Bogotá, Sendero de las Mariposas. Comunicado contra las declaraciones de la Administración Distrital, gobierno nacional y CAR

Desde la Mesa de Cerros Orientales, denunciamos públicamente ante los habitantes de Bogotá y Colombia, así como ante las instituciones competentes, la vulneración de derechos de las comunidades de los Cerros Orientales por parte del proyecto Sendero de las Mariposas, en cabeza de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Dicho proyecto, impulsado por la anterior administración distrital de Enrique Peñalosa, pone en riesgo a los ecosistemas de los Cerros Orientales y a las distintas comunidades que históricamente los han habitado, cuyos derechos fueron reconocidos con el fallo del Consejo de Estado de 2013. En él se ordenó la consolidación de la Franja de Adecuación, donde se contempla una zona de consolidación de borde urbano (allí se encuentran nuestros barrios), para la contención de la expansión de la ciudad; y una zona de Aprovechamiento Público Prioritario cuyo suelo es de carácter rural y donde se propone desde el Fallo, que existan zonas de parques, de restauración ecológica, avistamiento de aves, huertas agroecológicas, entre otras, que sean de acceso público.

Como comunidades, hemos denunciado que el Sendero de las Mariposas se encuentra plagado de irregularidades frente al fallo del Consejo de Estado. Además de destinar un multimillonario presupuesto para su construcción, desviando los recursos públicos que deberían corresponder a la gestión del riesgo en los Cerros Orientales y la adaptación al cambio climático de la ciudad. Dispone, asimismo, de recursos provenientes de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, poniendo en riesgo financiero dicha entidad, pues los recursos provienen de un cupo de endeudamiento, como fue denunciado ampliamente por los trabajadores de la EAAB ESP.

A pesar de las graves irregularidades y falencias de fondo, el miércoles 26 de febrero, el Ministro de Ambiente, el director de la CAR y la Alcaldesa Mayor de Bogotá, emitieron declaraciones sobre el Sendero en las que dan a entender que su construcción será un hecho. Estas declaraciones desconocen el proceso de licenciamiento ambiental ante la ANLA, cuyo trámite no puede avanzar sin que antes se realice la Audiencia Pública Ambiental que, como comunidades de los Cerros Orientales, solicitamos el año pasado y que fue suspendida por las irregularidades del proyecto y la falta de participación de las comunidades afectadas, reconocidas por la tutela T- 003333 del 2019 del Juzgado primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá y confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, toda vez que se demostró que se violó el derecho al acceso a la información en conexidad con el derecho a la Participación Ciudadana, en la medida que para el trámite de la Audiencia de Información y la misma Audiencia Publica Ambiental, requiere que las comunidades tengan acceso a la información en los tiempos oportunos.

Lo anterior, respecto a la información que se requiere en el trámite de licenciamiento, pero, se tienen más elementos probatorios junto con los hechos jurídica y socialmente relevantes, que, en su debido momento se presentarán y ante las instancias legales y de control pertinentes, tanto en el trámite que cursa, el juzgado de la tutela, el mismo tribunal y el Magistrado que está haciendo el seguimiento, como a otros entes y vigilancia desde el control social.

Si bien la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, hizo la aclaración señalando que están pendientes de la licencia para ver de qué forma proceder, la declaración de las otras instituciones y de la propia alcaldesa, deja ver que se están ignorando las denuncias que se han hecho sobre el Sendero. Pasado por encima del contenido del Compromiso Ambiental Por Bogotá, que ella misma firmó en septiembre del año pasado en campaña, cuyo numeral cinco (5) se compromete a cumplir con el Fallo del Consejo de Estado y no construir el Sendero de las Mariposas.

5. Iniciar en 2020 el cumplimiento de la orden de la orden de la sentencia del Consejo de Estado de poner en marcha gradualmente un área de aprovechamiento ecológico con fines recreativos en la Franja de Adecuación de los Cerros Orientales, de acuerdo con el Plan de Manejo del Área de Ocupación Pública Prioritaria de la Franja de Adecuación (Decreto 485 de 2015), formulado conjuntamente por la CAR, el Ministerio de Ambiente y la Alcaldía de Bogotá. Se mantendrá la clasificación del suelo rural de esa área, para evitar nuevas construcciones. El área de aprovechamiento ecológico reemplazará el Sendero de las Mariposas, que no tiene nada que ver con la sentencia, y los recursos serán direccionados a su financiación. En el Área de Consolidación del Borde Urbano, con participación de las comunidades de los Cerros, culminar los procesos de legalización y mejoramiento integral, así como adelantar investigaciones sobre tecnologías alternativas para la gestión del riesgo.”

Por lo anterior, exigimos que se respeten los derechos de las comunidades de los Cerros Orientales y de la ciudadanía en general. Exigimos que se brinde toda la información del Sendero de las Mariposas para la realización de la Audiencia de información y la Audiencia Pública Ambiental correspondiente, con garantías de participación y asistencia de las comunidades afectadas. Exigimos que se reconozcan las propuestas de los pactos de vida, los ecobarrios, los caminos ancestrales, los viajes de barrio y demás alternativas que desde los cerros proponemos para que como ciudadanía bogotana nos reconectemos con la naturaleza. Exigimos, por último, a la alcaldesa Claudia Nayibe López, que cumpla el Compromiso Ambiental por Bogotá, sea consecuente con lo manifestado públicamente durante la campaña electoral y proteja la Estructura Ecológica Principal de la ciudad.

Invitamos a medios de comunicación y periodistas a que participen en la rueda de prensa sobre él Sendero de las Mariposas que realizaremos el próximo 4 de marzo a las 3 pm en las oficinas de Planeta Paz Calle 30 A No 6 – 22 Of. 2701.

 

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Publicado enColombia
Una vez destruidos los cuerpos y los tejidos sociales hay que destruir la memoria de las víctimas

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó, luego de haber conmemorado los 15 años de la horrenda masacre del 21 de febrero de 2005, acto de memoria en el cual nos acompañaron varias representaciones diplomáticas de Europa y Naciones Unidas y grupos solidarios de Colombia, y de haber sentido nuevamente el ambiente viciado que se respira en el largo y tortuoso camino hacia las veredas de Mulatos y La Resbalosa, queremos compartir con el país y el mundo las preocupaciones que nos asedian.

En primer lugar, revivir el dolor de aquella barbarie, como lo hacemos cada año, en lugar de acercarnos cada vez más hacia el olvido, tiene más bien el efecto contrario. Quince años después, cuando la menor intensidad de las lágrimas enturbia menos la visión y permite percibir con mayor nitidez las estructuras actoras del crimen, el sufrimiento se acrecienta al comprobar que continuamos bajo los mismos poderes perversos que en ese momento perpetraron tantos horrores. En estos años ha habido ciertamente victimarios de bajo rango arrepentidos, que han entregado confesiones escalofriantes a los órganos de la justicia transicional, pero esas mismas confesiones y la manera como esos organismos de supuesta “justicia” han recibido sus relatos, nos dejan aún más angustiados. A través de esos relatos queda claro que el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, junto con su entorno de jerarquías castrenses, paramilitares y empresariales, que actuaban y siguen actuando en estrecha coordinación, se inventaron la leyenda de que nuestra naciente Comunidad de Paz era una “guarida de guerrilleros”, y con esa convicción, apoyada en falsos y perversos testimonios, encendieron los ánimos de pistoleros fanatizados, sedientos de sangre y de dinero fácil, para destruir una comunidad de campesinos empobrecidos y enemigos de toda violencia que rehusábamos ponernos al servicio de un Estado corrupto, violento y criminal, que consolidaba cada vez más su carácter elitista, excluyente  y opresor.

