MÚSICA DESDE OTRAS COORDENADAS

Miércoles, 03 Marzo 2021 05:26

Impuesto global a las corporaciones

Impuesto global a las corporaciones

Propuesta de reconocidos economistas a Joe Biden

 

Joseph Stiglitz, José Antonio Ocampo y Jayati Ghosh, con el apoyo de otros economistas como Thomas Piketty, le escribieron una carta abierta a Joe Biden pidiendo remodelar el sistema tributario internacional para garantizar una fiscalidad justa de las multinacionales y eliminar "uno de los aspectos más tóxicos de la globalización: el fraude fiscal y la evasión de las corporaciones multinacionales".

"Una tributación justa de las multinacionales es necesaria para crear el tipo de sociedades a las que aspiramos, y debe ser una parte central de cualquier sistema fiscal progresista destinado a impulsar el crecimiento económico y crear altos estándares de vida para todos. Poner fin a la evasión impositiva de las empresas también es una de las mejores maneras de hacer frente a la creciente desigualdad de riqueza e ingresos".

Los economistas calculan que con las desviaciones de ganancias a paraísos fiscales, las grandes empresas privan a los gobiernos en todo el mundo de por lo menos 240.000 millones de dólares por año en ingresos fiscales: "Este déficit afecta no sólo a Estados Unidos, donde alrededor del 50 por ciento de las ganancias en el exterior generadas por multinacionales norteamericanas se transfiere a paraísos fiscales cada año, sino también al Sur Global, donde las fuentes de ingresos son más limitadas y donde, en consecuencia, la dependencia de la recaudación impositiva corporativa para financiar los servicios públicos es mayor", agregan los economistas.

La propuesta más fuerte en este sentido es la de imponer un impuesto mínimo global: si los países del G20 acordaran imponer un impuesto corporativo mínimo del 25 por ciento sobre el ingreso global de sus empresas multinacionales, más del 90 por ciento de las ganancias mundiales automáticamente estaría gravado con el 25 por ciento o más. "Por supuesto, también es esencial que un impuesto de estas características esté diseñado para asignar potestad tributaria de manera justa entre los países de origen y los países receptores de las empresas", explica la carta.

Los economistas reforzaron que no existe ninguna evidencia de que la tendencia reciente hacia tasas más bajas del impuesto corporativo haya estimulado una inversión y un crecimiento productivos. "Está plenamente en nuestro poder construir un mundo post-pandemia que sea más sustentable, cooperativo y justo, donde las multinacionales paguen los impuestos que deberían pagar", concluyen. 

Publicado enEconomía
Elegir la audacia: el pacto ecosocial del sur

Es tiempo de elegir la audacia. No en solitario, porque si algo hemos aprendido de esta pandemia es que todas y todos dependemos de todas y todos. Es importante atreverse en colectivo. A eso nos convoca un amplio grupo de personas del sur global, de toda América Latina, de algunas naciones europeas y de Estados Unidos. Podríamos mencionar algunos nombres famosos, pero no queremos menospreciar a tantos nombres que nos suenan desconocidos, pero que resultan tan importantes como los demás.

 

Todas estas personan firman el documento: Por un pacto social, ecológico, económico e intercultural para América Latina, que sigue abierto a quienes quieran suscribirlo en el sitio https://pactoecosocialdelsur.com/

 

El llamado parte de las verdades que hemos constatado con la pandemia: se puede detener la desbocada carrera del capital cuando la vida está en peligro, así como la destrucción de ecosistemas y la emisión de CO2. La crisis desnuda y exacerba las desigualdades sociales y planetarias y muestra que nuestro futuro está en juego.

 

También hemos caído en la cuenta que podemos vivir fuera de la lógica del consumismo exacerbado, de la acumulación sin límite y dentro de redes de ayuda mutua y de intercambios no monetarios. Hemos valorado nuestra codependencia, la importancia de la naturaleza, de la que formamos parte, de las relaciones afectivas, de los cuidados, de la reciprocidad, del sentido de la comunidad.

