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Informe de HRightsW sobre los herederos de las AUC. ¿Nuevos paramilitares?

Human Rights Watch (HRW) ha compilado en un informe lo que el pueblo colombiano lleva años sufriendo y denunciando: que el paramilitarismo continúa vigente, cometiendo cotidianamente masacres, ejecuciones, desplazamientos forzados, violaciones sexuales y extorsión, y amenazando a las comunidades que están bajo su control. El informe titulado “Herederos de los paramilitares: La Nueva Cara de la violencia en Colombia” analiza el desarrollo del proceso de desmovilización que el gobierno colombiano implementó entre 2003 y 2006 con 37 grupos armados que integraban la coalición paramilitar conocida como las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). Según el Gobierno, ese proceso fue exitoso porque más de 30.000 personas participaron en ceremonias de desmovilización, se comprometieron a cesar actividades delictivas y se sumaron a programas de reinserción que les ofrecían capacitación, empleo y estipendios. El informe de HRW, presentado el 3 de febrero de 2010, es fruto de dos años de trabajo de campo y relata un duro panorama que incluye el testimonio de víctimas directas de grupos paramilitares; en él que se afirma que “para gran parte de la población civil, la desmovilización de las AUC prácticamente no ha contribuido a cambiar la situación de temor y violencia con la cual convive”.
 
 
El renacimiento de los grupos sucesores de las AUC era predecible para Human Rights Watch, que en 2005 ya había denunciado en otro informe que “las desmovilizaciones estaban legitimando el poder paramilitar sin fomentar una paz verdadera”. En aquel informe ya se anunciaba que los paramilitares desmovilizados no estaban confesando sus crímenes ni entregando cantidades significativas de bienes ni revelando información importante sobre las redes criminales y las fuentes de financiamiento de sus grupos. Al contrario, HRW denunciaba que los paramilitares se estaban aprovechando plenamente del proceso para lavar sus fortunas ilegales y legitimar su control político. Ese mismo año, HRW vaticinaba que “los actuales procedimientos de desmovilización de Colombia no desmantelarán a los grupos paramilitares y conducirán a una impunidad generalizada para incluso las peores atrocidades”. Así, cinco años después de esas afirmaciones, HRW insiste en que el gobierno colombiano no desarticuló las redes criminales de la coalición paramilitar durante el proceso de desmovilización. Así, la organización estadounidense asegura que la implementación inadecuada de las desmovilizaciones permitió también que los paramilitares reclutaran a civiles para que se hicieran pasar por paramilitares durante el proceso, mientras mantenían a una parte de sus grupos en actividad. El Gobierno nunca verificó que quienes se desmovilizaron fueran realmente paramilitares ni si todos los paramilitares efectivamente se desmovilizaron. Como denunciaron muchas organizaciones colombianas en su momento, las desmovilizaciones fueron un espectáculo mediático organizado por el Gobierno para mostrar un éxito simbólico en el camino del fin de la guerra y hacer un lavado de cara que legitimara el accionar criminal de las AUC y sus miembros. 
 
Investigaciones incompletas y tolerancia
 
HRW cree que una de las fallas más graves en ese proceso de desmovilización ha sido que el Gobierno no haya aprovechado el proceso para interrogar en profundidad a los paramilitares desmovilizados acerca de los activos, los cómplices y las operaciones delictivas de estos grupos, con el objetivo de investigar sus redes delictivas y desmantelarlas. Así, por ejemplo, a pesar de que Freddy Rendón, alias ‘El Alemán’, jefe del Bloque Elmer Cárdenas de las AUC, se desmovilizó, su hermano Daniel lo reemplazó inmediatamente y continuó muchas de las actividades delictivas como narcotráfico, extorsión, protección de terrenos apropiados ilícitamente por personas vinculadas con los paramilitares y hostigamiento de civiles en la región de Urabá. Así, HRW afirma que “salvo algunas excepciones, los fiscales no han investigado en profundidad las complejas operaciones delictivas de las AUC, las fuentes que las financian y las redes que las respaldan”. Y es por ello que “los grupos sucesores han podido reemplazar fácilmente a las AUC y han empleado los recursos masivos que ya tenían o podían obtener rápidamente por medios delictivos para reclutar a nuevos miembros y continuar controlando a la población civil y cometiendo abusos contra ella”.
 
