‘Hay impunidad judicial para los esbirros, pero no para el actor social’

El 21 de noviembre de 2017, al cerrar el libro Contra el miedo, sobre su vida en medio del peligro por su compromiso con los derechos humanos, pregunto a Alirio Muñoz Uribe, ¿qué vendrá en el complejo escenario de la paz en Colombia?

El interrogante lo enuncio en medio de una distendida charla que mantenemos en medio de las voces de las conversaciones que nos rodean en el tertuliadero en el que nos hemos citado para compartir ideas y tomar algo que atempere el espíritu, al tiempo que nos brindábamos un respiro para proseguir nuestras faenas.

 “Creo –empieza a responder Alirio, con un destello de determinación acerada en la mirada– que tenemos el deber de lograr la paz completa con el Eln, sino la alcanzamos en este gobierno, al menos que sea en el próximo. Esa paz completa nos serviría mucho en la tarea colectiva de dejar un día atrás los imaginarios de guerra.

Nuestras vidas se han desarrollado desde hace décadas en una atmósfera de estigmatización y odio en la que hemos quedado entrampados por la violencia como recurso por excelencia para resolver nuestras diferencias, y es necesario dar el paso necesario hacia saber apreciar, o al menos a respetar, a quien no crea en los mismos dioses, o tenga ideas políticas diferentes. Tenemos que salir de la barbarie de la matanza por ser diferentes.

Pero esta no es una transformación posible de alcanzar de un día para otro. Han sido décadas de sumirnos en el estigma y el odio. Tomará tiempo gestar generaciones libres de esos encadenamientos, tarea en la cual será primordial el trabajo cultural. El conocimiento de nuestro pasado; la creación de labores que nos reúnan en la construcción de nuevo país”.

En constante acción

Por una cantidad mínima de votos, Alirio Uribe no fue reelegido para el Congreso en el periodo 2018-2022. Su aliento a diversas candidaturas de la izquierda democrática, que salieron electas, afectaron su votación. Regresó a su trabajo en el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y en marzo de 2022 su labor de toda una vida le condujo de nuevo al legislativo, en un momento decisivo para recuperar los senderos de la nación hacia la paz.

Una vez elegido y en funciones, se ubicó en la Comisión Primera con responsabilidad frente a un cúmulo de tareas: importantes, toda vez que es la Comisión que trata los asuntos constitucionales, por lo tanto donde hay que actuar con ojo agudo y mente despierta para asegurar el cambio legal que prometió el gobierno que integra. Además, es la Comisión encargada de las acusaciones contra los más altos funcionarios del Estado; en este momento cursan en ella 80 procesos. En medio de estas tareas ha de encontrar tiempo para colaborar, cuando se precisa, con una bancada parlamentaria en la que hay 35 congresistas nóveles.

Aún no termina el 2022, y con la satisfacción de haber logrado la aprobación de la ley de Paz Total y el Acuerdo Escazú, su mente avizora los retos decisivos que tienen las fuerzas sociales y políticas que apostaron por el cambio el pasado 17 de junio, y nos comparte: “Entre febrero y marzo del 2023 se dará trámite en el Congreso a la agenda legislativa social: la reforma pensional, con el desafío de cumplir con el 75 por ciento de las personas mayores de Colombia que carecen de la pensión mínima de sobrevivencia que fue prometida en la campaña: 500.000 pesos mensuales. Los Fondos privados de pensiones manejan 350 billones de pesos. Una cifra colosal que podría tener una fuerte incidencia en congresistas dispuestos a preservar el estado actual de cosas, que beneficia los privilegios de muy pocos por sobre la necesidades inaplazables de las mayorías.

En la agenda legislativa también vendrán los proyectos de ley de varias reformas: la educativa, agraria, a la salud, entre otras. En octubre del 2023, además, acontecerán unas elecciones decisivas para materializar las transformaciones propuestas por el gobierno del cambio: los comicios de los poderes locales”.

Alguien dijo hace décadas que quien escruta elige, me atrevo a decir a pesar de saber que lo interrumpo y puedo quebrar el orden de su relato.

Puerto resistencia

El vértigo de todos estos procesos legislativos y políticos, en un escenario global pleno de tensiones y en el que es imposible no contemplar una portentosa mutación a escala planetaria, no nos impide tener presente el recuerdo de la extraordinaria gesta de los jóvenes en el estallido social sucedido durante el gobierno que decidió hacer trizas la paz.

