Un recurso urgente en favor del ser humano: Los jueces en época de crisis.

El 14 de abril fue presentada en Medellín una Acción de Habeas Corpus colectiva a favor de los presos sindicados, en este caso en la capital antioqueña. Se invita a todas las personas interesadas y/o preocupadas por la situación que padecen los presos de nuestro país, en riesgo de ser diezmados por el Covid-19, en particular de quienes a pesar de solo estar sindicados permanecen tras barrotes, a revisar y particularizar el documento adjunto a este escrito, para que lo radiquen en la instancia pertinente en su ciudad.

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín negó el 15 de abril, en primera instancia la acción, entonces ahora será la Corte Suprema de Justicia la responsable de reconocer el derecho que les asiste a los detenidos a preservar su salud y vida.

Pero además, el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria tiene en sus manos la posibilidad de evitar que un contagio masivo en las cárceles produzca una catástrofe social y sanitaria. Un contagio que pondría en jaque el sistema de salud de todos los colombianos.

Un fallo indispensable, toda vez que el gobierno nacional no escucha las recomendaciones de los expertos de las principales agencia internacionales en materia de salud. La aglomeración de las personas es fatal en estos casos, realidad que no se quiebra con el decreto 546 del 14 de abril –supuestamente para descongestionar cárceles– pero que solo es un saludo a la bandera; un decreto, como puede deducirse de su lectura (y de ello son conscientes quienes lo suscriben, empezando por el Ministro de Justicia) que en el mejor pronóstico solo permtirá que salgan de prisión hacia sus casas, y en casos hacia centros de salud, 2.000 personas, lo cual es obvio que no permite atender la grave situación de hacinamiento ni el riesgo a ella asociado. Un decreto, por su pequeñez, que solo servirá para levantar el ánimo de las protestas carcelarias.

Como lo estamos viviendo por todo el país, producto de la cuarentena ordenada, quienes no estamos presos no podemos salir de la casa, y si lo queremos hacer debemos guardar distancia y utilizar toda la indumentaria para evitar contagio. Al mismo tiempo, en las cárceles y centros transitorios de detención, el hacinamiento hace parte del paisaje, nada de lo mandado por el decreto presidencial procede allí, ¿acaso al aludir a las cárceles estamos tratando de otro país?

En estas condiciones, con un poder indolente, en épocas de excepción, sí que hacen falta los jueces, aquellos que alejados del poder entienden que su función es controlarlo, en favor de las minorías y del ser humano. Controlar a un gobierno irresponsable. Y en este caso, además, para evitar una catástrofe social.

Un proceder necesario, urgente, ante la conocida realida realidad de sobrepoblación carcelaria, así como las condiciones degradantes y dantescas que padecen las personas detenidas preventivamente en los centros de reclusión y los centros de detención transitoria con que cuenta Colombia.

Una realidad que viene desde años atrás, no resuelta a pesar de las Sentencias de los jueces, a la que hoy se suma la grave situación de salud pública que afecta al país, como a la mayoría de sociedades alrededor del mundo, una situación inédita generada por la expansión y riesgo de contagio del virus Sars-CoV-2 y, por lo tanto de la epidemia por la enfermedad Covid-19, que amenaza de forma inminente y grave la vida de los seres humanos, y que puede multiplicarse en estos centros de detención, declarados en Estado de Emergencia mediante la resolución 001144 del 22 de marzo de 2020.

Se trata de una situación sobreviniente, que requiere medidas extraordinarias. Un verdadero estado de necesidad, que impone un momento decisivo de inflexión en la tradicional discusión jurídica sobre la cuestión de la detención y la libertad.

Con soporte legal

La Constitución y la ley contemplan acciones que permiten reivindicar las garantías de los seres humanos en estas épocas de emergencia, y sobre todo para aquellos que están privados de la libertad. Hablamos de la acción de Hábeas Corpus mediante la cual se pretende la protección de la libertad personal, porque la detención preventiva, es decir la privación de la libertad en los establecimientos carcelarios y los centros de detención transitoria ha devenido contraria a las garantías constitucionales o legales, lo cual obliga a formular esta acción como colectiva, en aplicación del principio pro homine.

Como lo enseña la Corte Suprema de Justicia, en el Auto 110 de 2019, emitido por la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI) “[…] el juez constitucional es competente para usar diferentes remedios jurídicos con el fin de cesar el riesgo inminente de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad, en situaciones concretas que son puestas en su conocimiento”.

Por tanto, es posible acudir a esta acción de Habeas Corpus Colectivo por la imperiosa necesidad de actuar de manera pronta ante una verdadera “guerra” que se vive en todo el territorio colombiano y mundial, por el brote del Covid-19.

En ese marco, esta acción propone un ejercicio integrador de las recomendaciones de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, así como de las prácticas institucionales en otros lugares del mundo que hoy liberan a sus presos por la amenaza del Covid-19, y los extremos jurisprudenciales interamericanos (tanto de la Comisión como de la CIDH), así como los estándares mínimos convencionales en la aplicación de la prisión preventiva que de no satisfacerse la convierten en ilegal.

Se trata, en esta grave crisis, de un control judicial efectivo y oportuno para subsanar la ilegalidad de la privación de la libertad y una manera especialísima de interpretar esta acción y el derecho constitucional, con soporte convencional, en el estado de emergencia que se vive.

La legislación internacional brinda luces sobre el particular, Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 8, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 9 numeral 4, la Convención Americana de Derechos Humanos en los artículos 7 numeral 6, 25 numeral 1, 27 numeral 2; y la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo XXV inciso 3, se garantiza que las Personas Privadas de la Libertad (PPL) tienen la posibilidad de ejercer acciones, de recurrir ante jueces con el fin de garantizar su derecho humano a la libertad cuando lo vean vulnerado durante el tiempo de privación del mismo. Así mismo se reconoce en la Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos (Reglas Nelson Mandela).

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación con la pandemia del Covid-19, urge enfrentar la gravísima situación de las personas privadas de la libertad y a adoptar medidas urgentes para garantizar la salud y la integridad de esta población, asegurando las condiciones dignas y adecuadas de detención en los centros de privación de la libertad, de conformidad con los estándares interamericanos de derechos humanos. En particular, la Comisión insta a reducir la sobrepoblación en los centros de detención como una medida de contención de la pandemia.

Conforme con lo establecido en sus Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, la CIDH recuerda que toda persona privada de libertad bajo sus jurisdicciones tiene derecho a recibir un trato humano, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos fundamentales, en especial a la vida e integridad personal, y a sus garantías fundamentales, como lo son el acceso a las garantías judiciales indispensables para proteger derechos y libertades. Estamos obligados a realizar acciones concretas e inmediatas para garantizar los derechos a la vida, integridad y salud de las personas privadas de libertad, en el marco de la pandemia.

Además, las convenciones desarrollan una serie de directrices que buscan la protección de los derechos humanos en esta situación, y Colombia las suscribió, pero además la Constitución de 1991, en el artículo 30, desarrolla la acción conocida como Habeas Corpus, estableciendo que las personas privadas de la libertad que creyeren estarlo ilegalmente, pueden acudir ante un Juez interponiendo esta acción.

Si bien el artículo 30 superior no contempla de forma taxativa la aplicación del Habeas Corpus de forma colectiva, tampoco lo prohíbe, y hoy resulta ser la vía constitucional que permita restablecer la libertad de quienes se encuentran privados de forma ilegal. Consideramos, en estas condiciones, que no es consecuente tomar una postura que niega esta posibilidad, de cara a la realidad social y los fines ontológicos propuestos en el preámbulo de la Constitución y en el artículo 2, es decir resulta un imperativo para los jueces de Habeas Corpus, verdaderos jueces constitucionales, interpretar de manera integradora el tenor literal de la ley con el fin de garantizar un acceso efectivo de la justicia para los detenidos preventivamente.

Aunque el derecho a la libertad personal ocupa un lugar importante en la normativa nacional e internacional, y por ello el Habeas Corpus se orienta en principio a su garantía, es evidente que con frecuencia la privación de la libertad se convierte en un medio para atentar contra otros derechos fundamentales de la persona. Por lo tanto, el cometido esencial del Habeas Corpus no se puede entender restringido solo a la protección del derecho a la libertad sino que ha de dársele una proyección mucho más amplia en cuanto verdaderamente abarca la garantía de todo el conjunto de derechos fundamentales de la persona que se encuentra privada de su libertad de manera arbitraria o ilegal, y que por esta circunstancia se encuentran en latente y permanente amenaza.

La privación arbitraria o ilegal de la libertad de una persona, puede constituir una modalidad o medio para la violación de otros de sus derechos y libertades, los que se han colocado en condiciones precarias o, incluso, pueden llegar a ser anulados en ciertos casos extremos. En estas circunstancias, el Habeas Corpus hoy se convierte en el instrumento máximo de garantía de la libertad individual ante la amenaza del coronavirus, que no es diferente a una amenaza a la vida y la integridad personal.

Una acción necesaria, en tanto el actual Estado de Emergencia generado por el brote de Coronavirus (Covid-19) exige replantear la forma en la que se accede a la justicia, y siendo el Hábeas Corpus la acción por excelencia para la verificación del cumplimiento de la libertad, como garantía constitucional de quienes están privados de ella, estamos conminados a realizar un análisis extensivo de la aplicación de dicha acción para que de esa forma pueda aceptarse su existencia como acción Colectiva, herramienta legal y constitucional para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad, hoy ilegalmente porque están amenazados en su salud y en su vida por los posibles brotes de coronavirus dentro de los centros de reclusión transitoria, estaciones de policía, cárceles y penitenciarías.

Esta acción impactará de forma positiva y permitirá de forma oportuna atender la situación dramática que hoy se vive, igual garantizará el principio de acceso a una pronta administración de justicia, toda vez que para los efectos de esta acción de Habeas Corpus todos los detenidos preventivos se encuentran en la misma situación, y de esta manera se sientan las bases para el ejercicio de derechos con incidencia colectiva frente a los intereses individuales homogéneos de un conjunto de personas, lo que hace pertinente y conveniente su realización en un único trámite.

Se trata de la protección de seres humanos que se encuentran en un estado de absoluta vulnerabilidad, sujetos de especial protección, privados de la libertad en condiciones ileg0ales, en cuyo caso el Juez Constitucional debe actuar como garante de este derecho.

Es inminente y grave la situación en las cárceles y centros de detención. El 10 de abril se dieron a conocer brotes de infección en la cárcel de Villavicencio. Dos detenidos murieron por Covid-19, y se confirmó la enfermedad en más de 15 internos, muchos otros con síntomas respiratorios se encuentran esperando los resultados del examen. 

