En hábitat, vivienda, servicios públicos y ordenamiento territorial, ¡es hora de dar un salto!

No podemos pensar en un verdadero gobierno del cambio, si no estamos dispuestos a oír la critica y corregir el rumbo a fin de rectificar las acciones prometidas y esperadas por las mayorías del país. Ojalá estas notas lleguen al gobierno nacional, en particular a las dos cabezas que lo lideran y, ojalá, asuman a tiempo la importancia que para la gobernabilidad representa el cumplir con los electores, los nadies, antes que con los partidos políticos.

El 15 de noviembre el gobierno del cambio llega a sus primeros 100 días de administración de los asuntos nacionales. Es un balance agridulce, con avances significativos en algunos aspectos, lentitud en la dinamización de otros y continuidad de muchos asuntos que vienen de los gobiernos previos.

Por ello es oportuno hacer algunas reflexiones sobre lo que significa el cambio a partir del inicio del gobierno del Pacto Histórico, en este caso desde lo que ha sido el trabajo entorno a los asuntos de hábitat, vivienda, servicios públicos y ordenamiento territorial.

El programa

El enunciado programático del hoy gobernante, afirma: “3.10. Hábitat, Vivienda y Servicios Públicos como Derechos”:

    “En nuestro gobierno, lideraremos una política de hábitat, vivienda y servicios públicos ordenada alrededor del agua que permita superar la profunda desigualdad, la primacía del negocio sobre los derechos, la gestión local y comunitaria y la protección de la naturaleza bajo un nuevo marco regulatorio que dinamice una relación virtuosa entre Estado, agentes de mercado y sociedad en la que las comunidades participen efectivamente a través de procesos asociativos y alianzas público-populares. Las políticas públicas reconocerán la construcción social del territorio y la necesidad de producir hábitat integral en todos los espacios, urbanos, de centros poblados y rurales y avanzaremos en particular en una política pública de vivienda social que permita remontar la desigualdad y exclusión de los habitantes rurales y de la ciudad informal” (pág. 41).

Cerrada la campaña electoral, obtenido el triunfo y tras estos meses iniciales de gestión, ¿se está realmente haciendo un cambio de paradigma y reenfocando las acciones del sector a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio –MVCT–, como rector del sector? O, en el marco de los acuerdos suscritos con los partidos asociados al Pacto Histórico, ¿estamos en el dejar pasar sin exigir el cumplimento de lo prometido en campaña, como apuesta de gobierno?

Responder estos interrogantes lleva a dilucidar: ¿Qué se negoció con los partidos de la tradición?, ¿Cuál ha sido el mensaje enviado a la sociedad hasta ahora? Además, revisar la construcción programática y lo que fue el empalme, así como algunos de los asuntos a trabajar en el gobierno del cambio,

¿Qué se negoció?

En el ajedrez político, el gobierno de Gustavo Petro para generar gobernabilidad terminó negociando con los partidos tradicionales y entregándoles cuotas burocráticas para mantenerlos en la coalición del pacto.

En el caso del MVCT, este se convirtió en una cuota del Partido Liberal en cabeza de Cesar Gaviria. Al ser un Ministerio en teoría pequeño (menos del 1.0% del presupuesto nacional), se consideró que no afectaría los intereses principales de su apuesta de Gobierno. Sin embargo, la falta de comprensión del sector y la importancia que representa este en la propuesta programática puede generarle efectos negativos a los resultados esperados.

La magnitud de los problemas presentes y acumulados en materia de hábitat, vivienda, servicios públicos y ordenamiento territorial, en el cual los colombianos votantes, los nadies, apostaron pensando que en este gobierno sí se resolverían, tendrá que nuevamente esperar, ya que los intereses que se lideran desde el MVCT continúan en la misma senda que traían los gobiernos anteriores, es decir un Ministerio que opera en función de los interese del mercado. Nada cambia, solo los nombres para “vender” los mismos programas del pasado.

Sobre la construcción programática y el empalme

Se debe partir, entonces, por reconocer a [email protected] los que aportaron en el proceso de diagnóstico y construcción programática para el Gobierno de cambio, reconociendo que es la sumatoria del esfuerzo y la construcción colectiva el horizonte que nos debe guiar. Hombres y mujeres con un verdadero compromiso de cambio.

