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De campesinos a proletarios

De campesinos a proletarios

El “Gran pacto agrario” citado con bombos y platillos por el gobierno nacional, para ser sellado el pasado 12 de septiembre, resultó lánguido, mediocre y justificador de los intereses más próximos a la casa Santos. El acuerdo que condujo a la finalización de la movilización campesina escenificada por los paperos en Boyacá, Cundinamarca y Nariño, debía marcar la hoja de ruta para la construcción de un Pacto agrario nacional con el cual, y desde el cual, los sectores del campo, en conjunto, negociaran de cara y en confrontación a los postulados del ejecutivo; una nueva realidad para el campo.

 

Aquel segundo jueves de septiembre, en el cruce de la calle 53 y la carrera 68, en la asfaltada Bogotá, en medio del insípido ambiente que producía un auditorio de grises pisos y altos techos, hubo el intento de concentrar a algunos esquivos delegados del campesinado, que bloqueó por varios días, durante el insólito paro nacional agrario, carreteras, evidenciando con su protesta, que a pesar de todo, y de las frases que diga el alto gobierno en Colombia continúan gobernando de espalda a las mayorías.

 

Largas paredes de ladrillo daban algo de color al salón donde instalaron una inmensa mesa redonda. Un intento inepto del gobierno por propiciar un escenario de diálogo –cara a cara– con quienes se enfrentó pocos días antes. La cita resultó todo un fracaso en la convocatoria. Por lo menos, esa fue la apariencia ante la ausencia de delegados de Dignidad Papera –principal expresión de los paperos cundiboyacenses y nariñenses–, de la Mesa de Interlocución Agraria –MIA–, así como del Coordinador Nacional Agrario –CNA.

 

Teatro, fracaso aparente…

 

Las sillas vacías no eran la imagen de un capricho. No. La ausencia de los delegados campesinos expresaba con dignidad, en medio del profundo silencio que subía de los asientos dispuestos para que los ocuparan, una honda razón: el rechazo a la presencia en igual escenario de todos aquellos que han hecho del campo un surco de dolores: la Sociedad de Agricultores de Colombia, la Federación Nacional de Cafeteros y otras tantas estructuras decadentes, defensoras de terratenientes y capitalistas del campo. El silencio que emanaba la ausencia del campesinado pobre y medio, era la manera de recordar al Ejecutivo, que para llegar a la aceptación de esta cita –de inicio de un diálogo para construir una política agraria de nuevo cuño– fueron necesarios una docena de muertos y más de 300 heridos.

 

La cita, transformada en un escenario para un acuerdo terrateteniente-oligarca por el campo, fue por tanto un triunfo para el Ejecutivo, y un fracaso para quienes no tienen sino el bloqueo y la protesta como mecanismo para ser escuchados.

 

Así fue ahora, y así ha sido por décadas que suman por lo menos un siglo, en un país donde el modelo agro exportador lleva ya largos lustros bajo la tierra, pues ni el café ni ningún producto tradicional repunta en los mercados internacionales, hecho que hace normal, que los grandes gremios del agro, con sus aliados internacionales, clamen por un impulso al campo que les permita la constitución de un nuevo andamiaje, articulado a los promisorios renglones del biodiesel, la especulación financiera y el comercio neoliberal.

 

Una vez realizado el teatro por parte de los ricos y terratenientes de siempre, pusieron a rodar la obra. Múltiples analistas definieron este “pacto agrario nacional” como la reedición del Pacto de Chicoral. Acuerdo que mal recuerdo de ‘los de arriba’ por medio del cual hubo vía institucional a la represión que confrontó el alzamiento campesino por el derecho a la tierra, liderado entonces, por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos –Anuc.

 

Pero, aunque Pacto o acuerdo terrateniente y oligarca, el de ayer y el de hoy tienen soporte sobre circunstancias distintas. La toma de tierras ‘ayer’ liderada por la Anuc, única estructura que agremiaba a los campesinos, es muy diferente a la diversidad entusiasta del movimiento nacional agrario nacido en el paro nacional. Esta última, con base en diversidad de organizaciones, siglas, creadora espontaneidad y propósitos. Los hechos que ocurrieron entre agosto y septiembre del 2013 son un cuestionamiento a la economía y la política del régimen hacia el agro, aprovechado mediática, política y económicamente por sectores de las clases dominantes, con total apoyo oficial, para recuperar su fisionomía, esta vez como empresarios del campo. Por tanto no es una reacción de resistencia –defensiva– de la propiedad de la tierra, sino un acto ofensivo, de fuerza para reconstituir el proyecto agrario de los de arriba: en Chicoral había un status que defender, en el pacto acordado en el anterior mes de septiembre, de compensar un status para trasformar.

