El Estado salió al rescate de empresas y trabajadores

Informe de la OIT sobre los programas de subsidios al salario en el mundo

 

“Los subsidios al salario tienen efectos positivos sobre la recuperación económica y previenen despidos que, de realizarse, desembocarían en una mayor crisis. Pueden ser costosos, pero permiten conservar el empleo”, indicó la Organización Mundial del Trabajo (OIT) en un informe dedicado a estudiar los programas de subsidio del Estado a las empresas para pagar los sueldos en el contexto de las medidas de aislamiento social. 

El documento muestra que este tipo de políticas se adoptó a lo largo y ancho de todo el mundo, aunque con diferentes matices dados por los requisitos para acceder, el monto pagado al trabajador, la forma de pago y la duración del beneficio. 

En la Argentina, el Estado nacional pagó alrededor del 50 por ciento de la carga salarial de las empresas a través del ATP en los sueldos de abril y mayo y se analiza su extensión a junio. Abarca a más de 300 mil empresas que emplean a 2,5 millones de personas.

Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Bélgica, Botswana, Brasil, Camboya, Canadá, Chile, Croacia, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, India, Italia, Holanda, Marruecos, Nueva Zelanda, Filipinas, Polonia, Portugal, Singapur, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos y Uruguay son las experiencias estudiadas por la OIT en materia de programas de subsidio al salario del empleo privado. Se trata de medidas extraordinarias, impensadas en otro contexto que son adoptadas por países con diferente tradición política y gobiernos de distinto signo ideológico ante los fuertes riesgos de destrucción del tejido laboral.

La crisis económica derivada de la pandemia emerge como una crisis de oferta, porque el confinamiento obligatorio retrae la producción y las ventas de manera masiva. Pero rápidamente se transforma en una crisis de demanda, porque la caída de la actividad reduce ingresos y ello vuelve a impactar negativamente en el consumo y la inversión. Uno de los mecanismos que los gobiernos encontraron para contener ese círculo vicioso es el pago de los salarios del sector privado. “No se trata de un nuevo instrumento, pero en la escala utilizado en esta crisis, es algo sin precedentes”, explica el informe de la OIT.

En los Estados Unidos, se lanzó una línea crediticia de hasta el 50 por ciento de la nómina salarial. Para las pequeñas y medianas empresas, el empresario puede transformar ese crédito en un subsidio si demuestra que lo utilizó para pagar salarios. En Nueva Zelanda y Australia, todas los tipos de empresas son elegibles para recibir el subsidio, incluyendo ONG y trabajadores independientes. En Francia también se incluye a las empleadas domésticas. En Brasil los trabajadores deben estar registrados, al igual que en Túnez, que permite que las empresas registren trabajadores para obtener el beneficio, como estímulo a la formalización.

En Tailandia, el subsidio al salario sólo está disponible para las pequeñas y medianas empresas. Mucho más restrictivo es el beneficio en Bangladesh y Camboya, en donde se orienta solamente al sector textil y a los exportadores. En la Argentina, el ATP está disponible para todas las empresas del sector privado que hayan experimentado una suba de las ventas en términos nominales no superior al 5 por ciento en abril frente al mismo mes de 2019, que implica una fuerte caída en términos reales teniendo en cuenta la inflación del 50 por ciento.

También en otros países las empresas deben mostrar que están en dificultades para poder acceder al beneficio. En Holanda, el beneficio se otorga a las firmas cuyas ventas hayan caído al menos un 20 por ciento. En Australia, la merma de ventas debe ser superior al 30 por ciento para las pequeñas empresas y del 50 por ciento para las grandes empresas. En Malasia, las firmas deben mostrar una caída del 50 por ciento en sus ingresos. Argentina, como Suecia, impuso restricciones para que las firmas beneficiadas distribuyan dividendos. En otras experiencias no se aplicó ese criterio.

En Francia, Alemania, Suiza y el Reino Unido, entre otros, el subsidio lo recibe la empresa. En cambio, en Argentina, Chile y Uruguay, el beneficio lo cobra directamente el trabajador, aunque en los últimos dos casos, el pago se canaliza a través del seguro de desempleo. Según la OIT, el subsidio llega hasta el 75 por ciento del salario, aunque operan a veces restricciones nominales. El pago es muchas veces proporcional al salario (Francia, Alemania, Reino Unido, Tailandia y Singapur, por ejemplo), pero en otros consiste en una suma fija, como en Nueva Zelanda, Brasil y Malasia

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Un hombre empuja un carrito frente a la Bolsa de Comercio de Nueva York.    ________________________________________ Imagen: AFP

16,6 millones de personas pidieron el subsidio por desempleo

Sólo durante la semana pasada 6,6 millones de personas solicitaron el subsidio. Estudios encargados por el Congreso estiman que el desempleo podría escalar al 12 por ciento y que la economía entrará en recesión. 

Unas 16,6 millones de personas perdieron su trabajo en Estados Unidos desde que el gobierno endureció las medidas para enfrentar el coronavirus. El dato surge de la cantidad de subsidios por desempleo solicitados al Estado en los últimos 21 días. Sólo durante la semana pasada 6,6 millones de personas solicitaron el subsidio. Estudios apartidarios encargados por el Congreso estiman que el desempleo podría escalar hasta el 12 por ciento al final del segundo trimestre del año, y que la economía entrará en recesión. En paralelo, el país alcanzó los 450,525 casos positivos de Covid-19, en tanto que el número de muertos escaló a 15.896. Nueva York, la ciudad más afectada , tuvo un nuevo récord de muertes. Sin embargo cayó el número de personas hospitalizadas.

Números impensados

La cifra semanal de peticiones del subsidio de desempleo fue levente menor que los 6,867 millones de la semana anterior, según anunció el Departamento de Trabajo. Este número sin precedentes en la historia de Estados Unidos superó las expectativas de los analistas, que habían calculado la pérdida de unos 5,5 millones de puestos de trabajo. El promedio de solicitudes tomando las últimas cuatro semanas, subió al nivel de 4,2 millones. En la semana que concluyó el 28 de marzo 7,4 millones de personas estaban recibiendo prestaciones por desempleo, cuando la anterior sólo 4,4 millones lo estaban cobraron.

Sin embargo, el dato sobre las solicitudes por desempleo no refleja toda la realidad del mercado laboral. Los trabajadores independientes e informales, que no pueden acceder a estos beneficios bajo las reglas vigentes, se queda por fuera de los registros oficiales. Con casi el 75 por ciento de la población estadounidense confinada en sus hogares, los analistas esperan que continúen aumentando las solicitudes. La perspectiva es que pasen meses antes de que se reanuden las actividades económicas normales. La semana pasada el Gobierno informó de un salto del índice de desempleo al 4,4 por ciento en marzo, respecto al 3,5 de febrero. Los datos son peores para los hispanos, con un índice de desempleo del 6 por ciento, en tanto que para los afroamericanos la cifra llega al 6,7 por ciento. Las filas de los desempleados parecen haber crecido más que el récord anterior de 15,3 millones de desocupados durante la recesión de 2007-2009.

Intervención del Banco Central (Fed)

A poco de conocerse la actualización del número de desocupados, la Reserva Federal (Fed) anunció un nuevo programa de préstamos. El mismo contempla otorgar 2.300 millones de dólares para respaldar a las pequeñas y medianas empresas, y a los gobiernos estatales y locales. Los préstamos irán destinados a empresas con hasta 10.000 empleados y menos de 2.500 millones de ingresos en 2019. Además, permitirán el aplazamiento de los pagos de intereses y de capital por un año. Otros 500.000 millones de dólares se destinarán a respaldar las maltrechas finanzas de los gobierno locales y estatales.

En la primera semana de abril, las solicitudes del seguro de paro alcanzaron números sin precedentes en California, Georgia, Michigan y Nueva York. California, el mayor estado del país, recibió en las últimas tres semanas más de 2,5 millones de pedidos de ayudas por desempleo. Pero las cifras reales podrían ser aún más altas dado que varios estados tuvieron dificultades para procesar los trámites. También se habían rechazado temporalmente las solicitudes de trabajadores que no hubieran reunido los requisitos para recibir el subsidio bajo las reglas vigentes antes de la emergencia.

Para contrarrestar los efectos de esta pandemia, hace algunas semanas el Congreso aprobó, y el presidente Donald Trump promulgó, el mayor paquete de estímulo fiscal de la historia, por valor de más de dos billones de dólares. Esto incluyó la ampliación de la cobertura por desempleo que llegará por primera vez a varios sectores, entre ellos los conductores de vehículos para Uber y otras empresas similares. Asimismo, incluye la transferencia directa de efectivo a los hogares, así como fondos multimillonarios para subsidiar a las pequeñas y medianas empresas.

