Lunes, 05 Julio 2021 05:44

Un abismo que se ensancha

Un abismo que se ensancha

Para el régimen en Nicaragua la mejor de las soluciones sería que las elecciones, que según la Constitución y las leyes deben realizarse en noviembre de este año, fueran nada más un trámite burocrático o, mejor que eso, que no existieran del todo. Que no existieran los partidos políticos de oposición ni tampoco los candidatos capaces de desafiar la cuarta reelección consecutiva de Daniel Ortega.

Esta es una antigua idea sacada del leninismo de manual acondicionado al trópico, donde, de todas maneras, el vicio de la relección es más viejo que la revolución de octubre. La supuesta escogencia, ya tan obsoleta, sigue siendo entre democracia burguesa o democracia proletaria, aunque, en fin de cuentas, no es sino otra más simple: poder temporal, con alternancia democrática, o poder para siempre a toda costa.

La democracia representativa sale sobrando en la simpleza de este credo, porque la existencia de varios partidos en competencia, reza el alegato ideológico, sólo provoca disensiones. Entonces, la panacea, por mucho que huela a naftalina, es el partido único.

Los viejos telones rotos enseñan el tinglado de trampas y artimañas donde estas elecciones van a representarse. Al Consejo Supremo Electoral sólo tocará calcular de antemano la cifra abrumadora de votos con que el candidato oficial a presidente y su esposa, candidata a vicepresidenta, ganarán las elecciones.

Hallarse a la cabeza de las encuestas de opinión vuelve indeseable a un aspirante a la candidatura presidencial en estas condiciones. Es lo que ha ocurrido con Cristiana Chamorro, hija del periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por la anterior dictadura de Somoza en 1978, y de Violeta Barrios de Chamorro, quien ganó las elecciones de 1990.

Cristiana, quien presidió la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, dedicada a promover la libertad de expresión, está siendo acusada del delito de lavado de dinero y sus cuentas bancarias han sido congeladas, han allanado su domicilio, la han dejado incomunicada, con la casa por cárcel, y le han quitado sus derechos políticos, inhibiéndola sin que exista ninguna sentencia judicial condenatoria para que no pueda ser candidata.

Dos funcionarios de la Fundación han sido llevados a la cárcel, porque una atrabiliaria ley faculta al Estado a detener por tres meses a personas sujetas a investigación penal, con lo que el derecho de habeas corpus, que es una garantía universal, queda anulado. Dos presos políticos más, que se suman a los cerca de cien que ya había antes.

Todos los periodistas que han recibido alguna vez respaldo económico de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, o becas, están siendo llamados a declarar a cuenta de un delito inexistente y también como una manera de amedrentarlos. Algunos de ellos han sido ya indiciados y no pueden salir del país.

La Fundación Luisa Mercado, que yo presido, y que realiza cada año el Festival Centroamérica Cuenta, ha firmado convenios con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para organizar talleres y mesas sobre nuevo periodismo en el marco del festival, que tiene relieve internacional. Fui llamado a declarar ante la Fiscalía por este motivo, a pesar de que no hay nada oculto ni nada que no sea legal en esos convenios.

El pretexto de la acusación de lavado de dinero es que la Fundación Violeta Barrios de Chamorro recibió fondos de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) del gobierno de Estados Unidos.

Los organismos no gubernamentales de Nicaragua reciben recursos de gobiernos extranjeros y de agencias internacionales. Ya Ortega mandó aprobar una ley que obliga a quienes obtienen fondos de estas fuentes, a declararse agentes extranjeros, y con eso pierden sus derechos políticos. Pero no es la que se está aplicando en este caso.

Han buscado el nombre de un delito que evoque al crimen organizado, por absurdo que pueda ser. El lavado de dinero, de acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sólo existe cuando se busca legitimar fondos "generados por actividades ilegales o criminales, por ejemplo, narcotráfico, contrabando de armas, corrupción, desfalco, extorsión, secuestro, piratería".

Ahora, otro aspirante presidencial, Arturo Cruz Sequeira, ha sido apresado en el aeropuerto al entrar al país procedente de Estados Unidos, acusado de violar la "Ley de Defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz", por "incitar a la injerencia extranjera". Esta es una ley que castiga aún el acto de "aplaudir" la imposición de sanciones impuestas desde fuera contra el régimen o personas de la maquinaria oficial.

Estas son, pues, las elecciones que se avecinan en Nicaragua. Unas elecciones donde no habrá candidatos oponentes, más que aquellos cortados a la medida de la representación teatral, que tiene un guion inflexible. Una falsa campaña electoral, unas elecciones de resultados ya sabidos desde antes y con unos ganadores asegurados de antemano.

Todo esto lo que demuestra es que el estado de derecho dejó de existir en Nicaragua. Lo demás es ficción y remedo. Y mientras tanto, el abismo se ensancha a nuestros pies.

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Publicado enInternacional
Xi Jinping, el autócrata providencial en el centenario del PCCh

El escritor británico Anthony Burgess dio su definición sobre las conmemoraciones: algo así como una celebración de la memoria, ya que recordar de dónde se viene forma parte de diseñar hacia dónde se va. Para el Partido Comunista Chino, que celebra el centenario de su fundación, cumplida en julio de 1921, la celebración también sigue este principio. El pasado milenario de China, que la proyecta como el centro más próspero de las rutas comerciales asiáticas (el "Reino del Medio"), debe estar ligado al futuro en el que China recupere esa posición central; del mismo modo, el Partido Comunista muestra su futuro con los fuertes tintes de las gloriosas acciones de obreros y campesinos que, a mediados del siglo XX, superaron con heroicos esfuerzos la abominable opresión imperialista y la burguesía nacional para dar origen a la República Popular en 1949. Por lo demás, poco importa a la burocracia con sede en Pekín que el PCCh preserve la defensa de los trabajadores solo en una vaga retórica, habiéndose distanciado de hecho de la clase obrera hace mucho tiempo, recortando todas sus libertades de acción y pensamiento y convirtiéndola en un sujeto de explotación infernal por parte de los capitalistas nativos y occidentales para dar lugar al "milagro chino". La ironía es que mientras se celebran los 100 años del partido fundado para emancipar a la clase trabajadora, lo que se alaba hoy es un aparato burocrático que usurpó las conquistas revolucionarias de 1949 para restaurar el capitalismo en el coloso asiático.

Para Xi Jinping, la celebración oficia como un recordatorio de la grandeza personal que quiere transmitir a China y al mundo. Más cerca del romano Quintus Enius, Xi sabe que estará vivo mientras su legado pase por la boca de la humanidad, y es en ese legado en el que se centra. Casi una década en el poder, se enfrenta a enormes desafíos para China. Convertido en la segunda economía del mundo, y entrado en la carrera por la primacía industrial-tecnológica con Estados Unidos, el capitalismo chino (que se distingue del modelo habitual por el dirigismo estatal comandado por el PCCh) se ha convertido oficialmente en un "rival estratégico" de las potencias capitalistas occidentales. Dejando subrepticiamente de lado la "estrategia de los 24 caracteres" de Deng Xiaoping, que predicaba la circunspección y el bajo perfil de China en los asuntos exteriores, ocultando siempre su verdadera fuerza, Xi Jinping quiere mostrarse afirmativo. El Partido Comunista Chino proyecta su poder a nivel internacional, especialmente en el ámbito asiático, preparando la reincorporación de Taiwán y la integración territorial del Mar de la China Meridional, buscando desafiar la hegemonía de Washington existente en la región de Asia-Pacífico desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Los rápidos avances tecnológicos y la modernización de las Fuerzas Armadas –China tiene ahora la mayor flota de guerra del mundo– sirven al propósito del "sueño chino".

En una de las primeras ceremonias de apertura de las celebraciones del centenario, Xi Jinping, ensalzó la "lealtad al partido" y entregó una nueva medalla de honor ("Medalla del 1 de julio") a 29 miembros del PCCh, que ha gobernado China durante 72 años. "Dedica todo, incluso tu vida, al partido y al pueblo", dijo el gobernante a los 92 millones de afiliados. El país de los multimillonarios también tiene el partido de los multimillonarios. Cientos de miles de "capitalistas rojos", incluidos algunos de los empresarios más ricos de China, se encuentran entre los afiliados. Y no solo en sentido figurado, sino en posiciones de liderazgo en el Comité Central y el Politburó. Como revela la investigación de Bruce Dickson en Riqueza y Poder, la cantidad de empresarios capitalistas que son miembros del Partido Comunista Chino ha pasado del 13 % en 1993 al 35 % en 2008, y forma parte de una estrategia de cooptación del partido, en la que los gobiernos locales se fortalecen regionalmente incorporando al PCCh a los industriales más ricos (que se benefician de los resultados proyectados por estos gobiernos), y en la que los empresarios se benefician al tener facilidades para acceder a créditos bancarios y licitaciones, además de obtener la prerrogativa de injerencia política en las decisiones del partido. El mensaje de Xi Jinping a los empresarios chinos en octubre de 2020 seguía exactamente la misma lógica: todos los empresarios y multimillonarios se beneficiarán en China, siempre que colaboren con el mantenimiento del dominio del PCCh. No por casualidad, multimillonarios como Jack Ma, dueño del gigante Alibaba, y Pony Ma, de Tencent, son miembros del Comité Central, que dicta las coordenadas de la Asamblea Popular Nacional, en la que solo 209 diputados tienen una riqueza de 500.000 millones de dólares, equivalente al PBI de Bélgica.

De hecho, la lista de invitados distinguidos del Partido Comunista Chino para la celebración en la Plaza de la Paz Celestial es una radiografía sociológica del partido. Robin Li, multimillonario propietario de la empresa de Internet Baidu, es un querido amigo de Xi Jinping, invitado a las celebraciones junto con el empresario Dong Mingzhu, de Gee Electric Appliances. También está en la lista el multimillonario Lei Jun, dueño de la multimillonaria empresa de telefonía móvil Xiaomi y que fue invitado de gala a la celebración del 70 aniversario de la fundación de la República Popular en 2019. Jack Ma y Wang Xing, fundador del gigante tecnológico Meituan, han sido disciplinados por Xi Jinping para que vuelvan humildemente al reducto del PCCh. Los estalinistas brasileños, como Jones Manoel, celebran esta configuración del PCCh, diciendo (sin sonrojarse) que "no está en el horizonte del partido acabar con los multimillonarios." Por supuesto que no, ya que ninguna formación política prescinde voluntariamente de sus elementos vitales. En el siglo XX, los PC estalinistas defendían la asimilación de los terratenientes al socialismo; hoy, defienden la asimilación de los multimillonarios. Ayer y hoy, siempre con sus "terratenientes progresistas" en aras del orden del sistema estatal internacional.

Desde el punto de vista de las celebraciones, se hizo todo lo posible para entronizar a la burocracia del Partido Comunista como el principal desafío del imperialismo estadounidense y europeo en el nuevo siglo. Pero, ¿por qué Xi Jinping? ¿Qué razones lo convierten en el autócrata providencial en la obtención del "sueño chino"?

La encrucijada de la crisis mundial y el estancamiento chino

Según el filósofo de la escuela legalista china Han Feizi, que escribió en el siglo III antes de nuestra era sobre la necesidad de centralizar la autoridad total en manos de los gobernantes mediante leyes y métodos de administración (no por la virtud o la moral), los valores políticos cohabitaban, en una relación de subordinación, con las posibilidades materiales. Los tiempos materialmente difíciles exigían valores opuestos a la generosidad de la abundancia, así como los tiempos económicamente favorables explicaban la exuberancia y la magnanimidad. Curiosamente en sintonía con este tipo de materialismo individualista, la China del siglo XXI derrocha solidaridad retórica, contrarrestando la decadencia hegemónica del imperialismo estadounidense con los supuestos beneficios globales de su ascenso, adornado con favores para los aliados (y desgracias para los adversarios). Han Feizi probablemente explicaría la capacidad de proyección internacional de China de Xi Jinping con un examen minucioso de sus enormes éxitos económicos, que la han colocado como la segunda potencia mundial y la primera economía del mundo en términos de paridad de poder adquisitivo. El filósofo legalista clásico -si se sigue el ejercicio mental- estaría a favor de la política de premiar a los aliados y castigar a los enemigos como forma de condicionar el comportamiento de la comunidad internacional, cada vez más dependiente de China para sus propios éxitos económicos.

Es innegable que los tiempos son materialmente favorables para China a la luz de su historia reciente en el siglo XX, o el gran dolor de las humillaciones nacionales entre 1840 y 1949. Hay una contradicción de origen en el problema chino actual. La preparación de su crecimiento económico a ritmos monumentales se viene produciendo desde hace décadas, a partir de la apropiación por parte de la restauración capitalista -impulsada por Deng Xiaoping- de aquellos logros de la revolución de 1949. Pero, en realidad, la entrada de China en el escenario de las principales disputas mundiales es excesivamente reciente. Los contornos claros de su entrada en el proscenio de las disputas globales entre las grandes potencias son identificables con certeza desde 2013, cinco años después del estallido de la crisis económica mundial de 2008-2009. Hace menos de una década, la relación de China con las grandes potencias se basaba fundamentalmente en la integración de las cadenas globales de valor y en la estructura de la división internacional del trabajo heredada del neoliberalismo, en el marco de un sentimiento de desconfianza cordial que aún priorizaba la cooperación sobre la ya evidente competencia. Después de 2013, China pasó a ser considerada como una potencia a la que había que frenar en sus saltos económico-tecnológicos, y quedó oficialmente marcada como competidora estratégica de Estados Unidos y la Unión Europea con la iniciativa de la administración estadounidense de Donald Trump (2017-2020) de abrir una agresiva guerra comercial-tecnológica con China.

Para comprender mejor la actualidad concentrada de la posición cambiante de China en el mundo, es necesario arrojar brevemente luz sobre tres momentos. El primero de ellos es la apertura de la Gran Recesión en 2008. La crisis económica y financiera mundial no solo derribó a Lehman Brothers y la noción de infalibilidad capitalista que se propagó durante la era del triunfalismo neoliberal: también derribó la noción, alimentada por la burocracia del Partido Comunista Chino, de que su crecimiento podría seguir sosteniéndose de forma estable dentro del viejo sistema industrial orientado a la exportación. Victor Shih señala que al inicio de la crisis económica mundial de 2008 las exportaciones chinas se desplomaron drásticamente: mientras que en los años de bonanza china el crecimiento de las exportaciones era de una media del 20% anual, en 2009 las exportaciones chinas cayeron a menos de un 18 %. La contracción del comercio mundial, la fragilidad de la economía estadounidense, pero sobre todo la falta de nuevos nichos de acumulación de capital por parte de las grandes potencias que dieran solución a la crisis de 2008, obligaron al Politburó de Pekín a iniciar un tortuoso cambio en su patrón de crecimiento. El objetivo era dejar de depender de la exportación de productos con escaso valor añadido basados en la mano de obra intensiva, e introducir elementos de una economía avanzada que produjera alta tecnología. Para el mantenimiento de las tasas de crecimiento chinas, la dependencia del mercado exterior debe suavizarse a partir del impulso de un aumento masivo de la capacidad de consumo del mercado interno chino. También vinculado a esta transformación, China pasó de ser un bolsillo para la acumulación capitalista occidental a convertirse gradualmente en un competidor por el espacio de inversión mundial y el liderazgo en tecnología de punta. La crisis de 2008, por tanto, abrió el camino a un complejo cambio en las bases estructurales que sustentaban la economía china en los últimos 40 años.

El segundo momento fue el año decisivo de 2013. China, que seguía actuando como contratendencia mundial de los factores que impulsaban la crisis, anclando el desarrollo industrial y comercial mundial, se convirtió en parte del problema. Entre 2013 y 2014 comenzó a sentir los efectos de la crisis dentro de su propio territorio. El aumento de las exportaciones volvió a los niveles anteriores a la crisis durante los breves años de recuperación entre 2010-12, con un crecimiento medio del 25 % anual. Pero la recuperación fue efímera: en el bienio 2013-14, este crecimiento cayó al 7 % anual, y al -2 % entre 2015-16, y el superávit por cuenta corriente de China, que osciló entre el 8-10 % entre 2008 y 2010, cayó al 2 % después de 2013 (SHIH, 2019). Las dificultades materiales más graves fueron contenidas por el colchón de reservas internacionales de China, utilizado por Hu Jintao y Wen Jiabao para aplicar un plan de estímulo fiscal (o "flexibilización cuantitativa", cómo se conocieron las medidas similares) de 4 billones de yuanes entre 2009 y 2010. Pero la línea de fragilidad china se había hecho evidente, más aún con la crisis de las bolsas chinas en 2015, que le hizo perder billones de dólares en pocos días. Los esfuerzos por modificar el patrón de crecimiento de China y disminuir su dependencia de las exportaciones tuvieron que chocar con los intereses cristalizados de segmentos de la propia burocracia del PCCh que se beneficiaban demasiado del curso de la industrialización exportadora en las provincias. La necesidad de autopreservación de la burocracia china ante la posibilidad de un malestar social en la lucha de clases con los efectos de la crisis económica –en los años 2013-14 se registraron huelgas obreras récord– fortaleció al sector más decisivo de la burocracia para operar agresivamente este cambio: Xi Jinping llegó al poder en China precisamente en 2013.

El tercer momento de estos cambios en la posición de China en el sistema internacional de Estados se refleja en la reacción de las potencias occidentales, en primer lugar Estados Unidos, ante el nuevo rumbo del bonapartismo de Xi Jinping. El hito estratégico de esta etapa es la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Entre todas las tendencias nacionalistas y proteccionistas de sus políticas, sin duda fundadas en la propia crisis económica mundial y en las dificultades que atravesaba la economía estadounidense, se destaca una de ellas: la agresividad contra el avance de China. La carrera de China por cambiar el contenido de su producción, aumentando las inversiones en investigación y desarrollo de alta tecnología en ramas económicas de primera importancia –semiconductores, vehículos eléctricos, comunicación espacial, robótica, entre otras– ha hecho que China entre en la disputa por nichos de acumulación de capital. Esta entrada de China en la competencia por los espacios de inversión de capital ha puesto a China en curso de colisión con los intereses de Estados Unidos para preservar su primacía en la tecnología mundial. Todas las medidas de Trump relacionadas con China se basaron en el consenso bipartidista del imperialismo estadounidense para frenar el desarrollo chino. La disputa que marca nuestro siglo entre la superpotencia imperialista central (Estados Unidos) y la potencia emergente (China) –incluso teniendo en cuenta que China no está en condiciones de disputar la primacía imperialista en el mundo a Estados Unidos, muy por delante tecnológica y militarmente– entra en funcionamiento sin ningún disimulo.

Este período entre 2008 y 2017 es, por tanto, fundamental para entender la entrada de China en la contienda de los grandes asuntos capitalistas mundiales. Como no podía ser de otra manera, la línea política del Partido Comunista Chino, con Xi Jinping a la cabeza, tomó un rumbo aún más autoritario. Steve Tsang y Honghua Men afirman que el retroceso de la economía mundial provocado por la crisis financiera de 2008 representó la oportunidad para que un político como Xi Jinping se hiciera notar:

Los avances en materia de desarrollo que China había logrado hasta 2012 la colocaron en un lugar que obligó a los dirigentes a tomar decisiones estratégicas sobre la dirección que tomaría el país a partir de entonces. El enfoque desarrollista seguido por los dirigentes del Partido Comunista después de que Deng Xiaoping inaugurara las reformas en 1978 ya estaba agotado para entonces. La "década dorada" de la asociación entre Hu Jintao y Wen Jiabao marcó el punto álgido de lo que el viejo enfoque podía ofrecer. La perspectiva de prolongar ese enfoque durante otra década no es prometedora. La atmósfera internacional cambiaba, el panorama económico se modificaba, las ventajas demográficas se erosionaban rápidamente, las presiones medioambientales aumentaban, las expectativas de los ciudadanos crecían, las relaciones entre grupos étnicos presentaban desafíos. El gobierno chino tenía que adoptar una vía más dinámica, o arriesgarse a que estos retos se le escaparan de las manos [1].

¿El momento Xi Jinping?

