Nuevo paquete económico en Ecuador: eliminación de subsidios y reforma laboral

El Gobierno ecuatoriano eliminará el subsidio a los combustibles, reducirá el impuesto de salida de divisas para materias primas, suspenderá los aranceles para maquinaria y llevará adelante reformas laborales como una manera de incentivar la economía, anunció el presidente Lenín Moreno.

El mandatario dijo que sus reformas incluyen la suspensión del subsidio de 1.300 millones de dólares a los precios del diésel y la gasolina, eliminar o reducir los aranceles para maquinaria, equipos y materia prima tanto agrícola como industrial, quitar los gravámenes a las importaciones de tecnología así como el anticipo del impuesto a la renta; además se mantendrá en 12% el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Las medidas buscan darle "una gran mano a nuestros productores, para que sean más competitivos, para que puedan exportar más", dijo Moreno, que agregó que también bajará a la mitad el impuesto de salida de divisas para materias primas, insumos y bienes de capital, así como para los automóviles de menos de 32.000 dólares.

Agregó que "le vamos a pedir que hagan un esfuerzo adicional a los que más tienen" anunciando que las empresas que perciban ingresos de más de 10 millones de dólares al año pagarán por 3 años una contribución especial; esos fondos se destinarán a la seguridad, la educación y la salud.

El Gobierno también impulsará reformas laborales que facilitarán contrataciones y el trabajo a distancia, entre otros, pero los empleadores aumentarán su aporte en un 2% mensual para las jubilaciones, explicó el presidente.

En cuanto al empleo público, Moreno dijo que los contratos ocasionales serán renovados pero con un 20% menos de remuneración, que los trabajadores aportarán mensualmente un día de su salario y se les recortarán las vacaciones a 15 días por año, desde los 30 que tenían hasta el momento.

Ecuador enfrenta problemas fiscales y de endeudamiento externo, por lo que ha buscado la ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI) firmando un préstamo por 4.200 millones de dólares este año, que incluye reformas y ajustes de gasto.

Este acuerdo es parte de un esfuerzo más amplio, que incluye un apoyo financiero de más de 6.000 millones de dólares en los próximos tres años de parte de un conjunto de organismos financieros internacionales, entre los que se destacan el Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.

Publicado enEconomía
Con 23 por ciento, los venezolanos se convierten en la primera comunidad inmigrante en Chile EFE

Carlos llevaba seis meses viviendo en Ecuador cuando decidió migrar definitivamente a Chile. El país trasandino, del que había escuchado buenas posibilidades laborales y donde reside su cuñada, fue su opción para establecerse definitivamente con su familia y dejar atrás los riesgos y dificultades que le tocó enfrentar en su país, Venezuela.

El joven treintañero, que accedió a dar su testimonio protegiendo su identidad real, salió de Quito y cruzó todo Perú hasta llegar a Tacna, una ciudad ubicada en el sur del país, a unos 50 kilómetros de la frontera chilena de Chacalluta. Lo que nunca imaginó Carlos, que viajaba con toda la documentación requerida al día, era que una vez en el confín, él y su familia quedarían retenidos allá durante varios días, a merced de los guardias custodios de la zona limítrofe.

"Nuestra intención era entrar como turistas y cambiar [la categoría migratoria] una vez en Chile, pero cuando solicitamos la visa de Turismo en la frontera nos la denegaron por falta de plata [dinero]", explica. Le pidieron que demostrara que disponía de 1.800 dólares para permanecer en Chile los 90 días que ese permiso autoriza.

"Ningún venezolano que sale del país tiene esta cantidad de dinero", afirma. Los miles de venezolanos que han llegado al país cordillerano en el último tiempo no lo han hecho cargados de ahorros. Al menos, no la mayoría. Pero Carlos y los suyos se toparon con las primeras señales del Gobierno de Sebastián Piñera para endurecer las condiciones de entrada a Chile de las personas procedentes de Venezuela.

Amontonados en la frontera

El 22 de junio, casi de forma inesperada, entró en vigor un decreto que obliga a todo ciudadano del país caribeño que desee ingresar a Chile a contar con un visado consular de Turismo estampado en un pasaporte que se debe tramitar en los consulados chilenos del exterior. El nuevo requisito abrió un melón de dificultades para los migrantes que habían iniciado su viaje meses atrás y que llegaban a la frontera de Chacalluta preparados para responder a otro tipo de burocracia.

La mayoría de los venezolanos portaban solamente su documento de identidad –un pasaporte les cuesta unos 280 dólares y no está al alcance de todos–, y muchos tampoco disponían de ahorros para vivir durante varios meses ni de un billete de salida del país, condiciones que algunos funcionarios exigían para cumplir con la solicitud.

Desechada esta primera opción, existe la posibilidad de recurrir a la Visa de Responsabilidad Democrática, un documento que creó por decreto el presidente Piñera apenas asumió su cargo en 2018 en un gesto de impugnación al Gobierno de Nicolás Maduro. El mismo día en que comenzó a exigir este visado, el mandatario chileno apuntó en una entrevista con ABC que en Venezuela "hay una crisis humanitaria, literalmente muchas personas se están muriendo de hambre por falta de alimentos o por falta de medicamentos".

El permiso facilita la entrada de los venezolanos que huyen de la situación política y social de su país con los mismos derechos y deberes que cualquier ciudadano chileno. El trámite, sin embargo, requiere no haber pasado más de tres meses en otro país y la presentación del certificado de antecedentes penales, que muchos de los venezolanos no llevaban consigo porque su plan inicial no pasaba por esa opción. 

Además de las nuevas exigencias de Chile, Perú también impuso días antes nuevos requisitos para la entrada de los venezolanos. Por eso, muchos que no los cumplían decidieron seguir su camino hasta Chile, sin imaginar los impedimentos que encontrarían también allí. "Quienes llegaban a Chacalluta no podían entrar y tampoco podían regresar a Perú porque el gobierno peruano había colocado una nueva visa. Eso provocó un aglutinamiento de centenares de personas en la frontera", explica Luis Zurita, dirigente de la Asociación de Venezolanos en Chile.

