Martes, 25 Julio 2017 16:55

La dinastía Barco y el petróleo: cronología de una infamia

Escrito por Libardo Sarmiento Anzola*
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La historia de la oligarquía colombiana, de la acumulación de su riqueza y poder, está asociada a todo tipo de abusos de poder, robos, violencia, complots, ausencia de sentido patrio y sometimiento total al poder del vecino del norte.

 

Ya tendrán en sus mentes, quienes lean este artículo, los pocos apellidos que integran el deshonroso mosaico oligarca nacional que han habitado y controlado la Casa de Nariño, el Barco entre ellos; ya recordarán el uso y el abuso de la legislación por ellos mismos redactada y aprobada para beneficiarse de todo tipo de contratos y alianzas comerciales.

 

A este apellido, del cual recordamos a Virgilio Barco (el nieto de quien empezó la dinastía) con su mentalidad de gringo administrando una Colonia durante el cuatrienio 1986-1990, le corresponde la vileza de haberse enriquecido con la renta nacional petrolera.

 

¿Cómo sucedió esto? Una lectura de la historia de los hidrocarburos en el país permite conocer como el Estado colombiano quedó sometido a entregarles, mes a mes, miles de dólares por un derecho espurio que ningún gobierno –sus compadres– se motivó a demandar ante los jueces en procura de su negación legal.

 

Nace la industria petrolera en Colombia

 

1905: Rafael Reyes (1904-1909) rige los destinos del país, y dicta la Ley 30 de 1903, en cuyo artículo 5º, expresa que: ‘Ningún contrato que el gobierno celebre para la enajenación o explotación de las minas de carbón, depósitos de asfalto y petróleo o gas natural perteneciente a la misma, será válido sin la aprobación del congreso”. Sin embargo, el artículo 121 de la Constitución Nacional de 1886 facultaba al ejecutivo para legislar cada vez que lo estimara necesario; situación que utiliza Reyes para que con base en el decreto número 34 de 1905 asumiera facultades “para otorgar privilegios en la construcción de canales, explotación del lecho de los ríos y canteras, depósitos de asfalto y aceites minerales [...] Los contratos que el poder ejecutivo celebre en virtud de las autorizaciones que por este decreto se le confieren, no necesitan de la formalidad de licitación pública ni de posterior aprobación del Cuerpo Legislativo [...]”. Este acto permitió el otorgamiento de las primeras concesiones petroleras.

 

Es así como el 16 de octubre de 1905 se otorga al general Virgilio Barco (abuelo del Presidente del año 86), la concesión que lleva su nombre, para explotar petróleo, hulla y asfalto en Tibú-Norte de Santander (cerca de 200 mil hectáreas “baldías” en las selvas aledañas al río Catatumbo, todas ellas dentro de territorio sagrado del pueblo motilón-barí); y a Roberto de Mares, de quien Reyes era padrino de matrimonio, otra en la zona media del río Magdalena cercana a Barrancabermeja, el 5 de diciembre del mismo año.

 

Estas dos concesiones dieron inicio formal a la industria petrolera en Colombia y establecen la condición histórica de concentración de las decisiones relacionadas con el sector minero-energético en el poder ejecutivo. Asimismo, surgieron las compañías extranjeras encargadas de la explotación de petróleo y otros minerales y también las productoras y exportadoras de banano, dando lugar a una economía de enclave y pérdida de la soberanía nacional. A partir de entonces, diversos gobiernos, desde los primeros años del siglo XX, acudieron a la ocupación militar de las regiones consideradas por las clases dirigentes inhóspitas y “salvajes”, para abrirle paso de manera avasallante a las multinacionales petroleras.


1919: Indignación. El 3 de febrero el diario El Espectador de Bogotá publica un mapa del país, levantado por la compañía petrolera Caryb Sindicated Limited, en el que se muestra como las transnacionales de hidrocarburos controlan el 90 por ciento de los yacimientos más ricos de petróleo, siendo propietarias, de hecho de 341.000 hectáreas del territorio colombiano (equivalentes al 0,3% del total) bajo la figura de enclaves industriales.