Por ello debe explicitarse que no todos los temas incluídos en la propuesta programática en materia de hábitat, vivienda, servicios públicos y ordenamiento territorial fueron abordados en el proceso de empalme ya que los mismos no han hecho parte de las políticas públicas y de las preocupaciones y prioridades de la administración que llegó hasta el 6 de agosto. Deuda que corresponde a la prioridad dada históricamente a la producción de vivienda nueva por sobre otras necesidades sociales y colectivas en materia de hábitat, vivienda, servicios públicos y ordenamiento territorial.

Preocupa que este gran equipo, de gentes y procesos, que participó en el empalme, así como el que integró la construcción programática y la elaboración de unos elementos iniciales con miras al Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026, y que han dedicado tiempo valioso a este esfuerzo, no tengan clara una perspectiva de acción próxima que les permita ser parte activa en la actual administración pública.

Si bien se reconoce que el proceso de empalme fue muy dinámico, y permitió conocer con un alto nivel de profundidad cuál ha sido el manejo y orientación en los temas abordados, identificando quiénes intervienen, cómo orientan la política pública, dónde están puestos los intereses, pero sobre todo reafirmar que se requiere un cambio profundo. Claro, no se trata de partir de cero, ni desconocer los avances que resulten positivos para el país, pero el “construir sobre lo construido”, en este caso no es la regla a seguir, el asunto es definir cuál es el punto medio en relación a lo tradicionalmente hecho. Como es evidente para las mayorías, porque lo padecen, el modelo económico de mercado penetró todos los ámbitos de la actuación en materia de hábitat, vivienda, servicios públicos y ordenamiento territorial, cooptando al Estado y sus instituciones, poniéndolas al servicio del capital. Es hora de dar un salto, el momento es ahora, sino cuando.

Desde que se inició la construcción programática se reconocieron las dificultades de estos asuntos. En este país se habla de vivienda más no de hábitat, los Servicios Públicos (SS.PP.), están asociados al mundo de mercado y no a la salvaguarda y garantía de la vida, y el ordenamiento territorial está lleno de regulaciones, normas y demás que no se cumplen. Es decir, un sector que se encuentra absolutamente fragmentado y disperso en la estructura del Estado, lo cual diluye y complejiza su accionar, así como el cumplimiento de las responsabilidades que debe atender.

Es por ello que la línea programática construida es por la transformación y no por la continuidad, lo que implica impulsar una ruptura con el paradigma y el modelo imperante. Pasar del concepto de la vivienda al de hábitat, de la lógica de lo cuantitativo por lo cualitativo, reconocer que el territorio está ordenado y somos nosotros los que lo impactamos. Recordar y asumir que los esfuerzos de miles y miles de connacionales en el campo y en la ciudad por construir una vivienda adecuada y con un entorno de calidad demanda la atención del Estado, por lo cual es indispensable aprobar, desarrollar y diversificar acciones nunca realizadas en esta materia.

Aunque el MVCT es “pequeño” en su estructura, sus tareas y responsabilidades afectan a toda la población, en todos los rincones del país y, por tanto, su responsabilidad con los nadies es muy “grande”. Menospreciar esta situación es desafortunado y de no corregir el rumbo en el inicio del nuevo gobierno podría marcar un error con efecto notables a lo largo de su gestión. Por ello, una de las prioridades es conformar, ajustar y dinamizar una política pública Integral de hábitat, vivienda y servicios públicos con enfoque territorial.

En cuanto a la fragmentacióndel sector, por ejemplo, es evidente incluso al interior del MVCT huérfano de claras articulaciones entre sus dos viceministerios y las diferentes direcciones, generando duplicidad de esfuerzos, por una parte y de otra acciones que podrían ser complementarias se desarrollan de modo aislado. Se suma a esto la acción desarticulada desde otros ministerios o entidades del nivel central.

La desfinanciación del sector, por compromisos que demandan recursos futuros, programas y proyectos territoriales inconclusos y desfinanciados, compromisos adquiridos con los programas en ejecución (Mi Casa Ya, Casa Digna Vida Digna, Semillero de Propietarios, Vivienda nueva urbana NO VIS, Cobertura Tasas de Interés (Frech), y Vivienda Gratuita Fase II), desfinanciando las posibles inversiones futuras indispensables en otras prioridades. A ello también se suman las inversiones en estos programas manejados de modo desarticulado desde otros ministerios o entidades del nivel central (DPS, Banco Agrario, Min Agricultura, DNGR, Min Cultura, DNP, etc.), asunto que aun sigue disperso y sin un ejercicio claro de reorganización y articulación interinstitucional.