"Había mucha gente durmiendo en el suelo, mis hijos también tuvieron que hacerlo; la comida se nos acabó y los niños tenían mucho frío porque venían de un lugar muy caluroso y no estábamos bien preparados todavía con la ropa de abrigo", recuerda Carlos, que finalmente cruzó la frontera el 16 de julio porque un funcionario "bueno" le dejó pasar.

"Imponer estas visas aumenta la vulnerabilidad"

Según cifras entregadas por el Departamento de Extranjería y Migración, el ingreso de ciudadanos venezolanos a Chile se redujo en un 80% entre mayo y agosto, pasando de 39.000 a casi 9.000 personas. "La caída fue brutal, y por primera vez en muchos años el saldo de turistas venezolanos es negativo", declaró el director del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio, al dar a conocer los datos. "Los flujos migratorios demuestran exactamente el objetivo que buscaba el Gobierno: que los ciudadanos venezolanos que quieran venir al país, sinceren sus razones y vengan ya con visa, facilitando justamente su inclusión en el país y que no entren como turistas con dificultades para obtener su información", añadió.

La situación en Chacalluta empezó a reconducirse en agosto cuando el Ejecutivo entregó salvoconductos para los venezolanos con familiares residentes en Chile y para "casos excepcionales y de especial complejidad", y limitó la entrega de visados exclusivamente al consulado de Lima. "Estuvimos en Tacna y pasamos por la frontera de Chacalluta hace dos semanas, donde ahora no hay un atochamiento [atasco] distinto de lo normal", confirma Juan Pablo Ramaciotti, director de Incidencia del Servicio Jesuita Migrante, una de las organizaciones más reconocidas en Chile por su trabajo con extranjeros.

Sin embargo, desde que se impusieron los nuevos requerimientos, varias voces han alertado sobre un eventual aumento de los ingresos por pasos no habilitados y de las redes de tráfico de personas. Según el Ministerio del Interior, en los 10 primeros días que empezó a regir el nuevo permiso, 110 personas fueron detenidas por este motivo.

"La imposición de estas visas consulares aumenta la vulnerabilidad de estas personas, sobre todo cuando necesitan migrar porque están escapando de conflictos políticos o militares o porque no tienen cómo sobrevivir en sus países", afirma Ramaciotti.

"Ordenar la casa"

El Gobierno de Sebastián Piñera se ha caracterizado por promover políticas migratorias a base de mano dura. Popularizó la expresión "ordenar la casa" para referirse a una serie de normativas y decretos que impulsó para frenar la llegada de extranjeros. Primero lo hizo con los haitianos, cuyo crecimiento en el país fue exponencial en la última década, pero que se redujo drásticamente con las nuevas obligaciones que el presidente les impuso desde 2018. Ahora les tocó a los venezolanos, después de que sus flujos de entrada se multiplicaran gracias a una serie de medidas que el mismo mandatario se encargó de implementar.

"Hace falta una solución conjunta de los distintos gobiernos de la región para hacerse cargo de la crisis humanitaria que genera la migración masiva de personas venezolanas", afirma Juan Pablo Ramaciotti. El experto apunta que Brasil y Argentina han recibido una entrada menor que Colombia, Ecuador, Perú y Chile; y que los tres últimos han levantado nuevas exigencias para facilitar la entrada de venezolanos a sus respectivos países.

"Tienen que tomar decisiones conjuntas sobre cómo distribuir ciertas cuotas proporcionales de acuerdo a nivel de población, características económicas, etc.", añade. Según él, al igual que lo que ocurre en Europa con los refugiados, "mientras no se resuelva la situación interna en Venezuela, la solución es que los países se pongan de acuerdo porque las personas no van a dejar de migrar".

27/09/2019 - 21:32h

Publicado enInternacional
Miércoles, 18 Septiembre 2019 06:41

El Gulag americano

El Gulag americano

Alexander Solzhenitsyn escribió Archipiélago Gulag entre 1958 y 1970. Es una investigación literaria basada en la experiencia del escritor sobre los campos para trabajos forzados en la ex Unión Soviética. El Gulag era el acrónimo de la dirección central de administración de los campos que operó entre 1930 y 1960. El término se popularizó al publicarse el libro de Solzhenitsyn en 1973: el escritor comparó el sistema de campos con un archipiélago desparramado por todo el territorio de la ex Unión Soviética en el que cada campo era una isla de infamia y represión política.

Hace varios años el archipiélago Gulag llegó al continente americano. Más precisamente, llegó a Estados Unidos, que de todos los países del mundo es el que más reos tiene en su sistema carcelario. La población china es de mil 400 millones de personas, pero en su sistema penitenciario tiene aproximadamente 1.6 millones de personas. En cambio, Estados Unidos, con una población de 320 millones tiene en sus cárceles federales, estatales y locales más de 2.2 millones de personas. El archipiélago del Gulag original tenía en 1953 (año en que murió Stalin) 2.3 millones de presos.

Estados Unidos cuenta con cerca de 5 por ciento de la población mundial, pero es responsable de 25 por ciento de la población mundial encarcelada. Y es que el sistema carcelario en Estados Unidos tomó un giro extraordinario desde la década de los años 1970, cuando la población en prisión comenzó a crecer a un ritmo alarmante.

Pero el Gulag estadunidense tiene su propia sello, el de los negocios. Con esos números tan impresionantes de gente tras las rejas, no sorprende que el capitalismo haya visto buenas oportunidades de rentabilidad. Por eso la privatización de cárceles en Estados Unidos (que ya tenía una larga tradición) tomó gran impulso en los años 1990. Hoy cerca de 19 por ciento de los reos en ese país se ubica en prisiones administradas por una empresa privada comercial.

Las cárceles privadas son un gran negocio. A las empresas privadas administradoras de prisiones el gobierno federal otorga un subsidio de 23 mil dólares anuales por reo (el salario mínimo es de 15 mil dólares anuales). Y si las celdas están vacías, el gobierno otorga el mismo subsidio. Las tres principales empresas en el negocio de la administración de cárceles son CoreCivic, Geo Group y MTC y sus ganancias han crecido exponencialmente en los años recientes. Por ejemplo, la primera de estas dos empresas vio aumentar sus ingresos de 280 millones a más de mil 700 millones de dólares entre 2000 y 2017 (un aumento de más de 500 por ciento). La industria de las cárceles privadas percibe un ingreso estimado de 5 mil millones de dólares anuales. No sorprende entonces que esas empresas reciban generosos créditos de Wells Fargo, Bank of America, JP Morgan y US Bancorp.

