran parte de la región la acumulación capitalista crece y prospera. Para confundir aún más, recién publicaron un informe donde dice que ha “emergido” una nueva clase social en América latina que llama “los vulnerables”. Representa el 37.5 por ciento de los latinoamericanos (es decir, 3 de cada ocho de los habitantes de la región somos “vulnerables”).

 

Según la nueva calificación, el 30 por ciento de los latinoamericanos estamos en la categoría que llaman “pobreza”. Otro número igual, está en la casilla correspondiente a “clase media”. No lo dice, pero se entiende que el resto, el 2,5 por ciento, son los ricos que concentran el 50 por ciento de la riqueza de la región. En otras palabras, las dos terceras partes de los latinoamericanos viven en la pobreza (la suma de los “pobres” y de los “vulnerables”) con menos del 5 por ciento de la riqueza.

 

Las reuniones de los gobernantes de los países y de los bancos toman nota de esta situación pero no proponen soluciones a los problemas que crean sus propias políticas.

 

Durante una reunión reciente de “gobernadores” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizada en la ciudad de Panamá, se celebraron los logros alcanzados por los países de la región. Fue una mezcla de ciencia ficción, fantasía y pronósticos neoliberales (más ajustes) que compartieron los representantes de todos los países de la región con sus contrapartes de EEUU y Canadá.

 

Según el actual presidente del BID, Juan A. Moreno, el futuro de América Latina se ve muy alentador ya que la llamada “clase media” está creciendo a tasas muy elevadas (parte de la ciencia ficción). Además, en el caso de Centro América, “muchas multinacionales están volviendo a construir fábricas y centros de servicios en Mesoamérica cuyo objetivo es abastecer no sólo a EEUU, sino a Centro y Sudamérica” (¿Moreno en el país de la fantasía?).

 

A pesar de este optimismo y buenos augurios, el BID recomienda austeridad y control de gastos por parte de los gobiernos (más ajustes en tiempos de auge económico). En un mensaje que se dispara en varias direcciones, en forma simultánea, el informe aprobado por la Asamblea del BID pide, por un lado, más “ahorros” y, por el otro, “incentivos al desarrollo”. En síntesis, recortes a los ingresos de los trabajadores y aumentos a las ganancias de los capitalistas.

 

En la reunión efectuada en la capital panameña se respiró una atmósfera divisionista entre los gobiernos de la región. EEUU y sus socios del “Pacífico” abogaron por una mayor privatización del capital. Es decir, que los bancos internacionales canalicen los recursos de los países (producidos por los trabajadores) hacia las empresas privadas. Para ello hay que crear las empresas capaces de trabajar con los recursos del Estado. Un representante gubernamental colombiano dijo que el Estado tiene que mejorar la infraestructura. Otro mexicano dijo que el Estado tiene que financiar el acercamiento del gobierno con el sector privado. Tanto gobierno como sector privado tienen que ser más agresivos en la transferencia de los fondos de pensiones que controlan las entidades públicas hacia las empresas privadas. Se planteó que en México hay 150 mil millones de dólares depositados en fondos de pensiones que deben pasarse a manos del sector privado. Mientras tanto, otros 100 mil millones de dólares en inversiones en el sector de la construcción (infraestructura) debe canalizarse hacia el sector privado.

 

La Asamblea del BID informó que los dos hombres más ricos del mundo – Carlos Slim y Bill Gates - participaron mediante videoconferencias en la reunión de Panamá. Hicieron recomendaciones de cómo emularlos y convertir los recursos públicos disponibles en fuente de riqueza privada. Ambos participan, actualmente, en un programa de salud en Centro América donde los recursos de esos países son administrados por una fundación creada por los billonarios mencionados. Gates señaló a los participantes que en Centro América hay oportunidades para “combinar conocimientos financieros, regionales y de salud” para crear más riqueza. En el informe no se mencionó los problemas de salud que crean estos programas que promueve el BID que sólo se preocupan del lado financiero (costo / beneficio).

 

En la reunión de Panamá, en medio de los discursos y la confusión, emergió la nueva clase social de los “vulnerables”. Los representantes de las empresas privadas participantes subrayaron la importancia de las computadoras y del empleo informal para esta nueva clase social. A su vez, los medios regionales continuaron reforzando su campaña de desinformación circulando la versión de Washington al concluir que “los países ubicados en (las riberas) del Pacífico crecen más rápido que los del Atlántico”. Algunos medios panameños agregaron – sumando confusión a la reunión del BID -  que “México ya había superado a China en los envíos de productos” (¿exportaciones?).

Por Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del  Centro de Estudi

 

os Latinoamericanos  Justo Arosemena (CELA) http://marcoagandasegui11.blogspot.com

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Jueves, 21 Marzo 2013 06:42

Cada quince minutos hay un asesinato

Cada quince minutos hay un asesinato

Entre 2004 y 2007, el conflicto armado de Irak resaltó en 76.266 muertes. En Sudán, otro país convulsionado, los muertos fueron 12.719, poco más que los 12.417 registrados en Afganistán. En el mismo período, los muertos de Colombia han sido 11.833. Pues en Brasil, entre 2004 y 2007, ocurrieron 147.343 muertes por armas de fuego. Ese número se hace aún más impactante comparado con el total de víctimas fatales registradas en doce países que vivieron conflictos armados, de la República del Congo a Pakistán, pasando por Somalia y los territorios palestinos e Israel: 169.574.

 

Esos son los datos compilados por el Centro Brasileño de Estudios Latinoamericanos, que acaban de ser divulgados en Brasilia. Solamente en 2010, han sido asesinadas 36.792 personas en Brasil, un promedio de cien al día, o cuatro por hora. Una cada quince minutos.

 

Hay otros aspectos del mapa de la violencia en Brasil que llaman la atención. Si antes las muertes violentas estaban concentradas en los dos mayores centros urbanos, San Pablo y Río de Janeiro, ahora el fenómeno se nacionalizó. Con eso, Brasil sigue ocupando un lugar destacado entre los países más violentos del mundo, tomándose como base la proporción de asesinatos por cada cien mil habitantes: 20,4 personas.

 

Ese número sitúa a Brasil en el octavo puesto entre las cien naciones con estadísticas consideradas relativamente confiables, según la institución. La media de asesinatos es el doble de lo que la ONU considera tolerable (diez por cada cien mil habitantes). Julio Jacobo Waiselfisz, coordinador de la investigación, destaca que la violencia se diseminó por todo el país, aunque se haya concentrado en el nordeste y en el norte.

 

En Alagoas, por ejemplo, se registró en 2010 la tasa de 55,3 homicidios por cada cien mil habitantes. Es el estado donde más se mata a negros y mujeres. En la capital, Maceió, famosa por sus playas y polo de atracción turística, esa media es de 94,5 por cada cien mil habitantes. No sólo es la capital más violenta de Brasil, sino una de las más violentas del mundo.

 

El problema es que otras capitales muy turísticas, como Salvador de Bahía, también aparecen con índices elevadísimos (59,6 asesinatos por cada cien mil habitantes). Río de Janeiro, octavo estado con mayor proporción de muertos por arma de fuego (26,4 por cada cien mil habitantes), tiene una capital relativamente segura, comparada con las demás: 23,54. Más del doble del tope determinado por la ONU.