Algunos de los asuntos a trabajar en el gobierno del cambio

Debemos resaltar e insistir en que la tarea fundamental en estos momentos, es avanzar en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026. Allí tenemos la responsabilidad, [email protected] de aportar y garantizar que nuestras apuestas de campaña, acogidas como mandato popular para el gobierno que inicia, queden consignadas y puedan materializarse en el curso de esta administración.

Tenemos la responsabilidad de avanzar en las soluciones a los problemas actuales de la vivienda y el hábitat, entre ellos los procesos de producción de la ciudad informal, y de reconocer las deficiencias en los territorios rurales desde el enfoque del derecho a la vivienda; la relación entre hábitat y ciudad; la producción formal de vivienda por mecanismos diferentes al mercado, con sus retos presentes y futuros, los desafíos y problemas de la financiación, tanto de la producción como del mejoramiento de la vivienda, su política orientadora y los retos de las orientaciones que adopte.

En esta senda, la democratización del crédito y su asequibilidad, como el fortaleciendo de la banca pública que permitan el acceso y mejoramiento del hábitat y la vivienda, son fundamentales. Así como lo es revisar la producción del hábitat y la vivienda exclusivamente a partir de grandes productores y retomar la producción, también desde lo micro, la producción a pequeña escala, el microcrédito, la autogestión comunitaria, entre otras alternativas. Aquí resulta clave la estructuración y puesta en marcha de las Alianzas público -populares/comunitarias.

Una labor en la cual debe fortalecerse la atención en materia de mejoramiento de vivienda urbana y rural, de promoción al acceso a través de alternativas como el arrendamiento y la producción de vivienda social pública en arrendamiento y, de mejoramiento integral de barrios y centros poblados rurales, como un mecanismo para contar con viviendas resilientes e incluyentes, junto a hábitats y entornos de calidad.

Para ello debe avanzarse en un reglamento técnico mínimo obligatorio para la VIS y VIP, que ponga al centro lo cualitativo y la vida; impulsar el saneamiento y masificación de la titulación (escrituración) como garantía del derecho a la vivienda; programas de reasentamiento de población y viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo; programas de mejoramiento de edificaciones patrimoniales con oferta de vivienda de interés social; así como un programa nacional de mejoramiento barrial comunitario.

La discusión sobre la vivienda rural dispersa o agrupada, la relación entre la producción del espacio urbano y rural, son también asuntos sobre los que se debe trabajar para enfrentar al cambio climático. Se debe trabajar en el enfoque de adaptación original, sustentabilidad habitacional y transición energética (hábitat verde) fortaleciendo la oferta de vivienda rural y productiva. El Gobierno del cambio no puede quedarse solo en resolver los compromisos incumplidos con más de 49.000 unidades entre nuevas y mejoramientos de vivienda rural, que no se han adelantado a la fecha, y cuyo atraso remite al 2012.

Además, en materia de servicios públicos es necesario trabajar en torno al: suministro de agua potable y su mínimo vital en todo el país; y el derecho al saneamiento básico a partir de diversas alternativas: el estimulo al fortalecimiento y desarrollo de los acueductos comunitarios; la prohibición y cierre de los botaderos a cielo abierto; el impulso a Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Parques Tecnológicos de aprovechamiento de residuos mediante alianzas público-populares; la energía asumida como un bien común y la universalización del servicio público energético; la incitación a Proyectos comunitarios de generación de energía eléctrica con fuentes renovables, así como techos y granjas solares; el apoyo integral a un plan de expansión de fibra óptica para llevar internet con gratuidad a todo el país; entre otros. Así mismo, se trabajará en mecanismos que reduzcan los costos de las tarifas a usuarios de los servicios públicos domiciliarios.

