Viernes, 06 Diciembre 2019 06:15

Bolsonaro privatiza tres parques nacionales

Bolsonaro privatiza tres parques nacionales

Incluye el lado brasileño de las Cataratas de Iguazú

Los parques fueron incluidos en el Programa Nacional de Desestatización (PND) a través de los cual el Presidente brasileño espera generar nuevos ingresos. Este es sólo el comienzo un plan más amplio de privatizaciones, dijo el Ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes.

 

A través de un decreto el presidente de Brasil Jair Bolsonaro privatiza tres parques nacionales, entre ellos el lado brasileño de las Cataratas de Iguazú. Los parques fueron incluidos en el Programa Nacional de Desestatización (PND) a través de los cual el presidente brasileño espera generar nuevos ingresos. Se trata de los parques nacionales de Lençois Maranhenses (noreste), Jericoacoara (noreste) e Iguazú (sur). Estos espacios naturales paradisíacos podrán ser privatizados y entregados en concesión. Este es sólo el comienzo un plan más amplio de privatizaciones, dijo el Ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes.

El decreto fue publicado por el Diario oficial de la Unión (boletín oficial) el martes y tiene vigencia inmediata. Establece que las empresas que obtengan las concesiones tendrán que brindar apoyo para las visitas públicas. También deberán prever costos y generar acciones de apoyo a la conservación y gestión de los parques. La privatización recae tanto sobre los servicios como la infraestructura, así como la liberación del mercado aéreo a empresas extranjeras. El PDN en el cuál fueron incluidas estas privatizaciones está vigente en Brasil desde la década de 1990. Ese programa fue usado por varios gobiernos para dar en concesión bienes y servicios públicos al sector privado.

La medida contempla promover la llegada de más turistas al país. Para eso otorgará facilidades en la obtención de visas turísticas a ciudadanos de Australia, Canadá, China, Japón y Estados Unidos. Además establece la contratación del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) para que estudie las concesiones. Esta entidad también deberá llevar a cabo acciones de apoyo para la supervisión de servicios técnicos y la revisión de proyectos.

Según la legislación de Brasil, los parques nacionales son unidades de conservación federal. Esto quiere decir que son áreas naturales creadas y protegidas por el poder público. El uso de sus recursos naturales sólo se puede realizar de forma indirecta.

El Parque Nacional de Iguazú, ubicado en la frontera con Argentina, es internacionalmente conocido por las cataratas del mismo nombre. Es un área protegida de gran biodiversidad, con miles de especies de plantas y unas 400 de aves. Hasta hoy el gobierno de Brasil cobraba entradas para las visitas. La empresa responsable de su cuidado dependía de un órgano gubernamental. Con el decreto el estado se desprenderá de su gestión. Recibe a cerca de 1,7 millones de turistas por año.

El Parque de los Lençois Maranhenses tiene unas 160.000 hectáreas. Se caracteriza por las interminables dunas que a mediados de año, en la transición de las lluvias a la temporada seca, se llenan de agua dulce formando unas piscinas naturales. Es visitado por más de 100.000 visitantes al año. El Parque de Jericoacoara, de 8.850 hectáreas, tiene unas inmensas playas de aguas cálidas que cada año reciben a miles de turistas extranjeros. Se encuentra rodeado por extensas dunas de arena fina y blanca. Recibe cerca de 150 mil visitantes anualmente.

El Gobierno de Brasil lanzó un amplio plan de privatizaciones y concesiones. Con estas medidas busca generar ingresos para las arcas del estado y reequilibrar las cuentas públicas del país. Brasil intentará "vender todo" para lograr este objetivo, expresó el Ministro de Economía, Paulo Guedes. No obstante, admitió recientemente que el plan de privatizaciones está siendo más difícil de llevar a cabo que lo previsto. Hasta ahora lograron ingresos por unos 100.000 millones de reales (23.810 millones de dólares), según informó Guedes. El Ministro señaló que están estudiando un proyecto de privatización para generar otros 250.000 millones de reales (cerca de 60.000 millones de dólares), aunque evitó dar detalles del mismo. En la actualidad Brasil recibe un promedio de 6,5 millones de turistas por año, y espera poder duplicar esa cifra en 2022.

Bolsonaro es un negacionista del cambio climático. Durante los incendios en la Amazonia culpó a grupos ecologistas de haberlos incitado. En otras oportunidades se expresó a favor de la explotación comercial de tierras indígenas y áreas protegidas.


Opinión

 

Así es la política ambiental de Bolsonaro

 Por Eric Nepomuceno

Una reunión ocurrida el pasado seis de noviembre pero solamente revelada ahora explica la base de la política ambiental aplicada en Brasil desde la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia.

En aquella ocasión, el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, recibió en su despacho a cuatro integrantes del Congreso, todos vinculados al sector rural, acompañados por cinco propietarios rurales del estado amazónico de Acre.

Luego de la reunión, Salles – quien sigue asegurando que no hay devastación en la Amazonia – determinó que se suspendiese totalmente la fiscalización en la reserva ambiental Chico Mendes.

De esa forma, Salles acató y cumplió lo prometido por el ultraderechista Jair Bolsonaro a lo largo de la campaña electoral y luego reforzado cuando se instaló en la presidencia: terminar con lo que clasifica como ‘industria de la multa’, o sea, la fiscalización ambiental.

Junto a sus ataques furiosos a la extensión de las reservas indígenas, las áreas de protección ambiental son foco permanente de críticas de Bolsonaro, ahora llevadas a la vida real por el ministro del sector.

Solamente entre enero y fines de octubre de este año, la reserva Chico Mendes tuvo 75 kilómetros de floresta totalmente devastados, un aumento de 203% en comparación con todo el año pasado.

De los cinco propietarios participantes del encuentro, todos infractores ambientales, cuatro fueron a las barras de los tribunales. Son conocidos por acciones ilegales en la Chico Mendes, bautizada con el nombre del militante ambientalista asesinado hace 21 años.

Uno de los activistas más respetados y reconocidos globalmente en su época, Mendes defendió la creación de una reserva natural de protección en Xapuri, municipio de su estado natal.

Nunca la vio: fue muerto por orden de dos propietarios rurales que habían invadido tierras públicas y por él denunciados y luego presos.

Los presentes hicieron duras denuncias de "actos truculentos" llevados a cabo por los fiscales responsables de preservar la mata de la región. Por "actos truculentos" se referían a la fiscalización que impide, o trata de impedir, actividades prohibidas, de la creación de ganado a la extracción ilegal de madera.

Uno de los presentes, Rodrigo Santos, amenazó de muerte a un funcionario del Instituto Chico Mendes, responsable por preservar la región demarcada por ley. Fue su respuesta a la denuncia presentada por el fiscal, probando que Santos, además de haberse apoderado de tierras públicas mediante documentación falsa, había desmatado 69 hectáreas protegidas.

Otro, un ex procurador-general de Justicia del estado de Acre, Jorgenei Ribeiro, el pasado septiembre fue denunciado por el Ministerio Público por haber desmatado 71 hectáreas de la floresta protegida para abrir la ruta, destinada al transporte de madera extraída ilegalmente.

Ya Gutierri da Silva fue condenado por extracción ilegal de maderas nobles, y recurre de la sentencia en libertad. Fátima Sarkis, por su vez, tiene creación de ganado en área protegida, o sea, creación ilegal, e igualmente responde a una acción en la Justicia.

Uenderson de Brito es blanco de una denuncia oficial por ocupar 400 hectáreas dentro de la reserva para creación ilegal de ganado.

De los políticos presentes, una diputada y un senador preparan un proyecto de ley destinado a reducir drásticamente el área de la reserva ambiental, ya ocupada por vastas zonas de pecuaria ilegal. Una senadora es pastora evangelista, condenada en segunda instancia por improbidad administrativa.

Que un ministro reciba a acusados y condenados por acciones contra su cartera ya sonaría a algo absurdo.

Pero que luego de oírlos atienda de inmediato a sus demandas, violando lo establecido por ley, rompe cualquier límite de decencia.

Mejor dicho: rompería. Porque no hay una sola señal, un vestigio ínfimo de decencia en todo lo que se refiere a Bolsonaro y su gobierno fétido.