Esta es una forma de presentar las importantes modificaciones estructurales en el modus operandi del Partido Comunista para adaptarse a las necesidades impuestas por la crisis de 2008 y sus claros efectos en China a partir de 2013. Desde que Xi llegó al poder en noviembre de 2012, durante el 18º Congreso del Partido Comunista Chino, su conducta ha sido combinar las políticas de aumento de las capacidades tecnológicas de producción (cambiando el contenido de la producción), con la regulación de las tasas de crecimiento medio del PBI de China. En contra de lo que se suele pensar, la reducción de la tasa media de crecimiento anual del PBI no implica necesariamente un debilitamiento económico. El punto de inflexión de 2013 se impuso a China para deshacerse del patrón de crecimiento a tasas superiores al 10 %. El enfoque estratégico del PCCh para equilibrar la economía implica objetivos de crecimiento anualizados del 7 %, y Xi quiere dejar claro que esta disminución de ritmos forma parte de la planificación económica en esta etapa. El énfasis está en la calidad del crecimiento, o en qué sectores de la economía se convierten en los nuevos centros de gravedad del capitalismo chino.

Xi Jinping añadió su marca a las supuestas premisas que entronizaron los derechos vitalicios de poder de la burocracia del PCCh: la búsqueda de China del estatus de gran potencia mundial. El actual nacionalismo chino se difunde ideológicamente en estrecha relación con la responsabilidad del pueblo de cooperar con los esfuerzos del "gran rejuvenecimiento" de la nación china, también estipulado en el XVIII Congreso del Partido Comunista. Los principales líderes gubernamentales que encabezan estos esfuerzos son todos aliados cercanos de Xi. Li Keqiang y Liu He (economía), Chen Xi y Wang Huning (ideología), Wang Qishan (seguridad), Zhang Dejiang (asuntos exteriores), Liu Yunshan (organización del partido) y Meng Jianzhu (asuntos políticos internos) son algunos de los principales hombres fuertes de Xi Jinping, que dirigen comités de administración que van desde la economía hasta la jurisdicción política estatal.

Pero esto se refiere a las necesidades de China en el centenario del Partido Comunista Chino. Otra cosa es saber por qué Xi Jinping fue consagrado como agente político todopoderoso, el segundo después de Mao Zedong, para llevar a cabo esas necesidades. Nada indicaba previamente que Xi Jinping sería el líder ungido del Partido Comunista. Hijo de un veterano del Partido, Xi Zhongxun –que fue uno de los favoritos de Mao para hacer carrera militar en el Norte durante la Guerra Civil, y que luego fue clave en la aplicación de las reformas procapitalistas de Deng Xiaoping–, Xi Jinping conoció desde muy joven el ambiente olímpico de la casta burocrática china. Tras ser enviado al campo en la provincia de Shaanxi durante la Revolución Cultural (1966-69), conoció los efectos directos de la entrada de capital extranjero en China cuando estuvo destinado en Xiamen, en la provincia de Fujian, una ciudad industrial que en la década de 1980 se convirtió en una de las primeras Zonas Económicas Especiales (ZEE). Xi se benefició políticamente de la represión de la Plaza de Tiananmen en 1989, ascendiendo en la jerarquía del partido con los triunfos de Deng, cuyo famoso "Viaje al Sur" de 1992 Xi pudo observar de primera mano. Secretario del Partido en el distrito de Ningde en la década de 1990 e incorporado al Comité Central del PCCh en medio de la crisis financiera asiática de 1997 (ayudado por las maniobras burocráticas del entonces presidente Jiang Zemin), Xi Jinping se trasladó posteriormente a la provincia agraria de Zhejiang a principios de la década de 2000, donde adquirió cierta notoriedad ya que la proximidad de la provincia a Shanghái hizo que se desarrollara rápidamente: bajo el liderazgo de Xi, las exportaciones de Zhejiang aumentaron un 33 % en cuatro años.

En cuanto a la orientación política, Xi Jinping era un partidario declarado de Deng Xiaoping y su política de reformas procapitalistas. La apariencia conduce al engaño y la exageración si se separa de la esencia de las cosas: a pesar del fortalecimiento de algunos gigantes nacionales (requisito para la proyección internacional, por cierto), Xi Jinping es un rígido defensor del capitalismo chino. Siguiendo los pasos de su padre, el actual presidente de China dio rienda suelta, allí donde trabajó, a las reformas liberalizadoras que devoraron los logros de la revolución de 1949 para catapultar el capitalismo chino a nuevas alturas. Patrocino el fortalecimiento de los principales propietarios privados del PCC, como Jack Ma, dueño de Alibaba, y Li Shufu, propietario de la automotriz Geely (ambos son de la provincia de Zhejiang). Animó a 2.000 empresarios de la provincia costera a invertir en el exterior en 116 países. Observando los tiempos actuales, se descubre fácilmente el origen de los enormes beneficios entregados por Xi Jinping al capital privado, a pesar de las eventuales medidas contra la cartelización de sectores de la economía.

Combinación de Mao y Deng

Sin embargo, la agresividad liberalizadora de Xi nunca implicó una clara separación individual de la figura de Mao. Curiosamente, en realidad ha ocurrido lo contrario. En ocasiones emblemáticas, Xi ha hecho públicos sus homenajes al "Gran Timonel". A finales de 2012, en uno de sus primeros viajes por China como secretario general del PCCh, Xi Jinping visitó la industrializada ciudad sureña de Shenzhen, rindiendo homenaje a la estatua de Mao. En las extensas celebraciones militares del 70 aniversario de la República Popular, Xi apareció en la plaza de Tiananmen con el mismo atuendo maoísta. Esto no es una casualidad. Revestir la línea de profundización de la liberalización a la Deng con la armadura de Mao sirve para señalar, interna y externamente, que China no seguirá el camino de la URSS, sacrificada por la odiada política de Gorvachov, según la ideología del PCCh. En enero de 2013, Xi se dirigió al Comité Central Chino sobre las razones de la caída de la Unión Soviética y la desaparición del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), señalando la "confusión ideológica" como factor central, e identificando la máxima traición que habría llevado al abismo la propia renuncia al legado de Stalin, con las acusaciones de Khrushchev en el famoso XX Congreso del PCUS de 1956.

De hecho, el nuevo gobierno posterior a 2013 no escatimó esfuerzos para hacer entender que China preservaría el legado de Mao, evitando el proceso de "desestalinización" que, a ojos de la burocracia autoritaria de Pekín, fue la decisión que hizo sonar la campana de muerte del PCUS. En ese mismo inicio de su gobierno, en enero de 2013, Xi Jinping fue más allá e incluyó su visión sobre cómo deben verse los periodos históricos en China. Como recuerda François Bougon en "Inside the Mind of Xi Jinping", en su discurso en la Escuela del Partido de Pekín dirigido a los miembros permanentes del Comité Central del PCCh, Xi argumentó que la historia del Partido debía considerarse como un todo, sin la fragmentación de sus partes. Haciendo hincapié en las épocas de la "implantación del socialismo" de Mao Zedong en China, y la era de la reforma y la apertura de Deng Xiaoping, que dio paso al "socialismo con características chinas", el nuevo presidente concluyó que los treinta años de maoísmo (entre 1949 y 1979), y los posteriores treinta años de reformas procapitalistas son complementarios; no deben separarse el uno del otro, y mucho menos oponerse. En parte, Xi bebía en la fuente de las resoluciones de 1981 sobre "Algunas cuestiones sobre la historia de nuestro partido desde la fundación de la República Popular China", adoptadas en el sexto pleno del undécimo Comité Central del Partido, según las cuales era necesario distinguir el pensamiento de Mao, de los errores que había cometido su figura política. Pero Xi elevó esta decisión a la categoría de una concepción integral que respalda el derecho histórico del PCCh al poder. En ese discurso dejó claro que evocaba la síntesis entre las dos épocas, la de Mao y la de Deng, la de la fundación de la República Popular con la de las reformas procapitalistas, como pilar del nuevo régimen: al igual que sería incorrecto invocar a Mao para criticar las reformas de apertura, sería inaceptable señalar las reformas como punto de apoyo crítico a Mao. En palabras de Xi:

Nuestro Partido ha dirigido al pueblo en la construcción del socialismo durante dos épocas, antes y después del período de reforma y apertura. Estas dos épocas están mutuamente conectadas, aunque difieran entre sí en muchas cosas, pero ambas son períodos en los que la construcción del socialismo fue implementada y explotada por nuestro Partido a la cabeza del pueblo. El "socialismo con características chinas" se inició con el nuevo período histórico de la reforma y la apertura, pero también se inició sobre los cimientos del sistema socialista ya establecido en la Nueva China [...] Aunque haya grandes diferencias entre los dos períodos en cuanto a la ideología, la política gubernamental y el trabajo práctico, no pueden separarse, y menos aún ponerse en oposición. El período histórico que precedió a la apertura y a la reforma no puede ser negado por el que le sucedió; tampoco puede utilizarse el período histórico que precedió a la apertura y a la reforma para negar el período posterior.

La conducta gubernamental de Xi Jinping es ilustrativa de la puesta en común de los rasgos distintivos de las épocas Mao-Deng, cristalizados entonces en el concepto "los dos que no se pueden negar" (liangge buneng fouding). En otras palabras, ni la era de la reforma ni la era de la apertura podían utilizarse para negarse mutuamente. En diciembre de 2013, en el 120º aniversario del nacimiento de Mao, Xi Jinping rindió homenaje al Gran Timonel en términos benévolos: se trataba de indicar la línea maestra del gobierno, que busca perpetuar el dominio del capitalismo chino bajo la égida del Partido Comunista, como soñó Deng Xiaoping. La ironía es que la complementariedad entre las dos épocas, si no fue virtuosa, sin duda operó en común en un aspecto primordial, que a la burocracia le interesa menos destacar: la preservación de la concepción estalinista del socialismo en un solo país para China, como bloqueo a la expansión internacional de la revolución y que resultó en la restauración capitalista por las propias fuerzas del PCCh.

Ascendiendo la montaña burocrática

Pero esto, aunque arroja luz sobre la concepción impulsora del nuevo gobierno, sigue sin explicar la elección de Xi Jinping. Frente a una nómina de burócratas empeñados en la restauración acelerada del capitalismo, tras el triunfo del ala de Deng contra el ala de los restauracionistas "moderados" (Chen Yun, Deng Liqun) a mediados de los años noventa, Xi Jinping no se erigió con ninguna capacidad extraordinaria a pesar de figurar entre los funcionarios bien situados en el Comité Central.

El sinólogo británico Kerry Brown, en su libro "CEO, China: the Rise of Xi Jinping", explica que en 2007, poco antes de la remodelación del liderazgo del partido en 2012 (el último año del gobierno de Hu Jintao-Wen Jiabao), tres nombres figuraban entre los más mencionados en la línea de sucesión: Li Keqiang, Li Yuanchao y Xi Jinping. Otro político de prestigio, Bo Xilai, hijo de un veterano del PCCh (Bo Yibo), surgió entre los aspirantes. Aunque menos cercano que los demás a Hu Jintao, Xi Jinping alcanzó el puesto de vicepresidente de la Comisión Militar Central, una institución clave en la política china cuya dirección aseguró el dominio indiscutible de Mao y Deng. Este paso supuso una ventaja considerable para Xi, complementada por un juego de fortuna: ante las acusaciones de corrupción de Chen Liangyu, jefe del Partido en Pekín, la burocracia del partido elige a Xi Jinping como su sustituto. El control de las provincias, o de ciudades estratégicas como Pekín, ha sido la plataforma más importante para ascender en la jerarquía interna del Partido Comunista desde su creación. Jiang Zemin, Hu Jintao y Xi Jinping fueron líderes provinciales que llegaron a la cima de la burocracia de Pekín. Las provincias chinas tienen economías y densidades de población que a veces superan las de muchos estados nacionales. Henan y Sichuan tienen más de 100 millones de habitantes cada una, Shangái tiene el PBI de Finlandia y Guangzhou el de Indonesia. Esto confiere un inmenso poder a los líderes de estos colosos provinciales, que constituyen el grupo más influyente dentro de un Comité Central poblado por ministros, presidentes de empresas estatales y propietarios privados.

Con estas credenciales necesarias, Xi Jinping asumió la presidencia de la República Popular China en noviembre de 2012, ascendiendo también al cargo de presidente de la Comisión Militar Central y al de secretario general del PCCh. Pero estas credenciales necesarias no eran suficientes por sí mismas. Xi demostró ser el más capaz de encarnar las tendencias bonapartistas y nacionalistas que exigía la crisis económica mundial de 2008 y sus efectos en China en 2013. El bonapartismo, según la tradición marxista, distingue a una figura política autoritaria que, ante el enfrentamiento de las clases sociales en momentos de crisis y para evitar procesos abiertos de revolución y contrarrevolución, se eleva aparentemente por encima del eje de las clases y de su representación parlamentaria, convirtiéndose en un "juez árbitro" de la nación; este dominio del sable no está suspendido en el aire: sociológicamente, sirve a los intereses del sector y empresa más fuerte de la clase explotadora (el capital financiero), y políticamente sitúa el eje de su poder en la policía, la burocracia estatal y la camarilla militar” [2]. En el caso de la China capitalista, cuyo sistema presenta muchas diferencias con respecto a las formaciones occidentales, esta característica bonapartista afecta también, como un factor tan importante como los mencionados anteriormente, a la preservación del poder del Partido Comunista como fuerza política de dominio indiscutible. Xi Jinping reunió en sí mismo las mejores características disponibles para mantener el poder del PCCh en tiempos de crisis mundial. Como tal, se alzó como la fuerza más bonapartista para la defensa de los intereses de la casta burocrática de Pekín.

Los cuatro pilares de Xi

Podemos señalar cuatro ejes de intervención de esta fuerza social representada por Xi Jinping, y que le dieron amplios poderes. En primer lugar, desde el punto de vista económico, Xi representó la creciente necesidad de desarrollo tecnológico de China. A diferencia de Li Keqiang (que estudió Derecho) y Li Yuanchao (que estudió Historia), Xi tenía formación en ingeniería y ocupó comités responsables del desarrollo de la investigación y la innovación en los departamentos estatales. El actual presidente chino se opuso a lo que llamó "estructura industrial irracional" combinada con una "capacidad de innovación inadecuada". La carga presupuestaria dedicada a la investigación y el desarrollo (I+D) se ha disparado desde 2013. El gasto en I+D de China, en relación con el PBI, creció del 0,7 % (2.800 millones de dólares) en 1991 al 2,2 % del PBI (263.000 millones de dólares) en 2017. Según el Centro Común de Investigación de la Unión Europea, China fue el mayor usuario del sistema internacional de patentes por primera vez en 2019, seguido de Estados Unidos, Japón, Alemania y Corea del Sur. En el ranking publicado en 2019 por la Comisión Europea de las 2.500 empresas del mundo que más invierten en investigación y desarrollo, China es el segundo país con más empresas, por detrás de Estados Unidos, seguido de Japón y Alemania. El gasto total en I+D de China alcanzó los 2,214 billones de yuanes (unos 321.300 millones de dólares) en 2019, un 12,5 % más, o 246.570 millones de yuanes, en comparación con 2018, según un informe del Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Finanzas. El resultado de este movimiento ha sido una competencia por la primacía tecnológica con Estados Unidos. Este énfasis de la tecnología en el régimen de Xi ilustra la respuesta que China se vio obligada a dar ante la crisis del comercio mundial con la Gran Recesión de 2008. Más que eso, Xi fue proactivo y se encargó de llevar a cabo, de forma gradual pero segura, el cambio necesario en el patrón chino de acumulación capitalista, reduciendo la dependencia de la economía china de las exportaciones de bajo valor añadido, y desarrollando las bases de una economía de producción de alto valor añadido basada en el fortalecimiento del mercado interno. Con Xi, la fábrica del mundo debería convertirse en la inteligencia artificial de circuitos integrados del mundo. Tanto es así que el XIV Plan Quinquenal, por primera vez en la historia de la República Popular China, tiene un capítulo especial dedicado a la tecnología. Como informa Jaime Santirso, de El País:

En términos prácticos, el impulso estatal a la innovación, un concepto abstracto, se traduce en más recursos. El Gobierno prevé que en los próximos cinco años la inversión en investigación y desarrollo crezca a un ritmo anual superior al 7 %, una cifra viable, ya que en el último cuarto de siglo nunca ha bajado del 8 %. En términos absolutos, China dedica el 2,4 % de su PBI a esta partida, tres puntos porcentuales menos que Estados Unidos. Los recursos se destinarán a sectores considerados estratégicos. El plan menciona siete: la inteligencia artificial, la información cuántica, los semiconductores, la neurociencia, la ingeniería genética, la medicina clínica y la exploración del espacio, las profundidades oceánicas y los polos. El tema central es la autosuficiencia: un concepto transversal en la planificación, ya que China pretende reducir sus vulnerabilidades y blindarse frente al exterior.

Desde el punto de vista de la seguridad interna, China se enfrentó en 2009 a una insurgencia amenazante en la región separatista del Tíbet y a movilizaciones de la población musulmana en la región de Xinjiang, en el noroeste del país. Estos fenómenos de resistencia al autoritarismo estatal y en defensa de la autodeterminación nacional de los pueblos oprimidos por China hicieron tambalear la confianza del gobierno de Hu Jintao. A mediados de la década de 2000, las llamadas "revoluciones de colores" en varios países que formaban parte de la antigua Unión Soviética, como Ucrania, Georgia y Kirguistán, ya habían hecho saltar las alarmas en la burocracia china. No menos llamativos fueron los procesos de la Primavera Árabe de 2011, con movilizaciones de masas que derrocaron a dictadores en Túnez, Egipto y Libia (procesos que, en ausencia de una fuerza independiente de la clase trabajadora, fueron derrotados). La cuestión de la unidad nacional china, siempre una delicada llaga para el gobierno, se convirtió en una preocupación aún mayor con estos hechos políticos que aumentaron la desconfianza en Pekín sobre las intenciones de las potencias occidentales. Del Tíbet a Xinjiang, de Hong Kong a Taiwán, creció el sentido de autopreservación de la burocracia del PCCh, que depende de los logros de la unificación nacional heredados (e incompletos) de 1949. Xi Jinping, como presidente de la Comisión Militar Central y jefe supremo del Ejército Popular de Liberación, representó a la perfección el sentimiento agresivo del segmento mayoritario del gobierno sobre la defensa de su territorio, pero también de la necesaria realización de las tareas de unificación nacional. Ha impulsado la virtual incorporación de Hong Kong al territorio chino, con la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional en la ciudad financiera, e invoca un discurso cada vez más amenazante en favor de la reincorporación de Taiwán –que es muy importante para los planes de desarrollo tecnológico chino al tener en su territorio al principal productor mundial de semiconductores (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)–. La retórica de Xi contra el imperialismo estadounidense ha adquirido un tono mucho más asertivo contra cualquier amenaza de injerencia extranjera en los asuntos chinos.

Socialmente, Xi Jinping ha encarnado la represión virulenta de cualquier manifestación de los trabajadores chinos en el terreno de la lucha de clases. En la nueva fase de la historia nacional china, tras la crisis mundial de 2013, no se toleran las manifestaciones de los trabajadores, además de la habitual asfixia de las iniciativas para organizarse independientemente del aparato sindical oficial. Los años de crisis económica fueron tiempos de aumento exponencial de las huelgas de trabajadores en China. Los disturbios en huelga –que en la terminología gubernamental aparecen como "incidentes masivos"– aumentaron de 87.000 en 2005 a 127.000 en 2008, en plena Gran Recesión. Los datos de los tribunales de arbitraje en materia laboral confirmaron este monumental crecimiento de las huelgas en 2008, que casi se duplicaron respecto a las cifras del año anterior. El China Labour Bulletin (CLB), por su parte, identifica la tendencia de crecimiento de las huelgas laborales entre 2013-2014, un periodo de caída de las exportaciones y del superávit comercial chino, lo que se traduce en la menor tasa de crecimiento del PBI en décadas.

El récord se estableció en 2015, cuando se registraron más de 2.700 huelgas en China (en 2018 hubo 1.700 huelgas, frente a las 1.200 registradas en 2017).

