Reclusos con mascarillas mientras hacen cola durante una operación policial en la prisión del Centro Penal de Izalco. EUROPAPRESS/Especial/NOTIMEX/dpa

 

elDiario.es habla con un portavoz de la Mara Salvatrucha cuando se cumplen dos meses desde que el Gobierno salvadoreño ordenó mezclar en las mismas celdas a miles de miembros activos de tres pandillas enfrentadas entre sí

Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Miles de presos apelotonados uno tras otro, en plena pandemia. Todos con la cabeza rapada, descalzos, sin camiseta, vestidos únicamente con pantalones cortos y hacinados en cárceles que triplican su capacidad. El menor de los problemas era que no se cumpliese la distancia social. Por primera vez en dos décadas, El Salvador decidió juntar en tres de sus prisiones a sicarios de las tres pandillas mayoritarias y enfrentadas a muerte entre sí, la Mara Salvatrucha 13 (MS-13), y las dos facciones de Barrio 18, Sureños y Revolucionarios, que desde el 2002 tenían espacios diferenciados dentro de las prisiones para evitar asesinatos entre ellos.

Esta semana se han cumplido dos meses desde que miles de miembros activos de la MS-13 y de las dos 18 están conviviendo en las mismas celdas. No ha habido reporte de muertes ni incidentes. Un portavoz de la Mara Salvatrucha en El Salvador ha explicado a elDiario.es cómo se ha gestionado en el interior de las prisiones el "castigo" del Gobierno salvadoreño.

"El Estado nos metió así pensando que nosotros íbamos a caer en su juego", sostiene el hombre vía telefónica, reticente a dar su nombre real por razones de seguridad. Se hace llamar 'Presente', su taka o alias en la pandilla.

"Nos metió así pensando que nos íbamos a matar unos con otros, porque somos rivales, creyendo que íbamos generar un caos... Pero somos seres humanos y podemos pensar así que rápido, ligero, nos pusimos de acuerdo", detalla Presente para describir los meses de convivencia entre sus compañeros y sus rivales: "Y ahí estamos, revueltos pero tranquilos, tenemos reglas y normas entre nosotros".

Presente habla desde la capital del país, San Salvador, en nombre de toda la organización, incluidos sus homies (compañeros) presos. Nos contacta a través de otro compañero suyo, preso en España. Para poder hablar con Presente pasamos varios filtros, muchas preguntas y varios días hasta llegar al representante designado. En otros momentos, los presos podían, ilícitamente, hacer llamadas desde la cárcel, ahora, desde que los juntaron, les han cortado casi cualquier vía de comunicación con el exterior. Solo les quedan algunos métodos rudimentarios para hacer llegar algún mensaje a los miembros de su organización que no están encarcelados.

A sus 34 años, Presente, como casi cualquier marero vivo de su edad, también ha estado preso. Él cumplió condena en Zacatecoluca, la prisión de máxima seguridad de El Salvador, donde históricamente han encerrado a los líderes de la Mara Salvatrucha 13 (MS13).

La MS13 es la pandilla más grande y violenta del mundo, la que nació en los años 70 en California, y ahora es considerada una organización terrorista internacional. Aunque de cerca se parece más a un ejército de chicos pobres que se enriquecen con el narcomenudeo y la extorsión. En este país de 6,5 millones de habitantes, tan poblado como la Comunidad de Madrid, la MS13 tiene 40.000 miembros repartidos por todo el territorio. Se organizan en los barrios y asentamientos urbanos a través de clicas, la unidad mínima territorial que goza de autonomía operativa y que le rinde cuentas al programa, una mesa regional sobre la que ya se erige la organización nacional o Mesa de la Ranfla.

Las clicas han dividido ciudades y el país entero en miles de fronteras invisibles, donde quien vive en un barrio controlado por una clica de la MS13, aunque no seas parte de la organización, no puede cruzar al barrio contiguo si lo controla una de las pandillas rivales, a riesgo de ser asaltado, golpeado o hasta asesinado.

Con esta ley del terror, cada pandilla se asegura el control de su territorio donde pueden estar tranquilos con sus familias y hasta conseguir prebendas para sus vecinos. Después de 30 años de existencia en muchos barrios, pandillas y vecindario tienen una relación simbiótica, los mareros necesitan al barrio para sobrevivir y el barrio muchas veces necesita a la pandilla. Como ha ocurrido durante la pandemia. Durante el estado de emergencia en El Salvador, los pandilleros han repartido víveres y han impuesto, demasiadas veces de malas formas, que la gente cumpla el confinamiento.

El gobierno salvadoreño decretó el 15 de marzo el estado de emergencia, que ha mantenido al país confinado durante cerca de tres meses. El cese de la actividad económica, sumado a las tormentas tropicales Cristóbal y Amanda que dejaron 30 muertos y a más de 12.600 personas sin casa, han disparado el hambre en un país donde la tercera parte de su población vive en la pobreza.

"Somos una estructura pensante, los más grandes de aquí, los más organizados y no solo para cosas malas, también para cosas buenas", dice Presente, quien tiende la mano al Gobierno salvadoreño. La relación entre las pandillas y la administración de Nayib Bukele, que acaba de cumplir un año, es opaca. Los dos gobiernos anteriores del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) intentaron acuerdos con las pandillas para pacificar el país.

En 2012 se negoció una tregua que no llegó a cumplir los dos años. Su fracaso y la implementación de políticas de mano dura tuvo un importante coste para El Salvador. Las pandillas escalaron la violencia hasta convertir el país en el más violento del mundo. Uno de cada mil salvadoreños era asesinado en 2015 y esta tasa casi se duplicaba en la capital, San Salvador.

Desde la llegada de Bukele al poder, los homicidios han descendido en un 60%, un logro histórico. El gobierno asegura que es gracias a su Plan de Control Territorial, del cual no hay apenas información pública y ha sido puesto en entredicho el último fin de semana de abril, cuando 70 personas fueron asesinadas, casi una cada hora; pese a la restricción de movimientos y con 50.000 policías y militares desplegados en la calle. "Fue un golpe sobre la mesa de las pandillas, que saben que la violencia es su poder de negociación con el gobierno", asegura la experta en Seguridad y Violencia, Jeanette Aguilar.

El presidente Nayib Bukele respondió públicamente con la vieja receta de mano dura. Autorizó a la Policía y al Ejército a disparar a matar. "El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o de la vida de los salvadoreños", dijo Bukele a través de su cuenta de Twitter, como suele hacer los anuncios oficiales quién se ha ganado a pulso el apelativo del "presidente millenial". Ese mismo día decidió juntar en las prisiones a miembros de las tres pandillas mayoritarias y enfrentadas a muerte entre sí. "De ahora en adelante, todas las celdas de pandilleros en nuestro país, permanecerán selladas. (...) Estarán adentro, en lo oscuro, con sus amigos de la otra pandilla", tuiteó el mandatario. En El Salvador se calcula que, entre todas las pandillas, hay 60.000 miembros, de los cuales l6.000 están presos.

"En las cárceles aguantamos hambre, golpes, nos tratan peor que los animales ya usted ha visto como los andan...", describe Presente. "Los tiene tan solo en bóxers, sin comunicación, con una puerta sellada para que no les entre ni un rayo de sol al día, todos hacinados, solo con las mascarillas clínicas", dice el MS-13.

El portavoz de la Mara Salvatrucha sostiene que, aunque hay un área destinada para gente enferma, la saturación dificulta la atención médica. "Si normalmente no se da abasto, ¿ahora? El año pasado murieron muchos hermanos presos de tuberculosis, imagínese con lo que estamos viviendo ahora... uno está como agonizando en vida", relata Presente. Pide al Gobierno que se replantee la medida.

"Violando nuestros derechos, el país no vive mejor"

"Nosotros como mareros no pedimos nada más que nos respeten los derechos humanos. Somos delincuentes, pero también somos salvadoreños. El gobierno se debería poner a analizar que violando nuestros derechos el país no vive mejor", dice el marero.

Roberto Valencia, periodista que ha cubierto el fenómeno de las maras durante una veintena, asegura haber accedido a un documento firmado por las tres pandillas para ratificar su convivencia en el interior de las cárceles. "Ahora tenemos una reglas de convivencia dentro de las prisiones", dice Presente. Cuesta imaginárselo, cuando se trata de pandilleros rivales. Durante años, se han matado unos a otros.

"Sí, esas rivalidades están, pero ahí dentro no le vamos a dar gusto al sistema", reitera el joven. "Ahí nosotros convivimos. Si ha habido un problema en alguna ocasión en las calles, no se puede reactivar en la cárcel aunque se quiera. No se puede", añade. Pero, una cosa es la presión. Otra, las calles.

La tregua no se replica afuera. Solo que, durante la pandemia, cada pandilla está viviendo "en tranquilidad, en su territorio".

Valencia, que entró a grabar en las celdas el pasado mes de mayo, vio como los rivales convivían hasta el punto de llamarse "amigos" entre ellos. "Si me dicen a mi hace unos años que iba a ver eso, apuesto dinero a que no", explica el periodista.

Articuladas frente a un enemigo común: el Estado

"Desde 2010 hemos visto cómo las pandillas han logrado articularse entre ellas contra el Estado, su enemigo común. Ahora esta decisión en las cárceles puede favorecer más la cohesión de las bases pandilleras, al margen de sus rivalidades históricas", contextualiza Aguilar.

"Así pasó en la década pasada ante las políticas de mano dura, cuando las pandillas contestaron usando la extorsión hasta convertirse en las redes de economía criminal que son ahora. Si ahora se fortalecen las estructuras pandilleriles desde las prisiones (dónde están muchos de sus líderes), se pueden convertir en estructuras que funcionen como un solo cuerpo frente al Gobierno. Esto dejaría el país en una posición menos favorable, es un mal cálculo de Bukele", alerta la investigadora Aguilar y da ejemplos de otras intentonas fallidas. Si en algo son buenas las pandillas es en su capacidad de adaptación.

"Nosotros ya teníamos en mente que un día el gobierno podría hacer esto. Pero aquí está muy equivocado con la población que tenemos adentro. Es una decisión caprichosa y no podemos poner nuestro grano de paz nosotros así, el gobierno en la actualidad nos sigue matando día tras día", agrega Presente, antes de envíar por Telegram noticias de mareros muertos en manos de la Policía.

En el informe del primer año de gobierno de Nayib Bukele, el Ministro de Seguridad de El Salvador, Rogelio Rivas se congratulaba de sus resultados. "Hemos cerrado un año sin precedentes en la historia de El Salvador en seguridad pública. El mes de mayo fue el más seguro en la historia del país, con 64 homicidios. Y hoy puede ser el segundo día del mes sin ningún homicidio", decía el jueves 4 de junio. Menos de 24 horas después y a 50 kilómetros de donde se reúne el Ejecutivo, la policía salvadoreña asesinaba a un pandillero apodado El Dreamer, de la Mara Salvatrucha 13 (MS13). No hubo ningún escándalo, ni manifestaciones contra la acción policial, su muerte fueron apenas unas líneas publicadas en prensa.

¿Nuevos acuerdos entre el Gobierno y las pandillas?

Junio se terminó, al igual que mayo, con apenas dos asesinatos diarios en El Salvador, un hecho a celebrar en el mismo país que el último fin de semana de abril asesinaron a una persona cada hora o donde en 2017 se asesinaba a 10 personas al día. Expertos como Aguilar señalan que el descenso se debe a un pacto bajo el agua entre el actual gobierno y las pandillas. Otras dos fuentes off the record apuntan en la misma dirección. Desde la MS13, Presente rehuye hablar de pactos. "Acuerdo así tal vez no hay, pero sí un acto de buena voluntad por parte de nosotros. Nosotros estábamos de manos cruzadas, queríamos ver qué esperanza o oportunidad traía el nuevo gobierno pero ahora llegó su primer año y las cosas no han cambiado para nosotros", dice.

La propia ONU ha pedido a Bukele que revise sus actitudes autoritarias. Por ejemplo, durante el inicio de la pandemia, dio orden de detener y encerrar 30 días en instituciones gubernamentales a todo aquel salvadoreño que se saltase el confinamiento domiciliar –pese a que el poder judicial se opuso– y se han sucedido las detenciones arbitrarias y los encierros de aquellos que se atrevieran a salir incluso a la gasolinera, durante la cuarentena. No es el único giro militarista, en febrero el presidente quiso forzar una votación en la Asamblea Legislativa –controlada por la oposición– tomando el pleno con soldados y policías armados.

