Los Blue Leaks desnudan la represión selectiva en EE.UU.

Filtraciones de archivos de la Policía y el FBI 

Las fuerzas de seguridad ignoraron de modo deliberado la amenaza de los grupos extremistas blancos durante las protestas por el asesinato de George Floyd. En cambio se volcaron a investigar solo a los grupos antifascistas.

 

El escándalo de los Blue Leaks (fugas azules) todavía no salió del todo de las fronteras de Estados Unidos, acaso porque es un tema interno muy sensible. Se lo define con ese color porque son filtraciones de archivos confidenciales de la policía, incluye datos del FBI y se trata de un cuerpo colosal de casi 270 gigabytes. El volumen de información es tan grande que remite a diez años de historia de esos organismos de seguridad. Contiene miles de documentos, comunicaciones, boletines y trabajos de inteligencia que fueron filtrados el 19 de junio por la plataforma Distributed Denial of Secrets (DDoS). Esta organización que pregona “la libre transmisión de datos de interés público” habría vulnerado los sistemas de la empresa Netsential, con sede en Houston, un proovedor de seguridad informática del Estado. Especialistas sostienen en EEUU que el hecho “podría tener efectos desastrosos para muchas personas inocentes”. The Intercept, el sitio de investigación periodística nacido en 2014 se está haciendo una panzada con los informes. Le permitieron descubrir cómo las fuerzas federales ignoraron de modo deliberado la amenaza de los grupos extremistas blancos durante las protestas por el asesinato del joven negro George Floyd. En cambio se volcaron a investigar solo a los grupos antifascistas, de una izquierda genérica y donde sobresalen los anarquistas.

Las revelaciones afectaron a unos doscientos departamentos de policía en Estados Unidos. Hay datos confidenciales que se obtuvieron del Centro de Análisis de Información de Missouri (36 gigabytes), el Centro Regional de Inteligencia del Norte de California (19 gigabytes), el Centro Regional de Inteligencia Conjunta (14 gigabytes) y el Centro de Información y Análisis de Delaware (13 gigabytes). Los documentos vulnerados incluyen identidades, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, imágenes, gran cantidad de archivos de texto y vídeos según el informe de la Asociación Nacional de Centros de Fusión (NFCA). Estos son organismos estatales que recopilan y difunden información legal y de seguridad que circula entre instituciones federales y del sector privado.

Los Blue Leaks le permitieron develar al periodista de The Intercept, Ryan Devereaux -en un extenso artículo publicado el 15 de julio- que “el análisis de casi 300 documentos encontró repetidas menciones de Antifa y actividades de protesta de la izquierda expresadas en términos sombríos, junto a informes más sustanciales de violencia letal y amenazas de la derecha que han recibido poca mención de los principales funcionarios de la administración Trump”. El presidente de Estados Unidos fue incluso más allá.

En su discurso del 4 de julio en la Casa Blanca por el día de la independencia señaló en medio de la pandemia que no da tregua a su país: “Ahora estamos en el proceso de derrotar a la izquierda radical, los marxistas, los anarquistas, los agitadores, los saqueadores y las personas que en muchos casos no tienen idea de lo que están haciendo”. El magnate viajó en un vuelo de ida hacia la época de esplendor del macartismo. Como si volviera a respirarse el clima que dominó en la Guerra Fría.

Los documentos hackeados a Netsential señalan que había una relación bastante promiscua entre la Policía y el llamado movimiento supremacista blanco Boogaloo Boys, que ya proclamó cuál es su objetivo político-estratégico: desencadenar una segunda guerra civil, como entre 1861-1865. Con más presencia virtual que real, estos neonazis de cabotaje que visten camisas hawaianas, usan la barba como los boers sudafricanos y se mostraban tímidamente en público hasta el advenimiento de Trump, han permeado su ideología extremista hacia las fuerzas de seguridad.

A juzgar por los propios informes policiales que figuran en los Blue Leaks, se percibe que la peligrosidad de los grupos Antifa está sobredimensionada y se subestima la de los Boogaloo. La construcción de un enemigo entre los sectores jóvenes y antifascistas que propicie la represión como ya ocurrió, ha sido una tarea a la que se volcaron las voces más reaccionarias que respaldan al gobierno. El Comité pro Trump autodenominado Make America Great Again (Haz América grande otra vez), una frase vigente desde la revolución conservadora de Ronald Reagan, publicó avisos para juntar dinero en la campaña contra los Antifa.

Los efectos de estas proclamas quedaron verificados en la información sensible que reveló DDoS y que arrojaron datos sobre los planes supremacistas blancos. Las pesquisas policiales fueron ignoradas por las autoridades que prefirieron seguir en la pista de los presuntos revoltosos de izquierda. Así se les pasó el asesinato del ayudante de un sheriff cometido por Steven Carrillo, el sargento de una unidad de élite de la Fuerza Aérea. El FBI informó que tenía un chaleco antibalas con el símbolo de los racistas Boogaloo.

The Intercept describió: “los materiales filtrados muestran que el 29 de mayo, dos días antes de que Trump tuiteara que Antifa sería etiquetada como una organización terrorista y Barr (por William, el fiscal general de EEUU) emitiera su declaración del Departamento de Justicia, los propios analistas del presidente dieron un informe de inteligencia de código abierto que detallaba cómo un canal supremacista blanco en Telegram, un servicio de mensajería encriptada, alentaba a los seguidores a capitalizar los disturbios atacando a la policía con cócteles molotov y armas de fuego”.

Se investigaba a los dos grupos antagónicos, pero se exponía solo a los espontáneos y sin conducción centralizada de los antifascistas. Si existe El enemigo público –como el título de la película que protagonizó James Cagney en 1931-, en el electorado conservador de Estados Unidos rinde más que sea de izquierda y no xenófobo o racista.

El periodista Devereaux descubrió basado en los Blue Leaks que los extremistas blancos planeaban “el uso de armas de fuego” porque “influyen enormemente en la escala e intensidad de estos eventos”. Aconsejaban a sus seguidores que rompieran las líneas policiales “con cócteles Molotov, motosierras y armas de fuego”. Como a su vez recomendaban que “el saqueo y el robo en tiendas son geniales y los blancos deberían hacerlo mucho más”. Lo que se dice el manual de un buen supremacista. Ese que persigue depositar la culpa en los negros, antifacistas y todos aquellos que huelan a progresismo para sacarlos de las calles y si fuera posible dejarlos fuera de combate.

//Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.">Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Publicado enInternacional
Grafiti en la Comuna 13.- QUERALT CASTILLO

La Comuna 13, en Medellín, se abre camino a través del hip-hop, los grafitis y el arte popular. Las calles angostas donde se escondían antaño los sicarios de Pablo Escobar se han convertido ahora en una exposición al aire libre.

 

Estefany Riosco sonríe y pregunta a todo el que pasa si quiere un choricito. Lleva una camisa muy colorida estampada, un delantal de flores y un turbante rojo anudado a la cabeza. Aparenta más edad de la que en realidad tiene. 36 años y seis hijos, de 20,18,14,11,16 y el bebé, de 4 años. Hoy, ninguno de ellos la acompaña en el puesto, pero se ha traído a un sobrinito que, paciente, espera que su tía termine la jornada para poder volver a casa.

Llegó a la 13 cuando tenía ocho años, procedente del Chocó, un departamento colombiano en la zona del Pacífico y tan pronto la Comuna empezó a levantar cabeza, montó un puesto de chorizos, en el que también vende "obleas, solteritas, cerveza, agua, arepitas, arepitas con queso. Todo, vendo de todo". No resulta difícil arrancarle una sonrisa y a primera vista parece una mujer de pocas palabras. Pocas y concisas, sin embargo: "Aquí vivimos mucha violencia y gracias a Dios ya todo está calmadito".

Escuchar las historias que se esconden tras las calles empinadas, serpenteantes y angostas de la Comuna 13, en Medellín, capital antioqueña y "Ciudad de la eterna primavera" –ahora también conocida por ser el lugar de nacimiento de J. Balvin–, es escuchar historias de balaceras, desaparecidos, menores armados, muertes y narcotráfico. Es hablar de luchas de poder, de sicarios de Pablo Escobar y de enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares. Convertida en uno de los epicentros de la violencia durante los años ochenta y noventa, esta Comuna lucha ahora por quitarse el estigma de encima.

Violencia y Operación Orión, los estigmas de la 13

Nació la Comuna 13 como lo hicieron las dieciséis restantes en Medellín: a causa de la migración del campo a la ciudad de personas que escapaban de la violencia de las FARC, el ELN y las operaciones paramilitares y del Estado. Personas que llegaron, muchas procedentes del Urabá antioqueño, con lo puesto a una urbe que parecía prometerles una vida más tranquila. No fue así. La pobreza en los ochenta y los noventa supuso el caldo de cultivo perfecto para que la 13 se convirtiese en la cuna de los sicarios de Escobar. La ecuación parecía fácil: dinero y ascenso social a cambio de vasallaje. Pero nunca nada es tan sencillo: las guerras entre facciones se cobraron miles de vidas y los desaparecidos aún se cuentan por decenas. La muerte de Escobar, el 2 de diciembre de 1993, no hizo nada más que empeorar las cosas: las luchas por el control de los diferentes barrios se saldaron con unos niveles de violencia incluso peores que durante la época Escobar y la 13 entró en una espiral a la que pocos le veían salida.

"Empezaron a surgir las redes del microtráfico, personas que controlaban el tema del narcotráfico en el ámbito local, de la ciudad y en los barrios. Empezaron a dar guerra: los de la FARC empezaron a dominar unas partes, los el ELN otras. En realidad, había cuatro o cinco grupos de guerrillas. A inicios de los dos mil, esas bandas empezaron a disputarse los territorios. Había fronteras invisibles y quien pasaba esas fronteras era asesinado. La guerra explotó", explica Jesús David Sáenz, técnico de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín (ACI).