Militarmente, el programa central de Xi Jinping es la modernización acelerada de las Fuerzas Armadas chinas. China ya no puede contenerse dentro de sus propias fronteras nacionales, ya que su influencia económica y, en consecuencia, política tiene alcance internacional. Por tanto, la tradicional cautela geopolítica china debe combinarse con elementos de mayor asertividad en el ámbito regional. La remodelación de las bases de crecimiento de China la sitúa directamente en una trayectoria de colisión con el status quo de la estructura de seguridad asiática, que desde la Segunda Guerra Mundial ha estado bajo la responsabilidad de Estados Unidos. Como presidente de la Comisión Militar Central y comandante supremo del Ejército Popular de Liberación, Xi Jinping ha encarnado el programa de modernización acelerada del arsenal bélico chino para romper con el status quo de la estructura de seguridad asiática. De forma subrepticia, Pekín desea comunicar que Asia ya no pertenece a los estadounidenses, y que son las naciones asiáticas las que ejercerán el control de la seguridad de las rutas comerciales y marítimas estratégicas del Océano Pacífico. Esto es así porque el control de Asia sirve de plataforma para la proyección del poder de China sobre todo el mundo.

Hay otra forma de ver el ascenso de Xi Jinping, combinable con la primera apreciación: simplemente heredó del pasado las tareas inconclusas de los últimos líderes. Este elemento subraya la continuidad, más que la discontinuidad, con el legado político de las generaciones anteriores. La coherencia con la historia pasada del gobierno del Partido Comunista no es un factor secundario en la elevación de un líder en la China post-Mao. En su década en el poder, Hu Jintao insistió en la necesidad de perseguir el desarrollo científico y lograr una sociedad moderadamente próspera para 2035, puntos programáticos marcados con énfasis en las banderas de Xi Jinping. Las críticas del actual presidente chino al crecimiento insostenible y desequilibrado de China ya estaban en boca del anterior primer ministro, Wen Jiabao. Estos y otros componentes fueron objetivos heredados por la nueva administración. La capacidad de cumplir estos objetivos influyó sin duda en la unción de Xi, más allá de los nuevos retos que planteó la crisis económica de 2008. Estas capacidades se refieren, nada menos, que a la preservación de las fortalezas morales de los dirigentes del PCCh ante el pueblo.

¿Burocracia posmaoista o clase obrera en acción?

En definitiva, Xi se inscribe en la tradición de las proyecciones políticas a largo plazo características de la administración china posterior a 1949. Para Mao Zedong, el futuro debería corresponder a una especie de paridad de condiciones materiales para todo el pueblo chino, una igualdad que tendría que encajar dentro de un régimen político completamente burocratizado, sin ningún rastro de democracia obrera urbana y rural, y encerrado dentro de los estrechos confines de las fronteras nacionales (la noción reformista-nacional de Stalin-Bujarin de "socialismo en un solo país"). Después de 1978, para Deng Xiaoping, el futuro consistía en el crecimiento económico a cualquier precio, y debía pasar por encima de la preocupación por una cierta paridad de condiciones materiales entre las personas, un pensamiento que se inscribía en el marco de una política restauradora del capitalismo a las puertas de la ofensiva neoliberal a nivel mundial. Para Xi Jinping, que les sigue en importancia, el futuro implica el "sueño chino" (zhongguo meng), una especie de rescate de la milenaria grandeza imperial para proyectar a China al estatus de superpotencia mundial. A partir de 1980, dentro de los parámetros establecidos por Deng tras la muerte de Mao, China debería pasar por tres fases. En la primera fase, la tarea consistiría en proporcionar alimentos y ropa a la población china, aún sumida en la pobreza resultante de las catástrofes del Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural. En la segunda fase, China se esforzaría por lograr una sociedad moderadamente próspera (xiaokang sheshui, un concepto extraído del confucianismo) para 2035; esta fase está en curso. En la tercera fase, China debería completar la modernización de sus zonas urbanas y rurales en su conjunto para el centenario de la Revolución China en 2049, convirtiendo al país en una gran potencia mundial. Bougon lo atestigua:

“La fórmula del "Pensamiento de Xi Jinping" anunció una nueva era de treinta años, que se extendería hasta 2050, siguiendo las eras de Mao y Deng, con sus herederos Jiang Zemin y Hu Jintao. Xi se consolidó como maestro y guía todopoderoso de China. Para él estaría reservado conducir a China por un camino que atraviesa dos etapas distintas para convertirse en una "gran nación socialista moderna": entre 2020 y 2035, el objetivo es lograr una "sociedad moderadamente próspera", la expresión confuciana utilizada por Deng; entre 2035 y 2050, la nación china volverá a ser un líder económico mundial. China será "próspera, fuerte, democrática, culturalmente avanzada, armoniosa y hermosa", como dijo Xi a 2200 delegados [...] Para Xi, esta nueva era –su era– será de pleno rejuvenecimiento”.

Estos dos últimos objetivos coinciden con fechas conmemorativas estratégicas: respectivamente, el centenario de la fundación del PCCh y el centenario de la fundación de la República Popular. Como vínculo moderno que conecta el pasado con el futuro, Xi Jinping quiere dejar su huella en esta transición de la sociedad moderadamente próspera al "gran rejuvenecimiento" (fuxing-zhilu) de la nación china como gran potencia. De todo lo anterior se desprende una importante conclusión: no estamos tratando una cuestión individual de la figura de Xi Jinping, extrayéndola de la historia concreta. Aunque las personalidades son muy importantes en la historia política, lo esencial es qué fuerzas de clase y qué programa representan. Su ascenso responde a ciertas tendencias internas de China, y sobre todo externas. La autoridad de Xi está revestida de las necesidades sociales de la burguesía china y de la burocracia estatal ante la crisis económica mundial de 2008 (agravada por la pandemia de 2020), que amenazaba dramáticamente el rumbo previsto, y cuyos efectos solo podían prolongarse con fuertes inyecciones de estímulo fiscal y control social. Es una figura providencial para las necesidades de una burguesía que necesita operar un complejo giro interno que altere el patrón de crecimiento adoptado por China en las últimas décadas.

El único baluarte contra la disputa intercapitalista entre China y Estados Unidos solo lo puede proporcionar la clase obrera china y su acción en la lucha de clases. El nacionalismo reaccionario de la burocracia post-maoísta de Xi no es una alternativa al imperialismo occidental. La fuerza de los trabajadores chinos, como en todo el mundo, está en su unidad, no solo en su propio territorio sino a nivel internacional, a la solidaridad con los musulmanes de Xinjiang reprimidos por Pekín, en la oposición a la explotación de los trabajadores migrantes en Taiwán y en la coalición del PCCh con la junta militar asesina de Myanmar. Este es el verdadero poder del siglo, y es en la lucha de clases donde los trabajadores chinos necesitan construir su propia herramienta política, independiente del aparato burocrático reaccionario del PCCh.

Traducción: Javier Occhiuzzi

Fuentes bibliográficas (no citadas directamente en el texto):

Fulda, Andreas, The Struggle for Democracy in China, Taiwan and Hong Kong, E. Tylor & Francis Ltd, 2019.

Elfstrom, Manfred, Workers and Change in China: Resistance, Repression, Responsiveness, Ed. Cambrigde University Press, 2014.

Elfstrom, Manfred & Kuruvilla, Saros, The Changing Nature of Labor Unrest in Chine, Ed Cornell University ILR School, 2014.

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Califican como un "éxito abrumador" el mayor experimento del mundo de una semana laboral de cuatro días

El programa piloto, que redujo la semana laboral a entre 35 y 36 horas sin reducción del salario total, involucró a más del 1 % de toda la población activa de Islandia.

El experimento más grande del mundo de una semana laboral de cuatro días, realizado en Islandia, fue un "éxito abrumador" y debería considerarse en otros países, como el Reino Unido, según un análisis conjunto del 'think tank' británico Autonomy y la Asociación para la Sostenibilidad y la Democracia (Alda) islandesa.

El programa piloto, que redujo la semana laboral a entre 35 y 36 horas sin reducción del salario total, involucró a más de 2.500 personas, o más del 1 % de toda la población activa de Islandia.

Aunque el país nórdico tiene una población relativamente baja, el estudio —que se desarrolló entre 2015 y 2019— es el más grande de este tipo jamás realizado.    

Menos estrés sin reducir la productividad

El ensayo descubrió que el bienestar de los trabajadores mejoró dramáticamente en una variedad de indicadores. El estrés y el agotamiento se redujeron, mientras que la salud y el equilibrio entre el trabajo y la vida mejoraron de manera significativa en prácticamente todos los grupos incluidos en el experimento.

Además, como resultado, la productividad y el nivel de la prestación de servicios se mantuvieron iguales o mejoraron en la mayoría de los lugares de trabajo participantes.

Lecciones para otros Gobiernos

El ensayo "nos dice que no solo es posible trabajar menos en los tiempos modernos, sino que el cambio progresivo también es posible", sostiene Gudmundur Haraldsson, investigador de Alda, recogen medios británicos. 

Entretanto, Will Stronge, director de investigación de Autonomy, subrayó que el estudio muestra "que la prueba más grande del mundo de una semana laboral más corta en el sector público fue, en todos los sentidos, un éxito abrumador". Las conclusiones ponen de manifiesto que "el sector público está listo para ser pionero en semanas laborales más cortas, y se pueden aprender lecciones para otros Gobiernos", en particular, para el Reino Unido, enfatizó.

En consecuencia, en Islandia, las federaciones sindicales ya han comenzado a negociar la reducción de las horas de trabajo. Los investigadores estiman que como resultado de los nuevos acuerdos alcanzados entre 2019 y 2021, después de que terminaran los ensayos, el 86 % de toda la población trabajadora de Islandia ahora tiene horas reducidas o flexibilidad dentro de sus contratos para acortar la jornada laboral.

Publicado: 5 jul 2021 08:42 GMT

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Chile: la historia de Elisa Loncón, la mapuche que fue elegida presidenta de la Convención Constitucional

La Nueva Constitución será liderada por una mujer de los pueblos originarios

La académica y activista fue votada por la mayoría de los 155 convencionales que redactarán la nueva carta magna que reemplazará a la de Pinochet  Una  jornada marcada por su discurso que promete cambiarle el rostro al país e incidentes que obligaron a retrasar la ceremonia. 

 

Finalmente se concretó la primera sesión de la Convención Constitucional, donde 155 ciudadanos elegidos en mayo pasado (con predominio de la izquierda e independientes) redactarán la nueva Carta Magna que sepultará, al fin la Constitución de 1980 instaurada por la dictadura de Pinochet, de carácter autoritaria y en beneficio de los grandes grupos económicos.

Y la elección de la presidenta, la lingüista mapuche Elisa Loncón Antileo, no pudo ser más simbólica. Ella encarna una de las principales aspiraciones del Estallido Social iniciado en octubre de 2019 —con más de un millón de personas marchando en las calles chilenas y obligando al gobierno de Piñera a negociar un proceso constituyente—: la horizontalidad en la distribución del poder, el reconocimiento a los pueblos originarios, la desmilitarización de la Araucanía y la regulación de las industrias extractivas como la forestal o la minera.

Y también porque esta jornada se celebró en el ex Congreso Nacional a un par de cuadras de La Moneda y la Plaza de Armas de Santiago, un lugar que fue clausurado tras el Golpe Militar y cuyas funciones se trasladaron a Valparaíso, en un edificio de arquitectura dudosa e inaugurado por el mismísimo Dictador. En rigor fue en una carpa, con todas las medidas de seguridad impuestas por la pandemia donde justo hoy se detectó un tercer caso de la variante Delta.

A pesar de los intentos de posicionar a académicos varones, figuras de la TV o rostros de centroizquierda —como el abogado Agustín Squella o la periodista Patricia Politzer, que votó por ella misma, generando risas entre los propios constituyentes— la necesidad de que este proceso lo liderara una mujer y además mapuche fue imponiéndose.

Un nuevo Chile

“Que se funda un nuevo Chile, plural, plurilingüe, con las mujeres, con los territorios. Ese es nuestro sueño”, dijo en un discurso improvisado, que comenzó en mapudungun, tras sumar 96 votos, superando por 18 los necesarios para obtener el cargo. Esto fue en una segunda vuelta donde recibió el apoyo de quienes habían votado por Isabel Godoy representante de otro pueblo originario: el colla. Investida con vestido e indumentaria tradicional mapuche y luchando con el tapaboca, logró sacar lágrimas de los asistentes a excepción de la derecha que, de todas formas, constituye la minoría en este proceso.

“Es posible establecer una nueva relación entre todos quienes conforman este país; esta es la primera muestra de que esta Convención será participativa”, afirmó Loncón, adelantando parte de los problemas que se trabajarán durante una etapa inicial de nueve meses: “por los derechos a la madre tierra, por los derechos al agua, por los derechos de las mujeres, por los derechos de los niños".

Además de agradecer el apoyo “por votar por una persona mapuche, mujer, para cambiar la historia de nuestro país", señaló su solidaridad con todos los pueblos originarios, incluyendo los de Canadá. "Esta fuerza es para todo el pueblo de Chile, para todos los sectores, para todas las regiones, para todos los pueblos y las naciones originarias que nos acompañan. Este saludo y agradecimiento es también para la diversidad sexual, este saludo es para las mujeres que caminaron en contra todo sistema de dominación (…). Por eso, esta convención que hoy día me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional"

Reconocida activista

Nacida en la comunidad de Lefweluan, en Traiguén —a unas ocho horas de Santiago— es una reconocida activista de la causa de su pueblo, formando parte del Consejo de Todas las Tierras y siendo una de las responsables de la creación de la bandera mapuche que desde 1992 ha ido ganando protagonismo en todas las marchas y manifestaciones, llegando en el Estallido a desplazar a la de los partidos políticos y la propia bandera chilena. Durante la dictadura estudió pedagogía en inglés y participó en un grupo de teatro con obras que cuestionaba al Regimen. Actualmente es académica del departamento de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, Loncón tiene un magister de lingüística en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa (México), un PhD en Humanidades en la U. de Leiden (Holanda) y un doctorado en literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Nuevamente, la represión

La jornada estuvo marcada por un ambiente enrarecido en la mañana. PáginaI12 recorrió el perímetro que rodea al ex Congreso Nacional y la presencia de carabineros, con vehículos que ocupaban cuadras enteras como Santo Domingo y rejas que impedían el desplazamiento por la Plaza de Armas. Era el plan del gobierno por garantizar la seguridad del proceso, considerando que convergerían distintas marchas, siendo la más importante la que se iniciaría a las 8:00 desde la Plaza Baquedano —renombrada como “Plaza de la Dignidad”— en homenaje a los caídos en los violentos incidentes del Estallido.

Notable resultó la performance de Johanna Grandón, célebre por disfrazarse de Pikachu de Pokémon y participar en las protestas, una de las constituyentes que se sacó el traje e ingresó con una mascarilla en alusión al personaje al Congreso. Todo en medio de una gran tensión, motivada por cierta sensación de exclusión que reclamaba parte de los manifestantes que hicieron a carabineros repetir lo de siempre: lanzar agua y reprimir, mientras algunos periodistas de la TV abierta justificaban el accionar señalando que empezaron a lanzar piedras.

Sin embargo, fueron los mismos constituyentes independientes, agrupados mayoritariamente en la “Lista del Pueblo” los que obligaron a interrumpir el inicio de la sesión hasta que la policía dejara de atacar a los participantes. Carmen Gloria Valladares, secretaria relatora del Tribunal Calificador de Elección que inició la ceremonia aceptó. “Queremos una fiesta de la democracia y no un problema”. Posteriormente sería aplaudida de pie.

Jornada extensa

Pasadas las 17:30 (una hora menos que en Argentina) aún se seguía el proceso de votación por la vicepresidencia. Todo mientras la luz iba bajando y el frío hacía que los 155 (154 en rigor, ya que Felipe Harboe no pudo asistir por cuarentena) comenzaran a abrigarse. Debido a la obligación de la mayoría absoluta tuvieron que pasar tres rondas hasta que el abogado Constitucionalista e independiente de Convergencia Social —perteneciente al Frente Amplio— Jaime Bassa fuera elegido como vicepresidente por 84 votos después de tres rondas.

En una declaración conjunta Bassa junto a Loncón se despidieron juntos a las 18:49, declarando algo muy importante: este lunes a las 15:30 se estudiará una declaración sobre el camino a seguir, la exigencia de liberar a los presos del Estallido Social (lo que generará controversia ya que no tiene atribuciones para una Ley de Amnistía), reglamento feminista y determinar el formato en que se harán las reuniones (presenciales o telemáticas). Todo entre aplausos.

Una instalación de nueve horas, tan inédita como histórica, con imprevistos y donde la logística ha sido fundamental —oficinas nuevas recién implementadas en el Congreso, transporte para quienes viajan desde regiones, alojamiento—tanto como los pasos a dar, que deberían comenzar con un reglamento que podría tardar meses en tener su versión definitiva. Todo mientras el frío comenzaba a caer en la tarde invernal en Santiago Centro. 

Por Juan Carlos Ramírez Figueroa

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"Nunca imaginé que Brasil fuera a elegir como presidente a un genocida, a un facho".. Imagen: Ricardo Stuckert

El líder del Partido de los Trabajadores tiene decidido viajar a la Argentina este año. Agradece la visita de Alberto Fernández cuando él estaba detenido en Brasil y el apoyo de Cristina Kirchner. Aboga por la unidad de América Latina y está seguro que "Bolsonaro será derrotado por el pueblo". 

 

Lula da Silva aparece en la pantalla del zoom y logra lo que muy pocos: su energía, su carisma, trasciende la distancia. Después de haber pasado 580 días en prisión acusado de corrupción, el ex presidente de Brasil se siente satisfecho porque la Corte Suprema anuló los procesos en su contra y le devolvió todos sus derechos políticos. "Demostré que soy inocente", repite. Está decidido a empezar a recorrer su país a mediados de este mes y advierte que todavía no es  candidato a suceder a Jair Bolsonaro. El líder del PT se aviene a un diálogo con Victor Santa María, coordinador del Grupo Octubre, y con Página 12 en el que confiesa: "Nunca imaginé que Brasil fuera a elegir como presidente a un genocida, a un facho al que no le gustan los negros o los LGBTI, es más, que no le gustan los sindicatos, no le gustan los trabajadores, no le gustan los indios, no quiere preservar nuestra selva amazónica". Lula está agradecido por el apoyo que recibió de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner mientras estuvo detenido. "Quiero visitar la Argentina este año y agradecerle al pueblo", anuncia. 

Se lo ve seguro como siempre, acostumbrado a ejercer el poder y dispuesto a seguir dando batalla. "Lamentablemente acá en Brasil la prensa no se ha preocupado en informar lo sucedido. Se ha preocupado en mentir contra el PT y contra Lula, un manantial de mentiras durante mucho tiempo. Y eso han conseguido: un fascista en la Presidencia de la República", señala, se entusiasma proyectando una "América Latina unida" y remarca que "Joe Biden tiene que entender que América Latina tiene que tener el derecho de crecer". Su fuerza conjura todo resentimiento: "No hay que rendirse jamás. Es necesario luchar para darle al pueblo el derecho de votar con conciencia", destaca y se esperanza porque "el retroceso que nosotros vivimos en América del Sur empieza a ser recuperado con la victoria de Alberto Fernández en Argentina, con el regreso de Luis Arce al Gobierno de Bolivia, con la victoria de Pedro Castillo, en Perú".

Victor Santa María --Tanto Brasil durante su gobierno y el de Dilma Rousseff como la Argentina con Néstor y Cristina Kirchner, y ahora con Alberto Fernández, priorizaron el rol de los trabajadores. Se generaron políticas de Estado que permitieron sacar a muchos de nuestros conciudadanos de la pobreza y de la indigencia. La pandemia hace ahora más difícil la tarea. ¿Cómo hará Brasil para retomar esas políticas?