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Uno de los puntos más delicados de la Cumbre del Clima: la creación de un mercado internacional de emisiones

En la Cumbre del Clima de Madrid se intentará crear un mercado internacional de emisiones como herramienta para contener el aumento de temperaturas del planeta. "Se parte de la idea de que ya no hay mucho tiempo para contener en 1,5 °C el aumento de la temperatura global, y que todos los países tienen que hacer algo, también los emergentes. El desarrollo económico siempre está ligado al aumento de emisiones, y eso ya no es compatible con mantener 1,5 °C", analiza Raphaela Kotsch, investigadora de la Universidad de Zurich que participa esta semana en la cumbre explicando qué se negocia sobre este nuevo mercado. En la cumbre de Katowice (Polonia) de 2018 se dieron algunos pasos, pero no se llegó a un acuerdo.  

En la actualidad existen 57 mercados de carbono en todo el mundo entre los creados y proyectados. Ahora, se trata de crear uno global que funcione más o menos como el que lanzó la Unión Europea en 2003: por un lado, se otorga un derecho de emisión (de algún modo se permite contaminar); y por otro, se incentiva la reducción de emisiones. Solo que, a diferencia del esquema europeo, el mercado internacional no fijaría un precio mínimo de compra de cada tonelada de CO2. "Es oferta y demanda", contextualiza Kotsch.

Crear este "mecanismo" está planteado en el artículo 6 del Acuerdo de París alcanzado en diciembre de 2015, y en esta cumbre se prevé definir su estructura y condiciones. "El tratado prevé que, si no se alcanza un mercado global, entonces se recurra a otros bilaterales o multilaterales", analiza esta investigadora, quien añade: "Algunos esperan que haya un acuerdo en Madrid, pero yo no lo veo claro".

Para los que defienden contener el aumento de emisiones a través de este esquema, argumentan que esta es una forma de ayudar a los países menos desarrollados a obtener tecnología, acudiendo a ese mercado internacional para financiar proyectos mediante créditos que les compran países con mayores emisiones.

Tiene además otra lectura, y es que, para los países industrializados, donde se ha desarrollado más tecnología limpia, cada reducción adicional de emisiones resulta más cara que en países donde hay mucho más por hacer. "Para muchos en los países ricos sería más sencillo comprar créditos, digamos, por ejemplo en Marruecos, donde es más barato reducir una tonelada de CO2, pues hay mucho más por hacer", incide Kotsch. Sin embargo, los detractores de la medida temen dejar al mercado la reducción de emisiones de tantos países.

03/12/2019 - 21:58h

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La activista sueca Greta Thunberg, antes de su intervención la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. EFE/Justin Lane

 Cuentan que, en la Europa medieval, un chaval de 10 años llamado Nicholas se presentó como enviado de Dios, reclutando a decenas de miles de niños con el fin de conquistar Palestina, la Tierra Santa. Ninguno llegó, obviamente: murieron de hambre, de enfermedades o fueron traficados por los adultos. Los “yihadistas” también reclutan a los niños, no solo como su carne de cañón o para limpiar campos de minas antes de que crucen los adultos, sino para avergonzar a los hombres que se niegan a ir a matar a otros.

Hoy, en la era de la globalización, una tropa universal de menores, dirigida por Greta, la adolescente de cara angelical, con su tono de predicador y con la seguridad que da el estar respaldada por una fuerza sobrenatural que deja mudos a los poderosos mandatarios adultos del mundo, nos transmite el sagrado mensaje del IPCC, el alias de la nueva divinidad llamada Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. El Fin del Mundo ya tiene fecha: será dentro de 11 años (y unos meses) si la humanidad incrédula no sigue sus instrucciones.

En la misión de la nueva superheroína, cuya carrera meteórica la ha convertido en la rival del mismísimo Trump para recibir el Nobel de la Paz (premio que es una inversión en alguien para que juegue un papel en el futuro; Donald ya es pasado), se destacan dos  cuestiones: 1) el fenómeno de la “Generación Z”, y 2) los intereses que ella o Jamie Margolin, su colega estadounidense, representan.

 

La Generación Z

Ser joven, rico y guapo es una virtud en la sociedad capitalista. En la mente de Greta, “los mayores”, que son parte del problema del calentamiento global, no pueden ofrecer soluciones. Pero, ¿cómo unos niños que ni han terminado la escuela y no son investigadores de nada se atreven a dar lecciones al mundo adulto y menospreciar el conocimiento y la sabiduría (que sólo se consigue a golpe de años) de millones de expertos en la lucha de clases, del feminismo, de la sociología de la pobreza, o del complejo funcionamiento del poder? Si ella hubiera oído algo sobre la primera científica que habló del «efecto invernadero», la feminista y mayor Eunice Foote (1819-1888, EEUU), por ejemplo, hubiera elaborado un discurso algo humilde, además de coherente y lógico.

Los “niños digitales” o la “Generación Z” , nombre dado en EEUU a los nacidos entre 1995 y la década de los 2000, y cuya característica es el uso de la tecnología e internet, se han convertido en actores sociales por: a) ser el 40% de los consumidores en las potencias mundiales y el 10% en el resto del mundo, estando en el centro de las políticas de mercado de las empresas; b) ser una generación programada no para pensar sino para consumir y “seguir a” alguien, y c) por la influencia que tienen en el gasto familiar, debido a su conocimiento digital, que además les da un estatus de poder.

Ella se equivoca al afirmar que el cambio climático es el principal problema de la humanidad: ¡se trata solo de una de las consecuencias de un sistema económico-político llamado capitalismo que hoy y ahora ha convertido en un infierno la vida de la mitad de los habitantes de la Tierra, que padece pobreza, que muere en las guerras de rapiña, o en las minas de diamantes y coltán! Mienten las encuestas en EEUU cuando indican que el cambio climático ya es la principal preocupación de los ciudadanos: ¿que un país donde 45 millones de personas viven en el umbral de la pobreza, sufre un profundo racismo contra la población no blanca y una violencia social que es única entre los países occidentales, donde medio millón de sus mujeres son víctimas de agresiones sexuales y rapto, pierde el sueño por el deshielo del Ártico? ¿En serio?

Condenar el consumismo sin situarlo en el lugar y el tiempo es populismo: un estadounidense medio gasta casi 2.000 veces más agua que un residente en Senegal.

Thunberg reprocha a los políticos que la contaminación “le ha robado la infancia”, no sabemos cómo, pero su movimiento elitista no habla de cientos de millones de niños y niñas a quienes les roba la infancia el ser explotados en los talleres oscuros y húmedos, recibiendo a cambio un solo plato de comida al día; por ser víctimas de las guerras de rapiña y sus consecuencias más brutales; ser traficados por la megaindustria de pornografía en un capitalismo que lo convierte todo incluido a los fetos y niños en una mercancía. 

 

Las “soluciones” de la pequeña Greta

Ya tenemos todos los hechos y soluciones –afirma la joven– y todo lo que tenemos que hacer es despertar y cambiar».

Los defensores de Greta pueden desmontar los argumentos de la derecha negacionista, pero no son capaces de responder las preguntas del ecologismo progresista.

Los niños como ella desconocen que el capitalismo depende del crecimiento, y este se consigue reduciendo los gastos, explotando más y más a los seres humanos y a la naturaleza y destruyendo a ambos, aumentando los beneficios. Tampoco saben que la acumulación de capital es el núcleo del sistema que pretenden reformar, y que las compañías privadas para crecer, e incluso para existir, deben apartar y/o devorar a sus competidores gastando cada vez más los recursos públicos. Un sistema que ha feminizado la pobreza o que fuerza a millones de personas huir de sus tierras, porque unas compañías o estados quieren robar sus recursos, genera graves desequilibrios ambientales. Es imposible salvar la Tierra sin reducir la pobreza y luchar contra la desigualdad, sin el empoderamiento de las mujeres, la protección de los derechos de los animales, o sin impedir que el Sur Global se convierta en el basurero tecnológico de los ricos caprichosos, esos jóvenes que cambian de móvil como de camisa, sin preguntarse de dónde viene su batería, y a dónde va el aparato que aún no está obsoleto.

Obviamente, ningún movimiento de esta envergadura llamado “Nuevo Poder” es espontáneo, ni hay nada nuevo en esta otro peligroso movimiento de masas.

 

¿A quiénes beneficia?