Nueva York sigue dando la pelea

La cifra de muertos por covid-19 continúa subiendo en el estado de Nueva York que en las últimas 24 horas alcanzó un nuevo récord de 799 muertos. Desde mediados de marzo un total de 7.067 personas perdieron la vida por el coronavirus y llegan a más de 160 mil los infectados en todo el Estado. El gobernador demócrata, Andrew Cuomo recordó que durante los atentados terroristas del 11 de septiembre murieron 2.753 neoyorquinos. Solo en la ciudad de Nueva York se registraron 4.571 muertes por el virus, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. La mayoría de ellos son inmigrantes hispanos y personas negras, las más pobres y vulnerables, según las autoridades.

Pero hay también señales alentadoras. En el último día solo 200 nuevos pacientes con coronavirus fueron ingresados en hospitales, lo cual eleva el total de personas internadas a unas 18.000, informó el gobernador. "Este es el menor número que hemos tenido desde que empezó esta pesadilla", sostuvo Cuomo. La admisión en cuidados intensivos también está bajando, y en las últimas 24 horas 84 personas fueron ingresadas. "No podemos asumir que porque estamos viendo algunas señales positivas esto acabará pronto o que no habrán olas adicionales", alertó el gobernador demócrata. Estados Unidos es el país del mundo con más casos de coronavirus, superando a Italia y España juntos.

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El fin de año que no se preveía en Venezuela

Caracas vive un diciembre más tranquilo que en años anteriores

Se respira cierta calma. Hay grandes colas en las calles, esta vez no por desabastecimiento, sino para gastar el bono en criptomoneda Petro, en un contexto de crisis económica. 

Nadie sabía en enero en qué situación se encontraría Venezuela a final de año. Pocos, muy pocos, imaginaban que se estaría en calma y que habría grandes colas en las calles, esta vez no por desabastecimiento como en el 2015 o 2016, sino para gastar el bono en criptomoneda Petro otorgado por el gobierno para las fiestas.

Caracas vive un diciembre con mayor tranquilidad que en años anteriores. La economía, en una dinámica de bloqueo y crisis -piezas imbricadas-, ha dejado mayores espacios de respiro para la población. Se han visto fuegos artificiales, mesas navideñas con el pernil entregado por el gobierno, consumo permanente en las arterias principales de Caracas.

Se trata de una situación que lleva varios meses y ha generado una meseta en la superficie de una economía cuyo PIB se ha contraído más de la mitad en seis años. Un escenario marcado por la emergencia y consolidación de un sector dolarizado de la población, el uso de esa moneda en las transacciones comerciales en barrios populares o zonas pudientes, y la multiplicación de los trabajos informales a.nte la caída sostenida de los salarios formales con la devaluación de la moneda nacional y el aumento de precios.

La situación en Caracas es más estable que en las demás partes del país. No se ven colas de gasolina como en las carreteras o ciudades del interior, el abastecimiento de luz se ha mantenido con pocos registros de cortes, y se ha consolidado un circuito de consumo para la franja minoritaria que vive y piensa en dólares.

Era difícil pronosticar este diciembre a principios de año con la autoproclamación de Juan Guaidó y el intento de ingreso por la fuerza desde Colombia el 23 de febrero. Tampoco en marzo, con el apagón/saboteo nacional que dejó al país a oscuras durante varios días, o el 30 de abril, con Guaidó y Leopoldo López junto a un puñado de militares en armas en las calles.

La ofensiva parecía casi imparable, no solamente por el primer momento de fuerza de la fórmula Guaidó y su atractivo para la oposición venezolana que volvía a movilizarse, sino principalmente porque detrás o delante del autoproclamado siempre estuvo el gobierno norteamericano.

El rol de Estados Unidos (EEUU) fue explícito durante todo el año. John Bolton, exasesor de seguridad, afirmó que no tenían problema en hablar de la Doctrina Monroe, y, para llevar el expediente Venezuela, fue nombrado Elliot Abrahms, un hombre que estuvo al frente de las guerras sucias de Centroamérica en los años 80, con hechos como la masacre de El Mozote, en El Salvador.

La alineación de Donald Trump, Mike Pompeo, Bolton, Abrams, el eje anticastrista encabezado por Marco Rubio, y los poderes pocas veces visibles del Estado profundo, conformaron un cuadro de asalto final. Ese cálculo de fuerzas resultó errado para quienes encabezaron la ofensiva: no solamente Nicolás Maduro sigue en el gobierno, sino que Guaidó y el conjunto de la oposición atraviesa sus peores meses.

La crisis de la derecha tiene varios elementos superpuestos: escándalos de corrupción dentro de la Asamblea Nacional (AN), la división entre quienes ven posibles acuerdos con el gobierno para, por ejemplo, las elecciones legislativas previstas para el 2020, y quienes solo plantean una salida por la fuerza, y la cuestión de la presidencia de la AN que deberá ser renovada el 5 de enero.

Quien esté al frente del legislativo es central tanto a nivel interno como internacional. En lo nacional porque define en gran parte quien quedará en la conducción de la derecha y su principal tribuna. En lo internacional porque la ingeniería del gobierno paralelo creada por EEUU tiene su principal punto de apoyo en la AN: reconocen a quien está al frente del legislativo como presidente encargado del país.

La apuesta norteamericana es mantener a Guaidó. Ya han afirmado, anticipándose a un escenario adverso, que su respaldo no es a él como persona, sino a la presidencia de la única institución que reconocen como democrática. Su permanencia allí sería sostener la actual correlación de fuerzas, mientras que su desplazamiento podría significar un retroceso para EEUU, así como una nueva expresión de su incapacidad para resolver el expediente Venezuela.

El siguiente paso clave luego del 5 será la convocatoria a las elecciones legislativas. Por el momento el tema de conversación de la mayoría de la población es el bono entregado por el gobierno, el reconocimiento del esfuerzo, o el cuestionamiento hecho por opositores que lo califican como un instrumento para controlar a la población y mantener el mismo cuadro sin resolver la situación económica.

Los problemas de fondo difícilmente tengan solución en un tiempo corto, por el impacto del bloqueo económico y financiero que seguirá escalando como ha sido anunciado por EEUU, por la baja producción petrolera que por momentos logra estabilizarse en un millón de barriles diarios, o la falta de capacidad del sector eléctrico para abastecer la actual demanda nacional.

La economía está en proceso de transición y metamorfosis en una combinación de escenario de guerra y orientaciones pocas veces explicitadas por el gobierno. Se trata de un cuadro complejo, marcado a su vez por la emigración y sus consecuentes remesas que traen dólares en los barrios populares y las clases medias.

Venezuela termina un año que han parecido ser muchos más. Por estos días en los barrios populares se gastan los bonos, se preparan las mesas de año nuevo, las rumbas con salsa, trap y reggaetón, se extraña a quienes están fuera del país, se pone en obra la capacidad de resiliencia de una sociedad que se prepara para un 2020 que será, seguramente, más complejo que el 2019.

Por Marco Teruggi

Desde Caracas

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Imagen de un establecimiento de Washington D.C en el que se aceptan cupones ELVERT BARNES / WIKIMEDIA COMMONS

El gobierno de Trump está recortando las ayudas de los cupones de alimentos; millones de estadounidenses con pocos recursos perderán su derecho a recibirlos

Muchos estadounidenses con discapacidad o enfermos ya tienen problemas para acceder al sistema o para mantenerlos, aún con las normativas actuales

La nueva normativa excluirá a uno de cada tres beneficiarios, e impiden el acceso a las becas alimentarias que dan las escuelas públicas a 500.000 niños

 

Cuando James Fauntleroy perdió este verano su trabajo en una tienda, rápidamente se dio cuenta de que las ayudas de la seguridad social para personas con discapacidad no eran suficientes para vivir. Entonces recurrió a un sustento del que dependen muchos estadounidenses que están pasando momentos difíciles: los cupones de alimentos, también conocidos como Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).

Al principio, Fauntleroy, de 35 años recibió una carta de aprobación que detallaba que contaría con 197 dólares al mes (177 euros) en cupones. Con eso le bastaba para alimentarse. Pero luego llegaron las malas noticias.

"A principios de septiembre recibí otra carta del Departamento de Infancia y Familias de Florida en la que me comunicaban que el monto se reduciría de 197 a 16 dólares (de 177 a 14 euros)", relata Fauntleroy, residente en Orlando, Florida.

Fauntleroy es uno de los 40 millones de estadounidenses con pocos recursos que reciben algún tipo de beneficio del Snap, un programa que el Gobierno de Trump está reformando, recortándolo y excluyendo a millones de estadounidenses. A algunas personas, especialmente aquellas con algún tipo de discapacidad, ya les costaba trabajo arreglárselas con los beneficios que tenían o estaban por caer entre las rendijas del sistema. Ahora, la normativa nueva y más estricta empeorará su situación aún más.

Para Fauntleroy –que tiene una enfermedad en el riñón–, el recorte en los cupones de alimentos es un desastre. "He tenido que abrir una cuenta [de crowdfunding] para que la gente me ayude a pagar mis gastos hasta que pueda encontrar un trabajo de media jornada. Mientras tanto, la comida es cara y además tengo que elegir ciertos alimentos que sean aptos para pacientes con diálisis en el riñón. Es muy difícil y me afecta a nivel mental y emocional", afirma.

