Soldados vigilan la planta de llenado de gas del estado Senkata, en El Alto, La Paz.Foto Ap

El "litio-golpe" militar/ policiaco/mediático, con bendición de EU y su vulgar instrumento de la OEA, obliga a retroceder en el túnel del tiempo a Bolivia de "Evo al Medio-Evo" (https://bit.ly/37eiWmu), mientras la fiebre del metal cunde en Sonora y en Alemania, donde penetró Tesla, asentada en Silicon Valley, para promover los vehículos eléctricos, sin contar los celulares inteligentes y laptops.

Según el ranking de Mining Technology, el primer depósito mundial de litio del “ top ten (cinco son de la anglosajona Australia)” se encuentra en Bacadéhuachi (https://bit.ly/2NYlJbX): sierra alta de Sonora, a 275 kms al oriente de Hermosillo, capital de Sonora, y a 98 kms de La Mora, donde ocurrió la carnicería de mormones de la familia LeBaron (https://bit.ly/2QBGAUh).

"Proyecto Litio de Sonora" es desarrollado por una asociación conjunta de la británica Cadence Minerals (70 por ciento) y la canadiense Bacanora Minerals (30 por ciento). Se trata de una "operación a cielo abierto" en dos fases: la primera, con capacidad de producción de 17 mil 500 toneladas al año de carbonato de litio, por 420 millones de dólares; y la segunda,duplicará la capacidad de producción a 35 mil toneladas anuales.

La mina sonorense cuenta con una reserva de carbonato de litio por 300 años (sic). Se ha construido una planta piloto de litio en Hermosillo, según Forbes, que señala su destinación al noreste asiático: Japón/Sudcorea/China, donde se concentra 95 por ciento del consumo.

Otros analistas arguyen que la producción "podría servir al mercado de Norteamérica (sic) debido a la proximidad"(https://bit.ly/2QyOZaP).

Forbes explaya la identidad de sus inversionistas cuando "por el momento, la mayor parte del capital proviene de Gran Bretaña". Pareciera que las trasnacionales anglosajonas de GB/Canadá se han especializado en la minería mexicana, en particular en el nuevo "Proyecto Litio de Sonora" que tiene un valor de mil 253 millones de dólares y está integrado por 10 zonas, que cubren 100 mil hectáreas, concesionadas a las mineras anglosajonas MSB (filial de Bacanora), Mexilit (70 por ciento de Bacanora y 30 por ciento de Cadence).

¿Ya no hay empresas mexicanas en México, ya no se diga en mixtas privadas/estatales?

¿Cuánto litio existirá en México?

Según un reporte de la Secretaría de Economía en la etapa aciaga del entreguista Ildefonso Guajardo –que operó y firmó el ignominioso T-MEC que daña los intereses de México de la Internet, del sector agrícola y del farmacéutico, sin contar el sector automotriz– existen tres yacimientos en etapa de exploración en Baja California (Cierro Prieto), por Pan American Lithium, en San Luis Potosí/Zacatecas y Sonora.

Llama la atención el supino entreguismo de la kakistocracia de Calderón y Videgaray/Peña que obsequiaron las minas de toda índole de México cuando se vaticinan sus mejores tiempos históricos.

Pues parece que los gobiernos entreguistas neoliberales de México carecen de la cultura del litio, la cual abunda en la mente creativa de Elon Musk, quien ya penetró Berlín para construir los carros eléctricos de Tesla, lo cual ha sacudido el otrora mercado inexpugnable de automóviles de ensueño en Alemania (https://bit.ly/37kbWV2).

A quienes no le den la importancia que merece la "geopolítica del litio" desde México hasta Bolivia, cabe instruirles que los carros eléctricos de Tesla modelo S requieren 45 kilogramos del "oro blanco".

Tesla ha construido una "giga-fábrica" en Nevada (EU) para producir baterías de litio iónico y ahora penetra en forma sorprendente el mercado alemán.

Para Der Spiegel, el arribo de Tesla constituye "una humillación para la industria automotriz alemana" y sus portentosos automóviles convencionales Mercedes/BMW/Volkswagen/Audi que pueden quedar enterrados por el litio.

Alemania, que ostenta una de las óptimas culturas ambientales del planeta, ha registrado en forma exponencial su nueva dotación de carros eléctricos que alcanzó 52 mil 882 hasta octubre.

Tesla va también por el mercado de Shanghái y sus acciones bursátiles se incrementaron al día siguiente del "litio-golpe" en Bolivia.

Tesla se escribe con "l" de litio.

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Miércoles, 20 Noviembre 2019 06:28

Se multiplican la represión y el caos en Bolivia

Militares usaron helicópteros, vehículos blindados y gases contra simpatizantes del exiliado presidente Evo Morales, quienes bloqueaban un depósito de combustible en El Alto; el saldo fue de tres muertos y 30 heridos. En La Paz se realizó nueva marcha para exigir que renuncie la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez. Desde México, el líder aymara emitió un mensaje al pueblo boliviano: ‘‘Este es un gobierno de facto, no de transición, que reprime y mata. Es tiempo de dictadura y debemos mantenernos unidos’’. Foto Ap. Arturo Cano, enviado

La Paz. En la televisión, los noticieros celebraron en grande. La pantalla dividida mostraba, del lado izquierdo, un convoy de pipas de combustibles ingresando a esta capital, escoltado por vehículos policiales; del otro, escenas de lo que las conductoras llamaban "enfrentamientos". Se ufanaban en la explicación: la necesidad de traer gasolina y gas a la ciudad capital había generado el "choque". Una locutora admitía: "Para el desbloqueo, los policías han usado agentes químicos, ha existido gasificación".

La "gasificación" fueron balas, helicópteros, vehículos blindados y militares disparando sobre los habitantes de la ciudad conurbada de El Alto, en la zona conocida como Senkata, donde los seguidores del exiliado presidente Evo Morales mantenían un bloqueo en un depósito de combustibles.

La Defensoría del Pueblo confirmaría más tarde la muerte de tres personas, así como más de 30 heridos. La primera víctima fue Dayvi Posto Cusi, de 31 años.

Mientras sus compañeros recibían balas y gases en El Alto, en La Paz se realizaba la enésima marcha con la exigencia de la renuncia de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez y el retorno de "el Evo", como le llaman sus partidarios.

Los frentes se multiplicaban: represión en las calles, marchas de respaldo a Morales, negociaciones entre la mayoría legislativa del Movimiento al Socialismo y las fuerzas minoritarias, desabasto y especulación que han mandado al cielo los precios de productos de primera necesidad.

Y en medio de todo eso, Áñez, como personaje de utilería. Ella ha dedicado buena parte de su tiempo en estos días a tomar protesta a los miembros de su gabinete. Como se le acabaron los cargos que se repartieron entre los partidos minoritarios –los ganones fueron Carlos Mesa, ex candidato, y el ultraderechista Luis Fernando Camacho– ha comenzado a tomar juramento a funcionarios de segundo nivel. Algunos de ellos, para demostrar que Dios ha vuelto al palacio de gobierno, han rendido protesta con la señal de la cruz en los labios.

Por los discursos a la hora de los actos protocolarios, parecería que se preparan para un gobierno de larga duración, aunque por ley deben convocar a elecciones a la de ya, pues el plazo vence el 22 de enero de 2020.

Entrada la tarde, a unos pasos de las tanquetas, los diputados del MAS –que viven bajo acoso y han sido abiertamente amenazados con cárcel por los autores del golpe– ofrecieron brevísima rueda de prensa.

Aunque el mundo entero ha visto los cuerpos de los caídos en las protestas en Cochabamba y otros lugares del país, las televisoras mostraron ayer escenas de ataúdes llenos de ropa, sugiriendo que no murió nadie. La versión de los golpistas ha sido, sin que hayan concluido los estudios periciales, que los muertos no cayeron por balas de policías ni militares. Que se mataron entre ellos, vaya.