En 2002, Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, decidió atajar la situación a la brava. Entre el 16 y el 17 de octubre de 2002 se llevó a cabo en la 13 la intervención militar urbana más grande de la historia de Colombia, la Operación Orión. El número de muertos baila según a quién se le pregunte: 80 ciudadanos heridos, 17 homicidios a manos de policía y ejército, 71 personas asesinadas por los paramilitares, 12 personas torturadas, 92 desapariciones forzadas y 370 detenciones arbitrarias. Sobre las detenciones arbitrarias, las torturas, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las fuerzas del estado con la colaboración de grupos paramilitares poco se sabe aún. A pesar de la Operación Orión y otras tantas que se sucedieron, lo cierto es que "entre el año 2000 y el 2012 el Estado no tuvo apenas control sobre esas zonas", reconoce Sáenz.

Escaleras y 'grafitours'

Los grupos de turistas empiezan a amontonarse a eso del mediodía, móvil en mano. Desde hace unos años la Comuna 13 se ha convertido en un spot instagrameable de primer orden gracias a las decenas de grafitis que adornan aquellas calles serpenteantes donde antes corría la sangre. Las escaleras mecánicas, inauguradas en 2011, han transformado el barrio de Las Independencias, uno de los 19 que conforman la Comuna y se han convertido en un referente de urbanismo social. "Las escaleras para la paz" son un proyecto novedoso que, ciertamente, ha hecho disminuir el nivel de violencia en el barrio, ha atraído a turistas y ha mejorado notablemente la vida de sus residentes, ya que la accesibilidad les ha permitido tener una vida un poco más cómoda. De hecho, el sistema teleférico en la ciudad, la segunda más grande de Colombia, construido en 2004, ha permitido, en los últimos años, unir diferentes comunas periféricas, hasta el momento prácticamente inaccesibles, con el centro de la ciudad, hecho que ha mejorado la calidad de vida de la gente.

Las escaleras se enmarcan dentro del programa de Proyectos Urbanos Integrales (PUI), que son intervenciones en el espacio público que tienen un impacto zonal, gracias a su enfoque destinado a solucionar problemas de movilidad, centralidad, encuentro, medio ambiente, espacios públicos recreativos y deportivos. Formaron parte del Plan de Desarrollo 2008- 2011 para mejorar la calidad de vida de los residentes de la ciudad. "Éramos una ciudad que a causa de la violencia estaba cerrada al mundo, no venía nadie a Medellín porque les daba temor. La Comuna 13 es una victoria sobre lo que fue el pasado de la violencia y toda la época oscura de Medellín", dice Sandra Milena Ospina D’Alleman, subdirectora de Posicionamiento de la ACI.

Además de las escaleras, la inversión en cultura también ha sido un elemento clave en el lavado de cara de la 13. Los numerosos grafitis que adornan las calles de la Comuna se han convertido en un reclamo turístico importante y los grupos de turistas que reservan grafitours se ha multiplicado de manera exponencial en los últimos años. John Alexander Serna es conocido como Chota 13 (El Chota) y es uno de los artistas locales más reconocidos. Nacido y criado en la 13, empezó a pintar grafitis a los 16. "Queríamos recuperar los espacios y que a través del color cobrasen vida, así como recuperar la memoria. Los muros cuentan cosas y detrás de ellos hay una serie de personajes. Cuentan quiénes son (...) Los que más me inspira para pintar es la resistencia de la gente". Además de grafitis, El Chota pinta en acrílico sobre lienzo y monta exposiciones.

Mira la gentrificación de reojo: "Hemos pensado en los peligros de que la Comuna se haga popular, pero mientras sea la comunidad la que se lleve los beneficios, todo estará bien. Lo más duro sería que el café del barrio fuera arrasado por Starbucks. Si vienen empresas externas a quitarnos lo que hemos construido, esto se pondrá complicado", asegura.

***
Ese del tatuaje es Kase O. ¿Tan famoso es aquí?
Es mi maestro.

El Rapza tiene 23 años y prepara su actuación en un callejón. En estos días actúa en un bar por el que se suceden los turistas, la gran mayoría gringos, en busca de un frapuccinos y jugos de frutas exóticas para aminorar el calor. Tatuado hasta la médula, destaca, entre todos los tatuajes, uno de Kase O en el antebrazo. El zaragozano, máximo exponente del hip-hop en España, estuvo un tiempo viviendo en Medallo, mientras preparaba su último disco, El Círculo. "Hay un antes y un después en mi vida, desde que lo conocí. Estuvo viviendo en una finca, en las afueras de Medellín. Lo conocí en un evento en un teatro. Cuando lo vi, no lo reconocí porque tenía mucha barba. Me lo presentaron y cantamos juntos. Lo seguía desde hace tiempo".

No miente, el Rapza. En Tutorial, uno de los temas de El Círculo, Kase O canta: "¡Basta ya de Farsa, el Rapza viven en la 13 y sin ir de gangsta te da lecciones de humildad! Y no solo él, hay procesos en Colombia que te erizan la piel. Paz para Henry y su escuelita, en una vista aprendes más de hip-hop que con el puto Bambaataa. Es más, paz para que los que se ocupan de esos que nadie se acuerda, ellos tienen mi respeto, no artistillas de mierda".

En el documental que muestra el paso de Kase O por Medellín también aparece el Rapza. "Lo que más me inspira es el rap y los raperos malos, la guerra, la corrupción, la maldad de los humanos, son cosas que se salen de mi conocimiento, mi comprensión y tengo que manifestarme ante esto. Aquel día te di una chapa bastante seria, co. Te quería abrir la cabeza. Jugar y no caer siempre en la caja. Esta es la primera que has hecho con este concepto", le dice el zaragozano al colombiano. El Rapza canta mientras Ibarra escucha, asiente y sonríe.

Dice que tiene pendiente ir a España. Nacido y criado en la 13, su vida ha dado un giro radical, "antes nunca hubiésemos podido estar aquí hablando tú y yo. Imposible". La guerra entre pandillas le arrebató parte de la familia. "Llevo toda la vida rapeando. En la guerra asesinaron a miembros de mi familia, así que me fui un tiempo del barrio, pero volví". Ahora es uno de los raperos más prominentes de la escena hiphopera de la Comuna.

La sombra de la gentrificación amenaza

El aumento del turismo en la 13, sin embargo, mantiene vigilantes a sus residentes. La gentrificación es una amenaza real y los comuneros ya empiezan a sentir como acecha. "¡Ah sí, el arriendo, los servicios, todo es costosito! Ya como esto cogió un poquito de valor, pues ya la gente se aprovecha, cosa que no me parece", asegura Estefany, la del puesto de choricitos, preguntada por los alquileres. Ella no paga nada por tener el puestecito y cada día lo monta y lo desmonta. "Mira, vivo en esa casa azul que está ahí con ropita", señala. El tejado es de uralita. La vendedora espera que sus hijos puedan tener un futuro más cierto que el suyo: "La idea es que estudien y no pasen el trabajo que paso yo; que lleguen a ser alguien en la vida y sigan adelante, porque usted sabe que para que se acabe la pobreza, tenemos que estudiar. Estudiando es como se acaba la pobreza".

Alejandra tiene 25 años y un puesto de pulseras y abalorios (desde hace un año y medio), a unos metros del puesto de Estefany. Es clara con el proceso que se vive en la 13. "El arriendo por acá es supremamente costoso. Esto es a causa del turismo, y la gente, que se toma atribuciones que no debe por eso. El aumento del turismo en la zona ha afectado a alguna gente y ha favorecido a otra, como a mí", reconoce.

La popularización de la 13 también ha favorecido a La Crew, un grupo de b-boys que baila para recoger unas monedas y que nació a partir de unos proyectos participativos que se llevaron a cabo en la Comuna 13. "Se dieron unas clases durante un mes y cuando terminaron todos nos quedamos un poco huérfanos. ¿Qué vamos a hacer con lo que aprendimos? Y aquí estamos, representando a la Comuna 13". El que habla es Scooby, uno de los integrantes del grupo. La Crew empieza sus actuaciones a las 9:30 de la mañana y suele terminar sobre las 18:00. También actúa en teatros, actos privados y escuelas. Scooby reconoce cómo la inversión por parte del Ayuntamiento en proyectos participativos y de fomento de la cultura, ha conseguido darle una vuelta a la Comuna: "El cambio ha sido muy grande y la cultura aquí es importante porque aleja a las personas de pensar en algo malo. Ya sea a través de los grafitis o la música o el baile, te alejas de lo malo. La Crew ha salvado a varios compañeros", dice. A pesar de su corta edad, tan sólo tiene 20 años, Scooby sabe bien de qué habla.

Si bien la vida en la 13 ha cambiado considerablemente, El Chota reconoce que "aún hay pelados en las esquinas que forman parte de las bancrín [bandas criminales]" y el problema de la violencia no está del todo resuelto. Los grafitours se suceden y los turistas sonríen mientras posan al lado de grafitis realmente espectaculares. Cuando lleguen al hotel, subirán la foto a Instagram. La mayoría, sin embargo, visita la 13 en grupo y apenas se encuentran turistas que vayan por libre. El estigma continúa y a la 13 aún le queda camino para quitárselo de encima, pero parece que, gracias al baile, la pintura, el hip-hop y otros procesos culturales, los jóvenes cada vez tienen unos referentes más sanos. Ahora faltará que Starbucks pase de largo.