 

La indignación generada por el despojo obligó al gobierno de Marco Fidel Suárez (1918-1921) a expedir el Decreto 1255 de junio de 1919, “Por el cual se reglamenta la exploración de terrenos petrolíferos y se dispone llevar la estadística de minas de la misma materia”; sentencia que, en particular, solo ratificaba el Decreto del Libertador Simón Bolívar, firmado en Quito el 24 de octubre de 1829, quien declaró que toda clase de minas existentes en el territorio de la República pertenece a ésta en propiedad; a su vez el Consejo de Estado en su concepto de 24 de julio de 1918 lo había ratificado.

 

Como se haría norma, al conocer lo decretado el Senado norteamericano envío nota de protesta argumentando que “el gobierno de Colombia había nacionalizado el subsuelo y por ende los petróleos, lo que conduciría, al igual que en México, a la confiscación de las propiedades privadas del petróleo”.

 

Como también sería norma en los años siguientes, el 21 de noviembre de 1919 la Corte Suprema de Justicia declaró que compete al Congreso resolver las cuestiones relativas a minas y petróleos por medio de leyes, y que no es posible para el ejecutivo regularlas por medio de decretos. Esta sentencia fue comunicada al Departamento de Estado estadounidense para asegurarle que Colombia respetaba los derechos de ciudadanos extranjeros adquiridos con justa causa. En adelante, el gobierno estadounidense, las transnacionales petroleras y las entidades financieras norteamericanas ejercerían el tutelaje sobre cualquier normatividad que afectara la propiedad y actividad minero-energética en Colombia, incluso interviniendo en la redacción legislativa. Además, las transnacionales petroleras lograron mantener un pago promedio de regalías al Estado colombiano no mayor al 10 por ciento del valor de la producción hasta mediados del siglo XX.

 

1923: Unión Obrera. En la clandestinidad fue fundado el primer sindicato de trabajadores petroleros en Colombia, bajo la denominación de Unión Obrera, nombre originario de la actual Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo –USO.

 

1924: primera huelga de los obreros petroleros colombianos. Solicitan cumplimiento de lo pactado entre Tropical Oil Company (Troco) y el Ministerio de Industrias y mejores condiciones de trabajo. La huelga es levantada como efecto de la represión estatal, el encarcelamiento y el destierro de los dirigentes del movimiento. El pliego de peticiones (del 8 de octubre de 1924 en Barrancabermeja), exigía, entre otros, el aumento de los salarios; que la Compañía aceptara una comisión permanente de tres miembros nombrados por la ‘Unión Obrera’ para vigilar las condiciones de los campamentos, alimentación y trato de los obreros; trato correcto y cortés de los obreros extranjeros para con los obreros colombianos; contra los despidos sin causas justificadas; dar estricto cumplimiento a las leyes sobre accidentes de trabajo y seguro colectivo.

 

1926: iniciativa nacionalista. El ministro de industrias Juan Antonio Montalvo, presentó al Congreso colombiano en 1926 un proyecto de Ley de petróleo con carácter más amplio al que ya existía. Con la discusión de los artículos de la Ley de petróleos presentada por Montalvo, éste declaraba ante el Congreso que la industria petrolífera debería ser de utilidad pública, dejado en manos del gobierno colombiano el control estricto de las empresas que explotaran ese recurso; también proponía “elevar el porcentaje de las regalías nacionales, incorporar al gobierno a la industria del petróleo con la creación de compañías semioficiales y concederle al Estado no solo la utilización gratuita de los futuros oleoductos en un veinte por ciento de su tiempo de funcionamiento, sino también sentar las bases para convertir estos oleoductos en propiedad nacional a largo plazo”.

 

1927: de nuevo la huelga de los trabajadores petroleros contra la Tropical Oil Company exigiendo mejores condiciones de trabajo.

 

1928: el Congreso patea la soberanía nacional. Una sola golondrina no hace verano, dicen por ahí. Con mentalidad apátrida el Congreso negó la aprobación del proyecto Montalvo y el gobierno nacional se vio en la necesidad de adoptar una legislación de emergencia, la Ley 84 del 17 de noviembre de 1927, puesta en práctica de acuerdo con las disposiciones del decreto 150 del 28 de enero de 1928.

