Viernes, 20 Enero 2012 17:18

“En Bogotá está secuestrada la participación popular”

Escrito por Equipo desde abajo
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“En Bogotá está secuestrada la participación popular”
Una alcaldía de cara y en manos de los ciudadanos. Una alcaldía para recuperar la política, para movilizar, para humanizar, para romper la segregación y la exclusión social. Así se puede resumir el eje fundamental del gobierno que encabeza Gustavo Petro en Bogotá.

Para hacer realidad tales objetivos, hay dos instancias sustanciales: la Secretaría de Gobierno, liderada por Antonio Navarro, y el Instituto Distrital para la Promoción de la Participación y la Acción Comunal (IDPAC), por el cual responde José Miguel Sánchez, activista de tradición, formado en las ciencias políticas, conocedor de la obra de Simón Rodríguez, y, por tanto, abierto a la exploración y el desarrollo de nuevas pedagogías y lenguajes con los sectores populares.

Encontramos al nuevo director del IDPAC en su oficina del piso 14 del edificio Centro Administrativo Catastro Distrital, ubicado en la Carrera 30 con la Avenida de las Américas, un espacio abierto al diálogo, vestido de manera informal –como dispuesto a salir a la calle de una, para acometer su labor–, dispuesto a contribuir con todo para hacer realidad el reto impuesto por el alcalde Gustavo Petro, de “un millón de personas” partícipes en la elaboración del Plan de Desarrollo y los Presupuestos Participativos.

Sobre los objetivos que se ha trazado en su nueva labor, le interrogamos, y nos responde sin demora: “Son un mandato: 1. Combatir la segregación; 2. Combatir la corrupción; 3. Enfrentar la inseguridad; 4. Priorizar la participación y la democracia, concediendo poder ciudadano; 5. Avanzar hacia una ciudad no depredadora de la naturaleza”.

La respuesta, que parece gaseosa, encuentra una sustentación después de absorber un vaso de agua: “Esos cinco puntos, que en verdad son cinco estrategias, resumen en buena medida el programa de gobierno “¡Bogotá humana ya!”, por el cual votó la ciudadanía cuando eligió a Petro a la Alcaldía. Ese es también el espíritu de la Constitución del 91. Nos han dado un mandato y debemos cumplirlo”.

¿Y cómo lo harán desde esta institución? El interrogante encuentra una explicación amplia: “Desarrollando estrategias en función de la inclusión, garantizando que quienes son excluidos y segregados tengan una opción preferencial en los recursos y en la mirada del Estado”.

Enfatizando con sus manos y su rostro la labor por emprender, y con un claro eco camilista, puntualiza: “Desde esta entidad, lo que vamos a hacer es una opción preferencial con los excluidos, con los segregados. Acortaremos la distancia entre quienes participan y quienes no lo hacen; entre quienes tienen y los que no tienen”. Y no titubea en redondear: “Si alguien nos pidiera un ejemplo de cuándo podemos considerar que no hay segregación y exclusión, cuando los hijos de los ricos y los de los pobres vayan a la misma escuela podemos decir que hay inclusión y que no hay segregación”.

Polemicemos, parece que le dijéramos, cuando inquirimos que durante los dos gobiernos que antecedieron a la actual administración también se habló de participación y democracia, objetivos en deuda. Entonces, ¿por qué creer que ahora sí se hará realidad tal propósito?

Según José Miguel, “La tramitología es parte de las perversiones de los aparatos de gobierno que no se supieron desamarrar. Lo que nos obliga, ahora –para cumplir con lo propuesto– a darle una transformación radical a esta institución –la cual es pesada, burocrática, fragmentada, entregada por pedazos a algunos sectores políticos– e incrementar una política pública para la participación1. Para ello, debemos tener la capacidad de leer qué está pasando en los barrios, en las organizaciones sociales y sectoriales, con disposición para potenciar lo que allí decidan. Entablar un diálogo directo con todo tipo de procesos sociales y de liderazgo, rompiendo intermediaciones y clientelismos”. Y remata, “Tenemos que hacer un ejercicio para liberar la participación […], para superar el laberinto en el que está secuestrada la participación popular”.

El lenguaje no deja duda: hay un sueño de izquierda, de ruptura, de cambio. Pero, más allá del deseo por romper, hay normas, procesos y plazos que se deben cumplir, producto de los cuales en pocas semanas saldrá aprobado el Plan de Desarrollo (¡Bogotá humana Ya!) para la ciudad en sus próximos cuatro años (ver recuadro “Metodología para que marchen estos propósitos”).

A la hora del cambio


La realidad es terca. A pesar de los propósitos que animan a los funcionarios públicos que llegaron en este enero a las oficinas de la Alcaldía Distrital, hay obstáculos por superar. El fundamental que se debe enfrentar desde el IDPAC, según su director, es “el profundo descreimiento en que la participación sirva para algo. La última encuesta multipropósitos del Departamento Nacional de Planeación demuestra que el 98 por ciento de los bogotanos no se sienten partícipes de organización social alguna; de ninguna organización comunitaria, de ningún proceso organizativo”.

Con un ejemplo, refuerza lo dicho: “En el empalme me encontré con pequeños proyectos que fueron presupuestados en el año 2009, proyectados para que se hicieran entre 4-6 meses máximo, y que aún hoy no han terminado su ejecución. Evidencia del descreimiento que existe sobre la deliberación y la aprobación, pues no se ejecuta”.

Los minutos pasan y el diagnóstico va dibujando una realidad dura de romper. Se requiere más que buena voluntad: hay que darle cuerpo a una estructura de participación técnico-administrativo-jurídica que permita sin dilaciones que desde las localidades se lleve a cabo un proceso efectivo de participación. Por ello, le decimos a nuestro entrevistado que parece ser que en el propio IDPAC se necesita diseñar un modelo de participación para hacer realidad la política pública sobre participación.