 

19/07/2020 08:33

Por Queralt Castillo Cerezuela

@qc_Cerezuela

Publicado enColombia
La radicalización de las derechas latinoamericanas

El viernes 8 de noviembre de 2019 por la noche estaba claro, desde la soledad de la Plaza Murillo, centro del poder político en La Paz, que el esquema para enfrentar el avance golpista había hecho agua. Se multiplicaban las noticias de motines policiales, los grupos civiles armados de la derecha habían recorrido el eje Santa Cruz, Cochabamba hasta instalarse con logística a pocas cuadras de la Casa de Gobierno.

Esa noche de lluvia helada solo quedaban grupos pequeños para sostener esa posición estratégica que se perdió sin resistencia la mañana del sábado. El Alto aún no se había manifestado con fuerza, lo haría el sábado en la tarde, cortando el acceso a La Paz. Ya era tarde: 24 horas después sucedió el derrocamiento, Evo Morales y Álvaro García Linera se trasladaron al Chapare, luego a México y finalmente a Argentina.

La escalada golpista duró tres semanas. Pocas personas la anticiparon: la economía crecía, existían acuerdos con el empresariado a nivel nacional, incluido en Santa Cruz, se venía de una relativa estabilidad política, y la pregunta central era si Evo ganaba en primera vuelta o debía ir a segunda.

La derecha sorprendió dentro de Bolivia y en el continente. Una falta de anticipación similar ocurrió cuando el 23 de enero de ese mismo año un diputado ignoto se autoproclamó presidente de Venezuela en una plaza y fue reconocido inmediatamente por Donald Trump, o cuando el gobierno de Sebastián Piñera desplegó militares en las calles de Santiago para hacer frente a la protesta, un esquema aplicado semanas antes por Lenín Moreno en Quito ante el levantamiento indígena.

La suma de eventos, a los que se agrega, por ejemplo, el actual gobierno de Jair Bolsonaro con sus crisis superpuestas --política, institucional, con discursos contra la cuarentena--, indica un cambio de las derechas que atraviesa el continente. Existe un desplazamiento de los límites, una modificación de época marcada por el regreso de viejas metodologías aggiornadas al tiempo de las redes sociales, con vasos comunicantes a la vez que diferencias, con procesos de nuevas derechas como Donald Trump, Matteo Salvini, Marine Le Pen o Vox.

Este empujar cada vez más los límites ocurre en Argentina con el despliegue de mensajes anticuarentena, conceptos pobres y peligrosos como la “infectadura”, denuncias de planes de liberación de presos para formar “patrullas que amenacen jueces y expropien el capital”, acusaciones de “gravedad institucional” a las pocas horas del asesinato de Fabián Gutiérrez y la intoxicación mediática con mentiras, medias verdades, acumulación de miedo, odio y revancha.

Este mapa de derechas no es homogéneo en el continente, varía según los países, tiempos del conflicto, según sean gobierno y desplieguen la estrategia de lawfare, como en Ecuador, Brasil o Argentina antes del nuevo gobierno, o estén en oposición y apliquen metodologías de desestabilización que llegan a contratar mercenarios para ingresar al país, como ocurrió en Venezuela.

Pero existen elementos que forman un cuadro común. En primer lugar, existen dos grandes tendencias en cada país: quienes rompen límites y radicalizan el enfrentamiento, y quienes buscan mantener la disputa dentro del marco conocido. A veces sucede que ambas se unen en un objetivo común, como lo fue derrocar a Evo Morales, para luego volver a dividirse y construir un esquema de golpistas duros, como Jeanine Áñez y Fernando Camacho, y golpistas moderados --presentados como demócratas--, como Carlos Mesa.

Esa tensión recorre la derecha en Argentina, con las disputas internas de la oposición emergidas en torno a lo que fue el posicionamiento respecto al asesinato de Gutiérrez, o en Venezuela, respecto a la división entre presentarse a elecciones o insistir a través de la vía armada y el bloqueo. Este último caso expone otra dimensión central: los grados o no de autonomía respecto al Departamento de Estado.

Esa relación con Estados Unidos es medular. El proyecto de las derechas contempla dos pilares. Por un lado, la alineación en política exterior con EE.UU., algo que puede verse fácilmente en que cada gobierno de derecha se propuso desarmar la Unasur, darle la espalda a la Celac, y volver a la centralidad de la OEA. Por otro lado, la adhesión a un proyecto neoliberal en materia económica.

Se trata de proyectos de minorías al servicio de empresas con intereses fuera del país --dejando a un lado un entramado empresarial con miras al mercado interno-- subordinadas a EE.UU., algo constitutivo de las élites latinoamericanas, que no parece modificable, aun con todas las inversiones y el comercio con China.

Dos cuestiones son centrales en este escenario. En primer lugar, el sujeto político moldeado por estas claves político-mediáticas. Las agresiones en Buenos Aires el pasado 9 de julio son un ejemplo de ese envenenamiento potenciado por las redes sociales que reúne odios históricos con nuevos apellidos y fantasmas. ¿Qué discursos construir ante eso, cómo diferenciar entre segmentos, desactivar?

En segundo lugar, ¿cómo gobernar con este volumen de ataques y corrimiento de límites? ¿cómo no dejarse arrastrar al terreno del adversario? Esa pregunta, traducida al conflicto venezolano tiene otras complejidades: ¿cómo se enfrenta un bloqueo económico y operaciones encubiertas? Y en el caso de Bolivia: ¿cómo debía enfrentarse la escalada golpista amparada por una arquitectura financiera, mediática y diplomática?

Una parte importante de la derecha regresa a viejas formas con nuevas presentaciones, intenta ofensivas sin pedir permiso ni perdón. Detrás de todo --o delante-- está la disputa económica en tiempos de recesión y el retroceso hegemónico estadounidense.

Publicado enInternacional
Retirada de la estatua del traficante de esclavos Antonio López en 2018, en pie en Barcelona desde 1944. Víctor Serri

El no siempre coherente mapa de la memoria de las naciones. Desde las estatuas de Colón al barrio de Kropotkin en Novosibirsk.

 

Sobre el monte Rushmore, en Dakota del Sur, se hallan esculpidos los enormes rostros de cuatro presidentes de Estados Unidos. La pregunta es la siguiente: ¿deberíamos dinamitar la mitad de ellos? De hecho, solo dos de estos padres de la patria (Abraham Lincoln y Theodor Roosevelt) no fueron propietarios de esclavos. De los otros dos, George Washington poseyó más de trescientos, mientras que Thomas Jefferson no solo tenía más de seiscientos, sino que también engendró varios hijos con una de sus esclavas.

Por ello la pregunta no es provocadora, sino que pone en evidencia el embrollo que se esconde en nuestra relación con los lieux de mémoire (lugares de memoria), expresión acuñada por el historiador francés Pierre Nora, que da título al proyecto editorial colectivo Les lieux de mémoire (1984, 1986, 1992), publicado bajo su dirección y traducido a diversas lenguas.

Este embrollo es particularmente insidioso en el caso de Estados Unidos, porque el esclavismo hunde las raíces en su historia, en su constitución material. Fueron propietarios de esclavos no solo Washington y Jefferson, sino también James Madison, James Monroe (el presidente que dio nombre a la Doctrina Monroe, precisamente), Andrew Jackson, John Tyler, James Polk y algunos otros estadistas. Poseía esclavos incluso la familia del general Ulysses Grant, que dirigió las tropas del norte en la Guerra de Secesión que abolió la esclavitud.

Si consideramos el asunto con el rigor debido, se debería cambiar el nombre de más de la mitad de las calles de las ciudades estadounidenses (las avenidas que no son numeradas están casi todas ellas dedicadas a presidentes del pasado, excepto algunas vías periféricas que, con cierto sentido de culpa, se hallan dedicadas a Martin Luther King).

Nos introducimos aquí en los meandros de las distinciones existentes entre lo que es la historia de un país y lo que es la reivindicación política. En algunos casos ello no presenta problema alguno. La bandera confederada, que tan solo hace cuatro años ondeaba en las sedes de los ayuntamientos de muchos estados sureños, constituía una provocación desvergonzada hacia los descendientes de los esclavos, mientras que convendría no olvidar la historia del tira y afloja que desde hace más de cincuenta años libran los estados del sur profundo (Alabama, Georgia, Luisiana, Misisipi, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee) al hilo del rediseño de la propia bandera estatal de modo que contenga alusiones más o menos veladas a la bandera confederada.  

Por ello nadie echará de menos las estatuas de Jefferson Davis (presidente de la Confederación sudista durante la Guerra de 1861-1865), del almirante confederado Raphael Semmes o los diversos monumentos a los soldados confederado que campean en innumerables plazas de Dixieland y que han sido derribados por las manifestaciones de Black Lives Matter. El asunto se hace más resbaladizo cuando se retira la estatua de Cristóbal Colón, porque en la misma de provocación política hay verdaderamente poco. No queremos vivir en un mundo que erige estatuas y las tira abajo y las vuelve a erigir, que exalta y cancela las memorias. En otro caso, daríamos la razón a los talibanes, que en 2001 dinamitaron los Budas de Bamyan, o a los fanáticos hindúes, que en 1992 destruyeron la mezquita de Ayodhya.

A este respecto merece la pena describir la curiosa relación establecida por Rusia con la propia memoria histórica postsoviética. Todo el mundo sabe que tras la caída de la URSS, la ciudad de Leningrado ha retomado su antiguo nombre zarista, San Petersburgo, pero pocos saben, sin embargo, que su región (oblast) continua llamándose Leningrado. Todavía más curioso es el caso de Ekaterinburg, ciudad donde en 1918 fue ejecutado el zar Nicolás II junto con su familia. Durante la era soviética, la ciudad se llamó Sverdlovsk, en honor del nombre del dirigente bolchevique, Jakov Sverdlov, que había ordenado fusilar a los Romanov. Después de 1991 se ha vuelto a recordar a la zarina Catalina la Grande, pero, al igual que en el caso de San Petersburgo, el oblast continúa denominándose Sverdlovsk y la cosa no acaba aquí: la gran arteria que circunda el nuevo monumento dedicado al “martirio de los Romanov” es la avenida Sverdlov (que posteriormente cambia su nombre para denominarse avenida Karl Liebknecht).