 

Esta nueva conciencia hace viables los inéditos que antes no lo parecían. Es a partir de estas constataciones que se propone el Pacto social, ecológico, económico e intercultural para América Latina.

 

No se trata, y hay que dejarlo bien claro, de una nueva "carta a Santa Claus", una serie de demandas a los gobiernos. Más que nada es una invitación a construir "imaginarios colectivos, a acordar un rumbo compartido de transformación y una base para plataformas de lucha en los más diversos ámbitos de nuestras sociedades". Más que esperar que vengan de arriba, el pacto invita a desarrollar fuerza y organización en la sociedad para imponer estos cambios a las instituciones, articulando justicia redistributiva, de género, étnica y ambiental. Se divide en nueve puntos:

 

Transformación Tributaria Solidaria. Es necesario estructurar propuestas de reformas tributarias a nivel nacional que incluyan impuestos a las herencias, a las grandes fortunas, a los mega proyectos, a las ganancias financieras, al daño ambiental, mientras se legisla para impedirlo totalmente

 

Anulación de las deudas externas de los estados, sobre todo de los países del sur global y construcción de una nueva arquitectura financiera mundial que permita la reconstrucción de las economías, las sociedades y el medio ambiente y sea un paso en la reparación histórica por tantos siglos de despojo.

 

Creación de sistemas nacionales y locales de cuidado: la sostenibilidad de la vida debe estar en el centro de nuestras sociedades. El cuidado es un derecho de toda persona y a él deben concurrir el Estado, las empresas y las comunidades. Hay que redistribuir las tareas del cuidado entre las clases sociales y los géneros, pues ahora sólo recae en las mujeres. Deben implementarse políticas públicas que construyan redes de protección social en favor de niñas y niños, personas mayores o con discapacidad. Esto implica terminar con la precariedad laboral y de ingreso de las familias.

 

Una Renta Básica Universal: sería el punto de partida de la política social, se concibe como un derecho básico de todas y todos para poder salir de la extrema pobreza y debe sustituir a las transferencias monetarias focalizadas y condicionadas. Se combinaría con la disminución del tiempo de trabajo formal sin disminuir el salario para dedicar más tiempo a la convivencia familiar y a los cuidados.

 

Priorizar la Soberanía Alimentaria. Desarrollar políticas que apunten a la redistribución de la tierra, del acceso al agua y a la tierra. Priorizar la producción agroecológica, pesquera, campesina y urbana por sobre la agricultura industrial de exportación, con todos sus nefastos efectos ambientales y sociales. Fortalecer los mercados campesinos y locales.

 

Construcción de economías y sociedades postextractivistas. Es necesaria una transición socioecológica radical y progresiva de la dependencia del petróleo del carbón y del gas, de la minería –incluida la del agua– de la deforestación y de los monocultivos para cuidar los comunes y regenerar nuestras sociedades.

 

Recuperar y fortalecer espacios de información y comunicación desde la sociedad, pues actualmente los medios y las redes sociales son dominadas por las corporaciones más poderosas.

 

Autonomía y sostenibilidad de las sociedades locales. Las cadenas de valor de la globalización neoliberal se han cimbrado con la pandemia. Por eso es importante reconstruir la economía y la política con base en la autonomía y sostenibilidad de lo local. Fortalecer la autodeterminación de los pueblos indígenas, campesinos, afroestadunidenses y de las comunidades urbano-populares.

 

Por una integración regional y mundial soberana. Fortalecer los intercambios locales, regionales, nacionales y a escala latinoamericana, con autonomía del mercado mundial globalizado y su instrumento: el dólar. Diversificarnos y complementarnos como comunidad económica latinoamericana.

 

Aquí está una agenda, un referente para nuestras luchas. No podemos esperar a que los grandes actores políticos comiencen a operar los cambios que nos exige el mundo después de la pandemia. Hay que cultivarlos desde abajo, desde ahora. La única manera de continuar siendo, es siendo audaces.