Estas empresas invierten mucho dinero en cabildear en el Congreso estadunidense para que esta política de privatización no sólo no se termine, sino que siga creciendo. Aunque aquí los datos son más difíciles de obtener, una organización en Estados Unidos encontró que entre 1999-2010 CoreCivic destinó 1.4 millones de dólares para cabildeos a nivel federal. Claro que a estas empresas lo que realmente conviene es que la población encarcelada siga aumentando. Y para eso se necesitan leyes más severas, con condenas más largas para todo tipo de delitos y con esquemas de libertad bajo palabra más difíciles de alcanzar. Más reos y condenas más largas, es la receta para mayores ganancias de estas empresas privadas. Y para reducir costos en esta nueva aventura del capitalismo, lo importante es una mezcla de mala alimentación y pésimos servicios de salud. Todo condimentado con abusos de todo tipo y violencia generalizada.

La población carcelaria dice mucho sobre la sociedad estadunidense. Un ciudadano afroamericano tiene seis veces más probabilidades de ir a la cárcel que sus congéneres blancos. El racismo del sistema carcelario es un reflejo de lo que sucede en el país que tanto alaba la libertad.

En 2014 varios informes sobre los alarmantes índices de violencia en las cárceles privadas condujeron a llamados para reformar y eliminar esta privatización del sistema carcelario. Se aprobaron algunas reformas con Obama pero estos cambios sólo afectaron las prisiones federales. Y con la victoria electoral de Trump se revirtió esta incipiente tendencia y hasta se produjo un fuerte incremento en el valor de las acciones de Geo Group y CoreCivic.

En el verano de 2018 los reos en Estados Unidos lanzaron un movimiento de protesta a escala nacional. Huelgas de hambre y actos de desobediencia que fueron duramente reprimidos pudieron por fin romper el cerco de incomunicación. Hoy el debate electoral ha comenzado a centrarse sobre el tema de la reforma penal y carcelaria en Estados Unidos. Habrá que ver si esta nueva edición del archipiélago del Gulag puede desaparecer. Quizás sólo en el país del capitalismo más avanzado podía surgir tan perversa confusión entre represión penal y negocios privados.

Twitter: @anadaloficial

Publicado enInternacional
El flujo migratorio desde Centroamérica hacia EU no se detendrá

A pesar de los operativos mexicanos para detener la migración centroamericana de los países del llamado Triángulo Norte –El Salvador, Honduras y Guatemala– atendiendo a las instrucciones de la administración Trump, este flujo continuará por razones estructurales que ahí están, y que no se modificarán con esos operativos.

Ninguno de los países involucrados cree que esa es la solución, lo saben perfectamente. Cualquier persona medianamente informada sabe que detener a los migrantes sólo los desvía. Eso no quiere decir que los operativos mexicanos, que deberían avergonzarnos, son anodinos, responden a la dimensión política del proceso y no a la dimensión social y económica que es la que realmente está detrás del mismo. Para su campaña de relección Donald Trump requiere que el tema esté vivo y demostrar que él está deteniendo a los migrantes. México, también en una agenda política que nada tiene que ver con los migrantes, se presta a hacer ese trabajo.

Los migrantes centroamericanos no le importan positivamente a nadie. En las naciones de salida incluso se ve con buenos ojos que cientos de miles de sus jóvenes abandonen el país. Eso aligera tensiones sociales, además de que enviarán dólares. México, en lo general, los usa políticamente; construye una relación con su poderoso vecino, mostrando que los puede detener y algún día derivar en beneficios comerciales.

El gobierno mexicano busca que las cosas no empeoren y, en lo particular, enriquecer la agenda político-personal de los actores involucrados, pues se atraen reflectores cuando se presentan como éxitos la detención de miles de migrantes. La dimensión de derechos humanos, que alguna vez tuvo un papel relevante, ha desaparecido ante lasubordinación frente a Estados Unidos. Muchas organizaciones y liderazgos con activismo en el tema, son ahora cercanos al gobierno mexicano o sus empleados. Estados Unidos, como ya dijimos, sobredimensiona su utilización política.

El flujo migratorio desde Centroamérica hacia Estados Unidos no se detendrá, por lo menos durante un tiempo. Las razones son relativamente sencillas y se pueden resumir en cuatro o cinco. Exceso de jóvenes en la región en busca de oportunidades, pobreza extrema, violencia, falta de jóvenes en Estados Unidos y la presencia de redes sociales y familiares en Estados Unidos que funcionan como facilitadores de la migración.

Los datos abundan y me parece increíble que quienes de una u otra manera están involucrados en la gestión del proceso, los ignoren. Me parece además perverso, por decir lo menos, que con toda esa información alguien crea que la Guardia Nacional mexicana deteniendo migrantes resolverá el problema de fondo.

El grupo de edad de 15 a 24 años en el que se concentra la migración, representa para los países involucrados alrededor de 21 por ciento de la población (en México andamos en 18 por ciento). En Estados Unidos, ese grupo poblacional es apenas 13 por ciento. Esta nación sabe que necesita jóvenes para realizar los trabajos rudos y de baja calificación y en un futuro no muy lejano, para pagar las pensiones de los estadunidenses que se retirarán y dejarán de producir. De la violencia y pobreza extrema en América Central no hay ni siquiera necesidad de aportar información, y en cuanto a las redes sociales y familiares que ya están en Estados Unidos sólo aportaré un dato: uno de cada cinco salvadoreños vive en Estados Unidos. Para ellos la migración es un proceso de reunificación familiar y social.

En esta lógica, la idea de inyectar recursos en la región es buena, pero no nos engañemos, no está ocurriendo, y no ocurrirá mientras en Estados Unidos el discurso antimigrante siga siendo rentable políticamente. Estados Unidos no va a poner un dólar para el desarrollo de la región. Lo que México y los países centroamericanos plantean suena bien, pero es poco realista y finalmente, como ocurrió en México, la salida de centroamericanos la detendrá la demografía. ¿O de verdad alguien cree que la salida de mexicanos se detuvo por mejores oportunidades de desarrollo?