Lo mismo sucede en Irkutsk, ciudad situada en las proximidades del lago Baikal: la gran arteria Karl Marx desemboca en una plaza en la que se yergue la estatua de Alejandro III, el zar más reaccionario que Rusia conoció durante el siglo XIX. Vladivostok, por otro lado, es la única ciudad en cuyo centro no sobresalen las avenidas Lenin y Marx, como sucede por el contrario en la totalidad de las restantes ciudades: durante la Revolución Soviética fue la ciudad más “blanca” de Siberia y ello se percibe nada más que uno llega a la misma, porque en la sala de espera de la estación terminal del tren transiberiano encontramos un altar dedicado al zarevic Nicolás II, quien en 1891, antes de subir al trono, visitó la ciudad para inaugurar la línea. Sin embargo, la plaza principal de esta ciudad contrarrevolucionaria se llama “plaza del poder de los soviets”.

Pero el ejemplo más claro de este sincretismo histórico, que se apropia de la totalidad del pasado conciliando elementos inconciliables, lo encontré en un aula escolar visitada en Krasnojarsk, ciudad situada a orillas del río Enisei, donde, en la pared, tras la mesa del profesor, había, situados a ambos lados de la pizarra, un retrato del zar Nicolás II Romanov y otro de Lenin (en toda Rusia el único gran ausente sistemático de esta reconciliación póstuma es naturalmente Stalin).

Tanto eclecticismo no es inocente, ya que subyace bajo el mismo una operación hipernacionalista en virtud de la cual no importa si unos son zaristas y otros bolcheviques, porque todos son hijos de la eterna madre Rusia. Conviene recordar el inmortal apotegma de Samuel Johnson: “El patriotismo es el último refugio del canalla”. Sin embargo, no puede dejarse de reconocer una toponomástica que hace aflorar figuras que en otros lugares se hallan canceladas de la memoria, como sucede con el príncipe anarquista Kropotkin, que da nombre a un barrio entero de Novosibirsk; o, como en Irkutsk, la del propio Liebknecht o la de Jean Paul Marat (no olvidemos que en Francia Robespierre, Sain-Just y también Marat han sido objeto de cancelación prácticamente en todos los sitios). Y, de todos modos, no deja de inspirar cierta ternura que en el fondo de Siberia uno encuentre el Parque de la Comuna de París y pueda pasearse por él.

Por Marco D'Eramo

15 jul 2020 09:48

Publicado enCultura
Las esculturas del Centenial Land Run, en Oklahoma City, que evocan la ocupación de las tierras indias por los blancos (Sue Ogrocki / AP)

A pesar de las indignidades sufridas y la creación del estado en 1907, los jueces reconocen que la reserva nunca dejó de existir y hoy es quien tiene jurisdicción sobre el territorio

 

A la tumultuosa y sangrienta historia de la conquista del Oeste en Estados Unidos de América le faltaba aún un capítulo.

Lo ha escrito esta semana el Tribunal Supremo con una sentencia que reconoce que casi la mitad del territorio de Oklahoma pertenece a las tribus indígenas que allí se instalaron cuando se vieron forzadas a abandonar sus tierras para hacer sitio a los colonos blancos. A pesar de las indignidades sufridas y la creación del estado en 1907, los jueces reconocen que la reserva nunca dejó de existir y hoy es quien tiene jurisdicción sobre el territorio.

“Al final del Sendero de Lágrimas había una promesa. Forzados a dejar sus tierras ancestrales en Georgia y Alabama, la nación creek recibió garantías de que tendrían por siempre aseguradas sus nuevas tierras al oeste”, recuerda en la sentencia el juez Neil Gorsuch en alusión a los tratados firmados en 1832 y 1833 por el gobierno de EE.UU. con esta tribu amerindia para conseguir que les cedieran sus terrenos al este del río Misisipi.

“Hoy se nos pregunta si la tierra prometida sigue siendo una reserva india a efectos de la ley penal federal. Dado que el Congreso no ha dicho lo contrario, la palabra del Gobierno se mantiene”, concluye. Si se reconoce la validez de tratados similares firmados en el siglo XIX con las tribus cherokee, chickasaw, choctaw y seminolas, casi la mitad del territorio de Oklahoma pasará a ser clasificado como reserva india.

La sentencia, aprobada por cinco votos a favor y cuatro en contra, es un recompensa tardía por las lágrimas vertidas entre 1831 y 1838 por miles de miembros de tribus indígenas, una caravana humana en la que fallecieron unas 4.000 personas. El Gobierno de EE.UU. incumplió sus promesas y desde el primer momento se dedicó a minar y torpedear la acción de los órganos de gobierno propios de los indígenas.Pero el Congreso nunca desmanteló oficialmente la reserva india. “Estuvo muy cerca pero nunca aprobó el tipo de texto que generalmente se usa en estos casos”, aduce Gorsuch, a cuya opinión se sumaron los cuatro jueces progresistas.

Entre quienes se opusieron está el presidente, el juez John Roberts. En un informe aparte recordó que “las cinco tribus, cuyos miembros tenían colectivamente al menos 8.000 esclavos, firmaron tratados de alianza con la confederación” durante la guerra de Secesión y “aportaron fuerzas para combatir del lado de las tropas rebeldes”. Al conceder la ciudadanía a los miembros de las tribus y darles voto en la formación del estado, “el Congreso los incorporó en una nueva comunidad política”.

Mientras la juez progresista Sonia Sotomayor destacó el trato vejatorio sufrido por las tribus y el destierro del Sendero de Lágrimas, el conservador Brett Kavanaugh argumentó que si Washington incentivó la llegada de blancos al territorio fue en respuesta al apoyo de las tribus a los confederados. Fue el comienzo de los intentos de “asimilación” de la población nativa. En lugar de permitir que los indios gobernaran sobre una población blanca o expulsarlos, el Congreso optó por crear un nuevo estado en 1907, recalca Kavanaugh. Catorce años después, Tulsa, la principal ciudad de la reserva y segunda mayor del estado, protagonizaría uno de las peores masacres racistas de la historia de EE.UU. con el linchamiento de cientos de negros.

El origen de la sentencia del Supremo no está en ninguna demanda de los pueblos nativos sino en el recurso de un vecino de Oklahoma condenado por abuso de menores que cuestionó que las autoridades estatales tuvieran potestad para procesarlo. El hombre, Jimcy McGirt, de la tribu seminola, alegó que debía ser juzgado en un tribunal federal. Ha habido más casos de este tipo pero este llegó al Supremo. En la vista oral celebrada en mayo, la Administración Trump y el estado de Oklahoma defendieron que el reconocimiento de la existencia de la reserva podría provocar un caos jurídico. Gorsuch discrepó. Dar por buenas todas las tretas que el estado usó para pasar por encima de las tribus nativas sería aceptar “la ley del más fuerte, no el estado de derecho”

.

Origen de la sentencia

 

La sentencia implica que solo las autoridades federales pueden presentar cargos contra nativos americanos que cometan crímenes graves en ese territorio, donde viven 1,8 millones de personas (15 % de ellos son nativos americanos). El fallo abre la puerta a que se recurran una cantidad indefinida de sentencias penales dictadas por los tribunales estatales y probablemente a cambios fiscales ya que los estados no tienen derecho a imponer tributos en reservas indias. El estado de Oklahoma, la tribu creek y las otras cuatro naciones afectadas se han comprometido a trabajar juntos para aplicar la sentencia y velar por la seguridad pública, la economía y los derechos de propiedad privada.

“Con el paso del tiempo, Oklahoma y sus tribus ha demostrado que pueden funcionar con éxito como socios”, escribe en la sentencia, optimista haca el futuro, Gorsuch. Su sensibilidad hacia la historia de los pueblos e instituciones indígenas, gestada durante su tiempo como juez en (Denver) Colorado, ha sorprendido a muchos. Gorsuch es uno de los jueces conservadores nombrado por Donald Trump, quien tiene entre sus ídolos a Andrew Jackson, el presidente que en 1830 firmó y ejecutó manu militari la expulsión india.

.

Publicado enInternacional
Opus Dei, pederastia y silencio de los medios

La Congregación para la Doctrina de la Fe ha procesado al sacerdote del Opus Dei Manuel Cociña Abella por abusos sexuales a varios adolescentes y jóvenes de ciudades españolas en los últimos 30 años. Lo ha sancionado a cinco años sin ejercer su ministerio sacerdotal en público, otros cinco años de atención espiritual únicamente en su centro, en Granada, España. El pederasta Cociña tiene 72 años, fue discípulo directo del fundador Escrivá de Balaguer y ha sido actor distinguido en la Obra.

Es la primera vez que un miembro distinguido del poderoso Opus Dei es inculpado en temas de abusos. Sin embargo, la noticia sólo ha levantado vuelo en las redes sociales. El portal Religión Digital, especializado en temas católicos, ha dado seguimiento a las denuncias y al proceso de Cociña, pero denuncia que tanto la prelatura del Opus Dei como la totalidad de medios de comunicación han silenciado la noticia. Jesús Bastante, de Religión Digital, reprocha: "El Opus Dei sigue callado. Es la estrategia de siempre, la que tanto daño ha hecho a las víctimas de abusos. Porque el silencio victimiza doblemente al superviviente, lo ningunea, trata de anular su dolor, su historia, el horror sufrido. El silencio de quienes, durante años, miraron hacia otro lado, trasladando a Cociña de un lugar a otro y conminando a las víctimas a callar y guardar su dolor en un cajón es, si cabe, más ominoso que los abusos en sí. Porque el silencio es consciente y programado".

