Adriana Guzmán critica la borrachera del poder en Bolivia.Foto Arturo Cano

La Paz. La pregunta es directa y la respuesta más. ¿Puede Evo tener el pulso de lo que pasa en Bolivia desde México?

“No, por eso decimos: que se calle, que haga autocrítica. Él dice ‘voy a mandar a desmovilizar’. Nadie responde a Evo ahorita. Hay un sentimiento, sí, porque para mí, por supuesto es importante un presidente que sea como yo, que me pueda mirar en él, pero hoy las movilizaciones en la calle son contra un golpe de Estado. Nadie está pensando en Evo o qué le gustaría. Él dice: ‘He hablado con El Alto’. Alguien le miente en El Alto, porque El Alto no responde a él”.

Habla Adriana Guzmán, hija de una dirigente de la confederación de mujeres campesinas más conocidas como Bartolinas. Ella se define como feminista comunitaria antipatriarcal. Quizá sería inexacto decir que pertenece al partido de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), porque de la manera que ella lo explica, más bien el partido pertenece a las organizaciones que simplemente lo usan como vehículo electoral. Eran las siglas que estaban disponibles y los pueblos y las organizaciones las usaron.

El asilado presidente tuitea a todo vapor y da entrevistas a granel. Guzmán dice que muchos líderes comparten con ella la convicción de que Evo se fue, listo, o sea, quienes estamos definiendo las cosas ahora en las calles somos nosotras, nosotros. Ya le han iniciado el juicio a Evo, con un video de una oreja, una cosa que no tiene sentido. Para nosotros lo mejor es que esté en México, y que guarde silencio, que se calle y que deje de opinar porque genera mucho conflicto interno. O sea, no estamos queriendo elecciones y él ya está casi queriendo hacer campaña.

Mientras se escriben estas líneas, escuchando la entrevista con la dirigente aymara, Evo Morales publica otro tuit: La minoría fascista de Bolivia judicializa a nuestros líderes más destacados porque electoralmente saben que están derrotados. Llegaron al poder por traidores y manipuladores, no son la mayoría.

Adriana nunca ha trabajado en el gobierno. Vende artesanías y dedica la mayor parte de su tiempo a la organización comunitaria. Dice que en su cuenta bancaria tendrá acaso mil bolivianos (unos 3 mil pesos), pero que hace unos días la llamaron de su banco para decirle que ella es una personasde alta exposición pública y que, por tanto, necesitaban que firmara unos papeles para permitir al gobierno revisar sus cuentas. Una pruebita apenas del clima de reconciliación democrática que el gobierno de facto está construyendo rumbo al nuevo proceso electoral.

Las críticas que Guzmán endereza contra Morales no la colocan del lado del feminismo separatista boliviano que pinta en las paredes Entre machos y fachos el país se va al tacho. La traducción: entre Evo Morales y Fernando Camacho (el líder ultraderechista que entró Biblia en mano al Palacio de Gobierno), Bolivia se va a la basura.

Adriana Guzmán no se anda con tibiezas: Hay un feminismo falocéntrico, que no puede dejar de hablar de Evo, que si fue, que si no hizo, o de Álvaro (García Linera, vicepresidente). ¡No miran el proceso que hay en este pueblo, en las organizaciones sociales, en las comunidades! Estos 13 años no hemos estado siguiendo a Evo. En las calles, ahora, la gente no está pidiendo que Evo vuelva. La gente está pidiendo que se vaya Jeanine Áñez por asesina, porque hay muertos, porque ha masacrado.

La dirigente comunitaria de El Alto participó, en 2003, en la insurrección popular conocida como la guerra del gas, que surgió por los planes del presidente Sánchez de Lozada de vender ese recurso a Estados Unidos y sacarlo por puertos de Chile.

Los bloqueos de estos días ocurren en los mismos escenarios. Las fotos son mejores por los avances tecnológicos, pero la sangre y la rabia siguen siendo las mismas.

La guerra del gas es lo que tienen en mente líderes como Guzmán cuando hablan de lo que viene, cuando se rehúsan a negociar con el gobierno de facto. En primer lugar, porque nuestros muertos no se negocian, como dice la consigna callejera. En segundo lugar, que los bloqueos, con todo y su alto costo cuando se desata la represión (en la guerra del gas fueron más de 80 según algunas fuentes) derivan en triunfos: Sánchez de Lozada terminó por renunciar y se fue del país. Dos años después Evo Morales ganaría por vez primera la presidencia.

La dirigente aymara tampoco hace concesiones al gobierno de Evo Morales: habla de la borrachera del poder de muchos dirigentes sociales que rompieron con sus bases, de la llegada de españoles de Podemos a través de los cuales el gobierno pretendió jalar a la clase media, y del error estratégico de no haber transformado las relaciones con los empresarios.

Camacho tiene plata porque estos 13 años los empresarios han hecho buenos negocios con el gobierno.

–¿Creyeron que dándoles negocios los tendrían en paz?

–Sí, y lo dijeron públicamente.

Guzmán lamenta que Evo Morales nunca haya escuchado a las feministas comunitarias que trataron de convencerlo de la nacionalización de la minería. El auge minero trajo una redistribución de la riqueza, pero también agravó problemas sociales.

“Nuestros hermanos mineros, compañeros, indígenas también, decían: ‘Queremos tener plata, mujeres y drogas, paras eso trabajamos’. Sin acompañamiento político, los índices de feminicidio y violencia se dispararon en los sectores mineros.

Nos reunimos con el Evo y le decíamos que queríamos la nacionalización, porque la minería trae trata y tráfico, nuestras wawas (niñas) son sacadas de la comunidad, prostituidas.

–Los medios de Bolivia hablan de alas moderada y radical en el MAS. ¿Es así?

–No hay un ala radical. Lo que hay son unos diputados evidenciando las diferencias que ya había entre ellos. Adriana Salvatierra (ex presidenta del Senado) estaba negociando los salvoconductos (para la salida segura de los asilados). ¿Esa es el ala radical?

“No creo que la haya. Hay diputadas y diputados peleando sus cargos. Ante esta desestructuración del MAS piensan que son los únicos legítimos. Los veo con cara de que están pensando cuál sería el candidato. Y, además, por haber negociado con el golpe, ellos van a tener seguridad, a ellos no los van a perseguir, van a ser candidatos viables.

–Cuando Henry Cabrera (vicepresidente de los diputados) dice que se acabó el tiempo de “los amiguitos y las amiguitas que viajaban por Europa y nunca iban a sus distritos…”

–Cabrera fue denunciado por violencia, por intento de feminicidio, y hoy es uno de los que están comandando el Parlamento. Tuvimos una lucha muy fuerte contra él, incluida Salvatierra y Sonia Brito, finalmente quedó impune porque logró, con presiones y chantajes, que su esposa quitara la denuncia. Y entonces ahí está, dándonos lecciones de democracia.

“Si se quedan en el poder, si Jeanine Áñez se queda, la derecha va a ganar las elecciones y se van a quedar aquí 20 años, y en esos 20 años nos van a matar igual, tendremos que dejar la universidad, tendremos que volver a ser sus sirvientas, a callarnos y agachar la cabeza.

“En 2003, una periodista, Amalia Pando le preguntó a Felipe Quispe (importante dirigente campesino, alguna vez preso al lado de García Linera). ‘Don Felipe, ¿qué quiere, para qué hace todo esto?’ Y don Felipe le respondió: ‘Lo hago para que mi hija no sea tu sirvienta’. Esa es nuestra lucha.”

–¿La represión los va adesmovilizar?

-No, aquí cohesiona. Salimos a las calles más allá del análisis estructural, el extractivismo, el empresariado o lo que sea. Salimos porque nos están matando.

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 Manifestantes contra el gobierno iraquí durante las protestas en Bagdad. / Reuters

Bagdad. Al menos tres manifestantes murieron y 58 resultaron heridos ayer durante nuevas protestas antigubernamentales en Irak pese que el primer ministro, Adel Abdel Mahdi, presentó formalmente su renuncia ante el Parlamento.

Miles de iraquíes volvieron a salir a las calles de Bagdad y de ciudades del sur del país, decididos a mantener la movilización hasta que se marchen todos los corruptos. En dos meses de protestas, más de 420 personas han muerto y unas 15 mil resultaron heridas, indicó un balance de la Afp basado en fuentes policiales y médicas.

Seguimos adelante con el movimiento. La dimisión de Abdel Mahdi solo es una primera etapa. Hay que sacar del poder y juzgar a todos los corruptos, señaló uno de los manifestantes a la Afp, en la ciudad sureña de Dinawiya.

Los manifestantes recibieron un importante apoyo del gran ayatola Alí Sistani, la mayor autoridad religiosa chiíta de Irak, quien instó el viernes al Parlamento a remplazar al primer ministro.

