Sábado, 19 Mayo 2012 07:34

Penúltimas declaraciones de Mancuso

Escrito por Equipo desde abajo
Valora este artículo
(0 votos)
Siempre serán penúltimas porque siempre tendrá algo que agregar mientras no se llegue a la verdad real. A propósito de una declaración de Mancuso, rendida el 20 de noviembre de 2008 en Estados Unidos, sobre la masacre de Pichilín, dijo la periodista Salud Hernández Mora que si se indagara a los testigos clave se podría demostrar la teoría tantas veces esgrimida por los jefes paramilitares: “Que lo suyo no fue una batalla solitaria sino una guerra que libraron con la participación de instituciones que debieran estar sentadas en los estrados judiciales” (El Tiempo, febrero 1/2009).

En tres declaraciones anteriores, Mancuso implicó a cuatro generales de la República de estar comprometidos en apoyo a los paramilitares: Rito Alejo del Río, ex comandante de la Brigada 17; Iván Rodríguez Quintero, ex jefe de la Primera División; Carlos Alberto Ospina, ex comandante de las Fuerzas Militares, y Julio Eduardo Charry ex jefe militar de Urabá (El Tiempo, 13 de diciembre/2008). Como lo debe recordar la opinión pública, al ex comandante de la Brigada 17, Rito Alejo del Río, los gremios económicos y algunos dirigentes políticos le ofrecieron un homenaje por haber sido el “pacificador de Urabá”. Uno de los oferentes de ese acto fue Álvaro Uribe Vélez, entonces candidato presidencial. De ese lapso (1995-1997) en que Rito Alejo del Río fue ‘pacificador’, dijo la Procuraduría en su investigación: “Para esa época, los paramilitares, en algunas veces en acción conjunta con el Ejército, instalaron retenes ilegales, forzaron a campesinos a abandonar sus tierras” (El Tiempo, 5 de septiembre/2008).

Las más recientes declaraciones (viernes 10 de mayo/2012), conocidas ampliamente en los medios de comunicación, son muy graves y comprometedoras: que el gobierno quería montar una empresa criminal con los paramilitares para tumbar a la Corte Suprema; que se reunió con Álvaro Uribe; que lo ayudó económicamente en su reelección. También habló de la relación que existía entre Santiago Uribe y los paramilitares, “pero Dios mío… no quiero referirme a estos temas porque mi respuesta sería considerada como una venganza”. Todo esto es demasiado grave, pero nada que se salga del contexto histórico-político-territorial-social de delitos semejantes, ya comprobados por las autoridades judiciales. Dijo, además, que Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno de Uribe cuando éste se desempeñó como Gobernador, les enseñó a los líderes de las auc a “combinar todas las formas de lucha”. En declaraciones, esto es lo nuevo, en la realidad ya se sabía.

Lo que le dijo Mancuso al Fiscal 41 de la Unidad de Justicia y Paz desde Estados Unidos no es nada incoherente con las declaraciones anteriores, o con lo que el país conoce en relación con los paramilitares y las dos elecciones del ex presidente Uribe. En Colombia, en el primer semestre de 2006, no hubo elecciones sino para-elecciones. En reportaje concedido a El Espectador, en fecha previa a esos comicios, el ex presidente de la República, ex secretario general de la OEA y entonces director único del Partido Liberal, César Gaviria, dijo: “Tenemos el problema de la presencia paramilitar en muchos departamentos y del apoyo clarísimo que le están dando al presidente Uribe, pero aceptamos el desafío”. En ese mismo reportaje, el ex presidente liberal señaló: “Díganme cuáles son los paramilitares que no están con las listas que apoyan al Gobierno […]. Para mí eso es evidente, entre otras cosas porque el Presidente no ha rechazado esos apoyos. Los ‘paras’ están allí en esas listas, eso es algo que no hay que probar, todo el mundo sabe que es así”.

Las angustiosas denuncias del ex presidente Gaviria se unen a muchas declaraciones que atestiguan que el problema más grave que ha vivido Colombia en toda su historia es la invasión paramilitar en todas las estructuras económicas y políticas de esta sociedad. Ahí están los hechos y las declaraciones: las de Carlos Castaño, las de Vicente –su hermano–, las de Mancuso, las de los uribistas, las de los liberales, las de los izquierdistas, las simuladas del presidente Uribe, las de ‘Ernesto Báez’, las del Comisionado de Paz, en fin. Si el conjunto de hechos relacionados con el paramilitarismo, ocurridos en Colombia en los últimos 20 años, hubiesen acaecido en cualquier otro país del mundo, se habría producido un levantamiento con una fuerza tan impetuosa y violenta que hubiera arrastrado hasta con la catedral de Roma. En Colombia no, quizá por tres razones. En primer lugar, porque el pueblo, es decir, los miserables y excluidos, están luchando encarnizadamente con su entorno geográfico y social para no morir de hambre y de falta de abrigo. En segundo lugar, porque ningún dirigente de quienes van del centro a la izquierda, y que la vida les ha dado todo para hacerlo –formación intelectual, base social e independencia económica– se atreve a asumir un liderazgo para este mundo contemporáneo y tangible. Y en tercer lugar, porque el establecimiento, en todas sus expresiones, ha estado –de mala fe– ciego, sordo y mudo.