En los 23 años transcurridos desde nuestra primera Declaración pública como Comunidad de Paz, el Estado y sus pistoleros legales e ilegales, abierta o clandestinamente fusionados, han perpetrado 1500 crímenes de lesa humanidad cuya relación detallada reposa en tribunales internacionales. Y quizás lo más aterrador es la ausencia total de justicia, pues la impunidad absoluta cubre con desvergüenza todos los horrores sufridos. El único crimen que se aventuró por los túneles del aparato judicial colombiano, fue justamente el de la masacre del 21 de febrero de 2005, y ello por el trabajo de abogados y partes civiles solidarias, pues ya desde antes, para nuestra Comunidad, la justicia colombiana no gozaba de la más mínima credibilidad, por lo cual no participamos como Parte Civil. Pero ese expediente se convirtió en el monumento más evidente y vergonzoso de la impunidad. Tanto la primera como la segunda instancia concluyeron absolviendo a los criminales dentro de un total irrespeto y burla a toda norma procesal. Llevado finalmente a demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia, gracias a un trabajo de juristas honestos e ilustrados, 10 de los victimarios fueron condenados a más de tres décadas de prisión cada uno, pero en ese momento la Jurisdicción Especial para la Paz, fruto del degradado y envilecido “Acuerdo de Paz”, les tendió la mano para colmarlos de privilegios, en violación flagrante de la misma Ley Estatutaria de la JEP. Así las instituciones judiciales exhibieron, en este caso, su más alto nivel de podredumbre

Este 15° aniversario de una de las masacres más horrendas que han tratado de aniquilarnos como Comunidad de Paz, ha estado contextuado por una campaña de MEMORICIDIO. Desde hace más de un año, la perversa articulación entre gobierno nacional y local, fuerza pública, paramilitarismo y juntas de acción comunal, ha orquestado varias campañas para bloquear los santuarios de la memoria que nuestra Comunidad de Paz ha ido construyendo. Siempre se alega, como pretexto, que el gobierno les ha ofrecido algún proyecto y que no lo pueden despreciar, aunque para realizarlo sea necesario destruir los santuarios de la memoria de las víctimas.

En la ALDEA LUIS EDUARDO GUERRA de la vereda Mulatos Medio, la campaña para que nuestra Comunidad abandone ese lugar, donde fue sacrificado nuestro líder histórico Luis Eduardo Guerra y miembros de su familia el 21 de febrero de 2005, lleva ya varios años. Han recurrido incluso a la amenaza armada y en un momento dado nos quisieron hacer creer que la orden de desalojo venía de la Mesa de Negociaciones de las FARC en La Habana, hasta que las mismas FARC desmintieron la versión y sancionaron al supuesto guerrillero que citaba a “negociar” con armas en mano. Luego la Junta de Acción Comunal tomó el relevo de la amenaza, alegando condiciones de la Alcaldía de Apartadó para la donación de una escuela. Actualmente, pasando por encima de todas nuestras denuncias y protestas, han descargado numerosos bultos de arena y de cemento para construir a las malas unas supuestas aulas escolares, en el lugar menos indicado para una institución educativa. Lo importante para ellos es borrar la memoria de nuestras víctimas y lo quieren hacer pisoteando los principios de la Comunidad: han pretendido implantar allí ventas de licor, juegos de azar, competencias y peleas de gallos, es decir, diversiones que embrutecen y arrasan con los valores de sana convivencia.

Algo similar ha ocurrido en la vereda La Unión, donde el 8 de junio de 2000 el ejército con sus paramilitares ejecutó a 6 de nuestros líderes de la manera más cruel. En el mismo sitio donde quedaron sus cuerpos ensangrentados, nuestra Comunidad construyó un memorial físico lleno de simbolismos. Ahora la Junta de Acción Comunal amenaza con destruir el monumento, alegando que la Alcaldía les ha prometido construirles una placa polideportiva en el mismo sitio, lo que para ellos es prioritario, expresando al tiempo el desprecio absoluto por la memoria de los mártires.

Lo que más nos duele en todas estas controversias es que nuestra sociedad civil ha ido perdiendo o perdió ya del todo sus valores éticos. La memoria de las víctimas ya no tiene carácter sagrado. Lo que tiene carácter sagrado son las migajas de ayudas financieras que el Estado nacional o local les ofrece; o quizás lo más sagrado sea la relación politiquera con los poderes de turno; o quizás lo más sagrado sea el deporte que educa en la competitividad, que es el alma de las sociedades neoliberales insensibles a los problemas sociales pues sacralizan el triunfo egoísta de uno sobre los demás; o quizás lo más sagrado seas los espacios donde se cumplen los rituales de una educación que transmite valores elitistas y antisociales y enseña a someterse con servilismo a lo que se presenta como las últimas modas o tecnologías creadas por los modernos imperios.

Pero para poder pisotear los valores éticos, las diversas autoridades y sus secuaces han tenido que volverle la espalda a las mismas normas legales que el Estado ha redactado y promulgado, quizás bajo la presión de los organismos humanitarios internacionales. En efecto, en el Decreto 1800 de 2011 (decreto reglamentario de la Ley de Víctimas), el mismo gobierno de entonces estableció normas muy claras en defensa de la MEMORIA HISTÓRICA, que ahora violan los alcaldes, la fuerza pública, los paramilitares y las juntas comunales en sus campañas de Memoricidio.

En su artículo 170, dicho decreto define la reparación simbólica como “los actos o las obras de repercusión pública dirigidos a la construcción o recuperación de la memoria histórica, el reconocimiento de la dignidad de las víctimas y la reconstrucción del tejido social”.  Por ello ordena que los órganos del Estado concierten con las víctimas el tipo de medidas y “el lugar en el cual se deben ejecutar” (art. 171).  Incluso en el artículo 184 se ordena al Comité creado para ello que debe “coordinar actos conmemorativos en los que se acepte, reconozca y repudie las conductas que involucran graves violaciones a los derechos humanos … y pedir perdón público a las víctimas (…) actos que deben realizarse preferiblemente en el lugar donde acontecieron los hechos victimizantes, donde se encuentran las víctimas afectadas por los hechos que se reconocen o en el lugar reconocido por las mismas víctimas como escenario de vulneración de sus derechos” (art. 184, parágrafo 1)

El artículo 186 afirma, además: “La memoria histórica es patrimonio público (…) El Centro de Memoria Histórica apoyará iniciativas públicas y privadas que autónoma e independientemente aporten a su reconstrucción en perspectiva de consolidación de garantías de no repetición, de reconciliación y de sostenibilidad del legado de los emprendimientos sociales de las víctimas”.  Por eso el artículo siguiente (187) ordena: “las autoridades públicas no censurarán los resultados de los procesos de memoria histórica construidos en el marco de la Ley 1448/11 y cumplirán con su deber de memoria histórica”.

Al referirse a los sujetos de reparación colectiva, el mismo decreto en su artículo 223 los define como: “grupos y organizaciones sociales, sindicales y políticas y las comunidades que hayan sufrido daños colectivos en los términos del artículo 3 de la Ley 1448/11”. A ellos se refiere el artículo 225 al señalar como objetivos del programa de reparación colectiva éstos: “reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados. Las acciones del programa deben orientarse a la vinculación de las medidas de reparación con el reconocimiento de las víctimas, las violaciones y los impactos y daños en ellos producidos (…) a la reconstrucción del tejido social y cultural de los sujetos colectivos (…) a la construcción de memoria histórica como aporte al derecho a la verdad del que son titulares los sujetos de reparación colectiva”.

También en el Decreto 303 de 2015, enfocado al problema de las desapariciones forzadas, el artículo 53 establece que el Gobierno Nacional declare como SANTUARIO DE LA MEMORIA “el lugar donde se presuma la existencia de cuerpos o restos de las personas desaparecidas forzadamente, incluyendo los que por sus condiciones geográficas y topográficas resulte imposible realizar exhumaciones”.  En esos sitios se erigirán monumentos en honor a los desaparecidos. Dicho decreto establece además que: el Gobierno Nacional por medio de varias de sus instituciones, los familiares de las víctimas y la comunidad, “definirán las características del monumento que se erigirá en honor a las víctimas de desaparición forzada en los lugares declarados como Santuarios de la Memoria, que tenga como propósito devolver la dignidad a las personas desaparecidas y promover acciones que cumplan con el deber de recordar”.