Al cumplir un año de su mandato en junio, Amnistía Internacional (AI) pidió a Bukele, en una campaña pública, un "giro radical" en su mandato y que fortalezca el Estado de Derecho en un país que todavía tiene fresca en la memoria una sangrienta guerra civil de más de 12 años. En la misma línea considera que la nueva política hacia los pandilleros en las prisiones es un "despliegue mediático y propagandístico". "Mostrar a las personas privadas de libertad en esos contextos de hacinamiento, maltrato y humillación, genera popularidad porque la gente está harta de la violencia, pero no ve que eso es un reflejo del poco respeto a los derechos humanos de este gobierno", señala Erika Guevara Rosas, directora de AI para las Américas, quien explica que el presidente fomentan una estrategia militar ante cualquier problema social.

Mientras tanto el apoyo popular al presidente se mantiene en más del 90% y hasta desde la Mara Salvatrucha, Presente se resiste a criticarlo severamente. "Ha hecho mucho por la gente pero a nosotros nos da la espalda" y no descarta que si el gobierno les da su lugar "el acuerdo en las cárceles puede venir aquí a las calles y vivir en paz todos", concluye Presente y asegura que él quisiera que sus hijos estudiaran y no entrasen en la Mara.

Pero el descenso de los homicidios no ha comportado un debilitamiento de las pandillas, que siguen practicando los mismos niveles de extorsión para financiarse. Solo el confinamiento militarizado durante la COVID-19 habría frenado los cobros ilícitos de las pandillas, que extorsionan desde empresarios hasta cualquier negocio pequeño pasando por los autobuses o los comerciantes ambulantes.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen para América Central y el Caribe las pandillas tendrías pérdidas de ingreso porque gran parte de esta economía no estaba operando y eso les obligaba a cambiar de estrategia. El principal diario salvadoreño en papel, La Prensa Gráfica, pone de ejemplo que los taxistas seguirían pagándoles la extorsión, pero a través de transferencias bancarias.

Desde la Mara Salvatrucha, Presente no quiere hablar de eso aunque entiende que una gran parte de la sociedad salvadoreña les tiene rencor. Otra las asume como parte de sus males. "En nuestras comunidades, la gente está con nosotros, convivimos en armonía", se atreve a decir el pandillero. Con orgullo, manda fotos de las bolsas de alimentos que han repartido durante la pandemia. Es la cara del otro lado de la actitud de las pandillas durante la pandemia. La cruz se encuentra, por ejemplo, en uno de los vídeos difundidos durante el estado de emergencia que mostraba a unos adolescentes mareros amenazando con un bate a los vecinos que osasen romper la cuarentena. Zanahoria y garrote.

Por Majo Siscar

4 de julio de 2020 22:26h

@majosiscar

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Las niñas y los niños no deben seguir siendo un botín de guerra

El caso de la violación sexual de una menor indígena por parte de un grupo de soldados del ejército colombiano, ha desatado un hecho mediático, que de algún modo sirve para visibilizar una horrorosa práctica que lamentablemente es histórica en Colombia.

La primera reacción como seres humanos es de indignación; no hay derecho que después de firmada la paz, sigan ocurriendo actos tan atroces y viles, como la violación de los niños por parte de los actores armados, pero aun lo más grave por parte de miembros de las fuerzas del orden que constitucionalmente están para defender la honra bienes de todos los ciudadanos de este país; más aún la de los niños y niñas que gozan de especial protección tal como lo contempla nuestra carta magna “. Las reacciones de los diferentes sectores de la sociedad reflejan cuan lejos estamos de superar los escollos para que la paz sea una realidad sobre todo en los territorios rurales y apartados de nuestro país.

Algunos y más algunas se apresuraron a poner en duda lo que lo que ya era una verdad reconocida y abogaron más por la defensa de los victimarios que por la victima e incluso dejando entrever que la menor se “expuso” porque se devolvió a buscar unos soldados amigos”. Posiciones lamentablemente no extrañas y propias de esta cultura patriarcal y machista que sospecha siempre de las víctimas, más si los victimarios tienen algún tipo de poder social, económico o como en este caso estatal, agregando así un hecho más de revictimización y violencia hacia los más vulnerables.

No fue más alentadora la respuesta de la justicia, que en manos de la Fiscalía y en tiempo récord, sospechoso para el abogado de las víctimas, porque según él hay otros implicados de rango más alto, se decidió imputar un delito menos grave, pero que en la misma línea insinúa el presunto consentimiento por parte de la victima configurando así una revictimización. El presidente de la republica expresó su dolor, por ser miembros del ejercito quienes cometieron este acto y promovio el linchamiento mediático, manifestando que habría que aplicarles la recién aprobada cadena perpetua para violadores, que aún no ha sido revisada por la corte constitucional y que ya muchos proveen la declarara inconstitucional y por tanto no se puede aplicar, ¡será que el señor presidente ignora esto?. Y en cuanto a revisar los procedimientos de las fuerzas armadas en los territorios indígenas, guardo silencio.

La respuesta generalizada ha apuntado al castigo drástico e implacable para los victimarios, obviamente que lo debe haber la sanción penal correspondiente, pero lo que no puede pasar es que se cierre un oscuro capítulo más aceleradamente, individualizando lo actos de unas personas “desadaptadas” como ha sucedido en anteriores ocasiones, hasta que tengamos noticias del próximo caso de impacto mediático y así concentrarnos en los síntomas y no en las causas estructurales que subyacen a estas deleznables prácticas.

Lo primero que hay que recordar es que este hecho está lejos de ser un caso aislado y se circunscribe en el contexto del conflicto endémico, que aunque se firmó un acuerdo de paz, aún no superamos plenamente y al contrario ha venido alentándose nuevamente desde diferentes sectores políticos, sociales e institucionales y desde el partido de gobierno que prometió hacer trizas el acuerdo y en el discurso inaugural solicitó el inmediato cambio de la cúpula militar que se había comprometido con el proceso; así como de nuevas y antiguas estructuras violentas y criminales de todo tipo que han venido copando territorios que antes de la firma del acuerdo controlaban las guerrillas de las Farc. Hoy estamos viendo con asombro y desesperanza los resultados de estas nuevas políticas.

Oxfan ONG Holandesa, en una investigación cuyo informe   denominó “Que dejen de cazar a los niñas y los niños” saquen mi cuerpo de la guerra”(2) reveló que entre los años 2008 y 2012 fueron víctimas de violencia sexual 48, 950 niñas y niños. Cada día según el informe fueron abusados 27 niñas y niños con una tasa más alta de niñas, por parte de los diferentes actores armados en el contexto del conflicto colombiano.

Estos ataques no son furtivos, en que un individuo solitario asalta a una menor y la viola, aquí se configura todo un componente más complejo y perverso que indica una lógica de guerra, en que el botín son los niños y niñas, usados para satisfacer a los vencedores. Las niñas vienen siendo secuestradas por varios días y sometidas a toda clase de vejámenes, hasta que se cansan sus victimarios o ellas logran huir, como ha ocurrido últimamente. Se llevan a cabo en zonas aún de conflicto, en las que sus poblaciones han sufrido históricamente los rigores del abandono del estado y por lo tanto son vulnerables. Ante la imposibilidad de defenderse o denunciar los casos, terminan por naturalizar estas violencias como parte de un sino trágico de la vida de los niños y las niñas. Se establece una relación de poder frente a las víctimas y a la población, en este caso por parte de personal que representa una parte de la institucionalidad, uniformados y armados por supuesto. Son prácticas que han venido siendo sistemáticas a lo largo del conflicto originadas en la degradación de la guerra prolongada y que continúan perpetuándose en lo que se ha llamado el pos-conflicto.

Si bien posterior a la firma de los acuerdos los casos se han venido reduciendo, todavía continúan siendo un grave problema que debería movilizarnos como sociedad. Por supuesto que no todos los abusos sexuales de los niños y las niñas responden a las lógicas del conflicto; pero debe ser un deber del estado velar porque en lo que concierne a sus agentes se apliquen los protocolos existentes para la prevención de este delito al interior de las fuerzas armadas. Este es lo mínimo que debe hacerse y que debemos vehementemente exigir para ir reduciendo hasta eliminar por completo delitos tan atroces como los que estamos conociendo. Esto pasa también por desactivar los discursos patriarcales, guerreristas y violentos que hacen parte del lenguaje cotidiano. Por ejemplo afirmaciones como “son las niñas las que buscan los soldados” o esto es un acto de una manada de desadaptados, hijos de familias desestructuradas”, o son actos de “manzanas podridas” es seguir ignorando, minimizando y desconociendo las causas estructurales que han rodeado estos hechos lo que suponen una forma más de violencia.

Revisión de la doctrina militar en torno al respeto de los derechos humanos de la población civil y en la percepción de que la población es cómplice o aliada de los grupos al margen de la ley y por lo tanto asumidos como enemigos.

Implica igualmente demandar que se cumplan los acuerdos de paz firmados en la Habana, que constituyen una carta de navegación que ataca los factores incursos del abandono histórico de estas comunidades. Que se  avance en el dialogo que está pendiente con otros grupos armados y que exista una decisión política y militar en el combate de las bandas criminales.

Que el estado haga presencia en las antiguas zonas de conflicto que dejaron las Farc, con educación, salud, saneamiento básico y desarrollo de procesos productivos integrales, como alternativa a los cultivos ilícitas que son factor de violencia.

La violencia sexual en los niños y niñas es un acto profundamente doloroso que deja huellas emocionales a corto y largo plazo que han sido ampliamente detalladas por los especialistas en el corto plazo: estrés postraumático, temor, ansiedad, trastornos del sueño, odio por su propio cuerpo, culpa, pobre autoestima, comportamientos autodestructivos y autoagresivos y conductas suicidas entre otros. A largo plazo: dificultades en las relaciones afectivas y sexuales, desconfianza hacia los hombres en el caso de las mujeres, pesadillas, escenas intrusivas, culpa, vergüenza, depresión crónica, consumo de sustancias psicoactivas, e intentos de suicidio. Por tanto requiere atención y acompañamiento especializado, con los que no cuentan generalmente las víctimas que a más de soportar el sufrimiento derivado del crimen, tienen que soportar la desidia de los entes encargados de la protección. La erradicación de estas formas de violencia requiere de acciones integrales y no de reducirlos meramente a respuestas facilistas, punitivas, populistas, que apuntan más a aliviar consciencias y pasar rápidamente la página.

Por Fabio Curtidor Argüello, profesor investigador Universidad Monserrate, Bogotá.

Docente Secretaría de Educación del Distrito, Bogotá.

Exdirector Aldea Bogotá; Aldeas Infantiles SOS Colombia.

(2) Hurtado, I. (2014). ¡Que dejen de cazar a las niñas y los niños! Informe sobre violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado en Colombia. Bogotá: Alen. Recuperado de: https://www.coljuristas.org/centro_de_documentacion/documento.php?id_doc=393

 

 

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Sábado, 04 Julio 2020 11:16

Cocaína colombiana: ¿Dónde estamos?

https://pacifista.tv/notas/las-cifras-de-la-coca-y-la-cocaina-en-colombia-se-volvieron-a-disparar/

La producción mundial de cocaína en 2018 alcanzó 1.720 toneladas, nivel óptimo para satisfacer un mercado diversificado geográficamente y en franco crecimiento. Colombia en ese nuevo escenario suministra el 70% de la demanda y tiene la particularidad de ser una fuente especializada en el suministro de ese psicoativo, teniendo en cuenta un escenario de gran auge del policonsumo.  Este contexto, ha llevado a la conformación de consorcios criminales que se encargan de atender la tendencia a la diversificación del consumo de drogas en los mercados internacionales. Observemos el gran momento en que se encuentra la producción mundial de cocaína:[1]

 

Gráfico No.1

Hectáreas sembradas de hoja de coca y producción de cocaína 1998 – 2018

A ese 70% de Colombia le sigue como aportante Perú con un suministro del 20% y Bolivia con el 10%. En general, la cocaína experimentó un fuerte crecimiento entre 2013 y 2017 con una estabilización en 2018 en la que estamos hoy. Pero es interesante apreciar cómo se eleva la capacidad de producción de cocaína en relación con las áreas de siembra de hoja de coca. Es decir, la tendencia que se observa con fuerza en el 2018, se consolida en el 2019. Veamos gráficamente este fenómeno:

 

Gráfico No. 2

Áreas de coca y producción de cocaína 2005-2018

La producción de cocaína se dobló entre 2014 y 2018. Fue una tendencia imparable basada en mejoras de variedades de coca, manejos agronómicos y optimización del uso de los precursores químicos incluyendo la garantía de suministros para la elaboración de psicoactivos. Los intentos por afectar la producción a partir de la mejora del control de elementos básicos para la producción de cocaína, como en el caso del permanganato de potasio usado en la fase de la Pasta Básica de Cocaína (PBC) y que tuvo un pico óptimo de incautaciones alcanzando las 585 toneladas cayendo luego a tan solo 70 toneladas, indica para UNODC, que Colombia lo está produciendo domésticamente con un mercado asegurado en el marco del crecimiento de la producción del psicoactivo.