Las preguntas resultan innegables: ¿puede una congregación religiosa tan poderosa como el Opus Dei acallar y amortiguar un evento que perjudique su imagen? El portal se queja particularmente en España y Chile, donde la Obra es pujante, de la siguiente manera: "¿Dónde están Vida Nueva, Alfa y Omega y la prensa católica de nuestro país?" ¿Tanto poder tiene la Obra sobre medios aparentemente alejados de la Iglesia como El País? La respuesta es afirmativa. Lo vivimos en México en 1997, cuando se anunció un programa de tv en CNI Canal 40. Las víctimas de Marcial Maciel denunciaban sus abusos. Hubo amenaza de boicot de anunciantes, silencio de las principales televisoras y, salvo La Jornada, callaron los periódicos del país. Fue un caso emblemático, pues desnudó los estrechos vínculos de poder entre la Iglesia y las élites mexicanas. Hubo censura y coerción hacia los periodistas que se atrevieron a desenmascarar el reino de impunidad de Maciel. Es más, las plumas cercanas a los Legionarios de Cristo cuestionaron los relatos y autoridad moral de las víctimas. Sobresale, El Norte ( Reforma) que se dedicó a calumniar sistemáticamente a las víctimas.

El tema requiere detenerse. Porque la denuncia a la pederastia clerical se debe a los medios seculares. Los medios de comunicación han tenido un papel clave en la denuncia de la pederastia clerical a escala internacional. Desde el comienzo de las revelaciones sobre el abuso, la Iglesia católica, reaccionó con desacierto. Desde los años 50, niega los hechos y protege a los pederastas. En el siglo XXI, ante el alud de denuncias, cuyo epicentro se sitúa en The Boston Globe en Filadelfia en 2002, encontramos una Iglesia que invierte sus energías haciéndose pasar por víctima. Acosada por supuestos intereses que la quieren desprestigiar. El efecto es el contrario, hay un desmoronamiento institucional debido a la contundencia de los relatos de las víctimas, hechos y denuncias en países registrados por los medios. Al posicionarse como ciudadela asediada por enemigos que buscan destruirla, la Iglesia, se refugia en teorías de la conspiración y olvida el drama de las víctimas. Las percibe como amenaza o instrumentos manipulados para alimentar la hostilidad internacional. La Iglesia comete un grave error de comunicación que la desacredita. Pretendió promover la imagen del martirio y de persecución, durante la primera década del siglo XXI.

Sin duda, la estrategia también pretendió reforzar el frente interno. Es decir, cerrar filas como cuerpo social ante los supuestos embates de enemigos externos. Sectores de la curia desarrollan confabulaciones y complots en torno al funesto secretario de Estado de Juan Pablo II, el cardenal Angelo Sodano, quien encabeza la fallida estrategia. Desde Roma se levantan construcciones sobre conjuras internacionales, cuyos actores centrales son aquellos enemigos tradicionales: judíos, masones, comunistas, ateos y financieros de Wall Street. En los relatos argumentativos, se minimiza el impacto de la opinión pública, ya que ha sido manipulada. Sin enfocarse en las víctimas, la estrategia, prendió cimentar un frente interno sólido capaz de repeler los ataques. La imagen del martirio, de hecho, se refiere a la memoria colectiva del cristianismo primitivo. Bajo esta estrategia, situamos el silencio y reprochable desentendimiento de los medios católicos. Más aún cuando grandes agencias internacionales, sus fundadores estaban involucrados, como Zenit con Maciel, de los legionarios o Aciprensa; Luis Fernando Figari, de Sodalicio de Vida Cristiana. La prensa cristiana y católica está en deuda con la verdad y con sus lectores.

Todo este episodio dramático entre medios y pederastia clerical conduce a una hipótesis: en un contexto cultural de secularización, en el declive de la estructura eclesial católica se opera un efectivo decaimiento simbólico. Es decir, la Iglesia ya no ejerce ni tiene el monopolio de la moralidad. La crisis de pederastia y sus escándalos es también la crisis de credibilidad de la Iglesia que en México había modelado los valores. El Opus Dei guarda este dilema, se abre a la transparencia o se refugia en el arte de ocultar la verdad.

Publicado enInternacional
Trump puso sanciones porque investigaban crímenes de sus tropas

EE.UU. sigue atacando a la Corte Penal Internacional

 

La gravedad del problema institucional que ya implicaba el desconocimiento de Estados Unidos a la Corte Penal Internacional (CPI) se profundizó a fines de junio. En el sistema mundial que concibió Immanuel Wallerstein, EEUU sigue enfrascado en su histórico excepcionalismo. Ese que consiste en el doble estándard para juzgarse a sí mismo y al resto de las naciones de modo distinto. Además de aislarse –se fue de la OMS a fines de mayo– sigue anunciando sanciones unilaterales contra organizaciones o países. Al tribunal con sede en La Haya lo alcanzó el largo brazo de Washington cuando tuvo el tupé de investigar los crímenes que cometieron sus tropas en la invasión de Afganistán. La secuencia es así: el 11 de junio en respuesta a esa decisión de la CPI, Donald Trump emitió la orden ejecutiva 13928 para bloquear los bienes de algunos de sus integrantes. La réplica, un documento del mayor grupo de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, no demoró. Se conoció el 25 de junio y considera la sanción “un ataque directo” a la independencia judicial del organismo que reúne a 123 naciones que adoptaron el estatuto de Roma en 1998.

Estados Unidos no reconoce a la Corte como el instrumento para juzgar crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por personas físicas. Los especialistas, relatores del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, consideraron que “estas amenazas constituyen una interferencia inadecuada con la independencia de la CPI y también podrían tener posibles efectos adversos en los defensores de los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y los representantes de las víctimas…”.

Desde que se creara la Sociedad de las Naciones en 1919 a la que Estados Unidos no adhirió –disuelta en 1946 para dejar paso a la ONU- los intentos de la potencia mundial para condicionar a los organismos multilaterales se dan con frecuencia. Por citar los últimos, Trump se retiró del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en junio de 2018. Al año siguiente, en diciembre de 2019, el gobierno de EEUU ya ni siquiera argumentó que actuaba en defensa propia. Acudió en ayuda de su incondicional aliado, Israel. Le advirtió a la CPI que “tendría consecuencias” si pretendía poner en marcha cualquier investigación “ilegítima” sobre las políticas en los territorios palestinos ocupados.

Estos antecedentes fueron contextualizados por Diego García-Sayán, relator especial de la ONU para la independencia de los jueces y abogados: “La implementación de tales políticas por parte de Estados Unidos tiene el único objetivo de ejercer presión sobre una institución cuyo papel es buscar justicia contra los crímenes de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión”.

Si la ONU tiene 193 países y la Corte Penal 123 se debe en buena medida a la historia recorrida por ambas. Naciones Unidas cumplirá 75 años el próximo 24 de octubre y la CPI recién llegará a los 22 años este 17 de julio. No es menor la cantidad de sus países miembros si se toma en cuenta que al 1° de enero de este año 117 estados de la ONU pasaron por el Consejo de Derechos Humanos que tiene un cuerpo estable de 47 naciones desde el 15 de marzo de 2006.

El conflicto entre Estados Unidos y la Corte se agudizó cuando la fiscal internacional Fatou Bom Bensouda, recibió el apoyo clave de una las Cámaras de Apelaciones de la CPI. El 5 de marzo de este año, la Cámara decidió en fallo unánime que la autorizaba a investigar posibles delitos en la república islámica de Afganistán que EEUU todavía ocupa con unos trece mil soldados. John Bolton, uno de los halcones de la Casa Blanca que asesoró a Trump hasta septiembre de 2019 cuando el presidente lo despidió, fue el más taxativo de todos los funcionarios cuando se refirió al tribunal de La Haya: “No cooperaremos con la Corte; no le prestaremos asistencia; no nos uniremos a ella; dejaremos que se muera sola”.

Pero la CPI está muy lejos de morirse y tiene quienes la defienden de las medidas con que la amenazó Washington: “El uso de sanciones unilaterales contra jueces internacionales y funcionarios públicos internacionales constituye una clara violación no solo de sus privilegios e inmunidades, sino también de un amplio espectro de derechos de las personas seleccionadas”, dijeron los responsables de todas las relatorías de la ONU, quienes no reciben un salario por su trabajo, son independientes de cualquier gobierno y se desempeñan a título individual. Entre ellos hay un argentino: Fabián Salvioli, quien se encarga del área de promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en Naciones Unidas.

La gambiana Bensouda es por ahora el principal blanco individual del gobierno de Trump. Los crímenes que investiga en Afganistán según informes de la CPI afectaron a 699 víctimas, 61 de las cuales fueron torturadas por las fuerzas de ocupación. Estados Unidos llegó a retirarle la visa a la fiscal que también investiga crimenes de los talibanes. El Fiscal General de EEUU, William Barr, afirmó el mes pasado que las medidas tenían como objetivo “responsabilizar a la CPI por exceder su mandato y violar la soberanía de los Estados Unidos”.

Esa concepción muy vinculada con la doctrina del destino manifiesto que se arroga Washington desde la época de sus padres fundadores, es analizada por Thierry Meyssan. El periodista francés que preside y fundó la Red Voltaire escribió en un artículo que publicó el 2 de abril del año pasado: “Estados Unidos afirma que sigue ‘la voluntad de Dios’ mientras que sus enemigos se niegan a ‎hacerlo y, por tanto, juzga a sus enemigos mucho más severamente de lo que se juzgaría a ‎sí mismo por los mismos hechos, recurriendo así al doble rasero”. ‎

La posición del gobierno de EEUU es evidente desde que se firmó el estatuto de Roma con que se rige la CPI. Se considera una nación “excepcional” -de ahí la doctrina del excepcionalismo- que no debe ni puede quedar condicionada por los principios universales que rigen a otros Estados.