¿No se puede hacer nada entonces? ¿Habrá que esperar tranquilamente 10 o 15 años para que haya menos jóvenes en la región?

Por supuesto que no. Quienes están involucrados en la gestión del tema o no les interesa la comunidad migrante, y varios presidentes mexicanos me lo han dicho explícitamente o usan el tema políticamente en su agenda personal. Sólo los migrantes verán por ellos mismos y para ello se requiere que se organicen, que pesen políticamente como grupo, en México y en Estados Unidos, que voten en las elecciones de ambas naciones, que quienes pueden se hagan ciudadanos en Estados Unidos y participen electoralmente. Son, como dice una colega, una especie de tigre dormido. Es el momento de despertar.

* Presidente de Mexa Institute

www.mexainstitute.org

Twitter: @mexainstitute

Publicado enInternacional
Viernes, 23 Agosto 2019 06:37

Refugiados, capitalismo e ideología

Refugiados, capitalismo e ideología

¿Refugiados, migrantes, desplazados, inmigrantes ilegales (bit.ly/2z8ca1P), “ sin papeles”, aliens? ¿Cómo llamar las masas de centroamericanos, mexicanos y gente de otras nacionalidades desesperados para cruzar el río Bravo/Amarillo? Que tal simplemente "seres humanos". Si bien Hannah Arendt en su clásico ensayo sobre el tema ( We refugees, 1944) al final prefería la palabra "migrante" –su condición de por sí era muy particular− al final estas masas −"el proletariado nómada" (A. Badiou dixit)− sí están buscando refugio: de las guerras, de la violencia del narco coludido con el Estado, de la violencia estructural de un sistema económico altamente desregulado "arriba" y –dialécticamente− sobrerregulado "abajo" que busca apretarles la tuerca.

1. Sintomático que Trump en su recrudecimiento de las políticas migratorias –"la crueldad es el objetivo" (bit.ly/2yckRqV): más muertes en la frontera, más campos de concentración para los migrantes/refugiados− emplee las herramientas "sistémicas" para imponer sus objetivos. La "buena conducta" de México fue impuesta con un chantaje respecto a los aranceles; la de Guatemala con lo mismo respecto a un impuesto extra a las remesas (bit.ly/2ZfJdjk).

2. Anthony Loewenstein en Disaster Capitalism: making a killing out of catastrophe (Verso 2015) estudiando las consecuencias de las dos interconectadas crisis −financiera y migratoria− disecciona los mecanismos del "capitalismo del desastre" (N. Klein dixit) demostrando cómo las masas de los más desfavorecidos se vuelven hoy "la más preciada mercancía en el mundo". Emerge la imagen de un sistema que “incapaz de sostenerse ‘vendiendo sueños’, se alimenta de las pesadillas” (bit.ly/2NjEZAM), extrayendo las ganancias del “manejo de catástrofes, las guerras y en el encarcelamiento o "procesamiento" de los refugiados/migrantes en busca de asilo. Mediante los interconectados circuitos de la gran minería y la seguridad privada militarizada −una vez expulsada la población recluida luego en centros de detención a miles de kilómetros de su origen el blanco son sus recursos− se lucra de la miseria de otros (bit.ly/33IvBwd).

3. La violenta guerra en contra de migrantes/refugiados −a lo largo del mundo hay más de 2 mil campos de concentración para ellos y más de 70 muros fronterizos− es una gran oportunidad de negocios (véase: Loewenstein). En Estados Unidos toda una serie de incentivos para compañías privadas que manejan centros de detención o están encargadas de control y vigilancia, no sólo corren por los robustos "circuitos oficiales" del megasistema carcelario estadunidense (bit.ly/2XCNo8U), sino también alimentan el negocio multimillonario de grupos delictivos encargados del tráfico de personas.

4. Si ayer en la era del "capitalismo sólido" (Z. Bauman dixit) los campos a menudo se establecían en antiguas fábricas –Dachau, el primer campo de concentración nazi fue localizado en una antigua fábrica de municiones− hoy en la era "líquida" del capitalismo tardío, donde el consumo es la gran palanca de acumulación, este papel retoman centros comerciales (bit.ly/2NlY1Xi): en Brownswille, Texas un ex Walmart fue "acondicionado" como campo para menores migrantes (así no extraña tampoco que recientemente un supremacista blanco escogiese otro Walmart –en El Paso, Texas− como un "lugar de martirio" para los mexicanos que "invaden a su país").

5. La edificación de "un sistema global de fronteras" para controlar, vigilar, arrestar y detener a las masas desposeídas que están en movimiento a lo largo del planeta –un sistema en que Estados Unidos es el "centro" (véase: Todd Miller, Empire of borders. The expansión of US border around the world, Verso 2019)− viene de la necesidad de proteger a los de "arriba": la rica y privilegiada élite trasnacional. Los robber barons neoliberales para los que no existen fronteras y cuyos intereses −el extractivismo, etcétera− desplazaron a muchos en contra de los que hoy se edifican muros y para los que hoy se erigen campos.

6. Estados Unidos es hoy el centro de "la guerra contra los migrantes", y a la vez el centro de la resistencia, pero –como bien apunta William I. Robinson− ésta debe ir más allá de la "indignación moral" y tomar en cuenta las fuerzas estructurales detrás del problema: a) dada la crisis capitalista y la movilización fascista que la acompaña la defensa de los migrantes y refugiados "es crucial en la lucha contra el fascismo del siglo XXI"; b) dado que la división entre "ciudadanos" e "inmigrantes" −racialización, militarización de fronteras, etcétera− es el nuevo eje de la desigualdad y la super-explotación, la defensa de los migrantes y refugiados "es crucial para la lucha de la clase trabajadora en su conjunto"; c) dado que los migrantes/refugiados son productos de la falla del capitalismo global, ponerlos en el centro expone raíces de la crisis en curso; d) defender los migrantes y refugiados "es defender los intereses de la mayoría de la humanidad"; e) dado que "acumulación militarizada o por represión" es hoy la principal herramienta del sistema para salir de la crisis de sobre acumulación y que la guerra "securocrática" es una importante fuente de ganancias (centros de detención, vallas, diferentes servicios, etcétera) la defensa de los migrantes y refugiados "es crucial en la lucha contra la perversa economía política global" (bit.ly/2MtNHwr).