En el artículo 55 del mismo Decreto se prohíbe “intervenir o alterar las condiciones de los Santuarios de la Memoria, salvo en los casos en que sea necesario para realizar actividades de localización o exhumación de cuerpos o restos humanos. El incumplimiento de esta disposición acarreará las sanciones previstas en la legislación penal vigente”.

Cualquiera percibe que, si la sola sospecha de que en esa zona pueda estar sepultado el cuerpo de un desaparecido lleva a una declaratoria del lugar como “Santuario de la Memoria”, con mucha mayor razón, según el espíritu de esta ley, los lugares donde hay certeza de que allí fueron sacrificadas las víctimas tienen que ser declarados SANTUARIOS DE LA MEMORIA y no podrán ser alterados sino para dignificar más la memoria de las víctimas.

Este recuento de normas que supuestamente están vigentes, nos muestra claramente el nivel de ignorancia o voluntario desconocimiento y desacato que las mismas autoridades tienen respecto a ellas. Esto no nos extraña, pues durante más de 10 años hemos experimentado cómo la Corte Constitucional le ha dado órdenes perentorias al Presidente, a los Ministros de Defensa, a los comandantes militares, exigiéndoles que nos entreguen los nombres de quienes estaban en los lugares y fechas de los crímenes más atroces y todos han desacatado esas órdenes, una y otra vez, de manera contumaz, y sin embargo siguen afirmando que “este es un Estado de Derecho”. Lo que niegan rotundamente con sus procedimientos.

Cuando nos desplazamos a la vereda Mulatos para la conmemoración del 15° aniversario de la masacre, los paramilitares con sus espías o “puntos” nos siguieron por todas partes. Pudimos comprobar una vez más que la región sigue bajo control paramilitar estricto gracias a la tolerancia y aquiescencia, activa y pasiva, de todas las instituciones del Estado. Sin embargo, las autoridades siguen afirmando que “el paramilitarismo no existe”. La hipocresía y capacidad de mentira de nuestro Estado no tiene límites. Así, el pasado  28 de septiembre, cuando el Comandante de la Brigada XVII, Coronel Carlos Padilla, presidió un supuesto acto de desagravio, ordenado por un tribunal, dirigido a los familiares de las víctimas de la masacre del 21 de febrero de 2005, no reconoció la enorme criminalidad del ejército en ese crimen y en todos los demás centenares de crímenes de su contexto, y afirmó: “Doy fe de que el ejército continuará con la firme convicción de mantener y garantizar las condiciones de libertad y democracia que todos ustedes como pueblo colombiano nos demandan”.  Una ceguera profunda y un cinismo sin límites le impidió reconocer que nunca han garantizado condiciones de libertad y democracia sino todos sus contrarios: han garantizado genocidio, asesinatos, desapariciones, torturas, violaciones, detenciones arbitrarias y perversas, bombardeos, saqueos, incineración de viviendas y cultivos, desplazamientos, asaltos a mano armada, robos, calumnias, campañas de difamación y estigmatización etc. Por añadidura, calificó a las víctimas de tan atroz terrorismo de Estado como “víctimas del conflicto armado”, como olvidando que justamente las victimizaron por definirse como absolutamente ajenas al conflicto armado.

En las últimas semanas se vienen divulgando panfletos que pretenden ocultar o negar de antemano la responsabilidad de los paramilitares en los crímenes anunciados. Se dice que el ELN ha llegado a la zona, lo cual no es muy creíble, y que otras disidencias de las guerrillas se están enfrentando en la zona. Incluso en la noche del 18 de febrero hubo disparos en el caserío de San José bajo el pretexto de ahuyentar a alguna unidad del ELN. Todo muestra que los paramilitares están buscando crear fantasmas para atribuirles sus próximas acciones violentas y desviar la atención de ellos mismos.

Nuestra Comunidad de Paz quiere expresar nuevamente su gratitud a todas las personas, grupos y comunidades que desde muchos rincones de Colombia y de otros países nos apoyan con su fuerza moral y que en estos días se han manifestado de manera muy especial, recordando la masacre del 21 de febrero de 2005, conscientes de que para nuestra Comunidad es una herida que nunca se sana. A ellas y ellos nuestros agradecimientos sinceros.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Febrero 25 de 2020

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Un grupo de los 815 desplazados en Ituango, Antioquia. CORTESÍA CCEEU

El éxodo evidencia la crítica situación humanitaria de Ituango, en el noroccidente del país, de la que el Gobierno estaba informado

Lo advirtieron en 2018, 2019 y más recientemente el 24 de enero de este año: por la disputa entre diferentes grupos armados ilegales, en Ituango, un municipio ubicado en el noroccidente de Colombia, “podría al recrudecerse la violencia en sus formas de actuación y aumentar la capacidad de intimidación contra la población civil”. La advertencia, contenida en la última Alerta Temprana que hace la Defensoría del Pueblo al Gobierno de Iván Duque, explotó este fin de semana cuando 815 campesinos temieron morir en medio de los combates armados y emprendieron la huida desde las apartadas zonas rurales hasta la plaza principal del pueblo.

En chivas, buses que son el transporte del campo en Colombia, subieron sus pocos objetos y animales y huyeron hasta el casco urbano del municipio donde pasaron la noche en un colegio y en el coliseo de la población. El secretario del Gobierno de Antioquia, Luis Fernando Suárez, confirmó que el desplazamiento es de seis veredas y que el gobierno regional hará presencia para entregar “kits de aseo, albergue y alimentación” para los campesinos que no tienen suficientes frazadas ni colchonetas. “Vamos a hacer presencia en Ituango para atender esta grave problemática de desplazamiento forzado. Queremos generar las condiciones para que estas personas puedan retornar prontamente a sus parcelas”, dijo.

Pero la realidad es más compleja. De acuerdo con Óscar Zapata, vocero de la ONG Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, la presencia de disidencias de las FARC, que no se sumaron al proceso de paz, y de grupos paramilitares llamados autodefensas gaitanistas (ACG), hacen que el riesgo sea permanente. “Entre los desplazados hay niños, adultos muy mayores e incluso 13 reincorporados de las FARC que sí le apostaron a la paz. Se requiere una voluntad real para una implementación de los acuerdos de paz, una política pública para desarmar esas estructuras paramilitares. No vemos una voluntad del Gobierno por desarticular esos escenarios de guerra¨, dice Zapata desde la población.

La Defensoría del Pueblo ha confirmado el diagnóstico en sus múltiples advertencias. “Al accionar de las llamadas disidencias del Frente 36, la expansión de las AGC y el surgimiento y actuación del Frente 18 Román Ruiz - Cacique Coyará se suma el fortalecimiento militar en general de estas estructuras armadas ilegales como consecuencia de un fuerte fortalecimiento económico originado en dinámicas trasnacionales asociadas al narcotráfico internacional”, indica el documento donde advierte al Gobierno nacional y exige acciones.

En la zona hace presencia el Ejército, pero esto no ha sido suficiente para detener el avance de estos grupos armados que aprovechan la topografía de la región como corredor estratégico de droga. Para la Defensoría, las amenazas contra la población van desde desapariciones forzadas, homicidios selectivos, masacre, violencia sexual, hasta accidentes por minas y/o armas trampa y enfrentamientos con interposición de población civil.

Este no ha sido el único desplazamiento sino el más grande. En febrero pasado, 120 excombatientes de las FARC que decidieron irse del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Santa Lucía (Ituango), donde aún viven muchos de ellos. La decisión tuvo relación con el asesinato continuado de exguerrilleros que le han apostado a la paz. De acuerdo con el informe al Consejo de Seguridad la Misión de Verificación de la ONU, desde la firma del acuerdo, solo en Ituango han sido asesinados 12 de ellos. A través de la Consejería de Estabilización, el Gobierno ha dicho que harán un "traslado" escalonado y "con protección de la fuerza pública en coordinación con representantes de las FARC" en los próximos meses.