Abdel Mahdi entregó ayer su carta de renuncia al Parlamento, al que apremió a elegir un sucesor lo antes posible. Los diputados sesionarán hoy para discutir la dimisión, en la que la oposición llama a un voto de desconfianza, y los paramilitares pro-Irán, que hasta ahora apoyaban al primer ministro, prometieron un cambio.

Al menos tres personas murieron y 24 resultaron heridos ayer cuando fuerzas de seguridad dispararon con munición real a manifestantes en la ciudad santa de Nayaf, en el sur del país.

Otros 11 manifestantes fueron heridos cerca del puente Ahrar de Bagdad cuando las fuerzas de seguridad dispararon con munición de guerra y lanzaron gases lacrimógenos para dispersarlos.

En la ciudad santa chiíta al sur de la capital, Kerbala, manifestantes y policías se lanzaron cócteles molotov.

En Nasiriya, decenas de jóvenes quemaron neumáticos ayer para cortar el tráfico en tres puentes sobre el Éufrates, informaron periodistas de la Afp. Paralelamente, varios centenares de personas se congregaron en un campamento instalado en una plaza del centro de la ciudad, donde los enfrentamientos con la policía dejaron 16 heridos.

Desde el jueves, 42 manifestantes han muerto soló en Nasiriya, donde la policía dispersa las protestas con munición real.

Los manifestantes buscan poner fin al sistema político concebido por Estados Unidos desde la guerra e invasión de 2003 y el derrocamiento de Sadam Husein. También critican la creciente influencia del vecino Irán en la vida política del país.

Los iraquíes reclaman una nueva Constitución y sobre todo una renovación total de la clase política, considerada incompetente y corrupta ya que ha permitido que en 16 años se evapore el equivalente de dos veces el producto interno bruto anual de este país, segundo exportador mundial de petróleo.

Por otra parte, decenas de libaneses se reunieron ayer frente a la embajada de Irak en Beirut en solidaridad con los numerosos manifestantes iraquíes que murieron en días recientes en ese país.

Con banderas de ambas naciones y fotos de manifestantes iraquíes fallecidos por disparos, los manifestantes, algunos con una vela en la mano, deploraron la masacre.

La revolución en Líbano y la revolución en Irak son una, explicó a la Afp Layal Siblani, uno de los organizadores de la sentada.

Desde el 17 de octubre, Líbano vive un movimiento popular de protesta sin precedente contra la clase dirigente, considerada corrupta, igual que en Irak, y contra un sistema político basado en la religión y el clientelismo.

 


 

Las revueltas de Irak buscan un cambio de sistema y el fin de la injerencia extranjera

 

Con más de 400 muertos en dos meses de protestas, principalmente en las ciudades chiíes, Irak se arriesga a caer en una espiral de violencia imparable que conduzca a una guerra civil. Los manifestantes quieren acabar con la disfunción del sistema político y con la influencia extranjera, especialmente de Irán. El futuro no es muy halagüeño.

 

JERUSALÉN

30/11/2019 09:12 Actualizado: 30/11/2019 09:12

 

EUGENIO GARCÍA GASCÓN

 

Después de dos meses de protestas diarias con cientos de muertos, el primer ministro iraquí, Adel Abdul Mahdi, anunció el viernes que presentará su dimisión ante el parlamento para facilitar una salida a la crisis que han desencadenado unas revueltas populares que persiguen un cambio radical del sistema político y el cese de la influencia extranjera, principalmente de Irán.

El anuncio, en el que se Abdul Mahdi mencionó “la violencia y el caos” reinantes, llegó poco después de que el máximo líder religioso chií de Irak, el ayatola Ali al Sistani, instara a un cambio de gobierno y criticara a Abdul Mahdi por reprimir con fuerza a los manifestantes. Es muy probable que Abdul Mahdi, que ha desempeñado el cargo durante un año, formalice la dimisión en las próximas horas y que se establezca un nuevo gabinete que, en cualquier caso, no tendrá demasiadas facilidades para gobernar y reconducir el desbarajuste general.

Antes de anunciar la dimisión, el primer ministro advirtió que la situación puede deteriorarse hasta provocar un “choque civil” entre chiíes. En medios iraquíes cercanos a Teherán, se indicó que algunos funcionarios estadounidenses han estado impulsando unas revueltas que poco tendrían de espontáneo y que persiguen aislar aún más a Irán y acabar con sus aliados en la región.

El aspecto más visible de las protestas de los últimos días ha sido la ira que una parte de los manifestantes han demostrado contra la presencia y la influencia de Irán, una presencia e influencia que ha sido patente desde la invasión norteamericana de 2003, y que cada día es más visible, por ejemplo en la abundancia de bienes y productos originarios del país vecino, y que algunos comparan a una invasión silenciosa.

La presencia de Irán no es solamente comercial. También en el ámbito de la política, es obvio que esa incidencia es considerable. Los iraquíes lo ven a diario y muchos atribuyen las disfunciones endémicas de su propio gobierno a esa influencia. Las cosas no funcionan, la marcha de la economía se traduce en un malestar general que no es nuevo pero que ahora ha trascendido a la calle con violencia.

El malestar no se ha cebado exclusivamente en las representaciones iraníes, en sus consulados especialmente, sino también en edificios gubernamentales. Se ha prendido fuego a viviendas de parlamentarios, y se ha protestado contra la injerencia de Estados Unidos y de Turquía en particular. Los manifestantes creen que las cosas marcharían mejor sin tanta injerencia y por eso protestan. Además, han pedido el boicot de los productos iraníes y extranjeros en general en favor de los productos locales.

El sentimiento antiraní brotó a principios de octubre, cuando los manifestantes irrumpieron en el consulado iraní de la ciudad santa chií de Nayaf, retirando la bandera iraní e izando la bandera iraquí, para luego prender fuego al edificio. Los funcionarios iraníes a duras penas consiguieron escaparse de la ira por una puerta trasera. Con anterioridad, en 2018, los manifestantes ya habían atacado el consulado iraní en Basora.

Muchos iraquíes ven que el sistema político que se creó tras la invasión americana no está funcionando, y lo achacan a la injerencia exterior. No solo eso, creen que la influencia iraní, y en gran medida también la influencia de Estados Unidos, es lo que impide las reformas necesarias para acabar con un sistema que se sostendría desde fuera más que desde dentro.

Hace menos de un mes, el 4 de noviembre, los manifestantes atacaron el consulado iraní en Karbala, otra ciudad chií. Es significativo que las protestas contra Teherán tengan lugar en el sur, la región chií del país. Esto quiere decir que muchos chiíes iraquíes están realmente cansados de las intervenciones de los chiíes iraníes, un aspecto a tener en cuenta.

Al mismo tiempo, debe señalarse que desde que las protestas se iniciaron en Bagdad a principios de octubre, las fuerzas de seguridad se han tenido que emplear a fondo para evitar que los manifestantes llegaran a la Zona Verde de la capital, donde se encuentran numerosos edificios del gobierno y embajadas extranjeras. Desde entonces, más de 400 personas han muerto y hay millares de heridos.

En las protestas, los líderes iraníes han sido objeto de ataques por parte de los chiíes iraquíes. El guía supremo de la revolución iraní, el ayatolá Ali Khamenei, y el Qassem Soleimani, jefe de la Fuerza al Quds, han concitado la ira de los manifestantes en más de una ocasión, y se ha prendido fuego a sus retratos.
Después de ver un detallado informe confeccionado por los servicios de inteligencia iraquíes entre 2014 y 2015, los periódicos The New York Times y The Intercept denunciaron la “agresividad” de Irán en lo relativo a su “infiltración” en Irak, incluida su influencia política, religiosa y económica. La filtración se produjo el 18 de noviembre y ha arrojado más leña al fuego.

El día más trágico desde principios de octubre fue el jueves, cuando las fuerzas de seguridad dispararon munición real contra los manifestantes en las dos ciudades de Nasiriya y Nayaf, causando la muerte de unas 54 personas. El viernes se procedió a enterrar a las víctimas pero también hubo protestas, especialmente en Nasiriya. Numerosos líderes locales exigieron la dimisión inmediata del gobierno de Bagdad.

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Domingo, 01 Diciembre 2019 06:05

El agravio a los muertos

El agravio a los muertos

“Ni los muertos estarán seguros ante el enemigo si este vence…..”