Lula --Es un gusto enorme hablar con el pueblo argentino a través del diario Página 12. Nosotros vivimos realmente un momento muy raro en nuestra querida América Latina. Siempre digo que tuve el gusto de ser el Presidente de la República de Brasil en un momento en el que América Latina vivía su mejor momento político y posiblemente también el mejor momento de inclusión social, sea en Chile, en Argentina, en Ecuador, en Brasil, en Paraguay y en Uruguay. Un momento excelente en lo que concierne a la inclusión social de 2002 hasta 2014/2015. Tuvimos el problema de la muerte de Kirchner, de la muerte de Hugo Chávez. Tuvimos un golpe de Estado acá en Brasil, la salida de Michelle Bachelet. El golpe en Bolivia. Así es que las cosas han sucedido de una manera muy abrupta y nosotros de alguna manera volvimos hacia atrás. En América del Sur fue un retroceso. Cuando era presidente, tuve una relación con el movimiento sindical brasileño que posiblemente nunca había pasado, yo venía del movimiento sindical. Era una relación de respeto, de comprensión de que no existiría una democracia en Brasil ni en ningún lugar del mundo si el movimiento sindical no era fuerte, si los trabajadores no eran respetados, si no participaban en las mesas de negociación con los empresarios y con el gobierno mismo. En Brasil muchos decían que Lula debiera ir a un campo de golf, ponerse una ropa blanca y aprender a jugar al golf junto con la elite económica brasileña. Nunca lo hice. Durante los ocho años de mandato, cada 23 de diciembre, yo iba a un lugar en San Pablo, abajo de un puente para charlar con la gente que vivía en la calle. Esa política de inclusión y de respeto que tuvimos con el pueblo trabajador creo que nos ha creado realmente un buen escenario. 

--El retroceso ha sido muy significativo ¿cómo imagina la recuperación?

--El retroceso que nosotros vivimos en América del Sur empieza a ser recuperado con la victoria de Alberto Fernández en Argentina, con el regreso de Luis Arce al Gobierno de Bolivia, con la victoria de Pedro Castillo, en Perú. Y poco a poco vamos tratando de mostrarle a la sociedad que la democracia tiene que ser ejercida en toda su plenitud y que sólo tiene sentido si en ella están incluidas las personas más pobres, las más necesitadas.  Le confieso que estoy muy agradecido de la visita que me hicieron en Paraná, en Curitiba, y también agradezco muchísimo la visita que Alberto Fernández me hizo como candidato a presidente. Durante todo ese tiempo que estuve allá, no estaba muy preocupado por mí, estaba preocupado por la situación del pueblo brasileño. Ahora que tengo la libertad, ahora que estoy ganando todos los procesos en la Suprema Corte, ahora que está probada la parcialidad del juez Moro y de los procuradores, que la Suprema Corte me ha considerado otra vez inocente y que puedo participar en un nuevo proceso electoral, estoy muy contento de saber que hay una preferencia de la mayoría del pueblo brasileño en volver a elegir el Partido de los Trabajadores para gobernar este país. Evidentemente tenemos que trabajar. Queda mucho tiempo. Todavía no soy candidato, porque en este momento tenemos que pelear para que haya vacunas para todos, porque la vacuna es lo único que nos va a dar tranquilidad. Estoy luchando para que haya un auxilio. La urgencia ahora es que las personas que están desempleadas tengan qué comer para que haya un auxilio o una ayuda para los pequeños y medianos empresarios, para que puedan seguir adelante con sus negocios. Y después pensaremos sí en la cuestión electoral.

--Brasil ahora está atravesado por el debate en la Comisión de Investigación Parlamentaria (CPI) donde abundan las denuncias contra Bolsonaro por el manejo de la pandemia

--En Brasil, nosotros vivimos una situación muy desagradable. Tenemos un presidente  que no estimula el amor, ni la fraternidad, ni la solidaridad. Lo de él es odio, convocó paramilitares y ahora mismo circula en la CPI un proceso por el genocidio que él ha practicado en la cuestión de la covid19. Aparecen denuncias de corrupción todos los días. Nosotros estamos haciendo una comisión parlamentaria para saber qué es lo que sucedió. Estamos impulsando en el Congreso Nacional con un peso enorme --con muchas entidades-- el impeachment del presidente Bolsonaro. Vamos a ver si la Cámara lo vota porque han dejado de votar 120 pedidos de impeachment contra él. La sociedad empieza a moverse, a manifestarse, empieza también a participar de actos públicos contra el gobierno. Estamos caminando rápidamente para consolidar el proceso democrático en Brasil y hacer que la democracia sea recuperada. La esperanza es lo que nos mueve. 

VSM-En la Argentina, el Estado salió a apoyar fuertemente no sólo a los sectores populares sino también a las pequeñas, medianas y grandes empresas. Durante el 2020, con el aporte del Gobierno se pagó casi el 40 por ciento del sueldo de los trabajadores, se ayudó para que haya créditos, se trató de llevar una mejor conectividad para los chicos que no podían ir a la escuela. Se asistió al sistema de salud, duplicando las camas y creando nuevos hospitales. Se tomaron medidas que calificaron de antipopulares pero para proteger a la gente. Creo que en el mediano y largo plazo eso va a ser muy valorado por el pueblo argentino. Esta pandemia también es una oportunidad para discutir la desigualdad, el pensamiento de aquellos que creen que el éxito es tener mucho acumulado en los bancos y no promover la inclusión y la calidad de vida de los trabajadores. 

Lula --Es un tema que nosotros estamos discutiendo desde el día 12 de marzo del año pasado en Brasil. Tenemos ya quinientos dieciséis mil personas muertas por culpa de la pandemia del coronavirus y son 18 millones de casos. Esto podría no haber pasado si nuestro gobierno hubiese actuado como un gobierno. O sea, en una crisis como ésta, el rol del gobierno es crear un comité de crisis. Eso no ha sucedido. A su vez, Brasil ha tenido oportunidades de comprar vacunas. Al principio, la Organización Mundial de la Salud ofreció 70 millones de dosis y Brasil no quiso comprarlas. Ahora mismo hay una denuncia de corrupción en la compra de vacunas que está en la Comisión Parlamentaria. Vamos a ver cuáles serán los resultados. Hay denuncias aquí en Brasil de que personas ligadas al Ministerio de Salud del gobierno cobraban un dólar por cada vacuna. El hecho de que el Gobierno no cuide del coronavirus, sobretodo cuando llegó por el hecho de que el gobierno no creyó en el virus, lo negó. Decidieron que era un pequeño resfriado, que no afectaría nada.

--Bolsonaro ha sido calificado de genocida por el desmanejo de la pandemia...

--El gobierno ha recomendado medicamentos que no tenían ninguna validez científica para luchar contra la covid. El presidente Bolsonaro pasó a ser el representante de esos medicamentos contra la malaria que no servían contra la covid, los mandó a comprar. El Ejército también produjo millones de cajas de esos remedios sin ninguna utilidad. Todo eso está siendo investigado. Bolsonaro está siendo acusado de genocida porque tiene gran responsabilidad por gran parte de las muertes que podrían haber sido evitadas. No me siento a gusto en decir esto porque no tengo realmente las pruebas acá conmigo. Lo único que tengo, de hecho, son números y los gestos de incompetencia total, de mala voluntad, de mala fe de este presidente en cuidar del pueblo brasileño. Hasta hoy no usa barbijo y sigue mintiendo. Para que se hagan una idea: ha sido creado un observatorio de todas las mentiras contadas por Bolsonaro y han llegado a la conclusión de que Bolsonaro emitió 3151 veces desde que asumió la presidencia, o sea, un promedio de 4 mentiras por día. Yo soy un demócrata. Entiendo que tengamos que tener alternancia de poder, eso es saludable para la democracia. No hay ningún problema que gane a veces la derecha, después la izquierda. Eso está todo bien. Pero la democracia tiene que ser tratada con respeto a las instituciones, con respeto a las diferencias. Nunca imaginé que Brasil fuera a elegir como presidente a un genocida, a un facho al que no le gustan los negros o los LGBTI, es más, que no le gustan los sindicatos, no le gustan los trabajadores, no le gustan los indios, no quiere preservar nuestra selva amazónica. O sea, no tiene ningún límite para la maldad que se le cruza por la mente. Es un presidente que promueve la venta de armas. Libera con decretos leyes para que los brasileños puedan tener 4 o 5 pistolas, rifles y los libros. Tuvimos gobernadores de Brasil que han tratado de tener una política más independiente para cuidar de su pueblo y este presidente los ofende. Después de la Constitución del '88 nosotros no podíamos imaginar que nuestro país elegiría un presidente que es un facho. No imaginábamos que un golpe como el que le sucedió a Dilma fuera posible. Un golpe fascista que ha sido montado por la derecha y por los medios de comunicación y eso ha tirado a Brasil en ese barro en el que está hoy. Bueno, no podemos llorar, no podemos estar lamentando todo el tiempo. 

--Este panorama lo convence de la necesidad de seguir en la pelea política.

--Estoy dispuesto a seguir peleando para ver si conseguimos recuperar la democracia en este país, para ver si conseguimos recuperar el derecho a la libertad sindical, al respeto a los derechos humanos, el respeto a la vida para que las personas puedan trabajar, para que las personas puedan comer. Tengo 75 años pero me siento con una energía de 30. Hoy tenemos el mayor número de desempleados de la historia de nuestro país. Casi 15 por ciento de la población económicamente activa está desempleada, así que tenemos una precarización gigantesca. En Brasil las personas creen que son microemprendedores, cuando en realidad casi que no tienen derechos. Los derechos laborales han desaparecido, están destruyendo todas las conquistas de los trabajadores que tuvimos en la década de 40, en la década del 50, en nuestro gobierno. Tendremos un trabajo enorme para recuperar todo lo que habíamos hecho. Ahora mismo hay un proceso de privatización que está destruyendo a Petrobras, a nuestra industria naval, y están ahora tratando de privatizar también nuestra principal empresa de energía eléctrica, Electrobras, una estatal enorme. Esto es lo único que saben hacer. No estimulan ni usan la palabra desarrollo, crecimiento, empleo, generación de empleo, distribución de renta. No, no, no, no, no hablan de eso. Los distribución de ingresos. Tendremos una tarea enorme, una tarea gigantesca para recuperar a Brasil y hacer que el pueblo brasileño vuelva a tener esperanza, vuelva a sonreír, a trabajar, a que tenga el derecho de desayunar, de almorzar todos los días para que tenga el derecho de entrar en una universidad. Todo esto es lo que nosotros ya hicimos y es todo lo que ellos han destruido. He tenido una reunión esta semana con 52 rectores de universidad de los institutos federales acá en Brasil y lo que ellos cuentan de cómo están desmontando a estos institutos federales. Y ahora tendré una reunión con los directores y rectores de las universidades. O sea, el presupuesto no es ni la mitad de lo que había en nuestra época. En las universidades hay universidades que no tienen plata para pagar la cuenta de luz ¿Qué es esto? 

--La pandemia puso en evidencia la desigualdad del mundo y, particularmente, de la región. Se avizoran replanteos de las relaciones internacionales y cambios en  América Latina, ¿cómo evalúa el escenario?

--No va a tomar mucho tiempo para que Chile se recupere, para que Brasil vuelva a crecer, para que vuelva a ser respetado internacionalmente y para discutir algo que es sagrado para mí: América Latina tiene que comprender que tenemos que ser un bloque. Un bloque que piensa de forma económica, social, que piensa de forma unida. El mundo está dividido en bloques y nosotros no podemos seguir negociando por separado. Argentina unilateralmente con Europa, Bolivia sola,  tenemos que juntarnos. Tenemos que crear un bloque fuerte, como lo estábamos haciendo con la Unasur, para que podamos negociar con la Unión Europea, para negociar con China, para negociar con los Estados Unidos. Vuelvo a soñar con esto y le pido a Dios para que el PT con otras fuerzas democráticas pueda llegar al gobierno. No podemos seguir metiéndonos en estas peleas de Estados Unidos y China. No sé si ustedes percibieron el discurso de Joe Biden para el pueblo americano en el intento de destruir lo que Trump había creado. O sea, Trump fue elegido con el voto de trabajadores que no creían más en la democracia, que estaban desempleados. El discurso de Biden ha sido muy importante para recuperar la situación de credibilidad desde el pueblo americano, reivindicando a los trabajadores. Pero en política exterior Biden sigue conservador, sigue pensando que los Estados Unidos tienen que ser como el farol del mundo, que tienen que luchar contra la corrupción mundial, que ellos van a promover la paz mundial. Biden tiene que entender que América Latina tiene que tener el derecho de crecer. No es posible que en 500 años no tengamos ningún país en América Latina que esté altamente desarrollado. Siempre que hay un gobierno que empieza a mejorar las cosas, aparece un golpe de Estado y cae el gobierno. El continente latinoamericano tiene que desarrollarse. El africano también, de hecho. Y  China puede seguir creciendo. Los americanos también. Pero nosotros también queremos desarrollarnos. Queremos nuestra soberanía. Queremos que nuestros pueblos tengan autodeterminación. Y no veo flexibilización alguna en el discurso americano para América Latina. Es casi como si fuera un discurso de dominación: 'Ustedes no pueden crecer. No pueden tener soberanía. No pueden desarrollarse o cuando empiezan a desarrollarse, mandamos un embajador para organizar golpe de Estado en nuestro continente'¿ Se dan cuenta? Esto no es posible. Yo he vivido el momento más rico de América Latina en el tiempo de la Unasur, en el tiempo de los Kirchner, de Chávez, de Michelle Bachelet. Después con Cristina, Evo Morales, Rafael Correa, incluso compañeros como Toledo o Alan García. Teníamos una relación más latinoamericana. Teníamos una vocación que era más Sur-Sur y eso ha sido desmontado. Ahora tenemos que recuperar eso y por eso me parece que Alberto Fernández está teniendo un rol importantísimo. Veo que la situación está muy difícil. Pero si pudiera darle un consejo le diría: 'Alberto, no desanimes. Es difícil, pero no pierdas la esperanza. Hay que seguir dándole. Cuida de la salud de tu pueblo'.

--Con la premisa del cuidado de la salud como reclamo mundial, se enmarca el pedido de liberar las patentes de las vacunas ¿es posible?

--Escribí documentos con muchos cientistas pidiendo que la vacuna no tuviera una patente, tendría que ser un bien público para que todos tengan derecho a la vacuna. Hemos tenido entrevistas con los Estados Unidos, con los rusos, también con los alemanes, Francia e Inglaterra, dos entrevistas con los chinos también, pidiéndoles a los presidentes que transformen a la vacuna en un bien público.  La vacuna no es para enriquecer laboratorios. Es para salvar a la humanidad. Y los países ricos tienen que ayudar, financiar para que los países pobres reciban la vacuna en cantidad suficiente para garantizarle al pueblo el derecho de ser vacunado, que es la única garantía que tenemos de escapar del covid 19. Es una lucha muy difícil, extremadamente compleja, y le puedo decir que los trabajadores brasileños están viviendo un momento dificilísimo. Le estoy dando esta entrevista y media hora antes de empezar. Estaba reunido con el presidente de la central única de los trabajadores de Brasil, el equivalente a la CGT, y con los metalúrgicos de San Bernardo --un sindicato del cual fui presidente-- y discutiendo la situación y la situación, me cuentan ellos, no es buena. Vamos a tener que pelearla con todo para recuperar el placer que teníamos de ser brasileños, el placer que teníamos de creer en la democracia, y el placer que teníamos de creer en el futuro y estar llenos de esperanza.

--Hacía referencia a que Bolsonaro ha dicho cuatro mentiras promedio por día desde que es presidente. Teniendo en cuenta su propia experiencia,¿cómo ve el rol de los medios de comunicación en esa construcción de sentido común que hace que se crean determinadas mentiras que, en definitiva, terminan atentado contra la propia democracia? 

--Algo grave sucede en Brasil. Normalmente a los dueños de los medios de comunicación no les gusta cuando nosotros decimos que ellos no son democráticos. Evidentemente, a Clarín, por ejemplo, no le gusta cuando alguien dice que tiene un pensamiento de derecha. Hizo mucha oposición a Cristina, a los Kirchner y está haciendo seguramente mucha oposición a Alberto Fernández. Pero me parece que aquí en Brasil tenemos que tener conciencia que el odio que apareció en Brasil y la elección de Bolsonaro, se deben al comportamiento de la prensa.En su actitud de negar a la política, cada vez que uno niega la política, lo que viene después es peor, porque no hay salida para la democracia, sin el conflicto y la disputa política entre las partes organizadas de la sociedad, que son los partidos políticos para gobernar un país y que haya alternancia de poder. En Brasil ha sido vendido el odio contra el PT, han distribuido un manantial de mentiras. Nunca hubo en la historia de la democracia de América Latina la cantidad de falsas acusaciones contra un ser humano como lo que sucedió contra mí. Y yo quise pelear. Podría haber salido de Brasil, pero no quise. Decía: 'Voy a conseguir derrotarlos porque estoy seguro de mi inocencia'. Gracias a Dios, con el apoyo sobretodo de muchos argentinos y también de mucha gente que hacía esta vigilia en las puertas de la Policía Federal. Eso fue algo extraordinario. Nunca sucedió en ningún otro momento, que tanta gente estuviera quinientos ochenta días durmiendo con sol, con lluvia en la puerta de la Policía Federal gritando ¡Buenos días, Lula! ¡Buenas noches! ¡Buenas tardes, Lula!. La solidaridad internacional de políticos, de artistas, de cantantes, todo eso me ha ayudado muchísimo a tener fuerzas para probar mi inocencia. Qué bueno que todo esto sucedió. Muchos creen que fue la denuncia del hacker que se publicó en The Intercept Brasil, pero esto ya estaba desde 2016 en mi defensa, todo eso que apareció después ya estaba. En un momento me proponen una especie de tregua, me dicen que vaya a casa, yo dije no. No voy a cambiar mi dignidad por mi libertad, soy inocente. Hoy estoy contento porque los que están cabizbajos son los que me han acusado. Yo estoy con mucho respeto, sin odio, sin rabia, tratando de disputar las elecciones para presidente. Todavía no he decidido. Si tengo que disputar, voy a hacerlo para ganar las elecciones. Lo que no quería el presidente era ir con tobilleras electrónicas a su casa. Entonces, lamentablemente acá en Brasil la prensa no se ha preocupado en informar lo sucedido. Se ha preocupado en mentir contra el PT y contra Lula por mucho tiempo. Y eso han conseguido: un fascista en la Presidencia de la República.

VSM --La palabra que atraviesa la historia de Lula y su presidencia --como la de Dilma-- es dignidad. Los brasileños sintieron esa dignidad, el orgullo por estar insertos en el mundo con dignidad. Nos sentíamos orgullosos de ese país que crecía hacia afuera y hacia adentro. Como usted repite, con la gente que desayune, almuerce y cene. Con los trabajadores como centro, orgullosos de pertenecer a la mano de obra de un país que se siente orgulloso y digno. Pasaste por la cárcel con dignidad y ahora se presenta el desafío del futuro. ¿Cómo ve la relación con los trabajadores, con los movimientos sociales? Un presidente, como dice, que es un facho pero que tiene todavía un paoyo del 20 por ciento en los sectores populares ¿cómo va a avanzar esa película?

Lula --Yo he sido dirigente sindical durante mucho tiempo. Gran parte de mi vida ha estado ligada a movimientos sociales. Hay momentos que nosotros tenemos más dificultad para organizar, sobre todo en épocas de desempleo. Tenemos más dificultad de organizar a los trabajadores porque los trabajadores están preocupados en no perder su puesto de trabajo. Nosotros hemos tenido dificultades y esa es la verdad, sobre todo con la pandemia. El movimiento sindical se está despertando, los ámbitos sociales, los movimientos de los sin techo, los movimientos por vivienda, por salud, se están uniendo y se están organizando. Y la gente está en las calles. Hubo ya cuatro manifestaciones. Tendremos otras y a partir del día 12 o 14 de julio o por ahí empezaré a hacer un viaje por Brasil para charlar con el pueblo. Me tengo que cuidar. No quiero ser contradictorio. Le pido a la gente que se cuide. No puedo promover aglomeraciones, pero voy a tratar de encontrar la manera de viajar. Voy a adelantar algo. Pretendo este año ir a la Argentina. Una visita de agradecimiento al pueblo argentino, agradecimiento al comportamiento de Cristina y su solidaridad y, sobre todo, al comportamiento y actitud de Alberto Fernández.  Quisiera tomar un mate, un café con el presidente Alberto Fernández y otros compañeros con los cuales tengo tanta amistad. Argentina es un país por el cual tengo un cariño enorme. Soy un brasileño que admira incluso a Diego Maradona. Lo que me hacía admirarlo no era solamente ese gran jugador de fútbol que era, lo que me gustaba de Maradona es que él tenía esa dignidad política. Él no tenía vergüenza de decir a quien admiraba, quien le caía bien, él lo decía. 