Y en la cárcel Distrital en Bogotá, un comandante de guardia reporta síntomas y 13 guardias esperan los resultados. Todos tuvieron contacto con los presos. El protocolo o guía del instituto nacional de salud ordena aislarlos, pero es imposible por la alta población y porque no se cuenta con instalaciones para esto.

Un contagio masivo en las cárceles colapsará el sistema de salud y de nada habría servido la cuarentena a la que estamos sometidos todos en el país, que además tiene como propósito relentizar la epidemia mientras dotamos y adecuamos el sistema de salud. Entonces, hoy los jueces deben velar por toda la sociedad en riesgo. Tenemos un sistema de salud muy frágil.  

Los derechos a la vida y a la integridad personal no sólo implican que el Estado los debe respetar (obligación negativa), sino que además requiere que se adopten todas las medidas apropiadas para garantizarlos (obligación positiva), en cumplimiento de su deber general establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana.

En este caso y frente a la pandemia del coronavirus la manera de hacerlo como lo ordena la Organización Mundial de la Salud (OMS), y lo dispuso el Gobierno, es con distancia social, aislamiento y salubridad, pero ni en la cárcel ni en las estaciones de policía, esto es factible. No existen condiciones para facilitarlas. Y así es porque el hacinamiento que hoy se vive en estos lugares hace imposible que se guarde distancia entre los detenidos para evitar el contagio. Además, estas instalaciones no cuentan con la dotación mínima necesaria para garantizar el servicio de agua y aseo personal.

Además las medidas sanitarias adoptadas para evitar la propagación del virus requieren, como lo sabemos, de un espacio mínimo necesario entre las personas (2 metros), situación que es imposible, absolutamente imposible, cumplir en estos centros de detención, dada la estructura física de las instalaciones y el hacinamiento.

Incluso el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advierte que teme la brutalidad con la que la Covid-19 podría llegar a los lugares de detención. La población carcelaria es particularmente vulnerable a las enfermedades infecciosas. El agua potable es un lujo en muchas cárceles, y es probable que no haya jabón, desinfectantes a base de cloro y otros elementos esenciales. Las cárceles son mucho menos inmunes a las epidemias que el resto de la sociedad, por lo que cualquier virus puede entrar y salir de estos lugares con mucha mayor facilidad. 

Un reto que obliga, aún más, que todos los poderes públicos del Estado colombiano cumplan con su especial posición de garantes de los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia. Esto implica el deber de salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos y de garantizar que la privación de libertad no exceda el nivel de sufrimiento inherente a la detención.

Así las cosas, para que la detención no devenga ilegal debe cumplir con los estándares mínimos internacionales en esta área, sin agredir la dignidad del ser humano. (Caso Vera y Vera y Otros Vs Ecuador, sentencia del 19 de mayo de 2011).

Es que lo establecimientos de reclusión transitoria y los centros carcelarios son verdaderos antros en los que minuto a minuto se infringe un trato indigno al ser humano. Además, han terminado infringiendo un castigo anticipado al detenido preventivo, y son un absoluto peligro para la vida y la salud de las personas recluidas, por la contingencia sanitaria.

Y la integridad personal de los detenidos preventivos hoy está gravemente amenazada y de esta manera la privación de la libertad deviene ilegal. El detenido preventivo no está obligado a soportar semejante castigo, carga y riesgo para su salud, su integridad y su vida.

Pero, además, debemos recordar que el incumplimiento del término máximo de 36 horas que una persona puede permanecer en uno de los centros transitorios o inspecciones de policía que hoy se destinan para alojar a los detenidos, torna la detención en ilegal, razón adicional para reclamar la libertad, tal como lo reiteró la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Acción de Tutela instaurada por los detenidos en los centros transitorios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, expediente STP 14283-2019, radicado 104983 de octubre 15 de 2019, Magistrados Patricia Salazar Cuéllar y Luis Antonio Hernández Barbosa.

Entonces, los jueces constitucionales como garantes de derechos fundamentales hoy son los llamados a velar por la protección de los detenidos, por la vía del Habeas Corpus Colectivo, porque la privación de la libertad se tornó ilegal al poner en entredicho la inviolabilidad del derecho a la salud y la vida amenazadas en forma grave y cierta por la pandemia del Coronavirus.

 

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Un técnico trabaja en la empresa bioquimica italiana Irbm, que está desarrollando una vacuna.  ________________________________________ Imagen: EFE

Grupos de investigación y empresas farmacéuticas de todo el mundo se lanzaron a una carrera desenfrenada para crear vacunas contra el coronavirus, la pandemia que hasta ha provocado la muerte de unas 127 000 personas en todo el mundo y ha infectado a casi dos millones en los cinco continentes. Y hasta ahora, son 70 las vacunas contra el coronavirus que están en estudio en el mundo, según un informe presentado el 11 de abril por la OMS (Organización Mundial de la Salud).

Pero sólo una de ellas, producida por CanSino Biological Inc. y el Instituto de Biotecnologías de Pekín (Beijing Institute of Biotechnology), ha pasado ya a la fase dos de la evaluación clínica, es decir ha pasado a hacer experimentos más numerosos en seres humanos.

Las otras dos incluidas en la fase de evaluación clínica, pero que están aún en al fase uno, son las producidas por dos empresas farmacéuticas de Estados Unidos y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) con base en Michigan, siempre en Estados Unidos.

Las restantes 67 vacunas están en la fase de evaluación preclínica. Son producidas en numerosos países del mundo, entre ellos Suecia (Karolinska Institute), Japón (Osaka University), China (Beijing Institute of Biotechnology), India (Serum Institute), Inglaterra (Universidad de Oxford e Imperial College de Londres), España (Centro Nacional de Biotecnologías) y Rusia (Instituto de Investigación Científica sobre Vacunas y Sueros de San Petersburgo). Y a veces por más de un laboratorio en cada país.

Los tests de las vacunas generalmente comienzan en los animales, y al parecer algunas de los laboratorios que están experimentando los 70 vacunas contabilizadas por la OMS, habrían saltado la experimentación animal para pasar directamente a los humanos. Otras han hecho experimentos en animales y humanos al mismo tiempo. Los experimentos en seres humanos se hacen en tres fases sucesivas.

Según algunos expertos, el plazo estimado para desarrollar una vacuna puede ser de un año a un año y medio. Mike Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias de Salud de la OMS, dijo en este sentido que para una vacuna contra el coronavirus habrá que esperar “al menos un año”. Pero hay algunos investigadores más optimistas.

Entre los optimistas se incluye una empresa farmacéutica del Lazio, la región a la que pertenece Roma. Se trata de la Advent-Irbm de Pomezia, que junto al Jenner Institute de la Universidad inglesa de Oxford, anunciaron que prevén que la vacuna que están estudiando será ya utilizable en septiembre, especialmente para el personal sanitario y las fuerzas de de seguridad (policía, carabineros y ejército) que custodian y controlan las ciudades durante las cuarentenas. Ambos son considerados los sectores más expuestos al virus.

Según declaró al diario La Repúbblica de Roma Piero Di Lorenzo, gerente general de Advent-Irbm, se estima en efecto “que la vacuna estará disponible en septiembre” en virtud “de los resultados obtenidos en las últimas semanas”. A fines de abril, precisó, una primera partida de vacunas será enviada a Oxford donde se iniciarán los test sobre 550 voluntarios sanos. En este sentido Sarah Gilbert, profesora de vacunología de la Universidad de Oxford que está llevando adelante el proyecto con la empresa italiana, dijo al diario inglés The Times, que ella se “confiaba al 80%” en que la vacuna sería efectiva en septiembre. Añadió que se estaba tratando con el gobierno inglés para crear un posible plan de producción antes de que la experimentación de las vacunas haya terminado, lo que permitiría que el público tenga acceso a la vacunas mucho más rápidamente.

Los investigadores, tanto de Advent-Irbm como de la Universidad de Oxford, decidieron pasar directamente a la experimentación clínica sobre personas porque consideraron suficientemente probada la no toxicidad y la eficacia de la vacuna en base a los resultados de laboratorio.

En total han realizado cinco meses de experimentación. Y para algunos expertos podría ser insuficiente. En efecto, la Agencia del Fármaco europea habla más bien de un año para conseguir una vacuna que sea eficaz, aprobada y que pueda ser producida y distribuida a nivel mundial.

La producción y distribución de las futuras vacunas a nivel mundial es otro de los grandes problemas que deberán afrontar los gobiernos y las casas farmacéuticas que eventualmente los produzcan. Raramente una sola de estas empresas podría producir los millones de vacunas que se necesitarán. Dos de estas multinacionales, la francesa Sanofi y la inglesa Glaxo Smith Kline, se han puesto de acuerdo para trabajar juntas y abrir sus laboratorios a otros equipos de investigación, no sólo sobre un proyecto de vacuna que Sanofi ya tiene registrado en la OMS, sino para cubrir la producción y distribución mundial que se necesite. Un acuerdo bastante inusual, dicen los expertos, entre dos empresas que siempre han competido entre sí. Pero la urgencia de una solución para el Covid-19 por todos los problemas que ha producido y podría producir a la población y a la economía mundial, es también completamente inusual. Esto teniendo en cuenta además, como subrayan muchos especialistas de la salud, que la vacuna debe ser para todos, por lo cual también habrá que contener los precios y hacer una equitativa distribución mundial.

Cuba también busca una vacuna específica para prevenir la COVID-19

En la Mesa Redonda del martes 13 de abril, el Doctor Vicente Vérez Bencomo, director General del Instituto Finlay de Vacunas, comentó que crear una vacuna contra la COVID-19 es un reto grande, que llevará una integración mayor de la industria cubana.

“Tenemos tres proyectos, pero consideramos que son proyectos intermedios para poder integrarnos. Es esencial entender el virus, porque este tiene muchos mecanismos de escape, y hasta que no entendamos esos mecanismos de escape el diseño de una vacuna será imposible”, dijo el especialista.

Vérez aseguró que, en ese sentido, el CIGB está trabajando en los antígenos específicos del virus, que servirán de plataforma a los proyectos del CIGB y a los de Finlay, mientras que su Instituto trabaja en el análisis de los trucos del virus.

“Uno de estos trucos más importantes es un mecanismo de acción viral que se descubrió para el SIDA en el año 2000. Ese año se descubrió que el virus utilizaba un mecanismo en el cual el virus secuestra a las células del sistema inmune y las pone a trabajar para multiplicarlo.