Por Maciek Wisniewski, eriodista polaco

Publicado enPolítica
El colonialismo se estrella con las mujeres mapuche

Dos décadas atrás Silvia Rivera Cusicanqui planteaba que el patriarcado es parte sustancial del colonialismo interno y que existe un paralelismo entre la dominación étnica y la de género. Siempre vivió su identidad femenina "desde el interior histórico y político del colonialismo interno", y desde ese lugar pudo comprender, muy pronto, cómo las tres opresiones, "indios, mujeres y clases subalternas"*, se entrelazan sustentando al sistema-mundo capitalista.

El alcalde de Temuco (sur de Chile), importante ciudad en la región ancestral del pueblo mapuche, está promoviendo una escalada represiva contra las mujeres vendedoras de hortalizas, que muestra, sin el matiz, la persistencia del colonialismo interno y hasta dónde puede llegar la colonialidad del poder.

En el centro de la ciudad pueden escucharse bocinas que advierten a la población: "¡Cuide su bolsillo! Si es sorprendido comprando al comercio ambulante ilegal dentro de la zona de exclusión, carabineros podrá cursarle una multa que puede costar 140 mil pesos (200 dólares)" (https://bit.ly/2OUWslz). "Megáfono nazi", lo califica la página mapuexpress.org, uno de los medios más seguidos en la región.

El alcalde Miguel Becker, perteneciente a una familia de colonos que hicieron su fortuna gracias al genocidio del pueblo mapuche en la "Pacificación de la Araucanía" (1860-1883), declaró la guerra a las vendedoras de hortalizas hace un año. Fracasó porque siguieron vendiendo y los pobladores de Temuco les siguieron comprando, como pude apreciar en diciembre pasado en el entorno del Mercado Pinto, donde se multiplican cientos de puestos de verduras, frutas, carnes, legumbres y artesanías.

Mientras el gobierno de Sebastián Piñera distribuye ayudas a los grandes empresarios agrícolas y les reduce los impuestos, en las regiones mapuche los campesinos son expulsados de los mercados, como destaca un documento de la Comunidad de Historia Mapuche. La historia colonial republicana explica esta brutal asimetría.

"La totalidad de ciudades ubicadas en el antiguo territorio mapuche fueron edificadas en la segunda mitad del siglo XIX. En tanto avanzaban las tropas chilenas que despojaron a la sociedad mapuche de su territorio, se iban fundando fuertes militares que posteriormente devinieron en las ciudades principales de la región" (https://bit.ly/2YP3rRg). La fundación de Temuco se hizo sobre los cadáveres de 400 mapuches que resistieron, creciendo sobre "un río de sangre mapuche".

La tradición de las vendedoras de hortalizas y frutas viene de la voluntad de sobrevivencia del pueblo mapuche, condenado a sobrevivir en pequeñas parcelas donde comenzaron a recuperarse de la invasión militar, hace apenas 140 años. Las ciudades actuales, herederas de los "fuertes militares" chilenos, pretenden seguir confinando a la población mapuche fuera de los muros, arrinconándolos en su propio territorio, aceptando en su interior sólo a los blancos.

La Comunidad de Historia Mapuche reflexiona lo que está sucediendo ahora: “Pero allí estamos, nos hemos filtrado, como verduleras, hortalizeras, pero también como profesoras, periodistas, obreros, médicos, en fin, hoy los mapuche estamos en Temuco y en otras urbes, y tenemos "derecho a la ciudad", tenemos derecho a utilizarlas, e incluso a gobernarlas”.

Creo que este párrafo lo dice todo. Luego de la invasión militar y la ocupación de nuestro territorio, nos hemos recuperado, estamos de pie y ahora miramos más allá, hacia el autogobierno, hacia la reconstrucción de nuestra nación.

Por eso dicen los historiadores: "traemos malas noticias" para los poderosos, "porque a pesar del colonialismo y el despojo, la sociedad mapuche sigue de pie, resistiendo en el cotidiano para sobrevivir y organizándose para proyectar".

Es esa proyección hacia delante, lo que inquieta a la clase dominante blanca que apela, en su intento por contener a todo un pueblo, a los crudos métodos del colonialismo. En esa misma región, a pocos kilómetros de Temuco, fue asesinado Camilo Catrillanca en noviembre de 2018, provocando una maciza reacción mapuche y un inédito apoyo de la población chilena con movilizaciones en 30 ciudades (https://bit.ly/33yzQdA).

Parece importante destacar que la reacción colonial/patriarcal del poder blanco ataca directamente a las mujeres, quizá porque creen que son el sector más débil del movimiento y porque son el sostén de la economía comunitaria. Pero se encontraron con que ellas son el espigón donde se estrellan las oleadas represivas.

Los de abajo debemos entender que el pueblo mapuche no está pidiendo nada, no suplica, ni siquiera levanta demandas. Está en otra etapa, como nos lo enseña el "Manifiesto de Temucuicui" de diciembre pasado, que reunió a todas las corrientes del movimiento. Su objetivo ahora consiste en "fortalecer el ejercicio de recuperación y control territorial" (goo.gl/8dN3gg). Territorio y autogobierno.

*"Mujeres y estructuras de poder en los Andes", Controversia, La Paz, 1997.

El Salto

Publicado enInternacional
Abel Valenzuela frente al monumento improvisado a las víctimas en El Paso.Foto Afp

El joven supremacista blanco de 21 años, Patrick Crucius, recorrió mil kilómetros desde Dallas para perpetrar su planeada carnicería en El Paso, que cumplió lo poco que se ha publicitado de su "manifiesto" contra los "invasores hispanos": "La Verdad Incómoda", donde anhelaba asesinar al mayor número de mexicanos.

El mexicanocida Patrick Crucius se inspiró del libro El Gran Reemplazo del escritor galo Renaud Camus quien arguye que las élites en Europa intentan "remplazar" a los europeos blancos con migrantes del Medio Oriente y Noráfrica (https://amzn.to/2ZG7Lin).

Crucius lamenta que "la enorme población hispana en Texas" lo convertirá en "un bastión demócrata (sic)" y expone su angustia demográfica ante el ascenso galopante de los mexicanos en Texas, a punto de ser re-mexicanizada oficialmente cuando se publique el próximo censo en tres años (https://bit.ly/2yXFYy0).

