Martes, 25 Julio 2017 18:13

¿Democracia o geopolítica de la competencia económica mundial?

Escrito por Sebastián Giraldo y Felipe Martínez
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El pasado 13 de julio la Fiscalía General de la Nación, le dirigió al Consejo Nacional Electoral, en vísperas del vencimiento de términos para esta investigación, un conjunto de pruebas que confirman certeramente que con relación a la campaña presidencial 2014 – 2018 Odebrecht asumió costos relacionados tanto con Santos como con su contendor Zuluaga. Muy probablemente esto tenga cero impacto político y cero impacto jurídico, pero dejan la constancia histórica de que Juan Manuel Santos fue reelegido violando las reglas que dice defender. ¿Algún Presidente no habrá procedido igual?

 

Las victorias electorales tienen relación directa con la capacidad de financiación de las campañas, las maquinarias políticas tradicionales, aceitadas con miles de millones, son desplegadas por doquier, enturbiando sin rubor alguno la “democracia del proceso democrático”, de ahí que quienes no cuenten con financiación suficiente, difícilmente triunfen. Y en esa financiación siempre están presentes los grandes grupos económicos, las familias que han hecho de lo electoral una empresa, las mafias de distinto orden; los gobernantes, en realidad, son los proveedores. De ahí que en el caso que nos ocupa, Odebrecht solo confirma la relación incestuosa entre política formal –electoral– y poder económico. Pero, entonces, ¿qué es lo distinto acá? Lo diferente es que los Estados Unidos necesitan quebrar el proyecto de gobierno soberanista de Brasil, el mismo que miró hacia otras partes del mundo, pluralizando su geopolítica, integrando los Brics, y abriendo disputa sobre el poder subregional.

 

Es en esa disputa que Odebrech aparece como una ficha útil. Espiada por años por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, empapelada, sacan a relucir todos sus acuerdos espurios cuando más le conviene al poder del Norte, que a través de su Departamento de Justicia entrega gran cantidad de pruebas contra de la multinacional carioca. De inmediato se ahonda la crisis de poder en Brasilia.

 

Pero no solo allí. En su denuncia detalla los sobornos de Odebrech –a lo largo de 20 años– a favor de funcionarios de primer orden de 12 países: Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela,​ para obtener beneficios en contrataciones públicas.

 

¿Doble rasero?

 

Para el caso colombiano es notable el flujo de contratos y la falta de transparencia de muchas empresas multinacionales que tienen negocios e interés en nuestro país. La inversión extranjera directa neta en Colombia casi se triplicó en febrero del 2017 a 675,8 millones de dólares, desde 230,9 millones de dólares, un monto superior en un 13,9 por ciento a febrero del 2016, según cifras de la balanza cambiaria. De ellos el más grande la inversión foránea destinada al sector minero-petrolero que repuntó un 38,8 por ciento interanual a 360,7 millones de dólares, en contraste con otros sectores de la economía que se contrajeron un 20,4 por ciento interanual1.

 

El más reciente informe Transparencia en la presentación de informes corporativos: evaluación de las empresas más grandes del mundo, elaborado por la Corporación Transparencia Internacional2, concluye que de las 57 multinacionales que cotizan en bolsa y operan en Colombia, tan sólo cinco hacen pública su información. Gigantescos depredadores del tamaño de Anglo Gold Ashanti, Greystar Resources, Gran Tierra Energy, Esmerald Energy, BHP Billiton, Aguas de Barcelona, Anglo American, Coca-cola, Drummond, Intercor, y B.P, multinacionales del norte que mantienen operaciones secretas, exenciones tributarias y financiación de campañas –como por ejemplo de ProBogotá, con socios como Coca-Cola, a favor del alcalde Peñalosa– que no tienen todo el escándalo y el revuelo que tiene el caso de Odebrecht.

 

Democracia vendida

 

Empresas que financian campañas electoral, que compran gobiernos, y que luego recuperan lo invertido a través de contratos, como a lo largo de los años lo consiguió la multinacional brasileña en todos los países donde inyectó dinero en campañas presidenciales. El contrato a dedo logrado en Colombia por dos billones de pesos, durante el gobierno Santos, confirma la norma.

 

Pero el tema acá, como pretende hacerlo ver el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, no es de corrupción, sino de poder político y geoestrategia. La corrupción es el modo natural de operar de las grandes empresas, realidad que quieren matizar con reglamentos. En nuestro país existen al respecto normas, que restringen y condicionan el financiamiento de los partidos y candidatos para garantizar, teóricamente, la equidad entre los protagonistas políticos, al igual que la “transparencia” en los procesos electorales.

 

Una campaña electoral es definida en la ley a través de una lista de gastos autorizados: gastos de administración, de oficina y adquisiciones, inversión en material y publicaciones, actos públicos, servicio de transporte, gastos de capacitación e investigación política, gastos judiciales y de rendición de cuentas, gastos de propaganda electoral, costos financieros y “otros gastos”. Pero en Colombia el Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano principal de control a nivel nacional, no tiene ni las capacidades humanas ni técnicas o financieras para asumir su rol, mucho menos la voluntad política pues esta institución, cuyos miembros son nombrados por los mismos partidos políticos que supuestamente debería controlar, está cuestionada por su nula independencia y su efectiva inoperatividad.

 

Por ello el financiamiento privado, visible o invisible, es uno de los factores de distorsión en la disputa electoral, y que reside en buena parte, en el desequilibrio del modelo “mixto” a favor de los aportes privados que anula o debilita fuertemente el impacto democrático de los aportes públicos.

 

La publicidad electoral es la medida principal del gasto de campaña (representa 60,40% de los gastos) y es la causa principal del crecimiento de los costos. Esta desigualdad se profundiza al no existir ningún marco que garantice la difusión equitativa de las diversas propuestas políticas. En este sentido, los medios de comunicación dominantes tienen total libertad para manejar los espacios publicitarios en la disputa política y favorecer al candidato o a las propuestas políticas que responden a sus intereses, es decir, los intereses de los grandes grupos económicos.

 

De esta manera y de acuerdo a esta lógica política, quizás el mayor impacto que tengan estas cartas del fiscal Delgado sea dejar la constancia para la historia de que Santos fue elegido no solo por su bandera de la paz sino, y esto fue fundamental, por los, por lo menos, tres mil millones de pesos más de los permitidos por la ley. Denuncia del fiscal Delgado que permite salir a la luz pública, una vez más, una verdad cruda y dura: la política electoral en Colombia y el mundo está privatizada, restringiendo la democracia –en su forma– a grupos y sectores sociales cada vez más comprimidos.

 

1 http://www.portafolio.co/economia/inversion-extranjera-neta-en-colombia-febrero-de-2017-504088 
2 http://www.elespectador.com/noticias/economia/multinacionales-mas-y-menos-transparentes-articulo-358746 

Información adicional

  • Autor: Sebastián Giraldo y Felipe Martínez
  • Edición: Nº237
  • Sección: Opinión
  • Fecha: Julio 20 - Agosto 20 de 2017
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