Cortar Internet durante grandes protestas se convierte en tendencia internacional: el caso de India es un precedente peligroso

- Cuanto más aumenta la conectividad a Internet, más aumentan también los intentos de algunos gobiernos por cortarla

- India es uno de los países que más corta la red, el año pasado se registraron 134 cortes y en Cachemira llevan sin internet 137 días

- Los gobiernos argumentan que controlando las telecomunicaciones defienden el orden público en sus países


El jueves, los usuarios de internet de Nueva Delhi comenzaron a notar que internet dejaba de funcionar. ¿El motivo? Había protestas. Cada vez más gobiernos autoritarios, entre los que toca incluir el de la democracia más habitada del mundo –India cuenta ya con un largo historial en esta lides– saben que la suspensión de los servicios de datos y llamadas son una buena táctica para desarticular la respuesta social en las calles.

El aumento del acceso a internet durante la última década, sobre todo en los países en vías de desarrollo, ha provocado un aumento paralelo de los intentos por controlar la información que transporta. Access Now, un grupo que promueve la libertad en la red, ha recopilado una lista de 75 cortes del servicio en 2016. En 2018 ese tipo de hechos había aumentando a 196.

Berhan Taye, analista de políticas de Access Now, cree que a medida que las protestas sacuden docenas de países por todo el globo, es muy probable que la cifra aumente "mucho".

Iraq ha cortado el acceso a internet en repetidas ocasiones a medida que las protestas han ido expandiéndose por el país. En Etiopía, esos mismos cortes se han convertido en una realidad tan frecuente que están incluso dañando la economía. Una organización de derechos digitales ha calculado que le cuestan al país 4,5 millones de dólares al día. En Venezuela sucede tan a menudo que ya es imposible contarlos. Taye lo compara con un niño que le da al interruptor de la luz una y otra vez cuando tiene miedo de que suceda algo.

Desde la primera ocasión en que India optó por esta táctica, se ha convertido en líder de su aplicación sin rival alguno. Sólo el año pasado se registraron 134 cortes. El 68% de todos los que suceden en el mundo. Esta semana rompió el récord de cualquier gobierno democráticos. En la región de Cachemira, que vive un convulso proceso político, llevan sin internet 137 días.

El apagón ha causado estragos en empresas, servicios médicos o el sistema educativo. Cuando comenzó, los reporteros volaban hasta Nueva Delhi para entregar su material o se acercaban hasta el aeropuerto de Srinagar, capital de Cachemira, donde pedían a pasajeros que llevaran consigo tarjetas de memoria que contenían las imágenes de lo que estaba sucediendo en el estado.

Los gobiernos justifican ese férreo control de las comunicaciones en defensa del orden público. Está claro que la velocidad acelerada a la que la información, sea cierta o no, viaja por la red, comienza a crear problemas. En 2018, India se esforzó para controlar rumores sobre secuestros de niños que viajaban más rápido de lo que las autoridades podían seguir. El resultado fue que al menos 30 personas fueron linchadas a lo largo del país.

Unos meses antes, el gobierno de Sri Lanka bloqueó las redes sociales para limitar la expansión de publicaciones de odio que alimentaban ataques mortales contra la minoría musulmana. El Ministro de información lo justificó diciendo que "el país podía haber estallado en cuestión de horas".

Pero estas medidas, que han comenzado a ponerse en marcha durante crisis puntuales, comienzan a convertirse en moneda de cambio habitual. La táctica, aceptada por la ciudadanía india, cuando se aplica en estados fronterizos como Jammu, Cachemira o Assam, se vuelve contra ellos y se activa también para desactivar protestas en Nueva Delhi o Bangalore.

Estados autoritarios como Rusia o Irán están planeando ya el siguiente paso: Construir "redes soberanas" que pueden desconectarse del resto del mundo cada vez que el gobierno así lo decida o que vivan desconectadas de lo que sucede fuera de sus fronteras como ya sucede con la "gran muralla de internet" que China ha levantado.

Las protestas del pasado noviembre en Irán fueron la excusa perfecta para que su gobierno probara lo que ha dado en llamar "halal.net": una especie de intranet iraní que sigue funcionando aún cuando se desconecta del internet mundial.

El modelo aún no es perfecto. Algunos iraníes se quejaron de múltiples fallos la red de cajeros automáticos y se cayeron las redes de algunos hospitales. Pero  aplicaciones como Snapp, que permiten compartir coche, funcionaron. El presidente iraní Hassan Rouhani, dijo este mes que el servicio propio del país mejorará hasta que "la gente no necesite conectarse a redes extranjeras para saciar sus necesidades".

Muchos gobiernos están interesados en entender como funcionan esos sistemas de control. Taye explica que "los países aprenden los unos de los otros,como funcionan los cortes de internet y como pueden ponerse en marcha".

La aplicación de este tipo de medidas preocupa allá donde pueda suceder pero el de India es uno de los casos paradigmáticos. En un país que se vanagloria de estar llamado a ser una superpotencia democrática, el modo en que controla y amenaza internet, servirá como ejemplo para países menos comprometidos aún con las libertades civiles.

Un editorial publicado esta misma semana por el periódico del estado chino, People's Daily Online, no dejó escapar la posibilidad de llamar la atención sobre el mensaje que lanzan los líderes indios. "Significa que cortar internet durante un estado de emergencia debería ser una práctica estandarizada para los estados soberanos", se afirmaba.

Por Michael Safi

20/12/2019 - 21:21h

Traducido por Alberto Arce

Publicado enInternacional
Trump anuncia oficialmente la creación de la Fuerza Espacial de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció oficialmente la creación de la Fuerza Espacial durante la ceremonia de firma del presupuesto de Defensa.

"Hoy marcamos un hito histórico, al inaugurar oficialmente una nueva rama de nuestras Fuerzas Armadas. Es un momento muy grande e importante. Se llama Fuerza Espacial", dijo durante la ceremonia trasmitida por Fox News.

 

Asimismo anunció que la nueva fuerza tendrá al frente al general de la Fuerza Aérea John Raymond.

El año que viene, la Fuerza Espacial tendrá un presupuesto de 40 millones de dólares y una plantilla de 200 personas.

Por su parte, la secretaria de la Fuerza Aérea de EEUU, Barbara Barett, dijo que el nuevo servicio es pequeño para los estándares del Departamento de Defensa, con unos 16.000 miembros de la Fuerza Aérea (entre efectivos y empleados civiles) para comenzar.

"Serán efectivamente la Fuerza Espacial con carácter inmediato", declaró Barrett, citada por el Pentágono.