Todo, pese a que la propia Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo llevan el siguiente conteo desde que el presidente Morales salió del país: 27 muertos y más de 400 heridos.

La cruz y la tanqueta

Las calles que confluyen en la Plaza Murillo, epicentro del poder político boliviano, están llenas de rejas y barricadas. Sobre una de esas rejas hay un cartel que ordena: “No te canses de orar por Bolivia… Dios es bueno y Bolivia está en sus manos”.

La fe moverá montañas pero necesita una ayudadita. A unos pasos del cartel había una tanqueta del ejército, rodeada de militares. Varios vehículos similares completaban el escenario en la misma plaza y las calles adyacentes.

"Es la primera vez que vemos tanquetas aquí", dijo un empleado de la Asamblea Legislativa.

Los policías antimotines, que en los días pasados se hicieron cargo de mantener a raya a los manifestantes, fueron desplazados a un segundo sitio.

Entre dos de las tanquetas está la sede de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde ayer los legisladores el MAS, partido del exiliado presidente Evo Morales, se reunieron durante largas horas, entre ellos y con las fuerzas de la minoritaria oposición.

"Vamos a cumplir con la patria bajo la luz de la constitución", sostuvo la diputada Betty Yañiquez, y cedió la palabra al legislador Henry Cabrera, quien informó que el MAS actuará de manera responsable, que se decidió "reconsiderar la directiva de la Cámara de Diputados" y reiniciar el trabajo legislativo que ahora está suspendido.

El anuncio central es que hay un principio de acuerdo para que ambas cámaras, de senadores y diputados, que tendría como fin "seleccionar y elegir a los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral, hombres y mujeres notables que no tengan ningún partido político, a fin que puedan representar al pueblo boliviano y tengan la alta responsabilidad de llevar adelante las próximas elecciones".

El diputado Cabrera dijo también que los vocales de ese nuevo tribunal tendrían "un plazo máximo de 48 horas para convocar a elecciones" en el país.

Los legisladores del MAS suspendieron previamente una sesión convocada para ayer, en la que pretendían, según la prensa local, rechazar la renuncia de Evo Morales. En aras del diálogo y de encontrar una salida, argumentaron, al tiempo que llamaron a los militares a replegarse.

No les hicieron ningún caso, y este día tres nombres más se sumaron a la lista de nombres que se puede leer en un altar colocado en el vestíbulo de la sede legislativa.

Tras la represión en El Alto, un grupo de personas prendió fuego a la casa de la alcaldesa del lugar, opositora a Morales, mientras en diversas partes del país se anunciaban nuevos bloqueos y marchas hacia La Paz.

La Cámara de Diputados fue convocada para este miércoles por la tarde, pero esta crisis rebasa con mucho los muros de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Desde México, el presidente Evo Morales –fue obligado a renunciar y su renuncia no surte efecto en tanto el Legislativo no la acepte– respondió a los hechos de este día con un mensaje al "pueblo boliviano": “Este es un gobierno de facto y no de transición. Con represión, están matando a nuestros hermanos bolivianos. Es un gobierno de traición a la patria… En tiempo de dictadura, debemos mantenernos unidos”.

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Miércoles, 20 Noviembre 2019 06:13

El gobierno de Colombia criminaliza la protesta

El gobierno de Colombia criminaliza la protesta

La desinformación y la propaganda de terror en contra de la movilización, crecen cada hora. Hubo allanamientos irregulares a casas de estudiantes.

Colombia prepara una movilización nacional para expresar el descontento con el gobierno de Iván Duque y sus propuestas de reformas laboral y jubilatoria que afectarían los salarios de los más jóvenes y alejarían aún más las posibilidades de pensionarse de los trabajadores actuales, además del asesinato creciente de líderes sociales, pueblos indígenas y ataques a la protesta social y movimiento estudiantil. 

A dos días del paro nacional, el Estado desplegó una serie de decisiones que generaron el rechazo de las organizaciones sociales. En ciudades capitales las residencias de jóvenes estudiantes, algunos de los principales promotores del paro junto a las centrales obreras, sufrieron allanamientos por parte de la Policía y el CTI (Cuerpo Técnico de Investigaciones) de la Fiscalía.

El abogado Wiston Gallego, de la Corporación Jurídica LIbertad, le explicó a PáginaI12 que “desde las primeras horas de la mañana se presentaron allanamientos en Bogotá, Cali y Medellín. No había orden de captura para estos jóvenes, y tampoco hubo hallazgos. Incautaron elementos legales como libros y comunicados que convocan al paro nacional”. El defensor de Derechos humanos detalló que los tres jóvenes son estudiantes del Instituto Metropolitano de Educación (ITM) y que varios estudiantes de ésta y otras instituciones locales han denunciado que desde la semana pasada son víctimas de seguimientos de personas vestidas de civil que se acercan a sus barrios y residencias preguntando por su ubicación.

“En los allanamiento de ayer hubo irregularidades pues participó policía vestida de civil, no dejaron ver en su totalidad la orden de allanamiento e impidieron dejar observaciones en la misma; por último no hubo presencia de la Procuraduría”, explicó Gallego. Estos jóvenes y millones en el país del movimiento estudiantil reclaman al gobierno de Duque por el incumplimiento en las promesas que realizaron tras meses de paros universitarios que exigieron más financiación a las universidades públicas. Jennifer Pedraza, reconocida líder de este sector, dijo a los medios desde Bogotá que seguirán motivando a la ciudadanía a manifestarse pacíficamente por las reformas que, a pesar de que el gobierno dice que no son ciertas, son una propuesta real. Explicó que hay una propuesta de ley ya radicada por la bancada del Centro Democrático para la reforma laboral, y que los cambios en el régimen previsional han sido ampliamente divulgados por ministros en medios de comunicación.

PáginaI12 habló con un estudiante de Medellín quien contó que los uniformados llegaron a sus casas en la madrugada e “ingresaron armados y de forma muy intimidante a nuestras residencias, en la cual proceden a desordenar y ultrajar las pertenencias de todos nosotros, muchas de las cuales fueron incautadas como un supuesto material probatorio”.

“Nos sentimos perseguidos, criminalizados, psicológica y emocionalmente decaídos”, explicó a este diario el joven que pidió omitir su nombre, y agregó que tienen miedo a salir de sus casas y que sus familias “están fuertemente afectadas provocando incluso complicaciones a su salud, puesto que observar sujetos encapuchados y armados entrar a nuestras residencias fue un impacto total y destructivo a nuestra integridad”.

La desinformación y la propaganda de terror en contra de la movilización, crecen cada hora. Ayer se supo, en videos circulados en redes sociales, que cientos de militares se desplazaban en camiones hacia Bogotá. Esto tras la orden de acuartelamiento que dio el comando de las Fuerzas MIlitares para contener, dicen las amenazas de orden público por el paro. En los medios comerciales y en cadenas falsas de whatsapp, se recomienda a los ciudadanos no salir durante esta fecha. Sin embargo, importantes sectores y personalidades defienden el derecho a la protesta e invitan a movilizarse pues también están inconformes con las propuesta a futuro de Duque que beneficiarían solo a los más poderosos empresarios, y también con la realidad presente: violación de derechos humanos, guerras por los cultivos de coca, incumplimientos en el Acuerdo de Paz, impunidad en casos de corrupción como Odebrecht y aumento de precios de alimentos y desempleo.

De acuerdo con la Revista Semana, más allá de las razones del paro, “ese día planteará una prueba ácida para el gobierno porque medirá la temperatura social del país con solo año y medio de mandato”. En medio del clima creciente de estigmatización y criminalización de una protesta que aún no ocurre, los ánimos y emociones crecen generando que el paro nacional sea tema de conversación en todos los espacios. En Medellín, en colegios decidieron cancelar clases, mientras en muchas empresas de Bogotá dieron el día a sus empleados para salir a marchar o trabajar desde casa.