“Nosotros nos preguntamos: ¿no estaría también este virus utilizando ese mecanismo? ¿Cómo nosotros pudiéramos contrarrestarlo? Una vez que uno encuentra mecanismos para contraponer esos trucos del virus se puede encontrar una vía más rápida a las vacunas específicas”.

Respecto al desafío de una vacuna específica, aclaró que ninguna de las tecnologías que se están usando tiene otra vacuna prima que haya probado esas tecnologías, con lo cual se está validando una tecnología para hacer algo y, además, pensamos que pueda funcionar contra el coronavirus.

15 abril 2020

El científico chileno espera que grandes incógnitas de la astronomía se resuelvan en el siglo XXI.

 

José Maza sostiene, en entrevista, que 5% del universo es materia común, 25 materia oscura y 70 energía oscura, "que no sabemos qué es"

 Un humano de sapiencia académica dice a miles de kilómetros de distancia: "estamos viviendo días extraños".

Desde su natal Chile, en una llamada telefónica, comparte: "tengo siete décadas en el planeta y nunca había vivido algo así". Se refiere a la pandemia, por lo que propone reflexionar sobre lo importante: "el amor, la amistad y la solidaridad", ya que siempre estamos "corriendo, buscando quimeras que no sirven para nada".

Confía en la ciencia para evitar más muertes. Recuerda que la historia ha revelado su importancia en la vida porque, cuando él era niño, en su natal Valparaíso, el promedio de vida no era de más de 50 años. Pero hoy día, la cifra casi se duplica. Él lo confirma con su mamá, española republicana que llegó al Cono Sur como exiliada del franquismo. Tiene 91 años y eso es "gracias a la ciencia".

José María Maza Sancho, uno de los más reconocidos astrónomos de Latinoamérica, dice que la investigación sirve "para que estemos vivos".

Además de su reconocimiento académico, José Maza está investido honoris causa por la universidad más importante: la de la vida. Valga la metáfora para el Premio Nacional de Ciencias Exactas 1999, punta de lanza de una generación de brillantes astrónomos, y quien ha destacado como un gran divulgador, que ha "tenido la paciencia de escribir libros", como Somos polvo de estrellas, que se ha editado unas 22 veces y que la temporada de contingencia detuvo su promoción. Se edita bajo el sello Planeta.

Uno de los grandes asuntos de la ciencia, asegura el astrónomo, es que el ser humano no se reconoce como parte del universo, pero "somos fabricados de átomos, igual que las estrellas".

A través de las evidencias

El doctor explica: "lo lindo es que la ciencia a través de evidencias nos ha hecho ver que los átomos de nuestro cuerpo, de la Tierra, de todo lo que nos rodea, fueron hechos en el interior de una estrella. Venimos de ellas", sostiene el experto, autor de unos 120 artículos y libros como Astronomía contemporánea y Supernovas.

Lo que publica Maza en su libro es lo que han dicho varios: que no sólo estamos unidos con el universo, sino que estamos conectados con las estrellas, que son las primeras que nacen y que no tienen otros elementos que el hidrógeno y el helio, y en su interior es donde se fragua lentamente, primero más helio, luego carbón, nitrógeno, oxígeno... y todos los elementos químicos que constituyen lo que nos rodea”.

Hay que recordar que "siete mil millones de personas en el planeta estamos unidos, pero también somos parte de un todo más grande: el universo".

Carl Sagan decía que somos "material estelar" y María Teresa Ruiz planteaba en un libro que somos "hijos de las estrellas".

Ahora, en su cita editorial, Maza asevera: "la historia cambia de nombre, pero el contenido es el mismo: todos los átomos que componen nuestro cuerpo, salvo el hidrógeno, han sido fabricados al interior de una estrella".

Origen del tiempo y el espacio

El tiempo, el espacio y la materia se originaron con una explosión inicial: el Big Bang, hace 13 mil 800 millones de años.

“Todo lo que podemos ver con los telescopios más grandes del mundo está reducido a un punto que una vez explotó. No hay antes del Big Bang, en el estricto rigor; pero yo debería decir: no lo sabemos. Si hubo algo antes de que todo lo que vemos fuera un punto, no podemos indagarlo. De alguna manera es parecido como la historia de cada uno de nosotros.”

Simplifica: “les digo a los jóvenes en mis conferencias: ¿qué hacían, por ejemplo, en 1970? Muchos me ven con asombro y aseguran que aún no nacían. Pues le respondo que yo no estaba en la Primera Guerra Mundial, porque mi historia comienza después. La historia de cada uno de nosotros empieza en el momento de nuestro alumbramiento. Entonces, no puedo indagar de mi vida hasta el minuto en qué nací, no puedo ir más atrás. Lo mismo pasa con el universo: no puedes ir atrás del Big Bang porque no hay ninguna manera de indagar”.

De acuerdo con José Maza, preguntarse qué había antes no es un tema para la ciencia, que “no es meditación trascendental. Son datos. El antes del Big Bang creo que es una manera entretenida de conversación entre filósofos o teólogos”.

La ciencia, asegura el divulgador, es como "una investigación de detectives tipo Sherlock Holmes, quien iba al lugar, entrevistaba y juntaba evidencias. No meditaba sobre el crimen. La ciencia es una investigación permanente. Primero, se hace una hipótesis, que diga: creo que esto debe ser así y asá, y otros colegas, en otro lado, comienzan a probar si es verosímil o no, y en la medida en que todo mundo va acumulando datos, se va estableciendo una verdad".

José Maza destaca algunas de las grandes incógnitas de la astronomía, como las de la materia y la energía oscuras, que "espero se resuelvan en el siglo XXI".

Argumenta: "la materia común y corriente es alrededor de 5 por ciento de todo lo que hay (lo que han captado todo tipo de instrumentos astronómicos); 25 por ciento es materia oscura, y el 70 por ciento restante es la energía oscura. Los astrónomos lo único que vemos es la materia común y a partir de lo que vemos en ella, tenemos que deducir qué hace la materia oscura (que no la vemos), y también tenemos que inferir qué es y cuál es la cuantía de la energía oscura. Confío en que en los 10 años próximos deberíamos saber en qué consiste la materia oscura".

Recalca: "70 por ciento de la energía total del universo proviene del espacio vacío, a lo que llamamos energía oscura, que, a decir verdad, no tenemos la menor idea de qué es, pero posiblemente esté acelerando la expansión del universo".

Respecto de la materia oscura, se hacen investigaciones, como las del Consejo Europeo para la Investigación Nuclear (CERN, por su siglas en francés) con su Gran Colisionador de Hadrones, la máquina más grande construida por el ser humano, con la que se descubrió en 2012 la partícula llamada bosón de Higgs.

"El bosón de Higgs es sólo una más de entre un zoológico de partículas, las cuales tienen características que las hacen únicas. Entonces, puede que en el CERN encuentren partículas que correspondan a la materia oscura", comenta.

Tema más difícil

Ahora, dice Maza "la energía oscura es un tema más difícil y no sé si en 20 años vamos a tener una respuesta a su enigma".

Otra interrogante "es saber si podemos reconocer algún planeta que esté girando en torno a otra estrella. Todos los telescopios grandes quieren responder si hay vida en los exoplanetas, como los han llamado".

Le han preguntado comúnmente al doctor qué se necesita para ser un científico. A lo que siempre responde: "tienes que ser una persona inquieta, que no se conforma con las respuestas que le dan, pero sobre todo ser alguien que le guste aprender toda la vida. Eso es curiosidad intelectual. Y algo esencial: no se trata de motivar a los ya motivados, sino de motivar a los niños, que son libros en blanco que están por ser escritos".

Casos acumulados de coronavirus en el mundo (mapa de la Universidad John Hopkins)

El editor de la prestigiosa revista científica The Lancet aporta su visión crítica sobre la gestión de la epidemia

"En esta ocasión, los expertos y los científicos dieron como hechas algunas realidades que luego resultaron no ser ciertas"

 

Sabíamos que esto iba a pasar. En 1994 Laurie Garrett publicó un libro clarividente, un aviso, The Coming Plague [La próxima plaga]. Su conclusión era: "Mientras el género humano se pelea entre sí, la partida cae del lado de los microbios, que ganan terreno. Son nuestros depredadores y vencerán si nosotros, homo sapiens, no aprendemos a vivir en una aldea global que deje pocas oportunidades para los microbios".

Si les parece que esa forma de expresarse es hiperbólica, tengan en cuenta un análisis más sobrio realizado por el Instituto de Medicina de Estados Unidos en 2004. Se evaluaban las lecciones del brote de Sars de 2003 citando a Goethe: "Saber no es suficiente; debemos aplicar. Querer no es suficiente, debemos actuar". Concluía que "la veloz contención del Sars es un éxito de la salud pública pero también una advertencia… si el Sars sucede de nuevo… los sistemas sanitarios de todo el planeta recibirán una presión extrema… una vigilancia continua es de vital importancia".

El mundo hizo caso omiso a las advertencias.

Ian Boyd, quien fuera asesor científico del gobierno británico entre 2012 y 2019 recordó recientemente que "un entrenamiento realizado para un escenario de pandemia de gripe en el que morían alrededor de 200.000 personas me dejó hecho trizas". ¿Sirvió para que algún gobierno tomara medidas? "Aprendimos lo que funcionaría en caso de tener que aplicarlo, pero no necesariamente se pusieron en marcha las lecciones aprendidas".

Las políticas de austeridad acabaron con la ambición y compromiso por parte de los gobiernos de proteger a sus ciudadanos. El objetivo político fue disminuir el rol del Estado, que tuviera menor capacidad de intervención: el resultado fue dejar al país herido de gravedad. Sean cuales fueren las razones por las que no se aplicaron las lecciones de las simulaciones de Sars y gripe, el hecho es que –Boyd lo ha sintetizado- "nuestra preparación era deficiente".   

La respuesta global al Sars-CoV-2 es el mayor fracaso de la política científica de nuestra generación. Las señales estaban ahí. Hendra en 1994Nipah en 1998, Sars in 2003, Mers en 2012 y Ébola en 2014; todas esas grandes epidemias que afectaron a los humanos fueron causadas por virus que nacen en los animales y luego saltan al ser humano. El Covid-19 lo causa una nueva variante del virus que causó el Sars.

A nadie sorprende que las señales de alarma pasaran inadvertidas. Pocos de nosotros tienen la experiencia de una pandemia y todos tenemos parte de culpa por haber ignorado información que no refleja nuestra propia experiencia del mundo. Las catástrofes ponen de manifiesto la debilidad de la memoria humana. ¿Cómo puede planificarse ante un suceso aleatorio y extraño, más cuando el sacrificio exigido es tan intenso?