La creación de la Fuerza Espacial fue ordenada por el presidente en diciembre de 2018.

Donald Trump ratificó la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA por su sigla en inglés) de 738.000 millones de dólares que incluye sanciones contra el gasoducto Nord Stream 2, Turquía y Siria, junto con otras medidas.

La ley impone sanciones a los gasoductos Nord Stream 2 y TurkStream, y prohíbe la cooperación militar con Rusia.

La norma también sanciona a Turquía por la adquisición de los sistemas de defensa aérea S-400 de Rusia y prohíbe la transferencia de aviones F-35 a Ankara.

Además, incluye 71.500 millones de dólares para guerras en curso en el exterior u "operaciones de contingencia en el extranjero".

La NDAA incluye otras medidas para "contrarrestar" a Rusia en Europa del Este, como prohibir que Estados Unidos reconozca la reincorporación de Crimea a Rusia, aumentando los fondos para la Iniciativa de Defensa Europea, con 734.3 millones adicionales, para la construcción militar y la guerra antisubmarina.

El presupuesto militar también apoya la extensión del Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START III) desde su fecha de finalización en febrero de 2021 hasta febrero de 2026, de conformidad con la ley. Asimismo, exige que el presidente determine e informe al Congreso si Rusia viola el tratado.

Además, la ley establece que EEUU debe reemplazar el Tratado START con otro acuerdo de control de armas que garantice iguales o mayores restricciones, transparencia y verificación de las fuerzas nucleares de Rusia.

La NDAA también prevé más pruebas de los sistemas de defensa antimisiles, y apoya los esfuerzos para desarrollar armamento hipersónico para mediados de los años 2020.

Según la norma, el Departamento de Defensa, en el plazo de 120 días después de la entrada en vigor de la NDAA, deberá presentar al Congreso un informe sobre la asistencia militar proporcionada a países africanos por Rusia o cualquier contratista de seguridad privada con sede en Rusia.

También requiere un análisis de cualquier supuesta desinformación y propaganda rusa en países africanos que puedan suponer un riesgo para los intereses estadounidenses en la región. El documento señala igualmente la necesidad de desarrollar un plan para "contrarrestar las actividades desestabilizadoras rusas" en África.

La ley exige informar sobre las ventas de armas en África que puedan violar los embargos de armas impuestos por la ONU, especialmente en Sudán del Sur, la República Democrática del Congo y la República Centroafricana.

La NDAA renueva la asistencia militar por 300 millones de dólares para Ucrania, que incluye 100 millones en armas. Además, amplía los tipos de ayuda que Ucrania puede recibir, incluidos los misiles de crucero de defensa costera y los misiles antibuque.

El documento incluye una disposición para imponer sanciones a las tropas del Gobierno sirio por presuntos crímenes de guerra cometidos durante el conflicto civil en la República Árabe.

También requiere la elaboración de informes sobre amenazas que puedan provenir de China y proclama que el Congreso apoya inequívocamente a Hong Kong.

04:10 21.12.2019(actualizada a las 10:07 21.12.2019)URL corto

Publicado enInternacional
El Tribunal Penal Internacional abre una investigación sobre los crímenes de guerra en Palestina

La fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, ha anunciado dicha decisión, motivada por un examen preliminar que inició en 2018 a petición del Gobierno palestino y considerar que se dan "todos los criterios" para ello.

La fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, ha anunciado este viernes la apertura de una investigación formal sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos en territorio palestino.

Bensouda ha informado de que el examen preliminar que inició en 2018 a petición del Gobierno palestino, como Estado parte del Estatuto de Roma –tratado fundacional del TPI–, ha llegado a su fin, considerando que se dan "todos los criterios" para abrir una investigación formal.

La jurista gambiana ha afirmado que "hay una base razonable" para pensar que se han cometido crímenes de guerra en Cisjordania, incluido Jerusalén Este, y en la Franja de Gaza, desde 2014.

"Dado que ha habido una remisión por parte del Estado de Palestina, no hay necesidad de solicitar al Tribunal una autorización antes de proceder a la apertura de una investigación formal, por lo que no lo voy a hacer", ha dicho en un comunicado.

 

JERUSALÉN 

20/12/2019 15:34 Actualizado: 20/12/2019 15:34

EUROPA PRESS

Publicado enInternacional
 Claudia García, directora del Instituto de Medicina Legal colombiano. INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL

Claudia García, directora del Instituto de Medicina Legal de Colombia, coordina los trabajos de exhumación de cuerpos sin identificar

 

Las víctimas en el centro. Estuvieron en el vórtice del dolor del conflicto armado colombiano y hoy deben estar en la primera línea. También en la búsqueda de sus familiares desaparecidos como sucede, por ejemplo, en el cementerio de Dabeiba, a menos de 200 kilómetros de Medellín. Este es el propósito del Instituto de Medicina Legal, que trabaja en ese municipio del departamento de Antioquia junto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal nacido de los acuerdos entre el Estado y las FARC que busca esclarecer y juzgar las tropelías de la guerra. El reflejo de ese dolor se encuentra ahora en una fosa común en la que las autoridades tratan de identificar desde hace semanas decenas de civiles asesinados por militares. Víctimas de un sistema perverso de ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos, planeadas para mejorar resultados y perpetradas a mediados de la pasada década a cambio de permisos o premios.

Claudia García lleva 24 años en el instituto forense y el pasado febrero asumió las riendas de ese organismo público en un momento decisivo para la transición de Colombia hacia la convivencia. El operativo de Dabeiba, que las víctimas consideran esperanzador, no tiene precedentes y es un ejemplo de los intentos de cerrar las heridas del pasado. "Ese trabajo comienza hace unas semanas, cuando los magistrados de la JEP se comunican con el Instituto de Medicina Legal para informarles de la existencia de esta información en la fosa, en donde hay posibles casos de ejecuciones extrajudiciales. En la primera fase de acompañamiento, asesoramos a la unidad de investigaciones y acusaciones para el momento de las exhumaciones. Una vez en campo, recibimos 14 casos y en este momento recibimos 17 en total", explica García en conversación telefónica con EL PAÍS. 

El instituto trabaja con un equipo de médicos, antropólogos, odontólogos y expertos en balísticos que se trasladaron desde Bogotá para comenzar a estudiar los casos en su sede de Medellín. "La primera fase", continúa esta cirujana especialista en medicina forense, "es una necropsia médico legal completa en donde el objetivo es establecer el número de individuos que hay en estos 17 casos que recibimos, porque no necesariamente pueden ser 17 cuerpos, pueden ser más o menos". Hacia la tercera semana de enero, explica, ofrecerán el primer informe, sobre todo para cumplir su compromiso con las víctimas.