 

San Pablo, el más rico y poblado estado del país, es uno de los cuatro, entre los 27 estados brasileños, que se quedan por debajo de la marca que la ONU dice que es “tolerable”: 9,3 asesinatos por cada cien mil habitantes. Ha sido el estado con la disminución más significativa de esa proporción, en el período entre 2000 y 2010: 67,5 por ciento menos asesinatos. En Río de Janeiro, la caída ha sido de 43 por ciento. Y en Pará, entre 2000 y 2010, el número de asesinatos creció un absurdo 307 por ciento. En el vecino Maranhao, también en el norte miserable, aumentó 282,2 por ciento. En Bahía, 195 por ciento.

 

El estudio abarca un período que va de los dos últimos años de la segunda presidencia de Fernando Henrique Cardoso al final de los dos gobiernos de Lula da Silva. El resultado demuestra que pese a que los gobiernos estaduales, a lo largo de todos esos años, declararon reiteradamente que la seguridad pública era tema prioritario (también los gobiernos nacionales pulsaron la misma tecla), los resultados son elocuentes y preocupantes. Son políticas ineficaces o, en el mejor de los casos, insuficientes.

 

Hay muchas explicaciones para el fenómeno de la violencia: el narcotráfico, la gran cantidad de armas (legales y principalmente ilegales) en circulación y la misma cultura de la violencia como vía de solución para conflictos personales.

 

A eso hay que sumar la corrupción policial, la incompetencia olímpica de la policía a la hora de investigar crímenes, la absurda morosidad y la corrupción de la Justicia, el estado degradante y degradado del sistema carcelario.

 

En relación con la manera en que las muertes por arma de fuego se diseminaron rápidamente por todo el país, dejando de concentrarse en los dos o tres mayores centros urbanos de Brasil, la explicación resulta sorprendente: según la investigación llevada a cabo por el Centro Brasileño de Estudios Latinoamericanos, el fenómeno se debe a la desconcentración industrial y a la migración interna provocada por la expansión geográfica de actividades económicas. O sea, cuanto más se desconcentran la industria y la economía, más se desconcentra la violencia.

 

La responsabilidad directa de la seguridad pública es de los estados, aunque el gobierno nacional igualmente tenga su propia política sobre el tema. De todas formas, los resultados observados deben ser imputados principalmente a los gobiernos estaduales, que se muestran, en la inmensa mayoría, incapaces de frenar la violencia que crece y se dispersa según crece y se diseminada la oferta de trabajo.

 

Todo eso hace recordar un viejo dicho brasileño: “Si corres, el bicho te atrapa; si te quedas, el bicho te come”. Así las cosas. El país diversifica su economía, por todas partes crecen las posibilidades de trabajo, empleo y renta, y crecen también la posibilidad de que, frente a una política ineficaz de seguridad pública, te peguen un tiro.

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Miércoles, 20 Marzo 2013 05:58

¿Quién asesora a Dios en el Vaticano?

¿Quién asesora a Dios en el Vaticano?

En asuntos celestiales, mi campo es finito. Y en los terrenales, más allá de los desmanes causados por los milicianos de la "banda de Loyola", que en el siglo XVI fueron autorizados por el Papa para luchar contra… (toc-toc-toc)… ¡Joder!…Justo cuando me estaba cayendo el veinte. ¿Quién será?

 

–Ah… ¿cómo le va, vecino?

 

–Permítame darle un abrazo.

 

–Pero mi santo es el 19...

 

–Pues que sea por anticipado…

 

–¿Y a cuento de qué?

 

–¡El nuevo Papa, vecino! ¡El nuevo Papa es argentino!

 

–Mire usted, yo…

 

–¿A poco no es usted argentino?

 

–Y mexicano.

 

–¡Pero de la tierra del Papa!

 

–Y de la "mano de Dios".

 

–Caray… tiene usted razón.

 

Toc-toc-toc… (La esposa del vecino y la perrita histérica que ladra cuando asomo por el balcón.)

 

–Buena tardeeeee… Debe sentirse orgulloso ¿verdá…?

 

–Gracias, gracias… muy amables, pero yo…

 

Dirigiéndose a la perrita que no dejaba de husmear y de gruñirme, le dijo:

 

–Calma, Preciosa… ¡hazte amiga del señor, que el Papa es argentino!

 

Pletórica de dicha y armonía vecinal, la tertulia fue breve y acabó cuando la perrita se meó sobre una pila de periódicos. Al despedirse, frunciendo el entrecejo, el vecino asumió un porte más serio:

 

–Tenemos que platicar. ¿En qué periódico dijo que trabaja? –Y la señora, meneando con suavidad su cabeza, me miró con redoblada ternura:

 

–Un Papa argentino… ¡Que Dios le dé más!

 

Cerré la puerta, tomé aire, y sacudiéndome el confeti de congratulaciones me dije: ¿Y ahora? ¿Cómo sigo? En su primer mensaje del "ángelus", el papa Francisco pidió a los católicos ser más indulgentes y que no se apresuren a condenar los errores de los demás. ¿Y los que no lo son?

 

Quizá peco de sentimental, pero siempre me costó enfriar la inocencia y la fe de la gente. ¿Con qué derecho? Sin embargo, y en comparación con otros siglos, las creencias religiosas y dogmas de toda índole se hallan en retirada o a la defensiva, Incluyendo los fanatismos que, en el fondo, son manifestaciones de intrínseca debilidad.

 

Tampoco me caen los que se erigen en predicadores del aristotélico "justo medio", sugiriéndonos condenar la violencia "provenga de donde provenga" y permaneciendo equidistantes de los "extremos de uno y otro signo". Pues ambas expresiones son las favoritas de los hipócritas que lavan su complicidad con la violencia y el extremismo para salvaguardar sus miserables cuotas de poder terrenal… o celestial.

 

La designación de Jorge Mario Bergoglio fue causa de alegría en cientos de millones de creyentes, y motivo de esperanza en cientos de millones que no lo son porque se cansaron de esperarla. Por consiguiente, hay que sopesar. Porque en esta "alegría" participaron encumbrados "teólogos de la liberación", y 44 defensores de la "civilización occidental y cristiana" que están siendo juzgados en la provincia argentina de Córdoba, acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en el campo clandestino de La Perla.

 

El día del Ungido, los genocidas entraron en la sala del tribunal luciendo en sus solapas cintas con los colores amarillo y blanco: la bandera del Vaticano. Gesto más que simbólico que seguramente también hizo suyo el ex capellán de la policía Christian von Vernich, a quien la Iglesia no excomulgó ni le prohibió impartir misa en el penal donde purga condena.

 

Ahora bien. Sería injusto igualar a Bergoglio (el "simple" que viaja en Metro) con los curas que supervisaban la picana de 220 voltios. Pero el ex asesor espiritual de "Guardia de Hierro" (capítulo argentino de la fascista y ultracatólica de origen rumano) no acompañó a obispos comprometidos como Miguel Hesayne, Vicente Zazpe o Jaime Nevares. A más de guardar silencio luego de los asesinatos de los obispos Carlos Ponce de León, Enrique Angelelli, y el padre Carlos Mugica, entre cientos de seminaristas caídos en la lucha.