Actualmente, depende de un servicio de transporte para personas con discapacitad que lo lleva a un centro de diálisis tres veces a la semana, y aún así tiene que cubrir unos 65 dólares al mes en copagos (58 euros), más los 135 dólares mensuales (121 euros) que le descuentan de su ayuda por discapacidad para pagar el seguro de salud. Actualmente, está buscando otro trabajo de media jornada, porque si gana más del límite de 1.200 dólares al mes (1.076 euros) le quitarían por completo esta prestación.

Sin embargo, el Gobierno de Trump está decidido a recortar los cupones de alimentos. El 5 de diciembre, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció una nueva normativa que restringirá la posibilidad de los estados de ofrecer exenciones a los requisitos de trabajo a personas "físicamente capaces" de entre 18 y 49 años, sin dependientes a su cargo.

Actualmente, sin una exención, estas personas no pueden recibir ayudas del Snap por más de tres meses en un período de tres años. Los estados podían ofrecer exenciones a estos requisitos en regiones con alta tasa de paro o insuficiente oferta laboral. Se calcula que la nueva normativa le revocará los beneficios de Snap a 668.000 personas en todo el país. Además, el término "físicamente capaz" es confuso y se presta a la interpretación de quién debe cumplir con los requisitos que determinan las agencias del estado.

La nueva medida del Gobierno de Trump excluiría a uno de cada tres beneficiarios. También se busca limitar los niveles de ingresos permitidos para ingresar al Snap al doble de la línea de pobreza, que representarían unos 50.000 dólares (45.000 euros) al año para una familia de cuatro miembros. La nueva norma también impediría que hogares con más de (2.250 dólares) 2.018 euros en activos, o (3.500 dólares) 3.140 euros para un hogar en el que viva un adulto discapacitado, reciban beneficios de ayuda alimentaria. Como resultado, se calcula que casi tres millones de estadounidenses perderán sus beneficios del Snap.

Una tercera norma recortaría más de 4.500 millones de dólares (4.000 millones de euros) del presupuesto del Snap en los próximos cinco años, afectando a una de cada cinco familias beneficiarias.

Estas nuevas normativas han recibido críticas por excluir de los beneficios a millones de estadounidenses que viven en la pobreza y por impedir el acceso a las becas alimentarias que dan las escuelas públicas a 500.000 niños.

Las dificultades de enfermos y discapacitados

Sin embargo, muchos estadounidenses con discapacidad o enfermos ya tienen problemas para acceder a los beneficios del SnapSnap o para mantenerlos, aún con las normativas actuales. Su situación, que ya es difícil, empeorará aún más.

Son personas como Virgil Garwood (37), de Woodville, Ohio, que recibía solamente 50 dólares al mes (45 euros) de beneficios del Snap mientras luchaba contra un cáncer de tiroides. Garwood recibe una ayuda por discapacidad y no puede trabajar por las convulsiones y el deterioro óseo que le generaron los tratamientos médicos y las numerosas cirugías. Con el Gobierno de Trump, los beneficios se le redujeron a solo 15 dólares (13,5 euros) al mes, aunque su situación económica no ha cambiado en nada.

"El estado donde vivo exige que los beneficiarios del Snap vayan a clases sobre nutrición adecuada, otra clase sobre economía familiar, y luego una clase que explica el programa y cómo buscar empleo. Se supone que todo el tiempo que recibes prestaciones del programa tienes que estar buscando trabajo y debes presentar pruebas de ello", explica Garwood. "Tuve que salirme del programa porque ir a las clases para mantener las prestaciones me costaba más que los 15 dólares (13,5 euros) que recibía".

Jennifer Pracht, de Winston-Salem, Carolina del Norte, cuenta con el SnapSnap para alimentar a su hija de 14 años y a sí misma desde 2012, año en que quedó discapacitada y sin poder trabajar a causa de una lesión en la columna vertebral.

"Por alguna razón, este año me recortaron los cupones a 105 dólares mensuales (94 euros). Mi situación no ha cambiado en nada como para que me reduzcan la ayuda. Pero de todas formas lo han hecho", afirma Pracht. Ahora le preocupa que haya más recortes en el futuro.

"No tengo idea de cómo haré para comprar alimentos durante todo el mes, mucho menos si pretendo que la comida sea sana. Ya no podré comprar comida sana porque es mucho más cara".

Varias personas que hablaron con The Guardian sobre su experiencia con los beneficios del Snap pidieron que no se revele su nombre o que no se publique su apellido.

Lisa, de 40 años de Michigan, comenzó a recibir beneficios del Snap en abril de 2018, mientras esperaba que se apruebe su solicitud de una ayuda por discapacidad. En octubre de 2018, fue excluida del Snap por los requisitos laborales.

"La inseguridad alimentaria ha sido una constante. Llevaba un cálculo mental de la comida que tenía en casa y para cuántos días me alcanzaba, teniendo en cuenta cuántos días faltaban para que volviera a recibir la ayuda", dice Lisa. "No es mucho dinero. Esto no se trata de gente que vive a cuerpo de rey a costa del dinero de los contribuyentes. Somos personas que intentamos sobrevivir, y ese pequeño monto de dinero es un regalo del cielo".

Una mujer de 40 años en Berwick del Sur, Maine, actualmente recibe 130 dólares al mes (117 euros) del Snap y una ayuda por discapacidad, ya que sufre el síndrome de Ehler-Danlos, una enfermedad vascular genética, además de otras enfermedades discapacitantes.

Gran parte de su ayuda por discapacidad es destinada a pagar el alquiler, ya que hace poco logró acceder a una vivienda estable tras años de luchar por salir de la indigencia. No cuenta con transporte para ir a comprar alimentos y tiene que seguir una dieta especial a causa de su discapacidad.

"Siempre tengo que separar una parte de mi ayuda por discapacidad –que es de unos 684 euros al mes– para pagar comida y transporte", dice. "Creo que 130 dólares al mes no le alcanzarían a nadie para vivir, y yo recibo el beneficio máximo, teniendo en cuenta que tengo varias discapacidades y no puedo encontrar trabajo".

Por, Michael Sainato

23/12/2019 - 21:06h

Traducido por Lucía Balducci

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El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, realizó una rueda de prensa este miércoles 23 de octubre. Foto: Metro Ecuador.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) informó que ha decidido suspender el diálogo con el Gobierno, que mantenían desde el pasado 13 de octubre y que puso fin a duras protestas antigubernamentales.

“Hemos parado porque no ha habido ambiente de diálogo”, dijo Jaime Vargas en conferencia de prensa este miércoles, tras una reunión del Consejo Ampliado de la organización, que se convocó justamente para decidir sobre la continuidad o no de las conversaciones con los representantes del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno.

Sin embargo, señaló el presidente de la CONAIE que retomarán las conversaciones cuando haya las “garantías” o “condiciones” mínimas para este proceso.

La decisión se tomó, según Vargas, porque desde el Estado emprendieron una “persecución” contra los dirigentes de la CONAIE. “No podemos estar en la mesa mientras nos están persiguiendo”, agregó.

El representante de la CONAIE se refirió, particularmente, a la investigación que abrió la Fiscalía General del Estado (FGE) en su contra, luego que, en un acto público en Macas, al suroriente del país, el dirigente hablara sobre la creación de un un ejército propio de los movimientos indígenas.

Al respecto, Vargas señaló que está dispuesto a “colaborar” y “responder al Estado ecuatoriano apegado al derecho”. Y añadió: “estaremos aquí, no vamos a correr, no nos iremos a esconder en ninguna embajada”.

Mencionó que los medios de comunicación tergiversaron la información que brindó. “En ningún momento, en todas mis expresiones, no he dicho ejército armado, nunca dije ejército subversivo”.

En la conferencia de prensa detalló que el movimiento decidió “crear una guardia indígena, comunitaria” para que brinde seguridad dentro de sus territorios y esté “apegado a la Constitución”, y que operará en cooperación entre la justicia ordinaria y la indígena. Además, señaló que reconocen a las autoridades electas, como el presidente Moreno.

Aparte de la apertura de esa investigación, los dirigentes de la CONAIE denunciaron ataques cibernéticos en su contra, incluyendo 'hackeo' a sus correos institucionales, de lo cual responsabilizaron al Gobierno.

¿Sobre qué es el diálogo?

El diálogo entre la CONAIE y el Gobierno ecuatoriano comenzó el pasado 13 de octubre, en medio de las protestas contra las medidas económicas de Moreno, que incluían la eliminación del subsidio a los combustibles, en respuesta a un acuerdo alcanzado entre Quito y el Fondo Monetario Internacional (FMI), a cambio de un préstamo.

El primer encuentro permitió que el mandatario revirtiera esa medida, eliminando el Decreto Ejecutivo 883 que establecía el alza de los combustibles; la CONAIE, por su parte, levantó las manifestaciones, que se habían extendido por 11 días en el país.