Según Wiston Gallego, los allanamientos de ayer “están orientados desde la misma Fiscalía antiterrorista para las tres principales capitales. Y las incautaciones son ridículas: témperas, pinceles, como se puede observar en los noticieros nacionales”:

PagínaI12 consultó a la Fiscalía de Medellín y la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía para confirmar el allamiento e incautación de libros a tres estudiantes de Medellín, y ambas entidades dijeron no tener información. Sin embargo, la Corporación Jurídica Libertad confirmó los hechos así como un allanamiento más en la sede del sindicato de maestros (Adida) que no tendría que ver con el paro pero que por realizarse horas antes de la movilización podría tener como fin causar temor entre los manifestantes. En Medellín, el comandante de la Meval dijo que hicieron 5 allanamientos, en vez de los 3 que tiene conocimiento la Corporación Jurídica Libertad, y que encontraron elementos que no son de uso ilegal como botas y material publicitario de la marcha pero “no son elementos terroristas”.

Por su parte la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que realizó este martes  más de 27 diligencias judiciales y allanamientos, en conjunto con la Fiscalía con el fin de, según ellos, encontrar a los encapuchados que cometieron “vandalismo y terrorismo” en protestas pasadas.

PáginaI12 confirmó que algunos de los afectados fueron jóvenes artistas de la capital que realizaron un mural con las cifras de más de 5 falsos positivos (ejecuciones extrajudiciales) cometidas por el Ejército y que incluyeron el nombre de altos oficiales; éste fue borrado y censurado, y luego replicado en otras capitales. El colectivo “PUro Veneno” y “Cartel Urbano” habrían sido allanados con orden judicial sin capturas “como parte de la estrategia de terror de Duque”, según dijo una fuente cercana a la organización a este diario. 

En Bogotá fueron incautados objetos de venta y circulación legal como latas de aerosol, pintura,, overoles, líquidos, pañoletas, carteles, y camisetas. Para Gallego, todo esto busca “una afectación directa entre los organizadores del paro”. Sin embargo, las voces que invitan a manifestarse pacífica y masivamente van más allá de los sectores organizados y la oposición a Duque. El cantante Carlos Vives, la Iglesia Católica, gremios económicos liderados por Bruce Mac Master, y hasta la recién elegida reina de la belleza de Colombia, han invitado a salir a las calles a expresar el rechazo a las propuestas de Duque. El llamado, insisten todos y todas, es a realizarlo sin violencia.

Por Katalina Vásquez Guzmán

Desde Medellín

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El vicepresidente boliviano durante la entrevista.Foto La Jornada

El gobierno trucho está matando sin ningún reparo. Estas horas son decisivas. Todo puede suceder

A un tiempo intelectual y político, Álvaro García Linera reflexiona sobre la naturaleza del golpe de Estado que lo obligó a renunciar a la vicepresidencia de Bolivia y acerca del futuro inmediato de su país.

En entrevista exclusiva con La Jornada, señala que se viven horas decisivas en su país. Todo puede suceder: o debilitamiento por temor o quiebre de tolerancias morales de los afectados que desate una ola generalizada de demanda de desagravio, reconocimiento y justicia.

A continuación, una selección de parte de la charla.

–Usted y el presidente Evo Morales presentaron su renuncia al cargo. Sin embargo, ésta no ha sido leída en la Asamblea Legislativa. ¿Significa esto que ustedes conservan su mandato?

–En tanto la renuncia no sea leída por ambas cámaras juntas, llamada Asamblea, la renuncia no ha sido aceptada. Por eso hablamos de una presidenta impostora, una usurpadora –en términos coloquiales bolivianos–, una presidenta trucha, que se sostiene por una coalición entre los mandos policiales, los mandos militares, la OEA y las fuerzas políticas más conservadoras. Literalmente, han pisoteado la Constitución, la han violentado y escupido. Están manteniendo este gobierno de facto con base en la fuerza.

–¿Por qué caracterizar lo que sucedió como golpe del Estado?

–Desconocieron las normas para la sucesión. De acuerdo con la Constitución, primero está el presidente, luego le sigue el vicepresidente. Si él renuncia, está el presidente del Senado, y a continuación el de la Cámara de Diputados. No existe otro procedimiento para la sucesión constitucional. Ellos no han acatado nada de ello. No se ha aceptado la renuncia del presidente en la Asamblea, tampoco la del ­vicepresidente.

“Hay una nueva presidenta del Senado, que debería ser, ante nuestra ausencia, la presidenta del Estado. No están cumpliendo ese precepto constitucional. Se están amparando en la pura violencia física y en la complicidad de sectores políticos que le dan cuerpo a este golpe.

"La policía desconoció el mando constitucional. Se amotinó contra el mando civil desde el viernes anterior. El mando militar también desconoció al civil. Finalmente, este mando policial y el civil se han dedicado a asesinar. Están asesinando a campesinos, a pobladores de mi país. Esta sumatoria de violaciones a la Constitución y uso de la fuerza física, sin ningún respaldo legal, habla de los componentes clásicos de un golpe de Estado."

–Un golpe de Estado sólo puede realizarse con alguien que comande las operaciones y construya una coalición política. ¿Quién es ese mando en este caso?

–Está claro que, muy por encima del mando nacional, hay una fuerza que está conduciendo todo. No habría otra manera de explicar los riesgos que están corriendo los actuales mandos policiales, militares y políticos con su aventura golpista.

“Hubo matanza. Ningún mando policial ni militar actúa así, dispuesto a correr el riesgo de ser enjuiciado por genocidio en los siguientes años, si no tuviera respaldo de una fuerza superior.

“Segundo, por la acción de la OEA de sumarse al golpe e intentar legitimarlo. La OEA no actúa sola, como una voluntad de países soberanos. Actúa como mandato de un país extranjero. Estados Unidos es el que paga los viajes.

“En tercer lugar, por la presión para que no pasara por algunos países o no saliera el avión que recogió a Evo el domingo, de Cochabamba del Trópico. No fue el gobierno nacional o un partido político nacional el que presionó a Perú o a Ecuador para que eso sucediera. Está claro que tuvieron que haber sido fuerzas mucho más poderosas.

–¿Un golpe que tiene las huellas dactilares de Washington?

–Definitivamente. No hay otra manera de explicar todo lo que ha sucedido más que en términos de influencias externas, de presiones externas.

“El dinero que ha circulado para sobornar a los mandos policiales y militares, para financiar un conjunto de protestas al estilo de las clases medias tradicionales que se hacían en Chile contra Allende en los años 70, no ha salido de los empresarios locales, ha venido del exterior.

"Hay suficientes indicios y elementos que permiten deducir de manera clara y contundente la presencia de este país, que, lamentablemente hoy prefiere enterrar la democracia, asesinar indios e imponer su dictado conservador."

–¿Hay una matriz religiosa detrás del conflicto? ¿Se puede hablar de una acción en favor del golpe de las iglesias evangélicas? ¿Hay iglesias protestantes que tienen actitudes progresistas?

–Buena parte del movimiento de clase media tradicional conservador de Santa Cruz no es de sectores evangélicos, sino católicos. En varias ciudades están surgiendo movimientos católicos muy conservadores. No es casual que esto haya llevado a que el líder conservador en Santa Cruz haya hecho sus movilizaciones siempre hablando de la Biblia, tratando a sus seguidores como feligreses y combinando una especie de misa con acto de protesta. Las personas que estaban alrededor de él, y que se sentían reconocidas en él, más que evangélicas eran católicas. En el caso de Bolivia estamos ante una oleada de un catolicismo conservador más que de evangelismo conservador.