 

Recordemos las palabras de Victorio Bonamín, provicario general de las fuerzas armadas, antes del golpe: "Cuando hay derramamiento de sangre, hay redención. Nuestra religión es terrible: se nutre de la sangre de Cristo y se sigue alimentando de nuestra sangre" ( La Nación, 23/9/1975). Y la bendición impartida a las tropas del ejército tres meses después del golpe por el cardenal Pio Laghi, patrono de la Soberana Orden Militar de Malta y nuncio apostólico en Buenos Aires:

 

“El país tiene una ideología tradicional. Y cuando alguien pretende imponer otro ideario diferente y extraño, la nación reacciona como un organismo con anticuerpos ante los gérmenes, generándose así la violencia. Los soldados cumplen con el deber prioritario de amar a Dios y a la patria que está en peligro…” ( La Nación, 27/6/1976).

 

Lo importante: El papa "Francisco" no es un hombre de escritorio, y proviene de la única institución argentina que no pidió perdón ni mostró arrepentimiento por su complicidad con el terrorismo de Estado. Y como no hay dos sin tres, hincha de San Lorenzo de Almagro: el equipo favorito del embajador yanqui James Cheek cuando el país se fue al descenso, y los argentinos padecieron el infierno del llamado consenso de Washington.

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Diálogo social y defensa de lo público con Trabajo Decente

Recientemente la Alcaldía de Medellín le presentó al Concejo los proyectos de acuerdo 106 y 107. El primero busca la integración de UNE–EPM con la empresa MILLICON (Tigo), y el segundo autoriza la transformación de Empresas Varias de Medellín (EEVV) en una Empresa Oficial de Servicios Públicos Domiciliarios organizada como una sociedad por acciones, con el propósito de integrarla al Grupo EPM y así obtener sinergias y economías de escala.

 

Se espera que con las EEVV como filial de EPM se potencien, se expandan y se integren los servicios públicos, y la recolección de las basuras tenga un horizonte más prometedor, con la ejecución de nuevos proyectos y la implementación de modernas tecnologías.

 

Llama la atención que mientras en el proyecto de acuerdo 106 se establece que en la fusión UNE–MILLICON “se conservarán los derechos laborales de los actuales servidores de UNE EPM Telecomunicaciones S.A.”, el proyecto de acuerdo 107 sobre EEVV nada dice sobre el tema. Solo en la parte motiva dice que la transformación “no implica interrupción en su régimen jurídico laboral y prestacional”.

 

Creemos que plantear este compromiso en la exposición de motivos no tiene ningún efecto vinculante, por lo que cobran fuerza los mensajes que la gerencia de EEVV le ha planteado al sindicato sobre el condicionamiento de EPM para dar paso a esta integración, la cual estaría sujeta a la modificación de algunas cláusulas convencionales, en particular la relacionada con la planta mínima de 510 trabajadores de la parte técnica y operativa.  

 

Se puede argumentar que cualquier cambio de la convención colectiva requiere la voluntad de la empresa y el sindicato, lo cual es totalmente cierto. Pero también es posible que se quiera resolver la exigencia de EPM sin considerar las necesidades de los trabajadores, y probablemente continuar con la subcontratación ilegal de personal tercerizado, que hoy es 7 veces más grande que la nómina de planta.

 

Desde el año pasado el sindicato de trabajadores de las EE.VV le propuso a la gerencia crear una mesa de discusión para buscar por las vías del diálogo una solución a los intereses de las partes, o sea garantizar la viabilidad financiera de la empresa en un marco de defensa de derechos laborales. Pero la petición no fue atendida favorablemente. La propuesta sigue vigente.

 

El sindicato debe dar la batalla para conservar a EEVV como patrimonio público. En la encuesta de percepción ciudadana Medellín como vamos 2012, esta empresa fue calificada con 4,4, sobre un máximo de 5. Fue la tercera entidad pública mejor evaluada en la ciudad. De ahí que sin duda puede garantizar una gestión más eficaz y un potencial de expansión estratégica del servicio en el país, en momentos que el Alcalde de Bogotá viene dando una batalla por recuperar lo público en el servicio de aseo, mejorando el servicio  y combatiendo la corrupción.

 

La recolección de desechos sólidos es un servicio fundamental que en el resto del país está en manos de particulares y mafias. La recuperación de lo público en Bogotá y el fortalecimiento de éste en Medellín son claves para restablecer el protagonismo del Estado en el manejo de los servicios.

Otro reto del sindicato es lograr una agenda de trabajo decente que vincule de manera directa a los 1.800 trabajadores que laboran por medio de empresas contratistas, de acuerdo con las normas legales vigentes y la sentencias C–614 del 2009 de la Corte Constitucional. Incluso el sindicato ha planteado establecer un “capítulo especial” que concilie la viabilidad financiera de la empresa con los derechos de los trabajadores nuevos que se formalicen. Por eso no se entiende que EPM considere un obstáculo la cláusula convencional de la planta mínima de 510 trabajadores, cuando hoy de ésta sólo hacen parte 250 personas. Es decir, los trabajadores subcontratados que desempeñan labores misionales superan en casi 7 veces la planta de personal directamente vinculado.

 

Como la manipulación de basuras es un oficio riesgoso, otro reto para el sindicato es mejorar las condiciones de trabajo en relación con la salud física, emocional y mental de las y los trabajadores de EEVV, a partir de espacios ya existentes como los comités paritarios de salud ocupacional, el comité de convivencia y de otros comités de salud y riesgos. Debe actualizar el diagnóstico de salud y trabajo y los mapas de riesgos con metodología participativa; y hacer un plan de mejoramiento, previo diagnóstico sobre la peligrosidad de las condiciones de trabajo y salubridad.


 
Por otro lado, EEVV es financieramente viable. El problema del pasivo pensional ya lo resolvió con la creación de un patrimonio autónomo que asumirá esta responsabilidad. Debe ahora enfocarse en mejorar su productividad y resolver temas pendientes como la estación de transferencia, la reposición de vehículos, la disposición final y la promoción de una cultura del reciclaje, que incluya y fortalezca organizativamente a los recicladores.


Entrevista con Iván Vanega C., presidente del sindicato de EEVV

“Tememos que la integración con EPM abra posible camino a la privatización de Empresas Varias”

 


¿El sindicato ve como un hecho promisorio la integración EEVV-EPM?

 

Sí. Creemos que el proyecto de acuerdo ya ha sido ampliamente tratado en las juntas directivas de ambas empresas y se le ha dado el aval. Ya llegó al Concejo, donde tiene respaldo político. También la ciudadanía ve bien esa integración.

 

El tema del pasivo pensional de EEVV ya está resuelto. ¿Eso facilita la integración con EPM?

 

EEVV tiene 1.800 pensionados y los recursos para cubrirles su pensión ya están garantizados. Por eso para EPM, que es la que la quiere comprar, resulta más atractiva su adquisición. La pregunta es: ¿por qué no era tan atractiva antes?

 

¿Al sindicato qué le preocupa de la integración con EPM?

 

Que EEVV deje de ser pública. Nos preocupa que al ser integrada como sociedad por acciones, dentro de algunos años se venda parte de esas acciones a particulares. Porque la basura es un recurso y el aseo es un gran negocio, por eso los particulares siempre querrán quedarse con él. Hay mucha plata de por medio. Aunque hoy hay un aire diferente a nivel nacional contrario a la privatización, provocado desde la Alcaldía de Bogotá, habría que blindar a EEVV frente a posibles privatizaciones a futuro. ¿Qué esperamos nosotros? Qué con responsabilidad y sin ningún interés oculto se haga un buen acuerdo con EPM y éste se proyecte a nivel nacional; que se retome el proceso de devolverle al Estado el manejo de los servicios públicos esenciales. Creemos que el Estado no se los debió haber entregado a particulares.  