Esta situación de auge de la cocaína colombiana se reflejó en el último informe del SIMCI sobre el monitoreo de la producción colombiana, al señalar que mientras se presentó una leve disminución del número de hectáreas de coca (de 169.000 detectadas en 2018 a 154.000 en 2019) el potencial de producción de clorhidrato de cocaína pura se estimó en 1.137 tm, verificándose un aumento de 1,5% en relación con el 2018.[2]

Otros indicadores en las tendencias del mercado internacional

Brasil pasa a ser el segundo país en latino américa en incautaciones después de Colombia, con un incremento del 65% frente a 2017, alcanzando 79 ton., mientras que el país andino mantuvo niveles de 413.4 toneladas (2018) y 433 ton. (2019).

Otro dato importante es la exportación de PBC principalmente desde Colombia, para ser procesada en otros países principalmente de tránsito. En el radar de UNODC aparecen bajo esa función países como Venezuela, Argentina, Brasil, Paraguay y Ecuador en Suramérica donde se han encontrado laboratorios de refinamiento de cocaína. Es claro que Suramérica se ha convertido también en un mercado importante de uso (tercera región a nivel mundial con el liderazgo de Uruguay, Chile, Brasil y Argentina) además de ser lugar de tránsito principalmente hacia Europa Occidental.

Así mismo en Guatemala y Honduras también se da la presencia de laboratorios de procesamiento de cocaína. En total se han hallado en 15 países lo que mostraría nuevas dinámicas de arreglos, baja de costos por pérdidas en puntos de salida desde Colombia y aseguramiento del valor agregado que adquiere la sustancia en la medida en que avanza hacia los mercados internacionales.

Los sitios de mayor movimiento de cocaína también muestran una tendencia interesante. Sobresale Europa Occidental y Central como los mercados que han tenido un comportamiento significativo si tenemos en cuenta los niveles de incautaciones que está presentando hoy. Los decomisos en Europa Occidental y Central se triplicaron entre 2014 (62 ton.) y 2018 (177 ton.). Esta última cifra significa un 14% de todas las incautaciones en el mundo con presencia destacada de Bélgica, España, Holanda y Francia que tienen los principales puertos de ingreso.  El incremento de incautaciones dice bastante de los volúmenes que están transitando por ese continente y explica por qué Brasil es el principal país de reexportación hacia Europa.

En esa ruta se consolidan como puente estratégico de tránsito África Occidental y que se refleja en incrementos de incautaciones en países como Marruecos. Con cifras de 2018, además de Marruecos esta ruta ha implicado también a Argelia, Namibia, Mozambique, Suráfrica y Nigeria. Los decomisos muestran para ese continente un incremento de 1.2 ton en 2015, 3.3 ton., en 2017 y 5.6 ton., en 2018.  En esa ruta se utilizan principalmente containers que se movilizan luego por mar hacia los grandes puertos europeos liderados por Amberes, Rotterdam y Hamburgo.

En el caso de Estados Unidos (EU) la tendencia del mercado sigue estable con un leve incremento en los últimos cinco años sin que se evidencie un boom en la demanda a la manera como sucedió en los ochenta. Si bien EU ha doblado los niveles de incautación entre 2014 y 2018 de 91 a 172 toneladas, estos se han producido allende sus fronteras y abarcarían mercados que podrían incluir como objetivo a Canadá. En contraste los niveles de incautación en el interior reportados por Aduanas y el Servicio de Protección de Fronteras de EU (34 toneladas en 2017 a sólo 27 ton., en 2018) así como en los reportes de la DEA (Cocaine Removals) desarrollados en el interior cayeron de 114 ton., en 2017 a 93 ton., en 2018.

La disponibilidad de cocaína entre la población está siendo percibida hoy como levemente declinante a diferencia de años anteriores. Esto puede ser un indicador que muestra que la cocaína no es de lejos la primera sustancia que circula en los principales mercados de drogas y es probable que mantenga esa tendencia de una leve declinación. No obstante, Colombia sigue siendo el suministrador más importante con un 90% de las muestras testeadas en las incautaciones, seguido de Perú (6%) y con un origen desconocido el restante 4%.

La caída de las incautaciones de cocaína en el interior de las fronteras de EU es un excelente indicador de las nuevas tendencias de la demanda que se caracteriza por el poli consumo. Allí se explica la concentración de las preocupaciones en el impacto severo de los opioides y que ha llevado a que la labor de la inteligencia se centre en ese tipo de suministros. El auge del policonsumo es una característica del mercado de drogas hoy a nivel mundial.  En otras palabras, el mercado mundial de sustancias psicoactivas ha sufrido una significativa transformación en donde se ofrece una multiplicidad de drogas desde aquellas con un origen natural, sintéticas para usos ilegales o la desviación de medicamentos principalmente opioides. Todas representan un mercado fabuloso.

Finalmente, Asia mantiene en los dos últimos años promedios de 3.5 toneladas en incautaciones y en Oceanía han crecido significativamente pasando en los últimos años de 756 kg a 2.1 tons. La cocaína colombiana es la principal fuente de suministro también para este mercado como lo es en Asia y Europa Occidental y Central. Observémoslo gráficamente:

 

 

Los precios en Australia son significativos oscilando entre 165,000 y los 230,000 dólares australianos por kilo equivalentes a cerca de US $110,000 – US $154,000 dólares para los años de 2017 y 2018. Los test para medición del uso obtenidos a partir del análisis de aguas residuales indican incrementos importantes de la demanda en Australia, pasando de 3.1 ton., (2016) a 4.1 tons., en 2017 y 4.6 tons,. en 2018. [4]

¿Qué conclusiones se pueden obtener de la anterior evidencia estadística?

  1. Colombia se consolida como el primer país suministrador de cocaína en el mundo manteniendo un aprovisionamiento constante en EU, incrementando la exportación a Europa Occidental y Central, abasteciendo a Brasil tanto para consumo interno como para reexportar a Europa vía África, en parte para Asia y Oceanía. Estos nuevos mercados representan un ingreso importante para los exportadores colombianos dado el auge de precios. Supone también nuevos arreglos empresariales con estructuras locales que se encargan de reexportar o distribuir local y regionalmente.
  2. De este modo se observa con claridad que la fortaleza de las organizaciones colombianas radica en su invisibilidad y la especialidad en el manejo transnacional de este psicoactivo. Perfil que contrasta con el crimen organizado mexicano el cual se distingue hoy en día por un manejo de múltiples sustancias que atienden un mercado principalmente en EU, cada vez más determinado por el poli consumo. Los mexicanos deben estar creando un emporio financiero y consolidando un poder significativo empresarial ilegal por la capacidad de reexportación de las sustancias más demandadas hoy en EU como son los opioides de origen natural, los opioides sintéticos, las metanfetaminas y sobre todo el Fentanilo, sustancia letal de diferentes sectores sociales principalmente blancos empobrecidos que demandan un sustituto al consumo de heroína. El México criminal que gira alrededor de los mercados de drogas ilegales afianza sus relaciones con China principal suministrador tanto de sustancias como de materia prima para producir drogas sintéticas, pero también con India. Este contexto es interesante porque refuta con evidencia las especulaciones de algunos observadores – sobre todo colombianos – que repiten la necia idea de una supuesta fortaleza del crimen organizado mexicano al “sustituir” a las organizaciones colombianas alrededor de la cocaína. La realidad como se puede observar es otra.
  3. También se puede observar la fuerte evidencia en el sentido de que el problema de drogas de hoy de EU es justamente ese poli consumo letal, escenario que es manipulado por distintos informes de la DEA y de diferentes instancias sobre drogas de EU que buscan mantener la narrativa donde se adjudica a Colombia una falsa responsabilidad por lo que ocurre hoy en el interior de la demanda de psicoactivos en ese país. Para reforzar este argumento, visualicemos el gravísimo problema de salud pública ahondado por un modelo de manejo que evidencia el quiebre de las políticas preventivas y de tratamiento en el interior de EU. Usando las cifras del National Vital Statistics System, observemos el dramático incremento de las muertes por sobre dosis de los opioides:[5]

 

Gráfico No. 4

Muertes (100 mil hab.) por sobredosis por uso de opioides tanto sintéticos comode origen natural en EU 1999-2018

 

Los opioides sintéticos distintos a la metadona han creado un serio problema de salud que de acuerdo con la gráfica repunta como una tendencia que se incrementa en los últimos dos años. El Fentanilo es el principal causante de esa tendencia y si nos atenemos a la condición étnica se observa una mayor mortalidad por consumo de Fentanilo en primer lugar en blancos, seguido del grupo de negros y finalmente, personas de origen hispano.[6]

  1. Retomando el punto anterior, la manipulación simbólica frente a Colombia crea una narrativa de “corresponsabilidad” y que justifica – entre otras – la presencia de tropas de EU en suelo colombiano para “combatir el narcotráfico”. Ese discurso y sus consecuentes decisiones, es facilitado por una élite compuesta en alto grado por nuevas generaciones de beneficiarios del narcotráfico y de la criminalidad abarcando el lavado de activos, principalmente a través de la concentración de la propiedad de la tierra en zonas rurales, negocios inmobiliarios en zonas urbanas y la financiación de campañas electorales. La permisividad basada en una vigencia inusitada de la agenda bilateral que ha narcotizado nuevamente la política exterior colombiana, está teniendo costos muy altos amén de una apuesta errática y fracasada frente a la situación política de Venezuela, comodín de las pretensiones electorales del presidente Trump buscando la captura del voto de la Florida.[7]Para ello la narrativa del combate a las drogas es útil.
  2. Mientras las organizaciones narcotraficantes colombianas exhiben una clara fortaleza en su capacidad de conquista de nuevos y promisorios mercados internacionales y afianza un poder transnacional, la élite colombiana se dedica a combatir los cultivos de uso ilícito como la “bala de plata” para acabar con el narcotráfico. El costo en derechos humanos es altísimo: 5 personas han muerto en el 2020 por el uso de armas convencionales de guerra en labores de erradicación forzosa manual atendiendo las presiones de Washington. La deslegitimación del Estado y sus estructuras de seguridad avanza al ser percibidas como fuerzas de ocupación en territorios abandonados a su suerte. Escenario que complementa la desprotección de las comunidades cultivadoras que de una u otra manera se relacionan con la economía de la coca y la marihuana y que contabilizan 94 muertos en diferentes circunstancias y distintos responsables, desde que se firmó el Acuerdo de Paz el 24 de noviembre de 2016.[8]

Por Ricardo Vargas M.

29 junio, 2020 

___________________________________

[1] Para toda esta ilustración hemos usado las cifras de United Nations Office on Drugs and Crime UNODC World Drug Report 2020 Vol.3 Drug Suply y Vol.4 Cross Cutting Issues Trend, Viena junio de 2020.

[2] UNODC Resumen Ejecutivo Censo Coca 2019 Colombia, junio 2020.

[3] Corresponde a análisis de laboratorio para ubicar el origen a partir de muestras sobre el total de cocaína incautada en las fronteras de Australia.

[4] UNODC Drug Monitoring Platform cit por World Drug Report 2020 Vol.3 Drug Suply. Información para los principals mercados de Oceanía en Australian Criminal Intelligence Commission, Illicit Drug Data Report 2017–18 (Canberra, July 2019) y New Zealand Customs Service, drug seizure database. Available at www.customs.govt.nz/.

[5] National Vital Statistics Report, Vol 68 No.3, march 21 2019

[6] DEA “Fentanyl Flow to the United States”, January 2020.

[7] Sobre el tema véase Daniel García Peña “Trump, Bolton o Duque: ¿Cuál es peor?”, El Espectador, Junio 30 de 2020.

[8] Sobre el particular véase, P. Arenas y R. Vargas M. “Erradicaciones forzosas de cultivos de uso ilícito y derechos humanos en Colombia”, Corporación Viso Mutop, Junio de 2020.

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¿Por qué América Latina es el epicentro de la pandemia?

Entre los países con mayor cantidad de infectados por el Covid-19, hay cuatro latinoamericanos: Brasil (segundo), Perú (séptimo), Chile (octavo) y México (décimo). Chile tiene el triste récord de contagiados por habitante (15 mil cada millón), seguido por Perú (8 mil 500), muy por encima de Estados Unidos, España e Italia.

México es una de las naciones del mundo que menos exámenes hacen por habitante (apenas 4 mil 300), siendo el más rezagado de la región con mayor población. Chile hace 15 veces más tests por habitante y Bolivia 20 veces más.

En la semana que finalizó el 28 de junio, los cuatro primeros países del mundo en fallecidos por millón de habitantes son latinoamericanos: Chile con 48, México con 31, Perú con 28 y Brasil con 26 (https://bit.ly/3dSSnWg). En Bolivia y Colombia la tasa de contagiados crece de forma permanente.