Como argumenta la sismóloga Lucy Jones en su libro de 2018 The Big Ones,"los riesgos naturales son inevitables, el desastre no lo es".

El primer deber de un gobierno es proteger a sus ciudadanos. Los riesgos de una pandemia pueden medirse y cuantificarse. Como han demostrado Garrett y el Instituto de Medicina, los peligros de una nueva epidemia se sabían y comprendían desde la aparición del VIH en la década de los 80. Desde entonces, al menos 75 millones de personas se han contagiado de ese virus y han muerto 32 millones de personas. Puede que no se haya extendido por el planeta a la velocidad del Sars-CoV-2 pero su alargada sombra debería haber puesto sobre alerta a los gobiernos para que tomaran las medidas necesarias ante el estallido de un nuevo virus.

Durante una crisis, es comprensible que tanto ciudadanía como políticos se conviertan en expertos. Pero en esta ocasión, los expertos, los científicos que han modelizado y simulado futuros posibles, dieron como hechas algunas realidades que luego resultaron no ser ciertas. El Reino Unido asumió que esta pandemia se parecería bastante a una gripe. El virus de la gripe no es benigno, el número de personas fallecidas cada año por gripe en Reino Unido varía mucho con un pico reciente de 28.330 muertos en 2014-2015 pero la gripe no es Covid-19.

En contraste, China quedó marcada por su experiencia con Sars. Cuando el gobierno se dio cuenta de que había un nuevo virus en circulación, las autoridades chinas no recomendaron el lavado de manos, ni toser con más educación o tener cuidado con el lugar en el que se tiraban los kleenex. Pusieron ciudades enteras bajo cuarentena y apagaron la economía. Como me dijo un ex secretario de salud inglés, nuestros científicos sufrieron un ataque de "sesgo cognitivo" ante el riesgo medio que supone la gripe.

Quizás por ese motivo, el comité más importante del gobierno en esta crisis, el recién creado grupo de asesoramiento ante las amenazas de virus respiratorios (Nrevtag) llegó a una conclusión el 21 de febrero, tres semanas después de que la Organización Mundial de la Salud hubiera declarado la crisis una emergencia de salud pública de alcance internacional: no objetaba la evaluación de riesgo "moderado" a la salud pública de la población del Reino Unido.

Cometieron un error importante.

No elevar el nivel de riesgo tuvo como consecuencia un retraso mortal a la hora de preparar al sistema de salud ante la ola de infecciones que estaba por venir. Es doloroso releer las peticiones desesperadas de ayuda por parte del personal de primera línea del sistema sanitario público en Reino Unido. "El agotamiento del personal de enfermería nunca ha sido tan alto y muchas de nuestras heroicas enfermeras están al borde de un ataque de nervios". "Enferma ver que esto sucede y que, de algún modo, el país, cree que es lo correcto permitir que algunos trabajadores enfermen, reciban ventilación y mueran". "Me siento como un soldado que va a la guerra desarmado". "Es un suicidio". "Estoy harto de que me llamen héroe porque si tuviera opción no vendría a trabajar".

La disponibilidad y el acceso a equipos de protección individual ha fracasado de manera estrepitosa en el caso de muchos sanitarios, médicos y personal de enfermería. Algunos gestores de hospitales habían hecho la planificación correcta. Muchos no han sido capaces de proveer los equipos de protección necesarios a sus equipos de respuesta en primera línea.

En cada conferencia de prensa, el portavoz del gobierno incluye la misma frase: "Hemos seguido los consejos médicos y científicos". La frase es buena. Sólo es cierta en parte. Los políticos sabían que el sistema de salud no estaba preparado. Sabían que no se habían organizado las capacidades suficientes para proveer de cuidados intensivos ante un incremento de casos y necesidades como las actuales. Un doctor me escribió lo siguiente: "Parece que nadie quisiera aprender de la tragedia humana de Italia, China, España… Es realmente triste… Los médicos y los científicos no han sido capaces de aprender los unos de los otros".

Se supone que vivimos en el 'antropoceno', una era en la que la actividad humana  impone su influencia sobre el medioambiente. El concepto de antropoceno conjura una cierta idea de omnipotencia humana. Pero el Covid-19 revela la sorprendente fragilidad de nuestras sociedades. Ha expuesto nuestra incapacidad para cooperar, coordinarnos y actuar juntos. Quizás no podamos controlar el ámbito de lo natural en absoluto. Quizás no tengamos la capacidad de control que alguna vez creímos tener.

Si el Covid-19 es capaz de imbuir algún grado de humildad al ser humano, es posible que después de todo acabemos mostrando cierta receptividad a las lecciones de esta pandemia letal. O quizás nos sumerjamos de nuevos en nuestra cultura de complacencia y excepcionalismo en tanto llegue la próxima plaga. Que lo hará.

La historia reciente nos muestra que más temprano que tarde

por Richard Horton - Director de la revista científica The Lancet

Traducción de Alberto Arce.

11/04/2020 - 20:29h

Cierre inmediato de la Cárcel de Villavicencio

La noticia, tardía, confirma lo que tanto se temía: el pasado 10 de abril el Instituto nacional penitenciario y carcelario (Inpec) confirmó la muerte de un exrecluso que estaba en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Villavicencio y que había recuperado su libertad el 1 de abril. Con retraso de tres días el Inpec confirmó el deceso, producido en el Hospital Departamental de Villavicencio, donde el exrecluso de 63 años ingresó el mismo día que recibió la boleta de libertad. El centro de salud confirmó el 7 de abril que perdió la vida producto de infección con Covid-19. ¿Cuántos contagiados y muertos necesita el Inpec y el gobierno nacional para clausurar de inmediato este centro de encierro y de muerte? ¿Cuántos presos más habrán muerto por el virus a nivel nacional y la opinión pública aún no está enterada de ello?

En particular en este primer muerto producto del Covid-19, el interno se sintió mal los días finales de marzo y el 31, ante su agravamiento, le autorizaron al amanecer el traslado al Hospital Departamental, donde le brindaron oxígeno para regresarlo a la prisión hacia medio día. Un día después, por coincidencia, le llega la boleta de libertad, la que no pudo disfrutar pues debió internarse de nuevo en el Hospital, del cual salió el 5 de abril pero sin vida

Una realidad de espanto. Normalmente en una cárcel, por la manera como están construidas, no existe espacio suficiente para guardar distancia entre presos, los cuales comparten un patio pequeño para su movilidad y mínimo esparcimiento, así como un comedor estrecho donde un preso se sienta a ingerir el alimento hombro a hombro con sus compañeros de desgracia. Así mismo son las duchas, sin espacio suficiente para guardar distancia entre quienes allí pasan sus días.

Realidad sufrida por miles a lo largo del país y por lo cual semanas atrás la población reclusa levantó su voz de protesta y la exigencia de deshacinar estos centros del horror, así como brindar prisión domiciliaria transitoria para todos los sindicados. La respuesta que recibieron fue el asesinato de 23 prisioneros en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá, más de 80 heridos y el posterior traslado –como castigo– de varios reclusos, tanto hombres como mujeres, para alejarlos de sus familias.

Mientras mujeres y hombres confinados tras barrotes demandaban medidas humanitarias y de emergencia, el Inpec declaraba la emergencia carcelaria y el Gobierno entrega un proyecto de decreto para reglamentar la manera en que haría efectiva el traslado a sus sitios de vivienda u otros espacios de vida a las personas presas a las que les abrieran las puertas de las prisiones. Ni uno ni otro han servido para nada, ya que la emergencia solo ha sido utilizada como paraguas para reprimir a quienes protestan, y el borrador de decreto, empantanado en trasladar a otros sitios de detención a sindicados, pero también condenados mayores de edad y enfermos, no ha logrado el consenso del poder.

Un decreto, valga enfatizar, en el cual se siente la ausencia de voluntad política, así como la aceptación y aplicación de la misma legalidad del Estado colombiano, expresada por sus jueces así: “[…] sobra recordar el carácter procesal, excepcional y preventivo que gobierna en el régimen democrático la imposición de una medida de aseguramiento de detención preventiva, más aún cuando se ordena en un establecimiento de reclusión, teniendo en cuenta su calidad provisoria y no sancionatoria, además que no puede perseguir fines de prevención general ni especial y, mucho menos retributivos o de resocialización” (*)

Jurisprudencia posterior a la Sentencia T-388 de 2013 (M.P. María Victoria Calle C.), en la cual la Corte Constitucional reclamó a los legisladores y a los jueces que: “Las medidas de aseguramiento deben ser excepcionales” […]. "Como parte de una política criminal y carcelaria respetuosa de un estado social y democrático de derecho, las entidades del Estado, sin importar la rama a la cual pertenezcan, deben tomar las medidas adecuadas y necesarias para evitar un uso indebido o excesivo de las medidas de aseguramiento que impliquen la privación de la libertad de una persona. El Estado tiene que tomar todas las acciones que correspondan para evitar que sea una realidad el adagio popular según el cual ‘la condena es el proceso’. Los abogados expertos en el litigio advierten que las medidas de aseguramiento mal administradas convierten el proceso penal en una manera de imponer una pena privativa de la libertad, hasta que se constate que no se pudo demostrar la culpabilidad de la persona. Bajo el orden constitucional vigente el proceso penal no puede convertirse en una manera de imponer, de facto, una condena arbitraria a una persona".

La cadena toma forma

Si había un infectado, y las condiciones de vida en los penales son tan precarias, deben estar infectados muchos más. En efecto, el sábado 11 de abril a las 2:25 en su cuenta de twitter el Inpec informa de un segundo preso infectado y de su traslado al Hospital Departamental. El diario El Tiempo informa ese mismo día en su página web que un hombre de 78 años fue trasladado de urgencia el 5 de abril al mismo hospital para morir dos días después. Un tercer interno también fue trasladado al centro de salud y allí permanece en tratamiento.

Una información entregada de manera tardía a la opinión pública, y a cuentagotas, reflejo de una administración de justicia que no garantiza los derechos humanos de todas las personas que han caído en prisión, las cuales pierden derechos como locomoción, derechos políticos, pero no el resto de derechos conquistados por la humanidad, en sus luchas contra la opresión.