 

Sobre las consecuencias que la integración pueda tener para los intereses de los trabajadores y el sindicato, ¿qué temores hay?

 

Venimos trabajando con la gerencia de EEVV para que en el proceso de integración con EPM a los trabajadores se les respete sus derechos laborales y convencionales, cualquiera sea la figura que adopte la integración. Y con respecto a los trabajadores vinculados con empresas contratistas, que son unos 1.800, la administración dice que sale muy costoso vincularlos con el factor prestacional que hoy tenemos los vinculados. Pero nosotros como sindicato estamos dispuestos a ser flexibles, y de ser necesario a revisar la cláusula de la convención colectiva para nuevas vinculaciones. Máxime cuando hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice que los trabajadores de entidades públicas que hagan labores misionales deben vincularse directamente.

 

¿Y los contratistas de EEVV tienen labores misionales?

 

Claro. Hacen recolección, conducen los carros y barren la ciudad, que es el objeto misional de EEVV. Realizan exactamente las mismas labores que los trabajadores vinculados. Pero nosotros tenemos mejores condiciones salariales, ellos ganan sólo el salario mínimo con las prestaciones de ley, y nada más.

 

Hablemos del reciclaje. ¿La normatividad colombiana favorece el reciclaje como política pública?

 

No. La Comisión Nacional de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRAG, que es la entidad que regula las tarifas a nivel nacional en el aseo, en su estructura tarifaria no reconoce ni da incentivos a las empresas y personas que hacen reciclaje. ¿Por qué? Porque en el caso de Medellín la tarifa la calcula con base en el volumen de basuras depositadas en el relleno sanitario de Pradera. O sea que entre más basura EEVV lleve a La Pradera, mejor le va con la tarifa, y eso desestimula el reciclaje. Y lo contrario: si hace un trabajo intensivo en reciclaje disminuye sus ingresos. Eso es paradójico. El Congreso debería legislar sobre esa materia.

 

¿Cómo está en Medellín el tema del reciclaje?

 

Para cualquier ciudad el reciclaje es una apuesta ganadora, porque no podemos seguir enterrando la riqueza. Bien organizado y coordinado es un negocio importante y genera mucho empleo, aparte del beneficio para el medio ambiente. En Medellín hay un reciclaje formal que realizan algunas personas, asociaciones y cooperativas. Creemos que hay que integrar a todas esas personas y organizaciones, y que la misma empresa prestadora del servicio de aseo sea la que direccione y coordine ese tema. Hoy EEVV no tiene el control ni el manejo directo del reciclaje, no está técnicamente organizada para hacerlo más eficiente. Tiene que empezar a poner en cintura ese tema, dándole más altura y formalismo, y obviamente cuidando los empleos. Hay una sentencia de la Corte en ese sentido, que es la que está tratando de implementar el alcalde Petro en Bogotá. Aquí no se ha hecho.

 

¿En Medellín hay cultura del reciclaje?

 

Se ha venido manejando, en unas alcaldías más que en otras. En el pasado se crearon rutas especiales, hubo un plan de repartición de bolsas, pero ese proyecto fue abandonado. Es necesario empezarlo nuevamente.


 
Ustedes trabajan con basuras, o sea que el tema de higiene y salubridad en el trabajo es importante. ¿Cómo está ese aspecto?

 

Estamos muy quedados en la parte de higiene. Hay dificultades en los centros donde el personal se cambia de ropa, hay hacinamiento, son muy pequeños los espacios para tanto trabajador contratista que hoy tiene la empresa, que usan los mismos espacios que nosotros los vinculados.
              

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De la universidad pública a la universidad común

Desde hace muchas décadas, “universidad pública” es la palabra de orden que organiza la militancia en torno de la necesidad de su “defensa” a la vez que la disputa por su contenido. Particularmente durante los años noventa, el espacio público universitario fue objeto de embates internos y externos para su conversión en una pura entidad prestadora de servicios y su sometimiento al paradigma de la empresa.

 

Sin embargo, herencia del trabajo intelectual y político de muchas generaciones, ha sabido “defenderse” de su malversación y ha logrado –al menos en buena medida– preservarse de su captura por el reino de la mercancía que establece la tasación de las vidas y las trayectorias académicas, de las ideas y de los conocimientos, como lo hace con cualquier otro objeto. La “defensa” que procura mantener a la universidad a distancia de la rentabilidad privada está destinada a ser continua y sostener renovadamente su condición “pública”, siempre pasible de pérdida. Noción organizadora de la universidad posreformista latinoamericana, “autonomía” designa a su vez la condición institucional que no sólo se afirma como autogobierno, sino también como potencia productiva de saberes dislocados del imperio de la mercancía y como reino de la crítica frente al “desmonte” de lenguajes, saberes y experiencias renuentes a ser reducidos a una simple ecuación costo/beneficio.

 

Sin detrimento de este resguardo de la universidad, frente a un progresismo reaccionario que no sólo vacía al conocimiento de su orientación social, sino que también aniquila memorias, historias, vacilaciones propias de la forma de vida dedicada al estudio, “improductividades”, el gusto por la especulación y por las aventuras inciertas del conocimiento que es el espíritu de lo que llamamos “investigación”, resulta necesario adjuntar a su “defensa” una apropiación plural que la convierta efectivamente en un bien común. La conquista de lo común se asienta necesariamente en la defensa de lo público, pero inscribe allí la construcción de la universidad como “incubadora” de nuevas relaciones sociales. Y resignifica, sin abjurar de ella, la noción de autonomía.

 

Conforme la acepción que se le busca adjudicar aquí, autonomía no es indiferencia ni autorreferencialidad ni autismo, sino más bien articulación, intervención, apertura a la no universidad, construcción heterogénea, convergencia política y cognitiva con movimientos sociales, hospitalidad hacia los saberes populares, común formación de redes contrahegemónicas. No clausura solitaria sino heterogeneidad solidaria; “extensión en sentido contrario” –según la expresión de Boaventura de Sousa Santos– que incorpora saberes concebidos en otra parte e ideas acuñadas fuera para componer una interpretación del mundo y una conversación sobre todas las cosas a la mayor distancia posible de la heteronomía del capital y del mercado.

 

La “universidad común” que resulta de esta “autonomía heterogénea” no se desentiende a su vez de la implementación de políticas públicas que tienen su origen en el Estado, en aquellos casos e iniciativas institucionales que pueden ser consideradas formas de contrapoder y creación de igualdad; en tanto que activa su potencia crítica, lo cual es otro modo de no desentenderse del Estado y no abandonarlo en sus fragilidades a las embestidas de poderes que lo exceden–, cuando la igualdad y el contrapoder no es lo que orienta la disputa por la ley y las decisiones estatales, sino más bien la tolerancia a –o la directa promoción de– formas de acumulación que conllevan depredaciones ambientales o sociales (agronegocios, megaminería, radicación de plantas de semillas transgénicas...) conforme un desarrollismo unilateral e inmediatista despojado de una sabiduría de las consecuencias.