 

Como era de esperarse, las compañías petroleras atacaron la ley del 17 de noviembre, sobre todo en los puntos referidos a los campos petroleros privados y a las solicitudes que esperaban aprobación del gobierno colombiano. A finales de 1928, el Congreso colombiano clausuró sus sesiones sin aprobar el proyecto de Ley sobre Hidrocarburos. Al no existir una nueva legislación, las compañías petroleras seguían funcionando sujetas a la ley 84 de 1927.

 

En 1930 es elegido Enrique Olaya Herrera (1930-1934) como presidente, y el conflicto del petróleo entró en una segunda fase: entre las primeras actividades realizadas por el nuevo presidente destacan las encaminadas a arreglar el problema petrolero principalmente a la aprobación de la Ley sobre petróleos que desde 1927 estaba en mora de ser aprobada. Al momento de querer realizar una legislación petrolera que garantizara al país una participación mayor en la industria petrolera, las compañías, los bancos y por supuesto el gobierno estadounidense unieron fuerzas y disminuyeron los préstamos a Colombia, por lo que “no quedó más remedio” que ceder ante tales presiones y no aprobar una ley como la propuesta por el Ministro de Industria Montalvo.


Le corresponde a este gobierno, sin asomo alguno de nacionalismo, expedir la Ley 37 de 1931 o ‘Ley del Petróleo’, ampliando las ventajas para las empresas extranjeras. Entre ellas la más sobresaliente fue en relación con el régimen de regalías con el que estas compañías deberían de contribuir al país: sólo quedó establecido entre el 2 y el 10 por ciento del producto bruto explotado, dependiendo de la menor o mayor distancia del yacimiento a los puertos de embarque, asunto que fue modificado por la ley 160 de 1936, aunque teniendo en cuenta el criterio de distancias fijando las regalías entre el ½ a 7 por ciento como impuesto del producto bruto explotado.

 

Precisamente es en 1931, cuando la familia Barco, que no había invertido un peso ni movido un dedo para sacar el petróleo existente en el territorio otorgado por su compadre tres décadas atrás, cede a la empresa estadounidense Gulf Oil. En 1931 el contrato Chaux-Folson, entre el gobierno colombiano y la compañía estipulaba: “El gobierno les prestará a las compañías contratantes la protección debida para repeler la hostilidad o los ataques de las tribus de motilones o salvajes que moran en las regiones de que hacen parte los terrenos materia de este contrato, lo que hará por medio de cuerpos de policía armada o de la fuerza pública cuando sea necesario”. La guerra entre motilones y petroleras duró 20 años, hasta el casi exterminio del pueblo indígena; guerra en extremo desigual: flechas de los indios contra fusiles y aviones del Gobierno. A la par de esta, también destruyeron los ecosistemas que integran este extenso territorio.

 

Lo acordado por el Gobierno y la multinacional precisa una distribución de lo producido así:

 

88,25% transnacionales petroleras
8,25% Estado colombiano
3,50% dinastía Barco

 

Ese “pequeño” porcentaje (parecido a lo narrado por Malba Tahan en “El hombre que calculaba”) le significó al clan Barco, guardado como patriotas en los textos escolares, “regalías” mensuales, que manejadas a través de un banco en New York le generaban una renta líquida mensual de US$ 52.000.

 

Por su parte, a las multinacionales que pusieron mano en territorio indígena, les permitió, a lo largo de cuarenta años, extraer 256 millones de barriles, que traducidos en dólares les significaron USD$ 615,8 millones (Promedio USD$ barril: 2,4). Cantidad de dinero que dejó de percibir el país, y de gozar para su mejor vivir el conjunto social nacional, por efecto de unos gobiernos que nunca han mirado hacia los suyos, gobiernos que desde siempre han estado sometidos –sin coacción alguna– a un Estado extranjero al que han considerado “La estrella polar”.