--¿Cree que el neoliberalismo no podrá mantenerse en el poder?

--Estoy bien y creo que la derecha va a perderla. Creo que Bolsonaro será derrotado, no por Lula, ni siquiera por otro candidato, Bolsonaro será derrotado por el pueblo brasileño que lo va a sacar, porque queremos paz, queremos tranquilidad, queremos trabajar, queremos buenos salarios, queremos cultura, queremos deportes, queremos volver a desayunar, tomar café, queremos un lindo ocio, estar siempre con la familia, estar juntos sin preocupaciones tan grandes como las que vemos. Sólo hay una explicación para que esté sucediendo lo que me está pasando: está Dios, está la mano de Dios ayudándome, guiándome para que pueda mantener la calma, para que tenga la paciencia necesaria, para que no esté tomado yo por el odio que todo esto genera cuando uno tiene odio no está bien, no duerme bien. Uno no come bien, no digiere bien. Hay un malestar que sigue estando. Sé que es muy importante valorar el don de la vida. Esta es la cosa más sagrada que nosotros hemos recibido. Y por eso más allá de momentos de confusión para la sociedad hay que creer siempre que mañana será mejor.

VSM --Sus palabras me recuerdan siempre a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo que nunca buscaron venganza. Reclaman por sus hijos y nietos desaparecidos siempre con una misma consigna: Memoria, verdad y justicia. Un eje que guía su historia también. Será un orgullo recibirlo en la Argentina. Cuando en 2012 inauguró acá junto a Cristina nuestra univesidad, la UMET, dijo: 'Dénle una oportunidad a los trabajadores y ellos sabrán aprovecharla'. Y ése es nuestro orgullo también, mejorar la calidad de vida de nosotros como trabajadores, de la salud, de la educación. La alegría de verlo como, dice, "con la energía de un pibe de 30", con el amor por su pueblo y sin el odio que es tan dañino. No le voy a preguntar por la Copa América porque la final seguramente será entre Brasil y Argentina. Esperemos que se dé con total normalidad. 

Lula --Quisiera decirle a través de Página 12 una cosa que me parece muy importante al pueblo argentino. Mi indignación es que no existe ninguna razón para que la Argentina, que ha sido la quinta economía mundial, que que tiene un poder y capacidad productiva intelectual muy grande, tenga tanta gente ahora mismo pasando hambre. No es posible que Brasil, que ya fue la sexta economía mundial que casi había erradicado el hambre en 2012 tenga hoy tanta gente con hambre. Es muy importante, que podamos comprender que hay una élite económica en nuestros países, una clase empresarial, hay una clase que representa al sector financiero, que no tiene ninguna preocupación por la solidaridad. No es posible que haya un solo argentino o brasileño pasando hambre. Son dos países enormes, extraordinarios productores de alimentos para todo el planeta. Argentina se estaba recuperando en el tiempo de los Kirchner, entonces eligieron a un liberal y mira lo que pasó. En poco tiempo ha creado una deuda interna gigantesca. Y ahora Alberto Fernández está teniendo que pagar. Es importante que la sociedad perciba que cuando nosotros ganamos las elecciones, sea cual fuere el candidato progresista como Alberto, que ganó en Argentina, es necesario un tiempo para que podamos recuperar y poner al país en la normalidad de vuelta. Es necesario y quisiera que ustedes le transmitan por favor a Alberto Fernández y al pueblo argentino mi solidaridad. Las personas que crearon la deuda con el FMI están acusando a Fernández ahora, siempre es así. Siempre es así. Esos palos en la rueda, las personas que han robado han acusado al PT ¿ Quiénes son? Es necesario que tengamos una noción política clara de lo que está sucediendo para que no perdamos la esperanza, para que no estemos describiendo cosas equivocadas. Siempre los ricos se ponen como dueños de la prensa, de los medios de comunicación y acusan a las personas que quieren hacer política social en nuestros países. Le quisiera decir entonces que deseo que el pueblo argentino sepa bien quién causó daños a Argentina, quién está trabajando realmente para recuperar a la Argentina de la misma forma que vale para nosotros en Brasil. Cuando lleguemos a la Presidencia de la República de este país cuando se elija a un candidato progresista en Brasil, el que llegue va a encontrar a Brasil en una pésima situación económica, va a ser necesario recuperar y eso tarda. Al compañero Alberto Fernández también fuerza. No pierdan la esperanza. Nunca, nunca desistan de la única lucha que perdemos que es la lucha que no hacemos. No hay que rendirse jamás. Es necesario luchar para darle al pueblo el derecho de votar con conciencia. En Brasil, en Argentina y en América del Sur. 

--Los esperamos con Rosángela da Silva para la luna de miel en Bariloche.

--Vamos a ver, veremos, veremos. 

 

Por Nora Veiras

04 de julio de 2021

Publicado enPolítica
Cumbre de los dueños de la alimentación

No podemos vivir sin comer. Los alimentos y todo lo que les rodea están en la base de la vida de todas las personas. Por ello controlar ese mercado es un objetivo fundamental de las empresas trasnacionales. Al día de hoy, cuatro o cinco grandes empresas de agronegocios controlan más de la mitad del mercado global en cada eslabón de esa cadena industrial. Con la pandemia aumentó explosivamente la entrada de las gigantes tecnológicas y de comercio en línea, lo cual ha cambiado las estructuras de producción y quiénes controlan a productores y consumidores. Para legitimar este asalto digital y biotecnológico a nuestra comida y sentar nuevas normativas internacionales (leáse evitar regulaciones y control públicos), se concibió la llamada Cumbre de Sistemas Alimentarios, a realizarse en septiembre de 2021.

Aunque se presenta como una cumbre de Naciones Unidas, fue una iniciativa del Foro Económico Mundial (Foro de Davos en lenguaje popular, donde convergen las mayores empresas trasnacionales). António Guterres, secretario general de la ONU, anunció en 2019 su realización antes de que los propios órganos de Naciones Unidas relacionados a agricultura y alimentación –como FAO y el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial– supieran de ésta. Pese a ser “oficial”, esta cumbre será un evento “público-privado”, donde el sector privado tiene más participación e influencia que los coorganizadores de Naciones Unidas (https://tinyurl.com/cd7rhptb).

La comida no es sólo nutrición, es además un pilar esencial de la organización de las sociedades y las culturas. Durante más de 99.9 por ciento de la historia de la humanidad los alimentos, la forma de obtenerlos, producirlos y procesarlos ha sido diversa y descentralizada según geografías y culturas, basada en sistemas locales y, en su vasta mayoría, sustentable social y ecológicamente. El capitalismo y su Revolución Verde (paquete tecnológico de semillas híbridas y transgénicas, maquinaria pesada, agrotóxicos y fertilizantes sintéticos) junto a la globalización impuesta, logró dañar en algunas décadas parte de esa realidad milenaria, con una industria alimentaria basada en el lucro, en la uniformidad genética de plantas y animales, groseramente quimicalizada –agrotóxicos, conservantes, saborizantes, espesantes, colorantes, etcétera–, con cada vez más elementos sintéticos y artificiales. Industria que es también uno de los mayores factores de contaminación de suelos, agua y tierra y causante del cambio climático. Adicionalmente, también es el mayor factor de producción de epidemias y pandemias (https://tinyurl.com/1lydnlmh).

Es uno de los 10 mayores mercados industriales globales, lista en la que ha ocupado entre el primero y séptimo lugar en la década pasada. Esto pese a que esa contabilidad sólo toma en cuenta la industria y apenas parcialmente los alimentos que provienen de redes campesinas, pesca artesanal, huertas urbanas y recolección tradicional, que son quienes proveen alimento a 70 por ciento de la población mundial. (https://tinyurl.com/fjx7hm)

Desde hace pocos años, las gigantes de tecnología digital y de plataformas de venta en línea (como Google, Facebook, Amazon, Microsoft, etcétera) han entrado en la agroalimentación. Han introducido programas de control digital del agro (ofertados por las empresas de agronegocios y maquinarias en sociedad con las tecnológicas) y diversos instrumentos para ello, como drones y sensores, a la vez que expanden y controlan las ventas en línea, tanto entre empresas como a consumidores (https://tinyurl.com/zw2xksxz).

Por todo ello, más allá de la retórica, los principales objetivos de esta Cumbre de Sistemas Alimentarios son: a) La promoción y avance a gran escala de la industria agroalimentaria digital o “Agricultura 4.0”, con nuevas biotecnologías, sistemas informáticos, extracción y acumulación masiva de datos del campo, de ecosistemas y de nuestras conductas alimentarias; b) establecer sistemas de gobierno alternativos sobre agroalimentación, donde las empresas tengan el papel principal junto a algunos gobiernos: “sistemas público-privados”, marginando incluso a Naciones Unidas y buscando eliminar a las organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres, trabajadores, que no puedan cooptar; c) establecer nuevos conceptos como “producción positiva a la naturaleza”, para conseguir subsidios y cooptar producción orgánica si les sirve para el lucro, y otros como “soluciones basadas en la naturaleza” que es una cobertura para abrir nuevos mercados de carbono en agricultura y mercados de “compensaciones” por destrucción de biodiversidad.

La Vía Campesina y la vasta mayoría de movimientos campesinos, ambientalistas, de agroecología, de mujeres y pueblos indígenas de todo el mundo rechazan esta cumbre y se han propuesto desmantelar las mentiras y maniobras que entraña (https://tinyurl.com/4atvcnf4).

Más graves aun cuando el mundo sigue en pandemia y el sistema agroalimentario industrial que pretende avanzar la cumbre es uno de los factores clave en la generación de epidemias. Por ello, realizarán una contracumbre a finales de julio, donde una gran diversidad de organizaciones y comunidades presentarán las realidades y propuestas que necesitamos para alimentar a todo el mundo, con justicia y cuidado del medio ambiente.

  • Investigadora del Grupo ETC
Publicado enMedio Ambiente
Oportunidades, espejismos y bloqueos de la renta básica universal

América Latina no aparece como un escenario propicio para avanzar en una renta básica universal. En parte, esto ocurre por las herencias institucionales de sistemas de protección social fragmentados, por el corporativismo sindical y por los consensos en torno de transferencias monetarias focalizadas y condicionadas. Si bien la pandemia de covid-19 ha impulsado ayudas estatales, estas pueden terminar potenciando las vulnerabilidades de la estructura social y los déficits de los sistemas de protección social.

 

Introducción

La pandemia de covid-19 está generando en América Latina una triple crisis combinada y asimétrica: sanitaria, económica y social1. La crisis sanitaria deriva en crecimiento (muchas veces exponencial) tanto de casos de covid-19 como de situaciones críticas y muertes en exceso derivadas de la pandemia. Aquí, la asimetría se manifiesta en las diferentes tasas de contagio y letalidad para grupos de población con distinto acceso a cuidados preventivos y terapéuticos.

La crisis económica surge de un doble shock de oferta y demanda que golpeó sobre economías que ya venían de procesos de estancamiento y desbalances macroeconómicos y financieros. Sobre este escenario se aplicaron las políticas de cierre de la actividad económica y movilidad para combatir la pandemia, las cuales tuvieron un impacto asimétrico sobre la heterogénea estructura productiva de la región. A las medidas internas, se sumó la caída del comercio internacional para países fuertemente dependientes de la exportación de materias primas2

La crisis social se desató sobre una de las regiones más desiguales del mundo y los problemas son acumulativos: reducción de la circulación de personas y mercaderías, caída del empleo y los ingresos, cierre de servicios públicos claves como las escuelas y otros centros educativos, etc.3. Los efectos negativos en las condiciones de vida de la población son más intensos en los grupos informales de bajos ingresos, junto con aquellos que sufren déficits habitacionales y de acceso a servicios públicos básicos. Además, la población más vulnerable no dispone de estabilizadores automáticos (por ejemplo, seguro de desempleo), ni de acceso a la seguridad social, ni de ahorros previos, por lo que tendrá mayores dificultades para recuperarse y regresar a sus ya precarias actividades previas al shock.

En este contexto, tres elementos definen la posibilidad de avanzar en un modelo de protección social universalista e incondicional, que incluya una política de renta básica universal: (a) la naturaleza del vector de riesgo; (b) la estrategia epidemiológica para enfrentarlo; y (c) la profunda vulnerabilidad de la estructura social en la región. 

El vector de riesgo se deriva de un virus de alta capacidad de contagio y moderada pero rápida letalidad, sin tratamientos claros. Estas características potencian la importancia del acceso a bienes públicos y de la regulación de externalidades, al tiempo que limitan (aunque no suprimen) la posibilidad de las elites de aislarse. La falta de adecuado acceso a la salud, saneamiento, viviendas básicas y sistemas de aseguramiento colectivo define una fuerte externalidad negativa, que incrementa el riesgo agregado para toda la población de las medidas adoptadas (necesidad de movilidad, imposibilidad de sostener formas mínimas de distanciamiento y confinamiento parcial o total). 

En segundo lugar, la estrategia de lockdown y cuarentena hace que de las cuatro esferas que producen y asignan bienes y servicios (mercado, Estado, familia y comunidad)4, una desnude sus fuertes limitaciones y las otras se vean jerarquizadas; esto contrasta con lo sucedido en los últimos 40 años en la región. Así, el papel del mercado y su capacidad de resolver eficientemente la asignación de recursos y la coordinación de agentes se ven cuestionados tanto por la naturaleza del vector de riesgo como porque la estrategia epidemiológica limita su funcionamiento. En contraste, frente a la estrategia epidemiológica adoptada, se revalorizan: (a) el Estado como mecanismo vinculante en la extracción y asignación de recursos y la coordinación de agentes; (b) las familias como forma básica de producción de aseguramientos y pooling de recursos; y (c) la comunidad como espacio potencial de solidaridad y formas no mercantilizadas de intercambio.

La pandemia, con variaciones por país, afectó no solo a la amplia población que ya carecía de acceso a condiciones básicas de vida, sino también a grupos muy «vulnerables» a cambios mínimos en su forma de vida; otros, aun cuando tienen capacidad de respuesta en el corto plazo, no podrán sostenerla si la situación se extiende en el tiempo. Es que las vulnerabilidades ante shocks externos no son un rasgo coyuntural sino estructural de América Latina. La magnitud y profundidad del shock pueden ser coyunturales, pero la precariedad de aseguramientos y de acceso a bienes colectivos es estructural. América Latina ya mostró y muestra una estructura social altamente vulnerable a los shocks idiosincráticos o vitales propios del ciclo de vida de las personas (enfermedad, vejez, desempleo, etc.).

El desafío que enfrenta la región en materia de ingresos y bienestar es por tanto triple: elevar a aquellos sectores con déficits extremos antes de la pandemia, evitar la caída de sectores afectados por sus efectos y garantizar tasas razonables de reemplazo de ingresos a sectores medios-bajos que sufran pérdidas de empleo y salarios. Atender este desafío es imprescindible para otorgar certidumbre intertemporal y evitar un sobreajuste negativo del consumo y de la demanda agregada. A nuestro modo de ver, la solución más directa a este triple desafío es una política de renta básica universal financiada con una reforma fiscal progresiva, junto con el fortalecimiento y la ampliación del acceso a bienes y servicios públicos de toda la población5.

Así como, a finales del siglo xix e inicios del siglo xx, el descubrimiento de vectores epidemiológicos derivó en una gran inversión en materia de salud pública, sería deseable que la pandemia actual promoviera modelos de universalismo incondicional, tanto en la transferencia de ingresos como en el acceso a bienes y servicios públicos colectivos. Los efectos de la pandemia demuestran que esto es necesario no solo por razones de derechos o equidad social, sino también por razones de eficiencia y eficacia.

En contraste, lo que hasta aquí predomina en la región son estrategias que repiten la naturaleza estratificada, segmentada y excluyente de los sistemas de protección social y que abordan en forma precaria el fortalecimiento de servicios públicos y colectivos claves. Pese al fracaso de estas estrategias tanto en la «normalidad» previa como frente a las necesidades derivadas de la crisis de covid-19, en la región persiste un abordaje fragmentado, temporal, paliativo y de baja inversión en bienes públicos y de mérito. 

Esto se observa junto con una retórica oficial y oficialista que pretende que los programas implementados abrevan en el espíritu de la renta básica universal. Pero hasta aquí se trata solo de una retórica reiterada y exacerbada por el drama desatado por la pandemia. Un modelo de universalismo ciudadano incondicional se sustenta en tres pilares que la región nunca ha construido y que siguen sin plantearse con claridad conceptual y temporal en la crítica coyuntura actual: una fiscalidad progresiva estable, una garantía de renta universal, incondicional y permanente, y una matriz robusta de bienes públicos y de mérito de larga duración.

 

Rasgos estructurales de los sistemas de protección social en América Latina

 

Los sistemas de protección social en América Latina se desarrollaron de manera fragmentada, con instituciones que establecen límites a la expansión de la cobertura y un desigual acceso a los beneficios para los distintos grupos de población. La incorporación a las instituciones de protección social no siempre es por derecho de las personas, sino más bien por selección de grupos de población por parte de las autoridades políticas. Se observa así una evidente tensión entre un discurso universalista de reconocimiento de derechos sociales igualitarios y una práctica particularista que segmenta a la población en grupos gestionados de manera desigual6.

En parte, esta tensión se debe a que la región nunca logró replicar las formas de organización económica y social de los Estados de Bienestar maduros, ya sea en sus niveles de industrialización y formalidad salarial o en los modelos familiares nucleares «tradicionales». Pese a que América Latina no completó nunca la industrialización ni la primera transición demográfica, el nuevo milenio encuentra a buena parte de la región embarcada en procesos propios de la sociedad postindustrial y de la segunda transición demográfica. Estos procesos, combinados con regímenes segmentados y particularistas de protección social, amplían la vulnerabilidad social de gran parte de la población tanto en la «normalidad» de la reproducción social como frente a shocks externos inesperados.

La elevada presencia de la economía informal es uno de los rasgos sobresalientes. No se trata de un problema aislado que merece un trato especial, sino de un particular modo de regulación de la economía y de gestión política de la población subordinada que no se ha podido superar en las fases cíclicas de crecimiento económico. En América Latina, el mercado laboral es un espacio de desigualdad social que se proyecta a otros espacios sociales y al sistema de políticas públicas. Las evidencias históricas permiten afirmar que en la región no es posible: (a) obtener el ideal de pleno empleo para toda la fuerza laboral; (b) cumplir con los imperativos que el sistema capitalista impone al contrato laboral como mecanismo de asignación de empleos disponibles y distribución equitativa del ingreso; (c) alcanzar una cobertura universal e igualitaria con las políticas actuales de protección social.

Pese a ello, las instituciones sociales continúan organizándose con reglas que buscan preservar la primacía distributiva del mercado laboral y que tratan la pobreza y la exclusión social como cuestiones residuales. Por el contrario, la pobreza y la marginalidad no son derivados de pérdidas circunstanciales de ingresos por crisis cíclicas o reconversiones productivas, sino problemas estructurales resultantes del modo de funcionamiento tanto del mercado laboral como de las instituciones de protección social.

 

Los sistemas de seguridad social contributiva: exclusión, estratificación y sostenibilidad

 

Los mercados laborales segmentados por productividad, tamaño y capacidad regulatoria del Estado limitan los niveles de cobertura de los seguros sociales y excluyen a los grupos más vulnerables de la población. Así, los sistemas de seguro social contributivos registran en la región tres rasgos característicos: déficit de cobertura, marcada estratificación y déficits de sostenibilidad demográfica y fiscal. 

En la práctica, los seguros sociales se encuentran estratificados por niveles de ingresos y estabilidad laboral; así, quienes más requieren de aseguramiento social son quienes menos acceden, y cuando acceden, lo hacen en condiciones más precarias. Por ejemplo, las tasas de reemplazo de jubilaciones y pensiones contributivas suelen favorecer a los grupos de altos ingresos y a los empleados públicos, mientras que son muy bajas para trabajadores independientes, rurales o domésticos. Además, amplios grupos de población no tienen cobertura de pensiones ni de desempleo, licencias o enfermedades. 