  • Al “imperialismo climático”: la «Cuarta revolución industrial» del complejo industrial busca un New Deal Verde. Y lo busca a través del Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales que pretende sacar 100.000 millones de dólares de las arcas públicas de todos los países del mundo para salvar el capitalismo tiñéndolo de verde. Y tiene mucha prisa, de ahí la “emergencia”: presiona para desregular el sectorconseguir la autorización para explotar aún más los recursos naturales, y la financiarización- privatización más grande de la naturaleza jamás realizada, y así poder atraer a los inversores con fines especulativos. Y están apropiándose de más tierras arboladas y el agua de todos los continentes produciendo biomasa para energía, destrozando las selvas y la biodiversidad de aquellos espacios. Ganarían con el endeudamiento de los países pobres, que se verán obligados a comprar la biotecnología verde (coches eléctricos, turbinas eólicas, etc.).
  • A la industria nuclear: Greta desea “alinear Suecia con el Acuerdo de París”,  cuando este acuerdo otorga a la energía nuclear el papel de “mitigar el cambio climático”, y así reducir el “CO2 a gran escala».
  • Al Instituto Global de Captura y Almacenamiento de Carbono(IGCAC), que impulsa biotecnología para lanzar «emisiones negativas», operación para la cual consumirá una ingente cantidad de combustible fósil. Tiene preparado unos 3.800 proyectos que permitirán a la industria petrolífera, por ejemplo, seguir esparciendo carbono por la atmósfera. La energía fósil es tan rentable para sus empresarios que para obtenerla han matado a millones de personas, han destrozado la vida animal, arrasando bosques, contaminando aguas. Según el ambientalista Ernest McKibben «Un barril de petróleo, actualmente de unos 70 dólares, proporciona la energía equivalente a unas 23.000 horas de trabajo humano«. La justicia climática es incompatible con un capitalismo que está basado en el ánimo de lucro y a cualquier precio.
  • A las megafundaciones de apariencia filantrópica, corporaciones que controlaron los negocios de energía, y políticos hipócritas. El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, un entusiasta de la joven sueca, cuyo gobierno compró con el dinero público el oleoducto Trans Mountain por 45.000 millones de dólares, los gobiernos europeos que siguen vendiendo ilegalmente armas a los países en guerra, Google que sigue invirtiendo en las compañías que niegan el cambio climático, o la industria de los combustibles fósiles, que dedica sólo el 1% de sus inversiones a energía baja en carbono, pero depositan 50.000 millones de dólares en nuevos proyectos de exploración de petróleo y gas. El objetivo de MacArthur Fundation (2010) es, por ejemplo, “acelerar la transición a la economía circular”. Además de donar diez millones de dólares a Climate Nexus, es la que dirigió, junto con otros lobbies del capitalismo verde (Avaaz, 350.org, Extinction Rebellion, etc.) la Marcha Popular del Clima del 21 de septiembre de 2014. Otras empresas como Ikea, el promotor de “compra, tira y vuelve a comprar«, que ha convertido sus tiendas en el lugar del paseo de las familias, o Avaaz, la red dirigida a cambiar mente y corazones en todo el mundo, o Johnson & Johnson -que ha tenido que pagar mil millones de dólares a veintidós mujeres por el cáncer de ovarios que causaron sus productos, ganan dinero y prestigio.
  • A la “Oenegeización” de la militancia política de los jóvenes, neutralizando los movimientos ecologistas auténticos, y sustituyendo la conciencia de clase por un “asunto gris de masas” ajeno a la causa común de la humanidad.
  • Al complejo industrial-militargracias a la omisión de este movimiento que borra el  factor guerra de las Marchas Verdes, ni menciona las cerca de 18.000 bombas nucleares que amenazan la vida en el planeta, ni el hecho de que Donald Trump tras romper los dos históricos acuerdos nucleares con Irán y Rusia no solo ha sugerido al Pentágono aumentar hasta diez veces el arsenal nuclear, sino que ha insinuado el uso de estas bombas contra Irán y Afganistán.

Estas personas pretenden cambiarlo todo, para que todo siga igual: Malala Yousafzai, la muchacha paquistaní, recogió el Nobel de la Paz en 2014, después de haber recibido varios disparos de los Taliban (grupo anticomunista armado por la CIA) cuando tenía catorce años por defender la alfabetización de las niñas en su país Pakistán. Hoy, su país sigue siendo uno de los peores del mundo en esta materia.

 

¿Cómo se salva el planeta, de verdad?

Cuando Marx llamó la «Ruptura metabólica» a la desconexión entre la humanidad y el resto de la naturaleza generada por la producción capitalista, y la “ruptura irreparable en el proceso interdependiente del metabolismo social”, estaba señalando que la destrucción de la naturaleza es inherente al capitalismo.

Sólo un sistema de producción dirigida a satisfacer las necesidades humanas, siempre en su vinculación con los derechos del resto de la naturaleza, que no a las ganancias de unos cuantos, puede impedir el apocalipsis. Y esto se consigue con la propiedad pública sobre la tierra, la industria, los grandes bancos, corporaciones, y servicios y un control democrático sobre el poder, que en vez de promocionar coches eléctricos particulares, por ejemplo, proporcione el transporte público gratuito, el uso de la energía solar y eólica, entre otras medidas.

La justicia climática es anticapitalista o no lo es.

 

3 DICIEMBRE 2019

Publicado enMedio Ambiente
El Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, participa de la Cumbre del Clima.

  Alemania, Francia y España deberán aunar esfuerzos para persuadir a China, Rusia, India, Brasil y Estados Unidos de intensificar la lucha contra la contaminación del medio ambiente. 

 

La Cumbre del Clima COP 25 que se celebra en Madrid a partir de este lunes y hasta el 13 de diciembre será el nuevo ring en el que se midan los países que impulsan una agenda decidida para enfrentar la emergencia climática, y los escépticos o negacionistas del cambio climático, liderados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La capital española acoge esta Conferencia entre las Partes (COP), luego de que el estallido social en Chile dejara al presidente Sebastián Piñera acorralado, y sin el paisaje de país estable y desarrollado que pretende mostrar esta clase de reuniones de carácter internacional.

Delegaciones de alto nivel de más de 150 países, el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, la flamante presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, representantes de diversas Organizaciones No Gubernamentales, científicos y expertos en la lucha contra el cambio climático entre unas 25 mil personas, buscarán alcanzar un acuerdo para concretar y profundizar las medidas adoptadas cuatro años atrás en el Acuerdo del Clima de París.

El presidente en funciones del Gobierno español, Pedro Sánchez, será uno de los principales anfitriones, y encargado de llevar a buen puerto la COP 25, cuyo eslogan reza “es tiempo de actuar”. El líder socialista, que se encuentra en negociaciones para formar su Ejecutivo, ha presentado una agenda ambiciosa para que España realice una transición ecológica de su economía, y ayude a reducir sensiblemente la producción de gases de efecto invernadero.

Un objetivo que comparten e impulsan para el conjunto de la Unión Europea el presidente francés, Emmanuel Macron, y la líder del Gobierno alemán, Ángela Merkel. En efecto, el jueves pasado, el Parlamento Europeo declaró la emergencia climática, y se propuso como objetivos de la nueva legislatura (2019-2023) la creación de un “New Green Deal” en los próximos 100 días, y trabajar para descarbonizar la economía del bloque en el 2050.

Sin el apoyo del Reino Unido, que está perdido en el intríngulis del Brexit, y el frágil Gobierno de Italia, Alemania, Francia y España deberán aunar esfuerzos para persuadir a China, Rusia, India, Brasil y Estados Unidos de intensificar la lucha contra el cambio climático.

La tarea no será sencilla. El presidente Trump ya ha anunciado que retirará a su país del Acuerdo de París, mientras que gigantes como China, Rusia, e India, que están entre los principales emisores de gases de efecto invernadero, no han presentado planes ambiciosos para contrarrestar el cambio climático. Brasil, por su parte, tampoco ha dado señales. Al contrario, el presidente de ese país, Jair Bolsonaro, ha estado en el centro de una tormenta política y climática luego de que se denunciara un crecimiento notable en la cantidad de incendios que se produjeron este año en la Amazonia.

La Unión Europea buscará implicar a los escépticos y negacionistas aprovechando el contexto de protestas y concientización mundial por el cambio climático, además de la catarata de informes que se publican casi cada mes advirtiendo sobre los estragos de la crisis climática. El último, un informe de la Organización Meteorológica Mundial, que situó en un nuevo récord la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Un fenómeno que promete acelerarse con consecuencias cada vez más graves para las futuras generaciones.

Entre los activistas que acudirán a la Cumbre se encuentra Greta Thunberg, uno de los rostros más visibles en las manifestaciones contra los gobiernos europeos para actuar contra el cambio climático. La joven sueca se encuentra de camino al país ibérico en un catamarán que embarcó en Sudamérica después de que se cancelara la Cumbre en Chile. Thunberg, creadora del movimiento “Fridays for Future”, ha decidido trasladarse en un medio de transporte no contaminante, y su acción será puesta como un ejemplo más de las medidas que pueden adoptarse para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero.