 

¿Cómo pensar lo común entre la universidad y los movimientos sociales? Y también: ¿qué es lo común entre las distintas ciencias y los diferentes movimientos sociales? Este interrogante no propone el hallazgo de lo que cosas distintas tienen en común, sino una exploración de algo que los diferentes pueden en común. Así, lo común no es lo ya dado de lo que se dispone sino el efecto de una voluntad de encuentro –o de una apertura a la aleatoriedad de los encuentros–, de un trabajo, y una conquista conjunta de acciones y nociones que precipitan una convergencia política; en otros términos: lo común es la conquista de una autotransformación que conmueve las identidades involucradas por la elaboración conjunta de una diferencia y la creación de una novedad.

 

La universidad común y los movimientos sociales (que con un pequeño forzamiento en la expresión podríamos llamar también “movimientos comunes”) se proponen como laboratorios de nuevas libertades y nuevas igualdades; como experimentación de relaciones sociales alternativas que desmantelen la separación corriente del saber y el sentido del saber en favor de una generación de comunidades contrahegemónicas capaces de mancomunar la búsqueda del conocimiento y el anhelo de transformación; capaces de constituir una red de intercambios de ideas y circulación de significados, y una convergencia de potenciamiento conjunto que no ocurre sin un trabajo y sin la creación de nuevas instituciones orientadas a albergar una conversación entre diferentes maneras de hablar y de interpretar el libro del mundo.

 

Cuando se produce, esa novedad no es efecto de una sumatoria de entidades incólumes sino de una interpenetración: una hospitalidad de los movimientos sociales hacia la ciencia y el conocimiento producido en la universidad (la escuela de formación política Florestán Fernandes del Movimiento sin Tierra de Brasil es un ejemplo de ello) y al revés, la inclusión –en sentido fuerte de la palabra– de saberes no universitarios al interior de la universidad conforme una cultura institucional que considere y promueva la extensión en sentido contrario.

 

La conquista de lo común requiere una tarea de traducción –en el estricto sentido de trans-ducción: llevar de un lado hacia el otro– en la que siempre (como cuando se lleva de una lengua a la otra) algo se pierde para ganar mucho. En este sentido, traducción no equivale a una aplicación inmediata de saberes provenientes de otro lado ni a una recepción pasiva de experiencias, sino antes bien a una actividad de comprensión y transformación. Esa actividad, política en sentido estricto, está destinada a ser interminable debido a una constitutiva opacidad de lo común, que no es algo anterior a lo que se pertenece ni un lastre con el que se carga, sino una dimensión emancipatoria por venir que no sucumbe a las ilusiones de la transparencia.

 

Por Diego Tatián, Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba.

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Lunes, 18 Marzo 2013 06:38

Libertad condicional

Libertad condicional

Acada rato llegan a este país disidentes de diversas naciones para denunciar ante foros académicos, de derechos humanos e instancias oficiales, como el Congreso, que sus gobiernos violan los derechos a la libertad de expresión y de prensa. Piden solidaridad para presionar a sus gobiernos a que respeten los convenios internacionales sobre este rubro y son aplaudidos por su valentía, mientras el gobierno estadunidense se pronuncia guardián mundial de estos derechos básicos, promueve la libertad de expresión como parte de su retórica diplomática, sobre todo contra países que no están alineados con Washington, y organiza foros en los que incluye el uso de los nuevos medios cibernéticos como nuevas herramientas de la "libertad".

 

Pero es probable que lo que más se necesite es que periodistas y promotores estadunidenses de la libre expresión viajen a otros países para solicitar la solidaridad de otros pueblos y enfrentar la creciente represión y limitación de la libertad de expresión que se ha ejercido aquí durante la última década. De hecho, lo más difícil en el caso estadunidense es justo que aquí, a diferencia de otros países donde es clara la violación de estos derechos, prevalece el mito oficial de la libertad de expresión. Los límites a esta libertad se revelan cuando se trata de cuestiones muy delicadas, donde el derecho de la sociedad a saber qué hace su gobierno se subordina a lo que el gobierno dicta como necesario para "proteger" a esa sociedad, lo que llaman "seguridad nacional".

 

Tal vez el suceso más claro para mostrar estos límites es el caso de Bradley Manning, quien ha aceptado responsabilidad por la mayor filtración de documentos oficiales secretos en la historia de este país, y a quien el gobierno ha enjuiciado por dar a conocer a los ciudadanos la historia de las guerras que se libran en su nombre. "Este juicio no se trata simplemente de la fiscalización de un soldado de 25 años que tuvo la osadía de reportar al mundo externo las matanzas indiscriminadas, los crímenes de guerra, la tortura y el abuso por nuestro gobierno y nuestras fuerzas de ocupación en Irak y Afganistán. Es un esfuerzo concertado por el estado de seguridad y vigilancia para extinguir lo que queda de una prensa libre, que tiene el derecho constitucional de revelar crímenes cometidos por quienes están en el poder", escribe el veterano periodista y premio Pulitzer Chris Hedges.

 

Hedges, quien fue reportero de guerra del New York Times y cubrió conflictos desde el mundo árabe a América Latina, escribió en Truthdig.com que de ahora en adelante los individuos que se atrevan a intentar que el público se entere de la verdad serán, como en el caso de Manning, acusados de "ayudar al enemigo". Agregó que “todos aquellos dentro del sistema que revelen hechos que desafían la narrativa oficial serán encarcelados, como John Kiriakou, el ex analista de la CIA que por revelar el uso de la tortura por el gobierno estadunidense empezó a cumplir una condena de 30 meses… Hay un término para designar a estados que crean estos vacíos de información: totalitarios”.

 

Cabe recordar casos como el reciente suicidio del activista cibernético Aaron Swartz, quien se dedicaba a usar sus talentos digitales para revelar y exponer intentos de control de Internet por el gobierno y las empresas, al enfrentar un juicio que podría acabar con su encarcelación por décadas, o Jeremy Hammond, que enfrenta 30 meses de cárcel por hackear presuntamente el sitio Stratfor, o el ex funcionario de la Agencia de Seguridad Nacional Thomas Drake, quien fue investigado por revelar la recaudación secreta de datos sobre ciudadanos estadunidenses. También está lo que alega Julian Assange, de que Estados Unidos busca extraditarlo y enjuiciarlo por las revelaciones en Wikileaks, temor que no carece de bases, especialmente cuando muchos altos funcionarios y legisladores lo han acusado de atentar contra la seguridad nacional de Estados Unidos, y el propio vicepresidente Joe Biden una vez lo llamó "terrorista de alta tecnología".

 

Estos casos, sobre todo el de Manning, según algunos expertos en leyes, tienen una intención: intimidar y hasta aterrorizar a informantes y periodistas que consideren revelar información sobre asuntos de "seguridad nacional".

 

Hedges, junto con el documentalista Michael Moore, el intelectual Noam Chomsky y Daniel Ellsberg, el famoso funcionario que filtró los papeles del Pentágono –hasta ahora la filtración más grande de documentos secretos– durante la guerra de Vietnam, se han sumado a demandas legales contra el gobierno por una ley que, acusan, puede ser utilizada contra periodistas al criminalizar toda interacción con lo que se considera "enemigos" de Estados Unidos, bajo amenaza de la detención militar indefinida, y otra que permite la intervención de comunicaciones personales de estadunidenses por agencias del gobierno sin autorización judicial.