Publicado enSociedad
Jueves, 18 Junio 2020 06:11

Impuestos a los que pueden pagar

Impuestos a los que pueden pagar

La reforma que proponen Stiglitz, Piketty y otros expertos

Una comisión internacional de economistas postula cobrar más tributos a sectores concentrados y combatir los paraísos fiscales.

 

Las consecuencias económicas de la pandemia resultan una buena oportunidad para establecer un sistema tributario progresivo a nivel internacional. El economista francés, especialista en distribución del ingreso, Thomas Piketty; la experta en finanzas internacionales Jayati Gosh; el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, y el ex ministro de Hacienda de Colombia, José Antonio Ocampo, presentaron un informe elaborado por la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (Icrict), donde proponen medidas para mitigar la crisis económica mundial. 

En teleconferencia, los especialistas hablaron en primer lugar del desplome que han sufrido los Estados en los ingresos fiscales por la caída de la actividad. A ello se suma el incremento del gasto tanto para fortalecer los sistemas de salud como para asistir a empresas y a la población vulnerable. Esta situación se ve magnificada en muchos países- como la Argentina- por la caída de las exportaciones, la ruptura de las cadenas de suministro, el parate del turismo y la baja en los precios de las materias primas. Existe una necesidad urgente de recursos públicos que no podrá sostenerse con las estructuras tributarias actuales. “Las medidas tributarias no solo son razonables, sino urgentes”, sentenció Ghosh.

Dado este contexto, algunas de las medidas que Icrit propone a los gobiernos son:

-Introducir impuestos progresivos sobre los servicios digitales, que se apliquen sobre las rentas económicas generadas por las compañías multinacionales, como Amazon, Netflix, Facebook y Google, entre otras que fueron las ganadoras de estos últimos meses. “Son las que más se han beneficiado en este tiempo, porque su consumo no requiere del cara a cara, indica. “Desde antes de la crisis no están pagando lo justo en impuestos y eso distorsiona la economía, impactando negativamente en la creación de trabajos”, explicó Stiglitz. 

-Incorporar mayor progresividad en los tributos sobre beneficios empresariales: que sean más altos para las empresas más grandes y con especial foco en los monopolios y oligopolios y más bajos para las más pequeñas de sectores competitivos.

-Exigir más transparencia a las empresas que reciban apoyo del Estado. Cuando las grandes empresas se sitúan en paraísos fiscales para reducir al mínimo su contribución fiscal, deberían renunciar a su pretensión de contar con apoyo de los gobiernos. Sin embargo, en la práctica no es así: un contraejemplo es el de las líneas de cruceros que operan bajo banderas de conveniencia, pero que reclaman el apoyo público de los Estados Unidos. Parece por tanto lógico prohibir el apoyo con fondos públicos a las empresas que tienen su sede o sus filiales en paraísos fiscales y que la ayuda pública a grandes empresas esté condicionada a la publicación de los datos financieros y tributarios en cada territorio en el que operan.

-Gravar a la riqueza offshore.  En tiempos de crisis globales, se suele producir un efecto de fuga de capitales, sobre todo en los países en desarrollo. Las grandes empresas retiran sus activos de capital y lo sustituyen por deuda de contando, en muchos casos, con el respaldo de los gobiernos. Para que esto no suceda, es necesario acceder a la información de los paraísos fiscales para que cada jurisdicción pueda gravar de forma efectiva y progresiva el patrimonio neto de sus residentes.

Para finalizar, José Antonio Ocampo sostuvo que se requiere “más gasto para pobres y vulnerables. No es el momento para la austeridad, es el momento para gastar más, sobre todo en salud”. En esa línea, Stiglitz remató: “Si los gobiernos quieren que la recuperación dure diez años, pongan medidas de austeridad”.

El Icrict es un grupo de economistas, expertos fiscales, especialistas en derechos humanos que ocuparon cargos estatales que tiene como objetivo promover el debate sobre la reforma fiscal internacional a favor del interés público mundial. 

