Martes, 26 Septiembre 2017 15:31

Con licencia para explotar y matar

Escrito por EDWIN GUZMÁN
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A medida que el negocio de explotación de la naturaleza aumenta, el asesinato de quienes se oponen a esta realidad se expande por todo el mundo. Un modelo que no se detiene ante sus efectos sobre el medio ambiente ni ante los intereses y derechos de comunidades locales. Una fórmula que se repite en varios países. Promesas inversionistas, gobiernos corruptos, criminalización de la defensa local del territroio y el ambiente, y la muerte de líderes sociales. Este es el modelo de desarrollo que nos quieren imponer.

“Defender la tierra”, así se titula el más reciente informe de Global Witness, una Ong dedicada a sistematizar las agresiones sufridas por los defensores del medio ambiente y de tierras comunitarias. Allí confirma que “el año pasado en el mundo, al menos 200 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados, siendo el año con mayores muertes registradas [...]. Esta tendencia no está sólo creciendo, se expande, con asesinatos diseminados en 24 países, mientras que los registrados en 2015 fueron en 16 países”1. Sus estadísticas relacionan que desde 2010 y hasta el 2017, casi se completan 1.000 asesinatos.

 

Entre los países más peligrosos para quienes legítimamente se empoderan para oponerse a los grandes megaproyectos y monocultivos aparecen Brasil, Honduras, Nicaragua, Filipinas, India, República del Congo y, obviamente, Colombia.

 

Violencia soterrada y abierta

 

El capitalismo es un modelo depredador, su afán de lucro no mide consecuencias ante la explotación. Desarrollo que mata, ese es el rostro que siempre ha tenido. Ahora que no funciona la eterna e incumplida promesa del “desarrollo” y el “bienestar colectivo”, es cada vez más común el uso de la fuerza para imponer proyectos extractivos, saltándose el derecho comunitario y colectivo a la consulta previa.

 

Uso de la fuerza y desconocimiento de derechos que no pasa impune; las comunidades, conscientes del peligro que corren sus territorios activa su legítima defensa, se movilizan, denuncian, encontrando como respuesta gubernamental la criminalización de sus liderazgos locales y de la misma protesta. Caen sobre ella, entonces, arbitrariedades, abusos y homicidios por parte del capital voraz. La metáfora histórica colonial de civilizado vs salvaje, sigue viva. El 60 por ciento de estos homicidios recaen sobre comunidades indígenas, hermanos mayores que luchan contra la idea de progreso.


Es una lucha desigual. La “incapacidad” estatal para garantizar los derechos y bienestar colectivo, se pasa por la faja la soberanía local, facilitando así que empresas nacionales y extranjeras impongan sus intereses. Lo que ilustran las estadísticas, es que son numerosos los procesos anómalos de consulta, que no son libres, ni previas, ni suficientemente informadas, ni logran el consentimiento colectivo. Los gobiernos presentan, cada vez más, acusaciones penales falsas contra activistas, sometiéndolos, a padecer allanamientos policiales, detenciones ilícitas, multas y encarcelamientos. La resistencia social termina convertida en delito penal.

 

Periscopio

 

Los Estados Unidos no registran muertes de defensores, pero su tarea cada vez es más obstaculizada y criminalizada, como denuncian sus comunidades indígenas, opuestas al fracking, a la construcción de oleoductos y a los monocultivos. Las leyes van en contra de la protesta, ilegalizándola; así lo constata el informe en cuestión, el mismo que registra alarmantes casos en África (República del Congo), donde los asesinatos afectan de manera notable a los guardabosques. En Asia (India), con grandes proyectos mineros y de tala de bosques, el mecanismo de violencia procede a través de una policía cada vez más vendida, lo cual la convierte en el cuarto lugar más mortal para los defensores del planeta.

 

En América Latina, en el 60 por ciento de los asesinatos de estos líderes están implicados los bancos, por ser inversionistas en las explotaciones de bosques, aguas y similares. Las muertes registradas durante el 2014 –con un promedio de dos a la semana– sumaron las tres cuartas partes de todos los asesinatos registrados en todo el mundo. Para el 2015, con un total de 122 asesinatos2, la región registró el peor de los años.