Pese a que cubren solo a una parte de la población, los seguros sociales contributivos requieren de subsidios desde rentas generales por sus bajas tasas de sostenimiento y crecientes déficits financieros. En este contexto, los subsidios profundizan la desigualdad regresiva. Por ejemplo, es común observar que gran parte de los ingresos por rentas generales que financian los seguros sociales proviene de impuestos regresivos como el iva, cuando gran parte de la población más pobre no tiene cobertura. Además, los propios aportes a la seguridad social son raramente progresivos.

Lo anterior favorece la defensa de una renta básica universal financiada a partir de rentas generales, que opere como crédito fiscal en un impuesto progresivo a los ingresos (rentas) personales y al capital. Esto no solo garantizaría una cobertura universal de transferencias de ingresos, sino que otorgaría a tales transferencias un sesgo progresivo, frente a la regresividad de los sistemas actualmente vigentes.

Los programas de transferencias de ingresos no contributivos en América Latina: insuficiencia, focalización restringida y transitoriedad

Para la población excluida de los seguros sociales, en la región se han diseminado múltiples programas de transferencias condicionadas de ingresos. Estos programas se piensan como compensatorios de la situación de pobreza y suelen tener en cuenta al grupo familiar en su conjunto7

La focalización y las condicionalidades pretenden «no dar dinero a quien no lo necesita», porque se supone que de otro modo se afectarían los incentivos para la oferta laboral en el mercado de empleo. Si bien estos programas ayudan a los sectores más desaventajados, son débiles para promover la salida de la pobreza y para construir canales de movilidad social8

La concepción vigente relega dos funciones centrales de los sistemas de protección social: (a) su rol preventivo y asegurador frente a contingencias que afectan al conjunto de la población y (b) su rol integrador de partes desiguales en instituciones igualitarias. Así, los programas de transferencias condicionadas de ingresos no resuelven problemas de cobertura, no promueven movilidad social ni remueven la segmentación desigual de la política pública. 

En la práctica, demuestran que el objetivo de garantizar una renta básica permanente y que actúe como política preventiva de situaciones de carencia no puede lograrse con tecnologías focalizadas. Con la concepción y los programas actuales tampoco puede garantizarse la efectiva realización de los derechos sociales consagrados formalmente en las constituciones y leyes de los países de la región. 

La universalidad incondicional es lo que garantiza que los más vulnerables estén colectivamente representados e integrados a otros grupos de la población. Los derechos sociales son derechos colectivos que, en gran medida, se hacen efectivos al permitir el acceso a bienes y servicios (medicamentos, servicios, transferencias de dinero, etc.). Por ser derechos colectivos, no pueden operarse conforme a las características y condiciones individuales: pobre, viejo, madre, trabajador formal, etc. No es posible hacer efectivos derechos colectivos con programas segmentados según características particulares de cada persona o grupos.

Los derechos sociales se conforman sobre la base de certezas sobre riesgos sociales que involucran a toda la población. Lo contingente es la oportunidad y el lugar donde se manifiestan esos riesgos sociales, pero no el derecho de todas las personas a la cobertura; y la responsabilidad de la cobertura es de toda la sociedad. Cuando los riesgos se individualizan, se abre la puerta para que esta se desligue de esa responsabilidad transfiriendo el problema al mercado, grupo familiar, comunidad, etc. Los derechos sociales son derechos colectivos sobre los recursos comunes de la sociedad. 

Los actuales programas no otorgan derechos sobre los recursos colectivos, sino que confrontan situaciones personales para que el poder político decida qué hacer. No son las personas quienes tienen autonomía y poder para reclamar derechos; son los Estados los que tienen poder para actuar sobre las personas. Los programas de transferencias condicionadas y las pensiones no contributivas son una referencia ineludible al momento de pensar la renta básica universal en la región. Algunas cuestiones parecen claras: (a) en la región están legitimadas transferencias no contributivas dirigidas a la niñez o a los adultos mayores sin acceso a pensiones contributivas; (b) esas transferencias son condicionadas a distintos modos de evaluar niveles de ingresos familiares y personales; (c) los beneficios pagados son menores y las condiciones de acceso más exigentes que las que pesan sobre grupos de personas en mejores condiciones de ingreso y bienestar. 

Estas reglas operativas no son consistentes con las de la renta básica, por lo que no puede pensarse que la propuesta tenga hoy una base sólida en la región pese al creciente debate. La renta básica no es cualquier política de transferencias de ingreso y las actuales políticas en cierto modo distorsionan y desplazan el debate porque se argumenta que «ya existe algo similar». 

Así, se encierra el debate de la renta básica en el estrecho campo de la gestión administrativa de una política asistencial, y no se comprende su alcance transformador del funcionamiento del sistema económico y social en su conjunto. Y los programas aplicados para responder a la pandemia han seguido esta matriz.

 

Vulnerabilidad social y respuestas sociales ante la pandemia: luces y sombras

 

En los primeros 14 años del inicio de siglo, con variantes por país, América Latina registró un proceso de reducción de la pobreza y de la pobreza extrema; sin embargo, a partir de 2015, ese proceso se estanca y empieza a revertirse en 2018 y 2019. Además, al inicio de la pandemia de covid-19, 25% de la población se encontraba en situación de muy alta vulnerabilidad, con ingresos de entre 1 y 1,8 líneas de pobreza. Cuando se considera a las tres categorías en su conjunto –extrema pobreza, pobreza y estratos bajos no pobres–, un solo país de la región registra un valor por debajo de 20% de la población y la mayor parte presenta valores por encima de 50% de las personas en las tres categorías mencionadas (v. gráfico). 

Lo anterior es suficiente para advertir sobre los impactos de un shock como el derivado de la estrategia epidemiológica frente al covid-19 en los niveles de pobreza de la región. La evidencia advierte que, de prolongarse los confinamientos y lockdowns, la pobreza podría aumentar mucho más. La permanencia en el tiempo de estas estrategias sugiere que, para la población en situación de pobreza –y más aún en extrema pobreza–, puede implicar una crisis humanitaria de proporciones impensadas hace tan solo unos meses. 

Si bien las estrategias de los gobiernos para enfrentar los efectos económicos y sociales de las medidas de contención epidemiológicas han sido muy variadas, pueden identificarse ciertas acciones comunes dirigidas a las familias y empresas, que agrupamos en cinco formas diferentes. Entre las dirigidas a las familias, tres son acciones directas de transferencias monetarias o distribución directa de alimentos u otros bienes a los hogares, incluyendo aquellas tendientes a evitar situaciones de extrema vulnerabilidad (población en situación de calle) o de necesidad de movilidad para quienes son parte de la población con alto riesgo clínico (adultos mayores). Otras dos se ubican en el plano de las exoneraciones, condonaciones o suspensiones de eventuales cortes de servicios públicos por falta de pago, así como de garantías de acceso a vivienda o habitación cuando no se tiene su propiedad. En forma más indirecta, pueden identificarse un conjunto de exoneraciones, subsidios y créditos orientados a empresas y que procuran sostener la actividad y el empleo. La tabla de la página siguiente ilustra estos diversos tipos de acciones.

Más allá de estas acciones, que representan magnitudes de gasto y esfuerzos importantes, se observan elementos comunes que reflejan los problemas estructurales de los sistemas de protección social de la región. Las acciones de los gobiernos frente a la emergencia registran déficits en cuatro parámetros básicos: timing (son lentas respecto al confinamiento), cobertura (son fragmentadas e incompletas), suficiencia (los valores de las transferencias son marginales) y lapso (están acotadas a la emergencia aguda, sin considerar una duración más larga y efectos intertemporales). 

Estos déficits reflejan las señaladas características de los modelos de protección social de la región: paliativos ante el daño antes que preventivos, con déficits severos de cobertura, con esfuerzos fiscales insuficientes y acotados en el tiempo. A lo anterior se suman los déficits estructurales en la provisión de bienes públicos y bienes colectivos (infraestructura urbana, acceso a servicios públicos básicos, saneamiento, acceso a la salud, seguridad), que obviamente no pueden resolverse en el corto plazo y muestran de forma cruda sus debilidades ante la emergencia sanitaria y las estrategias de confinamiento.

En síntesis, la respuesta regional frente a la pandemia fue importante, pero reprodujo el adn de sistemas de protección social fallidos y bienes y servicios públicos frágiles. En general, se considera el covid-19 como un shock exógeno agudo que desaparecerá y al que se culpará por los problemas remanentes y de larga data; lo cierto es que la pandemia y las acciones aplicadas para combatirla ponen en evidencia los profundos déficits estructurales de los sistemas de protección social en la región. El shock es muy agudo, pero no es autocontenido en lapsos temporales cortos; tampoco creó la vulnerabilidad social generalizada, sino que desnudó los déficits estructurales y sus consecuencias más agudas.

 

Posibilidad o espejismo para la renta básica universal y los bienes públicos en la agenda regional

 

Del análisis previo, surge que no es claro que el actual escenario en América Latina sea favorable a la implementación de una renta básica, como así también que serían deseables reformas orientadas por sus principios de organización. Existen bloqueos estructurales que el escenario de pandemia ha expuesto crudamente. Las posibilidades de la renta básica en la región dependen de la superación tanto del déficit de bienes y servicios públicos y de mérito como de la transformación de las concepciones que sostienen las actuales políticas de transferencias monetarias focalizadas y condicionadas. En otras palabras, de la revisión del conjunto de la arquitectura de los regímenes de protección social, tanto de su base fiscal como de las instituciones que proveen bienes y servicios colectivos y transferencias monetarias contributivas y no contributivas. 

Parte de la explicación de los bloqueos está en las herencias institucionales de los sistemas de protección social de la región, como así también en las percepciones morales de la ciudadanía, en general, y de las elites con peso político en particular. Son fuertes las preferencias por estructuras institucionales basadas en las posiciones desiguales en el mercado laboral, las condicionalidades punitivas que exigen contrapartidas a las personas, la separación institucional entre políticas contributivas y no contributivas, etc. El eventual apoyo de los partidos políticos a propuestas como la renta básica también está permeado por estas preferencias. En general, se observa que aquellas políticas con mayor espacio para el ejercicio del control político sobre las acciones de las personas son las que logran mayor consenso.

En el caso de los sindicatos, la propuesta no termina de ser digerida por una tradición corporativa y proclive a sostener la fragmentación institucional que emerge del mercado laboral. La idea es que el derecho a una renta universal e incondicional puede erosionar la estructura construida sobre los derechos laborales, que el carácter individual del beneficio, que prescinde de la intermediación sindical, puede debilitar la acción colectiva, así como que no es conveniente la igualación de derechos entre trabajadores formales e informales. 

En el movimiento de mujeres también se observan apoyos y reparos a la propuesta de la renta básica9. Por una parte, se reconoce que esta política debería mejorar el bienestar y fortalecer la autonomía de las mujeres, sobre todo en comparación con los actuales programas que las tienen como operadoras intermediarias en un contexto paternalista. Pero sus impactos sobre el desempeño laboral de las mujeres son observados con cautela. Por un lado, se entiende que debería ser una mejor plataforma para la inserción laboral femenina, al facilitar una distribución más equitativa y racional de los tiempos de trabajo entre hombres y mujeres. Sin embargo, para que esto suceda son necesarias acciones complementarias, especialmente en un contexto signado por la persistencia de la precariedad laboral. 

Aquí se observa la necesidad de complementar políticas como la renta básica con otras políticas consistentes. En particular, con la promoción de sistemas nacionales de cuidado que garanticen la descarga de tareas no remuneradas que hoy recaen principalmente en las mujeres, y que sirvan para prevenir problemas como los que hoy sufre la región por la pandemia. Esto, además, ayudaría a generar empleos en áreas que hoy no están desarrolladas. Lo mismo puede decirse de la inversión y mejora de calidad en bienes y servicios colectivos y de mérito, que hoy registran serios déficits. Todo lo anterior debería complementarse con una reforma tributaria que revierta el sesgo regresivo de los actuales sistemas.

El debate sobre estos temas tiene un impacto positivo sobre las alicaídas democracias de la región. La posibilidad de ejercer autónomamente los derechos políticos y sociales depende del acceso a recursos de manera igualitaria, y esto solo lo puede garantizar un sistema institucional que garantice esa igualdad. Hoy lo que prima es el paternalismo estatal, el corporativismo fragmentado y el clientelismo político en el sistema de políticas sociales. Para ello son funcionales los actuales programas de transferencias condicionadas de ingresos que seleccionan personas entre los grupos necesitados, a los que pagan peores beneficios, exigen mayores condiciones, son temporales y tienen menor legitimidad que otros programas que atienden a los más pudientes. 

Así no se facilita la integración social y mucho menos la movilidad social. La integración social se facilita cuando el acceso a los recursos es universal, estable, igualitario y articulado con la misma lógica en todo el sistema institucional. 

La necesidad de integrar instituciones igualitarias también abarca a las propias instituciones políticas, en tanto no privilegian la participación de la ciudadanía y la necesaria autonomía personal que aquella requiere. En la organización política de los países de la región no está incorporada la idea de que la independencia política de las personas requiere independencia económica. Por el contrario, el sistema funciona con fuerte concentración de poder, escasa auditoría ciudadana y fuerte dependencia de la vida de las personas de los vaivenes del sistema político.

Las democracias latinoamericanas, incluso allí donde se observan mejoras en indicadores de bienestar de los grupos más postergados de la población, siguen funcionando bajo concepciones y con políticas públicas que concentran el poder y el control social. Una política como la renta básica obliga a cambios en muchos elementos político-institucionales, especialmente aquellos que revaloricen la importancia de la promoción de un proyecto emancipador de las personas.

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Nota: este artículo se publicó originalmente como Análisis de Coyuntura No 27 del CIEPP, agosto de 2020, y se reprodujo en Eric Alberto Orgulloso Martínez, Jaime Alberto Rendón Acevedo y Jorge Iván González Borrero (eds.): Renta básica ya. Diálogos, saberes y propuestas (Escuela Nacional Sindical, Medellín, 2020).

  • 1.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal): «Dimensionar los efectos del covid-19 para pensar en la reactivación», Informe Especial Covid-19 No 2, 4/2020; Cepal: «El desafío social en tiempos del covid-19», Informe Especial Covid-19 No 3, 5/2020.

  • 2.

Cepal: «Dimensionar los efectos para pensar en la reactivación», cit; Cepal: «El desafío social en tiempos del covid-19», cit.; Banco Mundial: «Global Economic Prospects», 1/2021; Alejandro Werner: «Perspectivas para América Latina y el Caribe: la pandemia se intensifica» en IMF Blog, 26/6/2020.

  • 3.

Merike Blofield y F. Filgueira: «Covid-19 and Latin America: Social Impacts, Policies and a Fiscal Case for an Emergency Social Protection Floor», CIPPEC, Buenos Aires, 2020.

  • 4.

Estas cuatro esferas producen y asignan recursos y coordinan la acción de agentes individuales y colectivos. El imperialismo neoclásico relegó las dos últimas a la irrelevancia y condenó a la segunda a una eterna desconfianza, dejando el mercado como mecanismo natural y preferente para estas funciones.

  • 5.
  1. Filgueira y R.M. Lo Vuolo: «La reducción del espacio público en América Latina. Elementos para la construcción de una contra-hegemonía en la producción de bienes y servicios sociales», Documentos de Trabajo CIEPPNo 105, CIEPP, Buenos Aires, 2020.
  • 6.

R.M. Lo Vuolo: «Introduction» en R.M. Lo Vuolo (ed.): Citizen’s Income and Welfare Regimes in Latin America: From Cash Transfers to Rights, Palgrave-McMillan, Nueva York, 2013.

  • 7.

Simone Cecchini y Bernardo Atuesta: Programas de transferencias condicionadas en América Latina y el Caribe. Tendencias de cobertura e inversión, LC/TS.2017/40, Cepal, Santiago de Chile, 2017.

  • 8.

Un caso particular y diferente es la expansión de programas de pensiones no contributivas o semicontributivas, que ha generado una mejora sustantiva de la cobertura, aunque con diferencias entre países según las diversas trayectorias institucionales, tradiciones políticas y concepciones de los derechos.

  • 9.

Corina Rodríguez Enríquez: «Should Citizen’s Income Become a Goal for Feminism in Latin America?» en R.M. Lo Vuolo (ed.): Citizen’s Income and Welfare Regimes in Latin America, cit.

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El conflicto armado en Colombia se recrudeció durante las protestas

El sistema de justicia transicional, surgido del acuerdo de paz, advierte además del regreso del paramilitarismo con el propósito de atemorizar a los manifestantes

 

El conflicto armado de más de medio siglo que tanto le ha costado dejar atrás a Colombia se recrudeció en varias regiones durante las protestas contra el Gobierno de Iván Duque, que amainan después de dos meses. El llamado paro nacional y el tratamiento dado a la protesta social ha generado riesgos que afectan las labores de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de todo el sistema de justicia transicional surgido del acuerdo de paz sellado hace más de cuatro años con la extinta guerrilla de las FARC, ha advertido el tribunal encargado de juzgar los crímenes más graves de la guerra.

A pesar del desarme hace ya más de cuatro años de la que fue la guerrilla más poderosa de América, hoy convertida en el partido político Comunes, el informe enciende las alarmas sobre la reaparición de fenómenos de violencia que se creían superados. Entre el 28 de abril, el día en que se iniciaron las protestas contra el Gobierno, y el pasado 30 de mayo aumentaron los eventos relacionados con el conflicto armado y las afectaciones de civiles en 111 municipios de interés para el rebautizado Sistema Integral para la Paz, que incluye a la JEP, a la Comisión de la Verdad que este año debe entregar su informe final y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

 “En 2021 se tiene en total un registro de 13 eventos del conflicto y 89 afectaciones de civiles, de este último se tiene un aumento mayor al 400% pues en promedio se presentaron 18 afectaciones de civiles en años anteriores. Esto se evidencia en el incremento de las amenazas de muerte, homicidios a excombatientes de las FARC-EP y eventos masivos de desplazamiento forzado”, alerta el más reciente informe de monitoreo de riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.

En el marco de las manifestaciones, hasta 16 eventos han afectado a organizaciones sociales que intervienen ante las entidades del Sistema Integral para la Paz, como el Consejo Regional Indígena del Cauca, entre otras, principalmente en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, sobre el andén del Pacífico, donde la situación ha estado más descontrolada. Ese incremento en los riesgos de seguridad puede terminar por obstruir la participación efectiva de esas organizaciones en el Sistema Integral para la Paz –hasta ahora conocido como Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición–.

El informe también alerta sobre un fenómeno que ha causado preocupación en medio del estallido social: prácticas de autodefensa y paramilitarismo que se creían erradicadas con el propósito de atemorizar a los manifestantes. “Con ocasión del paro nacional hay evidencias en por lo menos 27 ciudades sobre el surgimiento de ‘grupos de civiles armados’ que reivindican estas prácticas”, sostiene el reporte.

Los paramilitares, que el Estado en gran medida logró desmovilizar entre 2003 y 2005, han sido responsables en el pasado de crímenes atroces como genocidio, desaparición forzada, tortura o violencia sexual. “Que haya señales de reactivación de grupos que legitiman discursos y acciones de tipo paramilitar es preocupante porque evidencia retrocesos del Estado en materia de recuperación del monopolio en el uso legítimo de la violencia”, apuntan las consideraciones finales del documento.

A pesar del acuerdo de paz con las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la población civil sufre los embates de otros grupos armados y en varias regiones persisten fenómenos como los desplazamientos de comunidades, las desapariciones o el reclutamiento de menores. La pandemia del coronavirus ya había traído un aumento de la violencia en lugares remotos, como había señalado el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) antes del estallido social. “Como efecto indirecto del paro nacional, la Fuerza Pública ha priorizado sus recursos humanos y operativos en la atención de la protesta en las ciudades, dejando vacíos en zonas rurales y periféricas”, ha venido a advertir ahora el reporte de la JEP.

Por Santiago Torrado

Bogotá - 02 jul 2021 - 15:19 COT

Publicado enColombia
Claudio Katz

Entrevista al economista argentino Claudio Katz

 

En los primeros meses al frente del Gobierno de Estados Unidos, Joe Biden ha anunciado planes de expansión fiscal y un “giro” keynesiano. En cuanto a la política exterior, “China persiste como el gran enemigo a derrotar.