Una inesperada, masiva e imaginativa movilización de jóvenes en abril del 2021 estremeció el escenario político colombiano. Decenas de miles hastiados con el no futuro impuesto durante décadas por la elite política nacional obsecuente con las redes corporativas transnacionales salieron a las calles y despertaron una conciencia nacional anestesiada que asistía impertérrita a la degradación de las ya adversas condiciones de vida, y al asesinato metódico de líderes ambientales, líderes sociales y personas que habían dejado las armas en cumplimiento de los acuerdos de paz.

Las ollas comunitarias, las marchas multitudinarias, los escenarios de autonomía en diversos barrios de diferentes ciudades, defendidos con genuina heroicidad, en todos ellos se vieron obligados a confrontar la salvaje embestida de los escuadrones del Esmad, y una policía dotada con armamentos letales y autorizada por los más altos mandos para ejecutar todo tipo de acciones legales o criminales con el propósito de doblegaran el levantamiento juvenil.

Entre referencias varias a otros tópicos, con la tranquilidad que demanda un diálogo fluido, van surgiendo temáticas por aclarar, y Alirio se enfoca en algunas de ellas, develando la complejidad de los asuntos públicos y las maniobras del anterior gobierno para quebrar el necesario avance que requiere el país para abrazar la paz. Y su voz no guarda silencio:

“Duque llegó a la Presidencia en 2018 como el candidato anti paz, anti acuerdos de paz. Los resultados del plebiscito significaron un potente estimulo a un discurso que esgrimió la “burla” a la consulta ciudadana –plebiscito–. Su candidatura fue concebida no solo para frenar, sino para desvertebrar los acuerdos de paz. Con las luces que arroja el tiempo, hoy pienso que hubo fraude en esos resultados en los que la diferencia fue menor a 50.000 votos. Las elecciones de este año nos sirvieron para darnos cuenta de que si las elecciones no se cuidan el fraude, que ha sido un recurso utilizado en diversos momentos para burlar las decisiones de las mayorías nacionales, persiste. El plebiscito no lo cuidó nadie”.

Alguien dijo hace décadas que quien escruta elige, me atrevo a decir a pesar de saber que lo interrumpo y puedo quebrar el orden de su relato.

“Es así –continúa– hay una fuerza, un entramado de poderes –económicos, políticos, militares, religiosos; nacionales e internacionales– que se han opuesto y se oponen de modo radical, en forma desnuda o encubierta, a los acuerdos de paz. Pretenden, por ejemplo, que los congresistas que ocupan sus curules en cumplimiento de los Acuerdos, dentro de lo que llaman medidas restaurativas y demás, queden concentrardos en una colonia agrícola y así sacarlos del Congreso. La pelea contra los acuerdos la mantienen. Esa fuerza fue la que puso en marcha el entrampamiento que condujo a que Santrich y Márquez, y un amplio grupo de firmantes de la paz se retiraran del proceso.

Duque no solo incumplió los acuerdos sino que tomó medidas para obstruir cualquier posibilidad de paz futura. Ganaron el gobierno, pero no tuvieron mayorías en el Congreso para reversar el marco constitucional y legal de los acuerdos. Entonces, adelantaron un plan B: una reforma constitucional en el año 2019 con normas que impiden la desmovilización del Eln y de otros grupos armados, o excarcelar a las personas que participaron en las protestas del 2021”.

No puedo evitar expresarme ante las formas pérfidas del proceder del “país político”, y resalto que son excelsos alumnos de Maquiavelo, pero pésimos hijos de un país marcado por ríos de sangre y dolores de empobrecidos negados de condiciones mínimas para vivir con dignidad,

Alirio, prosigue con plena concentración: “Con la reforma constitucional que está hoy vigente, establecieron que en Colombia no habrá indulto ni amnistía para delitos de “terrorismo”, secuestro o cualquier delito asociados a narcotráfico. La mayoría de chicos que están hoy detenidos fueron procesados por ‘terrorismo’.

Con la mampara del lenguaje engañoso de la ‘paz con legalidad’, se introdujo la reforma constitucional y legal dirigida a meter un palo en la rueda de la paz y entrabar cualquier posibilidad para facilitarla.

El gobierno de Duque pasará a la historia como un gobierno de represión brutal.