A medida que se conocen nuevos datos, la indignación crece. En Sao Paulo, la diferencia en el porcentaje de muertos por el Covid-19 entre los barrios ricos y los pobres es alarmante. En Bela Vista, región central, mueren 20 personas por cada 100 mil habitantes; en Brás, barrio pobre del centro, fallecen 87 por cada 100 mil habitantes (https://bit.ly/2VyBFoK).

Encuentro tres razones básicas para comprender por qué América Latina es hoy el centro global de la pandemia, situación que está lejos de disminuir.

La primera es la desigualdad, que carga en sus ancas, como compañeras de viaje, la corrupción, el desmantelamiento de los servicios sanitarios y la pobreza estructural de la mitad de la población.

Mientras la OMS recomienda ocho camas de hospital por cada mil habitantes (en Brasil es de 2.2), en algunos municipios de la Baixada Fluminense (estado de Río de Janeiro), como Seropédica e Itaguaí, hay apenas 0.3 a 0.8 camas por cada mil habitantes (https://bit.ly/2V8XITa).

En Perú, 70 por ciento de la población trabaja en el sector informal. Algunos mercados, como La Victoria, en Lima, presentaban en mayo 86 por ciento contagiados (https://bit.ly/3ggo3q7).

En Chile, donde los de arriba violan la cuarentena como y cuando quieren, incluyendo al presidente, en los barrios "altos", como Las Condes y Providencia, 90 por ciento de los hogares tiene acceso a Internet. En Cerro Navia, La Pintana y Lo Espejo no alcanza ni a 30 por ciento, afectando las posibilidades de educación a distancia.

Un excelente artículo en El Desconcierto, titulado "No conocen su país", destaca que "75 por ciento de los ingresos de los chilenos se destina a pagar deudas y que 82 por ciento de los mayores de 18 años es deudor moroso" (https://bit.ly/3eCWGpw). Dos millones de personas tienen serios problemas para acceder al agua potable y en muchos hogares conviven cuatro generaciones bajo un mismo techo.

El segundo problema es la violencia, que ha desestructurado nuestras sociedades y convertido a los estados-nación en espectadores cómplices del neoliberalismo. El "monopolio de la violencia legítima", que se atribuye a los estados, es una broma macabra, cuando ya no hay diferencias entre mafias y estados.

Cada masacre es testigo de la complicidad de los cuerpos armados, como acaba de suceder en San Mateo del Mar y en cada una de las matanzas que se suceden, cada semana, contra poblaciones originarias y negras de nuestro continente.

Aunque algunos se hagan los distraídos, sabemos que la violencia forma parte de la acumulación por despojo/cuarta guerra mundial, que es la seña de identidad del capitalismo en este periodo de turbulencias y tormentas. Dicho de otro modo: la violencia es sistémica, para acumular riquezas y contener a los pueblos. No es una desviación del sistema, es su núcleo duro, lo que le permite existir.

La tercera causa se deriva de las anteriores: gobiernos erráticos, incapaces no sólo de contener la pandemia –algo que podría entenderse dadas las tremendas condiciones estructurales que heredaron– sino de aceptar sus fracasos, con un mínimo de humildad. Hay gobernantes que "mueven" la aguja del pico de la pandemia cuando las cuentas no les cuadran. No sólo en México.

La pandemia muestra tanto la crisis de la gobernabilidad, como las consecuencias de tres décadas de neoliberalismo sobre las instituciones y contra los pueblos. Los gobiernos no gobiernan, apenas acompañan servilmente los proyectos del capital y del imperio de Trump.

Como a esta pandemia sucederán otras, algunas ya anunciadas (como una peste porcina en ciernes) y otras inevitables (como las ambientales que presagian los incendios forestales, las plagas de langosta y la sucesión de sequías e inundaciones), es tiempo de reflexionar y tomar precauciones.

¿Quién va a defender a los pueblos cuando los gobiernos decretan el encierro masivo, mientras el extractivismo (minería, monocultivos y grandes obras) sigue destruyendo y asesinando? O nos organizamos o estaremos condenados a ser hojas en la tormenta sistémica.

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Viernes, 03 Julio 2020 06:09

Así pudo acabar Israel con Palestina

Así pudo acabar Israel con Palestina

Israel mantiene su política de limpieza étnica, negándose a permitir el retorno de los palestinos a su tierra, en un 78% ocupada.

 

Pasan justo cien años desde que los vencedores de la Primera Guerra Mundial, reunidos en San Remo (Italia), planearan expulsar a los judíos europeos de sus tierras natales, enviándoles- ¡por su propio bien!- a Palestina, ocupada por Gran Bretaña tras la desintegración del Imperio Otomano. Se les prometió un estado propio en aquellas tierras ajenas, donde los dos pueblos semitas, los árabes y los judíos de Oriente Próximo, vivirían en paz.

Dos décadas después, tres hechos paralelos acelerarían este proceso:

1) El mundo conocería el horror de los crímenes fascistas contra los marxistas, anarquistas, eslavos, judíos, gitanos, personas con discapacidad y homosexuales, entre otros colectivos considerados "subhumanos"; lo curioso es que dicha barbarie justificase el plan de los países imperialistas ganadores de la Segunda Guerra Mundial de vaciar Europa de los judíos enviándolos a Oriente Próximo, mientras protegían a las fuerzas y personalidades fascistas (como Franco), siendo después sus aliados naturales en la lucha contra el socialismo.

2) Se consolidaría el movimiento anticolonial de liberación de los pueblos cuyos resultados inmediatos acabarían sentando un novedoso precedente en la estrategia del dominio de las potencias:

- En Asia central, antes de verse obligada a reconocer la independencia de la India, los británicos rompen al gigante asiático y sacan de sus entrañas un nuevo Estado cliente llamado República Islámica de Pakistán.
- En Oriente Próximo, y con el respaldo de la ONU, se funda la república judía de Israel.

Estos son dos casos únicos de cómo gestar un Estado sobre un fundamento religioso, que no étnico. Así, los británicos junto con los franceses (en el Líbano) siembran en estas vastas regiones regímenes de extrema derecha religiosa como retén al contundente avance de las fuerzas de izquierda nacionales y la Unión Soviética. La llegada de EEUU al escenario sólo intensificará la dinámica de esta ley de la jungla.

3) El calvario palestino que hoy entra en una nueva fase con el llamado Acuerdo del Siglo, diseñado por Trump-Netanyahu (Trumpyahu), empezó entonces con el proceso de Nakba La Catástrofe, que tuvo lugar entre 1947 y 1949, cuando el 80% de la población palestina, alrededor de 850.000 personas, fueron expulsadas de sus hogares y su tierra, primero por las bandas armadas sionistas y, luego, tras la fundación del Estado israelí en 1948, por el ejército de los ocupantes.

A pesar de la resolución 194 de la ONU de 1948 y la 3.236 de 1974 sobre una solución definitiva al conflicto y "los derechos de los refugiados palestinos al regreso y a la restitución", Israel mantiene su política de limpieza étnica, negándose a permitir el retorno de los palestinos a su tierra, en un 78% ocupada. A los pocos que podrán permanecer en sus casas se les llamará árabes israelíes.

La Guerra de 1967: el segundo asalto

A partir de los años cincuenta, el recién nacido nacionalismo árabe se une a las fuerzas de izquierda y la Unión Soviética para contrarrestar el avance de EEUU e Israel en Oriente Próximo. Los intentos del panarabismo de construir una confederación árabe fracasan: son excluyentes, están basados en la alianza supremacista de una "etnia", la árabe, contra otras, y aunque se llamen "socialismo árabe", está encabezado por hombres militares-burgueses.

El 5 de junio de 1967, la aviación israelí ataca de forma "preventiva" al Egipto de Jamal Abdel Nasser, dando inicio a la Guerra de Junio o de los Seis Días entre Israel (respaldado por el Occidente y también las monarquías árabes) y una coalición de los ejércitos de Egipto, Jordania, Siria y Palestina. Los judíos ocupan el Sinaí egipcio, el Golán sirio, y el Jerusalén Este, la Cisjordania y la Gaza, o sea, la totalidad de Palestina. La URSS lanza un ultimátum al presidente de EEUU Lyndon B. Johnson: si en unas horas no saca de Siria las tropas israelíes que marchaban hacia Damasco, les lanzaría un ataque militar en defensa de su aliado. Johnson acepta y Moscú corta sus relaciones diplomáticas con Tel Aviv, a pesar de que la URSS es el primer país en reconocer el Estado israelí.

El resultado de esta guerra es una contundente derrota del nacionalismo árabe, pero también es el nacimiento del "nacionalismo palestino", liderado por Yaser Arafat, y de la «palestinización» de la lucha contra el colonialismo israelí, respaldada por las fuerzas progresistas del mundo. Se organizó la resistencia en los campos de refugiados palestinos levantados en el Líbano, Jordania y Siria, desde los partidos políticos, asociaciones, sindicatos y comités locales. Este fue el momento más glorioso de la lucha palestina.

1987: tiene lugar la primera Intifada: el enfrentamiento de un pueblo desarmado que lucha por su supervivencia utilizando piedras contras los artefactos más mortíferos utilizados por el régimen israelí. Mueren 3.162 palestinos y 127 israelíes, mientras el mundo, de nuevo, mira para otro lado.

1991: fin de la URSS: desaparece el principal amigo de los palestinos. EEUU empieza a convertir en escombros a los estados árabes rivales de Israel. La Guerra del Golfo Pérsico contra Iraq el mismo año es la pedagogía del terror del Nuevo Orden Mundial. El apoyo de Arafat a Sadam Husein es su sentencia de muerte. Miles de palestinos emigrantes son expulsados con sus familias de las petromonarquías que financiaron aquella maldita guerra. 

1993: Arafat firmará los Acuerdos de Oslo, que entrega más territorios fértiles palestinos a los israelíes, donde se instalarán decenas de miles de colonos judíos.Durante estos años, Israel, además de matar a decenas de miles de palestinos (incluidos niños), los encarcela, tortura, demuele sus viviendas, arranca millones de sus árboles frutales, se apodera de sus recursos naturales (agua y gas del Mediterráneo), los encierra en una inmensa cárcel de la que ni el presidente Mahmud Abbas puede salir sin el permiso de Tel Aviv, les corta el agua, la luz, los alimentos y medicinas, como si se tratase de un experimento con humanos.

El "Acuerdo del siglo": la "Solución Final"

Si EEUU tiene al menos 14 motivos para defender a Israel de forma incondicional, Donald Trump ha tenido dos para presentar en enero del 2020 una propuesta redactada por su yerno Jared Kushner y Netanyahu a la que llama Plan Estadounidense de Paz y Prosperidad, y que marca la tercera partición de las tierras palestinas:

Necesita: 1) el apoyo financiero del lobby israelí para su reelección en noviembre del 2020 y el voto de los fundamentalistas evangélicos, y 2) una victoria en su política exterior, tras sus fracasos con Irán, Venezuela, Corea del Norte China y Rusia.

El acuerdo, que se firmó entre EEUU e Israel -que no entre Israel y los palestinos-, estipula:

- El fin de un Estado palestino.
- Aunque la cartografía final no ha sido revelada y la anexión podrá llevarse a cabo por fases, se extiende la soberanía israelí sobre el 33 % de Cisjordania, que incluye el Valle del Jordán (sus tierras fértiles y sus recursos hídricos), donde habitan unas 56.000 personas, y los más de 235 asentamientos ilegales israelíes. Los barrios palestinos estarán rodeados de colonos y sin conexión territorial ni contacto con el mundo exterior. Los palestinos podrán "vivir", hasta la próxima anexión, en el 15% de su tierra natal. El plan hará irreversible el control actual de Israel sobre Cisjordania.

 - Los palestinos que viven en las áreas anexionadas no recibirán la ciudadanía israelí y seguirán viviendo bajo el sistema de Apartheid.

- Los palestinos, si rechazan esta oferta, serán castigados severamente, y para demostrarles que esta amenaza va muy en serio, Trump ha cortado la financiación a la Autoridad Palestina y a todas las instituciones internacionales de ayuda al pueblo palestino. Además, Israel puede retirar la ciudadanía a los palestinos que viven en Israel.

Objetivos de Israel

El primero es ir avanzando hacia la creación el Gran Israel. Los líderes israelíes son conscientes de que sus bombas nucleares no son suficientes para convertir su país en la potencia hegemónica de la región, en un diminuto territorio con 9 millones de habitantes, sin agua, tierra ni petróleo. Justamente todos estos elementos están en los países vecinos: se quedarán así con las tierras palestinas, el agua siria, el gas palestino y el petróleo iraquí.

Lanzó su plan de anexión para el 1 de julio de 2020 (fecha de la nominación de Trump como candidato a la presidencia por la Convención Republicana para las elecciones de noviembre), mientras el mundo estaba preocupado por el coronavirus, "lavándose las manos".