Los "latinos" son 19 por ciento de la población de EU, cuyo 80 por ciento son mexicanos, de mayoría católicos guadalupanos (https://pewrsr.ch/2OTkjSw).

El perfil demográfico de Texas en 2014 (con un extraño atraso de cinco años) arroja 10.4 millones de "latinos": 39 por ciento de la población total de casi 29 millones.

En mi libro Trump y el supremacismo blanco: palestinización de los mexicanos (https://bit.ly/2JFEXmC), abordé el dramático declive de la población WASP (White AngloSaxon Protestant) de 60.4 por ciento, cuyos jóvenes desempleados no se casan y son presa de las drogas (fentanilo).

Síntesis texana: mexicanos guadalupanos al alza; WASP a la baja.

Mi tesis es que Trump adoptó la misma política de su gran aliado supremacista, el primer israelí Netanyahu, en seguridad/construcción de muros/despoblación árabe, etcétera.

¿Viene la programada desmexicanización de Texas? La selección de El Paso, ubicación del importante fuerte militar Bliss, fue bien planeada y/o teledirigida: casi 700 mil habitantes; 81.4 por ciento de "latinos".

Quizá el próximo aviso supremacista sea en San Antonio (Texas): 1.5 millones de habitantes; 64 por ciento "latinos" (https://bit.ly/2KFXaxw).

El alma blanca WASP juega su destino en Texas, segundo estado más importante de EU en superficie (casi 700 mil kilómetros cuadrados) y una población cerca a 29 millones (https://bit.ly/1gh8k4f) que tiene fronteras con cuatro estados mexicanos que deben estar muy pendientes: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El Rust Belt (cinturón industrial) y el Bible Belt (cinturón bíblico), donde Texas es uno de sus principales bastiones, dieron el triunfo en el Colegio Electoral a Trump, quien empieza a repetir la misma panacea demográfica para su relección.

California, principal economía de EU –que si fuera país sería elquinto en el ranking global– ya se mexicanizó y es bastión del Partido Demócrata.

Hoy Texas, segunda mayor economía de EU –que si fuera país, sería el décimo en el ranking global–, se puede re-mexicanizar, como California, en forma oficial en los próximos tres años, lo cual obligaría a su redistritación electoral.

Travesuras de la vida: 173 años después (guerra de Texas contra México) se puede re-mexicanizar por la vía biológica el omnipotente "Estado de una Estrella" y segundo estado con el mayor número de empresas (97) en el ranking de Fortune 500 (https://bit.ly/2MeN9KZ), con gran avance agrícola/aeroespacial/biomédico/computacional/electrónico/petroquímico y principal fuente petrolera con el polémico fracking del gas esquisto en su Cuenca Pérmica.

David Schultz evoca "La Nueva Política del Partido Republicano Evangélico (sic) Supremacista Blanco" y aduce en forma persuasiva la "fusión y consolidación del supremacismo blanco, el evangelismo (sic) blanco y el republicanismo en un solo partido" que se basa en la "identidad racial. Este es el nuevo Partido Republicano" (https://bit.ly/2ZFBNCQ).

David Schultz cita una reciente encuesta donde la mayor aprobación de Trump, con 73 por ciento, proviene de los "evangelistas blancos": los WASP.

No quiero sonar fatalista, pero si de algo sirve la lección a posteriori del "factor Netanyahu", en México debemos prepararnos para escenarios acordes a la nueva realidad supremacista WASP de EU: "la palestinización de los mexicanos".

www.alfredojalife.com

Facebook: AlfredoJalife

Vk: AlfredoJalife

Publicado enInternacional
Venezolanos, las nuevas víctimas de la guerra en Colombia

 Human Rights Watch denuncia que son reclutados como raspachines de coca en la región fronteriza del Catatumbo

 “Estamos aquí porque en Venezuela hay mucha escasez de comida. Yo tengo 14 años y raspo coca. Hay niños de ocho años que también raspan coca”. El testimonio de un adolescente venezolano es parte de la cruda realidad que revela el informe La guerra en el Catatumbo, de Human Rights Watch (HRW), que documenta violaciones de derechos humanos en esa región fronteriza y revela cómo los migrantes venezolanos son carne de cañón de los grupos armados ilegales que los reclutan como ‘raspachines’, como se conoce a los recolectores de hoja de coca en Colombia.

“Muchos venezolanos desesperados, y a menudo indocumentados, que cruzan la frontera a Colombia en busca de alimentos, medicinas y trabajo están expuestos a los abusos que ocurren en el contexto del conflicto armado que persiste en Colombia”, indica el documento, que recogió información en abril de 2019 con cerca de 80 fuentes en Cúcuta, la principal ciudad sobre la línea limítrofe, y otros municipios del Catatumbo.

Como refleja una de las entrevistas que acompaña el informe, los migrantes se someten a labores con cultivos ilegales a cambio de alimentarse. “Vienen a buscar trabajos acá aunque sea por la comida. Estos grupos al margen de la ley los están reclutando con mentiras. Les dicen que les van a dar comida y sueldo”, cuenta una mujer en video. Pero no solo son utilizados en cultivos de coca. “También son víctimas de desplazamiento forzado, homicidio y reclutamiento infantil cometidos por grupos armados. Algunos venezolanos han desaparecido y algunas mujeres y niñas han sido víctimas de violencia sexual”, agrega el documento de HRW. La situación, sin embargo, puede ser aún peor porque los venezolanos evitan denunciar ante las autoridades colombianas por temor a ser deportados. De acuerdo con cifras de la Fiscalía de Colombia, citadas por HRW, se investigan 47 homicidios de ciudadanos venezolanos cometidos en el Catatumbo desde 2017.

No es claro cuántos venezolanos habitan en El Catatumbo, una subregión del departamento de Norte de Santander, en el nororiente de Colombia. Pero según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), pueden ser al menos 25.000. La ONG le recomienda al gobierno de Iván Duque que evalúe de forma “exhaustiva” la cantidad de venezolanos en esa zona y “asegurar que tengan estatus legal” para que puedan trabajar legalmente y no teman denunciar abusos. Con 1,4 millones de venezolanos en su territorio, Colombia es por mucho el principal destino del éxodo que huye de la crisis política, social y económica del país vecino.

