Sábado, 02 Septiembre 2017 10:43

La todopoderosa regla (fiscal)

Escrito por Editorial
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“Una cosa piensa el burro y otra quien lo arrea”. Esta máxima del saber popular, a pesar del paso del tiempo, conserva plena actualidad. Así lo recuerda para el caso colombiano la relación economía-sociedad, en particular la relación entre fisco y derechos sociales, conjunción determinada desde hace unos años por la lógica neoliberal, por la prioridad de la estabilidad fiscal sobre el bienestar social, individual y colectivo.

 

“Manejar bien lo público, conservando la estabilidad fiscal”, alega el decálogo neoliberal; es decir, que la ecuación ingresos-egresos no se desajuste. ¿De dónde proviene esta preocupación? Del interés de los organismos multilaterales por garantizar que los Estados deudores cancelen de manera oportuna sus compromisos con la banca de todo tipo. Esa es la razón de peso que reposa detrás de su alegato. No es nada más, así lo disfracen con mayores argumentos.

 

Y en pro del ajuste ideal, del ahorro perfecto para garantizar el pago oportuno a la banca, en beneficio del gasto “bien manejado”, los derechos sociales, individuales y colectivos no importan y quedan postergados. Primero el billete, luego la vida. O sea que estamos ante una nueva adoración del becerro de oro: hoy, en genuflexión perfecta ante el capital internacional, el jefe de gobierno y su equipo económico y político rinden toda clase de pleitesías al mandato bancario, multilateral o no.

 

La gente que espere o que pague por el derecho. Así piensan y así actúan quienes detentan el poder estatal en la mayoría de países. Para la muestra, varios botones: en la legislación pasada, el Congreso de la república, en una extraña preocupación por causas sociales tan ajenas a su ejercicio politiquero, aprobó varios proyectos acordes con intereses individuales y colectivos: reducir el número de semanas que las mujeres deben cotizar para acceder a pensión, recortar el porcentaje económico que los pensionados pagan para beneficiarse del servicio de salud, terminar con el cobro que realizan las empresas de servicios públicos por reconectar el servicio –agua, luz, gas– a quien no lo haya cancelado de manera oportuna; incluir en el POS el tratamiento contra la infertilidad; autorizar la realización de pruebas a los recién nacidos (tamizaje neonatal) para prevenir enfermedades, y empezar tratamientos adecuados y oportunos a quienes les sea detectada alguna patología.

 

En medio del trámite de estas iniciativas, ya se decía que si salían aprobadas el Presidente las vetaría. ¿Qué alegaría para ello? Que de darles vía libre a tales iniciativas se dispararía el déficit fiscal, razón última de la sacrosanta regla que criticamos. Y así fue: una a una, el Presidente vetó lo aprobado por el Congreso, mientras en un solo caso (tamizaje neonatal) el pero provino del Ministerio de Salud, que encontró incongruencias entre lo aprobado en Cámara y Senado (en el momento de la conciliación).

 

El costo de lo aprobado

 

Las inversiones por realizar en beneficio de grandes grupos sociales son mínimas, pese a lo cual el Presidente rechazó las leyes aprobadas. En el caso del aporte para salud por parte de los pensionados, en particular para los que devengan hasta cuatro salarios mínimos, los que empezarían a aportar el 4 por ciento en vez del 12 como hoy les corresponde, el costo fiscal asciende solamente a 2,3 billones de pesos anuales.

 

En el proyecto que pretendía la reducción de las semanas cotizadas por parte de las mujeres para acceder a pensión, pasando de las 1.300 semanas –como les obliga hoy, al igual que a los hombres– su costo ronda los 10,3 billones de pesos, los cuales tendrían que ser abonados por el Estado.

 

La concreción de la iniciativa para prevenir la infertilidad, incluyéndola en el POS, la afectación económica es de sólo 1,1 billones de pesos año.