El diálogo tiene como objetivo la redacción de un nuevo decreto. Además de la CONAIE, el Gobierno ha extendido la invitación a otros gremios, principalmente sindicales, para que participen en la elaboración del texto.

Aunque se derogó ese polémico decreto, el Gobierno envió al Parlamento una reforma tributaria y está previsto que en los próximos días haga llegar una reforma laboral.

23 octubre 2019

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Pobreza: ¿tema macroeconómico o problema administrativo?

El llamado Premio Nobel de Economía ha sido entregado este año a tres investigadores que han desarrollado una novedosa línea de trabajo sobre la pobreza en el mundo. Se trata de Abhijit Banerjee, Esther Duflo y Michael Kremer, quienes desde hace ya dos décadas cultivan un "enfoque experimental" sobre la forma de combatir la pobreza.

Las investigaciones de Banerjee-Duflo-Kremer (BDK) se han concentrado en reducir las grandes preguntas sobre la pobreza y transformarlas en interrogantes más sencillas y manejables. El objetivo de Banerjee y Duflo ha sido desentrañar "la verdadera naturaleza de la pobreza" eliminando las caricaturas y estereotipos. También han buscado comprender mejor cómo reaccionan los pobres "frente a los incentivos".

En 2003 fundaron el Laboratorio Abdul Lateef Jameel de Acción sobre Pobreza (J-PAL) en el MIT y desde entonces han llevado a cabo muchos "experimentos" en diversos países de África y Asia. Una parte importante de su trabajo se ha concentrado en buscar mejorar el aprovechamiento escolar de los niños. Como resultado de las actividades del J-PAL, hoy más de 5 millones de niños han recibido atención especial en escuelas primarias de India para optimizar su aprovechamiento. Estos economistas también han realizado estudios e intervenciones en materia de nutrición infantil.

El trabajo de BDK es muy interesante y, sin duda, ha contribuido a cambiar la vida de muchas personas pobres en varios países. Sin embargo, sus investigaciones "experimentales" tienen muy poco que ver con las causas de la pobreza y con la forma de remediar el problema de manera duradera. Para empezar, nada en el análisis de BDK está relacionado con la política económica neoliberal, que ha dominado el destino de los países en los que han realizado sus "experimentos". Ni la política fiscal, ni la de apertura comercial y financiera ocupan un lugar importante en los análisis por los que estos investigadores reciben el Premio Nobel de Economía. Y, para colmo, el tema de los salarios estancados y castigados tampoco es un asunto digno de recibir atención en sus experimentos. Tal pareciera que el problema de la pobreza ha dejado de ser un problema macroeconómico y se ha convertido en un malestar de índole administrativo o gerencial. Es como si el capitalismo o el neoliberalismo no tuvieran nada que ver con la "verdadera naturaleza de la pobreza".

Según datos del Banco Mundial, hoy existen unos 760 millones de personas en el mundo en condiciones de "pobreza extrema", es decir, con un ingreso inferior a 1.90 dólares estadunidenses. Pero esos números son engañosos. Ese indicador de 1.90 dólares tiene una historia absurda y no es representativo de nada más que del hecho de que cualquier persona que tenga un ingreso equivalente realmente está en peligro mortal. Muchos investigadores han señalado que una cota de 7.40 dólares diarios sería más realista si se quiere medir la pobreza. Otros, como el también investigador de Harvard Lant Pritchett, consideran que una medida de pobreza más razonable sería de 10 o 15 dólares diarios.

¿Qué sucede si se utiliza la medida de 7.40 dólares diarios? En ese caso, se observa que el número de personas que viven en pobreza ha ido creciendo desde 1981 (cuando se iniciaron estas mediciones) y hoy supera la cifra de 4 mil millones de personas. Es decir, más de la mitad de la población mundial vive en una condición de pobreza y padece fuertes niveles de inseguridad alimentaria y de salud. Esto es más consistente con los datos sobre las débiles tasas de crecimiento económico, salarios estancados y, por supuesto, los análisis sobre desigualdad creciente en el mundo.

Desgraciadamente al Banco Mundial le ha costado trabajo abandonar sus convenientes datos sobre pobreza extrema, con los cuales puede alardear que la pobreza disminuye en el mundo. Todo esto es un adecuado telón de fondo para la obra de Banerjee-Duflo-Kremer, que, sin poner en entredicho la dinámica del neoliberalismo, contribuye a perpetuar la idea de que la pobreza es una trampa personal de la que un individuo puede escapar si realmente hace los esfuerzos necesarios. Ya sólo faltaría concluir que no hay pobreza "involuntaria".

En contraste con el trabajo de BDK, este año salió publicado un nuevo libro de Thomas Piketty, Capital e ideología. Es una propuesta de cambios profundos en la estructura del capitalismo, buscando trascender a un arreglo social más acorde con la época llena de amenazas que vivimos. Entre las recomendaciones más importantes se encuentra la de otorgar 50 por ciento de los asientos en los consejos de administración de las empresas a los empleados y trabajadores. Piketty también recomienda una profunda reforma fiscal que permita gravar la riqueza extrema y que haga posible financiar un programa de renta básica universal. Este es el tipo de análisis y propuestas que permitirán hacer realidad un mundo en el que la pobreza sea realmente un fenómeno marginal y, quizás, hasta un simple malestar administrativo.

Twitter: @anadaloficial

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Manifestantes ecuatorianos corren para escapar de los gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas de seguridad en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, en Quito.Foto Ap

Cinco muertos, 554 heridos y 929 detenidos en nueve días de protestas

 

Quito. La Confederación Nacional de Pueblos Indígenas de Ecuador (Conaie) condicionó ayer el diálogo con el presidente, Lenín Moreno, a que derogue el decreto que eliminó los subsidios al combustible, que llevó a aumentos de hasta 123 por ciento, al cumplirse la novena jornada de protestas contra el paquetazo, cuya represión ha dejado cinco muertos, más de 500 heridos, más de 900 detenidos, y muchos desaparecidos.

La policía reprimió ayer nuevamente a manifestantes en Quito al mantener los indígenas la presión en las calles y carreteras contra los ajustes económicos pactados por Moreno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Después del llamado de la Conaie a radicalizar las acciones tras el fracaso de una tentativa de diálogo, la capital ecuatoriana vivió ayer un rebrote de las confrontaciones que ya dejó cinco muertos, 554 heridos y 929 detenidos, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.

La Conaie manejó las mismas cifras como saldo de la "violencia exacerbada interpuesta por la fuerza pública y militar", pero agregó que hay "otros tantos desaparecidos".

Los disturbios se reactivaron en los alrededores de la Asamblea Legislativa, ocupada brevemente por los indígenas el martes, y en los alrededores del parque El Arbolito, cerca de la Casa de la Cultura, donde se concentran miles de indígenas llegados de todo el país.

Al cierre de esta edición, las fuerzas de seguridad continuaban lanzando gases lacrimógenos a los indígenas que se manifestaban en ese parque.

Los manifestantes arrojaron piedras y pirotecnia a los uniformados que lo hicieron con gas lacrimógeno y proyectiles de goma. Vehículos antimotines se dirigieron amenazantes hacia encapuchados que llevaban lanzas y escudos de madera.

"¡Asesinos!", gritaron los indígenas que, según sus testimonios, fueron interceptados por fuerzas de seguridad cuando pretendían concentrarse en la Casa de Cultura, donde está reunida la Conaie, que lidera la protesta.

Fotógrafos de la Afp registraron el traslado de heridos en camillas improvisadas por los manifestantes. También otras imágenes captaron a indígenas trepando por edificios públicos, mientras militares se atrincheraban a las afueras de la sede del Legislativo.

El gobierno aseguró en un comunicado que hubo ataques "de forma violenta contra la fuerza pública" cerca de dos hospitales, los cuales se vieron afectados por gases lacrimógenos. No se reportaron situaciones de gravedad al interior de esos centros.

Los choques recrudecieron con la llegada a Quito de un millar de indígenas de la Amazonia armados con lanzas. "Aquí se están violando los derechos humanos", declaró enfurecido Marlon Vargas, dirigente de esas comunidades.

Vargas lanzó un nuevo llamado a intensificar la protesta en la selva amazónica: "Dentro de nuestros territorios están los destacamentos, los batallones (militares). Ahora sí hay que accionar, hermanos, con fuerza porque aquí nos están matando".

Los amazónicos, al grito de "¡Fuera Lenín, fuera!", se adhirieron a los indígenas del centro andino que entraron a la capital desde el lunes a pie y en autobuses, desafiando el estado de excepción y toque de queda parcial impuesto por Moreno.

Decenas de taxis recorrieron las calles de Quito en respaldo a los manifestantes. En otras ciudades del centro del país, entre ellas Loja, también se realizaron marchas.

En 17 de las 24 provincias se registraron cortes de carreteras, indicó ayer el Sistema Integrado de Seguridad ECU911.