--W. Benjamin

 

Un multitudinario cortejo fúnebre recorre las calles de El Alto y La Paz. Por delante van dos féretros y detrás miles y miles de dolientes. Son gente humilde; pobladores de El Alto, artesanos, campesinos, vecinos, madres, indígenas de las provincias de La Paz, Potosí, Cochabamba y Oruro. Han caminado con su dolor cerca de diez kilómetros, y a su paso salen trabajadores, comerciantes y estudiantes llorosos que se persignan, aplauden y entregan agua y pan a los que marchan. La ciudad está paralizada, y la gente de los barrios populares está de luto. Ayer, en la zona de Senkata ocho pobladores fueron asesinados con armas de fuego militar, más de un centenar fueron heridos de bala, llegando a treina y cuatro los muertos en los últimos nueve días del golpe de Estado en Bolivia.

Han bajado desde El Alto para reclamar justicia por sus muertos; han caminado tanto para que las personas vean lo que está pasando, ya que los medios de comunicación amordazados no hablan de la tragedia sufrida; marchan horas y horas para decirle al mundo que no son terroristas ni vándalos; que ellos son el pueblo.

Y es que desde el día del golpe de Estado todas las movilizaciones de sectores populares y campesinos que salieron a defender la democracia y el respeto al voto ciudadano fueron objeto de una feroz campaña de desprestigio que desbordó las redes y los medios de comunicación. No se hablaba de obreros, ni de vecinos, ni de indígenas. Se trataba de “peligrosas hordas”, de “vándalos” que amenazan la paz social. Y cuando los habitantes de la valiente ciudad de El Alto y los indígenas y campesinos bloquearon carreteras, un rabioso lenguaje se apoderó de los golpistas y medios de comunicación: “terroristas”, “narcotraficantes”, “salvajes”, “criminales”, “turbas borrachas” “saqueadores” y otros adjetivos fueron utilizados para descalificar y criminalizar la protesta de las clases menesterosas.

Desde entonces, mujeres de pollera con hijos en la espalda, niñas escolares que acompañan a sus padres, jóvenes universitarios, obreros soldadores, campesinos de poncho y vendedores de helados son el nuevo rostro de los “peligrosos sediciosos” que quieren incendiar el país. Esta estigmatización de la plebe sublevada, especialmente si son indios, no es nueva. Durante la Colonia, en el siglo XVI, Fray Ginés de Sepúlveda comparó a los indígenas con los monos; el cura Tomás Ortíz los calificó de “bestias”; en el siglo XIX se hablaba de “razas degeneradas”; y las dictaduras del siglo XX mutaron hacia la delincuentización del indio insurrecto, calificándolo de “subversivo“, “sedicioso”, que quiere poner en riesgo la propiedad, el orden y la religión.

Ahora, las clases medias tradicionales realizan una vergonzosa fusión verbal entre el lenguaje colonial con el de contrainsurgencia. Ni sus intelectuales orgánicos educados en universidades extranjeras pueden escapar a este llamado de la sangre y el prejuicio racial. Para ellos las marchas de vecinos son reuniones de “delincuentes borrachos”, los bloqueos de caminos de campesinos son actos de “terrorismo” y los asesinados por la bala militar son ajustes de cuentas entre “maleantes”. La forzada mesura con la que todos estos años los escribas conservadores habían calificado a los indios empoderados, hoy se desbocan como un torbellino de prejuicios, insultos y descalificaciones racializadas.

Habían aguardado toda una década mordiéndose los dientes para no escupir sobre los indios y mostrarles su desprecio; y ahora, amparados en las bayonetas, no dudan en descargar todo su odio de casta. Es el tiempo de la venganza y lo hacen enfurecidos. Es como si quisieran borrar no sólo la presencia del indio que los derrotó, y por eso son capaces de matar con tal de que Evo no sea candidato; además desean arrancar su huella de la memoria de las clases humildes asesinando, encarcelando, torturando, amenazando a quienes pronuncien su nombre. Por eso queman la Wiphala que Evo introdujo en las instituciones del Estado; por eso queman las escuelas que él hizo construir en los barrios populares; por eso aplauden y brindan por la militarización de las ciudades. Ya no hay espacio para la dignidad ni el decoro de una clase que se revuelca frenéticamente en el lodo del autoritarismo, la intolerancia y el racismo.

Y es contra ello que marchan las clases humildes de El Alto y las provincias. Bajan por miles, doscientos mil, trescientos mil. El número ya no importa. El poder que ellas defienden no es el de una persona ni el que Weber teorizó como capacidad de influir en el comportamiento de otro. Para las clases populares la experiencia de poder de estos últimos catorce años es el de ser reconocidas como iguales, el de tener derecho al agua, a la educación, al trabajo, a la salud en similares condiciones que el resto de los ciudadanos. El ejercicio del poder para el pueblo ganado en las urnas, más que la de una capacidad de mando ha sido la de una experiencia corporal diaria de poder mirar de frente a los demás sin tener que avergonzarse del color de piel o la pollera de madre; es haber sido tomados en cuenta como seres humanos; es el poder vender en el mercado, labrar la tierra o ser autoridad sin ninguna barrera de apellido. De ahí que, si bien la experiencia del poder estatal para las clases subalternas -como lo vio Gramsci- es, en primer lugar, la construcción práctica de su unidad como bloque social, la manera de verbalizar y comprender moralmente ese poder ha sido la conquista de la dignidad, es decir, su experiencia de pueblo como cuerpo colectivo autodignificado.

Por eso la mujer de pollera y el obrero lloran cuando el fascismo quema la Wiphala, lloran cuando Evo es expulsado, lloran cuando son impedidos de entrar a las ciudades. Lloran porque están despedazando el cuerpo simbólico y real de su unidad y de su poder social. Y cuando llevan sus muertos por delante en medio de miles de crespones negros y boleros de caballería fúnebres, lo hacen para pedir a las clases pudientes el respeto a sus muertos, a esos muertos que son el umbral último donde los vivos, sea de la clase o condición social que sean, deben detener su orgía de sangre y odio, para venerar la virtud de la vida.

Pero la respuesta de los golpistas es atroz, inmoral, dantesca. Disparan gases lacrimógenos, disparan balas, desplazan sus tanquetas y los féretros quedan en el piso, envueltos en una nube de gases escoltados por gente que se arrodilla y se arriesga a la asfixia antes que abandonarlos.

”No respetan ni a los muertos” grita la gente. No es una frase de protesta, es una sentencia histórica. La misma que pronunciaron los padres de los agredidos de hoy, cuando otro golpe militar en el fatídico noviembre de 1979 ametralló desde unos aviones norteamericanos Mustang a los dolientes que rezaban y hacían ofrendas a los familiares difuntos en el día de los muertos o “todos santos”. Los aventureros del golpe militar de entonces, después de su efímera borrachera de victoria, quedaron aparcados en la cloaca de la historia, lugar en el que con toda seguridad estarán pronto los golpistas de hoy. No se puede agraviar impunemente a los muertos, porque en la cultura del pueblo ellos forman parte de los principios básicos reguladores del destino de los vivos.

La brutalidad de los golpistas hoy obtiene el miedo de la gente, pero ha abierto las puertas de un resentimiento generalizado. Las suturas con las que las seculares grietas clasistas, regionales y raciales habían sido cerradas han estallado por los aires dejando unas heridas sociales sangrantes. Hoy hay odio por todos lados, de unos contra otros. Las clases medias tradicionales quisieran ver el cadáver de Evo arrastrado por las calles, como el del expresidente Villarroel en 1946. Las clases plebeyas quisieran ver a los ricos cercados en sus barrios padeciendo de hambre por la falta de alimento. Una nueva guerra de razas anida en el espíritu de un país desgarrado por la felonía de una clase que halló en el prejuicio colonial de superioridad la defensa de sus privilegios.

Ya lo dijimos, la fascistización de la clase media tradicional es la respuesta conservadora a su decadencia social fruto de la devaluación de sus aptitudes, capitales, oportunidades y saberes legítimos frente a la “invasión“ de una nueva clase media de origen popular e indígena con repertorios de ascenso social más eficaces en el Estado indianizado de la última década. No es que han tenido una depreciación de su patrimonio -que de hecho aumentó pasivamente debido a la expansión económica generalizada del país- sino de sus oportunidades y apuestas sociales de mayor ascenso social aprovechando el crecimiento exponencial de la riqueza nacional.

Pero esto no ha limitado un hecho relevante de las estructuras de clases sociales y de los procesos de hegemonía política: la irradiación estatal de las clases medias. En sentido estricto el Estado es, en su regularidad, el monopolio del sentido común de una sociedad. En tanto que el poder político es, con mucho, la creencia y convicción de unos del poder de otros, es en cierto modo también un tipo de sensación intersubjetiva. Se trata del espeso mundo de las narraciones profundas con efecto estatal. La “opinión pública”, esto es, las narrativas, símbolos y sentidos de comprensión de la legitimidad que pugna por realinear el sentido común político, en gran parte es concentrada por las clases medias tradicionales por disposición de tiempo, recursos y especialización laboral.