De manera también tardía, el 10 de abril el Inpec en comunicado de prensa informó que inició el protocolo de emergencia de salud, no lo hizo a nivel nacional, solo para la prisión de Villavicencio, donde ejecutarán las siguientes medidas:

  • “Los adultos mayores y pacientes con patologías previas fueron trasladados a una zona de aislamiento primario especial, donde van a ser monitoreados por personal de la salud para hacer un proceso de búsqueda activa, con el fin de monitorear casos sospechosos.
  • Los demás internos del Establecimiento también se encuentran aislados, bajo el procedimiento de búsqueda activa de cualquier síntoma, con el fin de ser atendido de manera inmediata.
  • El día de mañana se realizará un consejo de seguridad municipal, a fin de establecer otras medidas frente al tema.
  • La Agencia Nacional de Epidemiología realizará el día de mañana un cerco epidemiológico en el Establecimiento para identificar la ruta de contagio de esta persona.
  • Se solicitó apoyo al Instituto Nacional de Salud para realizar la prueba de COVID - 19 a los funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia que trabajan en el Establecimiento y los Privados de la Libertad que tuvieron contacto con la persona contagiada.
  • Se asignaron recursos para comprar de manera inmediata elementos de bioseguridad a todos los funcionarios del Establecimiento”.

Éstas medidas están bien, pero deben aplicarse en todos los presidios, junto con la expedición del decreto que ordene el traslado a sus sitios de vivienda o lugares de paso para las 36.367 personas sometidas a prisión pese a solo estar sindicadas. Una medida que, como complemento, ayudará al deshacinamiento que reina en estos sitios, sobrepoblados en un 52 por ciento.

Unas medidas que mientras cierran este penal, tienen que ir más allá. De inmediato, por ejemplo, deben someter a toda la guardia a la prueba de coronavirus, personal que puede ser el conducto por el cual ingresó el virus al lugar del encierro.

El encierro como castigo no puede prolongarse hasta la muerte. Garantizar los derechos humanos de toda la población reclusa es obligación para el Estado colombiano.

Lea el especial de desdeabajo: Para toda la población carcelaria. Prisión domiciliaria transitoria, Ya!

*Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Acción de Tutela, expediente STP 14283-2019, radicado 104983 de octubre 15 de 2019, Magistrados Patricia Salazar Cuéllar y Luis Antonio Hernández Barbosa.

https://www.desdeabajo.info/component/k2/item/39331-para-toda-la-poblacion-carcelaria-prision-domiciliaria-transitoria-ya.html

 

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Publicado enColombia
Viernes, 10 Abril 2020 06:50

El agua se nos escurre entre los dedos

Rebelión

En general, usted lector (a) habitualmente utiliza el agua como un bien que está ahí, a su alcance, parece eterna. La usa para cocinar, aseo personal, regar el jardín o como empleo recreacional en piletas, fuentes y jardines. Para usted es algo común, el agua está ahí.

Sin embargo, en nuestro planeta, este recurso, sin el cual ningún organismo viviente podría sobrevivir, no es tan común para miles de millones de seres humanos. Según el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos del año 2019 (1): 2.200 millones de personas –es decir un 30% de la población mundial- no tiene acceso al agua potable, por tanto, con condiciones de salubridad que representan un peligro social. Dos de cada tres personas en el mundo sufren escases de agua, considerado grave, al menos una vez al año. 750 niños menores de cinco años mueren diariamente, ya sea por no tener acceso a saneamiento básico o por beber aguas insalubres. El año 2030, 700 millones de personas en el mundo, se verán desplazadas de sus lugares de origen por la falta de agua. Y, en materia de género, en cuatro de cada cinco hogares son las mujeres las encargadas de recoger el agua para los hogares, en fuentes ubicadas en ocasiones a varios kilómetros.

Los datos objetivos, tanto aquellos manejados por la ONU como por agencias gubernamentales coinciden en que el uso del agua viene aumentando a una tasa del 1% anual, principalmente desde la década de los 80 del siglo XX hasta ahora. Esto, por el aumento poblacional, el desarrollo social y económico de los pueblos y los cambios en los modelos de consumo, que han incrementado ese uso. En ese nuevo contexto, tanto el agua potable como el saneamiento son reconocidos como derechos humanos fundamentales, tanto en el sentido material (sustento de la población) como también subjetivo (la dignidad de los seres humanos). Esto debería obligar a los Estados a proporcionar a su población el acceso al agua potable y saneamiento sin discriminación, donde se priorice a los sectores más necesitados. Conceptos como acceso, equidad y seguridad son esenciales.

En un interesante trabajo titulado “Agua: ¿dónde está y de quién es? se señala, respecto al agua, en el marco descrito anteriormente, que los temas de propiedad, gestión, manejo y disponibilidad de las aguas ha pasado a constituirse en un eje crítico de las decisiones políticas, económicas y sociales, que debemos tener respecto a este recurso. “A los crecientes problemas de acceso y calidad de los recursos hídricos, se agregan las consecuencias de los procesos de liberalización y privatización del agua, que han transformado su definición desde un bien nacional de uso público, hacia un bien económico sujeto a las reglas del mercado”

En el Informe de la ONU señalado, respecto a Latinoamérica y la región del Caribe, se afirma que esta zona del mundo carece, mayoritariamente, de fuentes adecuadas de agua potable. Con insuficiencias en instalaciones seguras y dignas para la eliminación de las heces. Millones de personas, habitantes de las principales metrópolis del continente están sin acceso al líquido elemento, concentrados en lo que se denomina los cinturones de pobreza, donde el suministro de servicios de agua potable y sanitarios es insuficiente y en otros, sencillamente inexistentes, teniendo que recurrir a camiones aljibes, llaves comunitarias, además del uso letrinas y pozos sépticos, que contaminan además las napas subterráneas.

En gran parte de Latinoamérica, el servicio de agua potable, acompañado de procesos de privatización han generado fragmentación de sus estructuras de servicios, con gran número de prestadores “sin posibilidades reales de lograr economías de escala o viabilidad económica y bajo la responsabilidad de gobiernos locales, que carecen de los recursos e incentivos necesarios, para hacer frente con eficacia a la complejidad de los procesos involucrados en la prestación de servicios. Un ejemplo paradigmático de la privatización del agua lo vive Chile, el único país del mundo que mantiene legalmente privatizada el agua, estableciendo la protección al derecho de propiedad privada más fuerte en el mundo, donde el Estado no interfiere en ningún aspecto para garantizar el bien público.

A principios de los años 90 del siglo XX, en el país sudamericano, bajo el gobierno del ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle se privatizó la administración de la infraestructura y los derechos de agua, que pasaron desde el Estado a las empresas privadas. Privatizando así las principales distribuidoras de agua del país. Bajo el gobierno de Ricardo Lagos (sucesor de Eduardo Frei) se optó por un modelo distinto. La llamada Transferencia del derecho de explotación de las concesiones sanitarias, donde a una empresa privada se le entrega la concesión y las inversiones en infraestructura, por un periodo de 30 años al cabo de las cuales definiría su continuidad.

En Latinoamérica, la necesidad de generar inversiones en el tema agua potable y saneamiento sanitaria, debido al aumento poblacional, el desarrollo social y económico de los pueblos y los cambios en los modelos de consumo, generaron la decisión de parte importante de los gobiernos de nuestro continente, marcados por el modelo neoliberal de entregar a empresas extranjeras (donde se destacaron las de origen español) las oportunidades de inversión en infraestructura y saneamiento. “La incapacidad de las autoridades, para brindar una cobertura adecuada a los ciudadanos incitó un aumento de contratos de privatización de servicios de agua entre inversionistas extranjeros y Gobiernos. Hoy en día 10% de los consumidores en todo el mundo reciben agua vía empresas privadas” y en Latinoamérica esa cifra es mayor a medida que las presiones por privatizar los servicios públicos se imponen, sobre todo bajo la égida de gobiernos de corte neoliberal.

Para José Esteban Castro en su trabajo: La privatización de los servicios de agua y saneamiento en América Latina “esas políticas de privatización implementadas desde la década de 1990, para reorganizar los servicios de agua y saneamiento en América Latina, han tenido poca relación con los problemas específicos de esos servicios. Se presentó la privatización como la solución a la crisis de este sector, caracterizada por: falta de cobertura, calidad inadecuada de la prestación, corrupción y falta de inversión pública en la expansión y renovación de la infraestructura. Sin embargo, la razón principal no fue la búsqueda de soluciones a estos problemas, sino la aceptación acrítica de una política fundada en los principios y argumentos característicos de la ideología pro-privatización, que resurgió en los años 80. La crisis real de los servicios fue utilizada y hasta provocada, para promover las privatizaciones.

La privatización del agua es un negocio multimillonario. Se calcula, que para el año 2025, el gasto anual de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en infraestructura relacionada, superará el billón de dólares. Las nuevas tecnologías y la necesidad de inversión adicional en infraestructura aumentarán la demanda en el mercado, lo que potencialmente generaría valoraciones de miles de millones de dólares. Dichas oportunidades y promesas económicas explican en gran medida, por qué los servicios de agua se han ganado el apodo de “oro azul”

En Latinoamérica las cifras respecto al agua dulce la presentan como un botín muy apreciado, un bien económico y no un derecho social. El 26% del agua dulce del planeta está en América Latina, en forma de acuíferos, campos de hielo, ríos, lagos. Sólo Brasil contiene el 5% de toda el agua dulce del mundo. Los 22.100 metros cúbicos de agua per cápita representa el triple del promedio mundial. Entre los 10 principales ríos del mundo, cinco son latinoamericanos: Orinoco, Amazonas (que representa la quinta parte del caudal fluvial del mundo), Rio Negro, Paraná y Madeira. El Acuífero Guaraní es la tercera reserva mundial de agua dulce y se extiende bajo la superficie de Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil. Sus reservas podrían dar agua a todos los habitantes del planeta durante 200 años, de ahí la importancia geopolítica que este acuífero posee, poniéndolo en el radar de los intereses hegemónicos estadounidense.

Pero se da la paradoja, igualmente, que esta Latinoamérica, dotada de recursos hídricos envidiables, 100 millones de sus habitantes carecen de total acceso a ella, surtiéndose de fuentes ocasionales. El 25% de la población latinoamericana (de un total de 629 millones de habitantes) no tienen acceso a servicios de agua potable y saneamiento. República Dominicana Haití, Nicaragua, Perú, Ecuador son, dentro de Latinoamérica, los países con menores capacidades de acceso a esas fuentes de agua potable y saneamiento Sólo el 20% de las aguas residuales de este subcontinente reciben tratamiento. Las represas hidroeléctricas Itaipú y Simón Bolívar, son la segunda y la cuarta más grandes del mundo respectivamente.