En España y en la Unión Europea, la Cumbre COP 25 está en el centro de la agenda mediática y política. Los más optimistas esperan que se alcancen suficientes acuerdos para convertir esta fecha en un punto de inflexión para reducir el calentamiento global. Sin embargo, nadie puede asegurarlo por estos días. Además de Trump y su club de aliados negacionistas, en Europa existe un buen número de partidos políticos que prometen batallar la “histeria climática”. Entre ellos, el líder italiano Matteo Salvini, el partido ultranacionalista Una Alternativa para Alemania, o el radical Vox, que en las últimas elecciones españolas logró convertirse en la tercera fuerza política más importante del país.

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"Si hay una COP25 quiere decir que se han reunido 24 veces y han fracasado"

Entrevista al ecologista Antonio Elio Brailovsky

 

Por Mario Hernández

 

M.H.: El próximo 2 de diciembre se reúne la COP 25 en Madrid, han tenido que cambiar el escenario por la situación política que se vive en Chile, particularmente en Santiago de Chile. ¿Qué expectativas podemos tener de esta reunión?

E.B.: Ninguna. El sólo hecho de que haya una reunión número 25 para discutir los problemas del clima, quiere decir que se han reunido 24 veces y han fracasado en llegar a un acuerdo que funcione. Siempre prometen algo y luego no lo cumplen. De modo que tenemos 24 ejemplos de fracaso de Cumbres del clima en las que dijeron un montón de cosas y no cumplieron ninguna. Por lo tanto, no veo razones para pensar que esta vez sea diferente.

M.H.: Más de 11.000 científicos de todo el mundo han suscrito un manifiesto en el que declaran la emergencia climática y plantean 6 medidas urgentes para hacerle frente.

E.B.: El problema es que a ningún político le preocupa qué va a pasar con el mundo cuando termine su mandato. Le preocupa lo que pase durante su mandato. De modo que hablarle a alguien del 2040 o 2050 cuando están pensando en cómo terminan el 2019 y cómo comienzan el 2020, esto es ciencia ficción. Es como si les hablaran del año 25.000.

El sistema político y económico están diseñados para pensar en el muy corto plazo y no en el largo, y esto requiere hacer cambios profundos rápido, que se van a ver dentro de un tiempo mediano, en varias décadas y en realidad ni siquiera se van a ver, porque si las cosas se hacen bien lo que vamos a ver es que no empeora.

¿Qué político renuncia a juntar dólares para que dentro de 20 años la situación no empeore? Teniendo en cuenta además que las grandes empresas que contaminan y alteran el clima son las que han pagado todas las campañas electorales del mundo, las de los que yo voto y las de unos cuantos oyentes que votan distinto.

Esto es parte del mundo real. No tenemos sistemas políticos pensados para diseñar el largo plazo y somos víctimas de eso. Más allá de que uno tenga grandes simpatías por algunos líderes y grandes enojos con otros. Son nuestros sistemas políticos.

M.H.: Frente a esta situación, ¿qué debemos hacer los seres humanos?

E.B.: Reclamar y reclamar todos los días. No hay otra. No olvidarse de esto. Ocuparse del clima tiene un costo económico. Es mucho más fácil seguir quemando petróleo y seguir contaminando el clima. Darle importancia al clima tiene un costo político, gobierne el que gobierne. Gobiernen los que nos caen simpáticos o los otros, pero nos encuentran ante lo mismo. Si no hay fuerte presión de la ciudadanía van a seguir recibiendo presiones muy fuertes de las empresas que contaminan.

M.H.: En los últimos 20 años la cantidad de agrotóxicos arrojados en la parte más poblada de nuestro país aumentó en más de un 1.000 % pasando los 500 millones de litros anuales. La resistencia de las malezas aumenta, las inundaciones se hacen cíclicas y el cambio climático se hace sentir. La desforestación y la pérdida de biodiversidad son incesantes, todo inherente y consecuencia del modelo agrícola químico dependiente inventado por las corporaciones y avalado por todos los gobiernos de turno. ¿Qué podemos hacer ante esta realidad?  

Necesitamos poner nuestro sistema científico en función de proyectos de agroecología  

E.B.: Yo creo que Argentina tiene un gran sistema científico, agronómico inclusive, que empezó con Manuel Belgrano hace dos siglos, para plantear tecnologías agrarias limpias. Esto de que los que estén trabajando con tecnologías agrarias limpias sean gente de buena onda, la que quiere hacer lo mejor para el país, etc.

Tenemos un sistema agronómico en el INTA y en un montón de Facultades de Agronomía, que hasta ahora tienen prácticamente prohibido trabajar en agro ecología. Necesitamos poner nuestro sistema científico en función de proyectos de agroecología. Desde la ciencia, no solamente desde la buena voluntad de nuestros amigos con huertas orgánicas, sino desde la ciencia para plantear un cambio en el sistema productivo. Estamos sosteniendo un sistema científico de excelencia que está en gran medida desperdiciado aumentando las dosis de plaguicidas de Monsanto.

M.H.: Me llamó la atención que el CONICET encontró atrazina y endosulfán, dos pesticidas sintéticos cuyo uso y comercialización está prohibido en el país desde 2011, en el aire de la Antártida. ¿Cómo es esto posible?

E.B.: La atmósfera es una sola, de modo que la circulación atmosférica lleva todo a todas partes, hacen 20 o 30 años habían encontrado plaguicidas de tipo DDT en la sangre de los esquimales, los indígenas del Polo Norte. En este momento estamos aprendiendo que no hay nada que quede lejos. El mundo, la atmosfera, la circulación de contaminantes por el aire y por el mar es uno solo, sigue los patrones de las corrientes. Vamos a encontrar plaguicidas en todas partes. Están en mi sangre y en la suya y están cada vez que vamos al inodoro en la orina de todos.

En algún momento necesitamos políticas responsables para ir eliminando los venenos que no benefician a nadie, porque durante 10.000 años se produjo y cultivó comida sin venenos y pudimos alimentar a la humanidad. Ahora que tenemos científicos de envergadura usemos ese conocimiento para alimentar a la gente sin envenenarla.

M.H.: Hemos hablado muchas veces del tema de la absorción del monte nativo, de la lluvia, un dato del INTA de Marcos Juárez: “El monte nativo absorbe por hora 300 ml de agua de lluvia y un cultivo de soja transgénica fumigado e impermeabilizado solo 30ml por hora.

E.B.: Los servicios ambientales que presta el monte nativo son de regulación hídrica, son de recibir el agua de lluvia, alimentar las napas, de evitar que los grandes torrentes lleguen a los ríos. Lo que pasa es que el que destruye un bosque tiene un beneficio económico inmediato. Tala el bosque, siembra soja, la vende y tiene la plata en el Banco. No es inmediato ni individualizado el daño a la sociedad, entonces es mucho más difícil que la gente perciba que le han hecho daño porque talaron unos árboles que estaban a muchos kilómetros y que las personas nunca vieron, es necesario un conocimiento mucho más amplio. Por algo nuestro sistema educativo es tan débil en materia de educación ambiental, para permitir que sigan ocurriendo estos abusos.

Rebelión

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Los nueve puntos de inflexión climática activos que deben acelerar la acción política sobre las emisiones

La situación actual del hielo marino ártico o del permafrost en Groenlandia ponen en alerta sobre los cambios irreversibles que se producirán si no se toman medidas urgentes.

Nueve puntos del planeta están en riesgo por daños graves, alteraciones o riesgo inminente de desaparición. El hielo marino ártico, la capa de hielo de Groenlandia, los bosques boreales, el permafrost —la capa de suelo permanentemente congelada en regiones frías—, el sistema de corrientes del Atlántico, la selva amazónica, los corales de aguas cálidas, la capa de hielo antártico occidental y partes de la Antártida Oriental. Estos puntos de inflexión climática están ya activos y podrían desencadenar cambios irreversibles a largo plazo a nivel global , tal y como señalan las conclusiones de un estudio publicado este miércoles en la revista Nature y liderado por Timothy M. Lenton, director del Global Systems Institute de la Universidad de Exeter (Reino Unido).