Los exguerrilleros también alertaron esta crisis humanitaria. “Antes de hacer dejación de armas nosotros le advertimos al Estado que si ellos no cubrían esos espacios que íbamos a dejar seguro otros actores armados se iban a posesionar y seguía el conflicto. Es lo que ocurrió”, dijo a EL PAÍS Hermes Arrieta, desmovilizado, desde Ituango.

Si hay una población que resuma el círculo vicioso del conflicto colombiano esa es Ituango. Históricamente los civiles han sido víctimas de sucesivos grupos armados y las condiciones sociales y de accesos siguen siendo precarias. En la década de los ochenta vivieron bajo el imperio de las FARC, en los noventa sufrieron la expansión de los paramilitares, que cometieron la masacre de El Aro y La Granja, una de las más recordadas en Colombia por el desplazamiento de 700 campesinos aterrorizados. Después de anos de cruentos enfrentamientos, las FARC volvieron a imponerse en el territorio hasta 2016 cuando entregaron las armas en el marco del proceso de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos. Ahora, sin embargo, grupos paramilitares con nuevos nombres y disidencias vuelven a poner a los civiles en el medio. Y en Ituango creen que la cifra de 815 desplazados aumentará en los próximos días.

Por Catalina Oquendo

Bogotá 25 FEB 2020 - 03:59 COT

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Migrantes guatemaltecos cruzan México en caravanas camino a Estados Unidos. Imagen: AFP

La normativa de "carga pública" entra en vigor en Estados Unidos

El nuevo reglamento puede darle un vuelco al sistema de migración actual hacia uno basado en criterios como ingresos, edad o la capacitación del inmigrante.

 La posibilidad o no de convertirse en una "carga pública" como beneficiario de ayudas gubernamentales es desde este lunes un requisito que deberán sortear los inmigrantes que soliciten un visado a EE.UU. o deseen obtener su tarjeta de residencia permanente, conocida como "green card".

Después de meses de una intensa pulseada judicial y en pleno año de elecciones, la Administración del presidente Donald Trump empezará a aplicar la norma de "carga pública", que puede darle un vuelco al sistema de migración actual hacia uno basado en criterios como ingresos, edad o la capacitación del inmigrante.

La medida entró en vigor en todo el país en tanto siguen en proceso las apelaciones pendientes y después de que el viernes pasado el Tribunal Supremo levantara una exclusión que estaba vigente para Illinois. El Supremo había dejado antes sin efecto fallos judiciales en contra de esta normativa emitidos por tribunales de los estados de Nueva York, California, Washington y Maryland.

La norma no se aplicará a quienes soliciten la ciudadanía ni se será retroactiva. También excluye a refugiados, asilados, a personas con amparos migratorios como el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) o a quienes posean cierto tipo de visados que se conceden a víctimas de violaciones de derechos humanos, entre otros.

INMIGRACIÓN FRENTE A CARGA PÚBLICA

Si bien la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 establece que un extranjero que solicite un visado o el ajuste de estatus migratorio "es inadmisible" en caso de que un oficial consular o un fiscal considere que puede convertirse en carga pública, los expertos advierten que la vuelta de tuerca que ha dado la Administración de Trump puede cambiar el sistema de migración del país.

A la luz de la nueva reglamentación, un inmigrante legal será definido como "carga pública" si recibe "uno o más beneficios públicos" durante más de 12 meses en un periodo de 3 años. Pero este concepto también se tendrá en cuenta para determinar quiénes podrían llegar a necesitar en el futuro algún tipo de asistencia.

Shelby Gonzales, directora de políticas de inmigración del Centro sobre Presupuesto y Políticas Prioritarias, indicó que esta normativa cambiará "radicalmente" el sistema de inmigración estadounidense "a uno que solo da la bienvenida a aquellos con medios suficientes". No obstante, advirtió que la norma es tan confusa y compleja que "las personas que no tienen nada que temer" tras su implementación, "se mantendrán alejadas de los programas de beneficios públicos".

TRUMP MIRA HACIA ADENTRO Y PONE TRABAS A LOS DE AFUERA

Para Aaron Reichlin-Melnick, asesor del American Immigration Council, el cambio que trae esta regulación es que el concepto de "carga pública" afectaba únicamente a quienes eran dependientes de subvenciones financieras, pero ahora abarca los planes de ayuda de alimentos, de salud y vivienda, que, en su mayoría, se otorgan a quienes ya poseen su permiso de residencia.

Este requisito por ahora afecta a los que pidan residencia permanente o busquen cambiar su estatus pero, alertó, se aplicará en un futuro a los que soliciten un visado. "La regla es casi como una prueba de riqueza", agregó el experto, quien apuntó que con esto se determinará quiénes pueden venir al país: "Las personas que ya tienen mucho dinero, que ya tienen educación, ya tienen trabajo y hablan inglés".

Reichlin-Melnick señaló que la norma puede afectar a quienes migren por razones familiares, como es el caso de cónyuges, padres o hijos. "El presidente quiere transformar nuestro sistema basado en la familia, en un sistema de mérito", sentenció.

CAPACIDAD FINANCIERA BAJO LUPA

Para determinar si una persona puede obtener la residencia permanente, extender su estadía o ser admitida en el país, se tendrán en cuenta aspectos como la edad -lo que puede excluir a menores o ancianos-, salud, estatus familiar, activos, recursos, situación financiera, educación y capacitación.

La firma Boundless explica en su web que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) planea imponer requisitos financieros no solo al patrocinador sino también al solicitante, al que se le puede llegar a pedir un nivel de ingreso familiar o el equivalente en activos por encima de lo establecido hasta ahora. Esta "prueba de riqueza", anticipa Reichlin-Melnick, puede resultar en la llegada de "más personas de países de Europa y menos de Centroamérica, de África y otros que tienen más pobreza".

Samantha Artiga, directora del proyecto de políticas de disparidades de la Kaiser Family Foundation, coincidió en que la mayoría de personas que buscan su residencia o emigran al país de forma regular "son parientes inmediatos de ciudadanos estadounidenses o tienen patrocinadores familiares". En ese sentido, consideró que la norma puede "aumentar las barreras a la reunificación familiar y conducir potencialmente a la separación de las familias".

"Si el Departamento de Seguridad Nacional -explicó- niega a un individuo una tarjeta verde y pierde el permiso para permanecer en EE.UU. debido a una determinación de carga pública, puede tener que dejar a otros miembros de la familia, como un cónyuge o hijo que sea ciudadano o que tiene estatus de residente permanente, en EE.UU." Artiga consideró probable que esta norma derive en una baja en la participación de familias inmigrantes en programas de beneficios, lo que puede afectar a niños nacidos en el país. 

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'Parlamento de las plantas', de la paisajista francesa Céline Baumann.

Niños que se organizan contra la explotación infantil o aplicaciones que convierten viviendas en espacio público comercializando el uso temporal del baño. Creadores y arquitectos re-imaginan la metrópolis en la exposición 'Doce fábulas urbanas'

Los artistas son los primeros en ver el futuro. En la exposición Doce fábulas urbanas –Matadero de Madrid hasta el 19 de julio–12 arquitectos, paisajistas y artistas exponen cómo el mundo digital moldea los espacios urbanos o cómo la alimentación modifica a un tiempo nuestros cuerpos y nuestras ciudades.

La comisaria de este rosario de proyectos – que son observaciones más que propuestas concretas– es la salvadoreña afincada en Barcelona Ethel Baraona, que toma prestada una iniciativa que el grupo de arquitectos Superstudio publicó en 1971. Entonces, los italianos idearon 12 cuentos para reparar los desastres urbanos con tanta utopía como pragmatismo. Y hoy, en un momento que tan estrechamente reproduce reivindicaciones de aquellos años como la defensa del medioambiente o el anticonsumismo, Baraona demuestra que la antigua contracultura se ha convertido en la cultura institucionalizada: la que se muestra en los museos.