Netanyahu, que iba a ser juzgado por corrupción, en una maniobra parecida a un golpe de Estado en el mes de abril, se mantuvo en el poder como primer ministro: anunció la emergencia nacional por posible muerte de decenas de miles de israelíes, pretexto para formar un gobierno de emergencia con poderes especiales: ¡El 4 de mayo anunció la victoria contra la covid-19 y un número de fallecidos de menos de 250 personas! El 1 de julio iba a ser su gran día: se anexionaría grandes parcelas de Judea y Samaria (Cisjordania) y el Valle del Jordán a Israel. Pero Netanyahu ya ha entrado en la historia por ser el fundador de un Gran Israel: ha conseguido que EEUU traslade su embajada a Jerusalén y reconozca el dominio de este país sobre los Altos del Golán sirios ocupados. Ahora, tiene prisa para el último paso: teme que Trump no sea reelegido.

Salvo reducidos sectores de la sociedad israelí, entre ellos el Partido Comunista, el resto se cree con el derecho "divino" a quedarse con la tierra ajena y tratar a la nación palestina como Utermunch ("subhumanos"), como llamaban los alemanes supremacistas a los no arios. Si hay discrepancia sobre este tema, ésta gira en torno a cómo eliminar a los palestinos: de una vez o de forma discreta y escalonada. De hecho, algunos colonos se oponen al plan porque no lo consideran suficiente: no quieren ver a los palestinos ni de lejos.

¿Qué "Comunidad Internacional"?

Israel goza del mismo estatus de excepcionalidad-impunidad que EEUU: le han llovido críticas desde los cuatro costados del planeta por su plan de anexión ilegal, que es una violación flagrante del derecho internacional, pero nadie se ha atrevido a imponerle unas medidas disuasorias o corrosivas a dicho régimen. Gran Bretaña "no apoyará" la anexión (¡hasta que se normalice!) y Francia, Bélgica, Luxemburgo e Irlanda proponen medidas económicas punitivas en respuesta, pero hasta hoy no las han puesto en práctica.

Joe Biden "presionará" a Israel para salvarle de sí mismo, y 149 líderes judíos estadounidenses y 11 congresistas también le han aconsejado a Netanyahu desistir. Han propuesto lo mismo decenas de ex altos cargos militares, del Mossad, Shin Bet y miembros de Comandancia para la Seguridad de Israel (CEI). China está "profundamente preocupada" y Rusia se opone, mientras el Vaticano advierte de sus consecuencias.

Jordania muestra su enfado pero, al igual que el resto de los regímenes árabes, su dependencia militar y económica de EEUU le atan de manos y pies para "hacer algo". El plan Trumpyahu es una violación clara de la Carta de las Naciones Unidas y de los Convenios de Ginebra, que prohíben la adquisición del territorio por la guerra o por la fuerza.

Es hora de que los palestinos tejan lazos con las fuerzas progresistas de Oriente Próximo, y el resto del mundo, en vez de apoyarse en sus regímenes reaccionarios: Palestina necesita un Lenin. Quizás no sea tarde para plantear un cambio de estrategia: formar un movimiento popular de unidad nacional en torno a un programa político de liberación, y una diplomacia ofensiva en busca de apoyo real y efectivo (que no simbólico) de los trabajadores del mundo.

Por Nazanin Armanian

 02/07/2020 22:23

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La ONU pide una tregua mundial por la pandemia

Después de más de tres meses de negociaciones, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas alcanzó hoy un acuerdo y aprobó una resolución que apoya el pedido del secretario general António Guterres de una tregua mundial durante la pandemia.

Hasta ahora, la división entre Estados Unidos y China -enfrentados por la gestión y los orígenes de la pandemia- había hecho imposible la aprobación del texto, que finalmente salió adelante gracias a una nueva versión de compromiso impulsada en los últimos días.

La resolución fue aprobada por unanimidad y reclama un “cese de las hostilidades general e inmediato” en todos los conflictos que figuran en la agenda del Consejo de Seguridad y llama a las partes a facilitar una tregua humanitaria de al menos 90 días para que todas las personas puedan protegerse y tratarse en medio de la pandemia.

El texto, sin embargo, deja claro que la tregua no se aplica a las operaciones militares contra grupos considerados terroristas por los miembros del Consejo de Seguridad, como el Estado Islámico, Al Qaeda o el Frente al Nusra, una antigua filial de Al Qaeda en Siria.

Hace más de una semana, una amplia mayoría de los Estados miembros de la ONU aprobaron una resolución similar en la Asamblea General, el órgano deliberativo de Naciones Unidas que, a diferencia del Consejo de Seguridad, incluye a todos los países miembro, aunque sus decisiones no son vinculantes.

En una declaración conjunta, los 170 firmantes -entre los que además de naciones también se encontraban organizaciones de la sociedad civil y el Papa Francisco- apoyaron el mensaje de paz de Guterres y pidieron al mundo entero que concentre sus esfuerzos en la “lucha común” contra la pandemia de la Covid-19 en vez de continuar con conflictos armados que agravan las condiciones sanitarias.

El llamado a una tregua mundial está dirigido a la guerra en Siria, en Yemen, en Libia y conflictos de intensividad más baja e intermitentes en África, Asia, Medio Oriente y América Latina, con Colombia.

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Netanyahu refuerza su política de hechos consumados con la anexión israelí de parte de Palestina

El primer ministro israelí ha anunciado que el país comenzará a extender su soberanía a partes de Cisjordania a partir de julio

 

La anexión de buena parte de Cisjordania, sea de un solo trago o por fases, no es el primer paso ni tampoco será el último. Son muchos los que Israel ha dado en esta dirección en los últimos 72 años.

A fuerza de insistir en el empeño, no solo parece haber perdido la sensibilidad para darse cuenta de ello, sino que también ha acostumbrado a los demás a aceptar como normal lo que no lo es. Porque violar directamente el derecho internacional y resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU –sea en relación con la capitalidad de Jerusalén, los Altos del Golán sirios, el castigo colectivo a la población ocupada o los asentamientos– no es lo normal.

Cabría pensar que a Israel le ocurre lo mismo que a Gregorio Samsa en la Metamorfosis de Kafka. Tras lo que inicialmente su familia recibe como una monstruosidad –su súbita conversión en algo parecido a un insecto– pronto da paso a una nueva normalidad que, a la postre, resulta mortal para él mismo. En este sentido, la comunidad internacional ha terminado anestesiada ante una secuencia imparable de violaciones israelíes que por mera acumulación se han convertido en "normales".

Israel ha denominado 'plan de paz' a lo que para los palestinos tan solo es el certificado de defunción de su sueño político y como resultado de una persistente (y consentida) estrategia de hechos consumados, ha logrado inclinar (¿irreversiblemente?) la balanza a su favor. Todo esto, con el salvoconducto concedido por Donald Trump para que Benjamin Netanyahu pueda proseguir su huida hacia adelante.

Una huida que ha acabado con la justicia pisándole los talones. Su estrategia deja una larga ristra de perdedores. Pierden, en primer lugar, los palestinos que sueñan con un Estado propio, tras haber renunciado en 1947 a aceptar el 44% de la Palestina histórica que les concedía el Plan de Partición (a pesar de ser el 70% de la población). En 1993 no les quedó más remedio que acepar quedarse reducidos al 26% del territorio y, ahora, el plan de Netanyahu es restar otro 30% de la menguada Cisjordania a partir del 1 de julio. El primer ministro israelí asegura que no se trata de una anexión, aunque implica aplicar la soberanía de Israel a partes de Cisjordania que contienen asentamientos y al Valle del Jordán.

A eso hay que añadir que no se ha escuchado la voz de los palestinos durante el proceso que ha llevado hasta aquí, que la anexión remata la discontinuidad física y que el control marítimo, aéreo y fronterizo del 'bantustán' palestino remanente estará en manos israelíes. Solo los que sueñan despiertos encuentran algún resquicio de esperanza política en el futuro. Y, por el camino, la decisión de Netanyahu se lleva definitivamente por delante a la depauperada Autoridad Palestina, con un Mahmud Abbas agotado y sin crédito alguno para pedir moderación a una población que hace tiempo le ha vuelto la espalda.

Pierden también los israelíes porque lo que se avecina no puede tampoco ser la ansiada paz, con el reconocimiento dentro de fronteras seguras por parte de sus vecinos (solo Egipto y Jordania lo han hecho) y con la normalización de relaciones. Nadie duda de la superioridad de fuerza de Tel Aviv, pero tras seis guerras y dos intifadas, nadie puede dudar tampoco de que no hay solución militar al conflicto.

Tratar de imponerse de este modo –sabiendo que Benny Gantz no se atreverá a romper la coalición porque es consciente de que, electoralmente, está en rumbo de caída sin freno– alimenta las opciones violentas tanto de los desesperados que ven arruinados sus proyectos de vida como de los grupos que, en ambos lados, siguen apostando por el "cuanto peor, mejor".

Igualmente, salen muy mal parados los Estados árabes, no solo sumisos ante los fuertes, sino también fragmentados entre sí y visiblemente acomodados a los dictados de Washington y Tel Aviv, lo que difícilmente va a encontrar eco positivo entre sus propias poblaciones. Y lo mismo cabe decir de la Unión Europea, que no ha logrado adoptar una línea de acción común por las diferencias internas entre sus miembros. El bloque comunitario sigue buscando en el diccionario palabras que expresen descontento y rechazo, pero se cuida de que no transmitan ninguna voluntad de pasar a los hechos y de que no hieran la sensibilidad de los gobernantes israelíes.

Estados Unidos, por su parte, dilapida así los últimos vestigios de credibilidad y de liderazgo que le quedan en la calle árabe, con un Donald Trump convertido en el valedor principal de Netanyahu. Trump sigue sin querer entender que, de ese modo, daña los intereses de su propio país, al tiempo que Washington pierde lustre inevitablemente como líder mundial, al bendecir una violación del derecho internacional. Y, en definitiva, pierde toda la comunidad internacional porque nunca es buena noticia que la ONU muestre su impotencia y que no se cumpla el derecho internacional.

A corto plazo, el único ganador es Netanyahu, pero son muchos los responsables de consentir su comportamiento.

Por Jesús A. Núñez

30/06/2020 - 21:22h

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Domingo, 28 Junio 2020 07:17

A vueltas con las revueltas

Las personas que frecuentaban el Stonewall Inn, mayoritariamente mujeres transexuales y travestis, se enfrentaron a la policía tras una redada en 1969.

Hoy, 28 de junio, todo el planeta conmemora los sucesos ocurridos en el neoyorquino Stonewall Inn en 1969 como ese momento inicial en que todo dio comienzo. ¿Es acertado considerar que fue aquel día cuando nació nuestro movimiento?

 

Algunas historias de nuestra Historia, además de haber sido deliberadamente invisibilizadas, están marcadas por la persecución. Así, la trayectoria vital de esas personas que hoy llamamos lesbianas, gais, bisexuales y trans ha estado marcada durante siglos por una constante amenaza que, con apariencia religiosa, legal o médica, o con un extraño disfraz de todas ellas, ha convertido en inhabitables cientos de miles de vidas.

Pero llegó un día en que empezó a producirse un cambio, un día en que algunas personas comenzaron a defenderse de ese continuo hostigamiento. Y en esa fecha nació todo un movimiento, una reivindicación que a lo largo de los años ha conseguido transformar un mundo hostil en otro que parece que empieza a dejar de serlo. Hoy, 28 de junio, prácticamente todo el planeta conmemora los sucesos ocurridos en el neoyorquino Stonewall Inn en 1969 como ese momento inicial en que todo dio comienzo, pero ¿es acertado considerar que fue aquel día cuando nació nuestro movimiento? Amicus Plato, sed magis amica veritas, y creo que es hora ya de desmontar algunos mitos para seguir acercándonos a la verdad.

Del mismo modo que estudiamos Historia centrándonos —quizá demasiado— en algunas grandes batallas, construimos nuestra memoria activista poniendo el foco en una gran revuelta. Pero sucesos como aquel de Stonewall los hubo antes en Estados Unidos. En agosto de 1966, en San Francisco, tuvo lugar uno similar en la cafetería Compton’s, de igual manera que ocurrió en Los Ángeles, en la Black Cat Tavern, durante la Nochevieja de 1967. Son dos los elementos comunes a estos tres hitos históricos: redada y revuelta; y es necesario preguntarse qué hace especial aquella de Stonewall sobre la que pesa hoy una leyenda tan elaborada, y tan repetida, tanto que es difícil bucear en ella intentando precisar cuál es su mérito y cuál es la verdad en torno a lo que ocurrió en aquellos disturbios.

