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Indignación nacional ¡Todos por el derecho a la salud! …A derogar los decretos

Indignación nacional ¡Todos por el derecho a la salud! …A derogar los decretos
Titulares: ¡La Iglesia exige al Gobierno revisar los decretos! ¡Trabajadores del sector salud se tomaron dos iglesias! ¡Rechazan al sentido que Uribe da a la emergencia social! ¡Exigen el cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional T-760 de 2008 y C-614 de 2009! ¡Marchas en varias ciudades del país, como expresión de repudio, hubo el 6 de febrero! ¡Los trabajadores estatales citan una jornada de protesta para el 18 de febrero! (desde abajo).
 
A expensas de la salud, la vida y el patrimonio del conjunto de la población, y de la autonomía de los profesionales de la medicina; y como parte del ‘Estado de Opinión’, Uribe da un paso más de privatización en la salud, y de imposición de más impuestos. Es una repetición de lo mismo desde la Ley 100 de 1993.
 
Al amparo de una declaratoria de emergencia social del 23 de diciembre de 2009, Uribe sancionó 15 decretos de reforma al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Entre otras consecuencias, causa estupor la posibilidad de sanciones para los médicos y odontólogos que formulen más de los servicios contemplados en el recetario del POS. Las EPS se aseguran así una mayor docilidad de los profesionales, en un insólito caso de subordinación del personal de salud a los intereses y designios económicos de estas empresas.
 
Argumenta el Gobierno que la emergencia es necesaria para la obtención de recursos financieros adicionales, ya que la atención de salud tiene un grave problema de iliquidez. En especial, por los gastos para atender los servicios no contemplados, ordenados a través de las sentencias de tutela, en el Plan Obligatorio de Salud (servicios NO POS). Mienten. Las EPS tienen un enorme patrimonio, y actúan con estrategia de oligopolio. En el caso de Saludcoop, ésta ha aumentado su patrimonio en 176 veces desde su creación en 1994. Adicionalmente, el 55 por ciento de las tutelas en salud reclaman aspectos financiados en el POS. Entonces, no es cierto que el sistema vaya a quebrar por la financiación de los servicios NO POS.
 
La declaratoria de Emergencia le permitió a la administración Uribe evitar el debate en el Congreso de la República y sancionar un conjunto de decretos con fuerza de ley. Muestra así, una vez más, su talante dictatorial, de un lado, y del otro su actitud servil ante los intereses del sector financiero y asegurador privado. Las medidas tomadas favorecen claramente a las aseguradoras del sector (ya todas son privadas, con excepción de Caprecom).
 
Como un hecho nuevo y positivo, la gente expresa su enorme rechazo a las medidas, en foros públicos, consultas virtuales; comentarios a los artículos de prensa, y noticieros radiales y televisivos, en la red electrónica, en mítines y movilizaciones, y creando un grupo llamado “Todos en contra de los decretos de emergencia social de 2010 en Colombia”.
 
Legislar para favorecer las ganancias de las EPS
 
Dentro del conjunto de decretos emitidos, el que más levanta ampolla es el que reduce el POS a servicios de salud de bajo costo y baja complejidad. Felices, las EPS ganarán más con el ahorro de recursos en tanto la Unidad de Pago por Capitación (UPC) será igual, mientras los usuarios sufrirán una notable disminución en el nivel de los servicios que reciben.
 
De éstos, los NO POS, que ahora se llamarán Servicios Excepcionales de Salud, serán cubiertos con los recursos de los pacientes mismos. Y de no tener liquidez, deberán recurrir a sus ahorros de cesantías o pensiones. De lo contrario, acceder a créditos bancarios. De este modo, el sistema de salud reasigna a las propias personas la responsabilidad del pago de atención, en las circunstancias en que las cotizaciones y los copagos no sean suficientes, amén de las cuotas moderadoras.
Secretarios de Salud y Gerentes de Empresas Sociales del Estado (ESE) señalan el riesgo de un mayor deterioro y la desaparición de la red pública hospitalaria, en la medida en que no define un adecuado tope mínimo de contratación de las EPS con los hospitales públicos, y también por retornarles los recursos de promoción y prevención a las EPS, que ya demostraron ineficiencia y corrupción en su manejo. Los pacientes de enfermedades denominadas “catastróficas y de alto costo” han expresado preocupación frente a la imposibilidad de pagar sus tratamientos.
 