La protesta es ahora contra el adormecimiento de la población. Por eso esta muestra intenta conectar disciplinas dejando claro que la ciudad contemporánea escapa a la arquitectura y al urbanismo y, por lo tanto, no la pueden pensar solo arquitectos o especuladores. El mundo de la libertad digital –que también es control–, o la urgencia de romper la oposición entre naturaleza y urbe son claves para rescatar a la vez ciudades y ciudadanos.

Democracia verde

Desde esa amplitud mental, la comisaria solicitó recetas urgentes para la ciudad del futuro. Por eso la búsqueda puede antojarse formalmente utópica pero es radicalmente posibilista. Los que observan y proponen son colectivos con una mirada poco frecuente. Y el resultado es un viaje imaginativo pero no imaginario. Tiene que ver con la realidad pero se antoja como ciencia ficción. Y contiene tanto estudios sociológicos como estudios de mercado. El recorrido constata cuestiones que pueden resultar increíbles –como que el territorio doméstico es cada vez menos privado– y que proponen vías de solución inesperadas –como aprender de la capacidad de adaptación de las plantas–.

Son las aplicaciones móviles –que alquilan baños para un solo uso en el interior de los pisos– las que amenazan la privacidad del hogar o amplían su economía de subsistencia. Así, la Casa difusa de MAIO Architects -pensada para la Royal Academy de Londres- investiga cómo las tecnologías digitales –los servicios de intercambio de bienes o la economía colaborativa–transforman nuestro entorno cotidiano. Y la paisajista Céline Baumann habla del principio de cuidado y asistencia mutua que regula las relaciones en el mundo vegetal, donde entre las plantas abundan especies capaces de cambiar de género para subsistir. La francesa denuncia el uso de la vegetación para lavar la cara de errores urbanísticos e injusticias económicas y propone un Parlamento de las plantas capaz de encontrar consensos. Sería, bromea, "la primera democracia verde del mundo".

Así, ¿es esto una muestra de arte o de arquitectura? Lo primero que uno debe plantearse es si esa distinción importa. Si es necesario delimitar las disciplinas cuando las ciudades propuestas no se traducen aquí en una forma concreta sino en soluciones plurales para problemas reales provenientes del mundo biológico, económico, social o tecnológico. Marcuse escribió que era imposible que el hombre transformase la naturaleza sin que esa transformación lo afectase.

Los arquitectos, historiadores y diseñadores del colectivo Assamble ayudaron a los vecinos del barrio de Granvy, en Liverpool, a recuperar sus jardines traseros o a reparar sus tuberías. Para ellos la arquitectura tiene más que ver con lidiar con los problemas feos que con construir lo bonito. El premio Turner de 2015, un galardón concedido a las obras más inesperadas del arte contemporáneo, les dio la razón. En Madrid, La voz de los niños –una colección de vídeos de chavales jugando solos– protesta contra la sobre-regulación de los espacios para juego infantil –vallados y diseñados a partir del miedo a las denuncias–. También investiga la apropiación que hacen los jóvenes del espacio público partiendo de los juegos y culminando en acciones de protesta como las movilizaciones estudiantiles contra la posesión de armas en Estados Unidos Fridays for Future o el Movimiento nacional de niños, niñas y adolescentes trabajadores de Perú, en el que los menores reivindican sus derechos como niños y como trabajadores.

La muestra concluye con la intervención del Canadian Centre for Architecture Nuestra vida feliz en la que su director, Francesco Garutti, advierte de que nuestros sentimientos y deseos se han convertido en datos estadísticos y de cómo la venta de esos datos a los gobiernos genera los índices que terminan por diseñar las ciudades. Ese mercado de afectos y deseos alimenta un aparato político que vela más por nuestro conformismo y pasividad que por nuestro bienestar. Desde la periferia y lo invisible se están definiendo nuestras metróplois. Doce artistas nos ayudan a verlo.

Por Anatxu Zabalbeascoa

Madrid 24 FEB 2020 - 15:36 COT

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Sábado, 22 Febrero 2020 06:34

Acuerdo de paz entre EE.UU. y los talibanes

Pomeo llega el viernes a Omán, primera escala de su gira por Africa y Oriente Medio.  ________________________________________ Imagen: AFP

Se firmaría el 29 de Febrero y pondría fin a 18 años de guerra

Empezó un alto el fuego de siete días en Afganistán que culminaría con la firma del acuerdo, informaron las partes por separado, luego de un año de negociaciones en Qatar.

 

Estados Unidos y el movimiento islamista talibán anunciaron ayer su intención de firmar un acuerdo de paz el próximo 29 de febrero para tratar de poner fin a 18 años de guerra en Afganistán, el conflicto militar más prolongado de la historia de Estados Unidos.

El anuncio llegó poco después de que los talibanes, Estados Unidos y el gobierno afgano confirmaran que este fin de semana entrará en vigor un pacto ya anunciado de alto el fuego durante siete días, del cual dependerá el éxito del resto del delicado proceso.

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, dijo que, si la tregua tiene éxito, Estados Unidos firmará un acuerdo de paz con el movimiento insurgente el 29 de febrero, coronando más de un año de negociaciones entre ambas partes en Qatar.

Luego de la firma del acuerdo con Estados Unidos, los talibanes iniciarán negociaciones con el gobierno de Afganistán que, en última instancia, permitirían que Washington empiece a retirar a los miles de soldados que tiene en el país asiático desde 2001.

El gobierno afgano no ha participado de las negociaciones en Doha.

"Nos estamos preparando para que la firma tenga lugar el 29 de febrero", dijo Pompeo en un comunicado en el que, no obstante, condicionó el acuerdo a "una implementación exitosa del entendimiento de reducción de violencia" durante una semana. "Las negociaciones internas afganas comenzarán poco después, y este paso fundamental echará los cimientos para cumplir con un alto el fuego integral y permanente, y con una hoja de ruta para el futuro político de Afganistán", agregó.

Los talibanes confirmaron el acuerdo para firmar el pacto con Estados Unidos el 29 de febrero en Doha, capital de Qatar y sede de los contactos entre las partes. "Tras las largas negociaciones, ambas partes han acordado firmar el acuerdo en presencia de observadores internacionales" el sábado 29 de febrero, afirmó la formación insurgente en un comunicado.

Estados Unidos espera que, a partir de ambas negociaciones, pueda comenzar a retirar a sus soldados de Afganistán casi 18 años después de invadir el país para derrocar a los talibanes del gobierno por dar refugio al líder de Al Qaeda Osama Bin Laden. El objetivo de las negociaciones entre talibanes y gobierno afgano sería un alto el fuego nacional y una retirada escalonada de fuerzas estadounidenses, que totalizan unos 12.000 soldados y que según el Pentágono podrían reducirse a 8.000 "con el tiempo".

Los talibanes, además, se comprometieron a no dar refugio a organizaciones "terroristas" internacionales como Al Qaeda, según dijeron la semana pasada fuentes de ambas partes en declaraciones en "off" a varios medios estadounidenses.

Uno de los jefes de la delegación afgana en Qatar, Abdul Salam Hanafi, dijo la semana pasada que, luego de firmar el acuerdo de este mes, Estados Unidos y el gobierno afgano liberarán a 5.000 prisioneros talibanes y los rebeldes liberarán a 1.000 prisioneros.

El vocero del Consejo de Seguridad Nacional de Afganistán, Javed Faisal, y fuentes talibanes dijeron ayer más temprano que el acuerdo de "reducción de violencia" entre todas las partes entrará en vigor mañana. En Estados Unidos, los principales medios citaron a un funcionario de alto rango del Departamento de Estado que dijo que el alto el fuego de siete días comenzaría a regir ayer a la noche, pero no dijo a qué hora exactamente.  El funcionario habló bajo condición de anonimato, dijeron los medios.