Tras la muerte del líder indígena Inocencio Tucumbi durante la represión en el contexto del paro nacional del miércoles, la Conaie prometió "radicalizar" sus acciones mediante bloqueos de vías y toma de instalaciones públicas.

La dirigencia indígena canceló el jueves los contactos con el gobierno, que buscaba una salida a la crisis que desató la eliminación de los subsidios al combustible.

Moreno, quien acosado trasladó el gobierno a Guayaquil, llamó ayer a un diálogo directo para "encontrar soluciones", aunque insistió en que no renunciará ni derogará las medidas porque a su juicio son necesarias para mejorar la economía dolarizada del país petrolero.

La Conaie advirtió que no habrá diálogo a menos que se derogue el decreto 883, que eliminó el subsidio a la gasolina y el diésel. "El diálogo que el gobierno dice promulgar se ha sustentado (...) en una de las peores masacres en la historia del Ecuador", afirmó en un comunicado publicado en Twitter

Destacó la "exitosa movilización nacional y acciones de resistencia en todo el país", subrayó que en su lucha están unidos "indígenas, estudiantes, campesinos, la clase trabajadora y los sectores empobrecidos del país", al tiempo que de nuevo responsabilizó de la violencia a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y al titular de Defensa, Oswaldo Jarrín.

El transporte de petróleo por el principal ducto fue suspendido a causa de la ocupación de pozos en la Amazonia. El sector registró pérdidas acumuladas por más de 877 mil 678 barriles de crudo, incluida la parte de las petroleras privadas, indicó el Ministerio de Energía.

Los bloqueos en carreteras del centro y norte del país complicaron el abastecimiento de alimentos y derivados. En tanto, el sector exportador de flores se declaró en emergencia por ataques a sus fincas y problemas para movilizar la producción.

Moreno, en el gobierno desde 2017, enfrenta su mayor crisis debido a préstamos que negoció con el FMI, con el que pactó un crédito por 4 mil 209 millones dólares a cambio del despido de miles de trabajadores y la eliminación de subsidios a los combustibles, vigentes desde hace 40 años. Desde el pasado 3 de octubre, el galón de diésel pasó de 1.03 a 2.30 dólares y el de gasolina regular de 1.85 a 2.40.

Los indígenas, que representan 25 por ciento de los 17 mil 300 millones de ecuatorianos, son el sector más castigado por la pobreza y en su mayoría trabajan en el campo. Con la liberación de los precios de los combustibles, deben pagar más para el transporte de sus productos al tiempo que temen una inflación generalizada.

Respaldo de EU a las reformas

El secretario de Estado estadunidense, Mike Pompeo, apoyó al Lenín Moreno y sus "necesarias" reformas para "promover un crecimiento económico duradero".

Desde su exilio en Bélgica, el ex presidente Rafael Correa (2007-2017) llamó a la desobediencia a la fuerza pública."No puede seguir reprimiendo a sus hermanos, protegiendo no a la patria sino a un gobierno acabado por su propia traición, mediocridad y entreguismo", dijo en redes sociales.

Colombia descalificó los comentarios de las autoridades ecuatorianas sobre que la disuelta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia participó en las manifestaciones, al tiempo que el premio Nobel de la Paz, Adolfo Peréz Esquivel, pidió nuevas elecciones y un cese a la represión policíaca, tras asegurar que el gobierno ecuatoriano es insensible ante el reclamo social, en un video publicado en Twitter.

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Miles de indígenas armados con palos pasaron ayer por Machachi, provincia de Pichincha, en su caminata rumbo a Quito, para exigir al gobierno de Lenín Moreno dar marcha atrás al paquetazo económico impuesto para cumplir exigencias del FMI.Foto Afp

Quito. El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, anunció anoche el traslado de su gobierno a la ciudad portuaria de Guayaquil y acusó a su antecesor Rafael Correa (2007-2017) y al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de "desestabilizar" a su gobierno, en momentos en que miles de campesinos comenzaron a llegar a Quito en medio de enfrentamientos con fuerzas militares, al aumentar la presión de las masivas protestas iniciadas el jueves pasado en rechazo a la eliminación del subsidio a combustibles.

En un mensaje transmitido en cadena nacional, un acorralado Moreno aseveró: “Me he trasladado a Guayaquil y he movido la sede de gobierno a esta querida ciudad, de acuerdo con las atribuciones constitucionales que me competen.

"Lo que ha sucedido estos días en Ecuador no es una manifestación social de descontento ante una decisión de gobierno. No, los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar al gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático", denunció Moreno, quien en los últimos días atribuyó las movilizaciones a los "zánganos correístas", lo que ha dado pie a que en las calles y redes sociales se habla ya de la Revolución de los Zánganos.

En cadena nacional, el mandatario agregó que "en las imágenes es evidente que los más violentos, aquellos que actúan con la única intención de agredir y dañar, son individuos externos, pagados y organizados. ¿Creen ustedes que es coincidencia que Correa y (el ex canciller Ricardo) Patiño hayan viajado al mismo tiempo hace algunas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización".

El detonante de las protestas fue un acuerdo de Moreno con el Fondo Monterio Internacional para acceder a préstamos por 4 mil 209 millones de dólares, a cambio del despido de miles de trabajadores y la eliminación de subsdios a los combustibles, vigentes desde hace 40 años, y que provocó aumentos hasta de 123 por ciento. El galón de 3.79 litros de diésel pasó de 1.03 a 2.30 dólares y el de gasolina común de 1.85 a 2.40 dólares.

Pero Moreno dijo que no dará marcha atrás con las medidas "porque lo correcto no tiene matices" y agregó que la eliminación a los subsidios del combustible es una decisión histórica que afecta a grandes intereses económicos y financieros.

El anuncio de Moreno desde la conservadora ciudad portuaria, donde al cierre de esta edición se multiplicaban las protestas, se conoció poco después de que comenzaron a llegar miles de campesinos al centro colonial de Quito, y de reportes de que el presidencial Palacio de Carondelet, fue evacuado por militares y es vigilado con el sobrevuelo de helicópteros.

Los indígenas, provenientes de provincias del sur andino, algunos armados con palos y fuetes, partieron antenoche a pie y en camionetas rumbo a la capital con la exigencia de mantener los subsidios para evitar el consecuente aumento de tarifas.

Otros grupos de indígenas también se desplazaban desde el norte para sumarse a una gran movilización de sindicatos este miércoles en la capital, donde ayer por la tarde hubo violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías.

En Machachi, a 35 kilómetros de Quito, militares y policías atacaron la marcha con bombas de gas lacrimógeno. La primera caravana conformada por miles de indígenas llegó a Quito y al ingresar a la ciudad atacaron una tanqueta del ejército, la cual fue quemada sin que los militares pudieran hacer nada, según imágenes transmitiras por televisión. Otros manifestantes ocuparon pozos y redujeron la producción petrolera.

La multitudinaria caravana llegó por la noche al centro de Quito, mientras los caminantes que vienen desde el norte ya estaban en Calderón, en las afueras de la capital.

En 19 de las 24 provincias hay bloqueos, principalmente en la Panamericana, indicó el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

"Grupos indígenas están cerrando vías en diversos puntos, lo que es lamentable", señaló el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, quien advirtió que si hay "cualquier intento de llegar a Quito u otro lugar, o de seguir obstaculizando las vías, las fuerzas armadas están atentas para impedir que escale este nivel de violencia".

Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), que en 2000 impulsó el derrocamiento de Jamil Mahuad, cuestionado por su política económica, declaró que se espera que llegarán a Quito "más de 20 mil indígenas".

La organización declaró antier el "estado de excepción" en sus territorios, que implica que "militares y policías que se acerquen a ellos serán retenidos y sometidos a la justicia indígena (reconocida por la Constitución)".

Decenas de militares ya han sido retenidos en varias comunidades, señalaron dirigentes indígenas.

"Estoy decidido a dialogar con ustedes hermanos indígenas, con quienes compartimos muchas causas. Dialoguemos sobre cómo usar los recursos del país para los más necesitados", expresó Moreno, quien se distanció de su aliado y antecesor Rafael Correa (2007-2017) apenas asumió el poder.

Pero Vargas replicó: “El problema es que ya estamos cansados de tanto diálogo. Hemos tenido llamadas, miles y miles de llamadas, y no hemos respondido hasta este momento. Mientras mi pueblo no llegue a la ciudad de Quito están cerrados todos los canales de diálogo.

"Convocamos al paro del pueblo y la huelga nacional del 9 de octubre. Las acciones del pueblo no terminan allí si el gobierno no retrocede en las medidas", manifestó Nelson Erazo, titular del Frente Popular, que reúne a grupos de trabajadores y estudiantes.

En las calles y en las redes sociales se multiplica el hashtag #YoTambienSoyZángano y #RevoluciónDelosZánganos, en alusión a la calificación de "zánganos correístas" que hizo Moreno a los miles que salieron a las calles del país tras la aplicación del paquetazo.