En el informe también se manifiesta una cuestión especialmente preocupante, y es que “muchos de los testigos señalaron que en varias regiones sectores de las fuerzas de seguridad se mostraban tolerantes con los grupos sucesores”. Tanto fiscales como miembros de alto rango de la Policía señalaron a HRW que esa supuesta tolerancia de algunos funcionarios del Estado y sectores de la fuerza pública representaba un verdadero obstáculo para su labor. HRW expresa que en cada una de las ciudades y regiones visitadas recibió reiteradas denuncias de tolerancia frente a los grupos sucesores por parte de sectores de la fuerza pública.
 
La magnitud del asunto
 
Para HRW, la amenaza que representan los grupos sucesores de las AUC es a la vez grave y cada vez mayor. Con múltiples nombres, la Policía Nacional de Colombia estima que estos grupos tienen más de 4.000 miembros. Por otro lado, los cálculos de las organizaciones no gubernamentales indican que pueden ascender a más de 10.000. Según datos policiales claramente conservadores, esos grupos paramilitares tenían presencia en al menos 173 municipios, de 24 de los 32 departamentos de Colombia, en julio de 2009. HRW denuncia que esos grupos reclutan activamente a nuevos miembros, entre los cuales se incluyen adolescentes, paramilitares desmovilizados, y hombres y mujeres jóvenes. 
 
El Estado colombiano tiene la obligación de proteger a la población civil, impedir que se cometan abusos y juzgar a los perpetradores. En ese sentido, HRW se lamenta de que “el Gobierno aún no ha tomado medidas contundentes y efectivas para cumplir estas obligaciones”. Denuncia también que el Gobierno no ha destinado recursos suficientes a las unidades de policía encargadas de combatir a estos grupos ni al grupo de fiscales responsables de investigarlos. “No ha hecho prácticamente nada por investigar ni prevenir posibles vínculos entre los grupos sucesores y los agentes del Estado o las fuerzas de seguridad pública”. Insiste HRW en que le preocupa que el Estado no haya adoptado medidas específicas para proteger a los civiles frente a esta nueva amenaza. Es por ello que remarca que el Gobierno “se ha mostrado renuente a asignar fondos suficientes y a tiempo al Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, que desempeña un rol fundamental de protección de la población civil, y en ocasiones organismos del Estado habrían denegado asistencia a civiles que denunciaban haber sido desplazados por los grupos sucesores”.
 
Respuesta del Gobierno
 
Ante estas denuncias tan contundentes, publicadas por una de las organizaciones defensoras de derechos humanos más importantes del mundo, la reacción del Gobierno ha sido inmediata. Pero esta vez las voces oficiales han pretendido argumentar deficiencias en el informe pero no han llegado al extremo de la respuesta a la presentación del informe anual de HRW de 2008, cuando el presidente Uribe tildó de “cómplice y defensor” de las farc al director de la ONG, José Miguel Vivanco. Entonces, Vivanco llamó al presidente Álvaro Uribe a no obstaculizar las investigaciones por nexos de políticos de su entorno, empresarios y miembros de la fuerza pública con paramilitares de ultraderecha.
Como respuesta a este nuevo informe que denuncia que Uribe “no ha hecho un esfuerzo serio para romper los vínculos, denunciar y castigar”, el ministro de Interior, Fabio Valencia Cossio, dijo que lo presentado sobre atrocidades de nuevas bandas paramilitares “es sesgado y denota falta de información, de objetividad y de conocimiento del funcionamiento y trabajo conjunto de las instituciones del Estado colombiano”. También afirmó que presenta verdades a medias “que pueden confundir a la opinión pública […] no consultó suficientemente fuentes oficiales, realiza aseveraciones generales e incompletas, sacando conclusiones a partir de simples inferencias”. No se queda ahí el Ministro sino que incluso asevera que el paramilitarismo en Colombia está extinguido y sus jefes en la cárcel.
 