Sintonizado con nuestra reflexión, nos explica que en esa vía, en el IDPAC hay que desamarrar, desaprender los procesos que frenan la participación. Y nos comenta algo que parece un secreto pero es una verdad que bloquea el cambio en la capital y en todo el país: “El movimiento popular que se relaciona con la Alcaldía de Bogotá no es un movimiento libertario; es un movimiento clientelizado, cooptado y no pocas veces corrompido por el Estado”. De ahí que, enfatiza, “el movimiento popular tiene que desaprender los procesos en que lo han enredado para volver a ser libertario”.

Tratando de encontrar puntos para el qué hacer, el diálogo continúa, y como en una memoria de lo hecho por el movimiento popular por décadas, y de las muchas andanzas en que anduvo el propio José Miguel Sánchez cuando integraba una estructura del M-19, pone en nuestra mente esta imagen: “Hay que recuperar el parque y la calle. El movimiento popular debe regresar a estos espacios de encuentro ciudadano, que son parte fundamental del espacio público, de lo contrario va a seguir amarrado a una forma de participación que a veces es macabra”.

Así, con luces para la vida, como las que enseñaba el maestro Simón Rodríguez, pero con muchas puntas para amarrar y otras para seguir jalando, José Miguel expresa con sinceridad: “Tenemos claro el diagnóstico y estamos trabajando sobre cómo lo vamos a hacer. Estamos armando un equipo para afrontar todo esto y para liderar la construcción de esta política, pero –es mi obligación– debemos convocar a todo el movimiento social para que hagamos entre todos y todas, de manera conjunta, esta ruptura, esta deconstrucción”.

1. Decreto 503 de 2011 (Participación ciudadana), Decreto 543 de 2011 (Pueblos indígenas), 554 de 2011 (Población raizal), y 582 de 2011 (Población Rom o pueblo gitano), entre otros.


Recuadro 1

Metodología para que marchen estos propósitos


JMS. Tenemos dos instrumentos que por obligación debemos poner en marcha de manera inmediata. El primero, el Plan de Desarrollo (¡Bogotá humana Ya!), cuyo primer insumo que debe considerar es el Programa de Gobierno, con el cual se construye, y para esto tenemos dos meses, para lo cual se está preparando desde Planeación Distrital –bajo la coordinación de Jorge Iván González– un preborrador, que debe ser presentado a la ciudadanía a más tardar el 1º de febrero, para que (con una difusión masiva que nos permita llegar a todos los que habitan la ciudad). En forma indicativa, los ciudadanos en general se puedan pronunciar. Si se quiere, es la cualificación con la deliberación de los ciudadanos del programa de gobierno.

Posteriormente, ese preborrador, se presenta al Comité de Participación (CPTD). Pero estamos proponiéndoles a ellos que empecemos a discutirlo de una vez, en tal forma que no sea un recipiente al cual la administración le entrega un documento para que lo decante sino que podamos construirlo conjuntamente. Después va al Concejo, y es allí donde se aprueba o se rechaza. Si el Concejo no lo aprueba, el Alcalde debe hacerlo por decreto. Y empieza allí el siguiente proceso, que es el de armonización presupuestal.

¿Se armoniza presupuestalmente, qué? Valga la redundancia, el presupuesto que por decreto dejó la ex alcaldesa Clara López (que así procedió, pues el Concejo no aprobó el presupuesto). Se armoniza ese presupuesto que viene –11,2 billones de pesos, con el Plan de Desarrollo. Este es el segundo momento.

El tercer momento: a partir de que hay una armonización presupuestal con el Plan de Desarrollo, se surte todo el proceso de la presupuestación participativa, que vamos a trabajar en tres niveles: 1. territorio; 2. localidades; 3. ciudad.

Tenemos muy poco tiempo, pero en 2012 hacemos Plan de Desarrollo para cuatro años y armonización presupuestal para el primer año, Presupuesto Participativo (PP) para el 2012, y se diseña el PP para 2013. En este año hacemos el PP del 2012, y así sucesivamente, con la excepción de 2015, en el que no se hace el PP, pues sería dejarle marcada la ruta a quien asuma la dirección de la ciudad en 2016.


Recuadro 2

Memoria con presente


El IDPAC es hijo de una propuesta de los sociólogos Camilo Torres Restrepo y Orlando Fals Borda. Su referente mediato es el Departamento de Juntas de Acción Comunal. Y debemos recordar que la primera de ellas la puso en ejercicio Fals Borda. La acción misional del IDPAC tiene que ver con su nombre: generar procesos de participación y decisión; por su génesis tiene mucho que ver con las juntas de acción comunal.

En la actualidad, su propósito fundamental tiene que ver con adelantar la construcción de política, pero también hacer la coordinación operativa a fin de generar la construcción participativa para el Plan de Desarrollo y para la presupuestación participativa.

La responsabilidad del IDPAC en este proceso es doble en lo fundamental: articular, con la Secretaría de Gobierno y Planeación Distrital, las políticas y los programas que se ponen en discusión en el Plan de Desarrollo. Es un generador de política pública, al contrario de lo que venía sucediendo, donde estaba reducido a ser un operador de la política pública generada desde otros espacios. La segunda, poner toda su capacidad institucional y los recursos que tiene para incentivar, sensibilizar y posibilitar la participación de las organizaciones sociales que están en el territorio.

Información adicional

  • Antetítulo:José Miguel Sánchez, director del IDPAC
  • Autor:Equipo desde abajo
  • Edición:176
  • Sección:Gobernabilidad
  • Fecha:Enero 20 - Febrero 2012
Visto 8837 vecesModificado por última vez en Sábado, 21 Enero 2012 11:42

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