Se sabe, aunque se ignora, que las célebres Sylvia Rivera y Marsha P. Johnson no fueron las iniciadoras de la respuesta a la redada policial. Ellas mismas lo confesaron: Sylvia explicando que se sumó a las acciones de otras personas y Marsha reconociendo que llegó tarde aquella noche a la calle Christopher. Es imposible saber quién arrojó la primera piedra, y quizá no sea necesario saber más que conocer el hecho de que todo nació a partir del grito de Stormé DeLarverie, la mujer lesbiana que consideró injusta su detención y preguntó a la gente que observaba: “¿Es que no pensáis hacer nada?”. Por su parte, el mérito activista de Sylvia y Marsha, que lo tienen y mucho, debe encontrarse en la fundación de STAR (Street Transvestite Action Revolutionaries), que en los años siguientes sirvió de ayuda a muchas personas que vivían en una situación crítica. Y, de igual manera, el mérito de Stonewall ha de hallarse en el año siguiente, 1970, cuanto tuvo lugar la primera manifestación que recordaba esos disturbios, la primera manifestación de lo que hoy llamamos nuestro Orgullo.

El resto forma parte del mito fundacional de nuestro movimiento que, como buen mito, no es más que una explicación marcadamente fantástica de la realidad. Y la realidad es que, antes de todas aquellas revueltas, existía ya un movimiento reivindicativo centenario que precisamente gracias a los disturbios del Stonewall comprendió al fin la necesidad de actualizar su discurso, de adaptarse a una nueva época, de adecuar su visión del mundo a los ojos con los que había aprendido a mirar una nueva generación de activistas jóvenes.

Como bien indica mi querido Ignacio Elpidio, la persona que más y mejor ha investigado en castellano las manifestaciones del Orgullo, la importancia de un suceso histórico no es nunca el suceso en sí mismo, sino su trascendencia. El movimiento LGTB, de este modo, no nace —renace, más bien— con Stonewall, sino con esa primera convocatoria de 1970.

Pero ese es el caso concreto de los Estados Unidos, que no por mucha globalización debe considerarse el único suceso que podemos tener en cuenta. ¿Qué sucedió en el territorio español? ¿Sobre qué acontecimiento trascendente es posible fundar la historia de nuestro propio movimiento? Suele aceptarse que en nuestro estado este activismo que reivindica la liberación sexual comienza con la respuesta al debate sobre la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social que en 1970 organizaron dos activistas, Armand de Fluvià y Francesc Francino.

Ante la pretensión del Gobierno de la dictadura de aprobar un texto legal que, entre otras cuestiones, perseguía con mayor dureza la homosexualidad, nace gracias a la iniciativa de esos dos primeros héroes una campaña que solicita ayuda internacional a través de cartas condenatorias que acabarían llegando a las Cortes franquistas. El éxito del proyecto se limitó a una pequeña modificación en la propuesta de ley, que pasó de condenar la homosexualidad en sí misma a perseguir los actos, en plural, de homosexualidad; pero sirvió como impulso para la creación poco después del MELH, el Movimiento Español de Liberación Homosexual, que en 1972 comienza incluso a publicar una revista, AGHOIS, difundida en la clandestinidad durante los últimos años de la dictadura. Fue aquella, por lo tanto, una campaña trascendente, que provocó la aparición de una organización activista. Puede servirnos como verdadero punto de inicio, y así ha venido siendo considerada durante años.

Con todo, en los últimos años, gracias a la investigación y a algunas iniciativas particulares, se han venido descubriendo nuevos hitos históricos que se empiezan a reivindicar. Quizá el más conocido hoy, gracias a la reciente campaña de Correos, sea el Pasaje Begoña, la cada vez más conocida callejuela de Torremolinos en la que en su día existieron varios locales de ambiente y donde, el 24 de junio de 1971, se produjo una redada que acabó con 114 personas arrestadas. La asociación que trabaja para recuperar la memoria del lugar ha conseguido ya el reconocimiento de aquel espacio histórico en diferentes ámbitos. Tanto el hermanamiento con el Stonewall Inn como sendas proposiciones no de ley defendidas en el Congreso de los Diputados y el Parlamento de Andalucía, que instaban a Gobierno estatal y autonómico a impulsar la protección del lugar, han servido para que el Pasaje Begoña comience a ser reconocido como “lugar de memoria histórica” y “cuna de los derechos LGTBI” en el Estado español.

Grandilocuencia aparte, y dejando clara la importancia de reconstruir la memoria colectiva que nos ha sido negada durante tanto tiempo, parece evidente, parafraseando el refrán, que una redada no hace verano. Como dijimos antes, para considerar un suceso como punto de partida del nacimiento o renacimiento de un movimiento social es imprescindible que resulte verdaderamente trascendente, que dé pie a una respuesta social, mejor cuanto más organizada esté y más se mantenga en el tiempo. El caso del Pasaje Begoña carece de esas características y, además, es posible encontrar otras muchas actuaciones policiales contra locales de ambiente que tuvieron lugar años antes.

Si para designar un suceso histórico como “cuna de los derechos LGTBI” fuera necesaria sencillamente una redada, podríamos recordar las muchas que tuvieron lugar durante los años de la dictadura en ciudades como Madrid o Barcelona. E, incluso, sería posible remontarnos mucho más atrás en el tiempo. Existen varios testimonios de las últimas décadas del siglo XIX en los que encontramos ejemplos interesantísimos de fiestas que fueron interrumpidas por agentes externos, para sorpresa colectiva.

Así, en 1884 Teodoro Yáñez, en sus Elementos de medicina legal, nos refiere —con la terminología propia de la época— un escándalo acaecido años antes cuando nos habla de una reunión que realmente “era un club de pederastas; entraban aquellos individuos, se desnudaban, poniéndose otras ropas parecidas a las de las mujeres, y se dedicaban a su ejercicio”; y donde se realizaba incluso una suerte de rito iniciático con los neófitos: “Después de acreditar que no habían conocido varón con dos testigos, se les ponía una túnica blanca y una corona de azahar, y se les paseaba por el recinto, haciendo luego uno de ellos la primera introducción”.

De igual manera nos dice Rodríguez Solís, en su Historia de la prostitución, que en el Martes de Carnaval de 1879 fueron sorprendidos “más de cien sodomitas con elegantes trajes y ricas joyas” en el salón de baile El Ramillete de la madrileña calle de la Alameda. Aquella “grey de Urania”, como nos designaron entonces los autores de La mala vida en Madrid, convocaba “las fiestas en que se celebraban los bautizos de un homosexual; los bailes escandalosísimos; las fiestas sardanapálicas” de las que nos habla Max Bembo en La mala vida en Barcelona a través de sociedades secretas. Una de ellas fue retratada en la novela La Condesita, de Francisco de Sales Mayo, publicada en 1870: la Sociedad de San Guiñolé, con diferentes festejos convocados, una red de ayuda mutua y no pocos ‘guiños’ entre personas del mismo sexo.

Pero es posible, incluso, retrotraernos aún más en el tiempo. Rictor Norton ha estudiado las Molly houses británicas del siglo XVIII, que debieron tener como correspondientes en nuestro país muchas ‘casas de placer’ que quedan por investigar. Además, y antes aún, tras el asesinato del Conde de Villamediana el 21 de agosto de 1622, sabemos que al realizar el registro de su palacio fue descubierta toda una red de contactos entre sodomitas.

Con cada nueva investigación, con cada nueva lectura, será factible seguir viajando hacia atrás en el tiempo en busca de un pequeño espacio donde personas que deseaban a otras de su mismo sexo, o que deseaban vestirse, adornarse y nombrarse cuestionando los roles de género de la época podían encontrar un mínimo reducto de libertad frente a la persecución legal, médica y religiosa.

La clave para encontrar un punto de inicio a nuestra reivindicación debe ir, como decimos, más allá de la simple redada. Es necesario buscar la reacción, el levantamiento, aunque sutil, frente al acoso constante de quienes defienden una forma de sexualidad exclusivamente normativa. El primer caso del que tenemos constancia en nuestro país y que podría valorarse de este modo se produjo en la Barcelona de los años treinta, tal y como nos cuenta Jean Genet en su Diario del ladrón.

Una importante revuelta anarquista tuvo como consecuencia la destrucción de un urinario, una “vespasiana”, se llamaba entonces, que frecuentaban quienes buscaban contacto con personas de su mismo sexo. Dice Genet que “al constatar su muerte definitiva, las Carolinas, con chales, mantillas, trajes de seda y chaquetillas ajustadas acudieron a ella en solemne delegación para depositar un ramo de flores rojas anudado con un crespón de gasa”. Hoy suele considerarse esa curiosa procesión de las Carolinas, seres inclasificables según nuestra taxonomía actual basada en las siglas LGTB, la primera manifestación de algo similar a nuestro Orgullo. Fue una respuesta, sí, pero realmente no se respondió a la injusticia de una sociedad que nos perseguía, sino como forma de conmemoración de un espacio de libertad desaparecido que, además, no tuvo trascendencia más allá de aquel suceso concreto. 

Como decíamos más arriba, una redada no hace un movimiento. Ni siquiera lo hace una revuelta. Los movimientos sociales se fundamentan en un trabajo continuado a través del tiempo, realizado de una forma mínimamente organizada. Pueden tener, o pueden inventar incluso, un nacimiento mítico, una épica que ennoblezca aún más su ya noble trabajo. Pero, más allá de la poesía, la Historia debe ocuparse de la verdad. De esta suerte, el movimiento LGTB actual puede nacer, en Estados Unidos, en aquella primera manifestación de 1970 y la “cuna de los derechos LGTBI” en nuestro país es sin duda alguna aquel Movimiento Español de Liberación Homosexual cuya primera acción cumple ahora cincuenta años. Y, con todo, no hemos de olvidarnos de que, cuando se trata de una reivindicación, no importa tanto el punto de partida como la meta final, el objetivo que perseguimos y los caminos que recorreremos hasta alcanzarlo. Mientras tanto podemos y debemos seguir investigando y reconstruyendo nuestra memoria, que es tan nuestra como ha de serlo de todo el mundo, pero sin olvidarnos nunca de que nuestra historia no se limita a un solo pasaje.

Por Ramón Martínez

@ramonmartz

28 jun 2020 05:54

Publicado enSociedad
La policía es irrelevante para la seguridad ciudadana

¿Tiene la policía actualmente el derecho a matar? Por supuesto. En Estados Unidos la policía ha matado al menos a 12.600 personas desde 2005 hasta 2019. En ese periodo, tres policías en total han ido a la cárcel por homicidio sin que los recursos hayan afectado a la condena. Es menos que una décima parte del 1%, pero se puede redondear fácilmente a cero.

 

Las recientes protestas, catalizadas por el asesinato de George Floyd en Minneapolis, piden el fin de la violencia policial racista. Con sus acciones, los manifestantes también han ido más allá de los debates obsoletos del pasado reciente acerca de la vigilancia policial. Recortar la financiación de la policía, disolverla o abolirla: gente que jamás había escuchado estas ideas en debates sobre la policía ahora las tienen en cuenta muy en serio.

Estos avances en el debate sobre la policía no habrían sido posibles sin los manifestantes, que se han mantenido firmes a pesar de haber sido golpeados y haber sufrido abusos policiales en cada rincón de EE UU. Pero lo importante de esto no es hacer avanzar el debate. Lo importante de esto es la vida y la muerte. Para que la policía deje de asesinar gente —1.000 personas cada año— serán necesarios cambios en el sistema. Los manifestantes serán recordados en el futuro sólo si los cambios conseguidos son los correctos.

Los programas de reforma solo tendrán éxito si parten de la premisa de que la institución policial ha perdido su legitimidad social, que jamás ha merecido. Las reformas que den por hecha la legitimidad de la policía, aunque pidan más cámaras incorporadas en el uniforme, mejor supervisión, un personal con más diversidad racial o más procedimientos legales contra los asesinos dentro de la policía, no van a funcionar.

Cuando la policía sea vista como una institución ilegítima estaremos en el camino correcto. Como sostiene Mariame Kaba en The New York Times, no estaría mal ejecutar un recorte del 50% en los presupuestos de la policía y dejar que la lógica de la austeridad haga el resto, como ha sucedido con otras partes del sector público.

Pero un recorte del 50% se puede regatear hasta el 10%, y el 10% hasta el 2%, mientras la policía y sus defensores puedan seguir relacionando la seguridad ciudadana con la vigilancia policial. La reacción contra la idea de abolir la policía como algo “poco realista políticamente” debido a la seguridad ciudadana ha empezado en el ámbito local, donde se está debatiendo este tema. El objetivo debe ser abolir una profesión que tiene el derecho legal a acabar con la vida (y a mentirte mientras tú estás obligado a decir la verdad).