En Pakistán, donde los talibanes también tienen presencia, un dirigente del movimiento insurgente dijo que, tras la firma del acuerdo del 29 de febrero, las negociaciones con el gobierno afgano comenzarán el 10 de marzo, informó el canal qatarí Al Jazeera.

Estados Unidos y los talibanes ya estuvieron a punto de firmar la paz el año pasado, pero el presidente Donald Trump se echó atrás a último momento, en septiembre, luego de la muerte de un soldado norteamericano en un ataque de los rebeldes.

Analistas han advertido que el camino a la paz en Afganistán no será fácil y que los acuerdos podrían naufragar en cualquier momento. En el peor de los casos, esos analistas han dicho que las partes en conflicto podrían aprovechar la distensión para reposicionar sus fuerzas en busca de asegurarse ventajas en el frente militar.

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Viernes, 21 Febrero 2020 06:06

"Money, money, money"..

"Money, money, money"..

Una imagen vale más que mil palabras. Finales de enero, Casa Blanca, Washington. Donald Trump y Benjamin Netanyahu dos grandes machers de la política global –el primero (todavía) bajo el impeachment, el segundo investigado por corrupción y soborno− presentan la "Tranza del Siglo", ¡ejem!, el Acuerdo del Siglo ( The deal of the century), el gigantesco y descarado plan de robo de tierras palestinas −sin que ningún palestino fuese consultado en su diseño ni presente en su estreno− disfrazado de "iniciativa de paz".

¿Qué mejor instantánea de nuestro tiempo político?

Cuando D. Yearsley había sugerido que un perfecto soundtrack para el –finalmente fallido− proceso de destitución de Trump habría sido una pieza de John Adams (bit.ly/2H0a9J6) −que de hecho tiene toda una ópera sobre el bochornoso affaire del secuestro de Achille Lauro que causó revuelo por ser "demasiado condescendiente al terrorismo palestino" (bit.ly/2GWydwa)−, yo ya empecé a imaginarme una perfecta banda sonora para el –aún pendiente (bit.ly/37MkCms)− proceso de Netanyahu. Algo mucho más plebeyo.

¿Qué tal "Money, money, money..." de ABBA?

Este, de hecho, podría ser igualmente el fondo para toda la "Tranza del Siglo". Reflejaría bien la mentalidad de sus autores: del multimillonario Trump, de su oficial "arquitecto", su multimillonario yerno J. Kushner y del gran amante de lujos, Netanyahu, ya que las principales líneas del plan parecen recortadas de uno de sus libros (bit.ly/2uLg7uW). Enfatizaría el meollo de toda esta farsa que se resume a que los palestinos por fin dejen de lado todas estas "demandas irracionales" −un Estado soberano, el fin del colonialismo israelí, etcétera− y acepten el dinero del "paquete económico" para vivir finalmente –confinados a sus bantustanes concedidos por Israel y Estados Unidos de manera tan generosa− "una vida prospera".

Puede ser con un support de Liza Minelli y su (casi) homónima canción Money, money – Money makes the world go round, the world go round...− del clásico musical Cabaret (1972), ambientando –sin casualidad diría yo− en el auge del nazismo (bit.ly/2v3zleV). Herr Trump y su naciente fascismo estadunidense (véase: J. Stanley) und Herr Netanyahu y su peculiar versión israelí (véase: Z. Sternhell) justifican bien la selección.

Sí, vivimos en un Weimar global, una entidad destinada a fracasar, pero tam-bién en un Trumpistán donde todo –incluso la dignidad− parece tener su precio.

Cualquiera que miraba con atención lo veía venir desde hace tiempo.

El buen Robert Fisk al ver la primera probadita del plan –Israel sin respetar las fronteras de 1967 se queda con toda Jerusalén (declarada "capital israelí indivisible" por Trump), todos los asentamientos ilegales (declarados "legales" por Trump) y el Valle de Jordán− remarcó que si antes la fórmula era "la tierra por la paz", ahora es “ cash por la paz, una quintaesencial solución trumpiana” (bit.ly/3bERgJz).

En la "Tranza del Siglo" –que niega la justicia a los refugiados palestinos y la igualdad a los palestinos-ciudadanos israelíes− la autodeterminación es un término económico, no político (bit.ly/2wmdX5j). Como si esta −independientemente de su forma− fuera posible bajo la ocupación que el plan, de hecho, legaliza poniéndole no más un poco de dinero encima prometiendo "prosperidad" y "gran crecimiento" al sector privado palestino, aunque –esto ya lo dijo Hanan Ashrawi que en su momento chocó fuerte con Arafat por llevar a Palestina a la tragedia de Oslo (véase: A. Shlaim, Woman of the year, en: Israel and Palestine, 2009, p. 211-223)− “pensar que los palestinos renunciaremos a nuestros derechos y libertad por una mítica ‘paz económica’, son castillos en el aire” (bit.ly/2P0c2tI).

Otra vez: cualquiera que miraba con atención lo veía venir desde hace tiempo.

Fueron los Acuerdos de Oslo (1993) firmados en el clímax del neoliberalismo –asimilado de hecho en una situación colonial por la dirigencia palestina (bit.ly/36N4Ffi)− que aparte de darle tiempo a Israel para robar más tierra, convirtieron la liberación de Palestina –bien apunta Joseph Massad, el discípulo del gran E. W. Said− en mero empoderamiento de sus empresarios y aparato de seguridad (bit.ly/2GQeheI).

De hecho fue el propio empresariado palestino que convenció a Arafat de firmar a Oslo, propagando –en coro con ideólogos estadunidenses e israelíes− las quimeras del maná neoliberal y prosperidad para todos −"Dubai en Cisjordania"/"Singapur en Gaza"−, recalentados hoy por Kushner & Company.

El Acuerdo del Siglo –en esencia un “ business plan” y la vez el “ business as usual”− es culminación de todo esto (tarde o temprano algunos sectores palestinos que se lucran de la ocupación y lazos financieros con Israel lo suscribirán).

Cualquiera que miraba con atención se acuerda también cómo el candidato Trump se declara en 2016 "neutral" (sic) en el conflicto israelí-palestino hasta que le cae el veinte que una megagenerosa donación a su campaña por un cierto magnate casinero "el rey de Las Vegas y el príncipe de Macao" que también es... el principal soporte de Netanyahu –"su dueño" decía el viejo Uri Avnery (bit.ly/2STiJ1A)− es condicionada con "tomar un partido".

Allí estamos de vuelta a nuestra imagen: dos políticos con problemas legales, en antípodas del derecho internacional, ambos en campañas de relección, con el mismo padrino financiador, presentan un plan de atraco a todo un pueblo desposeído. Zeitgeist.

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Elizalde llamó a la creación de espacios de resistencia frente a tales estrategias de dominación en el ámbito digital. Foto: Cubaperiodistas.

La misión de las nuevas generaciones en América Latina es lograr la soberanía tecnológica, afirmó el catedrático español Ignacio Ramonet durante un debate en el Pabellón Cuba, en La Habana.

El doctor en Semiología e Historia de la Cultura disertó sobre el colonialismo 2.0 y los desafíos de la izquierda latinoamericana junto a la periodista e investigadora cubana Rosa Miriam Elizalde, quien abordó el surgimiento e impulso de internet y su progresión desde el entorno militar hasta el contexto universitario y civil.

Ramonet recordó que Fidel Castro fue uno de los primeros que entendió la importancia de internet y dispuso en Cuba la fundación de la Universidad de Ciencias Informáticas para el desarrollo de una ciencia y tecnología nacionales.

Internet nos plantea, por una parte, el enfrentamiento cultural y la presencia activa en el ciberespacio, que ocupa todo un universo simbólico, económico y cultural, liderado por grandes potencias, las cuales pujan por ese territorio digital, puntualizó.