 

Y esos esfuerzos no se limitan a territorio nacional. Por ejemplo, está el caso de Abdulelah Haider Shaye, el periodista de Yemen que en 2009 reveló un ataque aéreo estadunidense que mató a 14 mujeres y 21 niños y está encarcelado debido a la intervención de Obama para evitar que el presidente de ese país lo exculpara, como reveló The Nation el año pasado. El semanario afirmó que mientras el gobierno de Obama ofrece retórica sobre la libertad de prensa, "ha minado los derechos de periodistas y los informantes que los ayudan, cuyo trabajo a veces ha puesto al gobierno en una luz negativa".

 

Ante la promesa de Obama de hacer que su gobierno "sea el más transparente en la historia", no pocos preguntan si eso lo determina el gobierno o el pueblo. "Nuestra libertad depende de la libertad de la prensa, y esa no se puede limitar sin que se pierda", afirmó Thomas Jefferson.

 

O sea, libertad condicionada por las autoridades no es libertad.

 

(Para mayor información sobre el caso de Manning y Wikileaks, ver Wikileaks en La Jornada )

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Domingo, 17 Marzo 2013 06:20

La derecha le apunta a la alcaldesa

La derecha le apunta a la alcaldesa

Susana Villarán, que en enero de 2011 se convirtió, al frente de una coalición de izquierda, en la primera mujer electa por el voto popular a la alcaldía de Lima, puede convertirse también en la primera máxima autoridad de la capital peruana en ser destituida de su cargo por ese mismo voto popular. Villarán se enfrenta hoy a un referéndum revocatorio –el primero de este tipo que se realiza en Lima– para sacarla de la alcaldía. Seis millones trescientos mil limeños elegirán entre el Sí, para que la alcaldesa sea destituida, o el No, para que no lo sea y se mantenga en su cargo hasta el final de su mandato, en diciembre de 2014.

 

Las encuestas pronostican un resultado muy ajustado. Según dos encuestas, que no se pueden publicar en el país porque la ley prohíbe su difusión en la última semana de campaña y a las que Página/12 tuvo acceso, el Sí mantiene una ventaja mínima, que en los hechos es un empate técnico: 50,5 por ciento para el Sí y 49,5 por ciento para el No, en un caso, y 50,2 por ciento para el Sí y 49,8 por ciento para el No, en el otro sondeo. Hace una semana la ventaja del Sí llegaba hasta los diez puntos.

 

La gestión municipal de Villarán ha logrado impulsar una fuerte inversión privada en obras de infraestructura, especialmente vial, ha desarrollado una serie de programas sociales y ha puesto en marcha una reforma del caótico transporte público para formalizarlo, reforma que ha chocado con muchos intereses económicos, pero, a solo dos años de gestión, todavía no se ven los resultados de la mayor parte de esas obras ni los beneficios de la reforma del transporte público. Y en su contra ha tenido, desde que inició su gestión, una dura oposición y una sostenida campaña de desprestigio. “Ningún alcalde antes ha tenido desde un inicio una oposición tan enconada como la que ha tenido Susana Villarán”, dice Fernando Tuesta, analista político y profesor de la Universidad Católica. La lentitud inicial en los primeros meses de la gestión de Villarán para poner en marcha la pesada maquinaria burocrática de la Municipalidad de Lima y la poca acción del equipo de la alcaldesa para informar sobre sus acciones y promover sus obras han contribuido a que la campaña en su contra gane espacio entre la población. Hace unos días, Susana Villarán dio un mensaje por televisión en el que dijo que reconocía haber cometido errores, ofreció corregirlos y pidió “una segunda oportunidad”.

 

Con Susana Villarán, de 63 años, la izquierda ha llegado por segunda vez al gobierno de la capital. La anterior oportunidad fue con el fallecido Alfonso Barrantes, que al frente de la desaparecida coalición Izquierda Unida fue alcalde de Lima entre enero de 1983 y diciembre de 1985. De una familia limeña tradicional de clase media alta –lo que sus críticos han utilizado en esta campaña para buscar alejarla de los sectores populares–, desde joven Susana Villarán se vinculó a la izquierda católica. Se define como de izquierda moderada y dice tener como referentes políticos en la región a Michelle Bachelet, Lula y la experiencia del Frente Amplio en Uruguay. Fue secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos entre 1995 y 1997, durante la dictadura de Alberto Fujimori, y a la caída del régimen fujimorista fue nombrada ministra de la Mujer y Desarrollo Social por el gobierno de transición democrática de Valentín Paniagua (2000-2001). En 2006, se postuló, sin éxito, a la presidencia. Obtuvo menos del uno por ciento. Divorciada y con tres hijos, se ha declarado partidaria del derecho de la mujer al aborto y el matrimonio gay.

 

El referéndum para sacarla de la alcaldía de Lima es impulsado por la derecha más conservadora. Se han unido en este intento, el ex presidente Alan García, el partido del encarcelado ex dictador Alberto Fujimori y el anterior alcalde de Lima, Luis Castañeda, denunciado por corrupción por la administración de Villarán. A ellos se han sumado grupos religiosos conservadores, como sectores evangelistas, y un sector de los transportistas públicos, que se benefician con la informalidad del sistema y se oponen a la reforma para formalizarlo. “Un triunfo de la opción que busca revocar a la alcaldesa fortalecería al sector más conservador de la derecha”, dice el analista Fernando Tuesta.

 

Frente a esa coalición de intereses políticos y económicos para sacarla del cargo, la alcaldesa de Lima tiene el respaldo no solamente de las diversas agrupaciones de izquierda y de los sindicatos, sino también de gremios empresariales y algunos partidos de centro y de derecha, como los partidos del ex presidente Alejandro Toledo y de la lideresa socialcristiana Lourdes Flores, que fuera la principal rival de Villarán en las últimas elecciones municipales. El presidente Ollanta Humala no ha tomado posición ante este referéndum y ha dicho que su gobierno se mantiene neutral.

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Hay capitalismo” y luego el “verdadero capitalismo existente”. El término “capitalismo” se usa comúnmente para referirse al sistema económico de Estados Unidos con intervención sustancial del Estado, que va de subsidios para innovación creativa a la póliza de seguro gubernamental para bancos “demasiado-grande-para-fracasar”.

 

El sistema está altamente monopolizado, limitando la dependencia en el mercado cada vez más: En los últimos 20 años el reparto de utilidades de las 200 empresas más grandes se ha elevado enormemente, reporta el académico Robert W. McChesney en su nuevo libro Digital disconnect. “Capitalismo” es un término usado ahora comúnmente para describir sistemas en los que no hay capitalistas; por ejemplo, el conglomerado-cooperativa Mondragón en la región vasca de España o las empresas cooperativas que se expanden en el norte de Ohio, a menudo con apoyo conservador –ambas son discutidas en un importante trabajo del académico Gar Alperovitz. Algunos hasta pueden usar el término “capitalismo” para referirse a la democracia industrial apoyada por John Dewey, filósofo social líder de Estados Unidos, a finales del siglo XIX y principios del XX. Dewey instó a los trabajadores “a ser los dueños de su destino industrial” y a todas las instituciones a someterse a control público, incluyendo los medios de producción, intercambio, publicidad, transporte y comunicación. A falta de esto, alegaba Dewey, la política seguirá siendo “la sombra que los grandes negocios proyectan sobre la sociedad”. La democracia truncada que Dewey condenaba ha quedado hecha andrajos en los últimos años. Ahora el control del gobierno se ha concentrado estrechamente en el máximo del índice de ingresos, mientras la gran mayoría “de los de abajo” han sido virtualmente privados de sus derechos.