 

Resalta de manera preocupante en este informe, los casos de Nicaragua, donde 11 defensores fueron asesinados, convertido así en el país, percapita, más peligroso del mundo. Sólo una de estas muertes no pertenecía a comunidades indígenas centroamericanas. Un genocidio selectivo producto del interés por el canal interoceánico, bajo el dominio de la empresa china Hong Kong Canal Development Group (Hknd), con una concesión de 100 años de operación de un megaproyecto tres veces más grande que el Canal de Panamá, el que implicará el desplazamiento de 120.000 indígenas.

 

En Honduras, los asesinatos ejecutados durante el 2016 se elevaron a 14, crímenes que sumados desde el 2007, y hasta la fecha, alcanzan a 127. Desde el asesinato de Berta Cáceres –3 de marzo de 2016– han consumado otros siete homicidios, transformando a éste en el país más peligroso para el activismo ambiental. Ante estas acusaciones el gobierno presentó acciones legales en contra de Global Witness, apoyado para ello en los voceros de las industrias, básicamente criticando y cuestionando su labor por frenar el desarrollo del país y tener fines conspirativos.

 

mapa p7

 

 

Grafico p6

 

Colombia

 

Datos escandalosos los de estos países vecinos, pero el nuestro no rompe con el crimen en contra de este tipo de activistas sociales: acá el número de asesinados durante el 2016 creció en un 40 por ciento. Los 37 casos conocidos y documentados superan los registrados en Honduras y Nicaragua. Global Witness se pregunta por semejante cifra en tiempos de acuerdos de paz. La “debilidad” estatal es cómplice del poder de grupos locales; 22 de estas muertes son atribuidas a los paramilitares. Y el gobierno insiste en que no existe un fenómeno sistemático.

 

Entre los homicidios más recientes, es necesario recordar que el pasado 17 de enero fue encontrada muerta, apuñalada y baleada, con su esposo, la lideresa de Red Comunidades Construyendo Paz en los Territorios –Conpaz– Emilse Manyona, que denunciaba a paramilitares e intereses internacionales mineros y agroindustriales en el Valle del Cauca, en especial en territorio correspondiente al municipio de Buenaventura. Las presiones sobre las comunidades continúan: hace unos meses Jakeline Romero, lideresa de la comunidad Wayuú, comenzó a recibir amenazas por oponerse a la solicitud de las empresas del Cerrejón Glencore BHD Biliton y Anglo American para desviar el río Ranchería.


El capital no atenúa su voracidad. Ahora las comunidades ya no comen el cuento del “desarrollo”, que cual espejo busca deslumbrar. Y entonces, ahora el capital pretende desconocer los mecanismos de participación autónoma local, activando un modelo estatal que busca la criminalización de quienes asumen la legítima defensa de sus territorios. ¡Qué escenario de impunidad para el asesinato sistemático y selectivo de docenas de personas!


Nuestro futuro, colectivo, sin naturaleza ni defensa alguna, es incierto. Futuro envolatado ante un supuesto “desarrollo” que en realidad es destrucción ambiental, violencia contra las comunidades, desplazamiento de miles, sometimiento de los negados de siempre.

 

Estamos ante mundo civilizado que muestra su verdadero y salvaje rostro.

 

1 Global, Witness. (2017) “Defender la tierra. Asesintaos globales a defensores/as de la tierra y el medio ambiente en 2016” Paág. 6 disponible: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defender-la-tierra/.
2 Global Witness. (2016) “Entreno peligroso” disponible https://www.globalwitness.org/en/reports/terreno-peligroso/

 


Recuadro


¿Cuál es la causa de los ataques?

 

La lucha entre los gobiernos, las empresas y las comunidades locales por el uso de la tierra y los recursos naturales son la base de la mayoría de los asesinatos documentados por Global Witness. En algunos casos, identificamos a los sectores específicos que las personas defensoras habían o a los que se habían opuesto antes de su asesinato:

 

Sector  Total
Minería y petróleo 33
Explotación forestal  23
Agroindustria  23
Caza ilegal 18
Agua y represas  7
Otros  4

 

 

Información adicional

  • Antetítulo: EL RIESGO DE DEFENDER NUESTRA TIERRA
  • Autor: EDWIN GUZMÁN
  • Edición: 239
  • Sección: Derechos Humanos
  • Fecha: Sept20-Oct20
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