Carlos Castaño, en la página 237 de Mi confesión, dice que él no actuó sólo, que lo hizo bajo las instrucciones del “Grupo de los Seis”. ¿Quiénes conformaban ese grupo? Para tener una pista, habrá que preguntárselo a quienes ocuparon la cúpula del DAS en aquellos años en que actúo el jefe paramilitar. Según lo dicho por Castaño, que coincide con muchas otras fuentes, los paramilitares fueron y siguen siendo un brazo armado del establecimiento. Sin embargo, de acuerdo con lo que sucedió durante los seis primeros años de gobierno de Uribe –antes del 13 de mayo de 2008, día de la extradición de los líderes paramilitares–, ya no eran las fuerzas del establecimiento quienes dirigían a los paramilitares sino los paramilitares quienes orientaban, conminaban y le daban ultimátum hasta al propio presidente de la República. Esto no es un decir. Basta observar la prensa diaria de la época, los semanarios, o los archivos de la radio y la televisión.

Quien desee escribir una nota, un ensayo o un libro sobre las elecciones de la primera década de este siglo –que fue una década perdida para la historia de Colombia– no tendrá que estrujar su inteligencia ni lanzarse a hacer un trabajo de campo para averiguar qué sucedió allá, en el bajo mundo de las infiltraciones paramilitares. Basta seguir las noticias. El rigor científico sólo consiste en poner los pies de página. Y de acuerdo con esos pies de página encontrará que, en el primer semestre de 2006, Colombia asistió a paraelecciones. Y si de poner pies de página se tratase, habría que escribir unos cien tomos, varios de los cuales dedicados únicamente a las crisis simuladas, para hacerle creer a la opinión pública que había dos partes en disputa, en confrontación y en negociación. A falta de espacio, a continuación unas pocas citas de pies de página, sobre lo que fue ese proceso paraelectoral.

Toda Colombia y buena parte del mundo saben que el 35 por ciento del Congreso elegido en marzo de 2002 tuvo el respaldo de los paramilitares, porque así lo señaló su vocero en ese momento, Salvatore Mancuso. Sin embargo, Vicente Castaño le dijo a la revista Semana (número 1205): “Creo que podemos afirmar que tenemos más del 35 por ciento de amigos en el Congreso. Y para las próximas elecciones vamos a aumentar ese porcentaje de amigos”. “Subirá del 35 por ciento de amigos de las auc en el Congreso”, fue el título de la página de opinión de El Tiempo del domingo 11 de septiembre de 2005, que dirige Yamid Amat. En ese reportaje, las representantes a la Cámara Eleonora Pineda y Rocío Arias dijeron: “Mancuso y Vicente Castaño hablaron de que tenían un 35 por ciento de amigos en el Congreso, pero nosotras pensamos que es más”. Las representantes se quejaron de que el día en que Juan Manuel Santos conformó “el movimiento uribista nos causó gran dolor y sorpresa. Dolor, porque nos vetó, y sorpresa porque incluyó a Zulema Jattin. Celebramos eso; lo que no celebramos es la falta de lealtad porque no fue solidaria con nosotras. Ella lleva también un desmovilizado en su lista”. La legisladora Pineda agregó en ese reportaje: “Yo veo a Mancuso en un ministerio; hay que reconocerle a ‘Ernesto Báez’, ‘Jorge 40’, ‘Adolfo Paz’ y otros comandantes que son inteligentes y capaces”.

Con sus más recientes declaraciones (mayo 10/2012), ¿Mancuso pretende hundir más aún al número uno, o favorecerse a sí mismo y de paso ayudar a sus socios encarcelados? En efecto, sus acusaciones se conocen en el preciso momento en que en el Congreso se tramita un proyecto de reforma constitucional con el rimbombante nombre de “nuevo marco jurídico para la paz”. Quien conozca la Constitución Política de Colombia (art. 22) y el desarrollo legal expedido antes de 2002 sabe que hay normatividad suficiente para adelantar un proceso de paz en nuestro país. Las normas que se expidieron a partir de agosto de 2002 tuvieron un propósito único: proteger a los paramilitares. Esas normas no fueron expedidas para ser acogidas por las agrupaciones guerrilleras. Tan cierto es eso, que debido a que ningún frente guerrillero se desmovilizó, el Comisionado de Paz y el Ejército tuvieron que constituir falsos frentes de las farc para luego simular su desmovilización y crear así un impacto mediático nacional e internacional.

Ahora se teje un nuevo marco jurídico sencillamente para incluir en los procesos de impunidad a quienes en la legislación anterior quedaron por fuera: los parapolíticos. Por eso, organismos defensores de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, se oponen a ese nuevo marco jurídico. Y aunque el ex presidente Uribe ataque esa reforma, no quiere decir que el proyecto sea bueno o que vaya a propiciar la paz sino que el nuevo texto, para mantener la coherencia, tiene que reconocer la existencia de un conflicto, porque, si no hay conflicto, ¿para qué marco jurídico? Como todos sabemos, al ex presidente Uribe le produce irritación la palabra conflicto, porque él sigue pensando en el poder mágico de la negación de esa realidad. Así se necesiten quinientas toneladas de bombas y medio centenar de aeronaves de guerra para eliminar a un hombre, para Uribe en Colombia no existe un conflicto armado. La dialéctica elemental es demoledora: si en un país en guerra una sola de las partes redacta el marco jurídico sin el concurso y la anuencia de la otra, es porque ese marco jurídico no es para aclimatar la paz con quienes están en conflicto sino para favorecer a quienes están del mismo lado de quienes lo expiden.

Información adicional

  • Autor:Equipo desde abajo
  • Edición:180
  • Sección:Editorial
  • Fecha:Mayo 20 - junio 20 de 2021
Visto 8368 vecesModificado por última vez en Sábado, 19 Mayo 2012 07:51

Deja un comentario

Asegúrate de llenar la información requerida marcada con (*). No está permitido el Código HTML. Tu dirección de correo NO será publicada.