En Bolivia, el ascenso social de nuevas clases medias indígena-populares ha venido acompañado por nuevas narrativas y sentidos de realidad pero no con la suficiente solidez como para irradiarse o contraponer la racialización del discurso de las clases conservadoras y ser soporte de una nueva “opinión pública” predominante. Las clases medias tradicionales poseen la experiencia en las formaciones discursivas y en los sedimentos históricos del sentido común dominante, lo que les ha permitido expandir retazos de su modo de ver el mundo más allá de la frontera de clase, incluso en partes de las nuevas clases medias y sectores populares. De hecho, la nueva clase media más que una clase social con existencia pública movilizada es una clase estadística, es decir, aún no es una clase con irradiación estatal.

De ahí las dramáticas formas con las que las fuerzas indígena-populares intentan escenificar y narrar sus resistencias. Se trata de otras maneras de construcción de opinión pública y de articulación del sentido común que se irradia a otros sectores sociales, pero a raíz del hecho de fuerza del golpe de Estado, ahora subalternizadas, fragmentadas.

Mientras tanto, el fascismo cabalga como un jinete enloquecido al interior de las murallas de los clásicos barrios de clase media. Ahí, la cultura y las razones han sido erradicadas sin disimulo por el prejuicio y la revancha. Y parece ser que sólo el estupor fruto de un nuevo estallido social o de la debacle económica que asoman en el horizonte, producto de tanto odio y destrucción, podrá agrietar tanta irracionalidad escupida como discurso.

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Sábado, 30 Noviembre 2019 06:28

Chile sangra en los ojos de Gustavo Gatica

Chile sangra en los ojos de Gustavo Gatica

Los Carabineros disparan a la cara para aterrorizar a los manifestantes.

 

Gustavo Gatica perdió la vista en sus dos ojos alcanzado por los balines de la represión. Ya son 300 las personas afectadas por traumas oculares, un evento sin paralelos en todo el mundo. Gatica se convirtió en el símbolo de la lucha contra el autoritarismo. Desde el hospital mandó su mensaje: "Regalé mis ojos para que la gente despierte".

 

Tras el anuncio de la Clínica Santa María de que el joven Gustavo Gatica había perdido la visión de ambos ojos de forma permanente después de 17 días de hospitalización, la capital chilena respondió con un cacerolazo masivo en su honor. El pasado 8 de noviembre, el estudiante de psicología de 21 años se encontraba sacando fotos de las manifestaciones en Plaza Italia, el centro de la capital chilena, cuando fue impactado en los ojos por perdigones antidisturbios que carabineros ya tiene como costumbre utilizar para dispersar a los manifestantes en Chile.

 La gravedad de su caso, que los chilenos han seguido de cerca, lo ha convertido en un áspero símbolo de los excesos policiales sistemáticos en el país durante las últimas seis semanas, desde el estallido de las manifestaciones sociales con la marcha de un millón de personas el 18 de octubre.

 “La misma gente tuvo que sacarlo de la plaza, usando escudos, porque Carabineros seguía disparando. Gustavo no es el único afectado, tenemos médicos, observadores de derechos humanos, estudiantes, muchos heridos por la policía”, dice Enrique Gatica, su hermano mayor. “El protocolo de carabineros es disparar al suelo. Mi hermano mide 1.80, creemos que es imposible que se trate de un rebote o un error. Sabemos que hay una política de amedrentamiento a los manifestantes a través del terror”, agrega.

Gustavo Gatica, hijo y hermano de profesores escolares, cursa tercer año de psicología en la Universidad de Humanismo Cristiano en Santiago, es activista por los derechos de los animales y, hasta el momento del ataque, participaba de un programa de trabajo social con niños en la comuna de Peñaolén. Ese día buscaba reencontrarse con un amigo de la facultad que había perdido en la turba de Plaza Italia, el lugar más álgido de las movilizaciones en Santiago, ahora rebautizada por los manifestantes como Plaza Dignidad. Había comprado una cámara fotográfica hacía un mes, y con ella registraba las marchas que desfilan hasta hoy por los distintos barrios de la ciudad. No hubo provocación alguna de su parte.

Su historia, junto a las de las casi 300 personas afectadas hoy por traumas oculares durante las protestas, son testimonios clave que contradicen la versión oficial del gobierno acerca de los excesos policiales como hechos aislados.

Así lo corroboró la semana pasada el informe de Amnistía Internacional que denunció la intención de las fuerzas de seguridad por “lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes" y así también, lo hizo el día de ayer el organismo de Human Rights Watch, que denunció “graves violaciones a los derechos humanos” y recomendó al gobierno reformar la institución de carabineros.

Hace semanas, los manifestantes empezaron a salir a la calles de Santiago con un ojo vendado en solidaridad con la víctimas que han perdido sus ojos en las protestas. Según la Sociedad Chilena de Oftalmología, hay 294 casos reportados hasta el momento de personas con trauma ocular severo, muchos de ellos, con pérdida total de uno de sus globos oculares, una emergencia sanitaria sin precedentes en Chile que sugiere que la policía está incumpliendo los protocolos disparando perdigones y bombas lacrimógenas directo a la cara de los manifestantes. Los perdigones de las escopetas antidisturbios fueron suspendidos la semana pasada, después de que un estudio de la Universidad de Chile comprobara que no están compuestos de goma, sino que contienen metales de alta dureza, incluido plomo, pero a pesar de la medida, hubo al menos 10 casos registrados desde entonces.

 “Le hemos transmitido el apoyo y la solidaridad que envía la gente todos los días a Gustavo, algo que lo ayuda a llevar este momento es la conciencia de que él estaba luchando por causas que considera justas”, señaló Enrique Gatica, horas antes del alta de Gustavo. Solo después de una segunda cirugía, los médicos pudieron extraer los perdigones alojados en sus ojos, pero aseguran que no será la última. 

Durante los 17 días que Gatica estuvo hospitalizado, las puertas de la clínica estuvieron cubiertas de pancartas, flores y fotografías en su apoyo. “Como familia vamos a buscar justicia por todos los responsables. Vamos a buscar a quién apretó el gatillo pero también las responsabilidades políticas correspondientes. Claramente, no estamos hablando de un funcionario que se tomó atribuciones. Las cifras y la cantidad de heridos comprueban que esto ha sido sistemático”, señala el hermano mayor. El abogado de la familia, ex fiscal Carlos Gajardo, presentó una querella por lesiones graves gravísimas en la que pidió que se cite a declarar al ministro de interior Gonzalo Blumel, y al Director General de Carabineros, Mario Rozas.

Durante su primera tarde en el hospital, Gustavo Gatica, que está protegido por sus cercanos y no habla a los medios de comunicación, envió a través de su madre un mensaje que conmovió a los chilenos. Rápidamente, se convirtió en viral de redes sociales, en pasacalles e incluso en el nombre de una canción pop de un músico local. El mensaje es, sin embargo, profundamente injusto: “regalé mis ojos para que la gente despierte”.

Por Andrea Guzmán

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De Argelia a Iraq, los pueblos del mundo árabes vuelven a revelarse abiertamente

 Estamos asistiendo a la segunda oleada de protestas y rebeliones en el mundo árabe. La primera comenzó en diciembre de 2010 y provocó la caída de las dictaduras de Túnez, Egipto, Libia y Yemen. También provocó disturbios en Bahrein y Siria, por no hablar de numerosos movimientos de protesta en Marruecos, Argelia, Iraq y Sudán. Luego vino la contrarrevolución, cristalizada dramáticamente en Egipto con en el golpe de julio de 2013 financiado por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Combinación de represión con inyección de capital fresco –de los países del Golfo o de los ingresos del petróleo– y algunas concesiones más o menos formales, pareció confirmar que el viejo orden se mantenía utilizando la amenaza de guerra civil como elemento disuasorio frente a los manifestantes de todos los sectores.

Y sin embargo, quienes una vez más, particularmente en Occidente, albergaban la esperanza de que la “estabilidad” volvía han tenido que cambiar de opinión. En 2019 se ha reavivado la llama revolucionaria: en Sudán un levantamiento popular derrocó la dictadura de Omar Al Bashir, casi treinta años en el poder; en Argelia, una enorme oleada de protestas frustró la candidatura para un quinto mandato de un presidente decrépito y ha seguido exigiendo el fin de un “sistema” que ha desangrado al país; el pueblo iraquí se está levantando para denunciar el sistema impuesto por Estados Unidos en 2003 sostenido por Irán y apuntalado en el confesionalismo y la corrupción. Y finalmente los libaneses, hartos de los mismos males, han salido a las calles exigiendo “que se vayan todos”. Incluso los egipcios, controlados y aplastados por un aparato represivo sin parangón en la historia del país, salieron a la calle a protestar en septiembre en manifestaciones modestas pero extendidas al Cairo, Suez, Alejandría y Mahalah Al Kubra.