El autor de El imperio de la vigilancia señaló que el colonialismo digital de Estados Unidos limita el ascenso de otros países e industrias cuyos contenidos pueden seducir a las grandes masas y citó los múltiples intentos para frenar a la empresa china Huawei.

Igualmente, reconoció varios ejemplos que demuestran la carrera de Corea del Sur por lograr la descolonización, entre estos, la expansión de la cultura K pop, los doramas y producciones como la multipremiada cinta Parásitos, ganadora del premio Óscar a la mejor película.

Por su parte, la doctora en Ciencias de la Comunicación Rosa Miriam Elizalde mencionó cifras relevantes para la región latinoamericana, señalada como la más dependiente en términos de infraestructura, plataformas y contenidos estadounidenses; en tanto, precisó que el 90% de todo el tráfico de datos del continente pasa por servidores de la superpotencia norteamericana.

Destacó, además, la expansión simbólica del imperio norteamericano, cuyos contenidos, estructuras y mensajes monopolizan la red de redes, devenida territorio ideal para la ciberguerra, el espionaje y la manipulación.  “El totalitarismo estadounidense utiliza este escenario para reforzar sus apetencias coloniales”, aseguró.

Las naciones latinoamericanas ocupan el ranking entre los diez países que consumen más tiempo en las redes sociales, el 81% de los jóvenes del continente utilizan regularmente Facebook y el 50% de las personas que carecen de agua potable o no acceden a los servicios básicos tienen perfiles en alguna red social norteamericana, según estudios recientes del Banco Interamericano de Desarrollo.

La también vicepresidenta de la Unión de Periodistas de Cuba describió el actual panorama regional sujeto a ser el polígono de prueba en el contexto digital con ejemplos como Bolivia, donde se crearon 6 000 cuentas falsas a través de la inteligencia artificial para generar la percepción de un supuesto respaldo al reciente golpe de Estado.

En consecuencia, Elizalde llamó a la creación de espacios de resistencia frente a tales estrategias con ejemplos como Venezuela y Argentina, que han demostrado la posibilidad, desde la izquierda, de enfrentar a la gran maquinaria de manipulación de la derecha.

Creado en 2013, el espacio Dialogar Dialogar es una plataforma para el debate con las nuevas generaciones en la nación caribeña y rinde homenaje a su inspirador, el intelectual cubano Alfredo Guevara, reconocido por sus ideas y capacidad para polemizar con los jóvenes.

20 febrero 2020 

(Tomado de Cubaperiodistas)

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El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan / Reuters

El diálogo para buscar una salida a la escalada militar en la provincia siria de Idlib no ha resultado, pero los contactos continuarán. Mientras, Erdogan amenaza con la contraofensiva, algo que creará el "peor escenario posible" según Rusia, que ya envía refuerzos. 

La tensión en el distrito sirio de Idlib se redobló el miércoles cuando el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dio un ultimátum al gobierno de Damasco para que detenga de manera inmediata su ofensiva contra las milicias que operan en Idlib. Una acometida, formada en su mayor parte yihadistas radicales, que ha causado desde diciembre más de un millón de refugiados que han huido hacia la frontera turca.

En un discurso ante los diputados de su partido, Erdogan puso la fecha límite de finales de febrero para que el ejército sirio termine con su ofensiva y se retire a las líneas de alto el fuego acordadas en el cónclave de Sochi de septiembre de 2018. De lo contrario, Turquía, que en las últimas semanas ha estado concentrando tropas en su lado de la frontera, adoptará las medidas militares necesarias para desalojar al ejército sirio "cueste lo que cueste". "Es inminente", es "una cuestión de tiempo", recalcó. "Ya estamos en la cuenta atrás y enviando las últimas advertencias".

Turquía y Rusia han estado negociando en los últimos meses una solución al conflicto, si bien las posiciones están alejadas y la negociación no ha dado resultados. En estos momentos tampoco parece que vaya a conseguirse una solución a corto plazo. El acuerdo de Sochi preveía la creación de unos cuantos puestos militares de control turcos dentro de la provincia de Idlib, pero con el reciente avance sirio algunos de esos puestos se han quedado aislados.

El Kremlin por su parte dijo estar dispuesto a seguir negociando, pero subrayó que no está satisfecho con el "incumplimiento" del acuerdo de Sochi por parte de los turcos, especialmente en relación con los "ataques terroristas" de las milicias yihadistas de Idlib contra el ejército sirio y contra las instalaciones militares rusas. El Kremlin calificó una hipotética intervención militar turca en Idlib de "el peor escenario" posible.

"Si estamos hablando de una operación contra las legítimas autoridades de la República Siria y contra las fuerzas armadas de la República Siria, esto sería, por supuesto, el peor escenario" dijo el secretario de prensa del Kremlin Dmitry Peskov.

El ministro de Exteriores Sergei Lavrov insistió en que Turquía debe cumplir su parte del acuerdo y denunció que, transcurrido más de un año desde el cónclave de Sochi, Turquía ha sido incapaz de separar a la "oposición" de las "organizaciones terroristas", tal y como se comprometió. Tanto la "oposición" minoritaria como las "organizaciones terroristas" cuentan el apoyo de distintas potencias extranjeras, regionales y occidentales.

En los últimos días, la diplomacia turca se ha movido en diferentes frentes en busca de apoyo. Los turcos incluso han acudido a la OTAN para recabar su respaldo, pero sus relaciones con los países del tratado atlántico son frías y cuesta creer que estos vayan a salir en defensa de sus aliados turcos creándose un sinfín de problemas.

Turquía y Rusia se preparan para lo peor

Para complicar las cosas, el diario Al Quds al Arabi informó el miércoles, citando fuentes próximas a la base militar rusa de Hmeimim, que en las últimas horas Rusia ha enviado refuerzos militares a la base, una indicación de que Moscú, al igual que Turquía, se está preparando para el peor escenario posible.

Las fuentes revelaron que están llegando pesados y modernos tanques, lanzacohetes, artillería pesada y vehículos acorazados, así como bombas de varios tipos que habitualmente usan los modernos cazas Sukhoi. El rotativo de Londres añadió que también se ha observado la llegada de otro tipo de material militar, incluidos recursos para construir fortificaciones defensivas que podrían ser necesarios en el caso de un rápido deterioro de la situación

Rusia y Turquía comparten muchos puntos de vista e intereses en Oriente Próximo y, a pesar de los movimientos de tropas y de material militar, parece difícil de imaginar un conflicto directo en el que los dos países saldrían perdiendo. Ankara también compra a Rusia material militar avanzado para disgusto de Estados Unidos y la OTAN.

Turquía fue uno de los primeros países en implicarse en el conflicto sirio que se inició en marzo de 2011. Ankara jugó la carta de los Hermanos Musulmanes, que a la postre resultó perdedora, y más adelante apoyó a organizaciones islamistas radicales, algunas de ellas yihadistas, además de a los turcomanos, una minoría que vive en pueblos del norte de Siria.

El precio que ha tenido que pagar por el conflicto es elevado. Por una parte, varios millones de sirios han buscado refugio en Turquía y por otro lado tuvo que vérselas con los kurdos, con quienes alcanzó un considerable punto de tensión por contar estos con el apoyo de Estados Unidos e Israel. En los últimos años Turquía ha tratado de establecer una zona segura en la provincia de Idlib manteniendo vínculos con los yihadistas.