 

Pero no solo percibieron tales ganancias. Además de entregarles la riqueza nacional a las multinacionales a precio de remate, terminaron comprándoles lo que es del país. En efecto, en una negociación realizada entre los años 1972-1975 la Colombian Petroleum Company y la Mobil Oil recibieron USD$ 22,6 millones por los derechos que tenían sobre los recursos de todos los que habitamos esta esquina de Sur América.

 

Desafueros, sometimiento incondicional a mandatos extranjeros, solamente contenidos, como se recordará, por la dignidad de los trabajadores reunidos en la Unión Sindical Obrera.

 

1937: Reconocimiento de la personería jurídica de la USO. Solamente fue hasta 1935, cuando el gobierno del presidente liberal Alfonso López Pumarejo viró en torno a la protección de las asociaciones sindicales; con anterioridad no existía legislación que protegiera y respaldara a los sindicatos, por tanto eran considerados ilegales por el Estado y el capital.

 

1940-49: petróleo y conflicto laboral. Las luchas sociales de la década de 1940 tuvieron como una de sus principales motivaciones la reversión de la Concesión de Mares a la nación y la necesidad de crear una empresa petrolera del Estado. El gaitanismo, con su líder a la cabeza, se apersonó de esta lucha nacionalista. No es casual que fuera en Barrancabermeja donde tomaran forma organismos de poder popular local encabezados por el sindicato petrolero, como respuesta organizada ante el asesinato del líder popular el 9 de abril de 1948.

 

1948: “El petróleo es de Colombia y para los colombianos”, lema de la USO. Se declara la huelga en la Tropical. Los obreros logran que se reconozca la legalidad de la protesta y colocan en el debate público el tema de la reversión y la nacionalización del petróleo. Consiguen que el Gobierno conservador de Mariano Ospina (1946-1950) ratifique el fin de la Concesión De Mares en 1951 y concrete la creación de una empresa colombiana de petróleos.

 

1951: Nace Ecopetrol y reversión al Estado colombiano de la Concesión De Mares. Bajo el marco legal del Decreto 0030 de 30 de enero de 1951 y la Ley 165 de 1948, nace la Empresa Colombiana de Petróleos –Ecopetrol–, el día 25 de agosto. Reversión al Estado colombiano de la Concesión De Mares. Con la constitución de Ecopetrol y el recibo de la concesión De Mares, el Estado colombiano comenzó su intervención directa en la cadena de producción de petróleo.

 

1951: ilegalización de la USO. El mismo día del nacimiento de Ecopetrol, desaparece la USO temporalmente porque le retiran la personería jurídica. Se fundan dos sindicatos: Sintranal y Sincopetrol, dando inicio al paralelismo sindical. Tras la ilegalización de la USO, los trabajadores deciden quemar los archivos del sindicato como un acto de defensa contra la persecución de que son objeto por parte del Estado.

 

1960: Huelga en contra del sistema de contratistas de la Colpet. Los obreros se lanzaron a una huelga de 29 días exigiendo la derogatoria del sistema de contratistas y de la “cláusula de reserva”, una norma que autorizaba a la empresa petrolera para despedirlos sin fórmula de juicio. Un año después realizaron multitudinarias manifestaciones callejeras para demandar la nacionalización de la Colombian Petroleum Company –Colpet– que controlaba la concesión Barco en el Catatumbo. Hernando Durán Dussán, ministro de Minas del gobierno de Alberto Lleras Camargo (1958-1962), negó reiteradamente la solicitud. A partir de ese momento declinó la producción en forma vertical, y en 1964 la Colpet inició los preparativos para su retirada, vendió los equipos que debía transferir sin costo alguno al país; desmanteló las instalaciones y dejó los pozos exhaustos.

 

1961: Refinería y USO. Ecopetrol asume el manejo directo de la Refinería de Barrancabermeja. Se fusionan Sintranal y Sincopetrol y recuperan el nombre de Unión Sindical Obrera –USO–.

 

* Economista político y filósofo humanista, integrante del comité editorial del periódico Desde abajo.

Información adicional

  • Autor: Libardo Sarmiento Anzola*
  • Edición: Nº237
  • Sección: Memoria
  • Fecha: Julio 20 - Agosto 20 de 2017
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