Las cifras mencionadas respecto a este oro azul han traído a América Latina a numerosas empresas sanitarias, hidroeléctricas, de distribución de agua entre otras, que representan una tajada importante de ingresos para multinacionales como Endesa, Iberdrola, empresas chinas, entre otras. Según datos entregados por el Banco de Desarrollo de América Latina – CAF – (4) en el Foro Mundial del agua del año 2018, Latinoamérica necesita invertir 12.500 millones de dólares, para alcanzar las metas trazadas por la ONU en los llamados “objetivos de desarrollo sustentable) que entrega datos desalentadores en el plano de agua y saneamiento (2) si no se trabaja por lo signan como el Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos (3) que la ONU volcó en la agenda 2030. Como también en los objetivos planteados en la meta de “No dejar a nadie atrás” según el Informe de Mundial de las Naciones Unidas Sobre el desarrollo de los recursos Hídricos presentado el año 2019.

La dicotomía se da respecto al papel que deben desempeñar los Estados y la iniciativa privada, cuestión de áspero debate en momentos que la propia esencia del neoliberalismo está siendo cuestionada en virtud de la pandemia global del Covid-19, que ha sacado a relucir la importancia de concretar Estados poderoso, capaces de garantizar, salud, educación, bienestar y servicios básicos a su población como derechos irrenunciables, entre ellos el agua potable y el acceso a servicios sanitarios. Para el mundo privado, las empresas de lobby, los gobiernos neoliberales y las multinacionales en Latinoamérica existe un déficit de infraestructura, de capital humano, institucional, financiero y de gobernabilidad, que son las que llevan a situaciones de escasez. Una región apetitosa, donde pueden invertir y tener retornos multimillonarios al cabo de pocos años.

Chile sigue siendo el ejemplo de la presencia de capitales extranjeros, que suelen replicar posteriormente sus inversiones en Latinoamérica, en materia de suministro de agua potable y servicios sanitarios. En el caso chileno, su participación en el mercado alcanza el 93%. Grupo europeo Agbar-Suez, controladora de Aguas Andinas (con ganancias en el país que superaron los 150 millones de dólares el año 2019 y más de 2.300 millones en sus subsidiarias en el mundo), Essal y Aguas Cordillera, que abastece a cuatro de cada diez chilenos. Empresa que a su vez deriva labores hacia el sector de aguas servidas incrementando notablemente sus ingresos. La sanitaria canadiense ligada al mundo docente en Canadá -Ontario Teachers Pension Plan, OTPP – que suman el 36% del mercado con plantas de distribución de agua potable y tratamiento de aguas servidas.

Por su parte, las sanitarias propiedad de la japonesa Marubeni en alianza con la empresa del mismo país Innovation Network Corporation of Japan, con un 9%. Incluso hay presencia de inversiones colombianas, a través de la llamada Empresa Pública de Medellín (EPM), que compró Aguas de Antofagasta al grupo Luksic en US$ 967 millones. La empresa de Singapur Sembcorp, por su parte, vendió a la española Sacyr y sus cuatro empresas de agua, que serán gestionadas por la filial agua Sacyr en servicios de captación de agua bruta, distribución de agua potable, recogida y depuración de aguas residuales.

Una fragmentación que da luces de lo interesante y atractivo que resulta, para estas empresas, invertir en un negocio considerado estable, de rentabilidades seguras, que atrae a inversionistas de largo plazo. Es un negocio redondo ¡claro! pero para el que lo pueda pagar pues el resto deberá seguir en sus mismas condiciones de carestía, sujeto a los vaivenes del mercado, mirando como ciertos cultivos, la minería, los proyectos hidroeléctricos, como también la ineficacia de sus gobiernos e intereses económicos marcados por la corrupción, junto a la invisibilización de los derechos sociales, entre otros le impiden el pleno acceso al agua potable, al saneamiento y en definitiva a su plena dignidad como persona. Que el agua se nos escurra entre los dedos (pero lo mínimo) sólo cuando nuestra sed y nuestra necesidad de higiene esté satisfecha.

Notas:

  1. Extraído de https://www.acnur.org/5c93e4c34.pdf. Publicado en 2019 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 7, place de Fontenoy, 75352 París 07 SP, Francia. © UNESCO 2019. Este informe es publicado por la UNESCO en nombre de la ONU-Agua. La lista de miembros y socios de la ONU-Agua se puede encontrar en el siguiente sitio web www.unwater.org.
  2. Datos relevantes. 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento. Al menos 892 millones de personas continúan con la práctica insalubre de la defecación al aire libre. Las mujeres y las niñas son las encargadas de recolectar agua en el 80% de los hogares sin acceso a agua corriente. Entre 1990 y 2015, la proporción de población mundial que utilizaba una fuente mejorada de agua potable pasó del 76% al 90%. La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y se prevé que este porcentaje aumente. Más de 1700 millones de personas viven actualmente en cuencas fluviales en las que el consumo de agua supera la recarga. 4 billones de personas carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento, como retretes o letrinas. Más del 80% de las aguas residuales por actividades humanas se vierten en los ríos o el mar sin ningún tratamiento, provocando su contaminación. Cada día, alrededor de 1000 niños mueren debido a enfermedades diarreicas asociadas a la falta de higiene. Aproximadamente el 70% de todas las aguas extraídas de los ríos, lagos y acuíferos se utilizan para el riego. Las inundaciones y otros desastres relacionados con el agua representan el 70% de todas las muertes relacionadas con desastres naturales.
  3. Objetivos 2030. Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad. De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial. Aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua. Implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda. Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. Ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización. Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento

Por Pablo Jofré Leal | 10/04/2020

Cedido por www.segundopaso.es

Publicado enMedio Ambiente
El doctor Tomàs Pumarola, jefe de microbiología del hospital Vall d’Hebron de Barcelona.MASSIMILIANO MINOCRI / EL PAÍS

El jefe de microbiología del hospital Vall d’Hebron de Barcelona teme que, a largo plazo, el coronavirus mute y escape a la presión inmunológica

La pandemia de coronavirus ha obligado a la población a hacerse un máster apresurado en microbiología. Antígenos, anticuerpos o reacción en cadena de polimerasa (PCR) se han incorporado al vocabulario común. Todo ello para entender qué y cuentas pruebas de detección hay para la Covid-19 y cómo funcionan. Conocer la dimensión real de la pandemia y el nivel de inmunización de la población es lo que trae de cabeza a la comunidad científica. También encontrar una vacuna y seguir desentrañando los secretos de ese microorganismo con forma de corona.

En esas anda el jefe del servicio de microbiología del hospital Vall d’Hebron de Barcelona, Tomàs Pumarola (Barcelona, 62 años). En esta crisis sanitaria, más de 15.000 PCR han pasado por sus manos y estudia de cerca las posibilidades de los otros test de detección en el mercado. “Hay tres técnicas, una lenta y dos rápidas: la PCR, el test de antígenos y el test de anticuerpos”, recuerda.

La PCR, “la de referencia”, es la más lenta (tarda cinco horas el resultado) y requiere equipos técnicos y profesionales especializados, pero también es la más fiable. Los test de antígenos son más rápidos (15 minutos) y no precisan grandes recursos humanos y técnicos, pero su sensibilidad es baja: entre el 30%y el 40% en los primeros días de infección, lo que implica que si sale negativo, se precisa una PCR de confirmación. Los test de anticuerpos son ágiles y tienen una sensibilidad del 80%, pero solo seis o siete días después de desarrollar el cuadro clínico.

Pregunta. ¿Cuál es la mejor técnica?

Respuesta. Depende de la pregunta que tengas. Para hacer el diagnóstico sobre el paciente que llega a la puerta de Urgencias, lo mejor es la PCR. Si no dispongo de un laboratorio para hacer PCR y me llega en los tres primeros días, puedo tener una técnica más sencilla, que es el test de antígenos. Si el de antígenos sale negativo, puedo derivar esa muestra a un laboratorio que haga la PCR. Otra utilidad de la PCR, fuera del diagnóstico, es cuánta gente sin síntomas es portadora del virus en el tracto respiratorio. Donde va a tener utilidad el anticuerpo es en saber quién ha pasado la infección y quién no, quiénes están protegidos y quién no.

P. En esta situación de pandemia, ¿qué es lo que más apremia saber?

R. En estos momentos, en el desconfinamiento, lo que más nos interesa saber es a cuánta gente ha infectado el virus. Eso me va a permitir establecer modelos predictivos de cuánto va a durar todavía todo esto. El virus se parará en el momento en el que haya infectado a un número determinado de la población, cuando haya inmunidad poblacional. Si detectamos que el 30% de la población está infectada, es probable que deje de infectar durante un tiempo. Si solo se ha infectado el 10%, es posible que cuando se empiece a desconfinar, continúe infectando.

P. ¿Cuánto dura la inmunidad?

R. No lo sabemos. No sabemos si la persona que tiene anticuerpos está protegida. Asumimos que sí, pero no sabemos, y tampoco durante cuánto tiempo. Hay varias preguntas: ¿esos anticuerpos me están protegiendo?, ¿cuánto tiempo van a durar en sangre? Habrá que esperar a tener meses de experiencia. Pero imaginemos que estoy protegido durante dos años, ¿el virus va a cambiar?

P. ¿Los coronavirus mutan mucho?

R. Son virus RNA, tienen mucha variabilidad. Tienen diferentes grados de estabilidad. Hay que tomarlos con mucha precaución. Tenemos las experiencias del SARS y el MERS: el MERS no ha cambiado y el SARS duró solo seis meses. Lo que no podemos decir es que este problema no lo vamos a tener. Lo que hay que hacer es vigilar el virus y ver si a lo largo del tiempo es capaz de cambiar.

Ahora no va a cambiar. Cuando un virus entra en una persona con anticuerpos, estos obligan al virus a mutar para sobrevivir. Ahora el coronavirus está entrando en personas que no tienen anticuerpos y no necesita cambiar, pero cuando empiece a reinfectar a personas con anticuerpos, estos lo van a presionar mucho para que cambie. Es la presión inmunológica.

Cuando haya infectado a un número importante de población y le cueste infectar a más, desaparece y vuelve a aparecer más tarde. Si hay un nivel de la población alto que le protege, cada vez le va a costar más y es posible que desaparezca o no. La clave es la vacuna. Si nos consigue proteger al 100% de forma duradera, conseguiremos eliminarlo definitivamente, como hicimos con la viruela. Pero si la vacuna no es 100% efectiva y el virus va cambiando, tendremos que convivir con él, con mucha menor malignidad.