En el Catatumbo convergen todos los problemas del conflicto colombiano: aumento de cultivos ilícitos, presencia de grupos armados e inestabilidad en la frontera, adobado con una pobreza histórica. El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci) señala que Norte de Santander es, con 33.598 hectáreas que representan el 20 % del total nacional, el segundo departamento con mayor extensión de narcocultivos –después de Nariño– y ha sufrido un incremento sostenido en los últimos años. Solo en 2018 la extensión de los cultivos creció un 19% en Norte de Santander. Allí hacen presencia grupos armados que se disputan el territorio como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), así como disidencias de las extintas FARC, hoy desarmadas y convertidas en partido político en virtud del acuerdo de paz que sellaron con el Gobierno a finales de 2016.

La situación de violencia es crítica para colombianos y venezolanos. Desde 2017 se han desplazado más 40.000 personas, la mayoría durante el 2018, la mayoría por los enfrentamientos entre el ELN y el EPL. Sin embargo, afirma Human Rights Watch, este año la razón del éxodo son los combates que libran estos grupos y la fuerza pública colombiana. Y algunas familias huyen también debido al temor del reclutamiento infantil. “Los miembros de los grupos armados les ofrecen a los niños y niñas, incluso de apenas 12 años, que se unan a sus filas. Con frecuencia, les ofrecen un pago. A veces, amenazan con matarlos a ellos o a sus familias si se niegan, según familiares de las víctimas, la Defensoría del Pueblo y funcionarios de organizaciones humanitarias que trabajaban en la zona”, asegura el documento.

Por otro lado, los homicidios se duplicaron desde 2015, pasando de 112 en ese año a 231 en 2018, una tasa anual de casi 79 cada 100.000 habitantes, tres veces la tasa nacional. Lo más grave es que la situación afectó particularmente a civiles. Human Rights Watch identificó que en varios casos fueron asesinados tras “acusarlos de cooperar con grupos armados contrarios o con el Ejército, o porque se negaron a cooperar con el grupo o a sumarse a sus filas”, y que esta región ha sido centro de asesinatos a líderes comunitarios. Como si el panorama no fuera de por sí crítico para la población civil, las minas antipersonales, que se pensaban erradicadas en el país, han cobrado vidas. “Cuatro personas murieron y 65 resultaron heridas por minas antipersonales en el Catatumbo desde 2017, aunque no se sabe con certeza cuántos de estos incidentes fueron causados por minas plantadas recientemente o por otras que quedaron de períodos anteriores del conflicto”, denuncia la organización de derechos humanos.

El informe La guerra en el Catatumbo también abordó la violencia sexual, que afectó a 41 personas desde 2017. Y aunque estos hechos se encuentran más relacionados a violencia intrafamiliar, varias voces que consulta HRW afirman que existen casos relacionados con los grupos armados que actúan en la zona y que estos también amenazan a trabajadoras sexuales, “que en al menos tres municipios del Catatumbo son, en su mayoría, venezolanas”.

El documento será entregado este jueves al presidente Iván Duque por parte del director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, y contiene una serie de recomendaciones para atender la crítica situación de derechos humanos que vive esta región.

Por Catalina Oquendo

Bogotá 8 AGO 2019 - 01:00 COT

Publicado enColombia
La justicia argentina falla contra Glovo y otras dos plataformas de reparto

Una sentencia exige que las compañías consideren como parte de su plantilla a cientos de empleados que hoy son solo “colaboradores”

 

Un juez argentino ha ordenado al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que prohíba las plataformas digitales que ofrecen mensajería y reparto de comida a domicilio. El fallo, de primera instancia pero avalado por uno anterior de un tribunal superior, afecta a la española Glovo, la colombiana Rappi y la uruguaya PedidosYa, tres empresas que desde su llegada a Argentina, a principios del año pasado, han acaparado el servicio de delivery en la capital y otras ciudades del interior. La decisión del juez Roberto Gallardo exige a las compañías que consideren como parte de su plantilla a cientos de empleados que hoy son solo “colaboradores” y las obliga a proveerles materiales de trabajo, cobertura sanitaria y seguro contra accidentes. Las tarjetas de crédito, además, no podrán aceptar los pedidos de pago que reciban desde esas aplicaciones.

Una llegada difícil

Igual que ha sucedido en España, el desembarco de empresas de reparto como Glovo ha sido traumático en Argentina. Desde un principio, los sindicatos de repartidores, muy numerosos en Buenos Aires, las denunciaron por competencia desleal. A mediados del año pasado, los trabajadores de Glovo, Rappi y PedidosYa formaron su propio gremio y lograron, al menos, que las compañías no les cobrasen por los elementos de trabajo, como las cajas térmicas de reparto. Un año después, su situación laboral sigue siendo muy precaria, mientras el servicio suma denuncias ante el Ministerio de Trabajo por incumplimiento de las normativas argentinas. El fallo del juez Gallardo sólo alcanza a Buenos Aires, pero puede sentar precedentes para otras localidades.

Rappi fue la primera en reaccionar con un comunicado en el que rechaza la decisión del magistrado y menciona que su aplicación funciona normalmente. “La decisión perjudica tanto a repartidores como comercios y consumidores”, advirtió.

El derrotero judicial de las plataformas de reparto en Argentina ha sido similar al de Uber. La empresa de servicios de transporte opera sin autorización del Gobierno de Buenos Aires y no puede cobrar con tarjetas de crédito por decisión de un juez. Los chóferes se enfrentan, además, a la ira de los taxistas, agrupados en un sindicato reconocido por su poder. Pese a todo, los chóferes de Uber proliferan por toda la ciudad.