"Hay iglesias evangélicas muy conservadoras que le dan a muchas personas un sentido de refugio y de comunidad; pero también dentro de las iglesias evangélicas hay sectores progresistas, que mantienen la preocupación por la justicia, la igualdad y el reconocimiento. Es el caso de la Iglesia metodista en Bolivia. Es una de las iglesias más progresistas que hay, incluso más que la católica. Fueron los primeros en incorporar y fusionar su ritualidad a la simbología indígena."

–¿Está consolidado el golpe? ¿La resistencia popular al golpe está articulada?

–Lo que va a pasar en Bolivia es difícil decir ahora. Es, como dicen en la televisión, una noticia en proceso. En lo formal, tienes un gobierno dividido. El Ejecutivo con los golpistas. El Legislativo, tanto Cámara de Diputados como de senadores, con nosotros; tenemos dos tercios en ambas cámaras. Ninguna ley de convocatoria de elecciones, ninguna ley de nombramiento al nuevo tribunal puede hacerse sin la Asamblea, a no ser que rompan cualquier bipartidismo democrático y se gobierne por decreto, deshaciéndose de la Asamblea.

“Policía y fuerzas armadas están del lado del gobierno trucho. Están haciendo el trabajo para sostener los alfileres de esta presidenta, porque ella misma no es nadie, pertenece a un partido que no obtuvo ni 5 por ciento de la votación. En términos políticos es una aventurera. Quienes están conduciendo, tomando las decisiones, son estructuras policiales y militares.

“Por el lado popular, tienes estas gigantescas movilizaciones, que, en el caso del Altiplano, de El Alto, no son espontáneas. Están siendo promovidas por estructuras locales que se han autoconvocado. Hay microconducciones locales, territoriales. Van creando una línea de acción con base en la sumatoria, más o menos caótica, más o menos organizada, de liderazgos y de autoconvocatorias locales que se vuelven una gran convocatoria general.

“En el caso de las movilizaciones de los campesinos de Cochabamba y del Trópico hay una estructura más organizada. Pero, las organizaciones para salir a marchar una y otra vez sobre Cochabamba están también siendo tomadas por formas de autoconvocatorias local, surgidas de un agravio, que emerge y estalla.

“El gobierno trucho está matando sin ningún reparo. Estas horas son decisivas. Todo puede suceder: o debilitamiento por temor o quiebre de tolerancias morales de los afectados que desate una ola generalizada de demanda de desagravio, de reconocimiento, de justicia.

"Las dos salidas son probables. En medio está una negociación que se quiere iniciar con Naciones Unidas, embajadores, gobierno y nosotros, en la búsqueda de pacificación. Todos los sectores tienen un tipo de fuerza, de temores, de cohesiones, de divisiones. La correlación de fuerzas se mueve con fluidez. No me atrevo a decirte qué sucederá. Pero, quiero, otra vez, mostrar mi admiración por la valentía de esas mujeres, jóvenes, de esos hombres que marchan con pecho descubierto, con petardo, con un palo, para enfrentar fusiles de asalto, Kaláshnikov, tanques que están al frente, helicópteros y francotiradores."

–¿Lo que sucede es responsabilidad de Evo Morales y de Álvaro García Linera?

–Nosotros no hemos ordenando disparar a la gente. Hemos preferido renunciar, antes de ver muertos. No aceptamos sacar a las fuerzas armadas a las calles. Cuando las fuerzas armadas nos dicen: renuncien, sabíamos que eso significaba que iba a haber muertos. Por eso nos fuimos. Esos mandos policiales y militares van a ser enjuiciados. Han matado y las responsabilidades de estas muertes van a recaer hoy, en una semana, en un mes, en un año o en 25 años, en alguien. No van a poder escapar de la justicia.

"Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho y el mando policial y militar actual están bañados de sangre. Esa sangre nunca podrá ser borrada. Están dispuestos a matar para mantener el capricho de su voluntad. La historia recordará a Carlos Mesa no como un mediocre o un tibio liberal, sino un consumado golpista."

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 "Lamentablemente no se acataron protocolos policiales: hubo uso excesivo de la fuerza, abusos, delitos y no se respetaron derechos", admitió el presidente de Chile. Desde que prendieron las protestas sociales el 18 de octubre, las cifras ofi ciales indican que hay 23 muertos, más de 6 mil 300 detenidos y 2 mil 391 heridos (41 por balazos, 964 por perdigones y 909 por golpizas y gases lacrimógenos). Ayer marcharon en Santiago más de 200 que perdieron alguno de sus ojos. Foto Ap. Aldo Anfossi, Especial para La Jornada

Santiago. El presidente Sebastian Piñera reconoció que la policía (Carabineros) pasó por encima de sus propios límites durante la represión de las manifestaciones, que suman cuatro semanas en Chile, y que se han cometido violaciones a los derechos humanos.

"Lamentablemente, a pesar del firme compromiso para proteger los derechos humanos, en algunos casos no se respetaron los protocolos (policiales), hubo uso excesivo de la fuerza, abusos o delitos y no se respetaron los derechos de todos", admitió Piñera la noche del domingo, después de cinco días de total ausencia pública.

En el mes transcurrido desde que prendieron las protestas (18 de octubre), las cifras oficiales indican que hay 23 muertos, cinco de ellos por disparos de uniformados; más de 6 mil 300 detenidos (759 menores de edad) y 2 mil 391 heridos (41 por balazos, 964 por perdigones, de las cuales 222 tienen heridas oculares, y 909 por golpizas u otro). El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado 384 acciones judiciales.

La víctima mortal más reciente se contó el sábado 16, cuando Abel Acuña, de 29 años, aparentemente sufrió un paro cardiaco en la Plaza Italia. Hay evidencia gráfica de que cuando los paramédicos buscaban rescatarlo para llevarlo a un hospital, su esfuerzo fue abiertamente perjudicado por la policía. El Colegio Médico y el Servicio de Atención Médica de Urgencia confirmaron que las fuerzas especiales "agredieron" al equipo médico con "chorros de agua, gas lacrimógeno y disparos con armas antidisturbios, lo que retrasó la reanimación del paciente". La socorrista que atendía fue herida en una pierna y Abel falleció 15 minutos después.

La violencia policial ha sido implacable y abiertamente animada por la oficialidad superior. Apenas el miércoles 13 se filtró un audio, reconocido como auténtico, en el cual la máxima autoridad de carabineros, general Mario Rozas, hablando a la tropa, promete impunidad. "Tienen todo el apoyo, todo el respaldo, de este general director. ¿Cómo lo demuestro? A nadie voy a dar de baja por un procedimiento policial. Aunque me obliguen, no lo voy a hacer", dijo, desatando los aplausos. Carabineros después aclaró que se refería a decisiones sin un previo sumario interno.

Pero la presidencia de Piñera quedará marcada por la represión con que respondió a la movilización social. La actuación policiaca y del ejército comenzó a ser escrutada en terreno por observadores del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La semana pasada, en Quito, comisionados de la CIDH reprendieron a representantes del gobierno chileno que justificaban la violencia del Estado.

El presidente, sabedor del riesgo que corre, se comprometió a que todos los casos "sigan siendo investigados para que en función del mérito de la causa puedan ser conocidos y juzgados". Además de disculparse y ofrecer condolencias, aseguró que dará asistencia "para que la Fiscalía y tribunales cumplan con su función de investigar y hacer justicia".

Prometió que "no habrá impunidad ni con los que hicieron actos de inusitada violencia ni con aquellos que cometieron abusos".

También reconoció que el martes 12 estuvo a un tris de sacar al ejercito nuevamente a la calle.

Para mañana y el miércoles se anuncia una segunda huelga general, convocada por la Mesa del Sector Público, que agrupa a 16 gremios.