Bajo ese mismo hashtag el propio Correa retuiteó una nota que destaca un llamado de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a las autoridades ecuatorianas "de garantizar el derecho de todas las personas a manifestarse".

El ex presidente uruguayo José Mujica tuiteó: "Mi solidaridad al pueblo ecuatoriano víctima del FMI. Siguen peleando por el país. Lamentablemente se encontraron con un traidor que ha vendido la patria".

Las protestas han dejado hasta el domingo un civil muerto, 73 heridos (incluidos 59 uniformados) y 477 detenidos (la mayoría por vandalismo), de acuerdo con cifras de las autoridades.

Diversos sectores sociales rechazan desde el pasado jueves la eliminación de subsidios dispuesta como parte de un acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional para acceder a préstamos por 4 mil 209 millones de dólares.

Antes de 2007, la dolarizada y petrolera nación ecuatoriana sufrió casi una década de inestabilidad política y protestas sociales que derivaron en el derrocamiento de tres mandatarios, dos de los cuales intentaron aplicar severos ajustes económicos.

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El paro y la protesta se extienden en Ecuador

 

Ecuador amaneció por segundo día consecutivo sin transportes y con ccortadas en varios puntos. Moreno dijo que no va a permitir que se bloqueen camiones cargados con productos básicos.

Ecuador amaneció por segundo día consecutivo sin transportes y con calles y carreteras cortadas en varios puntos. El presidente Lenín Moreno decretó ayer el “estado de excepción” para intentar sofocar las manifestaciones contra el "paquetazo" impulsado con el apoyo del FMI. Ayer la liberación del precio de los combustibles produjo aumentos de hasta un 123 por ciento. Sin embargo Moreno volvió a defender su decisión. “Que se oiga bien, no voy a cambiar la medida, se eliminó el subsidio, se acabó la zanganería”, dijo.

Luego de los disturbios del jueves, los dirigentes del sector de transporte decidieron continuar con el paro nacional. "No queremos desestabilizar el país, pero lamentablemente en este momento lo que se está tratando es de sobrevivir", dijo a la prensa el presidente de la Federación Nacional de Transportistas Pesados, Luis Vizcaíno. "Si se logra bajar un poco las tarifas del combustible creo que puede haber una salida para que el Ecuador vuelva a la paz", añadió.

En Quito, solo opera el servicio municipal de transporte, que no se adhirió a la medida de fuerza. Una de las empresas que prestan este servicio, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), informó cierres viales en varios puntos de la ciudad y que taxistas colocaron barricadas y encendieron neumáticos en la céntrica avenida Teniente Hugo Ortiz para impedir el paso de los vehículos. Para contrarrestar los efectos del paro, el gobierno decidió que las Fuerzas Armadas habilitaran sus vehículos para movilizar a los ciudadanos. El servicio se prestó en las ciudades de Quito, Guayaquil, Manabí, Ibarra y Pastaza. Las autoridades suspendieron las clases en las escuelas primarias y secundarias y para los institutos de formación superior y técnica.

En su perfil de Twitter, la Fiscalía indicó que fueron detenidos el secretario general del Sindicato de Chóferes y el presidente de la Cámara de Transporte de la ciudad andina de Cuenca, a los que identifica como Mesías V. y Manolo S., respectivamente.

El saldo de la jornada de protesta de ayer fueron 21 policías heridos y 277 detenidos, informó el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín. “Cometieron actos de vandalismo y atentaron contra la propiedad", dijo Jarrín. "Con el estado de excepción se está logrando el propósito fundamental, el cual es restablecer el orden y la paz social", expresó el ministro desde la casa presidencial.

Desde Guayaquil, Moreno afirmó que las medidas no fueron fáciles de tomar, pero que está dispuesto a dialogar con aquellos que respeten los derechos humanos. “Conversar sí, habrá mecanismos de palear un poco el efecto que pueda tener en algunos sectores (la medida), claro que sí, estamos dispuestos a hacerlo, pero bajo ninguna circunstancia vamos a cambiar la medida”, dijo. Señaló que aproximadamente 60 mil millones de dólares se destinaron a subsidios durante estos años. “Pongamos los pies en la realidad, sepamos exactamente a qué nos habíamos enfrentado, no queremos beneficiar a los que más tienen, no queremos a los contrabandistas, eso sí no me pidan: que dialogue con los contrabandistas que se han enriquecido pasando combustibles hacia países vecinos”, afirmó el mandatario. Moreno también dijo que no va a permitir que se bloquee la circulación de camiones con productos básicos. Informó que se requisaron dos camiones que bloqueaban el paso en el sur de Guayaquil y que se va a seguir requisando lo que sea necesario.

Legisladores de Revolución Ciudadana, el partido del ex presidente Rafael Correa, que forma parte de la Asamblea Legislativa, solicitaron la destitución de Lenín Moreno y adelantar las elecciones presidenciales y legislativas. "Esta Asamblea tiene que revisar el estado de excepción y determinar el incumplimiento de funciones del presidente", afirmó la legisladora Gabriela Rivadeneira.

La ola de reclamos comenzó luego de que, acosado por el endeudamiento y la falta de liquidez en una economía dolarizada, Moreno pactó un millonario programa de créditos con el FMI. El paquete de medidas incluye la quita de subsidios a los combustibles, que demandaban 1.300 millones de dólares al año. También despidos de empleados públicos y reforma tarifaria. La liberación de los precios provocó el aumento del galón de nafta (equivalente a 3,78 litros) desde US$ 1,85 a US$ 2,22. 

El ministro de Transporte, Gabriel Martínez, indicó que el Ejecutivo hará un "ajuste" en los pasajes de autobuses interprovinciales. También impulsará que los municipios hagan lo mismo con el transporte urbano y de taxis, que están a su cargo. "Pero esta subida del pasaje, que será moderada, que será justa y que será técnica, no deberá tener consecuencias en los (precios de los) demás productos", añadió.

Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos criticaron la represión policial del jueves. "Repudiamos el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, como evidencian imágenes de represión a las protestas sociales. (...) Seguimos con preocupación la situación de un centenar de detenidos en todo el país, por lo menos 19 heridos y 20 periodistas agredidos", indicó el organismo vía Twitter. El relator para Ecuador del Comité de la ONU de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Mikel Mancisidor, cuestionó las medidas tomadas por Lenín Moreno. “Rechazamos que los derechos a la libertad de asociación, asamblea y movimiento hayan sido suspendidos", dijo.

Además del FMI, otros organismos multilaterales también entregarán 6.070 millones de dólares en préstamos a la administración de Moreno, que por falta de liquidez ha emitido bonos por más de 10.000 millones de dólares. La deuda externa pública de Ecuador subió en 47 por ciento en el actual gobierno, llegando a 39.491 millones de dólares. Esto representa el 36,2 por ciento del PIB.


Lenín Moreno: un converso contra las cuerdas

Por Juan Manuel Karg

 

La declaración de Estado de Excepción que Lenín Moreno Garcés ordenó este jueves en Ecuador termina de mostrar su conversión total a nivel político: fue antecedida por una serie de protestas y movilizaciones contra el alza en el precio de los combustibles, dispuesto tras la quita del subsidio estatal, lo que provocó el fastidio en amplios sectores sociales que eligieron las calles para manifestar su descontento.

 Antes, el Fondo Monetario Internacional había pedido la implementación a la brevedad de otras dos medidas ortodoxas, las reformas laborales y tributarias, para así desembolsar unos 4200 millones de dólares. Moreno, que se mostró como un alumno ejemplar de Donald Trump en el encuentro que el Jefe de Estado norteamericano tuvo con algunos mandatarios de nuestra región en el marco de la Asamblea General de la ONU, viene de retirar el busto de Néstor Kirchner de la sede de la Unión de Naciones Sudamericanas que lleva el nombre del ex presidente argentino en Mitad del Mundo. Antes, había sido pieza clave en el lanzamiento de Prosur, el esquema integracionista que pretende reemplazar a la Unasur y es solo un maquillaje sin sede, funcionarios ni atribuciones.

Como se ve en el artículo tres del Estado de Excepción, Moreno suspende "en todo el territorio nacional el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y reunión", lo cual "consiste en limitar la conformación de aglomeraciones en espacios públicos durantes las veinticuatro horas del día". Este decreto, que tiene dos meses de rigor a partir de la firma del Jefe de Estado, tuvo su fatídico estreno en las inmediaciones del Palacio de Carondelet el mismo jueves, con una represión policial que incluyó detenciones arbitrarias y ataques a los periodistas allí presentes (dos cronistas de El Comercio fueron golpeados, según se advierte en diversos videos subidos a las redes sociales). 