¿Tiene la policía actualmente el derecho a matar? Por supuesto. Partiendo de estimaciones prudentes y de datos oficiales, el escritor Lee Camp calcula que la policía ha matado a una media de 900 personas al año. En otras palabras, al menos 12.600 personas desde 2005 hasta 2019. En ese periodo, tres policías en total han ido a la cárcel por homicidio sin que los recursos hayan afectado a la condena. Es menos que una décima parte del 1%, pero se puede redondear fácilmente a cero.

Por encima de todo, hay que retirarle a la policía su licencia para matar. Todavía existe debido a una mística —ayudada por los omnipresentes programas televisivos, libros y películas de policías— basada en tres ideas: la idea de que los policías son valientes porque su trabajo es peligroso, la idea de que mantienen protegida a la sociedad, y el hecho de que puedes llamarles en caso de emergencia.

¿Valentía? Sí, ser policía es el decimosexto trabajo más peligroso en EE UU, por detrás de los leñadores, pescadores, pilotos, techadores, recogedores de basura, camioneros, granjeros, trabajadores del metal, trabajadores de la construcción, paisajistas, operadores de la red eléctrica, jardineros, trabajadores del campo, ayudantes de obra y supervisores directos de mecánicos, instaladores y reparadores. Pero ningún trabajador en ninguno de los 15 empleos más peligrosos tiene la opción de matar cuando se sienten subjetivamente en peligro. La policía sí.

¿Seguridad? Proporcionar seguridad a la sociedad no es una función especial de la policía. En The End Of Policing, de Alex Vitale, éste cita al criminólogo David Bayley en su libro Police for the future, en el que Bayley consideraba este hecho como “uno de los secretos mejor guardados de la vida moderna. Los expertos lo saben, la policía lo sabe, pero el público no lo sabe”. Sabemos desde hace 50 años que la policía no ayuda a la seguridad ciudadana. El antropólogo francés Didier Fassin, en su libro de 2013 La fuerza del orden, cita el experimento de Kansas City en los años 70:

“Este estudio sin precedentes, único en su tiempo, comparó tres zonas de la ciudad: en la primera, brigadas “reactivas” limitaron su actividad a responder a las llamadas de los residentes; en la segunda, de carácter “proactivo”, como mínimo doblaron el tiempo que pasaban patrullando; en la tercera, que servía como zona “de control”, siguieron con su mezcla de actividades previa. Los resultados de todo un año de operaciones y mediciones parecían idénticos: ni ataques a personas, tanto agresiones como amenazas, ni agresiones sexuales ni atracos, ni ataques a la propiedad, tanto robos como daño a vehículos, variaron de manera significativa como resultado de los diferentes sistemas empleados; de manera similar, la percepción sobre los crímenes o la sensación de inseguridad expresada por residentes y dueños de negocios no mostró variaciones entre las zonas, ni tampoco el nivel de satisfacción con la policía; y resultó que en los tres casos, el 60% del tiempo de los agentes se gastaba en actividades que no estaban relacionadas directamente con hacer cumplir la ley, incluyendo un cuarto del tiempo que no mostraba relación alguna con el trabajo policial… En definitiva, era evidente que las patrullas usadas de manera preventiva no tenían efecto sobre la actividad criminal, tanto en términos de delitos registrados por el cuerpo de policía como desde el punto de vista de la “percepción de riesgo” de los residentes”.

Los resultados fueron pasados por alto: la policía siguió patrullando las siguientes cinco décadas. Fassin, que como parte de su estudio pasó tiempo con la policía de París, hizo sus propios cálculos sobre en qué empleaban el tiempo: “En mi experiencia, el tiempo empleado en responder llamadas representaba aproximadamente el 10% del total del turno; era raro que subiera hasta el 20% (cinco llamadas por equipo cada noche era un máximo que raramente se alcanzaba), mientras el resto del tiempo se dedicaba a patrullas aleatorias y al registro administrativo de la actividad desarrollada”.

¿Piensas que lo de París es una anomalía? Piénsalo otra vez:

“Una serie de estudios llevados a cabo en EE UU revelan que los agentes en patrulla dedicaban entre el 30 y el 40% de su tiempo a responder a llamadas (una media de cinco llamadas en una hora por equipo en distintas ciudades) de las cuales solo entre un 7 y un 10% están relacionadas de alguna manera con delitos o crímenes, y entre el 40 y el 50% de su jornada laboral en patrullaje aleatorio y papeleo, con el resto del tiempo dedicado a varias tareas”.

Así describe Fassin el trabajo cotidiano del grupo de policías a los que estudiaba:
“Mientras patrullan por calles tranquilas y vecindarios pacíficos, los policías esperan llamadas ocasionales que casi siempre terminan no teniendo ningún sentido, tanto porque están relacionadas con errores o bulos, o porque los equipos llegan demasiado tarde o echan a perder el caso por su torpeza o porque no hay causa para ningún interrogatorio o arresto”.

Fassin cita a un criminólogo de Ontario, Richard Ericson, que descubrió en 1982 que la policía pasa 76 minutos en un turno de ocho horas respondiendo a llamadas, con la opinión de que “la presencia de agentes de policía se ha convertido en un fin en sí mismo”.De modo que la policía tiene el decimosexto trabajo más peligroso, y es irrelevante para la seguridad ciudadana, pero la sociedad necesita alguien a quien llamar en caso de emergencia. Este rol puede cubrirse por trabajadores civiles formados, que tendrán que aprender a resolver problemas sociales diarios sin una licencia para matar, una dirección que podría tomar Minneapolis dada la promesa de los concejales municipales de disolver la policía en la ciudad.

El año pasado, los periódicos canadienses Globe y Mail informaron sobre un cuerpo policial en el Yukon que no llevaba armas y que no podía presentar acusaciones. Algunas ciudades tienen servicios de protección del menor que trabajan para proteger niños, con mayores o menores grados de intrusión. Los trabajadores sociales pueden recibir formación para intervenir en conflictos domésticos y en situaciones conflictivas abiertas relacionadas con la salud mental. Se pueden presentar en equipos para proteger su propia seguridad, como en otras profesiones.

Hay propuestas detalladas para que la responsabilidad sobre la seguridad recaiga en manos de la comunidad: Olúfẹ́mi O. Táíwò describe una en Dissent Magazine; Zach Norris reenfoca este asunto en su nuevo libro We Keep Us Safe; y Ejeris Dixon y Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha describen enfoques comunitarios sobre seguridad en su obra colectiva Beyond Survival: Strategies and Stories from the Transformative Justice Movement.

También debería haber reformas culturales. Boots Riley propone echar a los asesores militares y policiales, que funcionan como censores del Estado, de las producciones de cine y televisión. El movimiento #MeToo condujo a la creación de un puesto de coordinador de relaciones íntimas en la producción de películas para asegurar que las escenas de sexo fueran filmadas sin explotación sexista. Los estudios pueden ser responsables con este movimiento si reducen drásticamente la producción de programas de policías mientras echan a los censores de los programas que permanecieran. Esto podría tener su efecto al reducir la mística y la veneración a la policía.

Los defensores de la policía pueden argumentar que se darían pérdidas económicas como resultado de la abolición. Algunos cuerpos policiales viven de lo que obtienen a través de los decomisos, multas y sanciones, lo que permite mantener bajos los impuestos mientras la vida de los pobres es miserable. En general, no obstante, estas medidas ahorrarían dinero.

En un primer momento, buena parte del dinero ahorrado al recortar el gasto policial debería ir dirigido a facilitar la transición de aquellas personas en funciones policiales hacia otros trabajos. Las pensiones son un mecanismo para sacar a los policías de sus funciones por cualquier motivo, y las organizaciones de policías las usan de hecho muy generosamente. Pero dar una pensión indefinida a los policías, aunque salvara vidas, haría que no quedaran recursos disponibles para la seguridad ciudadana. En su lugar, los gobiernos pueden desarrollar programas de retiro y formación (los valientes policías pueden optar a formarse para alguno de los 15 empleos más peligrosos), como hacen con otros trabajadores que son despedidos.

En el periodo de vigencia de los actuales convenios colectivos, los policías podrían recibir dinero para prepararse para otros trabajos o simplemente para quedarse en casa, algo caro a corto plazo, pero que salvaría miles de vidas. Tras ese periodo inicial, los cientos de miles de millones de dólares que se gastan en vigilancia policial podrían redirigirse a crear y fortalecer los servicios públicos. Las posibilidades solo se verían limitadas por la cantidad de millones que podrían sacarse de la policía. Los trabajadores sociales, desde luego, son sólidos candidatos para esta reasignación de fondos, así como el transporte público y otros servicios básicos gratuitos (especialmente, en EE UU, la atención sanitaria).

Los datos criminológicos nos han dicho desde hace décadas que la policía es irrelevante para la seguridad ciudadana. Los investigadores británicos Richard Wilkinson y Kate Pickett, en su ensayo clásico de 2009 Desigualdad: un análisis de la (in)felicidad colectiva, muestran que una buena parte de los problemas sociales, incluyendo la violencia, tienen una fuerte correlación con la desigualdad. Su obra también muestra diferentes opciones para alcanzar la igualdad: altos salarios en el sector privado (como en Japón) o altos impuestos y redistribución (como en el norte de Europa). En EE UU, todas las opciones a favor de una mayor igualdad han sido bloqueadas por los ricos que –como Martin Gilens y Benjamin Page dejan claro en su importante estudio de 2014- han capturado la política. Un auténtico Green New Deal haría más por la seguridad ciudadana que cualquier reforma policial concebible que no se basara en el abolicionismo.

Este artículo ha sido editado por Globetrotter, un Proyecto del Independent Media Institute. Justin Podur es un escritor que vive en Toronto y colaborador de Globetrotter. Puedes encontrarle en su página podur.org y en su cuenta de Twitter @justinpodur. Es profesor en la facultad de Estudios Ambientales de la Universidad de York. Es autor de la novela Siegebreakers.

Por Justin Podur

Tradución: Diego Sanz Paratcha

25 jun 2020 06:00

Artículo original: https://zcomm.org/znetarticle/policing-is-irrelevant-for-public-safety/

Traducido para El Salto por Diego Sanz Paratcha.


En Estados Unidos se debate la abolición de la policía

La petición de abolir la policía hasta hace poco tiempo parecía imposible, pero hoy se discute gracias a la presión popular. Las premisas de dicho movimiento pueden ser igual de válidas para todos aquellos territorios que se atrevan a soñar con otras formas de garantizar la seguridad de la gente.

El asesinato del afroamericano George Floyd ha visibilizado una discusión que hace décadas mantienen personas y grupos en Estados Unidos: la imposibilidad de la reforma a la brutalidad policial y, por lo tanto, la necesidad de acabar con la policía. Dichas discusiones se han dado ya hace varias décadas, reactivándose recientemente luego de motines populares provocados por sucesivos asesinatos de afroamericanos. Intentando apagar la rabia, el Estado ha construido un discurso de revisar la actuación de sus servidores, sin embargo, pasa el tiempo y las intenciones gubernamentales poco cambian la realidad.

No extraña que sean justamente las y los afroamericanos quienes hayan liderado estas discusiones y que el legado de la esclavitud en el país del norte defina fuertemente la política actual; ya Angela Davis ha planteado que si la pena de muerte existe aún en el siglo XXI es por la naturalización del asesinato de esclavos que buscaron liberarse siglos atrás. Así mismo, las ideas abolicionistas vienen del movimiento que buscó acabar de raíz con esa condición de propiedad de hombres blancos sobre negros. Por eso, entre otras cosas, es que los y las descendientes del pueblo esclavizado recuperan la misma noción de abolir, porque ya saben que hay momentos de la humanidad en que hay que empezar de nuevo para respetar la vida.

Buena parte del movimiento abolicionista actual justifica sus ideas en que desde hace años se dieron una tras otra comisión de investigación con resultados insuficientes para frenar los asesinatos causados por policías; sucesivamente se determinó promover reeducación incluyendo políticas antisegregacionistas, incluir cámaras corporales en procedimientos, alentar al ingreso de afroamericanos a las unidades e integrar el cuerpo policial con las comunidades. Todo eso se intentó hace años en Minneapolis, donde asesinaron a Floyd, y a pesar de ello la impunidad se mantuvo. Los policías asesinos saben que en los juzgados tienen pocas opciones de perder, y en parte porque su figura de autoridad es respaldada por una opinión mayoritaria que justifica la necesidad de ellos, con el fin de garantizar la seguridad; gran sofisma sobre el que se justifica la violencia institucional.

Sin embargo, organizaciones como el proyecto NIA plantean dejar de usar a la policía para enfrentar la inseguridad, volviéndola obsoleta con otras medidas: trasladar los recursos que se pierden en ese cuerpo armado, reinvirtiéndolos en salud, educación, vivienda y en general bienestar social. De hacerse esto cada vez habrá menos necesidad de policía y por lo tanto a largo plazo será obsoleta. Pero no solo allí está la apuesta; muchos discuten la necesidad de contratar en cambio a trabajadores del cuidado que reciban los salarios que ahora tienen asesinos policiales, de tal forma que puedan no solo intervenir cuando sea necesario sino prevenir al identificar problemas dentro de las comunidades.