El Estado por encima de la ciudadanía

Esta segunda ola se nutre de las mismas razones que la primera: estructuras de poder autoritarias que abusan del pueblo deteniendo a la gente arbitrariamente y no sólo por razones políticas, encarcelando, brutalizando, y torturando; situaciones sociales insoportables marcadas por un desempleo generalizado, sobre todo entre los jóvenes, y enormes disparidades que se agravan cada día. Oriente Próximo es la región más desigual del mundo. La injusticia social está en el centro del movimiento, más incluso que en 2011.

Estos hirak [ movimientos], como se denomina a todos estas revueltas, han aprendido las lecciones del pasado: rechazan la lucha armada a pesar de la brutalidad de la represión –como en Iraq y Sudán–, impiden los intentos de dividir a los manifestantes por sesgos confesionales, y desacreditan el fantasma de las “conspiraciones extranjeras”. Asimismo han tomado conciencia de que la verdadera confrontación no está entre supuestos sectores laicos y supuestos islamistas. Pero se enfrentan a una gran dificultad, un obstáculo que sortearon en 2011-2012: imaginar un nuevo orden económico y social.

Cuando el mundo árabe cambió

Para comprender la dificultad de esta tarea debemos remontarnos al final de la Segunda Guerra Mundial, a los años de la descolonización y a las luchas por una verdadera independencia política aunada a la exigencia de eliminar las bases militares y la influencia occidentales. Las antiguas colonias o “protectorados” también se comprometieron a recuperar sus recursos naturales, construir un poderoso sector público y aplicar la reforma agraria. Este proyecto se materializó de Egipto a Iraq y de Argelia a Siria. El desarrollo de los sistemas de educación y salud mejoró considerablemente las condiciones de vida de los sectores más empobrecidos de la población. A estas opciones se sumó una política exterior independiente dirigida a la no alineación. A pesar del alto precio a pagar –un aparato policial omnipresente y la drástica reducción de las libertades civiles– la mayoría de fuerzas políticas hicieron suyo ese programa en los años sesenta y setenta, tanto si estaban en el poder como en la oposición.

Sin embargo, la derrota de los países árabes en junio de 1967 en su guerra contra Israel, la muerte del presidente Gamal Abdel Naser en 1970 y del presidente argelino Huari Bumedian en 1978, así como la intensificación de la crisis del “sistema socialista” representado por la URSS, marcaron un punto de inflexión. Y con la llamada crisis del petróleo de 1973, las monarquías del Golfo aumentaron su influencia en la región.

A escala internacional, la globalización económica y el triunfo del neoliberalismo hicieron que el “consenso de Washington” [1] se impusiera al resto del mundo, y los criterios del Fondo Monetario Internacional (FMI) se convirtieron en la única vía hacia el desarrollo. “No hay alternativa”, proclamó Margaret Thatcher. Los planes elaborados por el FMI, aprobados por el Banco Mundial y la Unión Europea, se aplicaron sin tener en cuenta las consecuencias sociales.

Con su política de infitah [apertura económica], el presidente egipcio Anwar El Sadat comprometió a su país en una dirección que pronto siguieron otros. El sector público paralizó su actividad, a veces simplemente se vendió a intereses privados. A partir de entonces, las élites miraron a Washington y dieron la espalda a las “viejas” reclamaciones nacionalistas y a su apoyo al pueblo palestino. Las libertades civiles retrocedieron porque los diversos cuerpos policiales seguían dominando toda la actividad política.

Los políticos se mantienen unidos

Este modelo neoliberal basado en el libre comercio ha resultado desastroso para la gente común. En lugar de asumir las tareas del sector público, el sector privado ha invertido todos los beneficios de su saqueo en paraísos fiscales. Millones de jóvenes bien formados no han encontrado buenos trabajos en sus países y muchos han emigrado en muchos casos poniendo en riesgo sus vidas. La caída del mercado en 2008 confirmó que la naturaleza de la crisis no se limitaba al mundo árabe, como demostró Grecia o Chile. Y mientras tanto, la amenaza del calentamiento global probablemente volverá a esta región en inhabitable.

Estrecha es la puerta

Hoy empieza a surgir una nueva cultura política democrática que requiere programas económicos que no pueden reducirse a “paga tus deudas y abre tus mercados”. Sin embargo, ya no hay ningún otro modelo disponible, excepto el capitalismo de estado a la manera china, lo que implica trampas inhumanas como la subcontratación y la explotación feroz de mano de obra local, un modelo que ya no se puede poner en práctica fácilmente hoy en día porque la subcontratación está pasada de moda, los mercados se están cerrando y la emigración es cada vez más peligrosa para quien la emprende.

¿Qué hacer? Contrariamente a lo que muchos dirigentes occidentales imaginan, la estabilidad no puede restaurarse sin transformaciones políticas profundas. Mantener a las élites actuales en el poder significa agravar el caos que afecta directamente a organizaciones radicales como Al Qaeda, ISIS o algún otro movimiento que aún no ha nacido. El otro camino, estrecho, escarpado y lleno de obstáculos, es el de la nueva cultura pluralista emergente y el desarrollo de economías nacionales basadas en la satisfacción de las necesidades reales de las personas. Y esto requiere una ruptura con la lógica neoliberal y el libre comercio desenfrenado.

Por lo tanto, se plantea la cuestión, tanto para Francia como para la UE, de si vamos a acompañar estas opciones o nos vamos a aferrar a un dogma anticuado que sólo puede empeorar una inestabilidad por la que también nosotros tendremos que pagar un alto precio.

Nota:

  1. Nota del editor: “El Consenso de Washington” se refiere a un acuerdo tácito entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) apoyado por el Tesoro de Estados Unidos, para proporcionar ayuda financiera a los países en desarrollo en dificultades sólo a condición de que adopten principios de estricta disciplina presupuestaria, reorientando el gasto público hacia sectores que garanticen un rendimiento positivo de la inversión, reformando sus leyes tributarias, desregulando sus mercados y garantizando la estabilidad monetaria.

Por Alain Gresh y Jean Pierrer Sereni

Orient XXI

Traducción para Rebelión de Loles Oliván Hijós.

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Un hombre pone velas en honor a Dilan Cruz, el estudiante asesinado durante una manifestación en Colombia por los cuerpos antidisturbios. REUTERS / Carlos Jasso

El estudiante se convirtió en la primera víctima mortal de la violencia policial en las protestas contra el Gobierno colombiano. Fue herido en la cabeza por un disparo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) durante una manifestación pacífica en el centro de Bogotá.

 

El Instituto Colombiano de Medicina Legal ha revelado los resultados de la autopsia practicada al cuerpo del estudiante Dilan Cruz, quien murió por el disparo de una escopeta calibre 12 cuya munición era una bolsa con "múltiples perdigones de plomo", señala el informe forense divulgado. Además, el estudio considera el caso como un "homicidio" violento.

"Los hallazgos de necropsia permiten afirmar que la muerte del joven es secundaria al trauma craneoencefálico penetrante ocasionado por munición de impacto disparado por arma de fuego, lo cual ocasiona severos e irreversibles daños a nivel de encéfalo", detalló la directora del Instituto de Medicina Legal, Claudia García, en una declaración a la prensa.

Cruz se convirtió el lunes pasado en la primera víctima mortal de la violencia policial en las protestas contra el Gobierno colombiano, dos días después de caer herido en la cabeza por un disparo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de esa institución, durante una manifestación pacífica en el centro de Bogotá

La funcionaria explicó que los elementos que estudió el equipo de Medicina Legal, conformado por especialistas forenses, hacen parte de "un cartucho de carga múltiple, munición de impacto" del tipo "Bean Bag", una bolsa de perdigones de plomo. "Los informes de necropsia y balística serán entregados a la Fiscalía General de la Nación el día de hoy", añadió.

El director de la Policía colombiana, general Óscar Atehortúa, informó ayer que el caso de Cruz está en manos de la Procuraduría (Ministerio Público), que aplicó "el poder preferente" para ocuparse de la investigación. 

Al respecto, el procurador general de la nación, Fernando Carrillo, dijo a periodistas antes de que se conociera el dictamen forense que el Ministerio Público está verificando si "los estándares internacionales y esos protocolos de uso de esas armas se cumplieron en el caso de la tragedia de Dilan Cruz". 

El funcionario señaló que este caso debe ser "irrepetible" y puso como ejemplo a Chile, donde la crisis social ha dejado ya al menos 23 muertos, de los que seis fueron producto, presuntamente, de la acción de agentes del Estado a los que organismos internacionales acusan de haber cometido violaciones de derechos humanos para contener las protestas. 