Las manifestaciones entran en su quinta semana y si bien su masividad se redujo, siguen fuertes y lejos de terminar, pese a que el viernes 15 un arco de fuerzas políticas suscribieron un pacto para abrir un camino legal hacia una convención constituyente que redacte una nueva Carta Magna.

Sectores opositores que se excluyeron del pacto y también desde la ciudadanía, temen que el requisito de que los acuerdos y normas sean aprobados por dos tercios de los delegados convencionales frustre el objetivo de terminar con los enclaves autoritarios incorporados a la Constitución pinochetista para consagrar inamovible el modelo neoliberal.

Pero quienes defienden el pacto, sostienen que la nueva Constitución se redactará desde una "hoja en blanco", lo cual significa que en aquellas materias sin sumar dos tercios de aprobación, no prevalecerá el contenido actual, sino que se legislarán después en el Parlamento y que podrán aprobarse por mayorías simples y no con quórums calificados, como ocurre actualmente.

En la sociedad civil también se expresan urgencias respecto de que la convención constitucionalista sea representativa de la diversidad social, y que no sea acaparada por la clase política, cuyas principales representaciones (Parlamento y partidos) tienen más de 90 por ciento de rechazo y desconfianza ciudadana.

Fuerzas muy poderosas conducen todo en la aventura golpista

El gobierno trucho está matando sin ningún reparo. Estas horas son decisivas. Todo puede suceder

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Para Trump, las colonias israelíes no violan el derecho internacional

Estados Unidos ya no considera que las colonias israelíes en territorios palestinos sean "incompatibles con el derecho internacional", anunció este lunes el secretario de Estado, Mike Pompeo, en un cambio en la política exterior estadounidense.

La declaración coloca a Washington en desacuerdo con prácticamente todos los países y con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, y se produce justo cuando el centrista Benny Gantz intenta formar un gobierno para reemplazar al primer ministro Benjamin Netanyahu, un aliado cercano del presidente Donald Trump.

"Después de estudiar cuidadosamente todos los aspectos del debate legal, este gobierno está de acuerdo (...) [en que el] establecimiento de asentamientos civiles israelíes en Cisjordania no es, en sí mismo, incompatible con el derecho internacional", dijo Pompeo.

"Afirmar que el establecimiento de asentamientos civiles es incompatible con el derecho internacional no ha funcionado. No ha avanzado la causa de la paz", dijo Pompeo.

Hasta ahora la política estadounidense se basaba, al menos en teoría, en una opinión legal emitida por el Departamento de Estado en 1978 que decía que el establecimiento de asentamientos en los territorios palestinos capturados una década antes por Israel iba en contra del derecho internacional.

El cuarto convenio de Ginebra sobre las leyes de la guerra prohíbe explícitamente el traslado de civiles a los territorios ocupados.

Si bien Washington siempre ha solido vetar las medidas del Consejo de Seguridad contra Israel, el anterior presidente Barack Obama, exasperado con Netanyahu, permitió en sus últimas semanas en el cargo la aprobación de la Resolución 2334 que calificó los asentamientos israelíes como una "violación flagrante" del derecho internacional.

Pompeo dijo que Estados Unidos rechaza actualmente el enfoque de la administración Obama, aunque negó que se estuviera dando luz verde a Israel para construir más asentamientos.

La medida seguramente se interpretará como un impulso para Netanyahu, que está luchando por mantenerse en el poder tras no poder formar un gobierno de coalición.

Pompeo negó tal motivación. La presente resolución, dijo, "no está relacionada con nada que tenga que ver con la política interna en ningún lugar de Israel".

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Varios manifestantes, en las inmediaciones de la Universidad Politécnica de Hong Kong, el 18 de noviembre de 2019. THOMAS PETER (REUTERS) / VÍDEO: ATLA

 El Gobierno autónomo insinúa por primera vez la posibilidad de aplazar las elecciones municipales previstas para este fin de semana

El cerco de la policía a la Universidad Politécnica de Hong Kong no da señales de abatirse pese a los choques de gran fiereza que han ocurrido en las últimas 24 horas. Varios centenares de jóvenes permanecen rodeados en el campus, cada vez más exhaustos y con unos avituallamientos que disminuyen. Los agentes de policía que acotan la zona, aparentemente convencidos de que tienen allí atrapados a los manifestantes más radicales, insisten en que detendrán a todo aquel que se encuentre dentro. Desde hace una semana impiden la entrada y, sobre todo, la salida, a cualquiera que no demuestre una razón profesional para estar en la zona acotada.

La policía parece haber adoptado en las últimas horas la táctica de esperar a que el cansancio, el aislamiento y la falta de suministros vayan haciendo mella entre los estudiantes y que los últimos acaben por entregarse. Ello después de haber advertido de que responderá con fuego real si los estudiantes utilizan “armas letales” en su defensa de la universidad. El lunes, un agente había sido herido en un gemelo por la flecha lanzada por uno de los manifestantes.

"El asedio de la policía contra la Universidad Politécnica es la confrontación más violenta hasta el momento en las protestas de Hong Kong. Al crear un cerco y disparar gas lacrimógeno y balas de plástico contra quienes intentan escapar, la Policía de Hong Kong nuevamente agita las llamas de la violencia, cuando deberían intentar apagarlas", ha indicado Amnistía Internacional.

Cada intento de los estudiantes por abrir una brecha por la que salir, o cada maniobra de distracción de sus simpatizantes desde fuera, recibe como respuesta una lluvia de rondas de gas lacrimógeno y de balas de plástico. Los jóvenes responden con el lanzamiento de adoquines y cócteles Molotov.

Por la mañana, un intento de los estudiantes de salir en masa acabó con unos pocos que lograron escapar; otros, detenidos; la mayoría, en retirada a cubierto ante un aire cargado de sustancias lacrimógenas. A lo largo del día se repitieron escaramuzas similares, todas con el mismo resultado. Según la policía, ha detenido a 51 personas con chalecos reflectantes que los identifican como administradores de primeros auxilios o prensa. Aunque, según su versión, los primeros desconocen cómo suministrar la asistencia más básica y los reporteros carecen de acreditación (no necesaria para ejercer antes de que comenzaran los cinco meses de protestas contra el Gobierno y en favor de la democracia). Desde el inicio de las manifestaciones, la cifra de arrestos ya roza los 4.500.

Esta tarde salían en ambulancia una veintena de jóvenes que necesitaban hospitalización, bien por heridas o bien por hipotermia después de haber quedado empapados por el agua de los cañones con los que la policía ha intentado abrirse paso.

Entre los jóvenes rodeados en la Politécnica podrían encontrarse hasta un centenar de alumnos de secundaria, según han puesto de relieve un grupo de directores de instituto que reclaman que se les permita sacar a sus estudiantes del cerco. La policía insiste en que todo aquel que salga de la zona será detenido y acusado de provocar disturbios, un cargo que puede acarrear hasta 10 años de prisión. Varias docenas de padres han organizado una sentada en uno de los puntos de control de la policía para pedir la liberación de sus hijos.

Soldados

Este fin de semana, por primera vez desde que comenzaron las movilizaciones en junio pasado, soldados del cuartel del Ejército Popular de Liberación chino (EPL) salieron a las calles de Hong Kong públicamente para limpiar algunos de los destrozos dejados por los encontronazos. Según afirma este lunes el periódico South China Morning Post, esos soldados pertenecen a unidades de élite experimentadas en Tíbet y Xinjiang, donde se han llevado a cabo contundentes campañas de represión contra las minorías tibetana y uigur.

La aparición de los soldados en las calles, aunque en ropa deportiva y en un área extremadamente limitada, ha causado una fuerte polémica en Hong Kong. Los simpatizantes de los manifestantes apuntan que el principio “un país, dos sistemas” que rige la antigua colonia británica prohíbe que las tropas chinas participen en tareas internas hongkonesas —aunque sean, aparentemente, tan inocuas como retirar adoquines— si no lo pide expresamente el Gobierno local. Algo que este Ejecutivo no ha hecho, según han precisado sus portavoces. Preguntado sobre la presencia de esas tropas, un portavoz de Defensa chino, Wu Qian, indicó en Bangkok (Tailandia) que “restablecer el orden” en las calles de la antigua colonia británica “es la tarea primordial”.