Asimismo, hay otras medidas que critica la gente con menor volumen. Una encubierta reforma tributaria que incrementa los impuestos a la cerveza, los cigarrillos y los juegos de azar. Más grave, la decisión de retornar los recursos de promoción y prevención a las EPS (otro dinero para su bolsillo), o que el porcentaje de contratación de éstas con la Red Pública Hospitalaria sólo llegue –si acaso– al 60 por ciento y no tenga el mínimo del 60, como estipuló la Ley 1122 de 2007. Una burla que impide controlar la uña larga de la integración vertical (el contratar directo de las EPS con su propia red prestadora de servicios de salud), y que ahora, de nuevo les permite llenarse con dinero de un bolsillo a otro. Pero sobre todo, afecta la sostenibilidad financiera de la Red Pública. Las medidas dejan claro por dónde va el agua al molino. 
 
Se evidencian las complicidades y el poder político de las aseguradoras para incidir en las decisiones del gobierno nacional. Hacen uso, repiten argumentos desmentidos por sectores académicos y profesionales, como son: “que el sistema de salud se encuentra en iliquidez” o “que las EPS van a quebrar”. En realidad, hay dinero en el sistema. El Fondo de Solidaridad y Garantías (FOSYGA) tiene $ 6,5 billones, pero el 93,7 por ciento lo tienen invertido en títulos valores.
 
Múltiples expresiones  de rechazo e indignación
 
Aún con la ‘popularidad’ de Uribe, los decretos no pasan sin dejar huella. Como no se había visto antes, aun con el evidente deterioro de la atención en salud a partir de la Ley 100, la indignación generalizada de la población colombiana se ha dejado sentir. Además, diversos sectores políticos se han expresado en contra de las medidas, y de igual manera se siente la propia indignación y el descontento de los diversos sectores que integran el sector salud.
 
Los médicos se han pronunciado en forma vehemente. Protestan contra el decreto que busca coartar todavía más su menguada autonomía. Por su parte, los sectores académicos han rechazado la justificación de la declaratoria de emergencia social, que no es tal. Responden que los decretos no resuelven los problemas estructurales de salud existentes en el país.
 
A pesar de que el Gobierno ha hecho un amplio ejercicio de manipulación en los medios de comunicación para ‘desmentir’ con palabras sus decisiones por escrito, no logra contrarrestar la irritación de la gente. Si se tratara de aceptar la tesis del ‘Estado de opinión’ que se quiere imponer, es claro que las voces generalizadas de la población apuntan hoy a la derogación de los decretos e igualmente a garantizar el derecho de la población a la salud.
 
Construir un Frente Amplio por el Derecho a la Salud 
 
Ahora, si bien es cierto el estado de crítica y descontento, también es verdad que algunos sectores de la salud, de manera individual, buscan negociaciones particulares.
 
Es el caso de la Academia Nacional de Medicina, que, arrogándose la representación de todo el gremio médico, ha tenido conversaciones exclusivas con Uribe, en busca de una derogación del decreto que a su entender sólo afecta su autonomía. Pero hay otras expresiones del gremio médico que plantean cómo el problema no es sólo la autonomía, de por sí violada desde hace muchos años; contiene también los bajos salarios, los ritmos acelerados y forzados de trabajo, y las formas de contratación por cooperativas (otro gran negocio de intermediación en el sector), que pauperiza a los profesionales de la salud y conlleva un franco deterioro en la calidad de los servicios. Unos efectos que también debemos señalar son fruto de las características del régimen.
Hoy, más que nunca, se requiere la madurez de los diversos sectores con capacidad de conducción política para interpretar la actual coyuntura; para aprovecharla hacia la articulación de todas las expresiones del descontento: desde los enfermos, los vulnerables y el ciudadano común hasta el profesional, el académico, el párroco, el trabajador, bajo el entendido de que la cuestión central es ponerles fin a los decretos y asimismo acordar la propuesta de un modelo de salud –universal, integral, de cobertura toral. con calidad, público, solidaria– que suceda al actual de la Ley 100. Hay que actuar rápido para evitar la manipulación desde el gobierno central, así como respuestas particulares de los gremios. Propiciar un centro de referencia y coordinación es una de las opciones.
 