P. ¿Llegará antes la vacuna o la inmunidad?

RLa vacuna tenemos todavía para un año. Veremos. Dependerá de la industria y del virus. De si las proteínas del virus que estoy usando para hacer la vacuna van a ser suficientes para hacer una respuesta inmune o no. Hay vacunas de la proteína del microorganismo donde se induce muy mal la respuesta inmunitaria, como el meningococo B. Este puede ser el principal cuello de botella para conseguir la vacuna. Con otros coronavirus la respuesta inmune ha sido baja. También es cierto que tenemos metodologías que nos permiten potenciar la respuesta inmune.

P. ¿Cuándo empezará a frenar este coronavirus?

R. No sabemos cuándo empezará a tener dificultades. Va a depender mucho de varios factores, como si los anticuerpos de las personas infectadas son muy protectores o no. El coronavirus del SARS fue muy agresivo y desapareció. El MERS es muy agresivo, pero se transmite fatal. Y hay otros cuatro coronavirus que nos afectan cada año de una forma leve y habitual. Hay mucha variabilidad. Los virus son impredecibles.

P. ¿Pero este ha venido para quedarse?

R. Depende de los anticuerpos y de la transmisibilidad. El virus del SARS se transmitía cuando la persona estaba enferma y era fácil delimitar la infección. Este lo transmite gente enferma y gente sana.

P. Este virus daña, no solo los pulmones, sino también el riñón y el corazón.

R. El virus es un disparador: lo que nos crea una lesión grave no es él, sino el sistema inmune, que reacciona de forma anómala al virus. La hiperactuación del sistema inmune es la que nos lleva a la UCI.

Cuando el virus entra, despertamos una respuesta inmune que lo neutraliza: la sensación de decaimiento, cansancio y fiebre es la respuesta inmune. Controlamos el virus, lo eliminamos y nos curamos. Pero hay un pequeño número de personas cuya respuesta no es capaz de neutralizar el virus y este continúa multiplicándose. Ahí el organismo responde activando más la respuesta inmune y se crea un círculo que lleva a una hiperactivación del sistema inmune que nos lleva a la UCI.

p. ¿Qué les falta por saber del coronavirus?

R. Muchas cosas. Lo que más nos quita el sueño, como microbiólogos, es cuál será su capacidad de variación, si será capaz de escapar a la presión inmunológica una vez haya infectado al 80% de la población y empezar de nuevo el proceso. Nos preocupa mucho que el coronavirus acaba teniendo un comportamiento similar a la gripe

Barcelona - 10 abr 2020 - 03:42 COT

Ineficaz emergencia carcelaria contra coronavirus en Colombia

A pesar de la protesta pacífica llevada a cabo por la población carcelaria a nivel nacional el pasado 6 de abril, reclamando sus derechos a la salud y a la vida, el gobierno nacional no agiliza el decreto para deshacinar prisiones y así evitar un alarmante riesgo de contagio en estos centros del oprobio. Por el contrario el director general del Inpec, general Norberto Mujica, autorizó que personas con “alto perfil delincuencial” que están en Uri (Unidades de reacción inmediata) y estaciones de policía sean enviadas a las cárceles.

La población carcelaria continúa exigiendo sus derechos frente a la pandemia del coronavirus. No temen volver a protestar, a pesar de la masacre sufrida el pasado 23 marzo que dejó 23 reclusos muertos a manos del Inpec y más de 80 lesionados. Y a pesar de la intimidación y castigo a que han sido sometidos, con traslados a cárceles lejos de sus familiares, y con requisas cada vez más frecuentes y la intimidación que se padece en medio de ellas.

Es así como durante la semana que inició el 6 de abril, llevaron a cabo cacerolazos, desobediencias y huelgas de hambre en un total de 24 cárceles. Siguen exigiendo al gobierno nacional y al Ministerio de Justicia medidas inmediatas para reducir el 52 por ciento de hacinamiento que reina en las cárceles del país, precisamente uno de los factores de riesgo para contraer el letal virus Covid-19, sumado a lo cual está el precario servicio de agua con que abastecen muchas prisiones del país, asi como sus antihigiénicas instlaciones, la mala calidad del servicio médico ofrecido a su interior, para solo relacionar algunos de los factores que agobian la vida de quienes pasan sus días a la sombra y que facilitarían la rápida reproducción del virus.

Sobre esta situación, Gavino Silva, encargado del área carcelaria del Equipo Jurídico Pueblos, comentó que los reclusos exigen medidas inmediatas frente a la pandemia porque “Los presos ven con bastante preocupación cómo se está expandiendo el virus en el país. Sienten que muy pronto les va a llegar. Los guardias del Inpec están entrando sin tapabocas y sus medidas de seguridad sanitaria son bajas. Ellos pueden estar ingresando el virus a las cárceles. Comentan (los presos) que el gobierno decretó una emergencia carcelaria, después de la masacre de los 23 presos, que para lo único que ha servido es para reprimirlos y empezar a trasladarlos”.

El director general del Inpec, Norberto Mujica, y la ministra de justicia Margarita Cabello, decidieron decretar la emergencia carcelaria por temas de salud y orden público, pero lo único realizado a gran escala es evitar las visitas a los presos y realizar jornadas de aseo en las cárceles. Esto no quita de raíz el alto riesgo de propagación del virus, ya que las medidas impuestas o recomendadas a lo largo del país para evitar la propagación del virus en los lugares de encierro no es posible implementarlas: guardar distancia entre personas –dos o tres metros–, asearse las manos con frecuencia no superior a las tres horas, usar gel y desifectantes, evitar contacto directo con metales, usar mascarillas y de ser posible guantes.

Pero el decreto de la emergencia carcelaria proyectado desde hace algunas semanas para reglamentar la excarcelación y deshacinar prisiones, para evitar un contagio masivo, no ha pasado de su borrador, sigue engavetado en discusiones entre entes gubernamentales. La pandemia no da espera y una crisis de salud pública en cárceles está en riesgo de estallar. La última discusión sobre el borrador del decreto corrió por cuenta de las objeciones presentadas por la Fiscalía General de la Nación a cargo de Francisco Barbosa, quien dijo que la adopción de medidas de deshacinamiento serían innecesarias porque no reducen el riesgo de propagación del SARS-Cov-2, así como llevar a los reclusos a sus sitios de vivienda sería trasladarle una pesada responsabilidad a su familia.

Ante estas objeciones, la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Sentencia T-388 de 2013* se manifestó en un carta abierta. Sobre ello Gloria Silva, integrante de esta Comisión, en entrevista con desdeabajo contó: “La fiscalía plantea que la ley ordinaria ya tiene una serie de medidas para poder acceder a estas excarcelaciones, lo que plantea la Comisión es que esas medidas no cumplen con el propósito de deshacinar de manera rápida las cárceles en frente del corona virus. Si fuera así no estuviéramos con este problema de hacinamiento”.

Una evidente falta de voluntad política por parte del gobierno nacional para resolver esta problemática, como también queda manifiesta en las objeciones interpuestas por la Fiscalía para utilizar las medidas de sustitución existentes en el ordenamiento legal (la reclusión domiciliaria u hospitalaria para personas con enfermedades graves, bien sean sindicadas o condenadas), lo que nos lleva a preguntarle a Gloria, ¿qué pasa entonces con los sindicados que son casi 38.000?

“Prisión domiciliaria se le puede aplicar a sindicados y condenados pero existe un régimen de exclusiones que impide la salida de muchos. El decreto se vuelve más restrictivo que hasta la misma ley ordinaria, por ejemplo, el delito de rebelión está excluido cuando en la ley ordinaria no. La ley plantea la detención domiciliaria u hospitalaria para personas con enfermedades graves, pero lamentablemente existen aún muchas personas con este tipo de patologías privadas de la libertad. Pero también hay un régimen de exclusiones que se mantiene en el borrador del decreto, que es bastante restrictivo y complicado” contestó la abogada.

¿Qué tipo de exclusiones hay en el decreto?

“Hay un trato discriminatorio. Por ejemplo, están excluidos delitos como hurto calificado y agravado. ¡Y la mayor parte de la población carcelaria está por hurto! Está excluido el delito de robo de ganado: el abigeato ¿Cuántas personas habrán condenadas por abigeato?, o también delitos como porte o tráfico de estupefacientes, donde muchas de quienes permanecen presas son personas pobres que hacen parte de la primera línea de producción y procesamiento de las drogas”, explicó la abogada Gloria Silva que hace parte de esta Comisión reconocida por la Corte Constitucional y cuyas recomendaciones son tomadas en cuenta por la misma para contrastar información.

La más reciente jornada de protesta pacífica realizada por los presos no tuvo mucha cobertura en medios, ni tampoco despertó el interés del gobierno para agilizar el decreto para una inmediata solución a la población carcelaria. Tal vez esto signiica que, como ya es norma en Colombia, solo los sucesos con sangre merecen la atención del poder, así como de los medios oficiosos de comunicación. Ojalá no estén esperando que las circunstancias lleven a otra masacre, para así darle vía libre al decreto, o que el virus desate una emergencia de salud y muerte entre barrotes para ahí sí tratar de remediar lo que ya no tendría solución.

El problema del deshacinamiento de las cárceles del país, uno de las circunstancias estructurales que la misma Corte Constitucional ha declarado como parte de la violación sistemática de derechos humanos de la población reclusa, no es asiumido por parte del gobierno nacional como una prioridad por superar. Un gobierno indolente, violento, que en el caso de la pandemia en curso incurre en evidentes contradicciones con sus medidas de cuarentena. Es así como el número de contagiados día tras día aumenta y más tarde que temprano llegará a las cárceles. El momento oportuno para evitar la propagación del virus es ahora.

*Recordemos que con esta Sentencia la Corte Constitucional declaró por segunda vez el estado de inconstitucionalidad en las cárceles del país e identificó que allí existe una violación sistemática de los derechos humanos.

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Jueves, 09 Abril 2020 08:22

De repente el virus llegó a la puerta

De repente el virus llegó a la puerta

De repente el virus llegó a nuestra ciudad y la habita. Esa sucesión de horas y lugares que considerábamos “normal” acaba de licuarse e irse lavamanos abajo. Por eso, la pregunta por lo que considerábamos normal queda abierta. Porque lo que emerge de la “anormalidad” pandémica es la certeza de que lo normal era caótico. Habitábamos una normalidad caótica y desigual, donde unas personas se desgañitaban por dos pesos para el pan o para el crack, mientras otras cantaban en el karaoke o gritaban las subidas en la bolsa.