Esta semana la directora de Medicina Legal dio a conocer una cifra aterradora. En Colombia faltan alrededor de 200.000 cuerpos por exhumar e identificar. García explica que se trata de una estimación, pero es a partir de ese cálculo que las autoridades tienen que buscar a los desaparecidos durante más de medio siglo de guerra. "Si partimos del número de cementerios que tiene nuestro país, pensando en que al menos hay uno, a veces dos por cada uno de los municipios. Pensando en el número de cuerpos que han sido inhumados en el transcurso de todo los años de conflicto, los que han pasado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y permanecen en condición de no identificados, los que pasaron por el sector salud, y si sumamos la existencia de fosas clandestinas, el estimativo es que los desaparecidos debemos buscarlos entre 200.000 cuerpos que están inhumados en estas circunstancias". Un trabajo titánico que requiere, explica, de mayores recursos.

"Valoro todo lo que el instituto ha construido en sus 105 años de historia, creo que tiene una experiencia única, desafortunadamente hemos aprendido de la violencia. Tenemos la experiencia, tenemos la tecnología, tenemos la infraestructura, pero necesitamos un apoyo del Gobierno nacional frente a los recursos. Porque la búsqueda no va a durar uno, dos años, ni siquiera los 20 años que tiene la Unidad de Búsqueda. Va a durar muchos años, pasaré yo por este instituto y pasarán muchos otros directores y directoras antes de que logremos encontrar todos los desparecidos. Entonces, hay que fortalecer la institucionalidad", defiende Claudia García.

Esta forense cree que tanto las instituciones como la sociedad colombiana "han aprendido de las familias de las víctimas". "Nos han enseñado que con perseverancia se logran muchas cosas, que la perseverancia es la que realmente se requiere este país para poder buscar desaparecidos. Las mujeres buscadoras nunca han desfallecido incluso cuando las instituciones les hemos cerrado las puertas. Han logrado que las reconozcamos y que entendamos que es con ellas, con las familias de las víctimas, con esas mujeres buscadoras, que debemos mejorar lo que hasta ahora hemos hecho. Tenemos muchísimas cosas por mejorar, pero lo fundamental y que estamos liderando desde el instituto es que el trabajo se haga de mano de las víctimas", enfatiza. El enfoque de trabajo con los familiares pasa por el derecho a conocer la verdad, el derecho a la información y el derecho al trato digno.

García relata que aprendió "a través del dolor de las víctimas cosas fundamentales como poder reconocer que la desaparición es lo peor que le puede pasar a un ser un humano y a una familia". "Por eso, tengo un total compromiso con las víctimas para la búsqueda de los desaparecidos", prosigue. "Todo este dolor que ha sentido el país y al que nos enfrentamos día a día los funcionarios lo único tiene que ser es fortalecernos para realmente uno, dejar memoria en los jóvenes. Las personas jóvenes no conocen la historia de este país y hay que dejársela viva para que no la repitan. Y lo otro es lograr unirnos como país para que logremos que no haya repetición y además logremos una reparación real de las víctimas. He aprendido que las víctimas son las que están más dispuestas a perdonar y repararse y el Estado les debemos a ellas todos los mecanismos para que logren esa reparación".

Po FRANCESCO MANETTO

Bogotá 18 DIC 2019 - 22:38 COT

Publicado enColombia
Lunes, 16 Diciembre 2019 07:21

Daños colaterales

 Un niño afgano busca plástico y otros artículos que puedan usarse como remplazo de leña, en un basurero de Kabul. Según estadísticas de la ONU, Afganistán se encuentra entre los países más pobres del mundo.Foto Ap

Se dice que la verdad es la primera víctima de una guerra, y esta semana se confirmó otra vez, como si fuera necesario. Pero aún peor es que parece que hoy día, cuando se revela la verdad no hay gran consecuencia para los mentirosos que, en este caso, llevaron a decenas de miles de muertes.

En la extraordinaria investigación del Washington Post titulada En guerra contra la verdad –que se ha comparado con la publicación de los Papeles del Pentágono, en 1971– se documenta que todos los presidentes, generales y otros encargados de la guerra más larga en la historia de Estados Unidos engañaron a la opinión pública durante 18 años y contando (https://www.washingtonpost.com/graphics/ 2019/investigations/afghanistan-papers/afghanistan-war-confidential-documents/).

Desde 2001, más de 775 mil tropas estadunidenses han sido desplegadas en algún momento en Afganistán; 2 mil 300 de ellos han muerto ahí y 20 mil 589 han sido heridos en acción, junto con más de 100 mil afganos muertos (nadie sabe el número preciso; https://watson.brown.edu/costsofwar/ costs/human). Unas 13 mil tropas permanecen allá hoy día. Esa guerra ha costado hasta la fecha más, tal vez mucho más, de un billón de dólares (no hay un cálculo oficial).

Los 2 mil documentos obtenidos por el Post incluyen entrevistas confidenciales realizadas por la Oficina del Inspector General especial de la oficina de la la Reconstrucción en Afganistan (SIGAR, por sus siglas en inglés) con más de 400 actores claves (la gran mayoría sin revelar sus nombres) que guiaron esa guerra; desde comandantes y generales, hasta altos funcionarios, asesores y diplomáticos dejan claro que desde un inicio esa intervención fue un desastre disfrazado de éxito para la ciudadanía en Estados Unidos.

Uno de los entrevistados, el general Douglas Lute, quien fue un coordinador de la Casa Blanca para la guerra durante los gobiernos de Bush y Obama, comentó en 2015 que carecíamos de un entendimiento fundamental de Afganistán, no sabíamos lo que estábamos haciendo.

Este proyecto oficial dedicado a evaluar las lecciones de la guerra para el gobierno estadunidense detallan el fracaso de la doctrina de contrainteligencia de Estados Unidos aplicada en Afganistán, las decisiones arrogantes e ignorantes de políticos y militares que no entiendan en qué país estaban, y la determinación constante de encubrir las derrotas y fracasos manipulando estadísticas e informes públicos.

El ex comandante de las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN, Dan McNeill, afirma en su entrevista que aun al inicio de la guerra en 2002, él no podía encontrar a alguien en el gobierno que pudiera definir que marcaría una victoria para esa guerra. Otros, como un integrante del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, no encontraba respuesta a por qué se lanzó la guerra contra el talibán en primer lugar, ya que fue Al Qaeda el que atacó a Estados Unidos.

