Durante varias décadas; por medio de infinidad de jornadas de protesta, paros, levantamientos sociales, confrontación con los defensores armados del establecimiento (policía en general –Esmad en particular–, cuerpos del ejército en un dispositivo conjunto parainstitucional), la sociedad colombiana, organizada en diversidad de movimientos sociales, organizaciones y colectivos políticos, descontentos y resistencias no organizadas orgánicamente, levantó sus reivindicaciones de justicia social, reforma agraria, derecho a la educación universitaria, alza de salarios, respeto a los derechos humanos y mucho más, todo ello enlazado en la exigencia de vida digna, paz, inclusión y democracia efectiva.
No fueron una ni dos ni tres las protestas y los levantamientos de estas y otras banderas, con limitados radios de opinión y correlación de fuerza; ni han sido pocos los asesinados en medio de las refriegas con los cuerpos protectores del statu quo: las personas heridas y sometidas a prisión se cuentan por cientos.
Cada paro, cada jornada prolongada por varios días, terminaban arrancando, a lo mejor, alguna de las demandas motivantes de la protesta, y la infaltable acta que daba cuenta del compromiso oficial de establecer una mesa para ‘negociar’ el conjunto de lo demandado. Pocas concreciones salían de esa interlocución, de manera que, en el curso de las últimas décadas, en los cajones de la burocracia y el desdén oligárquico se acumularon sustanciales demandas sociales: económicas, políticas, ambientales, de derechos humanos y salud, entre otras.
El gobierno que encabeza Gustavo Petro ha recogido la mayor parte de esas demandas y expresa su compromiso para satisfacerlas. Demandas de tierra, como expresión de reforma agraria, han sido reconocidas y está en proceso la legalización de predios, así como la compra de cientos de miles de hectáreas para ser redistribuidas. La desmilitarización de la lucha contra los llamados cultivos ilícitos, el tratamiento diferenciado de la lucha contra las drogas y el compromiso oficial de comprar la cosecha de la hoja de coca también están consideradas. La paz negociada tiene un curso no libre de incidentes, así como la excarcelación de quienes –conocidos como Primera Línea– permanecen tras las rejas, sindicados de supuestos delitos cometidos en el marco de los hechos de indignación social desatados en 2021.
Al mismo tiempo, y esperando en el Congreso de la República, o por entrar a ser tramitados, están varios proyectos de ley: salud, pensiones, mundo laboral –estatuto del trabajo–, entre ellos. En algunos casos, los anuncios gubernamentales se van materializando, de modo parcial casi siempre, y en otros están por tomar forma, pero en ambos casos han suscitado satisfacción en los actores sociales que tienen que ver con uno u otro tema, ya que sienten que sus demandas, enmohecidas en pliegos reivindicatorios que recibieron a lo largo de las últimas décadas los gobiernos de turno, por fin son valoradas y consideradas para su ejecución.
Todo parece indicar que tales acciones serán parciales, como se desprende del carácter del gobierno, comprometido en una agenda de conciliación con los factores reales de poder –gremios económicos, partidos políticos del establecimiento, multinacionales y gobiernos extranjeros, en especial Estados Unidos. Estamos ante un gobierno realista, dicen algunos; de transición, dicen otros, en tanto que no tensiona fuerzas en la puja por las reformas planteadas pero negocia cada una de ellas, de manera que de la concertación que ello implica, de cero a cien, se avanzará en algo pero en ningún caso se llegará a cien y muy posiblemente no se alcance un 50.
Esa realidad les abre a los actores sociales el reto de apoyar al gobierno en la agenda reformista en marcha, pero, al mismo tiempo, en tanto que esta deja pendientes las reivindicaciones en su realización plena o en mayor proporción, emerge a primer plano el imperativo de liderar el debate social sobre el camino por seguir, para alcanzar a plenitud lo exigido. El reto conlleva, es claro, un apoyo crítico al gobierno actual, al tiempo que la garantía de la necesaria autonomía para así poder seguir luchando por los pendientes. Actuar de otra manera, sin la necesaria crítica a lo que está en discusión, como la indispensable disputa en procura de mayores logros en el período en curso, es reducir y someter las formas de identidad social y sus movimientos a simples correas de transmisión y aplauso, en este caso no de uno u otro partido sino de un gobierno. Proceder así desdibujaría el sentido más profundo de estos movimientos, en lucha por una sociedad otra, para lo cual su autonomía es fundamental.
De suerte que se requieren autonomía y liderazgo nacional para ahondar en las posibilidades del actual gobierno pero también para marcar las rutas por seguir, siempre en procura de una agenda social que satisfaga el cúmulo de pendientes de todo orden reunidos en infinidad de pliegos reivindicatorios que conservan plena actualidad.
Al mismo tiempo, esa realidad les plantea a los actores el desafío de potenciar el debate entre ellos y de cara al país, sobre todo aquello que está implicado: agenda económica, reforma rural plena o integral, tratamiento de economía agraria y, en ella, cómo materializar una política agraria a la altura de las demandas abiertas por la realidad nacional, así como por la geopolítica global, la transición energética, la política carcelaria y la paz integral, entre otros muchos aspectos.
A la vez, es imperativo abocar el necesario esclarecimiento acerca de cómo perfilar e ir haciendo realidad la construcción firme, colectiva y territorial de un sujeto político, activo a plenitud, que conduzca en forma colectiva la actual transición, propósito que, de no lograrse, pudiera abrir espacio para que los partidos del establecimiento y los gremios que los auspician y propulsan –que han monopolizado el poder por décadas– se recompongan y ganen en cuanto iniciativa.
Como se ve claramente, es este un debate indispensable y que se puede concretar de manera continua a partir de citar y de realizar –por ejemplo, cada trimestre– encuentros autónomos en los cuales, además de pasarles revista al avance sociales, políticos, económicos, en lugares y regiones, así como al curso de las reformas, se discuta la agenda social, política, económica por seguir, para hacer realidad un gobierno no ya de transición sino de efectivo poder popular.
El debate es indispensable, ya que, siendo el actual un gobierno de transición, en plena concertación con los poderes de siempre, a los movimientos sociales les corresponde desplegar su total inventiva y su liderazgo para que, como resultado final de los cuatro años de la experiencia que estamos viviendo, se alcancen el necesario liderazgo y la consolidación de las expresiones sociales y comunitarias organizadas, con gobiernos no ya del 50 por ciento sino del 60 o más por ciento, abocados a descentralizar cada vez más sus funciones, estimulando una economía otra, así como propiciando que el ingenio popular haga realidad la satisfacción de muchas de sus necesidades más sentidas, sin estar a la espera de que las soluciones provengan de arriba. Por tanto, es indispensable que se configuren gobiernos a la orden de las mayorías.
Estaríamos entonces ante una transición, un proceso en marcha, por consiguiente sometido a los imponderables de las negociaciones. De una disputa así pudiera resultar lo contrario, producto de la no realización plena por parte del gobierno de los compromisos que dieron pie a su elección: un desánimo social, el descontento –incluso la movilización de sectores nada despreciables del cuerpo social– y, como parte de ello, un reposicionamiento de los partidos y las fuerzas del statu quo, que retomarían el gobierno en el período 2026-2030. ¡Una realidad factible!
Un desenlace tal es muy factible pero podemos impedirlo si los movimientos sociales desarrollan plenamente su autonomía, con apoyo crítico al actual gobierno y compromiso con y por una sociedad otra.
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