Publicado enEconomía
Demandamos todo el sistema tributario ante la Corte Constitucional

Junto a un grupo de reconocidos economistas y constitucionalistas del país, le solicitamos a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad del Estatuto Tributario, y por ende de todo el sistema tributario, por no cumplir con los principios constitucionales que aseguran que este redistribuya el ingreso, sea equitativo y sea eficiente a la hora de recaudar.

 

Presentamos ante la Corte Constitucional una demanda solicitando declarar el actual Estatuto Tributario inexequible por no cumplir con los principios de progresividad, equidad y eficiencia tributaria consagrados en el artículo 363 de la Constitución Política de Colombia. Si bien consideramos que el Estatuto Tributario es inconstitucional, también le solicitamos a la Corte que le de tiempo al Gobierno y al Congreso para expedir uno nuevo sin afectar la situación fiscal del país.

Colombia es uno de los países con mayor desigualdad de ingresos de la región y del mundo. Si bien esta brecha se ha disminuido paulatinamente en los último 20 años, los niveles de desigualdad presentes son inaceptables en cualquier sociedad democrática. Los recursos con los que cuenta el Estado para disminuir la pobreza y financiar bienes y servicios públicos para igualar las oportunidades de los colombianos, son muy pocos, especialmente en tiempos de pandemia.

Es por esto que junto a un grupo de reconocidos economistas y constitucionalistas del país, le solicitamos a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad del Estatuto Tributario, y por ende de todo el sistema tributario, por no cumplir con los principios constitucionales que aseguran que este redistribuya el ingreso, sea equitativo y sea eficiente a la hora de recaudar.

Esta demanda le da una herramienta al Congreso y al Gobierno para que enfoquen el manejo económico de la crisis generada por el COVID-19, con criterios de justicia distributiva y progresividad tributaria. Esto no sólo conciliaría nuestro sistema tributario con los principios constitucionales de progresividad, equidad y eficiencia sino que evitaría que la crisis incremente la desigualdad y la pobreza. También es un llamado para que en el trámite del marco tributario colombiano, se tomen decisiones sensibles al contexto, a los efectos de la pandemia y a las necesidades de la población, en especial de los sectores más desfavorecidos y afectados. 

En ese sentido, expusimos a la Corte Constitucional las razones y evidencia para demostrar que en el país el ejercicio impositivo no disminuye la desigualdad de ingresos, y que esta falta de progresividad no se compensa con la priorización del cumplimiento de otros principios constitucionales, pues el sistema tributario impone tarifas diferentes a contribuyentes con las mismas características (equidad tributaria) y es ineficiente a la hora de recaudar, lo que facilita la evasión y elusión de impuestos (eficiencia tributaria).

¿Por qué demandamos todo el sistema tributario? 

Teniendo en cuenta que la Corte Constitucional ha señalado que el principio de progresividad, en conjunto con los principios de equidad y eficiencia, “constituyen los parámetros para determinar la legitimidad del sistema tributario y (…) se predican del sistema en su conjunto y no de un impuesto en particular”[1], es necesario hacer un análisis integral del sistema tributario colombiano para verificar con la evidencia producida hasta el momento si los impuestos en el país cumplen con estos tres principios en su conjunto. 

Esto quiere decir que para la Constitución, no basta con que un impuesto en particular no cumpla con estos principios para que sea inconstitucional, sino que debe ser todo el conjunto de impuestos que rompan estos principios para que pueda ser declarado inexequible.

El sistema tributario colombiano no disminuye la desigualdad y no cumple con principios de justicia tributaria

A partir del análisis de las tarifas efectivas de tributación de las personas naturales y jurídicas en Colombia y de las investigaciones que estudian la tributación de las personas con mayores ingresos del país, mostramos ante la Corte Constitucional que: 

  1. El sistema tributario colombiano no disminuye los niveles de desigualdad de ingresosmedidos a través del índice de Gini.
  2. Las personas naturales y jurídicas que pertenecen al 10%, 1% y 0,1% de mayores ingresos en Colombia, pagan en impuestos una proporción menor de sus ingresos que el resto de la población colombiana, por lo que el sistema tributario no cumple con el principio constitucional de progresividad tributaria.