Las ONGs denuncian abusos y torturas 

Organismos como Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional (AI) denuncian abusos a los detenidos, torturas y la comisión de graves lesiones por el empleo de escopetas de perdigones y balines de goma, que entre otras cosas han provocado lesiones oculares a más de 230 personas. 

"Colombia no puede permitir que se den los escenarios que se están presentando en Chile tras 41 días del inicio de las protestas sociales", manifestó Carrillo. El Joven Dilan Cruz fue ingresado el sábado por la tarde en el Hospital San Ignacio, en el barrio de Chapinero, luego de ser herido por la policía. 

Desde ese día, miles de participantes en las manifestaciones contra la política económica y social del presidente colombiano, Iván Duque, se congregaron frente al hospital como homenaje al joven estudiante, convertido en símbolo del rechazo a la violencia policia

 

28/11/2019 20:05 Actualizado: 28/11/2019 20:05

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Combate a la violencia de género, el reclamo común en Latinoamérica

No solamente en México sino en casi todos los países latinoamericanos, las mujeres salieron a la calle este 25 de noviembre para protestar los altos niveles de violencia. El feminicidio fue el tema en la mayoría de pancartas vistas en las protestas, aparte del pañuelo verde para un aborto seguro, libre y gratuito. En varios países, las manifestantes también se solidarizaron con las mujeres indígenas reprimidas en Bolivia, ondeando la bandera Wiphala, símbolo del Estado plurinacional.

En varias ciudades de Argentina, las participantes se mostraron preocupadas por las crisis que atraviesan otros países sudamericanos, como Bolivia, Chile, y Colombia. Además, pidieron un presupuesto más alto para combatir la violencia de género, y la legalización de la interrupción del embarazo. “Estamos pidiendo que el presidente electo (Alberto Fernández) cumpla con lo que se ha comprometido: despenalizar y legalizar el aborto”, citó el periódico El País a la feminista Nina Brugo, quien formó parte de las protestas en Buenos Aires. De acuerdo con el “Observatorio de Feminicidios en la Argentina Adriana Marisel Zambrano”, ocurre un feminicidio cada 32 horas en el país.

En Chile, las protestas de mujeres formaron parte de la movilización más grande contra el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que ha sacudido el país desde el mes de octubre. Las participantes llamaron la atención a la represión que se está ejerciendo en contra de los sectores en oposición. Las principales agrupaciones de mujeres, como la Coordinadora Feminista 8M, forma parte de Unidad Social, que reúne a cerca de 200 organizaciones sindicales y de la sociedad civil que han llamado a una huelga general este martes.

En redes sociales, se viralizó una intervención del colectivo “Las Tesis”, frente a varios edificios de gobierno en Santiago. “El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer”, cantaron las mujeres, con los ojos vendados, en una coreografía denominada “Un Violador en Tu Camino”. “El violador, eres tú. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía”, continuaron, señalando a una persona ficticia enfrente, bajo los aplausos del público.

En Perú, las mujeres salieron a las calles el fin de semana, para demandar un presupuesto más alto para el combate de la violencia de género. En Colombia, las protestas fueron inmersas en las acciones alrededor del “paro nacional”, a favor de los acuerdos de paz y en contra del presidente Iván Duque. También denunciaron el asesinato de mujeres defensoras de Derechos Humanos. Según el Observatorio de Feminicidios Colombia, 339 mujeres han sido asesinadas en el país entre enero y julio del 2019.

En Guatemala, se realizó una velada que recordó a las víctimas de feminicidio en este país, que tiene una de las tazas de feminicidio más altas en la región. Las participantes colocaron cruces y fotos y encendieron velas, algunas de ellas formaron la cifra “571”, que según los registros de las organizaciones es el número de mujeres asesinadas en el país en 2019, hasta la fecha. También recordaron las víctimas del incendio en el albergue “Hogar Seguro”, el 8 de marzo 2017, en el cual 41 niñas murieron y 15 resultaron heridas gravemente.

Este centro estatal de protección para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, abandono y maltrato infantil, había sido señalado antes del incidente, a su vez, por abuso físico y sexual, sin embargo, las autoridades no reaccionaron. Cuando las y los jóvenes se rebelaron, el 7 de marzo 2017, algunas fueron encerradas en una recámara, lo que provocó que no pudieran ser rescatadas a tiempo cuando se produjo el incendio. Se inició un proceso contra cinco acusados en el caso, en febrero 2019, pero hasta ahora no ha pasado más allá de la etapa principal.

En Nicaragua, las manifestantes recordaron a los presos políticos del gobierno de Ortega. Desde el 14 de noviembre, un grupo de madres ha estado en huelga de hambre en una iglesia de Masaya exigiendo la liberación de sus hijos encarcelados desde la ola de represión de 2018. La organización Iniciativa Meosamericana de Defensoras de Derechos Humanos denunció que la policía de Nicaragua rodeaba las oficinas de la organización “Corriente Feminista”, y que no se les permitía a las mujeres llevar su protesta a la calle, hizo un llamado al gobierno de Nicaragua para que deje de “intimidar a las compañeras feministas.” Cientos de mujeres también salieron a las calles en El Salvador y Honduras, para protestar la violencia de género.

Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2018 fueron asesinadas al menos 3 mil 529 mujeres por razones de género en 25 países de América Latina y el Caribe.  

Cuatro de las cinco tasas más altas de feminicidio se registraron en El Salvador, Honduras, Guatemala y en República Dominicana. A ellos se sumó Bolivia, cuya tasa de 2,3 feminicidios por cada 100.000 mujeres en 2018 era la tercera más alta de América Latina y la más alta de América del Sur.

Publicado originalmente en CIMAC Noticias

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El arsenal y los 142 millones de dólares para la tropa de élite de Colombia

Las protestas en Colombia suman ya cinco días consecutivos con la muerte de Dilan Cruz, un estudiante de 18 años que murió a raíz del impacto de un proyectil de gas lacrimógeno. Por ello, la polémica hoy se centra sobre las fuerzas represivas colombianas.

En el quinto día consecutivo de protestas los colombianos acusan a los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), de la muerte del joven Dilan Cruz, el joven que falleció este lunes. La indignación crece en las calles por sus prácticas represivas al vivo grito de "lo mataron".

La ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez, calificó la muerte de Cruz como "un accidente" y aseguró que "el Esmad siempre actúa respetando los Derechos Humanos".

¿Qué es el Esmad?

El cuerpo de élite que hoy causa polémica en la calles de Colombia surgió en 1999 y, de acuerdo con el ministerio de Defensa su único objetivo era apoyar a la policía cuando el orden público se torna incontrolablerevela un documento consultado por el diario El Tiempo.

Sus efectivos suman 3.876 integrantes, de los cuales 3.770 son hombres y 106 son mujeres. Están organizados en 24 escuadrones dispersos por todo el país con una mayor presencia en la capital Bogotá, donde operan 3 escuadrones compuestos por 565 militares.

Barranquilla es otra de las zonas donde los militares del Esmad están presentes, con 190 efectivos. Le sigue Cúcuta, con 188 y Medellín, con 139. Al final de la lista está la zona de Valledupar, una localidad ubicada al nororiente de la costa Atlántica colombiana y donde sólo existe la presencia de 136 uniformados, de acuerdo con el medio colombiano.

¿Qué armas tiene el Esmad a su disposición?

Según el ministerio de Defensa, el presupuesto anual destinado a esta tropa élite supera los 142 millones de dólares, lo que sugiere que están armados hasta los dientes. Y así lo refleja el propio documento consultado por El Tiempo.

Para los operativos antidisturbios, la fuerza cuenta con

  • 108 tanquetas  (48 son lanza agua y 60 para el transporte)
  • cinco vehículos lanza agua, adquiridos en 2019 cada uno por un valor de 425. 000 dólares,
  • lanzadores de proyectil múltiple, evaluado cada uno en 118.000 dólares,
  • varios tipos de cartuchos eléctricos de gas y de aturdimiento, como marcadoras y esferas de paintball,

Los cartuchos de gas son de 40 milímetros y al ser activados generan una dispersión de humo y gas CS por un periodo mínimo de 30 segundos. Cada cartucho expulsa submuniciones a través del lanzador a una distancia mínima de 120 metros y tiene un valor de 13,58 dólares.

El documento oficial explica que estas armas "son elaborados con materiales metálicos de alta resistencia, su funcionamiento puede ser a través de acción doble o acción sencilla de acuerdo a las destrezas del operativo, y la apertura del cañón se da a través de oscilación basculante".

También advierte que "la culata del lanzador se adquiere de color naranja, con el propósito de ser identificado como un equipos menos letal".

Los efectivos utilizan un protector corporal antimotín que cuesta cerca de 500.000 dólares. También utilizan escudos antimotines, de 71 dólares cada uno, cascos de 110 dólares y camisetas balísticas con un alto grado de protección valoradas en 380.000 dólares.