Vale subrayar que todos estos encargados de la guerra trabajaron en gobiernos republicanos y demócratas; de George W. Bush a Barack Obama, y ahora Trump.

El jefe de SIGAR, John Sopko, comentó al Post que las entrevistas en estos documentos sugieren que se la ha mentido constantemente al pueblo estadunidense sobre esta guerra.

Pero al concluir la semana y cuatro días durante los cuales el Post publicó su extenso reportaje, los que engañaron a este pueblo parecen estar seguros de que nadie los hará rendir cuentas. A diferencia del terremoto político, cuando se divulgaron los Papeles del Pentágono y que nutrieron a un vital movimiento contra la guerra en Vietnam, ahora no se registró ningún temblor.

Algunos dicen que tal vez es por las distracciones del impeachment o que las guerras son percibidas como algo muy remoto. O tal vez es porque la mentira ya es algo normal y aparentemente aceptable en la vida política mientras los veteranos militares quebrados por la experiencia se quedan con la pregunta: ¿para qué fue todo esto? (https://www.thenation.com/article/ afghanistan-papers-forever-war/).

La verdad es sólo otro daño colateral de las guerras.

https://www.youtube.com/watch?v=mn91L9goKfQ

https://www.youtube.com/watch?v=H-kA3UtBj4M

Publicado enInternacional
La ONU denuncia violaciones a los derechos humanos en Chile

La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU constató que la policía chilena torturó a personas detenidas. Las conclusiones comprometen a la administración de Sebastián Piñera

La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU (Acnudh) denunció graves violaciones a los derechos humanos durante la represión en Chile. El organismo presidido por Michelle Bachelet constató uso excesivo o innecesario de la fuerza. También sostuvo que la policía chilena torturó a personas detenidas. Según el informe emitido por la Acnudh las fuerzas de seguridad utilizaron la violencia en forma desproporcionada: lesionaron, mataron, torturaron, ejercieron violencia sexual y detuvieron arbitrariamente. Otro duro golpe para el presidente Sebastián Piñera.

La misión de la ONU visitó Chile entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre para verificar denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. La jefa del equipo, Imma Guerras-Delgado, dijo que existen razones fundadas para sostener que desde el 18 de octubre, día en que comenzaron las protestas, se registró un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos. Estos hechos se cometieron en todo el país, pero en su gran mayoría en la Región Metropolitana (Santiago) y en contextos urbanos, precisó el informe publicado por el organismo luego de su visita al país.

Según lo observado por la misión de la ONU en Chile, Carabineros incumplió de forma reiterada con el deber de distinguir entre manifestantes violentos y aquellas que se movilizaron pacíficamente. "Carabineros utilizó fuerza no letal cuando la manifestación fue pacífica, con el objetivo aparente de dispersar la manifestación o evitar que los participantes llegaran al punto de reunión", advierte el texto. También subraya el uso desproporcionado y a veces innecesario de armas no letales. “En particular escopetas antidisturbios pero también gases lacrimógenos, utilizados a corta distancia (..) tanto durante manifestaciones pacíficas como en el contexto de enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, especialmente por parte de Carabineros", informó la Acnudh. El organismo pudo observar que estos hechos lejos de ser aislados se replicaron en muchas ocasiones. "Ciertas violaciones a los derechos humanos, en particular el uso indebido de armas menos letales y los malos tratos, son reiteradas en el tiempo, en el espacio y con respecto a quienes son los supuestos perpetradores y las víctimas", subraya el texto.

La Oficina de la Alta Comisionada llamó la atención por la gran cantidad de personas que sufrieron lesiones oculares durante las protestas. "El número alarmantemente alto de personas con lesiones en los ojos o la cara da cuenta de una grave violación. Preocupa en particular la utilización de perdigones que contienen plomo", señala el informe. Según el organismo la policía chilena ejerció tortura contra los detenidos. "Un gran número de personas arrestadas y detenidas fueron maltratadas. Algunos de estos casos, incluidos los de violencia sexual, simulación de ejecuciones y amenazas de que las personas serían `desaparecidas', equivalen a tortura. Muchos de estos casos ocurrieron en lugares sin cámaras de vigilancia y con los perpetradores no debidamente identificados", explicita el texto.

También denunció que pese al gran número de denuncias y acciones judiciales aún no se identificó a los que las personas llevaron a cabo las acciones indebidas. El informe señala la falta de información pública por parte de las fuerzas de seguridad sobre las acciones que llevaron a cabo para para garantizar la rendición de cuentas. Junto a esto, la ONU también documentó cuatro casos de privaciones arbitrarias de la libertad y muertes ilícitas que involucran a agentes del Estado. Además da cuenta de numerosas detenciones indiscriminadas que podrían ser consideradas arbitrarias a la luz de las normas internacionales.

La represión durante las marchas dejó 23 muertos, 352 personas con lesiones ocularespor disparos de perdigones, y miles de denuncias de heridos y detenidos. Según un informe de Carabineros, los detenidos fueron 18.359, de los cuales 9.716 fueron por desórdenes y 4.991 por saqueos.

Publicado enInternacional
"Los golpistas serán juzgados por las masacres"

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, destacó un informe presentado por la CIDH

El organismo aconsejó crear un "grupo internacional de expertos independientes" para investigar las matanzas de Sacaba y Senkata e "identificar debidamente a los responsables". El gobierno de facto rechazó el informe.

 El expresidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que los principales involucrados en el golpe de Estado serán juzgados por las masacres cometidas en las poblaciones de Sacaba y Senkata. Morales destacó el informe preliminar presentado por una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que confirma las masacres cometidas en ambas regiones. La CIDH aconsejó crear un "grupo internacional de expertos independientes" para investigar los crímenes e "identificar debidamente a los responsables". El gobierno de facto rechazó el informe de la comisión, al que calificó de "sesgado" y favorable al "narcoterrorismo" en el país.

"El informe de la CIDH confirma que hubo masacres contra mis hermanas y hermanos en Sacaba y Senkata. Los golpistas Añez, Camacho, Mesa y todos los que dispararon, creyeron que podían matar sin ninguna consecuencia", escribió el líder boliviano en su cuenta de Twitter.

"Ahora serán juzgados por tribunales nacionales e internacionales", agregó Morales, obligado a abandonar Bolivia el 10 de noviembre tras un golpe de Estado encabezado por la derecha opositora con el respaldo de las fuerzas armadas y la policía.