Estos resultados provienen del diseño institucional y normativo del Estatuto Tributario, y no de una falta de aplicación de las normas, su incumplimiento o una mala interpretación.

Una vez demostrada la violación del principio de progresividad, presentamos evidencia que demuestra que la falta de progresividad del sistema tributario colombiano no se justifica con el argumento de que este privilegia el cumplimiento de los otros dos principios establecidos en el artículo 363 de la Constitución, los de eficiencia y equidad tributarias.

El sistema tributario colombiano no es equitativo

El principio constitucional de equidad tributaria se refiere a la equidad tributaria horizontal, es decir, que contribuyentes con la misma capacidad de pago y las mismas características, deben pagar lo mismo en impuestos. Sin embargo, el sistema tributario colombiano – como consecuencia de la proliferación de regímenes especiales que  se derivan de los múltiples beneficios y tratamientos especiales en materia tributaria que se encuentran en el Estatuto Tributario – grava de manera diferenciada a personas naturales con las mismas características y nivel de ingresos, y a empresas con la misma actividad económica y tamaño similar.

La consecuencia de esto es que personas que tienen el mismo nivel de ingresos, paguen en impuestos cantidades diferentes dependiendo si los ingresos provienen de actividades laborales (salarios, honorarios…etc) o si provienen de la tenencia de capital (dividendos, renta de inmuebles…etc). En el caso de las empresas, la evidencia muestra que la tarifa efectiva de tributación de empresas de un mismo sector y con tamaños similares es muy distinta entre empresas, ya sea porque se encuentran en una zona franca o porque acceden a distintos beneficios tributarios específicos.

El sistema tributario colombiano no es eficiente

El principio de eficiencia tributaria busca principalmente que se logre el mayor nivel de recaudo tributario posible con el menor costo, y que el diseño del sistema tributario no facilite o estimule la evasión y elusión tributaria. Esto implica que la recaudación sea sencilla para la DIAN y que los niveles de evasión sean relativamente bajos.

En nuestra demanda argumentamos que, por un lado, la multiplicidad de regímenes tributarios especiales que nacen de los más de 250 beneficios tributarios que existen actualmente, hacen que el sistema tributario sea muy complejo, lo que tiene impactos considerables en la eficiencia del recaudo. Al mismo tiempo esta complejidad facilita la evasión y elusión de tributos, tal y como se muestra con los estudios de evasión que se han hecho para Colombia en los últimos años.

Por otro lado, presentamos cómo la productividad del recaudo del IVA, uno de los impuestos más sencillos de recoger, es muy baja en comparación con países similares de la región y del grupo de países de la OCDE, lo que permite argumentar que el principio de eficiencia tributaria no se cumple en Colombia.

La pandemia por COVID-19 refuerza la necesidad que el sistema tributario sea progresivo, equitativo y eficiente

La pandemia del coronavirus ha exacerbado nuestras injusticias y desigualdades estructurales. Para mitigar los impactos del virus y de las medidas de confinamiento – que se concentran principalmente en la población de menores recursos – el país debe adoptar una serie de medidas fiscales redistributivas que sean lo suficientemente robustas para que el Estado pueda garantizar efectivamente los derechos de todos sus ciudadanos, especialmente los derechos de las personas más vulnerables.

Sin embargo, producto del sistema tributario actual, el país tiene muy pocos recursos públicos disponibles para poder implementar políticas acordes a las necesidades de la emergencia generada por el COVID-19. Es imperativo entonces que se lleve a cabo una reforma estructural del Estatuto Tributario que asegure el cumplimiento de sus principios constitucionales, reduciendo así la desigualdad de ingresos y elevando considerablemente el recaudo de impuestos.

Tenemos la posibilidad de salir de esta crisis con una sociedad más desigual e individualista, o por el contrario, con una sociedad más igualitaria, solidaria y justa. Esto depende mucho de la decisión de tener un sistema tributario que lo permita.

¿Quienes firman la demanda?