En los próximos días van a seguir los contactos entre Moscú y Ankara, y va a desvelarse si las amenazas de Erdogan son reales o no. En cualquier caso, está claro que la situación en Idlib no volverá a ser la que fue hasta noviembre pasado.

jerusalén

20/02/2020 07:56

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Obras de construcción de la futura sede del Consejo de Ministros en la Nueva Capital Administrativa de El Cairo, en mayo de 2019. REUTERS

Una nueva sede de la Administración emerge en el desierto entre el Nilo y el mar Rojo mientras el país supera los 100 millones de habitantes

“Será una plaza más grande que Tiananmen”, se ufana Ahmed (nombre figurado) entre la asfixiante polvareda levantada por decenas de camiones que deambulan en un lugar del desierto sembrado de grúas entre el Nilo y el mar Rojo. El empleado de la empresa pública que construye la Nueva Capital Administrativa de Egipto, 40 kilómetros al este de El Cairo, señala las flamantes fachadas de los ministerios, alineados como los milenarios palacios de Luxor, que delimitan el ágora gubernamental ante la imponente mole del Parlamento. En el lejano horizonte —“es por razones de seguridad”, musita— se atisba la futura residencia del presidente Abdelfatá al Sisi, padre del faraónico proyecto. Hasta donde alcanza la mirada se alzan bloques de viviendas, con evocadores nombres en castellano como El Patio o La Vista, donde pronto vivirán dos millones de personas.

Egipto acaba de superar el umbral de los 100 millones de habitantes en medio del silencio oficial. Hacinados en el valle y el delta del Nilo, que apenas representan un 8% del territorio nacional, la bomba de relojería demográfica —dos de cada tres egipcios son menores de 30 años— ya se ha activado. Si no se remedia, el censo del país árabe romperá en 2050 la barrera de los 150 millones. El propio Al Sisi ha señalado la explosión demográfica —cada año hay 2,5 millones de habitantes más y tres cuartos de millón de jóvenes se incorporan al mercado laboral— como el mayor reto que afronta Egipto junto con el terrorismo.

Tras cuatro años de trabajos de 150.000 operarios en los que se prevé invertir 23.000 millones de euros, 54.000 funcionarios van a ser trasladados en los próximos meses al nuevo distrito administrativo, rodeado de zonas residenciales de lujo y un centro de negocios con 21 torres de oficinas. La megalomanía del proyecto contrasta con la miseria de más de una tercera parte de la población, que sobrevive con dos dólares diarios según el Banco Mundial.

“No se va a gastar ni una libra del presupuesto público”, asegura el coronel Jaled el Huseini, portavoz del organismo de Desarrollo Urbanístico de la Capital Administrativa (ACUD, por sus siglas en inglés). “Todo el proyecto se va a autofinanciar mediante la venta de suelo público a promotores privados”, puntualiza este oficial en su oficina, situada en un recinto militar que incluye un hotel de lujo y zonas de ocio en Nuevo El Cairo, uno de los distritos periféricos construidos en las últimas décadas para aliviar la congestión demográfica de la capital histórica de Egipto, que supera los 20 millones de habitantes junto con su zona metropolitana. Las Fuerzas Armadas controlan una parte importante de la actividad económica del país: hasta el 3% del PIB, según algunos analistas.

El nuevo centro administrativo soñado por el exmariscal El Sisi se extenderá sobre 730 kilómetros cuadrados, algo más que la isla de Menorca, y albergará a seis millones de habitantes. La primera fase que ahora se ultima comprenderá solo un tercio del perímetro y de la población. “El traslado masivo de funcionarios está previsto entre julio y agosto de este año”, adelanta el coronel El Huseini, “pero la decisión final será política”. Mientras los ministerios parecen estar muy avanzados, el Parlamento se ha construido al 60% y el palacio presidencial al 50%. La mudanza de Al Sisi a la capital del desierto oficializará el año que viene el nacimiento de la capital administrativa. El paisaje de palmeras y edificios empieza a asemejarse ya a un suburbio residencial estadounidense. La mayor parte de los terrenos de la operación pertenecen al ejército.

“Es cierto que el modelo de financiación de la nueva capital no depende en sí del presupuesto estatal, pero no se sabe mucho sobre las cuentas de la empresa que lo gestiona, propiedad del Ministerio de Defensa (51%) y del Ministerio de Vivienda”, argumenta Amro Adly, profesor de Ciencia Política en la Universidad Americana de El Cairo.

Muchos egipcios se plantean la duda de si los grandes proyectos de Al Sisi —obras faraónicas como la ampliación del canal de Suez (3.000 millones de euros)— acaparan fondos necesarios para el desarrollo del país y el bienestar social. “La fuerte inversión en suelo y construcción solo es beneficiosa a muy corto plazo. El sector inmobiliario ha sido la principal fuente de crecimiento de la economía desde la década de 1980”, matiza Adly como analista económico en Oriente Próximo.

La empresa constructora china CSCEC se ocupa de la ejecución del distrito financiero de la nueva capital egipcia, que estará coronado por un rascacielos de 390 metros de altura. Centenares de técnicos y especialistas chinos viven a pie de obra en una colmena de módulos prefabricados. “Solo se interviene en el mercado doméstico y no se mitigan los problemas crónicos de balanza de pagos de Egipto. El ahorro privado se consume así en activos muertos en ciudades del desierto que no ayudan a resolver las carencias de vivienda para la población”, puntualiza el profesor Adly.

Desde la dirección del proyecto, el coronel Al Huseini destaca que los terrenos liberados en el centro de El Cairo por el traslado de los ministerios también contribuirán a financiar la nueva capital, donde se ha previsto un barrio diplomático para las legaciones extranjeras. En los planos de la empresa pública ACUD figuran parcelas reservadas para Estados Unidos, China o Brasil. Los elevados precios exigidos por los terrenos y el alto valor inmobiliario de las actuales sedes han llevado a muchos países de la UE a no pronunciarse aún sobre su traslado a la nueva capital, según revela un funcionario diplomático europeo.

La utopía anunciada por Al Sisi hace cerca de cuatro años está a punto de hacerse realidad en un árido paisaje que evoca las urbanizaciones residenciales fantasmas de Seseña (Toledo), hace una década en plena crisis inmobiliaria española. El perfil de torres de oficinas de Dubái todavía no ha emergido en el desierto egipcio, aunque la mitad de los terrenos de la primera fase ya han sido adquiridos por promotores, según ha informado Reuters.

Ahmed, empleado en la empresa que construye la nueva capital, no se atreve a soñar con vivir algún día en los pisos que promociona. El precio de los apartamentos rondará entre los 50.000 y los 100.000 euros, inalcanzables para el sueldo de 200 a 300 euros mensuales del egipcio medio. Los 54.000 funcionarios que se desplazan desde el Cairo tampoco podrán residir cerca de sus nuevas oficinas. Tendrán que viajar más de una hora en autobús, mientras se construye un monorraíl regional, o realojarse en la cercana barriada satélite de Ciudad Bader.

En un Egipto agobiado por la superpoblación, la tasa de pobreza ha crecido un 4,7% entre 2015 y 2018, según el Banco Mundial, hasta situarse en el 32,5% de la población. Un sector de empleo intensivo, como el turismo, —que ofrece ocupación al 14% de la población— está empezando a superar el colapso de 2015, tras el atentado en el que murieron los 224 ocupantes de un avión ruso. El profesor Adly destaca que es gracias a la estabilización de la seguridad y la depreciación de la libra egipcia, "pero no está generando las divisas necesarias para mejorar la posición de la balanza de pagos”, señala.

La gigantesca mezquita de Al Fatah al Alí, con capacidad para 12.000 fieles, o la catedral de la Natividad, el mayor templo cristiano de Oriente Próximo, fueron los primeros edificios en ser erigidos en la nueva capital. La huida a Egipto de la Sagrada Familia con el telón de fondo de las pirámides, no podría ser de otro modo, es el motivo del fresco de la bóveda principal del templo copto..

Lo inauguró el año pasado el presidente al Sisi junto con el papa Teodoro II en la festividad de la Epifanía, en plena celebración de la Navidad ortodoxa por el 10% de la población egipcia. “Desde entonces no ha vuelto casi nadie”, admite el oficial de policía al mando del destacamento que monta guardia fuertemente armado con un blindado entre el polvo de los camiones de cemento, ante un paisaje inacabable de grúas que brotan en el desierto egipcio

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