Resultado de este activismo por años ha logrado que en las manifestaciones de las recientes semanas se visibilice el lema “Defund the police” que justamente recoge una de las propuestas del movimiento abolicionista: desfinanciar a la policía. Parte de este llamado viene del interior del movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan), quienes denuncian que el incremento del presupuesto a la policía lo único que ha garantizado es más represión y asesinatos por parte de este cuerpo armado. Solo para entender esto, hay que reconocer como en los Estados Unidos hay días que la policía mata a más personas que las que en un año son asesinadas por estos cuerpos en otros países; por ejemplo, en los primeros 24 días del 2015 la policía de ese país mató a más personas que las asesinadas por la policía en Inglaterra y Gales en 25 años.

El llamado a la desfinanciación también ha sido hecho por otras comunidades; la American Friends Service Committee (Comité de servicios de los amigos americanos), organización religiosa que promueve la no violencia en ese país, lideró una petición a la que se unieron más de 5000 personas con este propósito. Su secretaria general afirmó que: «Esta no es una cuestión política. Esta no es una pregunta presupuestaria. Esta es una pregunta moral… el alma de nuestra nación está profundamente herida, y este momento nos ruega que tomemos medidas valientes… Nuestra fe nos llama a decir la verdad al poder y desafiar a las instituciones culpables hasta que las vidas de nuestros hermanas y hermanos negros, marrones e indígenas sean igualmente valorados”.

Mientras cientos de activistas en las calles de Chicago, Seattle, Boston o Nueva York siguen proponiendo que el problema no es transformar la policía sino acabar con la idea de vigilancia, y con ello acabar la necesidad de policía, ya en Minneapolis el consejo de la ciudad tomó la decisión de desmantelar y abolir la policía a largo plazo. Aun no es nítido cuáles son los pasos que tomarán para seguir esta decisión, pero se asegura que buscarán un modelo de seguridad distinta y que esto se discutirá con la comunidad. Frente a esto, el presidente Trump twitteó: “La ley y el orden, no desfinanciar ni abolir la policía. Los radicales izquierdistas demócratas se han vuelto locos”.

El tiempo dirá si dicho desmantelamiento en Minneapolis se hace realidad; por ahora, es suficiente con documentar que una petición que hasta hace pocas décadas parecía imposible hoy se discute gracias a la presión popular. Las premisas de dicho movimiento pueden ser igual de válidas para aquellos territorios que se atrevan a soñar con otras formas de garantizar la seguridad: desarmar, desmontar, abolir… solidarizarse.

Por Oscar Vargas | Rebelión. 25/06/2020

Publicado originalmente en el periódico argentino Virginia Bolten.

Publicado enInternacional
Los camuflajes de la muerte en la verdadera pandemia

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se dirige nuevamente al país y al mundo para compartirle los hechos que siguen revelando una política criminal del Estado colombiano y su tolerancia y connivencia con todos los procesos criminales que vienen del pasado.

La matanza de colombianos de a pie, inconformes y/o vulnerables, comenzó hace muchas décadas. La fuerza armada del Estado se consideró con licencia para matar durante mucho tiempo, apoyándose solamente en la calificación de las víctimas como enemigos del poder de turno. Con el paso del tiempo, los Estados Unidos le enseñaron   a los gobiernos colombianos, secretamente, a meter en la guerra a la población civil, no sólo como objetivo militar, que ya lo era en sus capas pobres e inconformes, sino también como combatientes, en forma de paramilitares o brazos armados clandestinos del Estado; esto ocurrió en 1962 con la misión a Colombia del General norteamericano  William Yarborough y sus directrices secretas, para que así el Estado no cargara con todo el peso del deterioro moral e ilegitimidad de su imagen y con una condena universal. Cuando el paramilitarismo comenzó a estar en la mira de algunos jueces, el Estado se empeñó en hacerlo desaparecer mediáticamente y acuñó el nombre de BACRIM o Bandas Criminales, llevando a la sociedad a creer que todo era problema de delincuencia común. Cuando los Acuerdos de Paz impidieron llamar guerrilleros a todas las víctimas de ejecuciones y desapariciones, la muerte de los líderes sociales y de los sectores inconformes o “desechables” comenzó a atribuirse a violencia intrafamiliar, a problemas de linderos entre vecinos, a picaduras de culebras o a peleas entre borrachos. En general, las falsas razones se han impuesto contra el conocimiento de poblaciones enteras que callan la verdad por temor al asesinato o al estigma.

Las muertes violentas perpetradas por el paramilitarismo, el cual continúa controlando nuestra zona de San José de Apartadó, han buscado últimamente formas de camuflaje que desafían el saber del campesinado del entorno. En el caserío de San José, fue palpable el silencio que rodeó la ejecución del joven Rafael Antonio Guerra el pasado 12 de mayo, en el paraje Caño Seco de la vereda Alto Bonito. Según el comentario que circula entre los pobladores de San José, la familia tuvo que camuflar el crimen bajo la versión de una “muerte por picadura de culebra”, para que se permitiera pasar el ataúd por el centro urbano. La última ejecución, ocurrida el pasado domingo 7 de junio, está siendo leída por muchos pobladores como efecto de “las borracheras dominicales” o de “peleas entre colegas” o conflictos entre los mismos paramilitares. Los medios no hablan de diligencias judiciales en estos casos ni se refieren al contexto de completo control de la zona por las estructuras paramilitares. Los medios locales y regionales, en lugar de ayudar a esclarecer los hechos, han ayudado siempre a difundir versiones de camuflaje que favorecen los intereses del sector político dominante, intereses que a veces se proyectan en la necesidad de eliminar a sus mismos servidores paramilitares, cuando éstos se sienten cansados o decepcionados en su misión asesina y manifiestan deseos de abandonar las filas criminales, o se enfrentan entre los mismos paramilitares por los recursos que incluyen el mercado de drogas alucinógenas. Versiones de las últimas muertes apuntan en algunas de estas direcciones.

Nuestra Comunidad quiere dejar constancia de los siguientes hechos:

·         El domingo 10 de mayo de 2020 los paramilitares permitieron y promovieron la celebración de la fiesta de la madre en la vereda La Unión, con gran consumo de licor, desconociendo las normas de control de la pandemia.

·         El sábado 16 de mayo de 2020, nuevamente los paramilitares autorizaron e impulsaron la celebración de la fiesta de la madre en la vereda La Resbalosa, con abundante consumo de licor.

·         El jueves 4 de junio de 2020 fue visto nuevamente en la finca del Señor Muñoz, en la vereda La Esperanza, un grupo de paramilitares armados con armas largas y uniformados. Ya varias veces antes nuestra Comunidad había sorprendido, fotografiado y filmado a los miembros de ese grupo paramilitar en el mismo sitio y los miembros del Senado de la República pudieron examinar los videos, pero eso no ha traído ninguna medida de represión o contención, menos de enjuiciamiento y sanción, a esa estructura paramilitar. En varias ocasiones, posteriormente, se les ha sorprendido en la misma finca, armados y uniformados, sin que ninguna institución haya hecho absolutamente nada para investigarlos y enjuiciarlos.

·         El viernes 5 de junio de 2020, tuvo lugar una convocatoria de paramilitares en la vereda Playa Larga. En dicha reunión, a la cual acudieron al menos 50 paramilitares, se insistió en la necesidad de controlar más fuertemente a la  población de la zona cercana a San José, donde hay personas que deben ser eliminadas.

·         El sábado 6 de junio de 2020 unidades de la Brigada XVII del ejército llegaron a la vereda La Unión e ingresaron a un establecimiento público donde consumieron licor. Cuando su mando fue interrogado por pobladores de La Unión para que explicara por qué el ejército no combate a los paramilitares, respondió que no los combatían porque después, cuando ellos estuvieran de licencia, los podrían atacar. Dicho oficial afirmó que asumiría el mando de la base de San José a partir del 15 de junio.

·         El domingo 7 de Junio de 2020, hacia las 20:00 horas, en la vereda La Victoria de San José de Apartadó, un grupo de paramilitares asesinó al joven JESÚS ALBERTO MUÑOZ YEPEZ, de 35 años, apodado “El Tato”, residente del e barrio Policarpa de Apartadó, e hirió a una joven llamada Leidy quien lo acompañaba y estaba embarazada y es prima del jovenYeminson Borja Jaramillo, asesinado el 7 de  julio de 2019 en la vereda aledaña de La Balsa, por paramilitares que controlan esa ruta y someten a la población civil a sus órdenes mediante amenazas y ejecuciones. Varias versiones circulan sobre los móviles de este crimen, incluyendo la que presenta a la víctima como activo del paramilitarismo que se encontraba en retirada, mereciendo por ello la pena de muerte. El silencio permisivo y cómplice de las autoridades, acompañado por el silencio temeroso de la población del entorno, configura el mecanismo monstruoso de la total impunidad reinante.

·         El viernes 12 de junio de 2020, los paramilitares convocaron a las juntas de acción comunal en la vereda Mulatos Medio, en el recinto de la escuela recién construida en el lindero de la Aldea de Paz de nuestra Comunidad. En dicha reunión participó un líder político paramilitar, quien impartió normas a los pobladores. Ya nuestra Comunidad había presentido que esa construcción, motivada en ofertas del gobierno, iba a servir para eventos políticos y para fiestas y consumo de licor, todo como sabotaje a los principios de nuestra Comunidad de Paz, fuera de utilizar los espacios de nuestra aldea para sus reuniones.

·         El domingo 14 de junio de 2020, la junta comunal de la vereda Arenas Altas organizó en la escuela veredal, que es terreno de nuestra Comunidad de Paz, una fiesta con consumo de licor, violando todas las normas de aislamiento vigentes, derivando en riñas y heridos. Uno de los paramilitares organizadores fue John Edinson Góez, alias “El Pollo”.

·          El miércoles 17 de junio de 2020, A partir de los controles de seguridad que realiza la población civil de San José de Apartadó en la vereda La Balsa para evitar la expansión del coronavirus (Covid-19) se está organizando desde allí el cómo restringir la libre movilidad de nuestra Comunidad, supuestamente con el decir que los extranjeros van a entrar y a traer el virus, por lo que ya se comenta que: allí están ingresando gente de otros lugares violando la cuarentena Nacional y este es un caso que debe pasar a las autoridades porque si llega a haber un enfermo por el virus es culpa de la Comunidad de Paz. Como Comunidad de Paz rechazamos dichas acusaciones pues no es responsabilidad de nuestra Comunidad de Paz evitar que se infecte la población, más cuando toda la gente de la zona está bajando al casco urbano diariamente sin ninguna medida de protección. Son el mismo paramilitarismo y la fuerza pública los que están llevando el riesgo de contagiar a la población porque son los que más patrullan la región, además frecuentan lugares públicos de San José y sus veredas a tomar licor y ahora se quiere responsabilizar a nuestra Comunidad como culpable, cuando somos los únicos en la zona que mejor hemos manejado una cuarentena autónoma, por lo que no será nuestra responsabilidad ni la de nuestros acompañantes nacionales e internacionales; si llegase  haber un contagio con el virus covid-19 en la zona, la responsabilidad es de las mismas autoridades competentes por que no se ha tomado una verdadera medida necesaria de precaución para garantizar que cada día no hayan más contagiados  en la Región de Urabá, la misma fuerza pública es la que más tiene contagiados en Urabá, además está  la libre movilidad del paramilitarismo que le ha permitido ejercer mayor control sobre la población civil, pues se están transitando por carreteras y caminos desde la Región de Urabá hasta el chocó y otros lugares del país sin restricción  alguna.   

En las diversas veredas del corregimiento de San José nuestra Comunidad de Paz sigue comprobando la presencia de estructuras de control paramilitar de la población a través de personas o familias espías denominadas “puntos”, los cuales informan permanentemente a los jefes paramilitares de la zona sobre los movimientos y pensamientos de los pobladores, mientras, los mandos “paras” se movilizan libremente por el territorio portando armas y a través de los “puntos” imparten normas a los pobladores, los convocan a reuniones y les cobran impuestos ilegales, amenazándolos de muerte si no se muestran sumisos a sus órdenes y a su dominio. Ninguna institución del Estado ha demostrado controlar esa estructura criminal, la cual está detrás de las amenazas de muerte y de las ejecuciones, hoy camufladas bajo causas ficticias.

Nuevamente agradecemos a las personas y comunidades que en diversos sitios del país y del mundo siguen nuestro proceso y nos animan moralmente a defender nuestros principios.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Junio 22 de 2020

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