 

El sistema político-económico actual es una forma de plutocracia que diverge fuertemente de la democracia, si por ese concepto nos referimos a los arreglos políticos en los que la norma está influenciada de manera significativa por la voluntad pública. Ha habido serios debates a través de los años sobre si el capitalismo es compatible con la democracia. Si seguimos que la democracia capitalista realmente existe (DCRE, para abreviar), la pregunta es respondida acertadamente: Son radicalmente incompatibles. A mí me parece poco probable que la civilización pueda sobrevivir a la DCRE y la democracia altamente atenuada que conlleva. Pero, ¿podría una democracia que funcione marcar la diferencia? Sigamos el problema inmediato más crítico que enfrenta la civilización: una catástrofe ambiental. Las políticas y actitudes públicas divergen marcadamente, como sucede a menudo bajo la DCRE. La naturaleza de la brecha se examina en varios artículos de la edición actual del Deadalus, periódico de la Academia Americana de Artes y Ciencias.

 

El investigador Kelly Sims Gallagher descubre que “109 países han promulgado alguna forma de política relacionada con la energía renovable, y 118 países han establecido objetivos para la energía renovable. En contraste, Estados Unidos no ha adoptado ninguna política consistente y estable a escala nacional para apoyar el uso de la energía renovable”. No es la opinión pública lo que motiva a la política estadunidense a mantenerse fuera del espectro internacional. Todo lo contrario. La opinión está mucho más cerca de la norma global que lo que reflejan las políticas del gobierno de Estados Unidos, y apoya mucho más las acciones necesarias para confrontar el probable desastre ambiental pronosticado por un abrumador consenso científico –y uno que no está muy lejano; afectando las vidas de nuestros nietos, muy probablemente. Como reportan Jon A. Krosnik y Bo MacInnis en Daedalus: “Inmensas mayorías han favorecido los pasos del gobierno federal para reducir la cantidad de emisiones de gas de efecto invernadero generadas por las compañías productoras de electricidad. En 2006, 86 por ciento de los encuestados favorecieron solicitar a estas compañías o apoyarlas con exención de impuestos para reducir la cantidad de ese gas que emiten... También en ese año, 87 por ciento favoreció la exención de impuestos a las compañías que producen más electricidad a partir de agua, viento o energía solar. Estas mayorías se mantuvieron entre 2006 y 2010, y de alguna manera después se redujeron”. El hecho de que el público esté influenciado por la ciencia es profundamente preocupante para aquellos que dominan la economía y la política de Estado. Una ilustración actual de su preocupación es la “enseñanza sobre la ley de mejora ambiental”, propuesta a los legisladores de Estado por el Consejo de Intercambio Legislativo Estadunidense (CILE), grupo de cabildeo de fondos corporativos que designa la legislación para cubrir las necesidades del sector corporativo y de riqueza extrema. La Ley CILE manda “enseñanza equilibrada” de la ciencia del clima en salones de clase K-12. La “enseñanza equilibrada” es una frase en código que se refiere a enseñar la negación del cambio climático, a “equilibrar” la corriente de la ciencia del clima. Es análoga a la “enseñanza equilibrada” apoyada por creacionistas para hacer posible la enseñanza de “ciencia de creación” en escuelas públicas. La legislación basada en modelos CILE ya ha sido introducida en varios estados.

 

Desde luego, todo esto se ha revestido en retórica sobre la enseñanza del pensamiento crítico –una gran idea, sin duda, pero es más fácil pensar en buenos ejemplos que en un tema que amenaza nuestra supervivencia y ha sido seleccionado por su importancia en términos de ganancias corporativas. Los reportes de los medios comúnmente presentan controversia entre dos lados sobre el cambio climático. Un lado consiste en la abrumadora mayoría de científicos, las academias científicas nacionales a escala mundial, las revistas científicas profesionales y el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (PICC). Están de acuerdo en que el calentamiento global está sucediendo, que hay un sustancial componente humano, que la situación es seria y tal vez fatal, y que muy pronto, tal vez en décadas, el mundo pueda alcanzar un punto de inflexión donde el proceso escale rápidamente y sea irreversible, con severos efectos sociales y económicos. Es raro encontrar tal consenso en cuestiones científicas complejas. El otro lado consiste en los escépticos, incluyendo unos cuantos científicos respetados –que advierten que es mucho lo que aún se ignora–, lo cual significa que las cosas podrían no estar tan mal como se pensó, o podrían estar peor. Fuera del debate artificial hay un grupo mucho mayor de escépticos: científicos del clima altamente reconocidos que ven los reportes regulares del PICC como demasiado conservadores. Y, desafortunadamente, estos cientí- ficos han demostrado estar en lo correcto repetidamente. Aparentemente, la campaña de propaganda ha tenido algún efecto en la opinión pública de Estados Unidos, la cual es más escéptica que la norma global. Pero el efecto no es suficientemente significativo como para satisfacer a los señores.
Presumiblemente esa es la razón por la que los sectores del mundo corporativo han lanzado su ataqu

 

e sobre el sistema educativo, en un esfuerzo por contrarrestar la peligrosa tendencia pública a prestar atención a las conclusiones de la investigación científica. En la Reunión Invernal del Comité Nacional Republicano (RICNR), hace unas semanas, el gobernador por Luisiana, Bobby Jindal, advirtió a la dirigencia que “tenemos que dejar de ser el partido estúpido. Tenemos que dejar de insultar la inteligencia de los votantes”. Dentro del sistema DCRE es de extrema importancia que nos convirtamos en la nación estúpida, no engañados por la ciencia y la racionalidad, en los intereses de las ganancias a corto plazo de los señores de la economía y del sistema político, y al diablo con las consecuencias. Estos compromisos están profundamente arraigados en las doctrinas de mercado fundamentalistas que se predican dentro del DCRE, aunque se siguen de manera altamente selectiva, para sustentar un Estado poderoso que sirve a la riqueza y al poder.