Esto muestra que hacer la Paz Total hoy es difícil. Hay que modificar la Constitución. En mi consideración reversar ese artículo constitucional es un proceso que debió haber arrancado a la par que el proceso que condujo a la ley de Paz Total. Esa reforma se va a tramitar a partir de julio del año 2023. Esto significa que para que ese proceso se logre deberá reinar un ambiente político favorable que exigirá avances en la situación de paz del país.

El gobierno de Duque incumplió los acuerdos de paz. Cientos de millones que fueron girados por la comunidad internacional para ayudar a materializar los acuerdos de La Habana fueron desviados a circuitos de corrupción.

Creo que los estragos económicos de la pandemia y el confinamiento, unido al estallido social suscitado por el ejemplo valeroso de los jóvenes, muchos casi niños, adolescentes que decidieron salir a las calles y carreteras a expresar su protesta ante la deriva a la que fue arrojada la nación, crearon una generación de cambio en el país. Entendieron que la vida de la gente sí tiene que ver con los políticos y la política. Pedían comida, educación y empleo. Por eso el estallido social se dio en torno a las ollas comunitarias, que son el símbolo popular de la comida.

Pensando en todo lo que comparte Alirio, con oído atento, recuerdo lo sucedido en aquella coyuntura con esos miles de jóvenes entre los varios lugares que la memoria descuelga de los armarios del olvido sobresale Puerto Resistencia en Cali, allí y en los otros territorios que por semanas estuvieron bajo su control, se formaron procesos de una autogestión comunitaria que, sin duda, será semilla de nuevos procesos de organización social solidaria en barrios y veredas. Y le comparto esas ideas, las que enlaza de inmediato Alirio, para destacar:

“Lo vivido no fue menor, con experiencias que sobresalieron, como la mencionada. Los registros dan cuenta de más de 20.000 movilizaciones en 830 municipios. En Roldanillo, un pueblo del norte del Valle, históricamente conservador, se publicó un libro sobre la protesta, los símbolos, las formas en las que resignificaron los iconos clásicos del pueblo. Eso no tuvo conducción política de nadie, ni estrategas, ni asesores. Lo que quisiera creer hoy es que esta generación contestaria frente al poder, esta generación bisagra hacia un nuevo mundo, ya no tenga reversa, ya no la pueden manipular. El estallido condujo a la gente a la calle y una vez congregados de diversas formas se preguntaron. ¿por qué estamos aquí? Y las respuestas llegaron desde su propio pensar y hacer, no de otra manera se habrían movilizado meses después para votar por el cambio en la conducción de la nación.

De parte de aquel gobierno la respuesta, a diferencia del actual, fue el no diálogo y la respuesta brutal. El autoritarismo fue una de sus características del gobierno Duque. No hubo diálogo ni siquiera con el Comité Nacional de Paro, proceder que acabó por detonar la protesta masiva. La mayor parte de los medios de comunicación invisibilizaron o, peor aún, justificaron los actos de barbarie con los el poder respondió a la protesta ciudadana.

En septiembre del 2022 el uribismo marchó en las calles contra las ideas y las acciones del gobierno del cambio, liderado por Petro. La respuesta del Presidente fue convocar a Álvaro Uribe, Miguel Uribe y Paloma Valencia a dialogar en Palacio al día siguiente. Un gesto que habla por si solo de las diferencias existentes en la concepción y la práctica de lo que significa gobernar. Este Gobierno no va a salir a las calles para sacarle los ojos ni a dispararles a quienes protesten. Esto es un cambio fundamental.

En esa misma senda de cambio evidente, el miércoles 9 de noviembre tuvimos un debate en la Comisión Primera porque la bancada de la oposición citó al ministro de Defensa a un debate de control político. Valoré mucho el enfoque que presentó el Ministro. Probó que las tomas de tierra no comenzaron en este gobierno sino que venían de atrás. Mostró, además, que han solucionado 360 de esas tomas, sin disparar un solo tiro ni ejercer la represión sobre nadie. Privilegio del diálogo. Algo esencial en una cultura en la que se enseñó a asociar la autoridad con el fusil y la bota.

El nuevo gobierno está transformando la doctrina de una seguridad fundada en el principio del “enemigo interior” y el encuadramiento como “terrorista”. de quien protesta y se opone La concepción de la “seguridad humana” que privilegia el pleno respeto a los derechos fundamentales de la ciudadanía avanza ahora en la fuerza pública, en la rama jurisdiccional y el Congreso”.