Lenton, junto a otros expertos, ya advirtió sobre los puntos de inflexión climáticos en 2008 —bajo esta denominación, la comunidad científica se refiere a un umbral crítico en el cual una pequeña perturbación puede alterar el estado o el desarrollo de un sistema— y estableció instrumentos de alerta temprana para detectar su proximidad. Pero esta no era la primera vez que se hablaba de este fenómeno. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) ya introdujo los datos sobre puntos de inflexión hace dos décadas , cuando se consideraba que los puntos de inflexión solo se activarían si la temperatura global aumentaba 5 ºC respecto a los niveles preindustriales. En sus informes más recientes, publicados en el último año, alertaban de que una subida de entre 1 y 2 ºC ya sería suficientemente grave, en línea con lo establecido por el Acuerdo de París.  

En los últimos años, las evidencias de que este tipo de eventos son cada vez más probables —más de lo que se pensaba— han aumentado y ayudan a definir «que estamos en una emergencia climática» y a fortalecer las peticiones para una acción climática urgente , según los expertos que firman el citado informe.

El deshielo y el aumento del nivel del mar

«Es posible que ya hayamos comprometido a las generaciones futuras a vivir con aumentos del nivel del mar de 10 metros durante miles de años. Pero esa escala de tiempo aún está bajo nuestro control», explican los científicos que han elaborado este estudio sobre los puntos de inflexión activos, pues muchos de estos se encuentran en la criosfera. La capa de hielo de Groenlandia , por ejemplo, se está derritiendo a un ritmo acelerado y solo este deshielo añadiría 7 metros al nivel del mar durante miles de años desde una fecha tan temprana como 2030, según los expertos.

El informe plantea medidas de adaptación como el reasentamiento eventual de la población que vive en zonas de baja altitud. Pero, sobre todo, limitar el aumento de la temperatura global no más allá de los 1,5 ºC, ya que «otros puntos de inflexión podrían activarse a niveles bajos de calentamiento global» . Es el caso del hielo marino, que ya se está reduciendo en el Ártico , «lo que indica que, con 2 ºC de calentamiento, la región tiene una probabilidad de entre el 10 y el 35 % de quedar prácticamente libre de hielo en verano», argumentan los autores del estudio.

Daños para la biosfera

Un ejemplo de cómo un daño puede desencadenar otros desastres es la pérdida de la mitad de los corales de aguas poco profundas en la Gran Barrera de Coral de Australia como consecuencias de las olas de calor en el océano.

«Además de socavar nuestro sistema de soporte vital, los puntos de inflexión de la biosfera pueden provocar la liberación brusca de carbono a la atmósfera», apuntan los científicos, lo que agravaría el cambio climático.

Asimismo, el calentamiento global ya ha provocado perturbaciones en los insectos a gran escala y el aumento de los incendios, que han provocado, por ejemplo, la desaparición de los bosques boreales de América del Norte , lo que, según los expertos, podría convertir algunas regiones de sumideros de carbono en fuentes de carbono.

«Para abordar estos problemas, necesitamos modelos que capturen un conjunto más rico de acoplamientos y retroalimentaciones en el sistema de la Tierra, y necesitamos más datos, presentes y pasados, y mejores formas de usarlos. Mejorar la capacidad de los modelos para investigar los cambios climáticos abruptos pasados ​​conocidos y los estados climáticos ‘invernadero’ debería aumentar la confianza en la capacidad para pronosticarlos», concluye el informe. Y añaden: «En nuestra opinión, la evidencia de los puntos de inflexión por sí solos sugiere que estamos en un estado de emergencia planetaria: tanto el riesgo como la urgencia de la situación son agudos «.

Fuente: https://www.climatica.lamarea.com/los-nueve-puntos-de-inflexion-climatica-activos-que-deben-acelerar-la-accion-politica-sobre-las-emisiones/

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Miércoles, 27 Noviembre 2019 06:30

Bill Gates, agricultor africano

Bill Gates, agricultor africano

A partir de los años 1960 la revolución verde permitió incrementar de manera importante los rendimientos (toneladas por hectárea) de ciertos cultivos clave, en especial trigo y arroz, en algunas regiones de India. Esos aumentos se debieron a un paquete tecnológico que incluía el uso de semillas de alto rendimiento, insumos agroquímicos y, por supuesto, inversiones en irrigación. El crecimiento de los rendimientos puede atribuirse casi por igual al empleo de semillas mejoradas, fertilizantes e irrigación.

Estos son los beneficios que tanto impresionaron a Bill Gates. Desgraciadamente, Gates no leyó con atención las señales que estaban en el campo en toda África. El mensaje era claro: no es que la revolución verde hubiera pasado de largo a África. Simple y sencillamente, había fracasado.

Entre 1980 y 2004 el Consejo Consultivo de Centros de Investigación Agrícola Internacional (Cgiar) invirtió 160 millones de dólares anuales en transformar y modernizar la agricultura en África. Con esas inversiones no es posible afirmar que la revolución verde simplemente había ignorado al continente africano. La realidad es mucho más compleja e interesante. Pero Bill Gates prefiere configurar otra narrativa más a su gusto.

La revolución verde vino acompañada de varios problemas graves. Sin los insumos de agroquímicos y la irrigación, los rendimientos no podían aumentar y las semillas maravilla se quedaban sin rendir sus frutos. Por ese motivo los beneficios fueron para los agricultores más privilegiados. De hecho, muchos de los campesinos más pobres perdieron sus tierras al no poder enfrentar el peso del endeudamiento para pagar los insumos. Esto condujo a una mayor concentración de la tierra. Por el lado de la huella ecológica, la revolución verde y sus insumos químicos dejaron cuerpos de agua contaminados, suelos maltratados por la falta de rotación de cultivos y una fuerte erosión genética. En India había alrededor de 30 mil variedades de arroz utilizadas en la producción antes de la revolución verde. En la actualidad, la cosecha en ese país se produce a partir de unas 10 variedades.

Con este saldo es difícil imaginar que alguien quisiera repetir la experiencia en África. Pero en 2006, la Fundación Gates lanzó su iniciativa “Alianza para la revolución verde en África” (Agra). Su objetivo: duplicar los rendimientos e ingresos de más de 30 millones de hogares rurales en el continente para 2020. En estos días se ha dado a conocer una investigación de Tim Wise (Universidad de Tufts y Small Planet Institute), en la cual se demuestra que después de 10 años de inversiones multimillonarias las metas de la iniciativa Agra están lejos de ser alcanzadas. El análisis examina información a escala nacional para los 13 países cubiertos por Agra y también evalúa datos a nivel hogar en tres de ellos: Malawi, Zambia y Mozambique. (Este importante documento está disponible en afsafrica.org).

Wise demuestra que existe poca evidencia de que Agra esté en camino de hacer realidad sus objetivos sobre rendimientos e ingresos. Cuando se encuentran señales de progresos en esos rubros eso se debe a la existencia de programas gubernamentales de subsidios para la adquisición de insumos: la difusión del paquete tecnológico de Agra no se llevaría a cabo sin esos subsidios.

Se puede pensar que buscar una solución tecnológica para cualquier problema es el sesgo natural de una persona con la formación de Bill Gates. Pero quizás hay algo más profundo. En 2010 la Fundación Gates invirtió 23 millones de dólares en la compra de 500 mil acciones de Monsanto, el gigante de las semillas transgénicas y los agroquímicos como el glifosato. Desde entonces la postura respecto de los transgénicos ha sido ambigua, pero hoy se sabe que Agra también incluye ese tipo de semillas en sus programas de difusión tecnológica.

Lo más grave de Agra es que deja de lado otro tipo de trayectorias tecnológicas que son más eficientes para el manejo de agua, suelos y recursos genéticos. Por ejemplo, técnicas de permacultura y agroecología ya son aplicadas en muchas regiones de África y han demostrado ser más eficientes y menos agresivas con el medio ambiente.

Estas técnicas conservan la agrobiodiversidad y son además intensivas en trabajo, lo que permite crear y conservar empleos en el medio rural y proporcionan una mayor soberanía en las decisiones de los agricultores sobre la mezcla de producto y las técnicas de producción.

Organizaciones como Vía Campesina y la Alianza para la Soberanía Alimentaria en África son dos ejemplos de organizaciones que buscan construir desde abajo opciones que son tecnológicamente sanas y socialmente responsables. A final de cuentas, Bill Gates prefiere buscar la solución que desea el capital: apropiarse del proceso productivo campesino y convertirlo en un espacio de rentabilidad.

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La ONU certifica el fracaso del acuerdo del clima de París y reclama recortar las emisiones de CO2 un 8% cada año hasta 2030

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) presenta hoy en Ginebra su Informe de Emisiones de 2019, en el que asegura que incluso aunque todos los compromisos adoptados por los países en el Acuerdo de París sean completamente implementados, el objetivo de limitar el incremento de la temperatura mundial a 1,5 grados estará fuera de alcance antes de 2030.