Vivian Newman

Rodrigo Uprimny

Luis Jorge Garay

Jorge Enrique Espitia

Clara Leonor Ramírez

Leopoldo Fergusson

María Margarita Zuleta

Salomón Kalmanovitz

Víctor Javier Saavedra

María Fernanda Valdés

Amaranto Daniels

Carlos Julio Salgado

Consuelo Corredor

Jorge Iván González

Juan Camilo Cárdenas

Valentina Rozo Ángel

Fernando Barberi Gómez

Astrid Martínez Ortíz

Catalina Botero

Mauricio García Villegas

Esteban Hoyos Ceballos

Andrés Abel Rodríguez

Magdalena Correa Henao

Maryluz Barragán

Mauricio Albarracín

Alejandro  Rodríguez Llach

Alejandro Jiménez

[1] Corte Constitucional. Sentencia C-643 de 2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño. Ver Corte Constitucional. Sentencia C-815 de 2009. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Corte Constitucional. Sentencia C-397 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional. Sentencia C-615 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional. Sentencia C-100 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa. Corte Constitucional. Sentencia C-260 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

Por: Dejusticia | Mayo 27, 2020

Publicado enColombia
Stiglitz, Piketty y Ghosh entre las personalidades que integran la ICRICT.

 El sistema actual se basa en una ficción ya que considera a las filiales de las multinacionales como entidades independientes unas de otras. Así, pagan muy bajos impuestos o evaden.  

 La lucha por la igualdad social y la lucha por la justicia fiscal tienen la misma legitimidad, tanto más cuanto que la segunda condiciona el bienestar de los pueblos. Los megamillonarios y las grandes empresas multinacionales no pagan los impuestos que deberían. Gracias a montajes tramposos y dispositivos como la llamada “optimización fiscal”, las empresas globalizadas, sobre todo aquellas que pertenecen al ramo de la “economía digital”, evaden masiva y escandalosamente sus obligaciones fiscales. Salvo sus beneficiarios, a nadie le cabe en la cabeza que las empresas que forman el núcleo GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) hayan pagado en España sólo 29 millones de euros en impuestos cuando facturan por cientos y cientos de millones. 

Tanto el FMI como Tax Justice Network calculan que unos 500 mil millones de dólares por año se van por la borda de la evasión fiscal. El economista francés Gabriel Zucman, conocido por sus trabajos sobre las desigualdades sociales y los paraísos fiscales, estima que el 40% de los beneficios de las empresas multinacionales son transferidos a los paraísos fiscales. Esa transferencia ilícita organizada por las multinacionales priva a los países miembros de la Unión Europea de una suma que oscila entre 50 y 70 mil millones de dólares anuales en concepto de impuestos. Peor aún, en Estados Unidos, ”60 de las 500 empresas más importantes, por ejemplo, Amazon, Netflix o General Motors, no pagaron ningún impuesto en 2018 pese a un beneficio acumulado de 79 mil millones de dólares” (José Antonio Ocampo, Economista y presidente del ICRICT, Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional).

Esta Comisión está integrada por unas 15 personalidades entre las cuales se encuentran el economista Thomas Piketty (autor del ensayo El Capital en el Siglo XX), el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, la especialista en economía de desarrollo Jayati Ghosh, o el economista Ricardo Martner (ex jefe de la Unidad de Asuntos Fiscales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), La ICRICT se propone alentar un debate para una reforma substancial del sistema internacional aplicado a los impuestos de las empresas. Es una clave fundamental para el desarrollo y la igualdad. Como lo resalta la profesora Jayati Ghosh, ”la arquitectura económica internacional y los patrones asociados de comercio y flujos de capital continúan impulsando la desigualdad”. Con una reunión inicial en 2015 en Nueva York y una primera declaración hecha pública el mismo año en Trento (Italia) la Comisión ha ido tejiendo un sólido programa de acción que cuenta con el respaldo de Oxfam, CCFD-Terre Solidaire y el World Inequality Lab. 