Un extenso informe difundido en las últimas horas por la CIDH califica de "masacres" las muertes de civiles en dos ciudades bolivianas, entre otras posibles violaciones de derechos humanos tales como "ejecuciones extrajudiciales". En ese sentido, aconseja crear un "Grupo Internacional de Expertos Independientes, con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables".

El informe es el resultado de una visita de observación de la comisión por "invitación del Estado" boliviano entre los pasados 22 y 25 de noviembre a cuatro ciudades de Bolivia, entre ellas Sacaba y El Alto. La comisión confirmó que desde los comicios del pasado 20 de octubre murieron 36 personas por la violencia y la represión estatal en el país.

“La delegación de la CIDH recibió abundante información sobre dos masacres cometidas en Sacaba y en Senkata, los días 15 y 19 de noviembre, respectivamente, en las cuales perdieron la vida por lo menos 18 personas”, expresa el documento. El informe advierte que en ambos casos fuerzas conjuntas policiales y militares "habrían abierto fuego contra la población civil".

Para la CIDH, estos hechos pueden caracterizarse como masacres "dado el número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y lugar, y a que se cometieron en contra de un grupo específico de personas". El documento alerta además sobre casos de "incitación a la violencia y a la discriminación étnica y racial", y condena al Estado por "la persecución penal de los opositores políticos".

Si bien la comisión aseguró que el gobierno interino de Bolivia se mostró desde un principio "plenamente de acuerdo" con una investigación internacional, horas más tarde el ministro del Interior, Arturo Murillo, refutó esa versión. Respondió "con mucho dolor" al informe, por considerarlo "totalmente sesgado" y porque "no refleja la realidad".

"Está favoreciendo solamente al narcoterrorismo", lamentó Murillo en rueda de prensa, horas después de la publicación del documento. "Lo vamos a revertir y mostrar las pruebas de lo que ha sucedido en nuestro país", dijo el ministro.

Publicado enInternacional
Miércoles, 11 Diciembre 2019 09:04

El malestar estudiantil

Fabio Manosalva, detalle “Turista Maluco”, marzo 2019, collage 33 x 27cm, http://fabio-manosalva.blogspot.com/ (Cortesía del autor)

Nadie podía envidiar la suerte de Nathalie Dompnier, rectora de la Universidad Lumière-Lyon 2, cuando le tocó comentar la inmolación por fuego, el 8 de noviembre pasado, de uno de sus estudiantes. Con su gesto, Anas X, de 22 años, pretendía protestar contra la miseria y el callejón sin salida de su condición social. Tenía que trabajar y estudiar al mismo tiempo; había desaprobado los exámenes; su beca acababa de ser cancelada. Entonces se decidió, según las palabras de un tunecino que también se había inmolado en diciembre de 2018, a “hacer una revolución por sí solo”.


Los jóvenes de entre 18 y 24 años conforman el grupo cuya tasa de pobreza fue la que más avanzó en estos últimos años. Ahora bien, recordó Dompnier, la precariedad “no permite estudiar en condiciones serenas”. Cinco meses antes de la tentativa de suicidio en Lyon, un estudio del Consejo Económico, Social y Medioambiental advertía que el trabajo asalariado de los estudiantes, cuando sobrepasa cierta duración, “lo que ocurre a menudo con aquellos que no disponen de becas suficientes o de ayudas familiares, les hace correr un riesgo mayor de fracasar en sus estudios” (1).


Actualmente, muchos de ellos tienen también hambre, duermen a la intemperie, no se cuidan. Con los medios ínfimos con los que dispone su universidad, Dompnier alega que “no podrá hacer todo” por ellos. Y propone “una unidad de psicología”, “un número verde”, “una asistente social”, “una tienda de comestibles solidaria” (Le Monde, 16 de noviembre de 2019). La ministra de Enseñanza Superior e Investigación, Frédérique Vidal, se jacta de haber “aumentado el monto de las becas” (en un 1,3%, en realidad, es decir el nivel oficial de inflación). Sin embargo, va a “repensar todo esto”; pero “evidentemente lleva su tiempo” (France Culture, 19 de noviembre de 2019). Promete que ya, este invierno, se va a dejar de expulsar a los estudiantes faltos de recursos de las ciudades universitarias…


“Una masacre”


Lo mismo que pasa con la universidad pasa con los hospitales, la agricultura, los bomberos, la escuela, el estado de los puentes. En Francia y en todas partes. Treinta y cinco años de privatizaciones, de retroceso de la gratuidad, de bajas de los subsidios, de controles quisquillosos en todos los campos –gracias Internet– y, al final, una sociedad bajo presión, aturdida, arruinada, que quema sus últimas reservas. Una sociedad en la que sectores enteros están cediendo. A intervalos regulares, muestra su agotamiento, expresa su cólera (2). Paso a paso, resiste a las violencias que los partidos de gobierno se obstinan en infligirle a pesar de todas las alternancias políticas. En el programa de las últimas “reformas”, o de las próximas: la baja de las ayudas para las viviendas, un nuevo aplazamiento de la edad de jubilación, la liberalización del trabajo nocturno, la restricción de la ayuda médica estatal, el endurecimiento de las ayudas al desempleo; “una masacre”, en palabras de un responsable sindical que sin embargo está en buenos términos con el Elíseo, Laurent Berger.


Un joven que sacrifica su vida como sucede en los regímenes autoritarios, manifestantes que pierden un ojo, una mano, durante una carga de policía, panfletarios de derecha que anuncian la guerra civil… Varios movimientos de huelga se preparan para las próximas semanas. Si fracasan, ¿dónde estaremos el año que viene?

1. Marie-Hélène Boidin Dubrule y Stéphane Junique, “Éradiquer la grande pauvreté à l’horizon 2030”, CESE, París, 26-6-2019, www.lecese.fr. Véase también Vanessa Pinto, “Deux jeunesses face à la ‘loi travail’”, Le Monde diplomatique, París, abril de 2016.
2. Véase Bernard Cassen, “Quand la société dit ‘non’” (así como también el dossier que integra), Le Monde diplomatique, enero de 1996.

*Director de Le Monde diplomatique.
Traducción: Aldo Giacometti

 

 

Para suscripción: https://libreria.desdeabajo.info/index.php?route=product/product&product_id=180

 

 

 

Publicado enInternacional
Día internacional de los Derechos Humanos, día internacional del cinismo

El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un texto que instituciones y gobiernos de todo el mundo conmemoran desde entonces cada año bajo el título de Día Internacional, en lo que quizá sea el mayor ejercicio de cinismo que se puede dar a escala planetaria.