No han pasado ni cuatro años desde que fuera aprobado y la ONU da por muerto el Acuerdo del Clima de París. Para tratar de limitar el incremento de las temperaturas mundiales a 1,5 grados -lo acordado en la capital francesa por 195 países- será imprescindible tomar medidas mucho más contundentes y de manera inmediata. Entre ellas, recortar las emisiones de CO2 un 7,6% cada año entre 2020 y 2030, la decarbonización del sector de la energía y la construcción y cambios en los estilos de vida.

El Acuerdo de París ya no sirve de nada: el informe asegura que, aunque se implementaran todos los compromisos alcanzados por los países en diciembre de 2015 en la capital francesa, las temperaturas se incrementarían este siglo al menos 3,2 grados, más del doble del objetivo de 1,5 grados fijado por el acuerdo.

Llevar el planeta a ese aumento de las temperaturas causará “impactos climáticos más extensos y destructivos”, asegura el documento, que ha sido elaborado por un panel internacional de científicos climáticos.

Para tratar de que el mundo no se salga de la horma del 1,5 de incremento durante este siglo, el Informe de Emisiones de 2019 del PNUMA estima imprescindible actuar de forma urgente y contundente: recortar las emisiones de CO2 un 7,6% anual entre 2020 y 2030.

El documento critica que las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado esta década un 1,5% cada año. “No haber comenzado a reducir las emisiones en 2010”, lamentan los científicos, “provoca ahora que haya que acometer mayores reducciones anuales de emisiones para poder cumplir los objetivos”.

“Estos datos demuestran que los países no pueden sentarse a esperar para redoblar sus acciones hasta finales de 2020, cuando estaba previsto tomar nuevos compromisos climáticos”, asegura la directora ejecutiva mundial del PNUMA, Inger Andersen.

“Cada país, cada ciudad, cada región, cada negocio, cada individuo tiene que empezar a actuar ya. Tenemos que ponernos al día con los años en los que pospusimos tomar medidas. Si no hacemos esto, antes de 2030 se habrá agotado la posibilidad de lograr el objetivo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 grados este siglo”, recuerda Andersen.

El informe del PNUMA presentado hoy ve necesario realizar transformaciones sociales y económicas de envergadura en la próxima década para compensar la inacción del pasado, incluidos, afirma expresamente, la rápida decarbonización de la energía y de los sectores de la construcción y el transporte, así como cambios en los estilos de vida y en el sector agroalimentario.

Los países del G20, en el punto de mira

El Informe de Emisiones 2019 de Naciones Unidas pone en la mirilla especialmente a las principales economías mundiales, causantes de la gran mayoría de la contaminación mundial.

“Las naciones del G20 colectivamente suman el 78% del total de las emisiones, sin embargo”, critica el documento, “siete de ellas ni siquiera han desarrollado todavía políticas para cumplir a tiempo con los compromisos adoptados en París para 2030”.

Y advierte: “Los países desarrollados no pueden pretender reducir sus emisiones nacionales simplemente exportando su producción de carbón a economías emergentes. La huella ecológica mundial tiene que reducirse”.

Las emisiones per cápita en el mundo siguen estando lideradas por Estados Unidos -20 toneladas por persona-, país al que siguen Rusia, Japón, China y la Unión Europea -con ocho toneladas-.

El documento reclama también compromisos económicos contundentes y da las cifras: la transición hacia una economía y una sociedad decarbonizadas requerirá de inversiones anuales mundiales por valor de entre 1,6 a 3,8 billones de dólares anuales entre 2020 y 2050, en función de cómo de rápido se avance en eficiencia energética.

De manera indirecta, el informe marca una senda clara e inevitable: que los países se comprometan a un plan que los lleve al escenario de cero emisiones. Sobre esto, el documento de UNEP asegura que sólo “cinco miembros del G20 -la UE y cuatro países más- han realizado ese compromiso de cero emisiones a largo plazo [la UE lo ha anunciado para 2050], dos de ellos incluso ya con la legislación al respecto aprobada. Sin embargo”, lamenta, “aún hay 15 miembros que no han realizado ningún compromiso para alcanzar el objetivo de cero emisiones”.

Este informe es la puntilla que le faltaba por recibir al ya muy tocado Acuerdo del Clima de París después de que a primeros de noviembre Estados Unidos notificara oficialmente su salida del acuerdo, que se hará efectiva en noviembre de 2020, justo un mes antes de la Cumbre Mundial del Clima de Glasgow, la cita destinada a cerrar los acuerdos de reducción de emisiones para hasta 2030.

La próxima cumbre mundial del clima, la llamada cumbre Chile-Madrid, se celebrará en la capital española del 2 al 13 de diciembre después de que Chile tuviera que renunciar a acogerla por los disturbios sociales que se llevan produciendo en el país desde hace varias semanas.

En principio, los temas estrella de la cumbre se preveía que fueran los océanos -se quieren introducir de manera legal en los acuerdos climáticos internacionales-y las finanzas -será la primera vez que decenas de ministros de economía acudan a la cita-.

Sin embargo, tras la publicación del Informe de Emisiones 2019 del PNUMA, el inicio de la negociación de medidas concretas, contundentes, efectivas e inmediatas para la reducción de emisiones se antoja como un objetivo ineludible de la cita madrileña.

Para poder implementar los recortes reclamados por el documento de UNEP del 7,6% anuales entre 2020 y 2030, estas medidas de recorte de CO2 deberían cerrarse, como máximo, entre la cumbre Chile-Madrid y la próxima cumbre mundial del clima, que se celebrará en Glasgow (Escocia) en diciembre de 2020. El documento presentado hoy en Ginebra por UNEP es la décima edición de los informes sobre emisiones mundiales que realiza esta agencia de Naciones Unidas.

WASHINGTON

26/11/2019 09:01 Actualizado: 26/11/2019 09:01

MANUEL RUIZ RICO

 @ManuelRuizRico

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Así está desmontando Trump la regulación ambiental y climática de EEUU

Trump ha promovido también 115 intentos de desmontaje y desregulación sobre todo en áreas como la salud, especialmente el Obamacare, y la migración. 

 

Tres descosidos cada mes. Desde que el 20 de enero de 2017, el multimillonario de Nueva York y estrella televisiva Donald John Trump tomara posesión del sillón presidencial y se convirtiera oficialmente en el 45 presidente de Estados Unidos, ése es el promedio de acciones que ha realizado contra el marco normativo o la estructura administrativa norteamericanos con el objetivo de ir desmontando todo lo que suene a protección ambiental o sostenibilidad climática o energética.

Las acciones de Trump no dejan títere con cabeza y se dirigen desde al marco legal del país hasta la arquitectura institucional pasando por el vaciado de fondos de partidas o departamentos dedicados a menesteres ambientales. La última, la comunicación oficial el pasado lunes del Acuerdo del Clima de París.

En total, Trump ha firmado, ordenado o promovido con éxito desde la Presidencia del país 80 acciones en las 146 semanas que lleva en la Casa Blanca para desmantelar la herencia recibida, según el balance realizado por Público tras consultar las bases de datos de diversas organizaciones y universidades, como la Institución Brookings, National Geographic, el Programa de Legislación Ambiental y Energética de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard o el Centro Sabin para Legislación de Cambio Climática de la Universidad de Columbia de Nueva York.

En total, de esos 80 ataques emprendidos por la administración Trump —en forma de órdenes presidenciales, iniciativas en el Congreso o el Senado, decisiones presupuestarias, memorándums o planes de acción y demás artillería política— 24 de ellos ya son efectivos, 26 están aprobados pero aún en desarrollo legal, cuatro están parcialmente efectivos, otros cuatro están aprobados pero su entrada en vigor ha sido pospuesta y cinco de ellos están paralizados por el momento. Apenas 17 han sido rechazados definitivamente en algún momento de su tramitación, lo que implica que los opositores a estas medidas sólo han podido frenar una de cada cinco.

Por supuesto, el recuento de retrocesos y ataques de la administración Trump no sólo se centra en el medio ambiente. Los citados registros señalan otros 115 intentos de desmontaje y desregulación sobre todo en áreas como la salud (especialmente el Obamacare) y la migración, otras de las dos obsesiones de Trump.

Tampoco se salvan otras materias como la vivienda, la privacidad ciudadana, los derechos del consumidor, la educación y la gestión empresarial. Los ataques a los asuntos medioambientales, eso sí, se llevan la palma.