De acuerdo con el diario colombiano, el ministerio de Defensa envió estos datos al Congreso de la República para un debate de control político sobre el área de educación.

03:15 27.11.2019(actualizada a las 03:17 27.11.2019)URL corto

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Human Rights Watch denuncia "graves violaciones a los derechos humanos" en Chile

También informó 341 denuncias de torturas y 74 querellas por abusos sexuales. "Carabineros obligaron a detenidos, incluidos niños y niñas, a desvestirse y hacer sentadillas totalmente desnudos en comisarías”, denuncian.

Human Rights Watch (HRW) aseguró que en Chile se cometieron "graves violaciones a los derechos humanos" en el último mes. Las principales conclusiones del informe presentado el martes ratifican el uso excesivo de la fuerza en las calles y los abusos en las detenciones. En ese sentido, la ONG exige una "reforma urgente" de Carabineros y una auditoría que determine los riesgos que implica el uso de escopetas en manifestaciones. También cuestionan la cifra oficial de 23 muertos durante las protestas que empezaron el 18 de octubre. El informe surge del trabajo de campo realizado por HRW en las últimas semanas, incluyendo entrevistas a más de 70 personas. Se trata del tercer llamado de atención al gobierno de Sebastián Piñera, después de los informes presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional.

"Factores como el uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios; los abusos contra personas detenidas mientras estaban a disposición de las autoridades y sistemas de control internos deficientes facilitaron que se produjeran graves violaciones de los derechos de muchos chilenos", expresó José Miguel Vivanco, director para América de HRW, según recoge el documento.

La organización entrevistó a más de 70 personas durante dos semanas de investigación en Santiago y Valparaíso entre víctimas, agentes policiales y autoridades. El organismo dice haber recolectado "pruebas consistentes" de que el cuerpo policial de Carabineros "utilizó la fuerza de manera excesiva en respuesta a las protestas e hirió a miles de personas, con independencia de si habían participado en hechos violentos o no".

Los abusos y las graves lesiones sufridas por cientos de manifestantes ocurrieron en gran medida, según HRW, "debido a falencias estructurales para asegurar una adecuada supervisión y rendición de cuentas por las actuaciones de carabineros". Por esa razón llamó al gobierno a emprender una "urgente reforma policial".

El organismo señala que una cuestión particularmente alarmante es "el uso de escopetas que disparan perdigones en forma indiscriminada y que, dependiendo de la distancia, pueden herir gravemente a aquellos que se encuentren dentro de su amplia zona de impacto".

Las escopetas antidisturbios causaron más de 220 lesiones oculares documentadas por el INDH. El Ministerio de Salud reportó que 16 personas perdieron la visión total en un ojo y que 34 sufrieron heridas graves que podrían resultar en pérdida de visión total o parcial. El organismo señala que el uso de estas escopetas "debería suspenderse en forma indefinida en todas las circunstancias hasta que autoridades idóneas e independientes lleven a cabo una amplia auditoría para determinar los riesgos que entrañan".

Agentes del cuerpo de Carabineros detuvieron hasta el momento a más de 15 mil personas y, según HRW, la fuerza "cometió abusos contra algunas de ellas. Numerosos detenidos afirman haber sido golpeados brutalmente. Otra de las acusaciones más frecuentes fue que carabineros obligaron a detenidos, incluidos niños y niñas, a desvestirse y hacer sentadillas totalmente desnudos en comisarías", práctica prohibida en los protocolos de la fuerza desde marzo de 2019.

En ese sentido, los agentes de Carabineros son más propensos a obligar a desnudarse a mujeres y niñas que a hombres, según estadísticas del INDH y entrevistas realizadas por HRW. "Una abogada chilena de derechos humanos nos contó de un caso en donde, a pesar de que hombres y mujeres habían sido detenidos en las mismas circunstancias, carabineros obligaron a desvestirse únicamente a las mujeres. También mencionó otros casos en que carabineros tocaron los genitales de las mujeres tras obligarlas a quitarse la ropa", expresa el informe.

Por último, el documento plantea diferencias respecto al recuento oficial de víctimas fatales. Mientras el gobierno chileno contabiliza hasta el momento un total de 23 fallecidos desde el inicio de las protestas el pasado 18 de octubre, HRW da cuenta de que la Fiscalía está investigando 26 muertes. Entre esos casos se encuentra el de un manifestante que murió después de recibir una presunta paliza de carabineros en la calle. Se menciona también el caso de otro manifestante con una afección cardíaca que “murió al no poder recibir atención de emergencia adecuada, debido a que algunos carabineros emplearon armas contra manifestantes y profesionales de la salud que lo estaban atendiendo".

 

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Eva Copa: "hay que usar la cabeza para que que no haya más muertes"

La representante del MAS logró el consenso para la ley que habilita nuevas elecciones y el próximo jueves, está segura, se sancionará el reglamento para que sea efectiva. "Esto ya estaba organizado y sólo les quedaba dar la estocada final y encontraron el momento", afirma.

 

Mónica Eva Copa, con sus pantalones cargo y su campera azul cerrada hasta el cuello, sin dudas desentona con los dorados que recargan la sala de audiencias de la presidencia del Senado boliviano. Está incómoda con el lugar que le tocó, pero lo ocupa y se hace cargo. Como presidenta de la Asamblea Legislativa por decisión de la bancada del MAS, a la que pertenece orgullosa, logró el consenso para la ley que habilita nuevas elecciones y el próximo jueves, está segura, se sancionará el reglamento para que sea efectiva. La promulgación de esa ley le valió a esta alteña de 32, trabajadora social y aymara una foto con Jeanine Áñez, la autoproclamada presidenta. “Es mi rol y tuve que hacerlo. No tengo trato con ella salvo porque es mi vecina, ella sale del Palacio Quemado con un tanque adelante y otro atrás y yo salgo de la legislatura en mi carro”, dice intentando bromear con una contradicción que resuelve porque, dice, es un hecho consumado la ocupación de la casa de gobierno.

--¿Se puede decir que hay un acuerdo en torno a nuevas elecciones en el corto plazo?

--Sí, el jueves se reunirá el pleno de la asamblea legislativa y se sancionará el acuerdo de que en los próximos 20 días se elijan los seis vocales del Tribunal Supremo Electoral -que no deben tener ninguna militancia partidaria en los últimos diez años-, y en las siguientes 48 horas el TSE deberá presentar el calendario electoral pero con un plazo máximo de 120 días.

--La ley de elecciones venía atada a la Ley de Garantías que busca reparación para víctimas fatales y heridas y el cese de la persecución política de la que están siendo objeto funcionarios y funcionarias, militantes y hasta simpatizantes del MAS. ¿También hay acuerdo sobre esa ley?

--Bueno, ya ayer la Mesa de Unidad firmó un acuerdo con el gobierno de transición junto con la COB -Central Obrera Boliviana- y otras organizaciones. Esto hace que podamos reencaminar el trabajo que veníamos realizando en ese sentido pero se está priorizando que vaya en paralelo el reglamento sobre las elecciones. Nosotros sesionamos como Asamblea Legislativa el día jueves y bueno ahí se tratará punto por punto ese reglamento.

--Antes de volver a preguntarle sobre la ley de garantías, quisiera subrayar su expresión ¿incómoda? ¿irónica? Cuando dijo “gobierno de transición”.

--Bueno, ellos ya están ahí asentados con las dos fuerzas represoras de mi país a su lado; entonces no se puede hacer nada ¿no? Ellos saben como han llegado a autoproclamarse como gobierno y el pueblo los juzgará.

--Volvamos a la ley de garantías, ¿se podrá tratar el jueves?

--Pienso que para el viernes ya la podríamos tener, ojalá, pero también es difícil sentarse con organizaciones sociales para ver qué quieren, tenemos a favor que se llegaron a acuerdos en la mesa de unidad y esos acuerdos los vamos a ratificar.

--¿Esos acuerdos incluyen el cese de la persecución contra funcionarios públicos y autoridades electas?

--Lo que estamos diciendo en esta ley es ratificar los derechos humanos y constitucionales que tienen los mandatarios y mandatarias y así se va a reflejar, como lo dice la Constitución.

--Hay evidencias y denuncias de persecución contra dirigentes o incluso militantes del MAS, hay un pedido de detención sobre el presidente Evo Morales, sobre el ministro de Gobierno Juan Ramón Quintana, hay personas buscadas por sedición y terrorismo; ¿esto cómo lo contempla la ley de garantías?

--La ley en su artículo siete manifiesta que se debe garantizar la protección a todos los que hayan sido elegidos por voto dentro de su mandato constitucional. De igual manera los ministros o ex ministros que al día de hoy están con diferentes situaciones, ellos tienen por ley el tema de la amnistía. Lo único que hay que hacer es cumplir la Constitución y ellos requerirán asilo en las diferentes embajadas.