Solo con esa palabra, cinismo, puede definirse, por ejemplo, el acto oficial que ha convocado este martes el presidente de Chile, Sebastián Piñera, en el Palacio de la Moneda. Desde que comenzaron las protestas el pasado mes de octubre por la subida del precio del transporte público, cerca de 20.000 personas han sido detenidas, 23 han muerto como consecuencia de la represión militar y policial y en torno a 2.000 han resultado heridas. Según el Instituto de Derechos Humanos, se han interpuesto un total de 1.383 denuncias, entre ellas, 192 por violencia sexual, 405 por torturas y 787 por uso excesivo de la fuerza.

Lo que está sucediendo en Chile lo hemos visto primero en Ecuador, donde el presidente Lenín Moreno, aplastó las protestas contra su pacto con el Fondo Monetario Internacional; y en Bolivia, donde la extrema derecha golpista derrocó con la ayuda del Ejército y la Policía a Evo Morales y ha emprendido una persecución sin precedentes contra dirigentes y simpatizantes del Movimiento al Socialismo y la población indígena.

Pero también en Colombia, donde los acuerdos de paz de la Habana son pisoteados una y otra vez por el Gobierno de Iván Duque, heredero político de Álvaro Uribe. Cientos de líderes sindicales, campesinos, exguerrilleros y defensores de los derechos humanos han sido asesinados en el último año bajo la mirada impasible de un Ejecutivo que tenía ante sí una oportunidad histórica, pero que ha decidido declararle la guerra a los pobres y, usando las mismas técnicas que sus homólogos, ha recurrido a la represión y a la violencia militar y policial para acallar las protestas por sus políticas económicas.

Al otro lado del mundo, Israel sigue bloqueando, asfixiando y arrasando Palestina con agresiones militares, sometiendo y asesinando a su población, realizando detenciones sistemáticas e incumpliendo cualquier tipo de convención internacional. La situación del Sáhara Occidental no es muy distinta. Marruecos continúa persiguiendo y torturando a los activistas de los derechos humanos y mientras perpetúa la ocupación con la complicidad europea, expolia sus recursos naturales e incumple las resoluciones de Naciones Unidas sobre el legítimo derecho del pueblo saharaui a su independencia.

EUU tiene mucho que ver en todos estos conflictos. Alienta golpes de Estado, desestabiliza economías enteras a golpe de tuit, genera y provoca guerras que duran décadas y organiza y reorganiza el tablero global como mejor se acomode a sus intereses económicos y geoestratégicos.

Pero en Europa, no nos engañemos, no somos mucho mejores que otros países que vulneran los derechos humanos. Nuestras democracias son, quizá, más sofisticadas a la hora de hacerlo y conseguir que no parezca que se están vulnerando. Con la excusa de la crisis económica los Estados iniciaron una época de recortes de derechos sociales, laborales y de libertades que no hace sino ir en aumento. La entrada en juego de la extrema derecha ha afianzado esta tendencia reaccionaria en toda Europa y cuestiones que parecía imposible que estuvieran en discusión, hoy se ven amenazadas.

La Unión Europea no es el paraíso de los derechos humanos, por mucho que las instituciones comunitarias se empeñen en promover de forma propagandística la idea de que como en Europa no se vive en ningún sitio. La desigualdad, la pobreza, la precariedad, la homofobia, la violencia machista, la represión policial o el revisionismo histórico son problemas instalados en nuestras sociedades que vulneran la famosa Declaración de 1948.

Y la mayor parte de las políticas que emanan de Bruselas están encaminadas a salvaguardar el bienestar de unos pocos por encima de la explotación y el sufrimiento de nuestros propios Estados, de terceros países o de continentes enteros. La política migratoria de la Unión Europea es el ejemplo más gráfico de ello. La externalización de fronteras, la militarización del Mediterráneo, las deportaciones exprés, los acuerdos con países como Turquía o Libia y la financiación de centros de detención de las personas migrantes y refugiadas son fruto de esas políticas y conllevan violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

Como también lo hacen los acuerdos comerciales como Mercosur, la venta de armas a países como Arabia Saudí, los Acuerdos de Asociación como el que mantenemos con Israel, o la deriva armamentística en la que estamos inmersos y que ha quedado patente en la última cumbre de la OTAN celebrada en Londres la pasada semana.

Hoy viviremos un día de grandes discursos, de declaraciones impecables, de ceremonias de altos vuelos, de loas a la libertad y a los derechos fundamentales. Pero abajo hay un pueblo que sufre y que, cuando se levanta con dignidad, como estamos viendo estos días en América Latina, es reprimido a sangre y fuego con total impunidad.

Este 10 de diciembre debe ser el día de la defensa de los derechos humanos, no el de las alabanzas a los derechos humanos. Y las instituciones que tienen capacidad para garantizarlos deben cumplir con el mandato de unas mayorías sociales conscientes de que los derechos humanos no son patrimonio propagandístico de unos cuantos, sino el último reducto de la dignidad que compartimos, como personas, como trabajadoras y trabajadores, como seres libres, como habitantes de un planeta en riesgo de ser destruido.

Setenta y un años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la ONU ha llegado la hora de que los discursos se conviertan en hechos. Ha llegado el momento de decir alto y claro que el sistema económico y las políticas neoliberales están provocando una división mundial sin precedentes. Un mundo en el que el uno por ciento de los seres humanos se queda con el 82 por ciento de la renta mundial de todos y todas. Donde el hambre, la destrucción de nuestro planeta, la desaparición de nuestra diversidad cultural, la miseria, la violencia sobre las mujeres, la represión y el crimen son la norma.

Solo la democracia, en su máxima expresión, podrá devolver los derechos humanos a la humanidad, poniendo en el centro de la economía y de la sociedad la vida de las personas y la soberanía de los pueblos.

Por MANU PINEDA

EURODIPUTADO DE IZQUIERDA UNIDA POR UNIDAS PODEMOS

10/12/2019

Publicado enSociedad
La historia secreta de la guerra de Afganistán

- Responsables políticos y militares de los gobiernos de EEUU sabían que no podían ganar la guerra de Afganistán, mientras en público se afirmaba que la victoria era posible

- The Washington Post publica los resultados de un estudio con testimonios que revelan que eran muy conscientes del fracaso de la ocupación

 

Casi 50 años después de la difusión de los Papeles del Pentágono sobre la guerra de Vietnam, The Washington Post ofrece ahora una serie de documentos que dejan patente el fracaso de la ocupación militar de Afganistán y la dramática diferencia entre la realidad y las declaraciones públicas de los responsables políticos y militares de las Administraciones de George Bush y Barack Obama.