El último y de mayor calado internacional, la comunicación oficial y por escrito de la salida del Acuerdo del Clima de París, que se hará efectiva el 4 de noviembre de 2020. Esta decisión, como el resto de acciones contra el clima llevadas a cabo por la administración Trump, se basa en una ecuación tan simple como falaz: proteger el clima es despilfarrar dinero y cuesta puestos de trabajo.

Cuando Trump anunció esta medida por primera vez el año pasado la defendió, de hecho, con el argumento de que el cumplimiento de los objetivos del acuerdo perjudicaría a Estados Unidos, cuyos trabajadores y contribuyentes "absorberán el coste en términos de pérdida de puestos de trabajo, salarios más bajos, fábricas cerradas y una producción económica muy reducida". Además, se trata de desmontar uno de los grandes logros de la era Obama, y eso es otro aliciente para el magnate norteamericano.

Pero la salida de París es la punta del iceberg de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Entre dichos ataques, los más graves y de mayor calado se encuentran éstos:

Octubre de 2019: El Gobierno de Estados Unidos ordena cortar los fondos destinados a dos comisiones nacionales: el Comisión Federal Asesor sobre Áreas Protegidas Marinas —dirigido por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica— y la Comisión Asesora de Especies Invasoras del Departamento de Interior. La primera fue creada en 2003 y la segunda, en 1999. Asimismo, ese mismo mes la administración Trump retira los fondos al Consejo Asesor Presidencial sobre la Resistencia Bacteriana Antibiótica.

Septiembre de 2019: Rechazo de la regulación de aguas del Gobierno de Obama. Trump ordena a la Agencia de Protección Ambiental (APA) norteamericana que fije unas nuevas reglas que reemplacen a las establecidas en 2015. La nueva normativa dispone de unas coberturas y garantiza unas protecciones menores que la legislación anterior.

En la orden ejecutiva firmada por Trump, éste defiende que su interés pasa por una nación libre de aguas contaminadas, pero también, aclara, por la promoción del crecimiento económico y la erradicación de las normas que causen inseguridad jurídica. Los lobbies relacionados con esta ley ya habían demandado a la administración Obama por implementarla.

Agosto de 2019: El Gobierno norteamericano anuncia que facilitará los requerimientos y reducirá las exigencias a las empresas de petróleo y gas en cuanto a las emisiones de metano, uno de los gases más nocivos para el cambio climático, por encima del dióxido de carbono.

Junio de 2019: Trump firma una orden presidencia en la que ordena reducir un tercio de las comisiones asesoras federales en materias como la energía, el clima y la salud.

Abril de 2019: La APA elabora modifica la Ley de Aire Limpio norteamericana para relajar las exigencias sobre la emisión e incineración de residuos sólidos industriales o comerciales, entre ellos, residuos municipales, hospitalarios o aquellos procedentes de las fábricas. Los criterios modificados habían sido aprobados en el año 2000 —con algunas modificaciones posteriores—.

Diciembre de 2018: El departamento de Interior anuncia sus planes para permitir prospecciones petroleras en millones de hectáreas protegidas hasta el momento de la actividad industrial. La APA añadió además que anularía las normas que limiten las emisiones de carbón en las nuevas plantas de producción de energía.

Julio de 2017: El Servicio de Pesca y Fauna Silvestre y el Servicio Nacional de Pesca Marina promulgan una serie reglas para debilitar la Ley de Especies Protegidas norteamericana. Los cambios introducidos establecen criterios y procesos menos exigentes y más lasos para incluir o eliminar especies animales o vegetales de la Lista de Especies Amenazadas así como para la consideración de hábitats críticos. Después de un proceso legislativo tortuoso, finalmente la nueva norma entra en vigor el pasado mes de septiembre.

Marzo de 2017: Apenas dos meses después de tomar posesión, Donald Trump firma una orden presidencial en la que ordena eliminar muchas de las acciones a nivel federal dirigidas a combatir los efectos del cambio climático. Entre otras cosas, la orden presidencial ordena a la APA revisar y, en su caso, rescindir, regulaciones nacionales sobre la emisión de CO2 en plantas de producción energética existentes, los nuevos estándares de CO2 para las plantas de nueva construcción, los niveles de metano permitidos para la industria del petróleo y del gas. Asimismo, la orden revoca una estrategia para calcular el coste social de las emisiones de gases de efecto invernadero.

En la orden, asegura que la misma "evita las cargas regulatorias que innecesariamente obstruyen la producción de energía, constriñen el crecimiento económico e impiden la creación de empleo. Además, el prudente desarrollo de esos recursos naturales es esencial para garantizar la seguridad geopolítica de la Nación".

Washington

11/11/2019 08:52 Actualizado: 11/11/2019 08:52

Manuel Ruiz Rico

@ManuelRuizRico

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Millones de jóvenes se movilizan en todo el planeta por la justicia climática

Fridays For Future, Extinction Rebellion, By 2020 Rise Up, Ende Gelände o Sunrise denuncian la inacción “criminal” de los gobiernos

 

7,6 millones de personas de 185 países, y 6.135 acciones con el apoyo de 820 organizaciones. Es el balance de la semana global de huelga y movilizaciones –entre el 20 y el 27 de septiembre de 2019- que reivindicó justicia climática y el fin de la era de los combustibles fósiles. ¿Cómo se explica la potencia de estas manifestaciones, en Nueva Zelanda, Italia, Estados Unidos, Chile o India? Uno de los antecedentes significativos se produjo en el verano de 2018, cuando la estudiante de 15 años, Greta Thunberg, inició una sentada de protesta en horario escolar frente al Parlamento de Suecia; fueron los orígenes del movimiento Fridays For Future.

En la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, de 2018, celebrada en Katowice (Polonia), la joven activista afirmó: “Países ricos como Suecia han de empezar a reducir las emisiones al menos un 15% anual, para alcanzar el objetivo del calentamiento global por debajo de los 2ºC” (respecto a los niveles pre-industriales, según los Acuerdos de París); además recordó que cada día se extinguen 200 especies y que el consumo mundial de petróleo suma 100 millones de barriles diarios. Es “el camino de la locura”, subrayó. El 30 de octubre Greta Thunberg declinó el premio medioambiental del Consejo Nórdico dotado con 47.000 euros.

La huelga mundial por el clima del pasado 15 de marzo movilizó, según fuentes de la organización, al menos a 1,4 millones de jóvenes en 2.418 ciudades de todo el planeta. Tom Kucharz, miembro de Ecologistas en Acción, ha participado en un acto sobre “Crisis climática como consecuencia de la depredación capitalista”, organizado por el Centre de Documentació i Solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica (CEDSALA)-País Valencià. “Más allá de las manifestaciones –subraya el activista-, están produciéndose acciones de desobediencia civil masiva para forzar a los líderes políticos a la toma de decisiones; es muy importante conectar la justicia climática con la agenda social y la lucha en los barrios”, añade.

Los inicios del movimiento Extinction Rebellion (XR) remiten al 31 de octubre de 2018, cuando 1.500 personas participaron en una acción de bloqueo en Parliament Square de Londres, y formularon una “Declaración de Rebelión” contra el gobierno británico por su inacción “criminal” ante la crisis ecológica; “nuestros mares están envenenados y aumenta la acidificación. Las inundaciones y la desertificación harán inhabitables vastas extensiones de tierra, lo que causará migraciones masivas”, alertaron.

El 15 de abril de 2019 grupos Extinction Rebellion desarrollaron acciones de protesta en 80 ciudades de 33 países. En Londres bloquearon cinco puntos neurálgicos de la ciudad, en los que se organizaron asambleas, actividades artísticas y denunciaron, en la sede de Shell, el “ecocidio” perpetrado por la petrolera (fueron escenario de las reivindicaciones, asimismo, las oficinas de Repsol en Madrid, de la empresa Total en París, el entorno del Parlamento Europeo en Bruselas o calles de Ottawa y Estambul). El 7 de octubre de 2019 se convocaron más actos de desobediencia –bloqueo de carreteras, puentes o nudos de transporte, entre otros- en 60 ciudades de todo el mundo. Como ejemplo de la represión, Extinction Rebellion informa que, en la semana de la rebelión entre el 15 y el 25 de abril, la Policía Metropolitana realizó 1.130 arrestos en Londres. La página Web de XR contabilizaba a primeros de octubre 485 grupos de activistas en 473 ciudades de 72 países.