Vivanco, director para América de Human Rights Watch, no dudó a la hora de afirmar en una rueda de prensa: “Vemos una actitud pasiva del Gobierno e incluso un discurso que minimiza el problema”. Valencia no fue el único que descalificó el trabajo de HRW y, por otro lado, el ministro de Defensa, Gabriel Silva, dijo que el informe “desconoce de manera flagrante los esfuerzos del Gobierno y la fuerza pública por cumplir estrictamente la política de derechos humanos y el respeto del Derecho Internacional Humanitario”. En un comunicado oficial, Silva sostuvo que “las conclusiones del informe tienen una orientación política e ideológica que distorsiona la realidad y que tienen ante todo una intención deliberada de afectar la reputación de la política de seguridad democrática”. El Ministerio de Defensa rechaza las afirmaciones del informe que insinúan una supuesta complacencia del Gobierno con las bandas criminales, y agrega que “se le hará llegar por escrito un detallado informe que responde de manera precisa ante esa organización y ante la opinión pública los equivocados señalamientos del informe”, concluye el comunicado. El Gobierno sigue así en su estrategia de descalificar a quien denuncia las violaciones de derechos humanos por parte del Estado en vez de combatir las causas de esas críticas.
 

Human Rights Watch y su informe

Human Rights Watch trabaja desde hace más de 30 años como organización independiente que se niega a recibir financiación de gobierno alguno con la misión de denunciar los abusos sistemáticos contra los derechos humanos en el mundo. El reciente informe de Human Rights Watch sobre la continuidad de los grupos paramilitares en Colombia aborda tres cuestiones principales. En primer lugar, documenta cómo el surgimiento de estos grupos paramilitares sucesores se relaciona con el mal diseño y la inadecuada ejecución por parte del gobierno de Álvaro Uribe del proceso de desmovilización de numerosos dirigentes y tropas de las AUC. En segundo lugar, describe las graves violaciones a los derechos humanos y los abusos y agresiones terribles que esos grupos cometen habitualmente contra la población. Asimismo, resalta patrones comunes de conducta, analizando cuatro regiones en las que el paramilitarismo tiene una presencia significativa: la ciudad de Medellín, la región de Urabá y los departamentos de Meta y Nariño. En tercer lugar, el informe señala las falencias constantes en la respuesta del Gobierno a las operaciones y los abusos de estos grupos. www.hrw.org.

Desmovilización fraudulenta
El informe de HRW señala numerosos fraudes en el proceso de desmovilización. Por ejemplo, explica que funcionarios de la Unidad Permanente para los Derechos Humanos de la Personería de Medellín indicaron que –según surge de encuestas realizadas en los barrios de Medellín– estiman que aproximadamente el 75 por ciento de las personas desmovilizadas como parte de los Bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada en Medellín no eran verdaderos combatientes de tales grupos. HRW relata diversos casos y pone como ejemplo emblemático de fraude la desmovilización de 4.759 supuestos miembros del Bloque Norte, junto con su jefe, Rodrigo Tovar alias ‘Jorge 40’ entre el 8 y el 10 de marzo de 2006. En esa ocasión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos estuvo presente y expresó su preocupación por la situación de fraude. HRW detalla que ‘Jorge 40’ mantuvo en esos días previos comunicación informática con sus tenientes, a los que les ordenaba que reclutaran –de entre los grupos de campesinos y desempleados– la mayor cantidad posible de personas para que participaran en la desmovilización. Esos mensajes incluían instrucciones sobre cómo preparar a estos civiles para el día de la ceremonia de desmovilización, de manera tal que supieran marchar y cantar el himno de los paramilitares. También se refieren a detalles como dónde obtener uniformes y ofrecen instrucciones para orientar a las personas ‘desmovilizadas’ acerca de qué decir a los fiscales, adelantándoles cuáles son las preguntas que estos pudieran formular e indicándoles cómo responderlas. Igualmente, al día siguiente de esa desmovilización, investigadores de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación capturaron a Édgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’, miembro del Bloque Norte que había participado en las ceremonias de desmovilización pero que continuaba dirigiendo las operaciones del grupo en esa región del país. En otros casos, los combatientes y jefes de rango medio que supuestamente se habían desmovilizado continuaron participando de las mismas actividades.
 

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