Lo que se ha escrito en muchos artículos periodísticos desde hace 18 años aparece ahora confirmado por quienes tenían como misión ganar esa guerra, aunque ni siquiera tenían claro qué significaba la idea de ganar ni contaban con una estrategia viable. 

Mientras políticos y generales afirmaban que se estaban haciendo "progresos constantes" en la guerra, en ocasiones con la intención de justificar el envío de más tropas, los que sabían qué estaba sucediendo en ese país sabían que sólo estaban ocultando fracaso tras fracaso.

Se trata de 2.000 páginas con transcripciones y notas de las entrevistas con más de 600 personas con conocimiento de lo ocurrido. Revelan que "se ha mentido de forma constante al pueblo norteamericano", en palabras de John Sopko, la persona que dirigió el proyecto de revisión de la guerra a través de un organismo llamado Oficina del Inspector General para la Reconstrucción de Afganistán, conocido por las siglas SIGAR. El proyecto se llamó 'Lecciones aprendidas' y su principal objetivo era descubrir qué había fracasado. Esa oficina ha publicado varios informes, pero sin incluir los comentarios más críticos ni la mayoría de los nombres de los entrevistados. El periódico ha conseguido tener acceso a esos documentos, no a todos, gracias a la Ley de Libertad de Información.

Algunas frases son tan gráficas como sarcásticas, el tipo de comentarios que no aparecen en los informes oficiales. "Después de la muerte de Osama bin Laden, dije que Osama estaba probablemente riéndose en su tumba submarina al ver cuánto dinero nos estábamos gastando en Afganistán", dijo Jeffrey Eggers, exmilitar con experiencia en los SEAL y asesor en la Casa Blanca con Bush y Obama.

Más grave es la confirmación de las mentiras ofrecidas a la opinión pública para dar una imagen falsa y benévola de la ocupación. En definitiva, para sostener que se estaba ganando la guerra y que los actos violentos de los talibanes sólo reflejaban su nivel de "desesperación". En un reflejo casi idéntico a lo que ocurrió en Vietnam, las estadísticas se distorsionaban por razones políticas. "Cada dato era alterado para presentar la mejor imagen posible", dijo Bob Crowley, teniente coronel del Ejército y asesor de operaciones de contrainsurgencia.

"Era imposible crear buenas métricas. Intentamos usar el número de tropas (afganas) entrenadas, niveles de violencia, control del territorio, y ninguna ofrecía una imagen precisa", dijo en 2016 un alto cargo del Consejo de Seguridad Nacional no identificado. "Los datos fueron siempre manipulados durante toda la duración de la guerra".

La prioridad era justificar la presencia –a veces, aumento– de las tropas en Afganistán y que ese despliegue estaba dando los resultados deseados. Eso era especialmente acuciante en los años de Obama cuando el presidente fue convencido de aumentar el número de soldados a pesar de que se mostraba al principio reticente sobre la utilidad de la medida y había prometido sacar a todas las tropas antes del final de su presidencia. Una vez adoptada esa política, la Administración no podía reconocer en público que los resultados eran ínfimos o contraproducentes.

La ausencia de una estrategia

Ni siquiera con una total superioridad de medios, es posible ganar una guerra que se prolonga con la ocupación posterior sin una estrategia definida. Los testimonios recogidos en el estudio inciden en la falta de un conocimiento real de la realidad política de Afganistán, por no hablar de su historia, así como del objetivo general de la misión y de las consecuencias de las acciones propias.

"Carecíamos de una comprensión básica sobre lo que es Afganistán. No sabíamos lo que estábamos haciendo", dijo en 2015 el general Douglas Lute, que dirigió el programa antidrogas en ese país en las dos administraciones. "¿Qué estamos intentando hacer aquí? No teníamos ni la más ligera idea de lo que nos estábamos proponiendo hacer".

"Los extranjeros leen en el avión 'Cometas en el cielo' (la novela de Khaled Hosseini que ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo) y creen que son expertos en Afganistán. Nunca escuchan. Lo único en que son expertos es en burocracia", dijo el exministro Mohamed Essan Zia, uno de los pocos afganos interrogados para este estudio. 

"Estamos intentando hacer lo imposible en vez de conseguir lo posible", opinó Richard Boucher, responsable del Sur de Asia en el Departamento de Estado entre 2006 y 2009.

Ni siquiera había una idea clara sobre quién era el enemigo –cómo había surgido y cuáles eran sus puntos vulnerables– sin la cual era imposible derrotarle. "¿Por qué convertimos a los talibanes en el enemigo cuando habíamos sido atacados por Al Qaeda?", se preguntaba Eggers.

Después de que Al Qaeda fuera eliminada en ese país, EEUU, con el apoyo de la OTAN, tuvo como prioridad la formación de un Gobierno estable, la celebración de elecciones y la protección de los derechos de las minorías, entre otros asuntos. Se vendió la ocupación como un intento de impedir que en el futuro otro grupo yihadista volviera a utilizar el país como base para lanzar atentados terroristas contra EEUU y Europa. El primer ministro británico, Gordon Brown, llegó a decir que se estaba combatiendo contra los terroristas en Afganistán para no tener que hacerlo en las calles de las ciudades europeas.

Sin embargo, los talibanes afganos nunca tuvieron una idea de yihad global, a diferencia por ejemplo de algunos grupos talibanes paquistaníes, y enfocaron su lucha de la misma forma que lo habían hecho las tribus afganas contra los británicos en el siglo XIX y los muyahidines contra los soviéticos en el siglo XX: expulsar a las tropas extranjeras que querían imponer ideas ajenas a las tradiciones locales.

Si bien su Gobierno había sido dictatorial, cruel y caótico, los talibanes se habían convertido en la principal fuerza política y militar de los pastunes afganos, el grupo étnico más numeroso del país. Representaban a una parte de la sociedad afgana de la que no se podría prescindir si se pretendía diseñar desde fuera su futuro.

"Un gran error que cometimos fue tratar a los talibanes igual que a Al Qaeda", dijo Barnett Rubin, quizá el único auténtico experto en Afganistán que trabajó en el Departamento de Estado. "Los principales líderes talibanes estaban interesados en dar una oportunidad al nuevo sistema, pero nosotros no les dimos esa oportunidad". 