 

Las doctrinas oficiales sufren de un número de conocidas “ineficiencias de mercado”, entre ellas el no tomar en cuenta los efectos en otros en transacciones de mercado. Las consecuencias de estas “exterioridades” pueden ser sustanciales. La actual crisis financiera es una ilustración. En parte es rastreable a los grandes bancos y firmas de inversión al ignorar el “riesgo sistémico” –la posibilidad de que todo el sistema pueda colapsar– cuando llevaron a cabo transacciones riesgosas. La catástrofe ambiental es mucho más seria: La externalidad que se está ignorando es el futuro de las especies. Y no hay hacia dónde correr, gorra en mano, para un rescate. En el futuro los historiadores (si queda alguno) mirarán hacia atrás este curioso espectáculo que tomó forma a principios del siglo XXI. Por primera vez en la historia de la humanidad los humanos están enfrentando el importante prospecto de una severa calamidad como resultado de sus acciones –acciones que están golpeando nuestro prospecto de una supervivencia decente. Esos historiadores observarán que el país más rico y poderoso de la historia, que disfruta de ventajas incomparables, está guiando el esfuerzo para intensificar la probabilidad del desastre. Llevar el esfuerzo para preservar las condiciones en las que nuestros descendientes inmediatos puedan tener una vida decente son las llamadas sociedades “primitivas”: Primeras naciones, tribus, indígenas, aborígenes. Los países con poblaciones indígenas grandes y de influencia están bien encaminados para preservar el planeta. Los países que han llevado a la población indígena a la extinción o extrema marginación se precipitan hacia la destrucción. Por eso Ecuador, con su gran población indígena, está buscando ayuda de los países ricos para que le permitan conservar sus cuantiosas reservas de petróleo bajo tierra, que es donde deben estar. Mientras tanto, Estados Unidos y Canadá están buscando quemar combustibles fósiles, incluyendo las peligrosas arenas bituminosas canadienses, y hacerlo lo más rápido y completo posible, mientras alaban las maravillas de un siglo de (totalmente sin sentido) independencia energética sin mirar de reojo lo que sería el mundo después de este compromiso de autodestrucción. Esta observación generaliza: Alrededor del mundo las sociedades indígenas están luchando para proteger lo que ellos a veces llaman “los derechos de la naturaleza”, mientras los civilizados y sofisticados se burlan de esta tontería. Esto es exactamente lo opuesto a lo que la racionalidad presagiaría –a menos que sea la forma sesgada de la razón que pasa a través del filtro de DCRE.

 

(El nuevo libro de Noam Chomsky es Power Systems: Conversations on Global Democratic Uprisings and the New Challenges to U.S. Empire. Conversations with David Barsamian

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Bachelet deja Naciones Unidas y regresa a Chile para repostular a la Presidencia

La principal incógnita de la política chilena de los últimos tres años, la disponibilidad de la expresidente Michelle Bachelet para respostular, comenzó a diluirse este viernes en Nueva York. La directora Ejecutiva de ONU Mujer, que se radicó en Estados Unidos y asumió el cargo en septiembre de 2010, informó que renuncia a Naciones Unidas para regresar a Chile por motivos personales. Y, con sólo cuatro palabras, remeció el tablero del país sudamericano: “Vuelvo a mi país”.


 
La médico ha hecho el anuncio en inglés durante su discurso de cierre de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer, en la sede principal de la ONU, en Manhattan. El secretario general, Ban Ki Moon, ha señalado a través de un comunicado de prensa su gratitud por su servicio: “Ella fue la persona correcta en el trabajo correcto y en el momento correcto. Su liderazgo visionario dio a ONU Mujeres el comienzo dinámico que necesitaba (…). Agradezco a Bachelet por sus contribuciones y le deseo mucho éxito mientras ella se embarca en el siguiente capítulo de su extraordinaria vida”.


 
Bachelet por primera vez da luces directas sobre su futuro. El anuncio, sin embargo, no toma por sorpresa ni a la clase política chilena ni a la ciudadanía: la exmandataria, desde que dejó el Palacio de La Moneda en marzo de 2010, ha mantenido un elevado apoyo ciudadano y, aunque ha optado por prolongar el misterio, es un hecho probado que regresará a Chile para volver a presentarse a la Presidencia con miras a las elecciones de noviembre.


 
De acuerdo a la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), un 54% tiene decidido votar por Bachelet y su apoyo ha sido calificado por los analistas como un fenómeno. Las proyecciones indican que, de mantener su respaldo, podría ganar en primera vuelta, ya que supera por amplia ventaja a los otros precandidatos de su conglomerado, la Concertación. Los números también le dan holgura frente a las cartas presidenciales de la derecha: el exministro Laurence Golborne (15%), que lideró el rescate de los 33 mineros, y el exjefe de Defensa, Andrés Allamand (7%).


 
En diciembre pasado, cuando arribó a Santiago para celebrar las fiestas de fin de año, Bachelet anunció en una breve e informal declaración ante la prensa que este mes entregaría noticias sobre su candidatura: “Hablemos en marzo”, señaló en la puerta de su domicilio de la capital chilena.


 
Desde que dejó la jefatura de Estado, y sobre todo después de que se radicó en Nueva York, ha mantenido un inquebrantable silencio sobre la coyuntura local, lo que produce nerviosismo tanto en los partidos que la apoyan como entre sus adversarios. Cada una de sus visitas a Chile, donde llegaba de sorpresa y tratando de pasar inadvertida, generaba alta expectación ciudadana y mediática.


 
De acuerdo a sus asesores, un grupo reducido que cultiva la discreción total, la expresidente llegará a Chile la última semana de marzo y, recién entonces, antes del día 31, anunciará que esta disponible para correr la carrera presidencial. El Partido Socialista chileno ha anunciado este sábado que el 13 de abril será proclamada por dos partidos de centroizquierda, el socialista y el PPD, y posteriormente inscribirá su precandidatura con miras a las primarias de la oposición del 30 de junio. Bachelet se medirá con el abanderado democristiano, Claudio Orrego (1%); el presidente del Partido Radical, José Antonio Gómez (1%); y su exhombre de confianza y ministro de Hacienda de su Gobierno, el economista Andrés Velasco (2%). La votación, sin embargo, no contempla ningún riesgo para la socialista y se realiza, sobre todo, como una señal de inclusión ante la ciudadanía que no tolera que las decisiones políticas se sigan tomando entre cuatro paredes.


 
Bachelet evitará realizar pronunciamientos de fondo durante sus primeros días en Chile y se dedicará, sobre todo, a escuchar las demandas de un país que en su ausencia cambió profundamente. En el socialismo se informa que es altamente probable que comience una gira por distintas ciudades de Chile para reunirse con pobladores y organizaciones sociales.


 
Una de las grandes incógnitas que todavía Bachelet no ha despejado son las propuestas para llegar otra vez a La Moneda. En su ausencia, el país vivió una de las mayores transformaciones con las protestas estudiantiles de 2011. Chile cambió: la población se rebeló contra la desigualdad, una de las mayores del mundo, y demanda más equidad y control de los abusos en un país libremercadista donde los servicios públicos están debilitados.


 
Entre líneas, sin embargo, la médico socialista ha dado algunas luces de lo que podría hacer en cuatro años de gobierno. En una decena de cartas públicas, que ha hecho llegar en el último año a diversas organizaciones, ha manifestado su interés por una reforma tributaria de fondo, cambios al sistema electoral binominal y ha hecho hincapié en áreas como la educación, salud y laboral. De acuerdo a sus asesores, un eventual nuevo período también pondrá énfasis en la equidad de género.


 
Uno de los principales desafíos que deberá enfrentar la exmandataria será su relación con los partidos políticos de la Concertación, desprestigiados como todas las instituciones democráticas de Chile y con una popularidad del 22%. Bachelet en su campaña deberá hacerse cargo de los aciertos y errores tanto de su gobierno como de su conglomerado, que gobernó Chile entre 1990 y 2010. Los cercanos a Bachelet anuncian en privado que apostará por nuevos rostros y por la inclusión de nuevos movimientos sociales , aunque resulte una tarea compleja. Intentará, además, ampliar la base de apoyo de la Concertación y, por primera vez desde el retorno a la democracia, los comunistas podrían regresar a La Moneda de la mano de la expresidente.


Por Rocío Montes Santiago de Chile 16 MAR 2013 - 20:20 CET

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