Máscaras

Los manifestantes sí se han apuntado un importante triunfo legal y moral. El Alto Tribunal de Hong Kong ha declarado inconstitucional la ley que prohíbe llevar máscaras en actos públicos o contra las órdenes de la policía, impuesta desde el 4 de octubre. “Las restricciones que impone a los derechos fundamentales […] van mucho más allá de lo que es razonablemente necesario”, han indicado los jueces, que han dado así la razón a los legisladores de la oposición pandemócrata que habían interpuesto un recurso contra la medida.

La policía ya ha anunciado que dejará de exigir el cumplimiento de la norma, muy polémica —y muy poco respetada— desde su nacimiento el pasado 4 de octubre. Para aprobarla sin pasar por el Legislativo autónomo, el Gobierno local invocó una vetusta ley de la era colonial que concede poderes extraordinarios al ministro principal en casos de grave amenaza nacional.

La tensión, agravada desde que la semana pasada los manifestantes declararan una campaña para multiplicar los incidentes de protesta, ya amenazaba con ensombrecer las elecciones municipales previstas para el fin de semana, en las que se espera un fuerte voto de castigo al gobierno local que encabeza Carrie Lam: una encuesta que publicaba el periódico Mingpao en octubre solo concedía al bloque pro-Pekín un 6% de los votos.

Este lunes, por primera vez, el Ejecutivo fue explícito sobre la posibilidad de aplazarlas, una posibilidad que los manifestantes siempre han temido. Según la cadena de televisión RTHK, el secretario para Asuntos Constitucionales, Patrick Nip, ha subrayado que los incidentes de la última semana han hecho “menos probable” la celebración de los comicios el día previsto. Precisamente, una de las demandas de los estudiantes esta última semana exigía garantías de que no se aplazaría la cita con las urnas. Posponerla podría elevar aún más los niveles de violencia de los últimos días.

Por Macarena Vidal Liy

Pekín 19 NOV 2019 - 03:55 COT

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Un vehículo policial arde en un puente de la Universidad Politécnica en Hong Kong, este domingo. ANTHONY KWAN (GETTY IMAGES) / VÍDEO: ATLAS

Un policía, herido por el impacto de una flecha. Los manifestantes lanzaron cócteles molotov y los antidisturbios emplearon gases lacrimógenos y cañones de líquido

El plan de las autoridades de Hong Kong de reabrir el túnel más importante de la ciudad derivó este domingo en uno de los choques más graves de los cinco meses de protesta en la ciudad. Tras una batalla campal entre los estudiantes atrincherados en la Universidad Politécnica y la policía, que advirtió de que usaría munición real si los primeros no dejaban de lanzar cócteles molotov y otros objetos, los cuerpos de seguridad bloquearon los accesos al campus. Ya en la madrugada de este lunes, los manifestantes prendieron fuego a la entrada principal para cortarles el paso. Alrededor de 60 personas fueron arrestadas en el Museo de Ciencia, cerca del campus universitario, según informó la emisora RTHK.

“Si no dejan de atacar a la policía con armas letales, los agentes no tendrán más remedio que usar la mínima fuerza, incluyendo munición real en respuesta”, había indicado horas antes el cuerpo en un vídeo publicado en Facebook. Un agente resultó herido el domingo en una pierna por una flecha. Estados Unidos condenó el uso injustificado de la fuerza en Hong Kong y pidió a Beijing la protección de la libertad. 

Durante todo el día, la policía usó gases lacrimógenos y cañones de agua desde los que disparaban tinta azul con el objetivo de identificar con más facilidad a los manifestantes. En la noche del sábado, en el campus de la Politécnica, los fuegos iluminaban el cielo. Eran cócteles molotov, algunos lanzados con enormes tirachinas. Ya entonces, la policía utilizó gases lacrimógenos para tratar de empujar a los manifestantes hacia espacios abiertos. “La violencia policial ha sido desmesurada. Los manifestantes han reaccionado a las acciones de la policía. Estoy dispuesto a ir a la cárcel. Estamos luchando por Hong Kong”, indicó Joris, un ingeniero civil de 23 años, en el patio de la universidad, la última ocupada y usada para bloquear el túnel Cross-Harbour, construido bajo el agua y que une la península de Kowloon (en el sur de Hong Kong) con la isla, que también forma parte del territorio.

Los agentes trataron de desalojar el túnel, pero los manifestantes se refugiaron tras paraguas (uno de los símbolos de la protesta) y prendieron fuego entre escombros, lo que generó pequeñas explosiones. La policía recurrió a una nueva táctica de dispersión: un “aparato acústico de larga distancia”. Según la agencia Reuters, un sonido muy agudo salía, al menos, de un coche policial.

Los enfrentamientos se producen un día después de que soldados chinos dejaran brevemente sus cuarteles en Hong Kong para ayudar en las tareas de limpieza y desmantelar las barricadas de los manifestantes, tras una semana de caos y violencia, marcada por la muerte de un hombre de 70 años, que fue golpeado en la cabeza con un ladrillo cuando trataba de despejar la calle, según indicó la policía.

Las salidas del Ejército chino en la antigua colonia británica son excepcionales. Los militares se mantienen generalmente en un discreto segundo plano.

“Soldados del Ejército Popular de Liberación en Hong Kong ayudaron a los residentes a despejar las carreteras y fueron aplaudidos por los vecinos”, indicó el Ejército chino en la red social Weibo. La televisión de Hong Kong mostró a unos 100 hombres haciendo reparaciones y recogiendo escombros antes de regresar al cuartel. Un portavoz del Ejecutivo de Hong Kong precisó que no se había solicitado la ayuda de las tropas chinas en la zona, sino que lo hicieron por “iniciativa propia”.

Agencias

Hong Kong 18 NOV 2019 - 05:16 COT

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Salar de Uyuni, en Potosí. Base de un proyecto de industrialización que generó reacciones y hasta un golpe.

El proyecto de Evo Morales, con explotación 100% estatal y control sobre la industrialización. El proyecto de fabricar baterías para autos eléctricos generó denuncias en Potosí de los mismos que después le exigieron la renuncia.

 

"No hay ninguna duda del papel central que tuvo el litio en la motivación del golpe contra Evo Morales; pero se da por el proyecto de industrialización soberana que viene desarrollando Bolivia, que dejaba afuera a Estados Unidos, más que por el control de la materia prima", sentenció Federico Nacif, sociólogo y docente de la Universidad de Quilmes, donde está al frente de un grupo de investigación sobre el litio en Argentina, Chile y Bolivia. Este último es el único de los tres que desarrolló, a partir de 2008, un proyecto de explotación del litio (llamado, con fundamentos, el "oro blanco") "cien por ciento estatal", y a través de la creación de YLB (Yacimientos de Litio Bolivia), ya logró poner en marcha una planta productora de cloruro de potasio (subproducto del litio) y tiene en estado muy avanzado otra para fabricar carbonato de litio. "El gobierno había acordado con una firma alemana hacer, en conjunto, una planta industrial para fabricar baterías de litio, bajo control del Estado, socio mayoritario y que además designaría al director de la empresa, garantizando también la transferencia tecnológica y el uso de patentes a favor del Estado boliviano", repasó Nacif. "Pero este proyecto empezó a ser combatido por el Comité Cívico de Potosí (ComciPo), al que absurdamente calificó de "entreguista"; antes de las elecciones, Evo dio de baja el acuerdo con Alemania con el criterio de privilegiar el orden interno, y ahí salió a la luz la verdadera intención de estos grupos: el ComciPo no aceptó la resignación del proyecto y empezó a agitar el pedido de renuncia del presidente", señaló el investigador del Departamento de Economía de la UNQui.   