Con más diplomacia e hipocresía, continuará la estrategia de hostilidades en el Mar de China, la militarización de Taiwán y las provocaciones en Hong Kong”, afirma el economista argentino Claudio Katz. Frente al gigante asiático, “Biden intenta recomponer las alianzas con Europa”, añade el profesor de la Universidad de Buenos Aires, en la siguiente entrevista realizada por correo electrónico.

Claudio Katz ha participado recientemente en el curso internacional El mundo después de la pandemia, organizado por la Academia de Pensamiento Crítico y la Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM). Es miembro de Economistas de Izquierda (EDI), investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina y autor, entre otros volúmenes, de Bajo el imperio del Capital (2011); Neoliberalismo. Neodesarrollismo. Socialismo (2015) y La Teoría de la dependencia. 50 años después (2018). Sus artículos y reflexiones sobre Ciencias Sociales, Economía y Marxismo pueden seguirse en la página Web https://katz.lahaine.org

-A principios de junio, 6 meses después que comenzaran a aplicarse las primeras vacunas, la OMS señaló que los países de ingresos altos habían administrado cerca del 44% de las dosis del mundo, mientras que en el Sur global el porcentaje se situaba en el 0,4%. ¿Cabe atribuir alguna responsabilidad a los Estados del Norte y las multinacionales farmacéuticas?

Esa responsabilidad es tan evidente como chocante. Desde el descubrimiento de las vacunas una decena de países se apropió de esos remedios y acumuló dosis suficientes para inmunizar tres veces a su población. El grueso de la población mundial quedó marginado por la espantosa desigualdad que rige en el reparto de las vacunas. Esa inequidad es congruente con el principio del beneficio que ha gobernado toda la gestión de la pandemia.

Los laboratorios archivaron rápidamente su compromiso inicial de comercializar las vacunas a su costo de fabricación y optaron por el incremento de sus beneficios. Impusieron un patrón de precios elevados, en los contratos que suscriben con estrictas cláusulas de confidencialidad. Los países con más recursos abonaron el doble y acapararon de entrada toda la producción. Aunque el descubrimiento de las vacunas se financió con subsidios del estado, las empresas pudieron patentarlas y venderlas como si fueran el fruto de su propia inversión.

La dramática carencia de vacunas en África, América Latina y gran parte de Asia es una consecuencia directa del régimen de patentes. Muchas firmas no pueden fabricarlas por la negativa de los laboratorios a compartir el secreto de su elaboración. Hay empresas que cuentan con el equipamiento necesario para elaborar el producto, pero no tienen acceso a la fórmula o a los procedimientos necesarios para concretar esa tarea.

Algunos expertos estiman que por esa razón se está utilizando un bajo porcentaje de la capacidad instalada. El capitalismo impide la cooperación y refuerza la competencia entre los laboratorios para conseguir los mejores contratos.

Frente a tantas injusticias cobró fuerza la exigencia de anular las patentes del Covid. India y Sudáfrica encabezaron los reclamos para viabilizar esa eliminación, pero Estados Unidos y la Unión Europa han bloqueado esa posibilidad. En el caso precedente del SIDA se logró imponer la fabricación de un genérico, sólo diez años después de iniciado el reclamo y en un dramático contexto de infección. La urgencia de liberar las patentes del Covid salta a la vista. Cuando se difundió la primera propuesta, la pandemia había provocado un millón de muertos y en la actualidad esa cifra se ha triplicado.

-Pero las empresas argumentan que las patentes son imprescindibles para superar esta pandemia y afrontar eventuales situaciones de mayor dramatismo…

El lobby de los laboratorios difunde cataratas de mentiras para proteger sus patentes. Afirma que la producción no podrá incrementarse por falta de infraestructura o conocimientos en las firmas que operan fuera de su control. Pero olvida que los propios fabricantes ya fragmentan esas elaboraciones en cadenas de valor localizadas en numerosas regiones. Tampoco toma en cuenta la gran variedad de vacunas que han aparecido desde el inicio de la pandemia. Lo único que impide salvar más vidas es el inagotable apetito de lucro de Pfizer, Moderna, Johnson, Astrazeneca y cia.

Es totalmente falso que la anulación de las patentes imposibilite las inversiones requeridas para crear nuevas vacunas. El costo de esos descubrimientos es habitualmente asumido por sector público, mientras los laboratorios embolsan fortunas vendiendo esas mismas inyecciones a los estados. En el caso del Covid se ahorraron los gastos de investigación y se enriquecieron con los precios de comercialización. Por eso han logrado récords de ganancias en Wall Street.

Me parece que el rebrote de la pandemia y las mutaciones del virus reavivan la presión para modificar las patentes. Esas adversidades recrean el problema incluso en los pocos países desarrollados que han inmunizado al grueso de su población. Esa protección local no tendrá eficacia, si la enfermedad persiste en el resto del planeta. Una lenta inmunización de la periferia terminaría afectando a los propios centros del capitalismo, al obstruir la recuperación de la economía global.

En la pandemia se ha demostrado que un cataclismo global no puede remediarse con meros correctivos nacionales. La infección ha demolido también la absurda tesis neoliberal que atribuye a cada individuo la responsabilidad de su propia curación. Frente a esa tontería de libre mercado se ha corroborado la centralidad de la salud pública y la necesidad de un compromiso solidario para superar la infección.

El pasado 14 de junio el Gobierno de Argentina informó de que el país había recibido 20,6 millones de vacunas, de las que 9,4 millones corresponden a la rusa Sputnik V y 4 millones a la china Sinopharm. ¿Puede hacerse una lectura geopolítica de estos datos?

Sí, efectivamente corresponde una lectura geopolítica. El gobierno actuó con gran autonomía externa al concertar convenios que irritaron a los grandes laboratorios de Occidente. Resistió la presión de esas compañías para impedir el contrato con Rusia. El veto explícito que interpuso Washington a la adquisición de la Sputnik por parte de los gobiernos estaduales de Brasil ilustra la dimensión de esos aprietes.

Alberto Fernández optó por la compra de esa vacuna, cuando se desconocía su efectividad y sólo Bielorrusia solicitaba su provisión. Actualmente ese producto es apetecido por todos los jugadores del universo farmacéutico. El gobierno demostró la misma independencia cuando negoció con China la adquisición de varias partidas de Sinopharm.

El oficialismo acordó, además, la próxima elaboración de ambas vacunas en laboratorios instalados en el país. La Sputnik comenzará a fabricarse en la empresa Richmond y la Sinopharm en el laboratorio Sinergium Biotech. Si se concreta la rápida producción de las dosis previstas, Argentina podría reducir su actual dependencia externa en ese decisivo terreno.

-¿Qué ventajas tendría?

Ese logro permitiría afrontar en los próximos años la previsible demanda de inmunizaciones. En medio del fenomenal retroceso que padece la industria local se ha demostrado que el país preserva cierta solvencia en el campo farmacéutico. Esta elaboración local de las vacunas propina, además, un golpe simbólico a la habitual impugnación derechista de cualquier iniciativa nacional.

Pero los avances alcanzados con la Sputnik y la Sinopharm contrastan con la escandalosa inutilización de 40 millones de dosis de Astrazeneca, que fueron producidas y exportadas durante seis meses por un laboratorio de Sigman. Argentina ha sido el único país que fabricó vacunas en pleno Covid, sin poder aplicarlas en su propio territorio. El estado abonó 50 millones de dólares a esa empresa para elaborar la primera fase del remedio. Su envasado debía concretarse en México para asegurar la inmediata remisión del producto terminado. Pero recién ahora comienzan a llegar las primeras partidas de una inyección que debía aplicarse en enero.

¿Qué ocurrió?

Hubo una extraña maniobra de retención del producto -primero en México y luego en Estados Unidos- que fue amparada con el silencio oficial. Los pretextos que expuso la empresa carecen de credibilidad. Lo cierto es que el gobierno estadounidense aprovechó la colocación de un filtro fabricado en su territorio para bloquear el reenvío de la vacuna. El producto quedó inmovilizado en el Norte, cuando Trump prohibió todas las exportaciones vinculadas al Covid. Paralizaron esas remisiones para reforzar el monopolio de sus laboratorios, mientras Argentina padecía un dramático aumento de los fallecidos.

Frente a esa tropelía, la inacción de Alberto Fernández fue mayúscula. No denunció el bloqueo norteamericano y encubrió al socio argentino. Contó con el llamativo sostén de la derecha, que exceptuó el tema de su campaña contra el gobierno. La pasividad del gobierno frente a las vacunas retenidas en el exterior, contrastó con las acciones legales que por ejemplo inició la Unión Europea frente a maniobras semejantes de Astrazeneca.

Fernández no consideró la propuesta de prohibir la salida del principio activo fabricado en el país para exigir la entrega de los productos exportados. Tampoco evaluó la posibilidad de completar localmente el envasado de la vacuna. Los nuevos convenios suscriptos con Richmond incluyen esa terminación, confirmando la factibilidad de realizar ese proceso en Argentina. Esa inacción del gobierno ha sido congruente con la búsqueda del respaldo político estadounidense. Alberto y su canciller Solá equilibran los actos de soberanía con mensajes de fidelidad a Washington.

-¿Cuál es la situación actual de Argentina?

En la coyuntura actual el país padece la misma carencia de inmunizaciones que afecta al conjunto de América Latina, pero cuenta con más recursos de abastecimiento externo y producción local para revertir ese retraso. Argentina está ubicada en un lugar intermedio en el ranking global de vacunación y afronta una dramática carrera entre el ritmo de las inmunizaciones y los contagios. La segunda ola del Covid ha generado una explosión de contagios con un terrible récord de muertos.

El gobierno ha enfrentado ese rebrote a los tumbos, con grandes vacilaciones a la hora de instrumentar restricciones. Quedó muy afectado por el clima que instaló la derecha durante la cuarentena del año pasado. En lugar de explicar que ese cierre contribuyó a evitar la catástrofe sanitaria de Brasil o Perú, se quedó sin respuestas y ese vacío fue cubierto por la verborragia de los negacionistas.

-¿Se ha utilizado políticamente en Argentina la crisis sanitaria por la Covid?

La derecha transformó a la pandemia en un campo de batalla y utiliza el desconcierto creado por la infección para renovar sus mensajes de privatización. Impugna las experiencias de salud pública y ataca los cuidados requeridos para proteger a la población. Ha instalado, además, un cúmulo de mentiras en torno a las vacunas. Repite que el oficialismo fracasó en el aprovisionamiento de las inyecciones, sin mostrar algún contraejemplo de éxito latinoamericano con sus recetas. Silencia, por ejemplo, sus ensalzados modelos de Chile o Colombia que acumulan inocultables desaciertos.

La decisión oficial de suplir las carencias con la provisión de vacunas Sputnik directamente enloqueció a la oposición conservadora, que presentó incluso una denuncia penal para prevenir el «envenenamiento» que generaría esa inyección. Como esas tonterías quedaron rápidamente desmentidas, los cruzados de la campaña anti-rusa dieron vuelta a la página y optaron por el cuestionamiento inverso. Ahora patalean contra la lenta o parcial aplicación de esa vacuna. Obedecen en forma muy disciplinada las órdenes que reciben de la embajada estadounidense y se han convertido en lobistas de Pfizer. Alaban a esa empresa y enaltecen los viajes de vacunación a Miami, suponiendo que los ricos deben gozar de prioridad frente a la gran masa de pobres desechables. Por distintas vías, la derecha fomenta el descreimiento en los planes de vacunación y espera lucrar con el desánimo que genera la pandemia.

-¿Qué balance harías de la gestión del presidente de Argentina, Alberto Fernández, cumplido un año y medio de gestión? ¿Podría establecerse un hilo de continuidad respecto a los gobiernos de Cristina Fernández?

Fernández asumió el manejo de un país agobiado por décadas de primarización, endeudamiento y precarización y afrontó de entrada la durísima carga legada por el vaciamiento financiero perpetrado por Macri. Esperaba remontar esa adversidad introduciendo mejoras económico-sociales, que no cuestionaran los privilegios de los grupos dominantes. Pero afrontó la desgracia de la pandemia, debió gestionarla en un escenario de furibunda agresión de la derecha y optó por el vaivén y la indefinición en todos los campos.

En el terreno sanitario intentó una gestión progresista. Propició medidas de protección con la drástica cuarentena inicial y una acelerada inversión en camas y hospitales para evitar la saturación de las terapias intensivas. De esa forma logró sortear el tremendo drama atravesado por Ecuador, Perú o Brasil. No hubo muertos en las calles, sepulturas colectivas, ni venta de oxígeno a los desesperados. Esa activa intervención alineó al principio a todo el espectro político, revitalizó la auto-estima nacional y generó gran conciencia de los peligros de la infección.

Pero esos promisorios resultados duraron poco y el operativo sanitario quedó erosionado por la expansión de la pandemia. El resguardo se diluyó, la enfermedad se descontroló y el número de víctimas escaló en forma vertiginosa. Terminó imperando la disolución de las normas de cuidado, bajo la incansable campaña de erosión que la motorizó la derecha sin respuestas por parte del gobierno.

-¿Qué sucedió en otros campos, por ejemplo la economía?

En el plano económico la oposición conservadora impuso de entrada el freno a un proyecto de expropiar una gran empresa quebrada (Vicentin), mientras arrancó concesiones a los financistas mediante la presión cambiaria. Fernández violó ahí su promesa electoral, al sancionar una fórmula de ajuste de las jubilaciones que reduce la incidencia de la inflación. Pero al mismo tiempo resistió las exigencias de devaluación de los principales grupos capitalistas e introdujo un impuesto a las grandes fortunas, que sienta las bases para una reforma fiscal progresiva.

El gobierno navegó entre dos aguas y esperaba retomar el crecimiento por el simple efecto del arreglo de la deuda alcanzado con los acreedores privados. Pero ese convenio no contuvo el desmoronamiento del nivel de actividad, ni suscitó la prometida “confianza” de los mercados.

Como todos sus pares de la región, Alberto intentó contrarrestar el gran confinamiento generado por la pandemia, con mayor expansión del gasto público. Mediante ese auxilio limitó una retracción superior del PBI, pero potenciando el quebranto fiscal, el desplome de la recaudación y un desbarranque mayúsculo de la producción.

Ahora se negocia posponer los pagos de la deuda con el FMI legitimando el mayor fraude de la historia nacional y apostando a una imaginaria benevolencia del Fondo. Lo más preocupante es el continuado deterioro del salario como consecuencia del desborde inflacionario.

-¿Cuál es la conclusión, a tu juicio?

Yo creo que en ese mar de oscilaciones, Fernández no implementa el ajuste, ni la redistribución. Pretende transitar por un camino intermedio que no satisface las necesidades populares, ni avala las exigencias de los poderosos. Por un lado soslaya el freno a la carestía y por otra parte resiste el maximalismo de la derecha. Con emisión, recortes de gasto y un nuevo endeudamiento va tirando a la espera del rebote económico y del resultado de las próximas elecciones de medio término.

Los mismos vaivenes prevalecen en la política exterior. Ha buscado ubicarse en un lugar equidistante junto a México, para apuntalar una alternativa al declive del derechista Grupo de Lima. Pero emite guiños para todos los públicos. Condena y sostiene según la ocasión al gobierno venezolano y toma distancia de la OEA, mientras afianza los vínculos con Israel.

Pero también soporta una fuerte crítica de la derecha….

Sí. Efectivamente Fernández debe lidiar con una oposición que ha buscado instalar el caos, para judicializar y paralizar el sistema político. Los derechistas intentan recuperar el gobierno por cualquier medio, con un proyecto destituyente que ha incluido todo tipo de marchas contra el “totalitarismo populista”. Actúan con la descarada complicidad del Poder Judicial, que tiene en carpeta nuevas variantes del mismo lawfare que llevó a Macri a la Casa Rosada. Cuentan además con el sostén de los principales medios de comunicación, que recurren a una prédica virulenta para crear un clima de crispación.

Los derechistas apuestan todas sus cartas a los próximos comicios y esperan repetir el triunfo conseguido por el trumpismo madrileño contra otro oficialismo progresista. Pero olvidan las grandes diferencias con un contexto latinoamericano signado por el resurgimiento de la izquierda. Además, la marginalidad política del ejército les impide concebir el golpe militar que consumaron en Bolivia y el desprestigio del poder judicial anula el protagonismo que tuvieron los tribunales en Brasil.

-¿Cómo han respondido las clases populares de Argentina?

El lugar preeminente que ha logrado el espectro reaccionario se explica también por la infrecuente desmovilización popular. La pandemia afectó a los sindicatos, en un marco de gran retracción de las luchas y demandas de las organizaciones sociales. La infección desarticuló el funcionamiento de esos movimientos, obstruyó la deliberación, impidió las asambleas y acotó las manifestaciones. Sólo la izquierda de los movimientos sociales mantiene las protestas y por primera vez en mucho tiempo, un gobierno ha logrado desembarazarse de la presión directa que suele imponer la movilización social.

Tomando en cuenta esta variedad de acontecimientos y posturas, yo diría que por ahora Alberto Fernández se ubica en un cuadrante moderado del progresismo. Es evidente que no comparte el signo derechista de Macri, pero también transita por un sendero muy distante de la radicalidad de Evo Morales o Chávez. Es afín al rumbo que inauguraron Néstor y Cristina, pero en un contexto económico-social muy diferente. Todavía no se sabe qué tipo de peronismo prevalecerá con Fernández.

El justicialismo incluyó históricamente variantes de nacionalismo con reformas sociales, virulencia derechista, virajes neoliberales y rumbos reformistas. Menem y Kirchner fueron los exponentes más llamativos de ese pragmatismo, que aún no maduró una modalidad singular con Alberto.

Por otra parte el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció en mayo unos presupuestos expansivos, planes billonarios en inversiones públicas, empleo y la elevación del impuesto de sociedades. ¿Se trata realmente de un “giro” keynesiano en la política económica estadounidense?

Los planes económicos que mencionas son indudablemente significativos no sólo por la escala del gasto previsto, sino que también se auspician cuando la economía está encaminada hacia la recuperación. Ya no alientan estímulos para contrarrestar la pandemia. Buscan asegurar un repunte que empareje el crecimiento de Estados Unidos con China, frente al continuado freno que registra Europa y Japón. Biden quiere tomar la delantera en la competencia que libra con el gigante asiático.

Pero lo más llamativo es la orientación del nuevo paquete económico. A diferencia de las intervenciones de las últimas décadas, esta vez se avizora un incremento de impuestos a las grandes corporaciones, que será convalidado con el acuerdo internacional para obstruir la evasión de esos gravámenes en los paraísos fiscales. El tradicional socorro estatal a los grandes capitalistas esta vez será reemplazado por iniciativas de mayor recaudación que contradicen todos los dogmas del ofertismo neoliberal.

Hay un giro evidente, no sólo frente a la política de reducción impositiva que propiciaba Trump. El programa de socorro a los bancos con erario público que implementó Obama es reemplazado por medidas de compensación de las pérdidas sufridas por el grueso de la población. Se intenta recomponer los ingresos de los ciudadanos medios con transferencias directas a los contribuyentes. Este viraje en el direccionamiento del gasto público es un dato muy relevante.

Esa iniciativa tiene ingredientes tan keynesianos, como el énfasis puesto en la inversión en infraestructura. La retórica utilizada por Biden para exponer estos proyectos retoma el tono del New Deal, cuestiona espejismo del derrame, convoca a estimular la economía desde abajo y avala el resurgimiento de los sindicatos.

-¿Por qué razones se produce este viraje?

Biden ha tomado nota de enorme retroceso económico de Estados Unidos que se verifica en la pérdida de competitividad fabril. El continuado liderazgo financiero y la significativa supremacía tecnológica del país no contrarrestan ese declive industrial, ni revierten la crisis de largo plazo que afecta a la estructura productiva.

Al igual que todos sus antecesores Trump no logró modificar esa regresión. Su intento de restaurar la “grandeza americana” a costa del resto del mundo fracasó. Sólo pudo inducir un alivio de la coyuntura, sin contener los desequilibrios fiscales y comerciales. Acentuó el deterioro del medio ambiente con la renovada explotación del carbón y el shale-oil y aumentó el riesgo de nuevas burbujas con la desregulación financiera. Biden necesita cambiar ese libreto para buscar otro resultado y ha recurrido al acervo keynesiano.