Según algunos académicos este conflicto plantea un dilema ético. Thomas Bender, un respetado historiador norteamericano, autor del libro Historia de los Estados Unidos. Una nación entre naciones (Siglo XXI), le dijo en 2011 a Página/12: “Nosotros aceptamos nuestras actividades imperialistas justamente porque nos consideramos ‘aparte’. Creemos que estamos ayudando a la gente que invadimos. Este excepcionalismo es intrínsecamente contradictorio: no compartimos la historia mundial, pero cualquier historia nacional extranjera nos parece una emulación de la nuestra, como si los demás debieran ir en la misma dirección”. Como se ve, nada cambió hasta hoy y la ofensiva de Trump contra la Corte Penal Internacional es más de lo mismo.

//Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.">Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Publicado enInternacional
Lunes, 06 Julio 2020 06:02

¿Parteaguas?

Vista aérea de una pintura a gran escala que representa a Breonna Taylor en Annapolis, Maryland.Taylor fue asesinada dentro de su departamento a tiros por miembros del Departamento de Policía de Louisville en marzo durante una fallida redada antidrogas.Foto Afp

El movimiento Black Lives Matter es posiblemente la movilización de protesta social más grande de la historia de Estados Unidos, la cual está rescatando el futuro de su país al recordar su historia real.

“¿Que comparto yo, o los que represento, con la independencia nacional de ustedes? ¿Aquellos grandes principios de libertad política y de justicia natural, encarnados en esa Declaración de Independencia, nos incluyen?… Las bendiciones que ustedes regocijan este día no son gozadas en común. La herencia rica de justicia, libertad, prosperidad e independencia, entregada por sus padres, es compartida por ustedes, no por mí… Este 4 de julio es de ustedes, no mío. Ustedes pueden regocijarse, yo tengo que estar de luto… Conciudadanos, por arriba de su alegría nacional tumultuosa, yo escucho el triste lamento de millones cuyas cadenas, pesadas y dolorosas, hoy son aún más intolerables por los gritos de júbilo que nos alcanzan…. No dudo declarar, con toda mi alma, que el carácter y conducta de esta nación nunca me ha parecido más oscura que en este 4 de julio… Estados Unidos es falso al pasado, falso al presente y solemnemente se ata para ser falso al futuro. De pie con Dios y el esclavo aplastado y sangrando en esta ocasión, yo, en nombre de la humanidad que está indignada, en el nombre de la libertad encadenada, en nombre de la Constitución y la Biblia, que son ignoradas y pisoteadas, me atreveré a cuestionar y a denunciar… todo lo que sirve para perpetuar la esclavitud, el gran pecado y vergüenza de Estados Unidos…

“No es luz lo que se necesita, sino fuego; no es una llovizna suave, sino truenos. Necesitamos la tormenta, el torbellino y el terremoto… La hipocresía de la nación tiene que ser expuesta, y sus crímenes contra Dios y el hombre tienen que ser proclamados y denunciados… ¿Qué es, para el esclavo estadunidense, el 4 de julio de ustedes? Respondo: un día que le revela, más que todos los otros días del año, la grave injusticia y crueldad en la cual él es la víctima constante. Para él, esta celebración es una farsa… un velo delgado para encubrir los crímenes que desgraciarían a una nación de salvajes. No hay nación en el mundo culpable de prácticas más espantosas y sangrientas que las del pueblo de Estados Unidos en estos momentos…. Por barbarismo repugnante e hipocresía sin vergüenza, Estados Unidos reina sin un rival.”

Esas palabras son fragmentos de un discurso ofrecido justo en esta fecha en 1852, sobre el significado del 4 de julio, Día de la Independencia, que celebra la lucha por la libertad, por el abolicionista Frederick Douglass, quien fue un ex esclavo afroestadunidense, y director del rotativo The North Star (el cual, por cierto, fue de los primeros en publicar un editorial en oposición a la guerra de Estados Unidos contra México, la cual llamó "una guerra ignominiosa, cruel y desigual" y donde "México parece ser condenado a ser víctima del cupido y amor anglosajón de la dominación").

Pero el gran Douglass, entre otros, estaría sorprendido hoy día de que sus palabras de hace 168 años estén en boca de participantes en lo que se calcula es ahora el movimiento de protesta social más grande en la historia de Estados Unidos, reportó el New York Times. El cálculo es que entre 15 y 26 millones de personas han participado en las protestas.

“El peor error que podríamos cometer ahora, con todas estas marchas, las protestas en las calles, sería demandar demasiado poco… Es la hora por una revolución moral de valores”, afirma el reverendo William Barber, quien encabeza la Campaña de los Pobres.

Asustado, el presidente ha declarado, en sus festejos del Día de Independencia, que este movimiento es "el enemigo" de su país, o sea, ya no son los mexicanos ni los inmigrantes ni otros poderes, sino otros estadunidenses que se oponen a él y todo lo que representa.

El país esta en un parteaguas donde tiene que enfrentar lo que fue, lo que es y decidir –y luchar por– lo que quiere ser.

https://open.spotify.com/ track/0FdCFfb5xb7thJMaSjLFs H?si=HrLQt_-3TQuc6Sg7IWe1-w

https://www.youtube.com/watch?v=NV51gU00oqc

https://www.youtube.com/watch?v=d6szT5NnwTY

https://www.youtube.com/watch?v=Xv8FBjo1Y8I

Publicado enInternacional
Reclusos con mascarillas mientras hacen cola durante una operación policial en la prisión del Centro Penal de Izalco. EUROPAPRESS/Especial/NOTIMEX/dpa

 

elDiario.es habla con un portavoz de la Mara Salvatrucha cuando se cumplen dos meses desde que el Gobierno salvadoreño ordenó mezclar en las mismas celdas a miles de miembros activos de tres pandillas enfrentadas entre sí

Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Miles de presos apelotonados uno tras otro, en plena pandemia. Todos con la cabeza rapada, descalzos, sin camiseta, vestidos únicamente con pantalones cortos y hacinados en cárceles que triplican su capacidad. El menor de los problemas era que no se cumpliese la distancia social. Por primera vez en dos décadas, El Salvador decidió juntar en tres de sus prisiones a sicarios de las tres pandillas mayoritarias y enfrentadas a muerte entre sí, la Mara Salvatrucha 13 (MS-13), y las dos facciones de Barrio 18, Sureños y Revolucionarios, que desde el 2002 tenían espacios diferenciados dentro de las prisiones para evitar asesinatos entre ellos.

Esta semana se han cumplido dos meses desde que miles de miembros activos de la MS-13 y de las dos 18 están conviviendo en las mismas celdas. No ha habido reporte de muertes ni incidentes. Un portavoz de la Mara Salvatrucha en El Salvador ha explicado a elDiario.es cómo se ha gestionado en el interior de las prisiones el "castigo" del Gobierno salvadoreño.

"El Estado nos metió así pensando que nosotros íbamos a caer en su juego", sostiene el hombre vía telefónica, reticente a dar su nombre real por razones de seguridad. Se hace llamar 'Presente', su taka o alias en la pandilla.

"Nos metió así pensando que nos íbamos a matar unos con otros, porque somos rivales, creyendo que íbamos generar un caos... Pero somos seres humanos y podemos pensar así que rápido, ligero, nos pusimos de acuerdo", detalla Presente para describir los meses de convivencia entre sus compañeros y sus rivales: "Y ahí estamos, revueltos pero tranquilos, tenemos reglas y normas entre nosotros".

Presente habla desde la capital del país, San Salvador, en nombre de toda la organización, incluidos sus homies (compañeros) presos. Nos contacta a través de otro compañero suyo, preso en España. Para poder hablar con Presente pasamos varios filtros, muchas preguntas y varios días hasta llegar al representante designado. En otros momentos, los presos podían, ilícitamente, hacer llamadas desde la cárcel, ahora, desde que los juntaron, les han cortado casi cualquier vía de comunicación con el exterior. Solo les quedan algunos métodos rudimentarios para hacer llegar algún mensaje a los miembros de su organización que no están encarcelados.

A sus 34 años, Presente, como casi cualquier marero vivo de su edad, también ha estado preso. Él cumplió condena en Zacatecoluca, la prisión de máxima seguridad de El Salvador, donde históricamente han encerrado a los líderes de la Mara Salvatrucha 13 (MS13).

La MS13 es la pandilla más grande y violenta del mundo, la que nació en los años 70 en California, y ahora es considerada una organización terrorista internacional. Aunque de cerca se parece más a un ejército de chicos pobres que se enriquecen con el narcomenudeo y la extorsión. En este país de 6,5 millones de habitantes, tan poblado como la Comunidad de Madrid, la MS13 tiene 40.000 miembros repartidos por todo el territorio. Se organizan en los barrios y asentamientos urbanos a través de clicas, la unidad mínima territorial que goza de autonomía operativa y que le rinde cuentas al programa, una mesa regional sobre la que ya se erige la organización nacional o Mesa de la Ranfla.

Las clicas han dividido ciudades y el país entero en miles de fronteras invisibles, donde quien vive en un barrio controlado por una clica de la MS13, aunque no seas parte de la organización, no puede cruzar al barrio contiguo si lo controla una de las pandillas rivales, a riesgo de ser asaltado, golpeado o hasta asesinado.