Es importante tomar en cuenta el rol de los comités cívicos en la vida política de Bolivia. Se conforman por departamentos (provincias) como pequeños grupos de empresarios y profesionales, generalmente vinculados a las principales corporaciones pero también con presencia de medianas empresas. No participan de ellos los sindicatos de trabajadores ni pequeños productores (mineros, cocaleros)  y son fuertes en los distritos "blancos". Luis Fernando Camacho, presidente del de Santa Cruz, encabezó la agitación que derivó en el golpe de Estado. Marco Pumari, titular del ComciPo, articuló el reclamo de la renuncia de Evo a partir de las acusaciones de "entrega" que le enrostró al gobierno por el acuerdo con Alemania por la planta para fabricar baterías. 

Se calcula que las reservas de litio que acumulan los salares del NOA argentino, norte de Chile (Atacama) y SO de Bolivia (Uyuni) representan el 70 por ciento del total mundial. Su aplicación a las baterías de celulares y de autos eléctricos lo convierten en una materia prima estratégica. Así lo interpretó Bolivia y lo expresó en el proyecto nacional de 2008, que prohíbe la participación privada en la explotación primaria (extracción), declarando además al Salar de Uyuni como reserva fiscal. Esta concepción es opuesta a la de Argentina, en la que el litio sigue considerándose un "commodity" (materia prima de exportación, sin restricción para su explotación privada). 

Para su industrialización en suelo boliviano, la empresa estatal YLB le compró a Alemania, llave en mano, la planta de cloruro de potasio. Para la de carbonato de litio utilizó un criterio, podría decirse, más "pragmático": le compró el diseño a Alemania y encargó la construcción a China. La financiación corrió enteramente por cuenta del Banco Central de Bolivia, y el deudor fue YLB. Es decir, no generó deuda externa. La irrupción de YLB en el mercado mundial del litio aemnazaba con romper el oligopolio controlado, hasta entonces, por Estados Unidos y China. 

Del salar a la batería

Pero el gran salto en este desarrollo estratégico estaba dado por el inicio de la fabricación de baterías. Bolivia ya había dado el primer paso, con la instalación de una planta piloto de investigación y desarrollo en La Palca, Potosí, única en la región (ni Argentina ni Chile tienen algo parecido). Luego vino el acuerdo con la alemana ACI Systems para levantar una planta industrial para fabricar baterías, con una inversión prevista de 1300 millones de dólares. Las condiciones que demandó YLB  (control accionario y dirección de la empresa en manos bolivianas, transferencia tecnológica y derecho de patentes también a favor del país sudamericano) se impusieron luego de duras negociaciones, de las que además resultó que el gobierno de Angela Merkel quedara como garante del cumplimiento de la firma alemana. 

El acuerdo fue bombardeado desde el principio por fuerzas empresarias de Potosí. "Este acuerdo fue el que salieron a denunciar como entreguista, absurdamente, desde el ComciPo", señaló Nacif a Página 12. "Históricamente, los sectores locales se sustentaban en la exigencia del cobro de regalías, vistiéndolo de reivindicación regionalista", explicó el especialista, que visitó en varias oportunidades la zona y tiene un trato frecuente con las autoridades de YLB como parte de sus investigaciones. 

Las regalías son el porcentaje que los concesionarios le pagan a las autoridades locales sobre el valor del mineral extraído. En este caso, las empresas privadas no tuvieron en ningún contrato acceso al litio, por lo cual las regalías no existían. El desarrollo de un proyecto soberano de explotación e industrialización aparecía, así, extrañamente enfrentado los supuestos intereses regionales. En realidad, los reclamos ocultaban otras intenciones. Detrás de varios de estos artículos "críticos" aparece el interés de consultoras y promotores de inversiones bursátiles, para los cuales lo cuestionable era que el negocio del litio boliviano quedara lejos de su alcance. 

En los meses previos a las elecciones presidenciales de octubre, las denuncias y acusaciones de los medios y sectores económicos de Potosí fueron levantando temperatura. El rechazo se tradujo en revueltas, en las que se acusaba al presidente Evo Morales de "robarse las regalías" del litio de Potosí. Ante esta situación, relató Federico Nacif a este diario, "Evo toma la decisión de ceder y anula el convenio con ACI Systems, de Alemania, buscando privilegiar cuestiones de orden interno". Lo que se estaba resignando, o postergando quizás, era concretar el gigantesco salto estratégico de convertir a Bolivia en productor y exportador de baterías de litio para coches eléctricos. Un paso atrás excesivo, quizás, supuestamente motivado por la incomprensión de una parte de la población. 

Sin embargo, inmediatamente después del paso atrás de Evo, salió a la luz el verdadero propósito de quienes combatían el proyecto de producir baterías. Marco Pumari, presidente del comité cívico de Potosí, rechazó el gesto del presidente aymara y reveló su real intención: reclamó su renuncia. A partir de allí, se puso al lado de Luis Fernando Camacho, líder del movimiento golpista que desplazó a Evo, y se constituyó en su principal aliado. Los intereses extranacionales, particularmente de Estados Unidos, contra el proyecto soberano de producción e industrialización de litio en Bolivia fueron el combustible del golpe, según observa Nacif. "Si el golpe contra Evo se consolidara, no me cabe duda de que entre las primeras medidas estará la anulación de estos proyectos de industrialización independiente, un mal ejemplo para el resto de la región", sentenció. 

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Domingo, 17 Noviembre 2019 05:44

El odio al indio

El odio al indio

Como una espesa niebla nocturna, el odio recorre vorazmente los barrios de las clases medias urbanas tradicionales de Bolivia. Sus ojos rebalsan de ira. No gritan, escupen; no reclaman, imponen. Sus cánticos no son de esperanza ni de hermandad, son de desprecio y discriminación contra los indios. Se montan en sus motos, se suben a sus camionetas, se agrupan en sus fraternidades carnavaleras y universidades privadas y salen a la caza de indios alzados que se atrevieron a quitarles el poder.

En el caso de Santa Cruz organizan hordas motorizadas 4x4 con garrote en mano a escarmentar a los indios, a quienes llaman "collas", que viven en los barrios marginales y en los mercados. Cantan consignas de que "hay que matar collas”, y si en el camino se les cruza alguna mujer de pollera la golpean, amenazan y conminan a irse de su territorio. En Cochabamba organizan convoyes para imponer su supremacía racial en la zona sur, donde viven las clases menesterosas, y cargan -como si fuera un destacamento de caballería- sobre miles de mujeres campesinas indefensas que marchan pidiendo paz. Llevan en la mano bates de béisbol, cadenas, granadas de gas; algunos exhiben armas de fuego. La mujer es su víctima preferida; agarran a una alcaldesa de una población campesina, la humillan, la arrastran por la calle, le pegan, la orinan cuando cae al suelo, le cortan el cabello, la amenazan con lincharla, y cuando se dan cuenta de que son filmadas deciden echarle pintura roja simbolizando lo que harán con su sangre.

En La Paz sospechan de sus empleadas y no hablan cuando ellas traen la comida a la mesa. En el fondo les temen, pero también las desprecian. Más tarde salen a las calles a gritar, insultan a Evo y, con él, a todos estos indios que osaron construir democracia intercultural con igualdad. Cuando son muchos, arrastran la Wiphala, la bandera indígena, la escupen, la pisan la cortan, la queman. Es una rabia visceral que se descarga sobre este símbolo de los indios al que quisieran extinguir de la tierra junto con todos los que se reconocen en él.