 

Por Federico Rivas Molina

Buenos Aires 3 AGO 2019 - 18:42 COT

Publicado enSociedad
 El boxeador argentino Hugo Santillán, fallecido la semana pasada. World Boxing Council

La muerte del boxeador Hugo Santillán desnuda la desprotección económica y laboral a la que los están expuestos los púgiles argentinos

 

 

"Papi, estoy mareado", le dijo el boxeador argentino Hugo Alfredo Santillán a su padre y entrenador, también Hugo Alfredo Santillán, mientras el anunciador leía las tarjetas de los jurados que daban como empate a una pelea televisada para todo el país desde San Nicolás, a 240 kilómetros de Buenos Aires, el sábado 20 de julio. Entonces, Santillán hijo se desplomó. Y aunque alcanzó a responderle al médico cómo se llamaba, en la ambulancia camino al hospital entró en coma y ya no recobró más la conciencia. Con el cerebro hinchado, insuficiencia renal sucesiva y dos paros cardíacos, murió cuatro días después, víctima de una pelea con la que habría cobrado 55.000 pesos argentinos (1.100 euros, 1.240 dólares), poco más de los 45.000 pesos que costó su sepelio.

La muerte de Dinamita Santillán, ex campeón sudamericano de 23 años y padre de tres hijos, es uno de esos casos en los que una avalancha de fatalidades se alinean para converger en la gran tragedia final. Pero es, también, la muestra de la indefensión que sufre la enorme mayoría de boxeadores en Argentina, que ni siquiera cuentan con un sindicato que se preocupe por agruparlos y generarles mínimas condiciones económicas y laborales.

Santillán, según coinciden varios especialistas, no debió haber peleado la noche de su combate mortal contra el uruguayo Eduardo Abreu por uno de esos títulos que el boxeo moderno encuentra debajo de las piedras: el latino plata ligero de una de las cuatro organizaciones principales. Poco más de un mes antes, el 15 de junio, el argentino había sufrido una golpiza en Hamburgo (Alemania), en un combate que perdió contra el armenio Artem Harutyunyan y por el que ingresó 4.000 euros. Era una fortuna para el mercado local, aproximadamente lo que podría haber ganado en dos años de boxeo en Argentina. "Voy a dejar mi vida. Peleo por mis hijos así que voy a matar o a que me maten", había escrito Santillán en sus redes sociales el 10 de junio, antes de subirse al avión.

Pero el costo de su experiencia europea fue infinitamente superior: Santillán debió combatir tres categorías por encima de su peso habitual. Si en Argentina peleaba en pluma o superpluma, categorías que oscilan entre 57 y 59 kilos, en Alemania enfrentó a un rival superligero, que pesó 63,50 el día previo a la velada pero que después contó con 24 horas para rehidratarse y alimentarse: en ese lapso, los boxeadores que necesitan bajar de peso para no sobrepasar el límite suelen recuperar hasta seis kilos. Sumados a los dos de diferencia que arrastraba desde el pesaje, el argentino subió al cuadrilátero con una desventaja abismal. O criminal.

Santillán soportó los 10 rounds, pero las tarjetas favorables al armenio en todos ellos demostraron la inequidad entre los rivales. Por esa acumulación de golpes, la Federación Alemana suspendió a Santillán para pelear en Europa durante 45 días, hasta el 30 de julio. La sanción se desperdigó entre diversos organismos e incluso les llegó a los editores argentinos de BoxRec, la web más consultada por el ambiente, con una excepción: no ingresó oficialmente en la Federación Argentina de Box (FAB). Por un lado no dejaba de ser un formalismo porque, según contaron editores de BoxRec, admistrativos de la FAB los consultaron sobre la sanción de la Federación Alemana y desde la web les confirmaron el descanso obligatorio. Pero desde la legalidad, y aunque algunos de sus empleados sabían extraoficialmente de la suspensión en Europa, a la FAB siguió sin llegar la penalidad oficial y Santillán nunca estuvo inhabilitado en Argentina.

En ese limbo de incomunicaciones, distracciones y zonas grises, una de las empresas de promotores boxísticos más importantes de Argentina, OR Promotions, debió tapar con urgencia una pelea que se le cayó a último momento de la cartelera prevista para San Nicolás el 20 de julio —un púgil avisó que no llegaba a la preparación—. Santillán ocupó uno de esos lugares a falta de una semana. Sin irregularidades desde la letra chica, la FAB no se opuso a la nueva presentación de Dinamita porque quien acepta o declina una pelea no es la federación sino el entrenador del boxeador pero, además, porque no suele rechazar a su proveedor directo de armados de festivales. El caso es todavía más dramático porque el entrenador de Santillán era su padre, un ex boxeador. Luego de la golpiza en Alemania, su hijo no se realizó los estudios médicos que no le correspondían por reglamento, ya que sólo quienes pierden por nocaut deben presentar un electroencefalograma ante la FAB, sino por sentido común: en su derrota por puntos ante el armenio había caído dos veces a la lona.

Sin descanso ni preparación física ideal, Dinamita aguantó de pie las dos peleas pero la acumulación fatal de golpes con 35 días de intervalo desnudó la desprotección de los boxeadores debajo del ring, también de los supuestos profesionales como Santillán: salvo un par de excepciones, en Argentina no hay púgiles que vivan de su actividad. En algunas peleas televisadas cobran 50.000 pesos, 1.000 euros (la cifra sube si está un juego un título más importante), y a lo sumo pueden aspirar a tres o cuatro por año. Dinamita también fue rehén de un sistema en el que los boxeadores son mano de obra barata fácilmente reemplazable: era un muchacho que todavía debía luchar para llegar a la élite y no elegía cuándo peleaba ni contra quién. Rechazar la oferta de un promotor implica el riesgo de volver a ser convocado quien sabe cuando. Debajo hay 15.000 aficionados que esperan su oportunidad.

Muchas peleas se manejan en la informalidad económica, con retribuciones sin facturas. Campeones argentinos con 15 años de experiencia aseguran que tampoco tienen el respaldo de un gremio del que saben su existencia —se llama Boxeadores Argentinos Agremiados— pero al que califican como un sindicato fantasma e inaccesible. Gente del ambiente asegura que no conocen a ningún boxeador afiliado. Otros agregan que fueron a inscribirse y no los dejaron. Héctor Velasco, ex campeón del mundo en 2003, reunió a otros diez exmonarcas y presentó en 2009 ante el Congreso un proyecto de ley que proteja al boxeador, regule su actividad y garantice obra social. Nunca le respondieron.

Tres días después de la muerte de su hijo, en su primera entrevista, Santillán padre le agradeció a los promotores de la pelea por haber pagado los 45.000 pesos del sepelio.

Por Andrés Burgo

Buenos Aires 1 AGO 2019 - 18:24 COT

Publicado enSociedad