Porque el bicho silenció las calles. Invisible, nos obligó a la rutina de alejamiento e higienización. Sin ruido ni agazapado puso nuestra vida en estado de guerra, como insisten políticos, médicos y otros agentes de gobierno. El pulso de la “normalidad” era el ruido ensordecido de mil batallas. Hace mucho estamos en una guerra social que por el virus ganó un compás unánime.

La médica Sophie Mainguy advirtió del sinsentido de la metáfora bélica usada en la pandemia. Recalcaba la inexactitud retórica que pone al virus-criatura-natural, en guerra contra nuestra civilización. La naturaleza nunca ha sido nuestra enemiga. Hemos explotado cada gesto de su pasividad desarmada, siendo apenas una pintoresca “materia prima” para el comercio. Es insostenible comenzar una guerra sin un enemigo definido que carece de armas. Esta pandemia es estrictamente el avance de una forma de casi-vida (los virus no están vivos) sobre una especie bípeda en la que encontró posibilidades de reproducción.

Hasta antes de la vida en cuarentena, eran comunes los fines de semana y las vacaciones en la naturaleza, sin preocuparnos mucho por el probable ataque de una horda de virus. Buscábamos el canto de los pájaros y de los insectos y nadábamos en cualquier pozo sin miedo a contagiarnos. La naturaleza, pensábamos, era la “oposición” agreste de la civilización. Pero en el neoliberalismo todo está se mercantiliza. La “naturaleza” fue convertida en “nichos” de monetización. Hoy contabilizamos los precios de producción y consumo de oxígeno. Los países comercian huellas de carbono y derechos de emisión de gases de invernadero. La pretensión de retorno a la naturaleza como pretensión de resistencia a la civilización es el tonto ensueño good vibes de un hippie que viaja en primera clase.

La unidad entre civilización y naturaleza se funda en los tránsitos entre especies, espacios y explotaciones. El flujo neoliberal transportó el virus a las ciudades. El murciélago acusado de la transmisión fue apenas la silla. Que aquel natural virus ahora corra suelto por Guayaquil, Milán o Nueva York es consecuencia del libre comercio de commodities, extraídas de todos los rincones del planeta sin reparar en cuidados para los pobladores, humanos y de otras especies. La otra consecuencia es que en todas las esquinas del globo el bicho tumba gente como moscas con graves problemas respiratorios.

El coronavirus simplemente pasó de un mamífero a otro, por puentes orgánicos entre personas y animales. No busca acabar con la humanidad y menos mantenernos en un asedio permanente que acabe con nuestra vida “normal”. Apenas aprovecha la aglomeración de bípedos para engendrar nuevas cadenas de proteína, sin importarse por el número de contagiados y muertos y menos aún por la suerte de la economía mundial. Carece de estrategia, no entrena ni abastece un ejército, tampoco está previendo armisticios o rendiciones. Sólo hace copias de sí aprovechando la dinámica de las células del bípedo. Una tarea silenciosa y repetitiva que se opone a las estridencias de grandes guerras y al ruido mecánico de la libertad de comercio.

Porque la libertad de mercado sólo funciona por la explotación de todos los seres que participan de cuerpo presente en esas cadenas de valor. Explotados los murciélagos y su cazador. También conductores, agricultoras, empleadas de servicio y todos los que producen valor. La etiología del COVID-19 se explica por el estrechamiento de los contactos entre humanos y otros organismos, debido a la explotación intensa de todos los ecosistemas. Esto lleva a especies de animales silvestres a convivir en espacios reducidos, aumentando la densidad de vectores y enfermedades. Organismos diversos viviendo en inquilinatos y tugurios “naturales”.

El neoliberalismo tuguriza. La normalidad de nuestras ciudades neoliberales incluye el hacinamiento de millones de organismos que son quienes limpian, cocinan, cuidan, matan, transportan y vigilan. Con enormes dificultades económicas y sanitarias, los tugurios son la batahola de la guerra social, contracara del silencio que reina en los barrios de clases medias y altas. El neoliberalismo también tuguriza a los organismos silvestres recluidos en pequeñas selvas y a las vacas y gallinas hacinadas en granjas de engorde. Y en todos esos tugurios se escucha claro el ruido de la guerra de nosotros contra nosotros, motivada por el comercio desbocado.

Una guerra que son las palabras de un Bolsonaro calificando la pandemia de gripezinha, mientras los hospitales en São Paulo y Río de Janeiro comienzan a estar abarrotados de gente con problemas respiratorios. Una guerra que son los balazos que matan a un indígena por proteger las selvas o a un campesino por negarse a vender sus tierras para algún emprendimiento agroindustrial. La guerra silenciada son los alaridos de los extremistas religiosos prometiendo estridentes apocalipsis.

La guerra son los exitosos celebrando a coro la privatización de todo, mientras que lloran en Twitter por la contaminación del mundo por cuenta de las empresas que nos privaron de todo. También es la negación de la guerra por políticos que hacen lobby ante los fabricantes de

armas. La guerra son el inmigrante venezolano machacando su cuerpo en una bicicleta para entregar el pedido del Rappi y siendo insultado por ser migrante. Son las voces impostadas de los videos conspiracionistas de todo tipo. Son los ataques a las ciencias, sociales y naturales, que siempre ayudaron a resolver epidemias y otros males. Porque la ausencia de ruido es el testimonio de la masacre que sostiene la normalidad, esa que podemos escuchar claramente ahora que el virus nos tocó a la puerta.

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Lo que confirmó y nos quebró el coronavirus

Desde Caracas. La pandemia nos obligó a una nueva realidad, confirmó y aceleró tendencias y precipicios. El volumen aplastante de noticias diarias toca desde las subjetividades, hasta la geopolítica. Todo se mueve -salvo el encierro para quienes podemos mantenerlo- y en ese movimiento se perciben los bordes de los cambios que avanzan a una velocidad desconocida para nuestra generación.

Vivimos una experiencia que afecta a miles de millones de personas. Dentro de esa globalidad existe, a su vez, una forma situada de atravesar esta pandemia: una ventana sobre Guayaquil con cadáveres en las calles, el silencio en Bérgamo, un comedor popular en Constitución, un departamento ante Nueva York detenida, un duelo a la distancia, o frente a esta computadora en Caracas.

La hiperconectividad hace a esta experiencia única y lleva, a veces, al peligro de perseguir las informaciones de muertos/contagiados/curados por país y últimas noticias, sin poder detenerse y ordenar algunos de los cambios centrales en desarrollo. En mi caso con el agregado de tratar de entender qué lugar ocupa Venezuela en el tablero norteamericano -y ruso- en este momento.

Se están jugando piezas centrales del orden en estos días que se hicieron semanas y, todo indica, serán meses. Una de esas piezas es el cambio de ideas-fuerza, y, en particular, el retroceso del neoliberalismo como propuesta económica y de sociedad.

Esa tendencia venía en crecimiento en América Latina, con los levantamientos del año pasado en Ecuador, Chile o la victoria electoral del Frente de Todos en Argentina. Se extiende ante la pandemia.

La propuesta de la salud privatizada, el achicamiento del Estado, o la resolución a través de las bondades del mercado, evidencian su incapacidad de construir respuestas ante la crisis. Son, de hecho, parte del problema, como queda de manifiesto con el impacto de los recortes en salud pública en Europa o la inviabilidad del modelo norteamericano.

Aparece así, para amplios sectores, la necesidad de Estados fuertes, sistemas de salud pública, la posibilidad de nacionalizar sectores estratégicos, la intervención en el orden desigual de las cosas para equilibrar entre las minorías que acaparan cuentas y propiedades millonarias, y las mayorías trabajadoras, de clases medias, populares.

Otra pieza es la geopolítica. La configuración de una multipolaridad en disputa se aceleró. Estados Unidos, con una crisis severa de pandemia, no logra liderar una respuesta internacional. Se trata de un golpe fáctico, de imaginarios y mitologías, con imágenes que podrían haber parecido impensables tiempo atrás, como la llegada de un avión militar ruso a Nueva York.

Esa ausencia norteamericana -que propone prohibir la exportación de suministros médicos- tiene su contraparte en la confirmación del papel tomado por China, que desplegó cooperaciones con diferentes países, independientemente de la orientación ideológica de los gobiernos. Ayuda a Italia, España, EEUU o Venezuela, con médicos y medicinas, al igual que Rusia y Cuba.

Es la confirmación de un nuevo ordenamiento con retroceso norteamericano, la gravitación de las potencias ya consolidadas -con proyectos como el euroasiático, teorizado por Alexander Dugin- y la evidencia del laberinto, aún sin salida, europeo.

La tendencia de fragmentaciones de pilares de la Unión Europea se confirma: la pandemia se suma a episodios como la implacable austeridad sobre Grecia en el 2015, el retorno de fronteras con la denominada crisis de migrantes en el 2016, y el actual Brexit. Los pedidos de Pedro Sánchez expresan esa situación, la necesidad de una respuesta europea proporcional a la crisis que aún no llega.

En ese movimiento de cimientos geopolíticos aparece la desintegración latinoamericana, sin herramientas para desarrollar políticas comunes. La Organización de Estados Americanos, con su rol en el golpe de Estado en Bolivia y su respaldo a gobiernos de derecha post represiones -como en Chile y Ecuador- ha demostrado lo que se sabía: no sirve intereses continentales sino norteamericanos.

¿Cuál es el lugar de América Latina en este nuevo ordenamiento? Los pilares de la derecha, modelo neoliberal y alineamiento irrestricto a EEUU, no tienen respuesta para proyectos nacionales, continentales, de mayorías.

Por último, envolviendo todas las piezas, se encuentra la crisis económica que el coronavirus catalizó, se agrava a medida que no aparecen señales certeras sobre el fin de la pandemia y las cuarentenas.

Dentro de esa crisis se encuentra el desplome petrolero que combina la caída de demanda, la sobreproducción -y limitaciones en la capacidad de almacenamiento-, y la misma disputa geopolítica, esta vez en el triángulo Rusia, Arabia Saudita y EEUU. Quien más pierde, por el momento, es norteamerica, las empresas de esquistos por el alto precio de producción y la posibilidad de retroceder en los avances energéticos estratégicos.

La pandemia ha puesto en movimiento piezas centrales del orden en poco tiempo. La velocidad de los acontecimientos y cambios tiene forma de caída. En esa caída están también los miedos -a la muerte, el encierro, la pobreza y el contacto ajeno-, las distopías, la cotidianeidad quebrada, lo surreal que es no poder salir a la calle sin barbijo en esta Caracas que enfrenta la pandemia con una curva por el momento bajo control, la amenaza norteamericana y la falta de gasolina.  

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