Jueves, 21 Junio 2012 18:25

Familias en Acción: El mundo al revés

Escrito por Equipo desdeabajo
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Las cifras lo dicen todo. Colombia ostenta el segundo lugar en América Latina como país más desigual, y el séptimo en el mundo. Esta realidad no es casual sino resultado final de un modelo económico que propicia que la brecha entre ricos y pobres sea cada vez más amplia, hasta el punto de que el 49,1% de los ingresos del país pare en las arcas del 10 por ciento más opulento, frente al 0,9 que se queda en el lado de los más miserables.

Este modelo económico imperante desde el siglo XIX, cada vez más perfeccionado para favorecer a los de siempre, también ha facilitado que el 0,4% de los colombianos, es decir, 15.273 personas, posea el 61,2% del área predial rural registrada, calculada en 114 millones de hectáreas. Pero no sólo son dueñas de esta inmensa cantidad de tierra; también lo son de las mejores y más productivas del país, de donde han sido expulsados muchos de los seis millones de desplazados que en los últimos años terminaron en los rincones de las grandes ciudades.

El propio modelo económico, a partir de sus políticas condicionadas por la banca multilateral, usurpa los bienes públicos estratégicos, facilitando su concentración (privatización) en unas pocas manos, bien capital privado nacional, bien capital privado multinacional, aprobando al mismo tiempo un conjunto de políticas en vivienda, movilidad, construcción de infraestructura, impuestos, que terminan facilitando que una sola persona tenga cinco de los principales bancos del país, una de sus constructoras más importantes, el diario de mayor circulación y un casi infinito número de negocios, que, mezclados con sus apoyos políticos, lo hacen al mismo tiempo un determinador de las política de Estado.

Como si fuera poco, y para favorecer a esa minoría que ahora registra en las indicadores internacionales como parte del exclusivo club de “los ricos más grandes del mundo”, se reforma la justicia en todos sus matices para que sea legal que la gente tenga que trabajar más por menos o igual salario al que percibía antes, pudiendo ser despedido de su labor sin justa causa, arrojado a la calle para evitar que la otrora estabilidad laboral afecte los números gruesos de las grandes empresas. Pero también se reforma el Estado para que no sea obligación suya procurar empleo estable y bien remunerado para todos aquellos que están en edad y capacidad de laborar, entendiendo el empleo como el espacio y la oportunidad para la realización plena como seres humanos de todas las personas.

Así, entre un Estado al servicio de los más ricos, las reformas que lo acondicionan para que unos pocos se apropien de los ahorros producidos por el trabajo de la inmensa mayoría, y el incremento demencial de pobres y miserables, surgen como simple consuelo para muchos los subsidios directos a través de los programas de transferencia condicionados.

Familias en Acción

La política más notoria de estas fue creada en el 2002 bajo el gobierno de Andrés Pastrana, y es conocida como Familias en Acción. El pasado 7 de junio, en acto público realizado en Soacha el presidente Santos celebró el décimo aniversario de este programa presidencial.

Esta política estatal se implementó como parte de las orientaciones de control social puestas en marcha por los organismos multilaterales –Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, y otros–, como paliativo ante la profunda crisis económica que afectó a los países latinoamericanos en la década de los noventa del siglo XX y principios del nuevo siglo, y como prevención ante el creciente descontento derivado de las políticas privatizadoras que dejaron a la mayoría de la población sin la garantía efectiva de muchos de sus derechos sociales, toda vez que la seguridad social quedó reducida a un asunto de mercado.

El programa fue proyectado para durar 3 años, para ser aplicado en zonas rurales y pequeños municipios pobres, habitados por no más de 100 mil personas. El dinero para su ejecución (336 millones de dólares) provenía de préstamos de la banca multilateral.

Recordó el Presidente en su discursote Soacha, la evolución de esta iniciativa, la cual pasó de velar –durante el gobierno que por primera vez la asumió–¬ 84 mil familias, a cubrir en el gobierno Uribe 1.759.787 niños de 699.391 familias. Según sus palabras, para el 2010 se cubrieron 2.598.560 familias de 1.093 municipios, cobertura equivalente al 21 por ciento del total de hogares colombianos.

Como parte de su esencia original, a través de este programa gubernamental se cancela, por ejemplo, a las familias por cada niño que esté cursando primaria un subsidio mensual de 15.000 pesos; en secundaria y media se cancela por cada joven 30.000 pesos. Dinero condicionado a la asistencia escolar. En otras líneas de subsidios, paralelos a Familias en Acción, se entregan subsidios en dinero a los ancianos, y se cubren los comedores comunitarios. Algunas alcaldías complementan tales política con subsidios locales.

En apariencia lo que hace el Estado está bien, pero todos estos apoyos económicos, unos y otros, esquivan la necesidad de una política social universal, garantizada por el Estado, con la cual todos los integrantes de una sociedad dada, cualquiera sea su condición económica, tienen iguales derechos, cubiertos por el ente público: salud, educación, trabajo, garantías de ingresos cuando se esté desempleado, pensión, vivienda, etcétera. Todos, para que funcionen de manera adecuada, necesariamente sometidos al control ciudadano a través de juntas o comités vecinales, municipales y departamentales.

Al haber renunciado a esta política estatal, se acude a entregar esos pequeños reconocimiento a través de los cuales no solo se desvirtúa la razón de ser del Estado –que sí conserva bajo su control todo el aparato coercitivo–, sino que además se logra un efectivo control social y se profundiza su legitimidad a partir de aparentar un cabal cumplimiento de su razón de ser. Además, la figura del gobernante termina elevada casi a rango de salvador al romper la mediación institucional en el gasto público social entre población y Estado, desvirtuándose por esta misma vía el mismo sentido del Estado Social de Derecho que proclaman y defienden.

Según datos oficiales, para cubrir en el 2009 la cantidad de familias beneficiadas de estas medidas se destinaron $ 1,4 billones de pesos, algo así como el 0,39 por ciento del PIB nacional de entonces.

Paradoja. Pese a semejante inversión la brecha entre ricos y pobres es cada vez más amplia, es decir, la política de entregar pequeños subsidios directos a los más pobres en nada cambia la estructura social, pero sí genera dependencia política a quienes se ven sometidos al auxilio público.

Sin duda, todo un fracaso en la misión del Estado. Se evidencia una vez más que el problema no es de los pobres sino de los ricos, y que por tanto la medida indispensable para superarlo no son pequeños paliativos sino la transformación del modelo económico por medio de la cual la injusta concentración de la riqueza en Colombia llegue a su fin, garantizándose al mismo tiempo la aplicación de una verdadera política de seguridad y protección social, que cubra y garantice el bienestar del conjunto de connacionales.

Información adicional

  • Antetítulo:Familias en Acción
  • Autor:Equipo desdeabajo
  • Edición:181
  • Sección:Editorial
  • Fecha:Junio 20 - julio 20 de 2012
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