En tal sentido, surge una inquietud de primera mano: crear un “Frente Amplio” como instrumento de convergencia para la acción y la elaboración de un modelo diferente de salud, que configure un sistema universal, público, equitativo, que tenga como eje la vida, la promoción de la salud, y la prevención de la enfermedad y no el lucro.
 
Resulta, entonces, indispensable ese “Frente Amplio”, integrado por movimientos y organizaciones sociales, redes sociales, gremios profesionales, sindicatos del sector, asociaciones de usuarios, partidos políticos, las iglesias, en fin, por todos aquellos que hoy están en contra de los decretos y que luchan por que en Colombia se garantice efectivamente el derecho a salud para toda la población. 
 
La tarea inmediata de este «Frente Amplio» debe ser conseguir la derogatoria de los decretos en salud, con el impulso sostenido de acciones de movilización y protesta, y con la presión a la Corte Constitucional para que declare inconstitucionales tanto el estado de emergencia social como los decretos. Pero una vez logrado este propósito imperioso, es necesario pasar a una segunda fase para recoger toda la indignación de la sociedad; para configurar una propuesta de nuevo modelo de salud para el país.
 
Este Frente, entonces, puede apoyarse en iniciativas –y jalonarlas– como las que presenta el Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social, de impulsar una séptima papeleta por el derecho a la salud en las próximas elecciones presidenciales. O las lideradas por otros sectores, como realizar un gran Congreso Nacional de Salud de carácter extraordinario. O el impulso a una Constituyente en Salud. Las propuestas no son divergentes sino complementarias, y este es el papel del “Frente Amplio”: darle cabida a la diversidad expresiva y propositiva en el país, con el objetivo de generar una plataforma común que sea impulsada por todos los sectores sociales y el conjunto de la población.
 
En todo caso, sin una clara estrategia no hay razón para creer que una mano invisible sea capaz de garantizar el curso y el éxito de los acontecimientos, aun cuando se produzca un eventual hundimiento de los decretos. Al respecto, cabe recordar que en la marcha y las tareas del Congreso de los Pueblos como “un espacio para el debate y la coordinación” se inscribe:
 
– “relacionamiento de las diversas experiencias en marcha,
superar las prácticas localistas al proyectarlas y permitir que se sientan parte de un todo,
– investigar los temas fundamentales del Estado y abocarlos con sentido comunitario, barrial, veredal,
– relacionar la acción institucional y la extrainstitucional de los sectores populares […]
– potenciar la protesta callejera unitaria, como el mejor expediente para el logro de todo tipo de reivindicaciones” (Ver desde abajo Nº 153 pág. 15).
 
“Si desaprovecháis estos momentos de efervescencia…”.
 
desde abajo hace un llamado y un ofrecimiento. Llamamos a no desaprovechar la actual oportunidad política para un avance en la urgente e irrenunciable confluencia para configurar un nuevo modelo de salud, con profundo sentido humano y popular, en reemplazo del que nos ha impuesto la Ley 100. Ya sufrimos suficiente su carácter perverso.
 
Ofrecemos nuestros espacios comunicativos para la configuración del “Frente Amplio” y el beneficio de difundir sus convocatorias y propuestas.
 
Actuemos con la madurez y la inteligencia política que demandan las circunstancias.
 

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