Ese sorpresivo curso obedece también al resurgimiento de demandas populares, que vuelven a ejercer una influencia social significativa. Por eso Biden emitió un mensaje favorable al renacimiento de los sindicatos. Necesita además impedir la reaparición de Trump, que forjó una gran base social derechista e intentará el retorno si la decepción con los Demócratas se verifica con cierta celeridad.

Estas razones económicas, sociales y políticas internas explican el llamativo rumbo que ensaya Biden, para recomponer la insoslayable cohesión interna que se necesita para intentar restaurar el poder imperial estadounidense en el mundo. Para alcanzar esa ambiciosa meta, un viejo promotor de las reducciones fiscales conservadoras como Biden, ahora propicia medidas contrapuestas de expansión del gasto público social.

Intenta suturar las divisiones internas del país para sostener las acciones imperialistas en el exterior. El neo-keynesianismo de la Casa Blanca apunta todos los cañones a la gran contienda que se avecina con China. Lo ocurrido con Trump demuestra que esa batalla está perdida, si persiste la enorme grieta que fractura a la sociedad norteamericana.

El tono progresista que asume Biden apunta a comprometer a todas las fuerzas políticas del país, en una estrategia común para frenar a China. Busca neutralizar especialmente a la corriente de Sanders para sumarla a esta campaña Yo creo que existe un real peligro de cooptación, si en la izquierda estadounidense persiste la pasiva aceptación del padrinazgo internacional norteamericano.

-¿Opinas que funcionará el plan de Biden?

El nuevo curso recién debuta y conviene registrar sus propios límites. Aunque las mejoras sociales que propone son importantes, con su aprobación Estados Unidos recién comenzaría a aproximarse a las deterioradas prestaciones sociales que imperan en Europa.

Además, el plan de Biden no incluye el salario mínimo que demandan los sindicatos y no destina el grueso de las inversiones previstas a las comunidades más necesitadas. Prevé un número muy acotado de trabajadores alcanzados por la nueva creación de empleos y no incluye una efectiva ley de protección de los derechos gremiales.

En cualquier caso se avecinan grandes conflictos para la aprobación legislativa de las propuestas presidenciales. Los republicanos ya anticiparon su rechazo y la derecha de los demócratas pone muchos reparos. El lobby de los banqueros influye especialmente en ese sector y sus economistas ya están alertando contra el peligro de un “rebrote inflacionario”, si se aprueban las medidas expansivas que propicia Biden.

El próximo manejo de las tasas de interés indicará qué grado de recepción tienen esos cuestionamientos en la cúspide del poder económico. Pero incluso si termina efectivizándose, el nuevo plan keynesiano deberá traspasar el gran test de la utilización capitalista de los fondos públicos. Si en lugar de generar nuevas inversiones, esos recursos se canalizan hacia nuevas burbujas, el resurgimiento keynesiano quedará abortado.

La actual negociación sobre patentes puede anticipar el resultado de las tensiones económicas que se avecinan. Frente a la presión internacional creada por la pandemia, Biden sugirió suspender esas normas de protección para las vacunas del Covid. La Casa Blanca tiene enormes facultades legales para implementar esa decisión y afronta un novedoso escenario de excedentes locales por la inmunización ya completada de gran parte de la población.

Biden intenta tantear en ese terreno de las patentes la recuperación del espacio geopolítico, que Estados Unidos perdió frente a Rusia y China. El localismo egoísta que desplegó Trump debilitó seriamente a la primera potencia. Todos saben que durante la pandemia Washington distribuyó más cachetadas que auxilios entre sus socios y aliados. Pero los laboratorios, los bancos y el Wall Street Journal ya se subieron al ring para impedir cualquier alteración de los derechos de propiedad y la iniciativa oficial está frenada. Veremos si este desenlace anticipa lo que sucederá en otras esferas.

-En la última cumbre de la OTAN, celebrada el 14 de junio en Bruselas, el secretario general de la alianza militar, Jens Stoltenberg, afirmó que la relación con Rusia se situaba “en su punto más bajo desde la Guerra Fría”, y que China “también plantea algunos desafíos a nuestra seguridad”. ¿Auguras diferencias entre la política exterior de Biden y la de Trump?

Biden mantiene el propósito central del establishment norteamericano que es la recuperación del dominio internacional de la primera potencia. Seguirá buscando la forma de contrarrestar la pérdida de autoridad y capacidad de intervención de Estados Unidos y la consiguiente diseminación del poder mundial. Intentará reconquistar esa supremacía imperial para capturar riquezas y disuadir competidores. También perfeccionará la nueva variedad de guerras híbridas que propicia el Pentágono, combinando el cerco económico, la provocación terrorista y la promoción de conflictos étnicos, religiosos o nacionales en los países diabolizados.

Pero enfrentará los mismos problemas que encontraron sus antecesores para lidiar con los pantanos militares de Afganistán e Irak. El nuevo mandatario debe  convivir con el trauma de una superpotencia que pierde guerras y Biden tiene muy fresca la sucesión de frustraciones que tuvo Trump. El magnate no pudo lograr un relanzamiento de la economía utilizando la superioridad militar del país. No doblegó a China, no sumó a Europa a sus operativos, fracasó en el control de la proliferación nuclear de Corea del Norte e Irán y falló en los golpes contra Venezuela.

Para remontar esos resultados Biden pone ahora el acento en la recomposición de la cohesión interna y en la atenuación de la grieta política, las tensiones raciales y la división político-cultural, entre el americanismo del interior y el globalismo de las costas. Con ese nuevo sostén en la retaguardia retomará los propósitos estructuralmente agresivos del imperialismo. Ya seleccionó un equipo de asesores externos especializado en esa política. Todos mantienen estrechos vínculos con el complejo industrial militar.

¿China será el gran adversario?

Sí. El gigante asiático persiste como el gran enemigo a derrotar. Con más  diplomacia e hipocresía, Biden continuará la estrategia de hostilidades en el Mar de China, la militarización de Taiwán y las provocaciones en Hong Kong. Ya retomó la absurda campaña para culpabilizar a Beijing del coronavirus y se dispone a desplegar la tradicional demagogia de los demócratas con los derechos humanos para justificar las intromisiones imperiales.

Biden intenta recomponer las alianzas con Europa para reclutar aliados frente a la creciente tensión que avizora con China. Ya logró un cierto guiño de los socios transatlánticos en la última reunión del G7, pero todas las economías del Viejo Continente mantienen negocios con China que buscarán preservar. Por esa razón es incierto el alineamiento de todo el bloque occidental que demanda el nuevo ocupante de la Casa Blanca. Biden suspendió la guerra comercial de Boeing contra Airbus y parece dispuesto a olvidar las objeciones yanquis a la finalización del gasoducto Nord Stream 2 con Rusia, a cambio de una mayor agresividad contra Beijing. Pero reticencias de Europa al desacoplamiento tecnológico con China son muy grandes e incluyen también a los británicos.

La postura frente a Rusia es más ambivalente. Biden comenzó con insultos contra Putin, pero ya bajó el tono y renegocia un convenio de distensión nuclear. En Medio Oriente, no se avizoran cambios en la simbiosis con Israel y en el apuntalamiento de los sauditas. Pero la reacción frente a los desplantes de Turquía es por ahora tan incierta, como la postura frente al suspendido acuerdo nuclear con Irán. América Latina continúa en el tradicional casillero de patio trasero, pero con grandes tormentas en puerta que Biden aún no definió cómo manejar.

-El gasto militar de China alcanzó los 252.000 millones de dólares en 2020, según el instituto de investigación SIPRI, el segundo del mundo tras el de Estados Unidos. ¿Consideras acertado referirse a un imperialismo chino, por su influencia en África y América Latina? ¿Sería equiparable al estadounidense?

No. Creo que corresponde establecer una diferencia entre ambos contendientes, dado el perfil agresor de Estados Unidos y la conducta defensiva de China. Mientras que la primera potencia busca restaurar su alicaída dominación mundial, el gigante asiático intenta sostener un crecimiento capitalista sin enfrentamientos externos. China afronta, además, serios límites históricos, políticos y culturales para intervenir con actos de fuerza a escala global y por esas razones no integra actualmente el club de los dominadores del planeta. Me parece equivocado caracterizarla como una potencia imperial, depredadora o colonizadora.

Yo entiendo también que China dejó atrás su vieja condición de país subdesarrollado e integra actualmente el núcleo de las economías centrales. Desde ese nuevo lugar captura grandes flujos de valor internacional y comanda una expansión que lucra con los recursos naturales provistos por la periferia. Por esa ubicación en la división internacional del trabajo me parece igualmente desacertado ubicarla en el casillero del Sur Global.

China combina la expansión productiva con la prudencia geopolítica. No condice con el perfil imperial, que se define más por acciones internacionales de dominación que por parámetros económicos. El gigante asiático no participa hasta ahora en la política de sujeción internacional ejercida por los poderosos del planeta a través de sus estados.

Me parece que debemos prestar especial atención a la forma en que Estados Unidos hostiliza a su rival, desde que Obama inició el viraje hacia una confrontación más dura, Trump redobló esa embestida. Designó a China como el enemigo estratégico de su país, introdujo una virulenta agenda de presión económica mercantilista y acentuó la disputa por la primacía tecnológica.

Siguiendo estas pautas el Pentágono comenzó a erigir un cerco, mediante el acoso naval en el mar de China y la gestación de una “OTAN del Pacífico”. Todo el establishment de Washington apuntala esa presión geopolítico-militar. La política previa de asociación económica con China está agotada. Ese entrelazamiento quedó muy erosionado por la crisis del 2008 y ha sido fulminado por la pandemia.

La nueva potencia oriental mantiene una actitud muy distinta a su contendiente. No envía buques a navegar por las cercanías de Nueva York o California. Más bien ejerce su soberanía en un acotado radio de millas y mantiene un presupuesto militar muy inferior a su rival. La estrategia geopolítica china no enfatiza el aspecto bélico. Privilegia el agotamiento económico de su competidor, mediante una política que intenta quebrar el liderazgo estadounidense del bloque occidental.

-Por lo tanto, China actúa como una gran potencia…

Sí. China logró un impresionante protagonismo económico internacional, aprovechando las ventajas competitivas que encontró en la globalización. Pero no comparte la compulsión a la conquista territorial que aquejaba a las grandes potencias del silgo XX. Desenvolvió formas de producción mundializadas y consiguió expandir su economía con pautas de prudencia geopolítica inconcebibles en el pasado.

Los límites que afronta China para actuar como una potencia imperialista derivan del carácter inconcluso de la restauración capitalista y de la propia historia de un país acosado y carente de tradiciones expansionistas.

China obtiene grandes beneficios de sus inversiones en África, pero no despacha tropas hacia ese continente y su única base militar en el neurálgico cruce comercial de Djibuti, contrasta con el enjambre de instalaciones que ha montado Estados Unidos. Evita además involucrarse en los explosivos procesos políticos del continente negro.

También es cierto que lucra con la primarización de América Latina, pero se ubica lejos del intervencionismo estadounidense. No es lo mismo hacer negocios con la venta de manufacturas y la compra de materias primas, que enviar marines, entrenar gendarmes y financiar golpes de estado. China ha consolidado un comercio desigual con América Latina, pero sin consumar la geopolítica imperial que continúa representada por la presencia de la DEA, el Plan Colombia y la IV Flota.

-Por último, en un artículo publicado en La Haine (abril 2021), señalabas un “conflicto que opone a los sectores neoliberales y estatistas” en China. ¿En qué consiste y con qué implicaciones?  

La postura defensiva de China es coherente con el status de un país que se expandió con cimientos socialistas, complementos mercantiles y un modelo capitalista enlazado a la globalización. Esa combinación apuntaló la retención local del excedente. Además, la ausencia de neoliberalismo y financiarización permitió evitar los agudos desequilibrios que afrontaron sus competidores.

Yo creo que el conflicto con Estados Unidos tiene una enorme incidencia en el rumbo que seguirá China. Influirá en la definición del sector que prevalecerá en el comando de la sociedad. La contundente gravitación del capitalismo no se ha extendido aún a toda la estructura del país y una nueva clase dominante maneja gran parte de la economía sin controlar el estado. Ese sector logró revertir la transición socialista previa sin instaurar su preeminencia. A diferencia de lo ocurrido en Rusia o Europa Oriental, en China prevalece una formación intermedia, que no cohesiona a los funcionarios con los capitalistas, en un marco de legado socialista aún presente.

Esa peculiar estructura determina la política exterior diferenciada que te mencionaba en la pregunta anterior. China diverge de Estados Unidos por la vigencia de un status capitalista insuficiente que obstruye la implementación de políticas imperialistas.

Pero la continuidad de ese curso está sujeta al desenlace del conflicto que opone en el país a los sectores neoliberales y estatistas. El primer núcleo aglutina a los grupos capitalistas que auspician el libre-comercio con proyectos expansivos y tentaciones imperiales. El segundo segmento propicia reforzar la gestión estatal, moderar el curso capitalista y preservar la prescindencia geopolítica internacional.

Xi Jinping ejerce un fuerte arbitraje entre todas esas vertientes de la elite gobernante. Y para asegurar la cohesión territorial del país mantiene a raya a los enriquecidos acaudalados de la costa. Ha defenestrado a varios multimillonarios y multiplicado las campañas contra la corrupción, para sepultar los gérmenes que condujeron a la disgregación semicolonial padecida en el pasado.

China evita el conflicto con Estados Unidos, pero la propia búsqueda de ese compromiso está obstruida por la expansión del capitalismo. Las exigencias competitivas que impone el apetito por el lucro acentúan la sobreinversión y las consiguientes presiones para descargar excedentes en el exterior. La distensión con Estados Unidos es socavada por los proyectos expansivos que China acrecienta para atemperar la sobreproducción.

En síntesis: hay un conflicto irresuelto dentro del oficialismo y una tensión con la clase dominante que no maneja los resortes del estado y debe aceptar la estrategia internacional cauta que propicia el Partido Comunista.

Por Enric Llopis | 03/07/2021

Publicado enInternacional
Tim Berners-Lee en el Centro Europeo de Física de Partículas (CERN) en Meyrin (Suiza). CERN-Pool

Sir Tim Berners-Lee vuelve a dar otra lección al mundo. Si en abril de 1993 liberó el código fuente de la World Wide Web para su uso libre, paso decisivo en la revolución mundial que trajo internet, ahora se sube a la moda de la tokenización al vender una copia original de ese importante trabajo por 4,6 millones de euros. No sólo donará el dinero sino que, además, con este gesto muestra un camino de viabilidad económica para el código abierto sin traicionar su naturaleza.

 

El creador del código de la World Wide Web, Tim Berners-Lee, ha subastado una copia firmada de su creación más célebre en forma de token no fungible (NTF, por sus siglas en inglés) en Sotherby’s, y se ha comprometido a donar la cantidad recaudada, 5.434.500 dólares —unos de 4,6 millones de euros. Más allá de su generosidad, este gesto ayuda a contextualizar la fiebre por estos bienes digitales, cuya venta no implica cerrar el acceso de todos a su obra. En este caso, el comprador paga por una copia original autenticada, pero el código sigue siendo abierto, libre e infinitamente clonable. Es como adquirir un manuscrito original de un autor clásico: el contenido seguirá siendo de dominio público.

¿Suena absurdo comprar algo que se puede ver pero no tocar? Puede ser. ¿Es una manera brillante de monetizar algo libre y abierto sin violar sus principios? También. Esta operación de Berners-Lee ha dado lugar a una interesante reflexión de la periodista Kate Knibbs en la revista estadounidense Wired: el significado de este gesto para la historia de la Web ante el "impacto transformador" de los NFT.

El floreciente mercado de los NTF lleva un tiempo dando jugosos titulares. Desde la venta del primer tuit de la historia firmado por uno de sus fundadores, Jack Dorsey (2,4 millones de euros), hasta un archivo de audio de pedos de casi una hora de duración por unos 80 euros.

Fue también noticia la venta de una columna del diario The New York Times (toda una 'metanoticia') con la que su autor, Kevin Roose, ganó (y donó) más de 500.000 euros, y artistas como el granadino Javier Arrés venden copias únicas firmadas y autenticadas (tokens) con importantes beneficios económicos.

Incluso el NFT del meme de Nyan Cat, ese clásico de Internet y creado por Chris Torres, fue vendido este año por casi 500.000 euros. Disfrútelo gratis aquí abajo.

No obstante, comprender el funcionamiento de la tecnología en la que se basan (las cadenas de bloques o blockchain) no resulta todavía fácil ni intuitivo para el común de los mortales.

Cadenas de bloques

La técnica de cadenas de bloques involucra a miles de ordenadores que, de forma distribuida y descentralizada, ordena la información de tal forma que cualquier irrupción en esa cadena puede ser detectada inmediatamente por cada miembro de la red. Dada la enorme cantidad de cálculos que requiere crackearla, las cadenas de bloques se alzan como uno de los métodos más seguros de demostrar la propiedad de un valor (o token) y su autenticidad. Aunque también arrastra la mala fama de demandar un alto consumo energético.

Básicamente, esos los NFT tienen una naturaleza similar a la de las criptomonedas como Bitcoin o Ethereum: son intangibles que representan un valor y su autenticación está garantizada mediante una técnica de cifrado compleja. Pero, a diferencia de las criptomonedas, no hay dos NFTs iguales (cada uno es único) y no se pueden dividir (cada uno es un valor o token).

El mencionado artículo de Wired reflexiona sobre una realidad: la tokenización de la obra de Berners-Lee no crea una barrera para el código, sino que el valor surge de la autenticidad de una copia concreta, como las primeras ediciones de obras literarias o los manuscritos raros cuyo precio expresa el deseo de los coleccionistas (o inversores) de poseer la obra original.

En un completo artículo en el sitio de tecnología Xataka, el periodista especializado Javier Pastor enumera las características especiales que tienen los NTF, y que permiten comprender hasta cierto punto el acomodo que ha encontrado precisamente en el mercado del coleccionismo y del arte: son únicos, indivisibles, no interoperables, indestructibles (salvo catástrofe planetaria), no replicables, verificables (a través de la cadena de bloques se puede trazar desde el nacimiento de la obra por su autor hasta sus sucesivas compraventas) y, además, son prueba de propiedad absoluta.

Para el abogado especializado en internet Carlos Sánchez-Almeida, que además fue miembro de Fronteras Electrónicas (grupo pionero en la defensa del ciberespacio en España en los años 90) y autor de República Internet, reconoce que, para él, el verdadero original sería el papel donde diseñó Berners-Lee la World Wide Web.

"Un token no es más que una cadena de código", recuerda, aunque aventura: "A lo mejor los artistas digitales, al crear directamente sobre programas, nos hacen dar el salto definitivo de manera que, en un futuro, la versión impresa de una obra de arte colgada en un museo valga menos que la obra tokenizada, la original".

"La quintaesencia de la cultura libre"

En el caso de Tim Berners-Lee, la subasta del código que él mismo creó —mejor dicho, de una copia tokenizada del mismo— puede suponer una manera de preservar y sellar la autoría de los archivos digitales para las generaciones futuras, de forma que la propiedad de un bien único no excluya su disfrute por parte de toda la humanidad.

Esta venta viene pues cargada de un enorme simbolismo, dado que fue el propio Berners-Lee quien convenció al CERN para ofrecer el código fuente de la World Wide Web, ideado en 1989, a todo el mundo sin ninguna limitación. Y ahora ha anunciado que donará lo obtenido, una acción "totalmente alineada con los principios de la web", aseguró a The Guardian.

Almeida afirma que la donación del dinero obtenido representa "la quintaesencia de la cultura libre, es decir, está generando dinero para la comunidad", y añade: "Desde un punto de vista de solidaridad social, es como para darle un Nobel".

En cualquier caso, el abogado especializado recuerda que cualquier tecnología tiene interés en la medida en la que pueda generar riqueza. "Creo que lo interesante es pensar cómo aquello que ya está tokenizado pueda convertirse en un objeto tangible, incluso en comida donde no la hay, quizá mediante una impresora 3D", comenta, y añade: "Como dijo Arthur C. Clarke, cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, y precisamente por eso nos cuesta mucho reflexionar sobre ella; dentro de unos años veremos qué

Madrid

01/07/2021 21:50

Romero@pabloromero