El periódico recuerda que Zalmay Khalilzad, que fue embajador de EEUU en Afganistán, está dirigiendo las negociaciones con los talibanes, hasta ahora sin éxito. En el estudio, aparece su opinión en 2016 sobre el error en no reconocer a sus dirigentes como interlocutores. "Quizá no fuimos lo bastante ágiles o inteligentes en contactar con los talibanes al principio, al pensar que estaban derrotados y que debían ser llevados ante la justicia, en vez de alcanzar algún acuerdo o reconciliación con ellos". 

Entre 2002 y 2004, la actividad militar de los talibanes fue relativamente escasa por haber sido arrollados por el poder del Ejército norteamericano y la mayoría de sus líderes, obligados a huir a Pakistán o a zonas aisladas del país. Después, todo cambió, Washington pasó a centrarse en la ocupación de Irak y los talibanes recuperaron su fuerza. Su objetivo era hacer imposible la reconstrucción del país y lo consiguieron. Los norteamericanos comprobaron demasiado tarde que sus enemigos no podían ser derrotados militarmente. 

Como ejemplo de la falta de interés de Bush en Afganistán, el Post ofrece un breve texto no conocido de su secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, sobre el día en que propuso al presidente que se reuniera con el jefe de las Fuerzas Armadas y con el general Dan McNeill, jefe de las tropas en Afganistán. "Él (Bush) dijo: '¿Quién es el general McNeill?'. Le dije que era el general al mando en Afganistán. Dijo: 'Bueno, no necesito reunirme con él'", escribió Rumsfeld. 

El periódico recuerda que el mismo día del discurso de Bush en un barco de guerra con la gran pancarta "Misión cumplida" en Irak –1 de mayo de 2003–, Rumsfeld anunció en Kabul "el fin de las principales operaciones de combate" en Afganistán.

Cuando en 2009 Al Qaeda ya no era una amenaza en el país, los responsables de la Casa Blanca obligaron a incluir el nombre del grupo terrorista en los planes estratégicos, porque era la única forma de vender a los norteamericanos la necesidad de mantener allí a miles de soldados. En uno de esos documentos, se dijo que "no se trataba de una guerra en el sentido convencional" con el fin de obviar las dudas legales sobre la ocupación que existían dentro del propio Gobierno estadounidense.

Un Estado corrupto desde su cúpula

Todos los soldados del mundo no iban a conseguir levantar un Estado sobre las cenizas de una guerra que había acabado con un régimen que en realidad tampoco estaba al frente de un Estado moderno. Los norteamericanos optaron por inundarlo de dinero con proyectos muy alejados de la realidad económica del país y que sólo contribuyeron a extender la corrupción a todos los niveles. 

"Afganistán no es un país volcado en la agricultura", explicó Rubin. "La mayor industria es la guerra. Luego, la droga. Luego, los servicios. La agricultura está abajo, en el cuarto o quinto puesto".

El cultivo de opio era la principal fuente de ingresos de amplias zonas del país. Pagar a los agricultores para que quemaran esas cosechas sólo servía para que al año siguiente aumentaran su producción. Destruirlas sin darles los recursos para cultivar otros productos que tuvieran una salida comercial hacía que los habitantes de esas zonas se entregaran a los talibanes, que permitían esos cultivos a cambio de un impuesto.

EEUU se ha gastado 9.000 millones de dólares en solucionar ese problema desde 2001. Afganistán fue el origen en 2018 del 82% de la producción global de opio, según datos de la ONU. La extensión cultivada es cuatro veces superior a la de 2002.

Washington puso en el poder a Hamid Karzai, un dirigente pastún que había tenido un cargo menor durante un tiempo en el gobierno de los talibanes y al que trajeron del exilio. Vendido como un moderado, sus modales suaves y declaraciones pragmáticas hicieron que la mayoría de los medios de comunicación occidentales lo considerara la gran esperanza.

"Nuestra política consistía en crear un fuerte Gobierno central, lo que era idiota porque Afganistán no se caracteriza por tener una historia de gobiernos centrales fuertes", dijo en 2015 una fuente no identificada del Departamento de Estado. 

El resultado terminó siendo la creación de una estructura central corrupta, cuyo poder se basaba fuera de la capital en el apoyo a señores de la guerra, algunos elegidos en elecciones amañadas, que también reclamaban para ellos y sus partidarios una parte del botín. 

Según el testimonio del coronel Christopher Kolenda, destinado en Afganistán en varias ocasiones, Karzai acabó formando una cleptocracia pocos años después de llegar al poder. "Me gusta usar una analogía con el cáncer. La pequeña corrupción es como el cáncer de piel. Hay formas de tratarlo y puedes acabar bien. La corrupción dentro de los ministerios, al más alto nivel, es como el cáncer de colon. Es peor, pero si lo pillas a tiempo, quizá salgas bien. La cleptocracia, sin embargo, es como un tumor cerebral. Es fatal". 

Al permitir ese escandaloso nivel de corrupción, los norteamericanos destruyeron la legitimidad que pudiera tener el Gobierno. Todos los puestos importantes en la Administración –incluidos el Ejército y la Policía– podían comprarse con dinero. Y más tarde, los beneficiados necesitaban compensar con los sobornos los fondos invertidos. 

Una de las consecuencias fue la existencia de miles de "soldados fantasma", un hecho conocido, y que también se produjo en Irak. Los mandos militares recibían fondos para mantener un regimiento o una división. Una buena parte de sus soldados sólo existían sobre el papel. Eran números por los que recibían dinero que coroneles y generales se embolsaban para pagar a tropas imaginarias. 

La lectura de los testimonios sorprende a veces por lo mucho que recuerdan a experiencias históricas anteriores en las que otros imperios pensaron que un país tan atrasado como Afganistán sería fácil de someter.

En 2009, el periodista Steve Coll trazó las similitudes entre la invasión soviética de Afganistán en 1979 y la norteamericana en 2001. Los soviéticos fueron incapaces de convertir sus logros tácticos gracias a su inmensa superioridad militar en una estrategia exitosa a largo plazo porque no pudieron detener la ayuda que los muyahidines recibían desde Pakistán, y a través de ese país de Estados Unidos. Nunca pudieron imponer su ideología en un país marcado por el peso de la religión y las instituciones tribales. No lograron establecer la unidad política del país. Les fue imposible poner en práctica una estrategia de reconciliación nacional que terminara provocando la división entre las fuerzas de sus enemigos. 

Es un resumen que se ajusta bastante bien a los problemas de EEUU en ese país décadas después.

 

Por Iñigo Sáenz de Ugarte 

09/12/2019 - 21:38h

Actualmente, 13.000 soldados norteamericanos permanecen en Afganistán.

Publicado enInternacional