Con esta ley del terror, cada pandilla se asegura el control de su territorio donde pueden estar tranquilos con sus familias y hasta conseguir prebendas para sus vecinos. Después de 30 años de existencia en muchos barrios, pandillas y vecindario tienen una relación simbiótica, los mareros necesitan al barrio para sobrevivir y el barrio muchas veces necesita a la pandilla. Como ha ocurrido durante la pandemia. Durante el estado de emergencia en El Salvador, los pandilleros han repartido víveres y han impuesto, demasiadas veces de malas formas, que la gente cumpla el confinamiento.

El gobierno salvadoreño decretó el 15 de marzo el estado de emergencia, que ha mantenido al país confinado durante cerca de tres meses. El cese de la actividad económica, sumado a las tormentas tropicales Cristóbal y Amanda que dejaron 30 muertos y a más de 12.600 personas sin casa, han disparado el hambre en un país donde la tercera parte de su población vive en la pobreza.

"Somos una estructura pensante, los más grandes de aquí, los más organizados y no solo para cosas malas, también para cosas buenas", dice Presente, quien tiende la mano al Gobierno salvadoreño. La relación entre las pandillas y la administración de Nayib Bukele, que acaba de cumplir un año, es opaca. Los dos gobiernos anteriores del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) intentaron acuerdos con las pandillas para pacificar el país.

En 2012 se negoció una tregua que no llegó a cumplir los dos años. Su fracaso y la implementación de políticas de mano dura tuvo un importante coste para El Salvador. Las pandillas escalaron la violencia hasta convertir el país en el más violento del mundo. Uno de cada mil salvadoreños era asesinado en 2015 y esta tasa casi se duplicaba en la capital, San Salvador.

Desde la llegada de Bukele al poder, los homicidios han descendido en un 60%, un logro histórico. El gobierno asegura que es gracias a su Plan de Control Territorial, del cual no hay apenas información pública y ha sido puesto en entredicho el último fin de semana de abril, cuando 70 personas fueron asesinadas, casi una cada hora; pese a la restricción de movimientos y con 50.000 policías y militares desplegados en la calle. "Fue un golpe sobre la mesa de las pandillas, que saben que la violencia es su poder de negociación con el gobierno", asegura la experta en Seguridad y Violencia, Jeanette Aguilar.

El presidente Nayib Bukele respondió públicamente con la vieja receta de mano dura. Autorizó a la Policía y al Ejército a disparar a matar. "El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o de la vida de los salvadoreños", dijo Bukele a través de su cuenta de Twitter, como suele hacer los anuncios oficiales quién se ha ganado a pulso el apelativo del "presidente millenial". Ese mismo día decidió juntar en las prisiones a miembros de las tres pandillas mayoritarias y enfrentadas a muerte entre sí. "De ahora en adelante, todas las celdas de pandilleros en nuestro país, permanecerán selladas. (...) Estarán adentro, en lo oscuro, con sus amigos de la otra pandilla", tuiteó el mandatario. En El Salvador se calcula que, entre todas las pandillas, hay 60.000 miembros, de los cuales l6.000 están presos.

"En las cárceles aguantamos hambre, golpes, nos tratan peor que los animales ya usted ha visto como los andan...", describe Presente. "Los tiene tan solo en bóxers, sin comunicación, con una puerta sellada para que no les entre ni un rayo de sol al día, todos hacinados, solo con las mascarillas clínicas", dice el MS-13.

El portavoz de la Mara Salvatrucha sostiene que, aunque hay un área destinada para gente enferma, la saturación dificulta la atención médica. "Si normalmente no se da abasto, ¿ahora? El año pasado murieron muchos hermanos presos de tuberculosis, imagínese con lo que estamos viviendo ahora... uno está como agonizando en vida", relata Presente. Pide al Gobierno que se replantee la medida.

"Violando nuestros derechos, el país no vive mejor"

"Nosotros como mareros no pedimos nada más que nos respeten los derechos humanos. Somos delincuentes, pero también somos salvadoreños. El gobierno se debería poner a analizar que violando nuestros derechos el país no vive mejor", dice el marero.

Roberto Valencia, periodista que ha cubierto el fenómeno de las maras durante una veintena, asegura haber accedido a un documento firmado por las tres pandillas para ratificar su convivencia en el interior de las cárceles. "Ahora tenemos una reglas de convivencia dentro de las prisiones", dice Presente. Cuesta imaginárselo, cuando se trata de pandilleros rivales. Durante años, se han matado unos a otros.

"Sí, esas rivalidades están, pero ahí dentro no le vamos a dar gusto al sistema", reitera el joven. "Ahí nosotros convivimos. Si ha habido un problema en alguna ocasión en las calles, no se puede reactivar en la cárcel aunque se quiera. No se puede", añade. Pero, una cosa es la presión. Otra, las calles.

La tregua no se replica afuera. Solo que, durante la pandemia, cada pandilla está viviendo "en tranquilidad, en su territorio".

Valencia, que entró a grabar en las celdas el pasado mes de mayo, vio como los rivales convivían hasta el punto de llamarse "amigos" entre ellos. "Si me dicen a mi hace unos años que iba a ver eso, apuesto dinero a que no", explica el periodista.

Articuladas frente a un enemigo común: el Estado

"Desde 2010 hemos visto cómo las pandillas han logrado articularse entre ellas contra el Estado, su enemigo común. Ahora esta decisión en las cárceles puede favorecer más la cohesión de las bases pandilleras, al margen de sus rivalidades históricas", contextualiza Aguilar.

"Así pasó en la década pasada ante las políticas de mano dura, cuando las pandillas contestaron usando la extorsión hasta convertirse en las redes de economía criminal que son ahora. Si ahora se fortalecen las estructuras pandilleriles desde las prisiones (dónde están muchos de sus líderes), se pueden convertir en estructuras que funcionen como un solo cuerpo frente al Gobierno. Esto dejaría el país en una posición menos favorable, es un mal cálculo de Bukele", alerta la investigadora Aguilar y da ejemplos de otras intentonas fallidas. Si en algo son buenas las pandillas es en su capacidad de adaptación.

"Nosotros ya teníamos en mente que un día el gobierno podría hacer esto. Pero aquí está muy equivocado con la población que tenemos adentro. Es una decisión caprichosa y no podemos poner nuestro grano de paz nosotros así, el gobierno en la actualidad nos sigue matando día tras día", agrega Presente, antes de envíar por Telegram noticias de mareros muertos en manos de la Policía.

En el informe del primer año de gobierno de Nayib Bukele, el Ministro de Seguridad de El Salvador, Rogelio Rivas se congratulaba de sus resultados. "Hemos cerrado un año sin precedentes en la historia de El Salvador en seguridad pública. El mes de mayo fue el más seguro en la historia del país, con 64 homicidios. Y hoy puede ser el segundo día del mes sin ningún homicidio", decía el jueves 4 de junio. Menos de 24 horas después y a 50 kilómetros de donde se reúne el Ejecutivo, la policía salvadoreña asesinaba a un pandillero apodado El Dreamer, de la Mara Salvatrucha 13 (MS13). No hubo ningún escándalo, ni manifestaciones contra la acción policial, su muerte fueron apenas unas líneas publicadas en prensa.

¿Nuevos acuerdos entre el Gobierno y las pandillas?

Junio se terminó, al igual que mayo, con apenas dos asesinatos diarios en El Salvador, un hecho a celebrar en el mismo país que el último fin de semana de abril asesinaron a una persona cada hora o donde en 2017 se asesinaba a 10 personas al día. Expertos como Aguilar señalan que el descenso se debe a un pacto bajo el agua entre el actual gobierno y las pandillas. Otras dos fuentes off the record apuntan en la misma dirección. Desde la MS13, Presente rehuye hablar de pactos. "Acuerdo así tal vez no hay, pero sí un acto de buena voluntad por parte de nosotros. Nosotros estábamos de manos cruzadas, queríamos ver qué esperanza o oportunidad traía el nuevo gobierno pero ahora llegó su primer año y las cosas no han cambiado para nosotros", dice.

La propia ONU ha pedido a Bukele que revise sus actitudes autoritarias. Por ejemplo, durante el inicio de la pandemia, dio orden de detener y encerrar 30 días en instituciones gubernamentales a todo aquel salvadoreño que se saltase el confinamiento domiciliar –pese a que el poder judicial se opuso– y se han sucedido las detenciones arbitrarias y los encierros de aquellos que se atrevieran a salir incluso a la gasolinera, durante la cuarentena. No es el único giro militarista, en febrero el presidente quiso forzar una votación en la Asamblea Legislativa –controlada por la oposición– tomando el pleno con soldados y policías armados.

Al cumplir un año de su mandato en junio, Amnistía Internacional (AI) pidió a Bukele, en una campaña pública, un "giro radical" en su mandato y que fortalezca el Estado de Derecho en un país que todavía tiene fresca en la memoria una sangrienta guerra civil de más de 12 años. En la misma línea considera que la nueva política hacia los pandilleros en las prisiones es un "despliegue mediático y propagandístico". "Mostrar a las personas privadas de libertad en esos contextos de hacinamiento, maltrato y humillación, genera popularidad porque la gente está harta de la violencia, pero no ve que eso es un reflejo del poco respeto a los derechos humanos de este gobierno", señala Erika Guevara Rosas, directora de AI para las Américas, quien explica que el presidente fomentan una estrategia militar ante cualquier problema social.

Mientras tanto el apoyo popular al presidente se mantiene en más del 90% y hasta desde la Mara Salvatrucha, Presente se resiste a criticarlo severamente. "Ha hecho mucho por la gente pero a nosotros nos da la espalda" y no descarta que si el gobierno les da su lugar "el acuerdo en las cárceles puede venir aquí a las calles y vivir en paz todos", concluye Presente y asegura que él quisiera que sus hijos estudiaran y no entrasen en la Mara.