 

Nuevo campo: ¿sin campesinos?

 

Artilugios, discursos y confrontaciones anteriores y simultáneos con el pacto agrario; terminaron con resultados favorables para las elites, detrás de la larga lista de principios neoliberales y eufemismos con explicación en la infografía que acompaña esta nota. El aspecto sesudo de la sesión de instalación de este “gran pacto agrario”, fue sentar las bases políticas de Estado para la transformación rural. Definir cimiento por cimiento, la carrera por erradicar de campesinos al campo.

 

Al efecto, en una mirada de modernización agraria, el Ejecutivo nacional, con el ministro de Agricultura Lizarralde como gran reformador –apegado a su experiencia en Indupalma- busca:

 

– Primero: Adentrar en una política de igualación de servicios sociales e infraestructura en el campo, que sea favorable a los grandes planes internacionales de articulación del potencial agrario del país con el mercado global. Los diseños de programas de vivienda y repoblamiento, así como el plan vial, marcan el camino en el diseño de centros de poblamiento y rutas de circulación, alrededor de productos como palma, caña, cultivos promisorios para agrocombustibles y la minería a gran escala. En síntesis, una gran masa de trabajadores agrícolas concentrados en puntos estratégicos del territorio nacional.

– Segundo: Resolver el vacío jurídico sobre la propiedad de la tierra, y un sanear la deuda que se tiene con la titulación de pequeños y medianos campesinos. Al tiempo, promueven reformas legales y de facto para permitir la acaparación de tierras (bajo la figura de Unidades Agrícolas Familiares, hoy violatoria de la ley 160 de 1994) por parte de los grandes capitales. Como quien dice, entre-abren una ventana a los campesinos para abrirle de par en par la puerta a los empresarios.

– Tercero: Acelerar el paso en la consolidación del modelo de las alianzas productivas entre pequeños y grandes productores, que enorgullece al nuevo ministro de Agricultura, cuya realidad significa quitarle el derecho de decisión al campesino sobre qué, cuando y cómo siembra en sus propias tierras, y por acto de la extorsión de la rentabilidad económica, ponerlo en las mismas condiciones que un trabajador desposeído laborando en una tierra que de facto ya no es o no será la suya. Usarán con toda habilidad el convencimiento –de supuestos beneficios– de campesinos individuales, cooperativas y asociaciones agropecuarias.

– Cuarto: Disponer las hectáreas cultivables del país para “aprovechar en forma efectiva el potencial productivo […] mediante políticas de apoyo y fomento a la productividad y la competitividad”. Una medida que no es más, que descansar todo el potencial de fomento agrícola del Estado en virtud del desarrollo de cultivos promisorios –ya referenciados– rentables para los grandes capitales, los mismos que al privilegiar los tratados de libre comercio, impiden cualquier rasgo de soberanía alimentaria.

– Quinto: Generar un ambiente de extinción del campesinado, labrando una amplia capa de trabajadores rurales con empleo formalizado, y con condiciones laborales aceptables, vinculados a la creciente agroindustria. Sin más propiedad que su propia fuerza de trabajo, el otrora campesino debe ingresar como un clásico obrero a la rueda de la producción, extinguiendo la relación que los agricultores tienen con la tierra, dadora de los productos de su propia manutención.

– Sexto: Dar un vuelco al Ministerio de Agricultura, al Incoder, al Banco Agrario y la restante institucionalidad rural, junto con el importante presupuesto que destinan a la cartera agraria, ajustándose a este nuevo modelo de desarrollo rural sin “los arcaicos” pobladores del campo. Todo esto, con financiación a través del presupuesto público, que girará en torno a la profundización eficaz del neoliberalismo agrario.

 

¿Santos cumplirá?

 

Abierto el interrogante acerca de si el Gobierno cumplirá con los acuerdos firmados a dos manos, con los campesinos en movilización en días pasados por gran parte del país, cabe pensar que el único cumplimiento posible, profundo y real del gobierno nacional; será con quienes pactó: Con las decadentes asociaciones agrarias de las élites. Santos cumplirá pero a quienes siempre utilizan y se sirven, del poder.

 

Información adicional

EL
Autor/a: MIGUEL SUÁREZ
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