Luego Moreno se desplazó hasta Guayaquil. "La tarea de mi presencia es evitar que aquellos que saquearon el país sigan saqueando el Ecuador" dijo allí Lenín, intentando sin pruebas mezclar lo que sucedía en las calles de esa ciudad -además de movilizaciones genuinas, hubo desbordes con saqueos a comercios incluídos- con el gobierno de Rafael Correa (del cual el fue funcionario de alto rango, vale decir, hasta el último día, y al cual valoraba como "el mejor gobierno de la historia de Ecuador").

 La derecha sudamericana enfrenta un momento de serias convulsiones que sobrepasan Ecuador: Argentina se precipita a un fin de mandato de Mauricio Macri con alarmantes índices de pobreza y una impagable deuda con el propio FMI; Paraguay está en recesión económica; Perú naufraga en una disputa fraticida entre el Ejecutivo y el Legislativo, que hizo que este último quede disuelto; Brasil se prende literalmente fuego mientras Bolsonaro cae en su popularidad y Lula permanece detenido injustamente en Curitiba; Colombia asiste a una escisión de las FARC ante un acuerdo de paz que se debilita, entre otros datos que dan cuenta del complejo momento que viven los gobiernos conservadores en la región. 

Sin embargo, el caso ecuatoriano amerita especial tratamiento: Moreno tiene una fuerza social, política y electoral escasa, casi irrelevante, y para gobernar debe apoyarse en los sectores más conservadores del país, tanto a nivel político como económico. Del otro lado, el correísmo muestra músculo: en las últimas elecciones conquistó dos de las tres gobernaciones más importantes del país (Pichincha y Manabí). Hay un líder, en el extranjero, que aún tiene la capacidad de aglutinar a un segmento no menor de la población de ese país ante el ajuste en curso: este elemento puede ser significativo a mediano plazo.

 La decisión de Moreno tiene que ver con un dato inequívoco de la política ecuatoriana: las calles le toman el pulso a los gobiernos que deciden ajustar a la población. Le pasó a Jamil Mahuad, que contaba con el mismo asesor con el que cuenta Moreno: Jaime Durán Barba, que tiene un 2019 para el olvido, visto y considerando además la estruendosa derrota de Mauricio Macri en las PASO de Argentina. Por este dato histórico, que tiene que ver con la tradición de un pueblo decidido a salir a las calles para confrontar los abusos del poder, y por la debilidad estructural del gobierno de Moreno, habrá que prestar atención al día a día de una crisis que acaba de empezar y nadie sabe como puede terminar. El converso está contra las cuerdas y todos los actores políticos y económicos del país notan su debilidad. La huelen. Moreno, que dejó de ser Lenín hace ya mucho tiempo, vive sus horas más complicadas.

Politólogo UBA. IIGG - Facultad de Ciencias Sociales. @jmkarg 

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Lenin Moreno decreta "estado de excepción" para contener las protestas

El aumento de combustibles derivó en un paro nacional de transporte y protestas en todo el país.

El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, decretó el “estado de excepción” que le permitirá sacar las fuerzas armadas a las calles en su país. Lo hizo después de anunciar el martes un aumento de hasta el 123 por ciento en el precio de los combustibles, lo cual derivó en un paro nacional de transporte y protestas en todo el país.  La liberación del precio de los combustibles, anunciada por Moreno, ató esos precios a valores internacionales, generando el desproporcionado aumento. Las medidas anunciadas forman parte de la reforma tributaria que le exige el Fondo Monetario Internacional (FMI) a Ecuador en el marco del acuerdo que firmaron en marzo de este año.

Frente al avance de múltiples focos de protesta en varios puntos de Quito, la policía cercó vastas zonas del centro y reprimió movilizaciones, entre ellas una de estudiantes. Las Fuerzas Armadas rodearon el Palacio de Gobierno. Las protestas se extendieron por todo el territorio ecuatoriano, con intentos de saqueos y cortes en rutas y vías de acceso. Miles de pasajeros se las ingeniaron para movilizarse en las avenidas troncales a través del sistema municipal de transporte, que no adhirió al paro, pero en el resto de la ciudad colapsó a falta de autobuses y taxis privados y de cooperativas, que acataron masivamente. 

 "Mientras no se dé marcha atrás en las alzas de los combustibles, nosotros no dejaremos de protestar", dijo Carlos Guzmán, dirigente de una cooperativa de taxis que se manifestó en el centro viejo de la capital. “El gobierno se sacó toda la careta y planteó el paquetazo neoliberal que le ordenó el FMI, donde todo el peso del proyecto económico lo pone en las espaldas del pueblo ecuatoriano", señaló el presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) Mesías Tatamuez.

Como respuesta Moreno decretó el “estado de excepción” para garantizar la “movilidad en todo el territorio nacional”. Esto le permite volcar a las calles las Fuerzas Armadas. “Las medidas siguen firmes. No existe la más mínima posibilidad de cambiar aquellas medidas relacionadas con ese subsidio perverso que causaba daño al país”, dijo Moreno, descartando rumores que hacían pensar en una posible marcha atrás.

El aumento de combustibles es parte de las reformas tributarias, a las que hay sumar las laborales, que el gobierno impulsa en función del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En marzo Ecuador firmó un acuerdo con este organismo para conseguir créditos por 4.209 millones de dólares, en medio de serios problemas financieros. Otros organismos multilaterales también entregarán 6.070 millones de dólares en préstamos a la administración de Moreno, que inició su mandato en mayo de 2017. Por falta de liquidez su gobierno ya emitió bonos de deuda por más de 10.000 millones de dólares.

“Moreno tiene la amenaza del FMI de que no canalizará el siguiente desembolso a menos que se cumplan las medidas de equilibrio de fiscal que ellos requieren”, dijo en diálogo con Página/12 Andrés Arauz, ex presidente del Banco Central de Ecuador entre 2009 y 2011. “El decreto de Moreno no sólo elimina el subsidio a los combustibles. Lo que hizo fue liberar el precio para de esa forma atarlo a los valores internacional”, explicó. La cotización del galón americano de diésel pasó de 1,03 dólares a 2,30 dólares y la de gasolina corriente, de 1,85 a 2,40 dólares, en surtidoras de Quito. 

Según el ministro de Economía, Richard Martínez, el esquema de precios vigente hasta entonces era insostenible.  "Lo que estamos haciendo es sincerar los precios, retirar un subsidio, un regalo que estaba haciendo el Estado”, señaló.

El martes, admás del aumento de combustible, Moreno ebozó algunas de las reformas laborales y tributarias que presentará al Parlamento, pero no hizo circular el proyecto de ley, por lo que no se descarta que aparezcan otras sorpresas. dado que el aumento, impacta con más fuerza a los sectores más desprotegidos, para compensar Moreno anunció otra medida supuestamente orientada a que las grandes empresas compartan el sacrificio. Anunció que las empresas que generen ingresos anuales de más de 10 millones de dólares "pagarán, por tres años, una contribución especial que totaliza más de 300 millones".  Esos fondos se destinarán exclusivamente "para seguridad, educación y salud", subrayó el mandatario. 

Sin embargo, para Arauz, la medida anunciada es de corte voluntarista y por lo tanto inefectiva. “Esta podría ser vista como una medida progresista, ya que apunta a los sectores que más ganancias obtienen. Sin embargo es un impuesto extraordinario, con esquema de tributación voluntario, sin ejercicio de control”, sostiene Andrés Arauz. El presidente ecuatoriano también anunció la reducción de aranceles de importación para bienes de capital y materias primas que beneficien a los sectores agrícola e industrial. Además, suprimirá los impuestos a la importación de teléfonos móviles, computadoras y tabletas. A los exportadores les anunció la simplificación para la devolución de tributos al comercio exterior, por un porcentaje del valor de la exportación. Entre las medidas fiscales dijo que decidió bajar el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para materias primas, insumos y bienes de capital que constan en una Lista del "Comité de Política Tributaria”.

Entre las medidas que componen la reforma laboral figura la reducción en 15 días de vacaciones a los empleados de empresas públicas, y la aportación de un día de salario al año, anunció el presidente. “Su remuneración es superior a la que se percibe en el resto de la administración pública", argumentó Moreno. Otra medida es la reducción de los topes en las distintas escalas salariales de la función pública, la cual ahorraría al Estado 148 millones de dólares en una fase inicial, dijo el mandatario. Además estableció un cronograma de despidos que pretende llevar adelante el próximo año, que aportará otros 160 millones de dólares adicionales a las arcas estatales. "Todo esto, insisto, contribuye a dinamizar la economía y el empleo", argumentó Moreno.

Pero para Arauz los objetivos de Moreno son otros. “Entre las metas que impuso el FMI figura la eliminación del déficit, no reducirlo, para de esa manera llegar a un superávit primario del 4 por ciento. Estas medidas que toma el gobierno van en sintonía con ese objetivo”, sostiene Arauz. “No se debe invertir en obra pública, se deben acumular reservas, para llevarlas a bancos extranjeros. Buscan extraer liquidez para depositarla afuera. El programa estipula que para el 2022 deben existir reservas en el exterior por 15.000 millones cuando ahora hay 4.000 millones”, informó Andrés Arauz.