Impunidad judicial para los esbirros

El gobierno de Duque pasará a la historia como un gobierno de represión brutal. Similar al Inri con el que se recuerda a Turbay Ayala por las desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Vale la pena tener presente que en medio del levantamiento social Duque expidió un decreto, el 575, en el que ordenaba la asistencia militar para enfrentar la protesta ciudadana, pero el Ejercito optó por cumplir con sus deberes constitucionales, conversó con la gente y no acató la orden de darle bala a la población. Aprendió de la experiencia de los “falsos positivos”. No le hizo caso a la orden de sangre y fuego de Duque.

La brutal represión estuvo a cargo de la policía. Los asesinatos, las mutilaciones. A más de cien jóvenes les estallaron los ojos. Abusos sexuales en las estaciones de policía. Los que fueron detenidos y después aparecieron muertos. Más de diez mil quinientos detenidos, la mayoría por 24 horas. Las judicializaciones fracasaron en un gran porcentaje. Tenemos un informe de Fiscalía que dice que la entidad formuló 360 solicitudes de detención intramural. No hay un censo exhaustivo. Tenemos el dato de que hoy permanecen 200 personas detenidas, de las cuales 120 o 130 en cárcel y 70 en domiciliaria. Y algunos prófugos, estaban en domiciliaria y cuando se la revocaron, optaron por esconderse. Creo que la mayoría saldrán absueltos. No hay evidencia, y menos por delitos tan graves: secuestro, terrorismo, concierto para delinquir. Como si fuesen una banda de crimen organizado

Han garantizado impunidad judicial para los esbirros, pero su barbarie no ha quedado impune ante las mayorías sociales. Y no lo pueden ocultar, aunque tratan de remediarla con paliativos menores como la cosmética reforma a la Policía realizada y que terminó en nada: cambiaron de verde a azul el uniforme. Este es un tema pendiente. Se necesitan limites infranqueables en la acción de la fuera pública. Se precisa una reforma fuerte y seria”.

El relato de lo vivido, la violencia, la violación de variedad de derechos humanos, la impunidad para los esbirros, la cárcel para la protesta, todo lo recordado y contado por Alirio me lleva a recordar que fue el ponente de la Ley de Paz Total, incluyendo en ella la posibilidad de que los jóvenes detenidos pudiesen ser gestores de paz o tener indulto, por lo cual le pregunto, ¿qué sucedió con ellos?

La respuesta no deja duda sobre la intensidad de las fuerzas contrapuestas y sobre la complejiad de los asuntos de gobernar: “Fueron propuestos unos artículos que permitirían su liberación, pese a que compañeros muy cercanos de bancada me advirtieron que incluirlos podría significar un obstáculo a la aprobación de la ley de Paz Total.

Justo el día que se anunciaban esos artículos en la comisión, tuvo lugar la protesta de los indígenas en el centro de Bogotá. Los noticieros mostraron a la policía golpeada, incluso arrastrada. Fue bastante extraña esa “coincidencia”. Había hombres altos con botas golpeando a los policías y esos indígenas son bajitos.

Con ese contexto, el fin de semana la Presidencia de la República solicitó que los artículos fueran retirados. La semana siguiente, por la disciplina de la bancada, tuve que pedir que fuese votada la supresión de esos artículos. Este hecho revela la sensibilidad a las coyunturas y el odio o el desprecio a los jóvenes, no solo del Centro Democrático, sino también de integrantes del partido verde. Si no se retiraban los artículos, no se aprobaba la ley, esa fue su advertencia.

El asunto deja a la vista una distorsión tremenda. Hay congresistas liberales, verdes, hasta amigos, que no dudan en amnistiar gente que ha cometido masacres, pero que consideran que el chino que arroja una piedra hay que dejarlo en prisión. Para justificarlo te dicen que los muchachos no son un grupo armado, “olvidando” que la protesta es un acto político. Y olvidan que lo que dice Amnistía Internacional y los tratados en que se especifica que los presos políticos son prisioneros por lo que piensan. Y estamos hablando de gente informada. ¿Qué logramos? Con integrantes del Partido Conservador pactamos una proposición en la que se incluyó la palabra “movilización”, lo que permitiría que los jóvenes detenidos sean nombrados como gestores de paz. Lo ideal sería que el martes 15 de noviembre, en el marco de los 100 días y las marcha por realizar se anunciara la excarcelación de esos pelaos. 

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Información adicional

Alirio Uribe, Representante a la Cámara por Bogotá:
Autor/a: Héctor Arenas Amarocho
País: Colombia
Región: Sudamérica
Fuente:

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