La Comisión organizó en París un encuentro con varios de sus miembros bajo el lema “ Impuestos a las multinacionales: ¿Una revolución para mañana ?”. Se trata, en efecto, de una “revolución” a la altura del desfalco descomunal que cometen cada año los mega grupos. Comparemos: en 2017, Facebook pagó en Reino Unido 8,2 millones de euros de impuestos frente a una ganancia de 1,5 mil millones de euros. Amazon abonó, en Europa, 16,5 millones de euros en concepto de impuestos para una cifra global de negocios de 21 mil millones. La ingeniería contable es un antídoto contra el desarrollo y un proveedor de pobreza. La trampa vale también para la Argentina, país donde estos grupos (Netflix, Airbnb, Spotify y otros) escapan a sus obligaciones fiscales porque están radicadas fuera del país.

¿ Cómo se monta el engaño ?. La ICRICT la resume así: «el sistema actual está basado sobre una ficción por cuanto considera a las filiales de las multinacionales como entidades independientes unas de otras. Ello alienta a las multinacionales a crear estructuras complejas de evasión fiscal creando cientos de filiales en países fiscalmente benignos”. En el Viejo Continente hay países miembros de la Unión Europea que se decidan a “aspirar” la base fiscal de sus vecinos. Es el caso de Luxemburgo, de Irlanda, de Bélgica y de la misma Holanda (Suiza también pero no es un miembro de la UE). En Irlanda, la tasa de imposición es muy baja y, además, el país deja exenta de impuestos a la Propiedad Intelectual. Así, las distintas filiales de Google, Starbucks o Apple transfieren sus ganancias a Irlanda y, de allí, las depositan en los paraísos fiscales. Eluden la masa impositiva en los países donde operan, giran el dinero a su “sede” (Irlanda) y de allí los capitales vuelan. ICRICT ha propuesto ya que se aplique un porcentaje mínimo de impuestos para evitar una competencia entre países donde se tributa menos y también que las empresas cumplan con sus obligaciones impositivas como sociedades unitarias (gravamen unitario y distribución global basada en lo que se produce, con qué se produce y lo que se consume in situ).

Esa tasa “única y global” podría ser del 20%

El valor se crea en un lugar, pero el beneficio es trasladado a otro. La fórmula ha permitido transferencias monumentales de recursos fuera de los lugares donde estos fueron producidos. ”Las estrategias de las corporaciones multinacionales para evitar pagar impuestos son un ataque a los derechos humanos”, alega el economista y presidente del ICRICT José Antonio Ocampo. Según la ICRICT, unos 7,6 billones de dólares duermen en los paraísos fiscales, lo que equivale al 10% del PIB mundial. El porcentaje puede subir al 60% en algunos países de América Latina. 

La OCDE (Organización de Cooperación y desarrollo económico) viene trabajando desde hace algunos años en una reforma del régimen internacional impositivo para las empresas. Sin embargo, Piketty considera esas discusiones “insuficientes” y defiende más bien la idea de que ese tema pase bajo la tutela de la ONU. Salud, infraestructuras, educación, seguridad, desarrollo, todo depende de la capacidad de un Estado para financiar esos sectores. Stiglitz recordó en la capital francesa que la evasión fiscal “tiene un costo enorme para la sociedad. Si las empresas más ricas del planeta no pagan impuestos les corresponderá entonces a otros respaldar los servicios públicos”. 

Cuando más imponente es la evasión, más drástica es la disminución de recursos. Francia ha decidido aplicar un impuesto a los actores de la economía digital, la Tasa GAFA (3%), y otros países le seguirán los pasos. Es sin embargo muy poco comparado con los abismales beneficios que esas multinacionales obtienen y con los que obtendrán mediante el ingreso de esos grupos al sector financiero (Google, Amazon y Facebook). Stiglitz comentó en París que "la mayoría de las empresas estadounidenses son más creativas en soluciones fiscales que en el desarrollo de nuevos productos". Se trata estrictamente de una estafa globalizada al conjunto de las sociedades del mundo. Y hará falta mucha imaginación y movilización social así como coraje estatal para que devuelvan lo que hurtan.

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Publicado enEconomía