--¿Y quienes ya están detenidos como el gobernador de Chuquisaca?

--Tiene detención domiciliaria, entiendo. La ley va a garantizar el ejercicio pleno de todos los que hemos sido elegidos en votaciones. Esta ley dice no a los amedrentamientos, a la persecución política, no más hostigamiento ni amenazas para que renuncien por presión. Es lo que venimos pidiendo y es lo que vamos a pedir. Ha habido consensos y lo que queda ahora es sentarnos y afinar la ley para que esto pueda ser una realidad.

--Esa ley también hace mención a las víctimas fatales y heridas durante la represión desatada después de la autoproclamación de Jeanine Áñez en la presidencia.

--Es el primer punto que salga la indemnización para las familias de los fallecidos, que también el gobierno busque recursos, bueno este gobierno de transición (la cara se le deforma otra vez), para que cubra los gastos de las personas heridas en todo el país. Y también que se formen mesas de trabajo para liberar a los detenidos. Hasta ayer... ¿hoy en que día estamos? (le soplan que es lunes), bueno, hasta el jueves pasado teníamos mil detenidos injustamente. En la mesa de unidad que se reunió estos días en el Palacio Quemado se acordó que se haría una mesa con fiscales generales y organizaciones para ver caso por caso y que sean liberados.

--Y en cuanto a las responsabilidades penales que le puedan caber a quienes ejecutaron la represión y quienes dieron las órdenes, ¿se va avanzar en ese sentido? Porque hasta ahora el decreto que da inmunidad a las fuerzas armadas y de seguridad sigue vigente.

--Una carta blanca para matar (hace un largo silencio). Si bien no va a haber Justicia en nuestro país por ese hecho, hay instancias internacionales en las que sí va a haber. Pienso que el gobierno de transición ha debido ver los mecanismos para sacar ese decreto que es inconstitucional y debe saber que hay tantos organismos internacionales como prensa internacional que ha visto lo que ha pasado muy de cerca. Hay tribunales internacionales que van a tener que juzgar lo que pasó en nuestro país.

--O sea que no ves instancias ni confianza en la Justicia de Bolivia.

--Después de todo lo que ha pasado no puedo confiar.

--¿En quién o en quiénes sí confía? Porque ocupa un lugar de mucha responsabilidad en este momento.

--Yo no soy cristiana pero creo en dios, no puedo confiar más que en él y le pido que me de sabiduría para tomar decisiones. Eso no quiere decir que no tome en cuenta la voz de mis organizaciones; pero creo que en este momento en particular es necesario tomar decisiones con la cabeza y no con el corazón.

--¿A qué se refiere?

--A que si tomara decisiones con el corazón seguiríamos en guerra. Pero hay que usar la cabeza para que esto se pacifique y no haya más muertes.

--No termino de entender qué es lo que guiaría el corazón.

--Me refiero a que están siendo vulnerados nuestros derechos, a que ya no hay libertad de expresión, al título de sedición. A los muertos. Si muere alguien dejas familias, dejas más heridas; pero no se puede multiplicar esa situación trágica. Estas decisiones las tomo con mi bancada, somos los dos tercios, el MAS, ahora oposición, y hemos tomado decisiones conjuntas, unánimes y hasta ahora hemos encaminado este proceso de buena manera y seguiremos así.

--¿Cómo imagina la salida política? Porque hasta ahora hay pasos técnicos en relación a definir elecciones, pero ¿cómo se llega a las elecciones, con qué candidaturas? Más teniendo en cuenta que Luis Camacho y Marco Pumari -cívicos que acompañaron la autoproclamación de Áñez con la Biblia en la mano- ya se postularon como candidatos de unidad de la derecha.

--Yo pienso que el pueblo es sabio, pienso que nuestra gente no es tonta y lo va a demostrar en estas elecciones. Haber utilizado a la biblia y a dios como bandera de una reivindicación de recuperar la democracia y ahora los ves con perfiles de candidatos... será la población quién los vaya a juzgar. Yo como senadora del MAS no tengo la tuición ni la potestad de elegir los candidatos, serán los representantes regionales, departamentales, nacionales los que convoquen a congresos y definan quiénes serán los mejores hombres y mujeres para las candidaturas, aglutinando a los sectores que están dentro del MAS: organizaciones sociales, clase trabajadora media y obrera. Así se tomarán las decisiones.

--¿Cómo cree que un movimiento como el 21F, que cuestionaba que no se haya respetado el plebiscito que dijo no a otra reelección y que no era estrictamente de derecha se haya convertido en una fuerza capaz de forzar un golpe de Estado que tiene características racistas, xenófobas, fascistas?

--Bueno porque muchos políticos pueden tener disfraces. Creo que esto no ha sido trabajado por nosotros en los meses previos. Hemos sido muy autocríticos en relación a que no estábamos preparados para enfrentar una organización bien orquestada desde hace mucho tiempo, eso no lo vimos. Esto ya estaba organizado y sólo les quedaba dar la estocada final y encontraron el momento. Pero yo insisto que la historia y nuestro pueblo boliviano son los que van a juzgar el actuar de quienes ahora estamos en la palestra política. Y en cuanto al racismo, creímos que lo habíamos superado, que ya no había esa lucha; lamentablemente no es así.

--¿Tiene diálogo con la presidenta de facto?

--¡Nooo! Si tuve que salir en la foto es porque la ley de elecciones es un trabajo del MAS. Nosotros encaminamos la ley, con nuestros dos tercios hemos tenido la voluntad política y la responsabilidad de sacar esta ley. Una cosa es que lo promulgues y otra muy distinta que lo trabajes. Nosotros la trabajamos con los partidos aliados y llevamos la ley en unanimidad.

--¿Le preocupa que quienes están en el ejecutivo puedan realizar modificaciones estructurales en la economía por ejemplo?

--Ellos pueden sacar decretos supremos y también pueden cerrarnos el Congreso si no les gusta lo que hacemos, pero si deciden por esa opción será el pueblo boliviano juzgará y actuará.

--¿Cuál es la responsabilidad de la bancada legislativa en la reorganización del MAS?

--Lo que se juega acá es mantener vigente al MAS en el ámbito político. Y serán delegados y delegadas regionales, las organizaciones sociales, de mujeres, campesinas, todos los sectores que integran el movimiento quienes reorganicen el partido.


 Los límites del acuerdo electoral en Bolivia

Tensiones que crujen

Por Marta Dillon

 

Varios escenarios desplegados en simultáneo dan cuenta de las tensiones que crujen por detrás de la normalidad en la que el gobierno autoproclamado insiste en difundir con un aparato de propaganda propio de los regímenes totalitarios. El más preocupante no tiene un lugar fijo y es la persecución constante contra quienes ocuparon cargos en el gobierno depuesto de Evo Morales y en las distintas regiones del país; la más visible, sin embargo, fue la escena montada en la puerta de la Defensoría del Pueblo, en la ciudad de La Paz, donde supuestos grupos autoconvocados pidieron que se acuse de terrorismo y se destituya a la Defensora interina, Nadia Cruz, y a la ex defensora adjunta, la primera transexual en ocupar ese cargo, Tamara Núñez del Prado, quien además sufrió amenazas de muerte desde el primer día del golpe.

Casi en simultáneo con esa manifestación liderada por Melissa Ibarra, quien fue jefa de campaña de Carlos Mesa en las elecciones de octubre, el líder del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Camacho, el mismo que le pidió la renuncia a Evo dejando una carta sobre la Biblia en el Palacio Quemado, se autoproclamó candidato a presidente. Y Jeanine Áñez, la bendecida por Camacho en su, también, autoproclamación como presidenta, nombró a través de la cancillería a un embajador en Estados Unidos que Bolivia no tuvo en los últimos 11 años; se trata de Walter Serrate Cuéllar. Aun en la transición, la fuerza de ocupación del Palacio Quemado, reordena sus relaciones diplomáticas.

Pero el golpe de Estado tiene resistencia y se está organizando: en Cochabamba, en el mercado de Lunca Ñ, se reunió el Ampliado Nacional de Organizaciones Sociales -fueron cientos de delegados y delegadas de todas las regiones del país- para marcar sus límites a los acuerdos de desmovilización que venían levantando los bloqueos en El Alto y otras regiones: levantar los bloqueos es sólo un cuarto intermedio a la espera de la derogación del decreto 4078 -de inmunidad para las fuerzas represivas-, el tratamiento de la Ley de Garantías y la renuncia de Jeanine Áñez. El jueves, cuando vuelva a sesionar la Asamblea Legislativa, el tiempo del cuarto intermedio empezará a correr.

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