Asimismo respaldan a By 2020 We Rise Up cerca de 50 organizaciones, la mayoría europeas. La Plataforma-Campaña independiente By 2020 tiene como fin contribuir a una conexión entre las luchas (no planificarlas) por la justicia climática y el cambio de sistema. “Durante los últimos días de septiembre de 2019 y en 2020, Europa vivirá varias oleadas de acciones masivas coordinadas: la gente bloqueará gasoductos, puertos, aeropuertos, minas de carbón, la agroindustria, bancos, fábricas de armas y fronteras”, señalan en la página Web.

En este contexto, By 2020 se define como punto de contacto, difusión de acciones y “esfuerzo de coordinación” que no habla en nombre de los grupos locales ni activistas; la Campaña/Plataforma cuenta con un equipo de difusión, traducción, trabajo legal, además de los encargados de la página Web y las redes sociales. En marzo de 2019, hicieron un llamamiento a la “interrupción civil, coordinada y masiva” de un sistema “que lleva a la humanidad al borde del abismo”. Además convocan a reuniones periódicas para la coordinación de estrategias, por ejemplo entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre en Nuremberg. Entre las acciones difundidas por By 2020, figuran las de la semana por el clima de Viena; las de desobediencia civil del pasado 7 de octubre en Madrid; o en Francia, contra la impunidad de las multinacionales.

“¡Paremos el carbón, que todas las aldeas permanezcan!”. Es la consigna con la que el movimiento internacional Ende Gelände convocó -entre el 19 y el 24 de junio de 2019- a la acción directa no violenta en el área de la minería de lignito de Renania; así, más de 6.000 personas bloquearon puntos estratégicos en las zonas que explota la compañía energética alemana RWE; ocuparon vías férreas para el suministro de combustible a la central eléctrica de Neurath, propiedad de RWE; entraron en la mina a cielo abierto de Garzweiler, cerca de Colonia, y pararon excavadoras de carbón, mientras 8.000 personas convocadas por ONG y colectivos locales se manifestaron en apoyo de las poblaciones amenazadas por la minería; asimismo el 21 de junio, 40.000 jóvenes marcharon en la ciudad de Aquisgrán (Renania del Norte-Westfalia), a 50 kilómetros de la mina, con motivo de la huelga por el clima de Fridays for Future; “durante las acciones de desobediencia la policía violó masivamente los derechos civiles”, informó Ende Gelände en un comunicado. Llegados de diferentes ciudades europeas, los activistas partieron de un campamento de protesta ubicado en la ciudad de Viersen.

Entre el 25 y el 29 de octubre de 2018, Ende Gelände convocó a los bloqueos en la mina carbonífera cercana al bosque de Hambach, en Renania; contra las talas forestales y extracción de lignito por la empresa RWE se movilizaron, según los organizadores, 6.500 personas.

En el acto de CEDSALA, Tom Kucharz también ha destacado la lucha de los jóvenes de Sunrise en Estados Unidos, movimiento surgido en 2017. En las redes sociales se presentan con la siguiente disyuntiva: “Nuestro gobierno ha de elegir: proteger los bolsillos de los ejecutivos del petróleo y sus bonos de millones de dólares” o, por otro lado, “nuestro futuro”. Entre los principios de Sunrise figura la no violencia “que nos permite ganar el corazón de la gente”. Se organizan en nodos, radicados en pueblos, ciudades y escuelas de Alaska, California, Florida, Washington o Nueva York. El movimiento respalda a políticos y candidatos que representen a los ciudadanos y no a la industria de los combustibles fósiles, pero –matizan- “no hay amigos ni enemigos permanentes”. Entre los apoyos recibidos por los activistas, destaca el de la congresista Aleixandra Ocasio-Cortez.

Una de las propuestas centrales y con la que interpelan a la política oficial es el New Deal verde; el nuevo acuerdo verde apunta, con la perspectiva de una década, a la “movilización” de la sociedad estadounidense hacia los objetivos del 100% de energías limpias y las emisión cero de gases de efecto invernadero; también a “crear millones de buenos empleos con salarios altos y garantizar la prosperidad y seguridad económica de toda la población de Estados Unidos”. El 10 de diciembre de 2018 mil activistas de Sunrise reivindicaron el New Deal verde en el Congreso (Washington), donde protagonizaron sentadas en las oficinas de dirigentes del Partido Demócrata y mostraron carteles con las consignas “No más excusas” o “Haced vuestro trabajo”; 143 personas fueron arrestadas. Además la policía practicó más de 40 detenciones cuando, en febrero, estudiantes de Kentucky protestaron en las oficinas del senador Mitch McConnell, del Partido Republicano, en el Capitolio; con el lema “Míranos a los ojos”, los estudiantes y los miembros de Sunrise preguntaron si las donaciones que McConnell recibió -en las tres últimas legislaturas- de las compañías del petróleo, gas y carbón (1.542 millones de dólares) eran más importantes que el futuro de la juventud.

Tom Kucharz ha participado en otro debate en Valencia, en el Centre La Nau de la Universitat, sobre Transnacionales, Derechos Humanos y Tribunales de Arbitraje. El investigador social y activista ha destacado, como uno de los ejes de lucha para los movimientos sociales, el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), firmado el pasado 28 de junio tras más de dos décadas de negociaciones; la asociación entre los dos bloques representa –según cifras oficiales- un mercado (integrado) de cerca de 800 millones de consumidores y un 25% del PIB mundial (el actual comercio bilateral de bienes y servicios entre la UE y Mercosur suma 122.000 millones de euros anuales, según la Comisión Europea). La entrada en vigor del acuerdo requiere la aprobación de los parlamentos nacionales.

Integrada por un centenar de organizaciones, la Campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión denuncia que el acuerdo entre la UE y Mercosur tendrá, entre otros efectos, “un impacto negativo incalculable sobre la crisis climática"; según la Campaña, la liberalización comercial “beneficiará principalmente a grandes industrias europeas como la automovilística, química, farmacéutica o la textil; y a los grandes exportadores de productos agropecuarios de los países del Mercosur”; por ejemplo, detallan en un comunicado, “se incrementará el ya descontrolado ritmo de deforestación de la Amazonía y otros ecosistemas como El Cerrado de Brasil o El Chaco de Argentina y Paraguay”, ya muy afectados por la expansión del cultivo de la soja y la ganadería vacuna a gran escala.

Otro punto neurálgico y de batalla, según Kuchard, es el Tratado sobre la Carta de la Energía (TEC), acuerdo comercial y de inversiones que entró en vigor en abril de 1998, y del que son miembros cerca de 50 países, principalmente europeos pero también de Asia. “El tratado permite que los inversores extranjeros puedan demandar a los gobiernos signatarios por cualquier medida adoptada en el sector de la energía que consideren perjudicial para sus ganancias”, resume el informe Un Tratado para gobernarlos a todos, publicado en 2018 por Corporate Europe Observatory (CEO) y el Transnational Institute (TNI); las demandas no se resuelven ante los tribunales ordinarios, sino ante tribunales internacionales de arbitraje entre inversores y estados.

El documento señala que, entre 1998 y mediados de 2018, se habían producido al menos 114 demandas de inversores y multinacionales en virtud del TCE; y que, a finales de 2017, los gobiernos habían sido condenados/accedido a pagar 51.200 millones de dólares en concepto de daños. “El TCE es uno de los obstáculos más importantes para adoptar iniciativas contra el cambio climático por parte de los gobiernos”, concluye la Campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión.

El documento de CEO y el TNI cita ejemplos como el de la multinacional sueca Vattenfall, que presentó en 2012 una demanda contra el gobierno alemán (4.300 millones de euros más intereses) en concepto de indemnización, cuando el ejecutivo decidió el abandono paulatino de la energía nuclear (la compañía se basó en la pérdida de ganancias vinculada a dos de sus reactores nucleares); el informe añade que, en 2017, la empresa británica Rockhopper demandó al Estado de Italia, por la negativa a otorgarle una concesión para las perforaciones de gas y petrolíferas en un yacimiento del Mar Adriático (las reclamaciones se basan en gastos irrecuperables y expectativas de ganancias de la petrolera). Por otra parte, en una carta dirigida a la ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España, Teresa Ribera, la Campaña recuerda que el estado español es, en el marco normativo del TEC, el país más demandado del mundo; de las 46 demandas en relación con los recortes a las energías renovables, 13 habían sido resueltas cuando se remitió la carta (septiembre de 2019); 11 de los fallos resultaron favorables a los inversores extranjeros, lo que implica una condena -al estado español- al pago de cerca de 800 millones de euros en indemnizaciones. 

Por Enric Llopis

Rebelión

Publicado enMedio Ambiente
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