 

En cuanto al tamizaje para los recién nacidos, lo que se convertiría en un conveniente diagnóstico de prevención en salud, es decir, el ejercicio beneficiaría a miles de infantes. Aunque aparentemente la trascendencia de una medida de este calado no llegara a ser mayor, un sencillo análisis permite comprender que en forma potencial habría un gran beneficio para las empresas prestadoras de salud, ya que, al prevenir enfermedades, a la larga ahorrarían millones de pesos en el tratamiento de las mismas. Y el costo anual pudiera llegar únicamente a 80 mil millones de pesos.

 

Por su parte, la reconexión de los servicios públicos afecta los ingresos de las empresas privadas o públicas que los prestan, y en ningún caso al Estado; sin embargo, desde el Ejecutivo se alega que, de así proceder, se viola el principio de igualdad, pues “se premia al incumplido”, argumento que no procede, pues, al rechazar lo aprobado lo que en realidad está haciendo el Ejecutivo es una injusta defensa de los intereses de unos pocos, ya que las empresas prestadoras de estos servicios, privadas o públicas, cobran altas tarifas, de las más altas en Latinoamérica, y sin dificultad alguna para sus arcas podrían renunciar a este cobro. Como es deducible, quienes dejan de cancelar las facturas, en la mayoría de los casos, son aquellos hogares que sobreviven sometidos a grandes dificultades, en medio de condiciones de penuria. Cobrarles la reconexión es ayudar a la agudización de sus condiciones de vida, y de ninguna manera una acción educativa o ejemplar para que “aprendan a cumplir con sus obligaciones”, como dicen las gerencias empresariales, con gran eco por parte de Juan Manuel Santos.

 

La palabra empeñada

 

La íntima conexión que mantiene Santos con el sector privado de la economía es innegable y resalta en lo comentado, conexión que lo aleja del país nacional, al que le prometió en su campaña presidencial liderar el proyecto de ley que beneficiara a los pensionados, ahora traicionados, como otros tantos que han confiado en él. Al país también le prometió que al final de su mandato prevalecería la equidad.

 

Palabras al viento, como sucede de manera reiterada con los políticos tradicionales, que actúan como el doctor Jekyll y Mr. Hyde, con la única diferencia de que los políticos sí controlan su doble personalidad, extendida a la democracia realmente existente en Colombia, donde todos los derechos están consignados en la Constitución pero muy pocos se cumplen, brillando por su ausencia la igualdad, la equidad, la solidaridad, la justicia.

 

Tenemos, pues, un Estado monstruo, aunque en muchas ocasiones aparente lo contrario: un Estado que les niega a las mayorías sus derechos pero protege a la minoría. Sin duda. Mientras niega el aporte de los pequeños montos aquí relacionados a fin de garantizar la puesta en práctica de los proyectos aprobados por el Legislativo, aprueba, ahí sí, la destinación de inmensas sumas al estímulo de la inversión de capital privado en diversos proyectos viales y de otro orden, así como contribuye a que no quiebren. Con ese propósito, de un lado les reduce lo correspondiente al impuesto de renta, permitiéndoles a partir de este mismo año deducir el IVA que puedan haber pagado sobre los bienes de capital, estableciendo nuevos beneficios para quienes inviertan en turismo, hotelería y energías renovables, y quienes instalen sus industrias en cualquiera de los 300 municipios afectados por el conflicto armado. También los excluyen del pago por importación de materias primas y bienes de capital que el país no produzca. ¿Cuántos billones puede sumar este conjunto de dádivas? Hagan sus cuentas.

 

Pero no contento con ello, aprueba 9,2 billones de pesos para continuar con el programa 4G, construcción de viviendas subsidiadas y cerca de 18 mil aulas, inyectándoles, además, 21 billones de pesos como impulso a la productividad y el Empleo (iniciativa conocida como Pipe II).

 

Tenemos aquí, sin tapujos, la dictadura de la regla (fiscal): para las mayorías, dolor y mancha; para la minoría, bálsamos para que vivan mejor.

Información adicional

  • Autor: Equipo Desde abajo
  • Edición: 238
  • Sección: Editorial
  • Fecha: Agos 20 - Sept 20
Visto 79 veces Modificado por última vez en Miércoles, 06 Septiembre 2017 16:22

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