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Declaración política de la Gran Coalición Democrática. ¡Alerta! ante las maniobras oficiales

Declaración política de la Gran Coalición Democrática. ¡Alerta! ante las maniobras oficiales

Bogotá D. C., febrero 16 de 2004

Pese a la desaforada intervención presidencial, jugándose todo su prestigio para convencer a los colombianos, mediante el chantaje y el halago, de las bondades de las reformas propuestas, al abrigo de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, la inmensa mayoría de la población se abstuvo de concurrir a las urnas, propinándoles una rotunda derrota a las pretensiones oficiales.

Tales circunstancias entrañan un cambio en la situación política nacional que, si bien no alcanza la profundidad y la trascendencia suficientes, ha obligado al gobierno a replantear varios aspectos de su estrategia política. A ello también contribuyó que la mayoría de los candidatos bendecidos desde la Casa de Nariño mordieron el polvo de la derrota en los comicios territoriales del domingo siguiente a la amañada consulta popular. Uribe Vélez, en atención a los dictámenes de Washington, tiene un plan de gobierno que ha venido desarrollando sin pausa, del cual el contenido del referendo era solamente una parte que, para bien del país, ha sido derrotada. Ahora el gobierno pretende revivir las propuestas rechazadas por el pueblo, echando mano de otros mecanismos, invitando a un Gran Acuerdo Político Nacional que, como lo dijera Alfonso López Michelsen, es simplemente un repechaje del referendo, para apuntalar el proyecto reeleccionista.

El temario planteado muestra a las claras las pérfidas intenciones. No obstante la aprobación de la enésima reforma tributaria de la era aperturista, se insiste en volver a modificar el sistema nacional de impuestos, en perjuicio de los sectores productivos y laboriosos de la nación y de los entes territoriales, mediante la reducción de las transferencias. La reestructuración del estado y los miles de despidos que ello conlleva, es una reedición de la política de achicamiento del mismo, en la búsqueda de reducir el hueco fiscal para garantizar el cumplimiento del servicio de la deuda, sin tener en cuenta los graves perjuicios que ello ocasiona a la población. En el terreno político se trata de darle luz verde a las medidas que, tras el sofisma de la lucha contra la corrupción, restringen la participación de los sectores de oposición en los diversos escenarios donde se debate y define la dramática realidad nacional. El tema culminante de esa propuesta es la reforma de la justicia, con un criterio regresivo.

El fariseísmo oficial sale a flote si observamos que, en medio de proclamas acerca de la urgencia de atender las necesidades sociales de los menesterosos, se recorta a hurtadillas el presupuesto de entidades como el Instituto de Bienestar Familiar, el Servicio Nacional de Aprendizaje o el Instituto de Seguros Sociales. En tanto, como efecto de la ley 100 de 1993 y la imprevisión, pululan enfermedades transmitidas por vectores, erradicadas años ha por el liquidado Servicio de Erradicación de la

Malaria, como la fiebre amarilla y mueren colombianos por la carencia de suero antiofídico, de cuya producción era líder latinoamericano, el marchitado Instituto Nacional de Salud. A la par se tramitan y aprueban reformas a la Carta Magna y leyes que apuntan a recortar las ya reducidas libertades y derechos democráticos, al calor de la llamada política de Seguridad Democrática, como el llamado Estatuto Antiterrorista.

La Gran Coalición Democrática declara su contundente rechazo a las maniobras oficiales e invita a las fuerzas políticas y sociales de oposición a no concurrir a la convocatoria, hecha para buscar acuerdos que avalen lo que ya el pueblo rechazó de manera categórica. Igualmente considera que en la Comisión Permanente de Concertación laboral no es viable reabrir la discusión sobre temas, como las pensiones, que ya fueron resueltos con la voluntad popular expresada el 25 de octubre. Tampoco resulta conveniente que se permita en el escenario parlamentario tramitar proyectos de ley que pongan de nuevo sobre el tapete los puntos ya derrotados. Por lo tanto, esta Coalición reafirma su compromiso con las banderas de lucha contra las reformas neoliberales de Uribe Vélez, especialmente en lo atinente al pago de la deuda externa y a reforzar las medidas de libertad comercial mediante la OMC, el ALCA o un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, así como el talante despótico de este régimen, empeñado en cerrar los resquicios para la protesta y la movilización del pueblo colombiano, con el pretexto de la lucha contra el terrorismo, cuyos métodos hemos repudiado permanentemente.

Para darle continuidad a esta patriótica batalla convocaremos nuevos eventos de la Gran Coalición Democrática y desarrollaremos jornadas de movilización y protesta, como la convocada para el 26 de febrero del año en curso, que despierten la conciencia ciudadana y den fe de la indeclinable vocación de lucha del pueblo colombiano en contra de la dominación extranjera y sus portaestandartes criollos.

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