En materia de Ordenamiento Territorial, el giro indispensable por dar implica la revisión y ajuste de los POT, PBOT y EOT, garantizar la gestión de los riesgos, la gestión del suelo y su habilitación en los diferentes municipios, así como definir mecanismos para que los municipios se obliguen a producir suelos públicos para VIS y VIP, equipamientos e infraestructura a través de bancos de suelo público, regular los precios del suelo para la VIS/VIP, lo que también implica incorporar la noción de economía popular en el marco del trabajo por la vivienda y el hábitat. Implica, también, el Impulso al ajuste normativo a las leyes 142 de 1994 (servicios públicos), 388 de 1997 (desarrollo territorial), 1454 de 2011 (normas orgánicas sobre ordenamiento territorial), Ley 675 de 2001 (Propiedad Horizontal), 2079 de 2021 (vivienda y hábitat), Ley 1523 de 2012 (gestión de riesgos), Ley 1931 de 2018 (cambio climático), entre otras.

Y en esta mutación, fortalecer lo regional ya que en la construcción y puesta en marcha de las políticas públicas y su accionar predomina una mirada centralista.

Son, por tanto, las comunidades organizadas la base del cambio a través de alianzas público-populares/comunitarias, donde los liderazgos estén en manos de mujeres. Para lo cual es esencial comprender que las necesidades y las aspiraciones de las comunidades que habitan en cada territorio son diferentes. Por ello, es la participación y la organización social y comunitaria el mecanismo idóneo para ir cerrando las brechas de los déficits actuales; mediante la acción mancomunada con la institucionalidad, tejiendo alternativas de construcción y mejoramiento del hábitat, la vivienda, los servicios públicos y el ordenamiento territorial, a través de las Alianzas referidas, para lo cual es indispensable un trabajo articulado y que el interés prioritario sea la Construcción Social del Territorio desde las comunidades y sus procesos de base.

Pagar la deuda histórica con comunidades vulnerables, pueblos étnicos, víctimas del conflicto armado, deudores del Upac, acuerdos incumplidos en paros y movilizaciones sociales, entre otros. En esa perspectiva es urgente construir una política pública nacional de Protección a Moradores, que reconozca y coloque en el centro de los intereses a los seres humanos y no al capital.

Acción integral en la cual es imperativo reconocer la necesidad de construir un Enfoque Diferencial que visibilice además de las mujeres, a las niñas y niños, jóvenes, adultos mayores, al campesinado, los pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros, indígenas y ROM, las diversidades de género y orientación sexual, las víctimas, los trabajadores, productores, empresarios y actores de la economía popular, en fin, todas las voces excluidas de la sociedad para que con sus saberes y su participación sean parte activa en la construcción y puesta en marcha de la Política Pública Integral de Hábitat, Vivienda y Servicios Públicos con Enfoque Territorial.

Estos, entre otros, son algunos de los aspectos que ameritan ser organizados en una agenda de trabajo y construcción colectiva para el cambio en materia de hábitat, vivienda y SS.PP. con enfoque territorial con miras a ser incluidos en el PND 2023-2026.

¿Cuál es el mensaje enviado hasta ahora?

Desde el MVCT se ha dicho que las políticas que impulsará el actual gobierno son principalmente el dar continuidad al Programa bandera del gobierno anterior “Mi casa ya”, que compromete anualmente más del 85 por ciento del presupuesto del sector y que es avalado por Camacol que representa el gremio de la construcción. Se plantea impulsar un programa llamado Mi casa ya rural, como espejo en la ruralidad del “exitoso” programa urbano Mi casa ya acompañado nuevamente por Camacol.

Y en esa prolongación del negocio del suelo y la vivienda, lanzaron con bombos y platillos, en la ciudad de Cartagena, el programa Cambia mi casa, que es una copia del Programa “Casa digna, vida digna”, desarrollado por el gobierno de Iván Duque. Gustavo Petro señaló que se debían hacer 100.000 mejoramientos año y la Ministra indicó que se haría el esfuerzo por hacer 18.000 el próximo año cuando el déficit cualitativo de viviendas en Colombia, según el Censo de 2018, representa a más de 3.766.000 hogares de un total nacional de 14.243.233 (DANE, 2018).

Este tipo de gestión envía un mensaje desalentador, de continuidad. No se vislumbra un cambio real.

De ahí que el reto para los movimientos sociales y las comunidades en general es uno: fortalecer los procesos territoriales y las autonomías; continuar con el reclamo y exigencias de derechos y el pago de la deuda histórica que existe en este país con los nadies en materia de hábitat, vivienda, servicios públicos y ordenamiento territorial.

Información adicional

100 Primeros días del gobierno del cambio
Autor/a: Carlos Torres
País: Colombia
Región: Sudamérica
Fuente:

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