El odio racial es el lenguaje político de esta clase media tradicional. De nada sirven sus títulos académicos, viajes y fe porque, al final, todo se diluye ante el abolengo. En el fondo, la estirpe imaginada es más fuerte y parece adherida al lenguaje espontáneo de la piel que odia, de los gestos viscerales y de su moral corrompida.

Todo explotó el domingo 20, cuando Evo Morales ganó las elecciones con más de 10 puntos de distancia sobre el segundo, pero ya no con la inmensa ventaja de antes ni el 51% de los votos. Fue la señal que estaban esperando las fuerzas regresivas agazapadas: desde el timorato candidato opositor liberal, las fuerzas políticas ultraconservadoras, la OEA y la inefable clase media tradicional. Evo había ganado nuevamente pero ya no tenía el 60% del electorado; estaba más débil y había que ir sobre él. El perdedor no reconoció su derrota. La OEA habló de "elecciones limpias" pero de una victoria menguada y pidió segunda vuelta, aconsejando ir en contra de la Constitución, que establece que si un candidato tiene más del 40% de los votos y más de 10% de votos sobre el segundo es el candidato electo. Y la clase media se lanzó a la cacería de los indios. En la noche del lunes 21 se quemaron 5 de los 9 órganos electorales, incluidas papeletas de sufragio. La ciudad de Santa Cruz decretó un paro cívico que articuló a los habitantes de las zonas centrales de la ciudad, ramificándose el paro a las zonas residenciales de La Paz y Cochabamba. Y entonces se desató el terror.

Bandas paramilitares comenzaron a asediar instituciones, quemar sedes sindicales, a incendiar los domicilios de candidatos y líderes políticos del partido de gobierno. Hasta el propio domicilio privado del presidente fue saqueado; en otros lugares las familias, incluidos hijos, fueron secuestrados y amenazados de ser flagelados y quemados si su padre ministro o dirigente sindical no renunciaba a su cargo. Se había desatado una dilatada noche de cuchillos largos, y el fascismo asomaba las orejas.

Cuando las fuerzas populares movilizadas para resistir este golpe civil comenzaron a retomar el control territorial de las ciudades con la presencia de obreros, trabajadores mineros, campesinos, indígenas y pobladores urbanos -y el balance de la correlación de fuerzas se estaba inclinando hacia el lado de las fuerzas populares- vino el motín policial.

Los policías habían mostrado durante semanas una gran indolencia e ineptitud para proteger a la gente humilde cuando era golpeada y perseguida por bandas fascistoides. Pero a partir del viernes, con el desconocimiento del mando civil, muchos de ellos mostraron una extraordinaria habilidad para agredir, detener, torturar y matar a manifestantes populares. Claro, antes había que contener a los hijos de la clase media y, supuestamente, no tenían capacidad; sin embargo ahora, que se trataba de reprimir a indios revoltosos, el despliegue, la prepotencia y la saña represiva fueron monumentales. Lo mismo sucedió con las Fuerzas Armadas. Durante toda nuestra gestión de gobierno nunca permitimos que salieran a reprimir las manifestaciones civiles, ni siquiera durante el primer golpe de Estado cívico del 2008. Y ahora, en plena convulsión y sin que nosotros les preguntáramos nada, plantearon que no tenían elementos antidisturbios, que apenas tenían 8 balas por integrante y que para que se hagan presentes en la calle de manera disuasiva se requería un decreto presidencial. No obstante, no dudaron en pedir/imponer al presidente Evo su renuncia rompiendo el orden constitucional. Hicieron lo posible para intentar secuestrarlo cuando se dirigía y estaba en el Chapare; y cuando se consumó el golpe salieron a las calles a disparar miles de balas, a militarizar las ciudades, asesinar a campesinos. Y todo ello sin ningún decreto presidencial. Para proteger al indio se requería decreto. Para reprimir y matar indios sólo bastaba obedecer lo que el odio racial y clasista ordenaba. Y en sólo 5 días ya hay más de 18 muertos, 120 heridos de bala. Por supuesto, todos ellos indígenas.

La pregunta que todos debemos responder es ¿cómo es que esta clase media tradicional pudo incubar tanto odio y resentimiento hacia el pueblo, llevándola a abrazar un fascismo racializado y centrado en el indio como enemigo?¿Cómo hizo para irradiar sus frustraciones de clase a la policía y a las FF. AA. y ser la base social de esta fascistización, de esta regresión estatal y degeneración moral?

Ha sido el rechazo a la igualdad, es decir, el rechazo a los fundamentos mismos de una democracia sustancial.

Los últimos 14 años de gobierno de los movimientos sociales han tenido como principal característica el proceso de igualación social, la reducción abrupta de la extrema pobreza (de 38 al 15%), la ampliación de derechos para todos (acceso universal a la salud, a educación y a protección social), la indianización del Estado (más del 50% de los funcionarios de la administración pública tienen una identidad indígena, nueva narrativa nacional en torno al tronco indígena), la reducción de las desigualdades económicas (caída de 130 a 45 la diferencia de ingresos entre los más ricos y los más pobres); es decir, la sistemática democratización de la riqueza, del acceso a los bienes públicos, a las oportunidades y al poder estatal. La economía ha crecido de 9.000 millones de dólares a 42.000, ampliándose el mercado y el ahorro interno, lo que ha permitido a mucha gente tener su casa propia y mejorar su actividad laboral.

Pero esto dio lugar a que en una década el porcentaje de personas de la llamada “clase media", medida en ingresos, haya pasado del 35% al 60%, la mayor parte proveniente de sectores populares, indígenas. Se trata de un proceso de democratización de los bienes sociales mediante la construcción de igualdad material pero que, inevitablemente, ha llevado a una rápida devaluación de los capitales económicos, educativos y políticos poseídos por las clases medias tradicionales. Si antes un apellido notable o el monopolio de los saberes legítimos o el conjunto de vínculos parentales propios de las clases medias tradicionales les permitía acceder a puestos en la administración pública, obtener créditos, licitaciones de obras o becas, hoy la cantidad de personas que pugnan por el mismo puesto u oportunidad no sólo se ha duplicado -reduciendo a la mitad las posibilidades de acceder a esos bienes- sino que, además, los “arribistas”, la nueva clase media de origen popular indígena, tiene un conjunto de nuevos capitales (idioma indígena, vínculos sindicales) de mayor valor y reconocimiento estatal para pugnar por los bienes públicos disponibles.

Se trata, por tanto, de un desplome de lo que era una característica de la sociedad colonial: la etnicidad como capital, es decir, del fundamento imaginado de la superioridad histórica de la clase media por sobre las clases subalternas porque aquí, en Bolivia, la clase social sólo es comprensible y se visibiliza bajo la forma de jerarquías raciales. El que los hijos de esta clase media hayan sido la fuerza de choque de la insurgencia reaccionaria es el grito violento de una nueva generación que ve cómo la herencia del apellido y la piel se desvanece ante la fuerza de la democratización de bienes. Así, aunque enarbolen banderas de la democracia entendida como voto, en realidad se han sublevado contra la democracia entendida como igualación y distribución de riquezas. Por eso el desborde de odio, el derroche de violencia; porque la supremacía racial es algo que no se racionaliza, se vive como impulso primario del cuerpo, como tatuaje de la historia colonial en la piel. De ahí que el fascismo no sólo sea la expresión de una revolución fallida sino, paradójicamente también en sociedades postcoloniales, el éxito de una democratización material alcanzada.

Por ello no sorprende que mientras los indios recogen los cuerpos de alrededor de una veintena de muertos asesinados a bala, sus victimarios materiales y morales narran que lo han hecho para salvaguardar la democracia. Pero en realidad saben que lo que han hecho es proteger el privilegio de casta y apellido.

El odio racial solo puede destruir; no es un horizonte, no es más que una primitiva venganza de una clase histórica y moralmente decadente que demuestra que, detrás de cada mediocre liberal, se agazapa un consumado golpista.

Publicado en celag.org

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