Pero el descenso de los homicidios no ha comportado un debilitamiento de las pandillas, que siguen practicando los mismos niveles de extorsión para financiarse. Solo el confinamiento militarizado durante la COVID-19 habría frenado los cobros ilícitos de las pandillas, que extorsionan desde empresarios hasta cualquier negocio pequeño pasando por los autobuses o los comerciantes ambulantes.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen para América Central y el Caribe las pandillas tendrías pérdidas de ingreso porque gran parte de esta economía no estaba operando y eso les obligaba a cambiar de estrategia. El principal diario salvadoreño en papel, La Prensa Gráfica, pone de ejemplo que los taxistas seguirían pagándoles la extorsión, pero a través de transferencias bancarias.

Desde la Mara Salvatrucha, Presente no quiere hablar de eso aunque entiende que una gran parte de la sociedad salvadoreña les tiene rencor. Otra las asume como parte de sus males. "En nuestras comunidades, la gente está con nosotros, convivimos en armonía", se atreve a decir el pandillero. Con orgullo, manda fotos de las bolsas de alimentos que han repartido durante la pandemia. Es la cara del otro lado de la actitud de las pandillas durante la pandemia. La cruz se encuentra, por ejemplo, en uno de los vídeos difundidos durante el estado de emergencia que mostraba a unos adolescentes mareros amenazando con un bate a los vecinos que osasen romper la cuarentena. Zanahoria y garrote.

Por Majo Siscar

4 de julio de 2020 22:26h

@majosiscar

Publicado enInternacional
Las niñas y los niños no deben seguir siendo un botín de guerra

El caso de la violación sexual de una menor indígena por parte de un grupo de soldados del ejército colombiano, ha desatado un hecho mediático, que de algún modo sirve para visibilizar una horrorosa práctica que lamentablemente es histórica en Colombia.

La primera reacción como seres humanos es de indignación; no hay derecho que después de firmada la paz, sigan ocurriendo actos tan atroces y viles, como la violación de los niños por parte de los actores armados, pero aun lo más grave por parte de miembros de las fuerzas del orden que constitucionalmente están para defender la honra bienes de todos los ciudadanos de este país; más aún la de los niños y niñas que gozan de especial protección tal como lo contempla nuestra carta magna “. Las reacciones de los diferentes sectores de la sociedad reflejan cuan lejos estamos de superar los escollos para que la paz sea una realidad sobre todo en los territorios rurales y apartados de nuestro país.

Algunos y más algunas se apresuraron a poner en duda lo que lo que ya era una verdad reconocida y abogaron más por la defensa de los victimarios que por la victima e incluso dejando entrever que la menor se “expuso” porque se devolvió a buscar unos soldados amigos”. Posiciones lamentablemente no extrañas y propias de esta cultura patriarcal y machista que sospecha siempre de las víctimas, más si los victimarios tienen algún tipo de poder social, económico o como en este caso estatal, agregando así un hecho más de revictimización y violencia hacia los más vulnerables.

No fue más alentadora la respuesta de la justicia, que en manos de la Fiscalía y en tiempo récord, sospechoso para el abogado de las víctimas, porque según él hay otros implicados de rango más alto, se decidió imputar un delito menos grave, pero que en la misma línea insinúa el presunto consentimiento por parte de la victima configurando así una revictimización. El presidente de la republica expresó su dolor, por ser miembros del ejercito quienes cometieron este acto y promovio el linchamiento mediático, manifestando que habría que aplicarles la recién aprobada cadena perpetua para violadores, que aún no ha sido revisada por la corte constitucional y que ya muchos proveen la declarara inconstitucional y por tanto no se puede aplicar, ¡será que el señor presidente ignora esto?. Y en cuanto a revisar los procedimientos de las fuerzas armadas en los territorios indígenas, guardo silencio.

La respuesta generalizada ha apuntado al castigo drástico e implacable para los victimarios, obviamente que lo debe haber la sanción penal correspondiente, pero lo que no puede pasar es que se cierre un oscuro capítulo más aceleradamente, individualizando lo actos de unas personas “desadaptadas” como ha sucedido en anteriores ocasiones, hasta que tengamos noticias del próximo caso de impacto mediático y así concentrarnos en los síntomas y no en las causas estructurales que subyacen a estas deleznables prácticas.

Lo primero que hay que recordar es que este hecho está lejos de ser un caso aislado y se circunscribe en el contexto del conflicto endémico, que aunque se firmó un acuerdo de paz, aún no superamos plenamente y al contrario ha venido alentándose nuevamente desde diferentes sectores políticos, sociales e institucionales y desde el partido de gobierno que prometió hacer trizas el acuerdo y en el discurso inaugural solicitó el inmediato cambio de la cúpula militar que se había comprometido con el proceso; así como de nuevas y antiguas estructuras violentas y criminales de todo tipo que han venido copando territorios que antes de la firma del acuerdo controlaban las guerrillas de las Farc. Hoy estamos viendo con asombro y desesperanza los resultados de estas nuevas políticas.

Oxfan ONG Holandesa, en una investigación cuyo informe   denominó “Que dejen de cazar a los niñas y los niños” saquen mi cuerpo de la guerra”(2) reveló que entre los años 2008 y 2012 fueron víctimas de violencia sexual 48, 950 niñas y niños. Cada día según el informe fueron abusados 27 niñas y niños con una tasa más alta de niñas, por parte de los diferentes actores armados en el contexto del conflicto colombiano.

Estos ataques no son furtivos, en que un individuo solitario asalta a una menor y la viola, aquí se configura todo un componente más complejo y perverso que indica una lógica de guerra, en que el botín son los niños y niñas, usados para satisfacer a los vencedores. Las niñas vienen siendo secuestradas por varios días y sometidas a toda clase de vejámenes, hasta que se cansan sus victimarios o ellas logran huir, como ha ocurrido últimamente. Se llevan a cabo en zonas aún de conflicto, en las que sus poblaciones han sufrido históricamente los rigores del abandono del estado y por lo tanto son vulnerables. Ante la imposibilidad de defenderse o denunciar los casos, terminan por naturalizar estas violencias como parte de un sino trágico de la vida de los niños y las niñas. Se establece una relación de poder frente a las víctimas y a la población, en este caso por parte de personal que representa una parte de la institucionalidad, uniformados y armados por supuesto. Son prácticas que han venido siendo sistemáticas a lo largo del conflicto originadas en la degradación de la guerra prolongada y que continúan perpetuándose en lo que se ha llamado el pos-conflicto.

Si bien posterior a la firma de los acuerdos los casos se han venido reduciendo, todavía continúan siendo un grave problema que debería movilizarnos como sociedad. Por supuesto que no todos los abusos sexuales de los niños y las niñas responden a las lógicas del conflicto; pero debe ser un deber del estado velar porque en lo que concierne a sus agentes se apliquen los protocolos existentes para la prevención de este delito al interior de las fuerzas armadas. Este es lo mínimo que debe hacerse y que debemos vehementemente exigir para ir reduciendo hasta eliminar por completo delitos tan atroces como los que estamos conociendo. Esto pasa también por desactivar los discursos patriarcales, guerreristas y violentos que hacen parte del lenguaje cotidiano. Por ejemplo afirmaciones como “son las niñas las que buscan los soldados” o esto es un acto de una manada de desadaptados, hijos de familias desestructuradas”, o son actos de “manzanas podridas” es seguir ignorando, minimizando y desconociendo las causas estructurales que han rodeado estos hechos lo que suponen una forma más de violencia.

Revisión de la doctrina militar en torno al respeto de los derechos humanos de la población civil y en la percepción de que la población es cómplice o aliada de los grupos al margen de la ley y por lo tanto asumidos como enemigos.

Implica igualmente demandar que se cumplan los acuerdos de paz firmados en la Habana, que constituyen una carta de navegación que ataca los factores incursos del abandono histórico de estas comunidades. Que se  avance en el dialogo que está pendiente con otros grupos armados y que exista una decisión política y militar en el combate de las bandas criminales.

Que el estado haga presencia en las antiguas zonas de conflicto que dejaron las Farc, con educación, salud, saneamiento básico y desarrollo de procesos productivos integrales, como alternativa a los cultivos ilícitas que son factor de violencia.

La violencia sexual en los niños y niñas es un acto profundamente doloroso que deja huellas emocionales a corto y largo plazo que han sido ampliamente detalladas por los especialistas en el corto plazo: estrés postraumático, temor, ansiedad, trastornos del sueño, odio por su propio cuerpo, culpa, pobre autoestima, comportamientos autodestructivos y autoagresivos y conductas suicidas entre otros. A largo plazo: dificultades en las relaciones afectivas y sexuales, desconfianza hacia los hombres en el caso de las mujeres, pesadillas, escenas intrusivas, culpa, vergüenza, depresión crónica, consumo de sustancias psicoactivas, e intentos de suicidio. Por tanto requiere atención y acompañamiento especializado, con los que no cuentan generalmente las víctimas que a más de soportar el sufrimiento derivado del crimen, tienen que soportar la desidia de los entes encargados de la protección. La erradicación de estas formas de violencia requiere de acciones integrales y no de reducirlos meramente a respuestas facilistas, punitivas, populistas, que apuntan más a aliviar consciencias y pasar rápidamente la página.

Por Fabio Curtidor Argüello, profesor investigador Universidad Monserrate, Bogotá.

Docente Secretaría de Educación del Distrito, Bogotá.

Exdirector Aldea Bogotá; Aldeas Infantiles SOS Colombia.

(2) Hurtado, I. (2014). ¡Que dejen de cazar a las niñas y los niños! Informe sobre violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado en Colombia. Bogotá: Alen. Recuperado de: https://www.coljuristas.org/centro_de_documentacion/documento.php?id_doc=393

 

 

Publicado enColombia