El paquetazo del FMI lleva a Lenín Moreno al borde del precipicio

Eloy Osvaldo Proaño

CLAE

La caída vertiginosa de la credibilidad del presidente ecuatoriano Lenín Moreno, la imposición del paquetazo impuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la declaración del estado de excepción ante el reclamo popular, se suman a las denuncias de corrupción, que van abonando el mismo camino que debieron seguir sus antecesores Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez

Con la declaración del estado excepción que durará 60 días, con posibilidad de renovación (según la ministra de Gobierno María Paula Romo) el presidente Lenín Moreno, pretende "garantizar la seguridad" ante los "focos localizados" de violencia. "La gente piensa que no tomo decisiones, pero sí lo hago", aseguró Moreno.

La ola de movilizaciones respondió a un “paquetazo” económico decretado por el gobierno e impuesto por el FMI, que incluye el incremento del precio del diésel y gasolina extra, producto de la eliminación del subsidio estatal, además de reformas laborales y tributarias . El gobierno pretende ahorrar 1.400 millones de dólares anualmente.

A las manifestaciones de los transportistas se sumaron organizaciones sociales, indígenas y estudiantes universitarios que rechazan lo que tildan de “paquetazo”. Lo cierto es que desde la medianoche del miércoles no hay transporte y las clases han sido suspendidas en todo el país y el jueves el ambiente de las protestas subió de tono.

La gasolina extra ha pasado de costar 1,85 dólares por galón a 2,22, respectivamente. El diésel, habitual combustible del transporte de mercancías, estaba entre un dólar y 1,37 dólares, dependiendo del tipo, y ahora sube a casi el doble, con algo más de 2,10 dólares el galón.

"Las medidas que tomamos en conjunto están en firme, no existe posibilidad de cambiar, principalmente las relacionadas con el subsidio que causa tanto daño al país que distorsionaba la economía", dijo Moreno desde la casa de gobierno.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló el miércoles desde Washington que las reformas anunciadas por Moreno tienen como objetivo mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de la economía ecuatoriana, y fomentar un crecimiento sólido e inclusivo.

Destacó asimismo que las autoridades “están trabajando en importantes reformas destinadas a apoyar la dolarización de Ecuador, incluida la reforma del Banco Central y el Código Orgánico de presupuesto y planificación”. El 11 de marzo, el FMI avaló un acuerdo técnico de asistencia financiera a Ecuador por 4.200 millones de dólares, que permitió el desembolso inmediato de 652 millones de dólares

Assange, los INA Papers, Unasur, Opep

Lenín Moreno sorprendió el jueves 11 de abril al revocar el asilo que Ecuador le había concedido a Julián Assange, situación que le fue exigida por el vicepresidente estadounidense Mike Pence y, según señalan algunos analistas, por el Fondo Monetario Internacional para otorgarle los créditos solicitados.

La medida acabó con su estadía de casi siete años en la embajada ecuatoriana en Londres y permitió que la policía británica lo arrestara, para entregarlo al gobierno estadounidense. Moreno aseguró que Assange “prácticamente convirtió a la embajada en un centro de espionaje internacional y terrorismo informático”, quebrando las normas de convivencia y hasta manchando con sus heces las paredes de la sede diplomática.

Existe una evidente relación causal y temporal entre las revelaciones de Wikileaks acerca de los INA Papers y la expulsión de Julián Assange de la embajada de Ecuador en Londres. Las revelaciones sobre los sobornos recibidos amenazaron con acabar con la carrera política de Moreno, e incluso, dar con sus huesos en la cárcel.

En marzo de 2012, en la capital de Belice, el hermano del presidente, Edwin Moreno Garcés constituyó una empresa fantasma offshore bajo el nombre INA Investment Corp (acrónimo de las tres últimas letras del nombre de las tres hijas que del mandatario: Irina, Carina y Cristina), con el fin de recibir dineros de coimas que se recaudaban por medio del “empresario” y a la vez su testaferro Xavier Macías Carmignani.

Los sobornos comprobados se recibieron de empresas como la china Sinohydro y la panameña Recorsa pagaban por el lobby efectuado en las adjudicaciones de determinadas concesiones con el estado. En uno solo de esos movimientos se pagaron ni más ni menos que 18 millones de dólares.

Los INA Papers son una importante serie de documentos que confirman la existencia de una organización criminal liderada por Lenín Moreno. Por medio de al menos una docena de sociedades fantasmas constituidas en diversos paraísos fiscales, cometió una serie de delitos que incluyen lavado de activos, defraudación fiscal y tributaria, tráfico de influencias y el cohecho en perjuicio del Estado ecuatoriano, cuyos alcances han derivado en lo que Interpol categoriza como crimen transnacional.

Las últimas semanas Lenín Moreno no sólo decidió la salida de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), bombardeando el esfuerzo de integración política regional, sino también el vaciamiento de la sede en la mitad del mundo, que incluyó quitar la estatua del expresidente argentino Néstor Kirchner. Y anunció también el retiro del país de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep).

Presidentes expulsados

Los ecuatorianos saben de levantamientos populares contra presidentes que los han engañado, impulsados por movimientos populares e indígenas, desde, al menos, la década de 1980 hasta el ingreso en el nuevo milenio.

Abdala Bucaram, fue alcalde de Guayaquil tras ser electo en 1984. Fue enjuiciado por injurias a las Fuerzas Armadas y peculado en 1985. En su intento por huir de la prisión preventiva en el juicio por peculado, viajó a Panamá. En 1987 el Congreso le dio amnistía , permitió que participe en las elecciones de 1988 en la que perdió contra Rodrigo Borja, y los juicios en su contra volvieron a activarse inmediatamente y tuvo que volver a Panamá.

En 1992 el Congreso le otorgó amnistía por segunda vez y se postuló para los comicios presidenciales de 1992 en los que volvió a perder. Su tercera candidatura fue en 1996 y ganó. En 1996, la entonces Corte Suprema de Justicia presentó dos juicios en su contra debido a mal manejo de gasto público y un sobreprecio en la adquisición de mochilas escolares. En 1997 el congreso lo calificó de ‘incapacidad mental’, fue destituido y viajó a Panamá, lugar en el ha permanecido exiliado.

Jamil Mahuad fue electo presidente en 1998 y destituido de sus funciones en enero del 2000, tras poner al país al borde de la hiperinflación. Esto llevó a la quiebra o cierre de 21 de los 42 bancos existentes en esa época. Mahuad decretó un congelamiento de depósitos y dolarizó al país. Se produjo una devaluación acelerada. El precio del dólar había subido de 4.500 a más de 25.000 sucres en menos de un año.

El 21 de enero de 2000 fue derrocado cuando las Fuerzas Armadas le quitaron su apoyo. El gobierno de Chile le ofreció asilo diplomático pero Mahuad se fue a dar clases en la universidad de Harvard. El 27 de mayo de 2014, la Interpol emitió una circular roja para poder detener a Mahuad en cualquier parte del mundo y llevarlo a los tribunales de Ecuador, pero fue retirada en menos de un mes.

La justicia ecuatoriana lo busca por el presunto delito de peculado —mal uso de fondos públicos— que significaría una pena de 12 años en prisión.

El 21 de enero del 2000 Lucio Gutiérrez participó en una rebelión indígena y de militares de bajo rango que derrocó al presidente constitucional Jamil Mahuad. Fue arrestado por golpista y confinado en el Fuerte Militar Atahualpa, donde permaneció por 120 días hasta que el Congreso le otorgó la amnistía. En las elecciones del 2002 se lanzó como candidato presidencial y ganó en la segunda vuelta.

El mandato de Gutiérrez experimentó casos de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas. Creó la Pichi Corte donde se buscaba eliminar los juicios para los ex presidentes Gustavo Noboa y Abdalá Bucaram. El aumento del costo del combustible y el no cumplimiento de su plan político llevó a la ciudadanía a protestar durante varias semanas hasta que, el miércoles 20 de abril de 2005, Gutiérrez dejó la presidencia, a bordo de un helicóptero del Ejército.

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La renovada represión marca la ruta de su posible futuro, sobre todo cuando las guarismo de las últimas elecciones regionales marcaron un sostenido aumento del poder popular del expresidente Rafael Correa, denostado, permanentemente atacado por Lenín Moreno, quien supo ser su vicepresidente y su candidato a sucederlo.

Moreno no tiene ningún poder de mando, pero aún le resta cumplir con algunos objetivos de los sectores de poder, como desdolarizar caóticamente, que es lo que aspiran los grandes importadores, los grandes exportadores y los banqueros, sobre todo.

No sería descartable que dada la debilidad de Moreno, esos mismos sectores sean los que aceleren la asunción del vicepresidente para que pueda seguir con las medidas económicas y el camino trazado. Algo similar sucedió, recuerda el exvicecanciller Kintto Lucas, en el año 2000 con Mahuad-Noboa cuando se declaró la dolarización.

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